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Esta mañana el Partido Revolucionario Institucional (PRI), instaló su Comisión Nacional de Ética Partidaria, evento en el que participó su candidato presidencial, José Antonio Meade, quien indicó que la ética, la transparencia y la rendición de cuentas serán los elementos que distingan a su proyecto en este proceso electoral.

 

El abanderado presidencial explicó que la comisión que arrancó sus funciones esta mañana se convertirá en la conciencia del partido y velará para que los aspirantes a un cargo de elección popular ‘no pierdan la brújula’.

 

El candidato de la coalición “Todos por México” explicó que en caso de detectar anomalías en el actuar de algún aspirante, se deberá presentarse la denuncia correspondiente ante la comisión de justicia. “Se les está confiando la responsabilidad de que el partido viva con orgullo en sus valores y no se les esté imponiendo ninguna restricción”. Meade dijo que la Comisión tendrá libertad para señalar a todo candidato que considere, incluido él.

 

El aspirante presidencial sostuvo que él representa una candidatura limpia y honorable, lo que significa una ventaja en este proceso electoral, donde se contrastarán los perfiles y las propuestas.

 

Dijo que en la política tenemos que aprender a asumir nuestras responsabilidades y asumir las consecuencias de nuestros actos, por lo que si a él se le detectara que vive por arriba de sus ingresos, lo culparan por haber hecho negocios desde el sector público, encontraran elementos que comprueban que ha escondido negocios inmobiliarios atrás de una fundación, “lo último que me escucharían decir es que estoy orgulloso”, esto en referencia a la declaración que hiciera Ricardo Anaya sobre lo honrado que se sentía por ser enemigo del gobierno a quien acusa de orquestar los ataques en su contra.

 

Tras cumplimentarse la extradición del exgobernador priista, Roberto Borge, el Secretario General del PRD, Ángel Ávila Romero, urgió a las autoridades mexicanas para que se procese inmediatamente al ex mandatario por los delitos de  lavado de dinero, peculado, aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública cometidos durante su gestión como gobernador.

 

“Es muy importante que se conozca a profundidad la red de complicidad que Roberto Borge utilizó para saquear las finanza públicas del estado, y el patrimonio de los quintanaroenses” indicó el perredista.

 

Ávila Romero manifestó que la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno de Quintana Roo, deben realizar las diligencias correspondientes para llegar a fondo y castigar a todos los responsables del desfalco, saqueo, fraude, de vender de manera ilegal territorios y espacios de las y los habitantes de dicha entidad”, e indicó que “hoy más que nunca la ciudadanía espera que haya transparencia en esta detención, que por supuesto no haya impunidad, que no quede en libertad Roberto Borge mediante algún artilugio”.

 

Finalmente el líder del partido del sol azteca insistió que la PGR que integre de manera correcta el expediente, para que no haya ninguna duda, ni tampoco salida jurídica que sea motivo de evasión para que Borge cumpla su condena. “En el PRD esperamos investigaciones a fondo, que caiga quien deba caer y que este caso no quede impune”.

El aún gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, reaccionó a lo difundido ayer sobre una investigación que el INE tiene en su contra por opacidad en los gastos de su campaña de recolección de firmas. Indicó que es transparente en sus gastos.

 

 

En una carta dirigida al diario Reforma, el también aspirante a candidato independiente a la Presidencia de la República, refirió que hasta ahora no se le han hecho requerimientos sobre presuntos desvíos de recursos ni utilización del erario para fines electorales, además de que aclaró que los gastos de videos en redes sociales, espectaculares y vehículos rotulados, ya fue reportado en el Sistema de Fiscalización del INE.

 

El independiente argumentó que no todos los gastos aparecen en los reportes públicos del INE, pues hay un rubro en el Manual de Contabilidad del Sistema de Fiscalización estipulado como “cuentas por pagar”, en donde ha registrado los gastos que aún no se terminan de pagar.

 

“Ante la existencia de esta posibilidad contable de ingresar gastos bajo dicha categoría, es ajustado a derecho que la suma de los ingresos sea menor a la de los gastos al presente momento, lo cual en la especie ha sucedido y dichas cuentas han quedado registradas en las correspondientes cuentas de diario”, indicó el gobernador.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ocupó sus redes sociales para calificar de”burocracia fifí” al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).

 

 

La crítica del tabasqueño llega luego de que el pleno del INAI determinara la tarde de ayer ocultar la compra a sobreprecio de la planta chatarra Agro Nitrogenados.

Recordemos que tras la solicitud de un particular, el pleno del INAI decidió mantener bajo reserva información relacionada con el avalúo de plantas de fertilizantes adquiridas por Pemex en 2013, las cuales representaron un costo de 11 mil millones de pesos.

 

La Auditoría Superior de la Federación señaló irregularidades en la adquisición de la planta Agro  Nitrogenados.

 

Con información de Medios / Foto: Archivo APO

Tras la conclusión de la quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) dio a conocer que es fundamental que en las mesas de renegociación se siga avanzado en elevar los niveles de fiscalización y transparencia acordes con los estándares marcados por organismos internacionales tales como la OCDE.

 

“Para los empresarios mexicanos y para nuestras contrapartes tanto en Estados Unidos y Canadá sabemos que mantener y robustecer el TLCAN como mecanismo para generar certidumbre en la inversión e impulsar la competitividad, a partir de temas como la implementación de medidas y estándares internacionales en materia de Anticorrupción,  permitirá en todo momento un ambiente adecuado para generar más y mejores fuentes de empleos de calidad y así beneficiar a los consumidores de las tres naciones”, indicó la Coparmex a través de un comunicado.

 

La confederación señaló que a través de las Mesas Técnicas del Cuarto de Junto,  ha impulsado una agenda integral para el fortalecimiento del Estado de Derecho del país y para los socios comerciales, pues insistió, “queremos que se generen mecanismos institucionales sólidos para combatir y prevenir la corrupción”, y es que en diversas evaluaciones internacionales, la corrupción y la impunidad así como el costo del crimen se identifican  como las principales limitantes al desarrollo de México y causas que inhiben el crecimiento de la economía.

 

Puntualizó que las prácticas corruptas en México afectan la apertura y el buen funcionamiento de los centros productivos; frenan la inversión nacional y extranjera y la generación de empleos.

 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) realizó la entrega del reconocimiento Buenas prácticas de monitoreo y evaluación en las entidades federativas 2017, en donde aseguró que tras autorizarse el presupuesto para 2018, los estados deben acelerar las prácticas en transparencia y rendición de cuentas.

 

 

 

 

Gonzalo Hernández Licona, titular del CONEVAL, aseguró que “las entidades y municipios deben ir creciendo su transparencia, su responsabilidad y su evaluación y medición de estos recursos, si no, estaría chueca la ecuación, que haya más recursos a los estados y que no tengamos los ejercicios de rendición de cuentas, de planeación y de medición”.

 

El funcionario sostuvo que la transparencia y la rendición de cuentas van de la mano de gobiernos democráticos, por lo que, por lo que afirmó que mientras más autoritario es un gobierno, habrá transparencia y rendición tiene  en su administración.

 

Aunque reconoció que aún queda mucho por hacer, Hernández Licona reconoció que en las entidades se ha avanzado en las áreas de evaluación de los programas sociales, e hizo un llamado que para seguir mejorando en las prácticas de transparencia y rendición de cuentas, se debe lograr que las entidades no dupliquen programas, y en su lugar exista una mejor coordinación entre ellos.

 

Con información de Reforma / Foto: Twitter

Esta tarde se presentó la plataforma “Contrataciones Abiertas, Gobierno de la República”, con la cual se busca que todos los mexicanos puedan acceder a cualquier contrato que el Gobierno federal celebre con particulares.

 

 

 

“El único que podía hacerlo (acceder a un contrato) era el que sabía cómo funcionaba la ley, el que tenía conocimiento de cuál era la mecánica para solicitarlo, el que podía sufragar el interés de llevar de principio a fin lo que era un interés legítimo para que eventualmente se le hiciera llegar la información del contrato”, indicó el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade.

 

La plataforma corrió a cargo a de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP), y la Coordinación de Estrategia Digital Nacional que encabeza Alejandra Lagunes. Además contó con la participación de organismos como el Banco Mundial, Transparencia Mexicana y demás organismos que promueven los datos abiertos en el mundo.

 

“El esfuerzo que estamos haciendo, del que esto es una primera etapa y esto es muy importante señalarlo, aquí está la información del sector central del gobierno federal en sus ramos administrativos, estamos haciendo la invitación y estamos ciertos de que se van a sumar otros vehículos, que se van a sumar otros niveles de gobierno, que se van a sumar otras dependencias. Aquí está todo el sector central transparentado”, aseguró Meade Kuribreña.

 

El funcionario puntualizó que ahora ya no se tendrá que recurrir al INAI para poder acceder a información del Gobierno Federal, pues quien se meta a internet va a tener “información que es clara, que fue un empeño que tuvo la secretaria de la Función Pública; que lo va a tener de manera sencilla y transparente; que va a servir para evitar la corrupción y para hacer investigación”.

 

VIDAL LLERENAS

EL ECONOMISTA

 

 

 

 

Un ingrediente sorpresivo de la discusión de la temporada fiscal es una serie de modificaciones a la Ley de Disciplina Financiera de entidades federativas. Se trata de una pieza de legislación reciente, de la cual no se conoce evaluación alguna. No podría haberla, ya que buena parte de la regulación apenas opera desde este año. La ley en cuestión pretende limitar y ordenar el endeudamiento de los estados y municipios. En realidad va mucho más lejos, norma buena parte del manejo presupuestal y de ingresos subnacionales. Lo que en realidad ocurre es que, en el contexto de una negociación presupuestal, donde los recursos escasean, se acepta reducir los controles para los estados. Esto sienta un mal precedente cuando es evidente la debilidad y los riegos que generan las finanzas de esos ámbitos de gobierno.

 

algunas de las modificaciones propuestas mejoran el control de estados y municipios, como es el caso de ampliar las obligaciones de registro de las asociaciones público privadas, pero la mayoría las relajan. La pérdida en términos de transparencia es clara, mientras ahora el sistema de alertas se actualiza 60 días después de cada trimestre, ahora será cada 90 para los municipios y anualmente para los organismos descentralizados. No encuentro explicación alguna para postergar la publicación de información que, en teoría, siempre debe tener la autoridad hacendaria. La propuesta además permite a los estados asignar, sin realizar un proceso competitivo, las reestructuraciones de deuda. Esto es grave cuando existe evidencia de colusiones de instituciones financieras en créditos al gobierno. La reforma no corrige una de la fallas fundamentales de la ley, que consiste en que las reestructuras de deuda no necesariamente tienen que bajar el valor presente de la deuda, es decir, no sólo ampliar plazos, sino efectivamente desendeudar.

 

La principal modificación consiste en permitir que la mayor parte de los recursos que no se ejercieron el año anterior, por subejercicios principalmente, no se tenga que destinar a inversión o fondos de contingencia. Esto se hace por medio de establecer el concepto de disponibilidades, que son los recursos de ejercicios anteriores no devengados, como éstos se incluyen en una nueva disposición de financiamiento neto, entonces pueden ser utilizados libremente para financiar el gasto. Por otro lado, los ingresos excedentes ya no se tienen que destinar en un porcentaje de 50% a prepagar deuda y una parte de los mismos puede ser utilizada para gasto corriente.

 

Las propuestas se suman a las licencias que ya se otorgan a los estados en materia de deuda en la Ley de Ingresos, como obviar la obligación de acudir a los congresos locales cuando se comprometen las aportaciones que provienen del Ramo 33. Se entiende y justifica la parte de la propuesta que dispensa requisitos de gasto, como los análisis de costo-beneficio, en caso de desastre, pero no lo que representa un relajamiento permanente de los controles que buscan reducir la deuda de estados y municipios.

 

Grupo Bimbo, Bio PAPPEL, Pemex, Grupo Peñafiel, OHL México y Walmart de México son solo algunas de las compañías que en su operación han adoptado estrategias de transparencia y rendición de cuentas hacia socios, accionistas y clientes.

 

Hoy estas acciones son consideradas en la primera evaluación “500 Frente a la Corrupción, Integridad Corporativa (IC500)” que desarrollaron las organizaciones Transparencia Mexicana y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, así como la revista Expansión.

 

Para la elaboración de este análisis se revisó la información pública de las 500 empresas más grandes de México que en conjunto representan más de 15 billones de pesos en ventas anuales y emplean directamente a 4.7 millones de personas. Entre los resultados, la calificación promedio es de 37 sobre 100 y sólo 3 de las 500 empresas evaluadas alcanzan un puntaje igual o mayor a los 80 puntos.

 

 

 

 

Además, a partir del 15 de noviembre las compañías que integran este índice podrán actualizar la información sobre sus políticas anticorrupción en la Plataforma Digital IC500 con el fin de que cada vez más empresas transparenten sus políticas de integridad corporativa.

 

“Necesitamos que las empresas se enfrenten a la corrupción y no solo que se abstengan de participar en ella”, señaló Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, durante la presentación de este
análisis.

 

El ranking destaca el avance de OHL México y Walmart de México, empresas que han trabajado arduamente para reforzar su posición de transparencia e integridad en sus respectivos sectores.

 

En los últimos dos años, OHL México se ha concentrado en fortalecer y reforzar su sistema de gobierno corporativo toda vez que aceleró la implementación de sus políticas de transparencia y anticorrupción. La
filial de OHL actualizó su código de ética con la creación del área de “Cumplimiento”, reforzó sus auditorías internas y actualizó sus normas de compras, presupuesto y contratación de proveedores. Estas
medidas fueron reconocidas también a nivel internacional, por lo que recientemente fue incluida en el FTSE4Good Index de Londres que reconoce las mejores prácticas corporativas en la materia.

 

De acuerdo con este análisis, Walmart de México echó a andar mayores controles a través de equipos que previenen y detectan actividades que atenten contra su declaración de ética y hoy cuenta con un área
Anticorrupción que trabaja de manera independiente.

 

Transparencia Mexicana y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, a través del Índice de Integridad Corporativa 500 (IC500) y la Plataforma Digital IC500, suben a la iniciativa privada, sociedad civil y gobierno a la cruzada contra la corrupción con el objetivo de que se fomenten las prácticas de integridad y transparencia en México.

 

Con información de Milenio / Foto: Twitter

Los aspirantes a la candidatura presidencial del próximo año: Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y Silvano Aureoles solicitaron a la dirigencia del Frente Ciudadano por México que integran el  PAN, PRD y MC, transparencia en la elección de candidatos que encabecen esta opción.

 

 

Aunque reconocieron que la naturaleza del Frente no es de caracter electoral, indicaron que la expectativa social que recae en el proyecto es que “desemboque” en una coalición que compita en las elecciones de 2018, por ello “consideramos indispensable que se transparente de inmediato la forma en que se prevé garantizar la participación de la sociedad, con un modelo auténticamente democrático e incluyente”.

 

Los políticos reafirmaron que “la única forma de asegurarlo es que los candidatos que en su momento se postulen, emanen de una elección abierta a la ciudadanía”, medida que consideraron es necesaria para garantizar que los aspirantes a la candidatura se sometan al mandato ciudadano.

 

En compañía de autoridades del Ejército y de la Policía Federal del estado de Morelos, el Comisionado Estatal de Seguridad Púbica del Estado de Morelos, Alberto Capella, informó que dado los rumores que se han expandido en las redes sociales sobre al mal manejo de los víveres, el gobierno estatal estableció normas para garantizar su debida entrega.

 

 

“Se garantiza que todos los vehículos pesados, camiones, particulares, que se trasladen por las carreteras federales y las vías internas del estado de Morelos, sean custodiados por Policía Federal, Ejército y las autoridades de la entidad”, puntualizó el funcionario con el fin de garantizar que los apoyos que se mandan a los damnificados, lleguen a las familias que lo requieren.

 

Capella aclaro que la información que circuló en redes sociales de que los autos que iban rumbo al estado con ayuda, eran asaltados, “no hay ningún registro (…) que ese tipo de incidentes se estén dando”, sobre la retención del apoyo a favor de “alguna dependencias”, también fue rumores infundados.

 

“Eueremos darles certidumbre a todos los hermanos que han estado apoyando a esta crisis que el estado de Morelos está viviendo”, remató el funcionario estatal.

 

 

 

 

Foto: Twitter

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), dio a conocer que “renuncia” al 25% del financiamento que le otorga el Instituto Nacional Electoral (INE), con la exigencia de que todos esos recursos se destinen en apoyo a la reconstrucción y a los damnificados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre.

 

El monto al que renuncia el PRI es de $258,617,031. Esta medida se ha tomado en solidaridad y apoyo a las personas afectadas por los sismos en los estados de Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

 

La dirigencia del partido exigió que este procedimiento se lleve a cabo “estrictamente con la legalidad, bajo un método transparente y sin tintes políticos, en el que los recursos económicos sean transferidos directamente a la Tesorería de la Federación”.

 

Añadió que con el fin de asegurar que los fondos se destinen a las instituciones encargadas de entregar el apoyo a las personas que lo necesitan más, sin oportunismo político, será a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se canalicen los recursos.

 

A través de un comunicado reiteró que “los partidos políticos tenemos que ser sensibles a las demandas de los mexicanos. Los damnificados por los sismos necesitan del apoyo de todos, sin simulaciones”.

 

 

 

Foto: Twitter

En respuesta a las declaraciones que hiciera el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza y los coordinadores en las cámaras Emilio Gamboa y César Camacho, el PAN respondió a través de un comunicado en el que indicó que lo que sorprende de los priístas en su “cinismo”.

 

“Sorprende el cinismo de estos tres personajes a la hora de criticar al presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, el cual ha transparentado de forma total su patrimonio, algo que jamás han hecho ni Enrique Ochoa –famoso por sus negocios oscuros en el ramo de los taxis—, Emilio Gamboa –uno de los pocos senadores que aún no presenta su 3de3—, y César Camacho –integrante destacado del corrupto Grupo Atlacomulco—”, sostiene el texto difundido por Acción Nacional.

 

La dirigencia panista sostuvo que la actual parálisis legislativa en la Cámara de Diputados se debe a la negativa del PRI en el Senado por dictaminar la iniciativa enviada el 29 de noviembre de 2016 por el presidente Enrique Peña Nieto, para eliminar el llamado “pase automático” del actual Procurador General de la República a Fiscal General.

 

“Reiteramos la necesidad de que en nuestro país exista una Fiscalía General autónoma y apartidista. No vamos a permitir el plan de impunidad transexenal que quiere imponer el PRI-Gobierno”, remató el blanquiazul.

 

 

Foto: Archivo APO

LUIS RUBIO

REFORMA

 

 

En la Odisea, Ulises retorna a su casa habiendo aprendido a distinguir lo esencial de la vida: separar lo profano de lo sagrado, así como la existencia de límites para el ejercicio del poder. Ulises había destruido el alcázar sagrado de Troya para conseguir alimentos para sus compañeros, un cálculo pragmático que entrañaba la profanación de lo que merecía respeto. La experiencia le enseña a Ulises que tiene que aprender a ser reverente ante lo sagrado, metáfora que emplea Homero para explicar los límites de las cosas, la necesidad de mesura.

El debate político en el país es álgido y en ocasiones violento, pero siempre divertido, sobre todo porque refleja lo que es natural: los intereses, pero también las pasiones. Lo que es peculiar del debate es la personalización de los asuntos: que si Calderón inició una “guerra contra las drogas” o si a López Obrador le robaron la elección de 2006. Como dice Leonardo Curzio, llevamos más de dos décadas de alternancia en una multiplicidad de estados, municipios y la presidencia y, sin embargo, seguimos peleando los asuntos electorales, como si la realidad fuese la de la vieja era del PRI. Las cosas cambian, los actores se mimetizan y la naturaleza de los problemas acaba siendo otra, exigiendo respuestas que tienen que ser distintas.

Nuestro problema es de gobierno -gobernanza- y no de naturaleza electoral. Por supuesto, no tengo duda que se podrían y deberían mejorar los procesos electorales y avanzar hacia un estadio en el que las prácticas violatorias del espíritu de la ley sean erradicadas, a la vez que se logra una legitimidad absoluta del resultado. Sin embargo, el hecho de que no hayamos logrado romper con estos vicios sugiere que el problema que enfrentamos no se encuentra en el ámbito electoral pues es evidente que quienes ahí se juegan la vida son los mismos que establecen las reglas y están dispuestos -de hecho, decididos- a violarlas tan pronto se seca la tinta del Diario Oficial.

México tiene un sistema de gobierno nominalmente federalista pero que de hecho tiene un espíritu centralista. El fenómeno del “jefe máximo”, el caudillo instalado en la silla presidencial se reproduce a nivel estatal y municipal. Antes, con un centralismo asfixiante, el presidente servía de contrapeso frente a los gobernadores, evitando sus peores excesos. Ahora, con un sistema centralista en ruinas pero que permanece ubicuo, nos hemos quedado con todos los vicios del centralismo sin su única potencial virtud, que es la que hoy caracteriza a China: ser capaz de enfocar todos los recursos hacia el desarrollo, le guste a la población o no.

Nuestro federalismo es de papel. No existen estructuras institucionales para hacerlo funcionar, sobre todo a nivel estatal y municipal, donde sobrevive el viejo centralismo asfixiante, pero dedicado casi sin excepción al enriquecimiento del gobernante en turno. Pero son las excepciones las que son reveladoras: independientemente de que se enriquezca el gobernador temporal, hay estados en los que las realidades del poder -o sea, la existencia de contrapesos de facto- hacen mucho más difícil el exceso. Por ejemplo, no es casualidad que haya menos escándalos de corrupción desmedida en estados como Querétaro y Aguascalientes, donde la presencia de enormes inversiones extranjeras se ha tornado en un factor de estabilidad y avance sistemático (en infraestructura, seguridad, etc.) que no existe en estados más diversificados o menos exitosos en atraer esas inversiones. Con esto no quiero sugerir que tienen un mejor sistema de gobierno, solo que existen contrapesos fácticos y éstos cambian la lógica del ejercicio del poder. Es decir, los incentivos del gobernador son muy claros y limitativos.

Así como antes los presidentes “supervisaban” a los gobernadores y, con frecuencia, los removían del cargo, hoy muchos gobernadores hacen lo propio con los presidentes municipales. Los métodos han cambiado en algunos casos, pero el fenómeno es el mismo: la noción del mando único es exactamente eso, la búsqueda de la subordinación con la excusa de la inseguridad. Lo que no ha mejorado -ni cambiado- es la forma de “gobernar”.

El gobierno (y la seguridad) comienza desde abajo. Si queremos lograr un país bien gobernado tendremos que construir un sistema de gobierno municipal que funcione y eso comienza con el impuesto predial, pues así se establece un vínculo de contrapeso entre el ciudadano que paga y el munícipe que gasta. De ahí hacia arriba: justo lo opuesto de lo que hoy existe.

Cuando “explotó” Michoacán al inicio de este sexenio, el gobierno envió al ejército y a la policía federal para estabilizar el lugar, a la vez que envió a un encargado que se dedicó a comprar voluntades sin ton ni son, pero también sin éxito. Hubiera sido mucho mejor aprovechar la presencia de las fuerzas federales para construir capacidad local: policías nuevas, un sistema fiscal, un fuerte contrapeso ciudadano y así sucesivamente. O sea, construir un nuevo sistema de gobierno.

Oportunidades no faltan, pero el diagnóstico correcto sigue estando ausente, probablemente porque eso cambiaría el equilibrio de poder que es, a final de cuentas, nuestro problema de fondo.

@lrubiof

 

Por mayoría de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que en el nuevo sistema anticorrupción las declaraciones fiscal, patrimonial y de interés, conocidas como 3de3,  de los servidores tengan versiones públicas.

 

La resolución de la SCJN llega luego de que partidos políticos como PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, impugnaran el estatus que guardaba este ejercicio de transparencia, mism o que luego de ser analizado por los ministros, establece que lo se harán cambios, pero se configurarán normas y formatos en los que los servidores presentarán sus declaraciones y que se les permita la reserva de datos personales.

 

“Lo que esto significa en términos materiales, es no hacer pública la información que ponga en peligro la vida o la integridad del servidor y la que se refiere a los datos personales que queden fuera de la finalidad del Sistema Nacional Anticorrupción”.

 

Con información de El Universal / Foto: Archivo APO

Juan Ignacio Zavala

El Financiero

 

 

 

El penoso evento que protagonizó el señor Antonio Tarín, priista chihuahuense, al refugiarse en la Cámara de Diputados para evadir la acción de la justicia, dice mucho de lo que piensa nuestra clase política acerca de lo que les representa el edificio que alberga ese Poder Legislativo: es una guarida, una cueva, una casa de seguridad en la que se está a salvo después de cometer cualquier fechoría. Esta concepción que tienen los propios legisladores y quienes aspiran a serlo no dista mucho de lo que piensa el grueso de la población: ese lugar es el refugio del delito.

 

Todavía está en la memoria pública el vergonzoso caso de César Godoy, medio hermano del entonces gobernador de Michoacán, que a pesar de los señalamientos que lo vinculaban con el crimen organizado fue metido al recinto legislativo en la cajuela del coche del entonces diputado Alejandro Encinas. A tomar protesta lo acompañó, orgullosamente como se puede ver en las fotos de ese día, el ahora gobernador de Coahuila, Rubén Moreira. Imágenes de la vergüenza nacional que siguen vigentes. Godoy se fugó horas después para no volver a aparecer jamás.

 

El señor Tarín corrió a la Cámara de Diputados a tomar protesta, pues un compañero suyo que era diputado había fallecido en un accidente, y sabía ya que tenía orden de aprehensión en su estado. Tarín logró su objetivo, pues mientras permaneció en la guarida, donde pasó la noche y luego desayunó en uno de los restaurantes, sus abogados le tramitaron un amparo. Finalmente, burló la acción de la justicia. Tarín será diputado –a menos de que su partido decida prescindir de esa curul– y cuenta ya con el perfil correcto para serlo: es delincuente.

 

El día de ayer apareció una nota en Reforma en la que se menciona que el SAT buscaba a José Murat –exgobernador de Oaxaca– porque no ha presentado la declaración de impuestos de 2014. Murat –que es una suerte de priista total por su gigantesco repertorio de mañas y trapacerías– puso como su domicilio fiscal la dirección de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, la autoridad no puede dar con él porque como todos sabemos, Murat no vive ahí. Según la nota, el SAT busca a Murat para que también aclare lo de unas propiedades en Estados Unidos cuyo costo rebasa el millón de dólares.

 

Lo que hizo Murat es similar a lo que hizo Tarín y a lo que hicieron Encinas y Moreira con Godoy: saben que la Cámara es el palacio de la impunidad. Por eso puso esa dirección, sabe que ahí no le harán nada, que es mejor dar esa dirección que la de Palacio Nacional. Es sintomático de cómo están las cosas en el país, el que los delincuentes corran a refugiarse al lugar en que se hacen las leyes. Que un corruptazo como Murat ponga de domicilio fiscal la Cámara es una muestra del cinismo personal del señor, pero también del pensamiento colectivo de esa clase política que concibe la profesión de legislador como la de promotor de la impunidad.

 

Si los legisladores quieren mejorar su imagen deben empezar por eliminar el fuero porque, aunque legislen, siguen siendo ciudadanos. Los fundamentos para el fuero ya no operan en tiempos de transparencia. Y también porque eso les ayudará a mantener algo de vergüenza y sentido del decoro.