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Agentes de la policía del Capitolio que sufrieron ataques y golpizas durante los disturbios del 6 de enero presentaron una demanda este jueves contra el expresidente Donald Trump, sus aliados y miembros de grupos extremistas de ultraderecha, a quienes acusaron de incitar a una turba violenta para impedir la certificación del voto presidencial por el Congreso.

La demanda en una corte federal en Washington alega que Trump «trabajó con supremacistas blancos, grupos extremistas violentos y partidarios de su campaña para violar la Ley Ku Klux Klan y cometer actos de terrorismo interno en un intento ilegal por conservar el poder».

El Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la Ley presentó la demanda en representación de los siete agentes. Los acusados son el expresidente, la campaña de Trump, Roger Stone, aliado de Trump y miembros de los grupos extremistas Proud Boys y Oath Keepers que estuvieron presentes en el Capitolio y en Washington el 6 de enero.

Legisladores demócratas han entablado dos demandas similares en los últimos meses. Alegan que las acciones de Trump y sus aliados provocaron el violento asalto al Capitolio en que docenas de agentes de policía resultaron heridos, se demoró la certificación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden y forzó a los legisladores a salir del recinto «para salvar la vida» cuando irrumpieron en la sede de la democracia estadounidense con garrotes, palos y otras armas.

Un comité de la Cámara baja que está investigando los sucesos de la jornada pidió ayer los documentos a las agencias de inteligencia, policía y otros organismos del gobierno. Han solicitado documentos sobre Trump y su equipo al Archivo Nacional.

El pedido de documentos es apenas el inicio de lo que se prevé será una investigación larga, partidista y rencorosa de cómo la turba pudo penetrar en el Capitolio e interrumpir la certificación de la victoria electoral, en el asalto más grave al Congreso en dos siglos.

En una declaración emitida ayer por la noche, Trump acusó al comité de violar «principios legales consagrados de inmunidad».

«Se defenderá la inmunidad presidencial, no solo en nombre de mi Gobierno y los Patriotas que colaboraron conmigo, sino en nombre de la Presidencia de los Estados Unidos y el futuro de nuestra Nación»», afirmó Trump.

El regulador farmacéutico de Estados Unidos concedió este lunes la aprobación total a la vacuna contar el COVID-19 de Pfizer y BioNTech, convirtiéndola en la primera en obtener la validación completa de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

La FDA, que en diciembre autorizó el uso de emergencia de la vacuna en dos dosis, dio su aprobación total para el uso en personas de 16 años o más, basándose en los datos actualizados de las pruebas clínicas de las empresas y la revisión de la fabricación.

Las autoridades sanitarias esperan que la medida convenza a los estadounidenses no inmunizados de que la vacuna de Pfizer es segura y eficaz.

«Esta aprobación de la FDA debería dar mayor confianza en que esta vacuna es segura y eficaz», escribió en Twitter el presidente Joe Biden, que ha tratado de aumentar los niveles de vacunación.

Poco después del anuncio de la FDA, el Pentágono dijo que se está preparando para que la vacuna sea obligatoria para el personal militar estadounidense.

Las autoridades sanitarias estadounidenses esperan que la aprobación total de la FDA también impulse a más gobiernos estatales y locales, y a empresas, a imponer la obligación de vacunarse.

«Si bien millones de personas ya han recibido vacunas contra el COVID-19 de manera segura, reconocemos que para algunos, la aprobación de una vacuna por parte de la FDA puede infundir ahora una confianza adicional para vacunarse», dijo Janet Woodcock, comisionada interina de la FDA.

Más de 204 millones de personas en Estados Unidos, según los datos disponibles hasta este domingo.

Quien también llamó a sus seguidores a vacunarse contra el COVID-19, fue el expresidente Donald Trump. Sin embargo, fue abucheado durante su mitin ​​en Cullman, Alabama, la noche del sábado por hacer dicha sugerencia a su base.

«Creo totalmente en sus libertades, lo creo, tienen que hacer lo que tienen que hacer», dijo Trump a la multitud. «Pero te recomiendo que te pongas las vacunas». El expresidente luego dijo a sus seguidores que las vacunas son «buenas» y una vez más los animó a que se inyectaran.

 

El gobierno del presidente Joe Biden anunció la primera cancelación de contratos iniciados por su predecesor, Donald Trump, para la construcción de un muro en la frontera de Estados Unidos con México.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dio por terminados dos contratos para la construcción de barreras en el sector de Laredo, Texas.

El mes pasado, el DHS publicó su plan para el uso de los fondos que el gobierno de Trump planificaba usar en la construcción de barreras físicas a lo largo de los 3,200 kilómetros de la frontera sur de su país.

En cumplimiento de sus promesas electorales, Trump tenía la intención de gastar unos 15,000 millones de dólares en la obra, y a fines de 2018, después de que declaró una emergencia en la frontera, transfirió a su proyecto más de 10,000 millones de dólares que el Congreso había aprobado para gastos militares.

El plan anunciado en junio por el DHS estableció las normas generales para las decisiones relacionadas con la construcción de barreras fronterizas y los contratos cuya cancelación se anunció hoy cubren casi 50 kilómetros de obras.

«La construcción no ha comenzado todavía en los dos proyectos en el sector Laredo, y no ha comenzado la adquisición de terrenos», indicó el DHS.

La agencia añadió que sigue revisando todos los otros proyectos de barreras fronterizas que se han dejado en pausa, y está en el proceso de determinar cuáles puedan ser necesarios para atender necesidades de la vida, la seguridad y el medioambiente.

«El gobierno sigue pidiendo al Congreso que cancele los fondos restantes para el muro y que, en cambio, otorgue fondos para medidas de protección fronteriza más inteligentes», puntualizó.

En Estados Unidos Donald Trump perdió su reelección. Gran parte de la razón fue su pésimo manejo del COVID. Primero lo minimizó; nunca promovió el uso del cubrebocas y apoyó irresponsables medidas, como utilizar cloro para el tratamiento. Nunca quiso dejar de tener eventos públicos, al grado de haber provocado uno de múltiples contagios cuando quiso festejar el nombramiento de la Ministra Amy Coney Barret a la Suprema Corte en una reunión masivo en La Casa Blanca. Entre los contagiados ese día estuvo el propio Trump y su esposa Melania.

Estados Unidos es el país en el que más personas han muerto por COVID, 606 mil muertes. La situación ha mejorado gracias a la estrategia de vacunación que tan en serio se ha tomado el sucesor de Trump, Joe Biden.

En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro está viviendo momentos complicados por señalamientos de corrupción en la compra de vacunas. Primero no compraron a ninguna farmacéutica alegando precios caros y, de pronto, se hizo un compra apresurada a la farmacéutica India, Bharat Biotech para la Covaxin (Aztra Zeneca producida en India) cuando aún no estaba aprobada para su uso en Brasil. Lo peor es que se compró diez veces más cara del precio original.

Para un país que ya ha metido a la cárcel a un expresidente por corrupción, Lula da Silva, y sacado del poder a otra, Dilma Rousseff, también acusada de corrupción, no se ve fácil que toleren a otro presidente incurriendo en los mismos actos. Más aún cuando Bolsonaro se vendió como un foráneo de la política, ajeno a la corrupción.

En Brasil ha muerto más de medio millón de personas de COVID. Es el segundo país con más muertes por COVID del mundo. Y ahora las calles se han inundado de manifestantes exigiendo la dimisión del presidente. Su popularidad, en un momento de las más altas en América Latina, ahora se ha desplomado debajo de los 20 puntos. La pregunta ya no es si Bolsonaro puede reelegirse en las elecciones del año próximo. La pregunta es si va a llegar a las elecciones.

En India el Primer Ministro, Narendra Modi, tuvo que sacar a doce integrantes de su gabinete la semana pasada para tratar de dar la imagen de que está enfrentando bien al virus después de que en tan solo dos meses han muerto por COVID la mayoría de las 400 mil personas que hacen de India el tercer país con más muertes en el mundo.

Al partido de Modi, el BJP, le ha ido mal en las recientes elecciones regionales y tan pronto como febrero y marzo del 2022 debe estar más fuerte políticamente para no volver a ser derrotado en las elecciones legislativas. Si el virus sigue sin control en India, Modi se volverá a ver en aprietos. La crisis humanitaria que nos heredó India al mundo, la variante Delta, se ha convertido en una crisis política para el Primer Ministro Modi.

Así las cosas en los países que ocupan el lugar 1,2 y 3 de muertes por COVID en el mundo. La gran pregunta es ¿qué pasará en México con AMLO cuyo manejo de la pandemia nos tiene en el trágico cuarto lugar por el número de muertes en el mundo?

Columna completa en EL UNIVERSAL

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que interpondrá una demanda colectiva contra Facebook, Google y Twitter y sus consejeros delegados para hacerlos «rendir cuentas» por lo que considera un ataque a su «libertad de expresión».

En una rueda de prensa, Trump dijo que buscará probar la ilegalidad del veto de sus cuentas de redes sociales, pero también defender la Primera Enmienda de la Constitución y que las «Big Tech» dejen de «silenciar», y de poner en una lista negra a diversos estadounidenses.

Recordemos que las cuentas de Trump en Facebook y Twitter permanecen suspendidas tras el asalto de simpatizantes del magnate al Capitolio el pasado 6 de enero, algo que ha calificado desde entonces de «censura» y «abuso».

El exmandatario iniciará en el estado de Florida la demanda, apoyada por el America First Policy Institute, que agrupa a políticos de su línea ideológica y exmiembros de su gabinete, y dijo que en su equipo legal contará con abogados que han defendido a empresas tabaqueras.

«El caso probará que esto es ilegal, inconstitucional y completamente antiestadounidense», dijo Trump, quien señaló que buscará la «restitución» y compensación por los daños «punitivos» por parte de los gigantes de las redes sociales, a quienes tachó de «agentes del gobierno».

«Vamos a hacer rendir cuentas a las ‘Big Tech’ y será la primera de numerosas demandas. Vamos a ser líderes y cambiar el país. Será una batalla crucial en defensa de la Primera Enmienda y estoy seguro de que obtendremos la victoria para Estados Unidos, para la libertad y la libertad de expresión», dijo.

El magnate invitó a unirse a la demanda a personas contrarias a su ideología, incluidos demócratas, bajo el argumento de que las grandes tecnológicas se han aliado con el gobierno para decidir qué es desinformación, y que dentro de unos años podrían ser ellos las víctimas.

En su intervención se rodeó de varias personas agraviadas por suspensiones de sus cuentas y de figuras como Pam Bondi, exfiscal del Distrito Sur de Florida, que forma parte del equipo litigador.

Bondi defendió que las redes sociales no deberían estar protegidas por la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, creada para proteger a los niños de la explotación ‘online’, y que permite a las compañías tecnológicas moderar los contenidos en sus plataformas y, a la vez, las blinda ante consecuencias por el material publicado por usuarios.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump visitará este miércoles la frontera con México, en un intento por volver a atraer la atención mediática, aprovechando las críticas de los republicanos contra el gobierno de Joe Biden por el aumento en la detención de inmigrantes que intentan entrar al país.

El viaje junto al gobernador de Texas, Greg Abbott, a una sección inacabada del muro fronterizo cerca de Weslaco, en el extremo sur de Texas, es la segunda aparición pública esta semana de Trump, quien fue derrotado por Biden en las elecciones de noviembre.

Trump se burló de Biden en un mitin realizado el sábado en Ohio, su primer evento de este tipo desde que dejó La Casa Blanca. Lo acusó de haber «desmantelado las defensas fronterizas de Estados Unidos e incitado a una avalancha de inmigrantes ilegales como este país nunca ha visto».

Desde que asumió el cargo hace cinco meses, Biden ha revertido muchas de las políticas restrictivas de Trump y ha prometido un sistema más humano. Detuvo la construcción del emblemático muro de Trump y cerró un programa que obligó a decenas de miles de migrantes a esperar en México a la espera de la resolución de sus casos de asilo en Estados Unidos.

En lo que va de la administración Biden, los arrestos en la frontera han aumentado a los niveles mensuales más altos en dos décadas, incremento que los republicanos atribuyen a políticas más relajadas.

Aunque los republicanos han señalado que la inmigración será un punto focal de su campaña para retomar el control del Congreso el próximo año, un sondeo de Reuters/Ipsos sugiere que sus ataques están teniendo poco efecto.

La vicepresidenta Kamala Harris, a quien Biden encomendó abordar las causas fundamentales de la migración a Estados Unidos desde Centroamérica, visitó la semana pasada al frontera entre Estados Unidos y México cerca de El Paso, Texas. Muchos republicanos, incluidos Trump y Abbott, criticaron a Harris por no ir antes.

Abbott sostuvo en un comunicado que Harris estaba ignorando las «áreas problemáticas reales» a lo largo de la frontera y auguró que «fracasaría en su misión si se niega a hablar con los residentes del sector de Del Rio cuyas casas y ranchos están siendo invadidos por pandillas y contrabandistas».

ARTURO SARUKHÁN

EL UNIVERSAL

 

 

Hace algunos años y en plena crisis humanitaria causada por los flujos de refugiados sirios cruzando territorio turco hacia Europa, diversos países de la Unión Europea buscaron que el gobierno de Turquía, encabezado por el presidente Recep Erdogan, detuviese ese movimiento masivo y trágico de familias enteras huyendo del conflicto y de crímenes de lesa humanidad propiciados por el régimen sirio. El quid pro quo tácito fue que varios gobiernos europeos se hiciesen de la vista gorda y no se pronunciaran sobre la política interna turca y la creciente degradación democrática en curso en ese país. Hoy, Estados Unidos podría estar cayendo en ese mismo error, o en lo que yo llamaría la “Trampa Erdogan”. Es decir, que cara a las elecciones intermedias legislativas del próximo año y el alcahueteo político y electoral del tema por parte del Partido Republicano, Joe Biden requiere contar, a toda costa, con el apoyo cabal mexicano para encarar los efectos de la transmigración centroamericana y disminuir sensiblemente los flujos de migrantes en la frontera con nuestro país. A cambio, para no contaminar esa posibilidad de cooperación mexicana y ante la particular manera en la cual el Presidente López Obrador concibe en esta coyuntura la relación con EU, Washington decidió que por el momento no cuestionará o presionará al gobierno y presidente de México en otros temas bilaterales sensibles y particularmente en aquellos de política interna mexicana que apuntan a la erosión de la democracia mexicana.

Qué duda cabe que la actual administración estadounidense debe hilar fino con México. A diferencia de Trump, a quien le importaba un pepino la relación con México o la política interna de nuestro país, Biden entiende que las fortalezas económica y democrática mexicanas son factores estratégicos para el bienestar y la seguridad de EE.UU. También tiene clara la proclividad del presidente mexicano por el hombre al que él derrotó en las urnas en noviembre pasado. Y ha detectado la inclinación de su homólogo de estar buscando en este momento -ante un gobierno que, a diferencia del de Trump, busca compartimentalizar de nuevo la relación y evitar que diferendos en un tema específico contaminen la agenda en su conjunto- un pulso de tensión con Washington, enmarcado en su narrativa de ellos vs nosotros, en su perspectiva particular de las relaciones internacionales y del vínculo con EU, así como su rechazo a una realidad inexorable: los vasos comunicantes que existen entre la política interna de cada nación y la agenda bilateral. Por ello Biden y su equipo han buscado desde el primer día minimizar las probabilidades de que López Obrador encuentre oportunidades para detonar casus belli con el gobierno estadounidense, tal y como ha ocurrido con el frente que abrió atacando el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil en México (después de haber ignorado convenientemente que éste se dio también durante la gestión de Trump en la Casa Blanca) y que de manera tácita e indirecta fue atajado con el pronunciamiento general en el sentido de que EU seguirá apoyando, como eje de seguridad nacional interno y en el mundo, a ONG dedicadas a fomentar la transparencia y combatir la corrupción. Es en este contexto complicado que se encuadra la visita de la Vicepresidenta Kamala Harris a México.

Su viaje a México se originó como parte de la estrategia estadounidense para detener la escalada en los flujos migratorios estacionales en la región y como un esfuerzo para convertirla en pieza central de interlocución con el gobierno mexicano. Por ello fue ella quien anticipó la semana pasada a López Obrador el anuncio que haría la Casa Blanca más tarde ese día acerca del envío de dosis de vacunas a nuestro país. Y si bien pasarán algunos días antes de que tengamos una lectura más granular de los temas que se abordaron -y sobre cómo fueron abordados- en la reunión de ayer en Palacio Nacional, la vicepresidenta aterrizó el lunes por la noche en la Ciudad de México con una agenda conformada básicamente por el tema migratorio y la cooperación bilateral en la materia; los esfuerzos para garantizar que la vacunación blinde a ambos lados de la región fronteriza de nuevos casos o rebrotes, evitando en una especie de cordón sanitario nuevas disrupciones en las cadenas esenciales de suministro y dando pasos hacia la reapertura total de la frontera; la importancia de los temas ambientales y laborales como parte de las obligaciones mexicanas al amparo del TMEC; y un apuesta al reinicio de conversaciones sobre la cooperación en materia de seguridad. Dada la enorme complejidad y amplitud de la agenda bilateral -para Washington, única quizás en el mundo en función de ese abanico temático tan amplio- y ya no digamos los innumerables temas de política interna que impactan esa agenda y la relación entre ambas naciones, esta es una agenda temática indudablemente constreñida.

Los flujos migratorios centroamericanos ya han empezado a disminuir, como ocurre año con año con la temporada de lluvias. Y con una administración que con el paso de los meses ha alcanzado una mejor capacidad de gestión -ciertamente facilitada por la labor mexicana en prevenir cruces indocumentados hacia Estados Unidos- para enderezar la situación desastrosa que se encontró como legado envenenado trumpista en materia de política migratoria y de asilo a fines de enero cuando tomó las riendas de gobierno, la pregunta obligada es si Biden empezará a ampliar la agenda diplomática con México para incluir, de manera pública o en privado, otros temas esenciales para el futuro de la relación.

Biden y Harris ciertamente hacen bien en buscar evitar darle excusas al presidente mexicano para torpedear el diálogo integral que debe darse entre ambas naciones, y considero que es buena apuesta que la vicepresidenta se consolide como interlocutora privilegiada del gabinete estadounidense con México, sobre todo si se trata de buscar mitigar y darle la vuelta al recelo y resentimiento que López Obrador carga con los Demócratas en virtud de que considera que no lo apoyaron cuando buscó impugnar y cuestionar los resultados electorales de 2006 y 2012 en México. Pero en algún momento, la Administración Biden tendrá que empezar a ocuparse de los demás temas de la agenda bilateral: desde la infraestructura fronteriza, las energías renovables y el cambio climático hasta la indispensable cooperación en todos los temas de seguridad e inteligencia, el agua de los ríos Bravo y Colorado y la mitigación del impacto ambiental que generó el muro de Trump o la construcción de un andamiaje comercial y económico que permita a Norteamérica competir con China. Y como parte de esa ampliación temática, la preocupación por una presidencia imperial y por la vitalidad democrática en México, por sus pesos y contrapesos, su separación de poderes y sus organismos autónomos, por el papel de medios y sociedad civil en la rendición de cuentas, la pluralidad, la tolerancia y una democracia participativa, tendrán que jugar un papel en el cálculo estadounidense de cómo interactuar con este gobierno mexicano. Veremos si con la visita de la vicepresidenta -o a partir de ella- se empieza a perfilar esa agenda y si Estados Unidos sale de esa trampa en la que podría haber caído y en lugar de jugar matatenas, empieza a jugar ajedrez en la relación bilateral.

El gobierno de Estados Unidos informó este martes que ha identificado a más de 3,900 menores migrantes separados de sus padres en la frontera con nuestro país durante el tiempo que estuvo vigente la política de «tolerancia cero» del expresidente Donald Trump.

Las autoridades proporcionaron uno de los conteos más detallados en un capítulo de la historia migratoria estadounidense que fue condenado de manera generalizada.

El conteo del grupo de trabajo para la reunificación familiar del gobierno de Joe Biden, señala 3,913 menores separados entre el 1 de julio de 2017 y el final de la presidencia de Trump; esta cifra está muy por debajo de los más de 5,500 identificados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) en documentos judiciales, basándose en información gubernamental.

El grupo de trabajo dijo que identificó a «casi todos» los menores que fueron separados con base en esa política, pero que revisará otros 1,723 casos desde julio de 2017, lo que podría elevar el número total de expedientes examinados a 5,636, cifra que podría coincidir con el conteo de la ACLU.

La discrepancia parece radicar principalmente en el fallo de una corte federal en San Diego, que excluyó a 1,723 niños que fueron apartados por otros motivos, como el riesgo de que estuvieran en peligro o de que hubiera dudas sobre paternidad.

Las autoridades también tratarán de determinar si hubo separaciones familiares durante los primeros seis meses de la presidencia de Trump, a partir de enero de 2017, algo que está fuera de la demanda de la ACLU. Esto podría elevar también la cifra final.

De los 3,913 menores, 1,786 han regresado con uno de sus padres, en su mayoría durante la presidencia de Trump; se ha contactado con los padres de otros 1,695, y se desconoce el paradero de 391 más. Muchos de los contactados fueron entregados a otros familiares.

Recordemos que el gobierno de Biden se ha comprometido a reunir a los padres e hijos que siguen separados, pero el ritmo de las reunificaciones ha sido lento y no está claro cuántas se realizarán. Los primeros cuatro progenitores regresaron a Estados Unidos el mes pasado, dentro de lo que el grupo de trabajo identificó como un grupo inicial de 62 personas: 28 de Guatemala, 20 de Honduras, 13 de El Salvador y uno de México. Los funcionarios del gobierno federal dicen que 29 de los 62 han recibido la autorización final para regresar a Estados Unidos, lo que debería ocurrir después de que se hagan los arreglos de viaje.

El reporte proporcionó datos inéditos: cerca del 60% de los menores separados con base en la política migratoria del anterior gobierno eran guatemaltecos (2,270), seguidos de hondureños (1,150), salvadoreños (281), mexicanos (75), brasileños (74) y rumanos (23).

La Patrulla Fronteriza del sector de Yuma, en Arizona, registró el mayor número de separaciones de entre los nueve sectores de la frontera con México, con 1,114 casos. El Rio Grande Valley, en Texas, que atrajo la atención de los medios al tratarse del corredor más empleado para cruces ilegales, fue el segundo punto con 1,025 casos. El Paso, Texas, donde se llevó a cabo un ensayo de la política en 2017 que no se hizo público en su día, fue el tercero con 982 casos.

Facebook anunció este viernes que mantendrá el veto por dos años al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, después de que su consejo asesor pidiera el mes pasado a la empresa que revisara la prohibición indefinida contra el exmandatario.

La compañía anunció en un comunicado que suspenderá las cuentas del exmandatario por dos años contando desde el 7 de enero pasado.

Recordemos que las cuentas de Trump en Facebook e Instagram, también propiedad de la compañía, permanecen cerradas desde el asalto al Capitolio del 6 de enero por parte de miles de simpatizantes del expresidente, algunos de ellos armados, que dejó un saldo de cinco personas muertas.

La suspensión de la cuenta del exmandatario es el máximo castigo impuesto hasta ahora, y se debe a que se violó las reglas de la red social.

«Dada la gravedad de las circunstancias que llevaron a la suspensión del señor Trump, creemos que sus acciones constituyeron una grave violación de nuestras reglas que merecen la pena más alta disponible bajo los nuevos protocolos», dijo el vicepresidente de asuntos globales de Facebook, Nick Clegg.

Facebook también dijo que los políticos serán tratados como otros usuarios cuando violen las reglas de la red social, en particular en caso de desinformación.

Después de que venza el plazo del veto ahora impuesto, la red social decidirá sobre el posible reingreso de Trump a la plataforma, una vez que determine «si continúa siendo un peligro serio para la seguridad pública».

«Esta penalización solo se aplica a nuestros servicios. Trump es y seguirá siendo libre de expresarse públicamente por otros medios. Nuestro enfoque refleja la forma en que intentamos equilibrar los valores de la libertad de expresión y la seguridad en nuestros servicios, para todos los usuarios», añadió Facebook en su comunicado.

El de Facebook no fue el único veto sufrido por Trump; también se quedó fuera de Twitter, una red social que utilizó antes y después de llegar a La Casa Blanca para ampliar el alcance de sus mensajes e incluso realizar anuncios públicos de índole política.

Tras conocerse la decisión de la red, Trump dijo que la suspensión de Facebook es un «insulto» a sus 75 millones de votantes en las pasadas «amañadas elecciones» presidenciales. Calificó la acción como un acto de censura.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró este miércoles que la investigación penal que se desahoga en la Fiscalía de Nueva York contra su conglomerado empresarial es una cacería de brujas de los demócratas que no quieren que se postule de nuevo a la presidencia en 2024.

El republicano señaló hoy en un comunicado que se trata de «una continuación de la mayor caza de brujas política en la historia de los Estados Unidos».

Y es que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció ayer martes que se unirá a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan en la indagación penal relacionada con el conglomerado inmobiliario de Trump y el pago de impuestos.

Trump se mostró como una víctima de varias investigaciones del pasado y «testigos mentirosos», que en esta ocasión «buscan desesperadamente un delito».

La investigación está centrada en comprobar si el conglomerado Trump engañó a prestamistas y compañías de seguros sobre el valor de las propiedades y si pagó los impuestos correspondientes por las transacciones que realizó.

La investigación ha estado en curso desde 2019, como un caso civil, al que ahora se agrega el criminal.

El expresidente aseguró que se trata de una campaña de la fiscal James incluso antes de que fuera elegida en ese cargo, la cual buscaba su destitución cuando él era presidente. «Hizo campaña para enjuiciar a Donald Trump incluso antes de saber algo sobre mí», expresó el republicano.

Subrayó que buscan «la destrucción de la suerte política del presidente Donald J. Trump» porque no quieren que se presente de nuevo como candidato.

La notificación de James a la organización supone un nuevo nivel de riesgo legal para el expresidente, de cara a su posible candidatura a las próximas presidenciales, ya que el fiscal general ahora puede pedir sanciones penales como parte de la investigación.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan está examinando millones de páginas de documentos que incluyen las declaraciones de impuestos del magnate neoyorquino.

El expresidente, que vive en Florida tras dejar la presidencia en enero pasado, manifestó que durante años miembros y asociados de la Organización Trump han sido acosados para testificar en su contra, lo que incluye «inventar historias falsas».

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump tiene previsto reanudar los mítines el próximo mes, según ha confirmado uno de sus asesores, citado por el portal The Hill.

Dicha decisión demuestra la intención del magnate de aumentar su visibilidad y actividad política, ajustada a sus intenciones de buscar la presidencia en 2024.

Según la información recogida por el diario ‘The Daily Mail’, Trump busca realizar dos actos públicos en junio y uno más a principios de julio, aunque los eventos aún no han sido anunciados de forma oficial.

Presumiblemente se desarrollarán de forma similar a los mítines que pronunció durante su campaña de reelección.

Trump ha reforzado en los últimos días su liderazgo en el Partido Republicano con la expulsión de Liz Cheney de los puestos de responsabilidad en la Cámara de Representantes. La degradación es el precio que ha pagado Cheney por sus críticas al expresidente y su ruptura con la línea oficial del partido.

El expresidente estadounidense ha apoyado a varios candidatos republicanos para elecciones futuras, como a la exsecretaria de prensa de La Casa Blanca, Sarah Sanders, que se presenta a gobernadora del estado de Arkansas. En este sentido, los planes de Trump para celebrar mítines indican que probablemente continuará respaldando a ciertos candidatos republicanos.

Trump ha mantenido un perfil muy bajo desde que abandonó La Casa Blanca, después del asalto que sus partidarios llevaron a cabo el 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos, alentados por sus afirmaciones sobre un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre.

Además, con sus cuentas de Twitter y Facebook suspendidas, ha limitado sus comunicaciones únicamente a sus seguidores. Además de participar en espacios televisivos conservadores, ha emitido comunicados criticando la agenda de su sucesor, Joe Biden, entre otros aspectos.

Un grupo de generales y almirantes retirados en Estados Unidos cuestionó la condición física y mental del comandante en jefe, el presidente Joe Biden, quien a sus 78 años es el gobernante más longevo del país.

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En una carta difundida, 120 integrantes de la organización autodenominada «Flag Officers 4 America» consideró que el país está «en grave peligro», ante la que tildan como una lucha entre «partidarios del socialismo y el marxismo» y «partidarios de la Constitución y la libertad».

Los exmilitares cuestionaron la votación de noviembre pasado con el mismo argumentario que usa el expresidente Donald Trump, al advertir que sin elecciones «justas y honestas que reflejen con exactitud la ‘voluntad del pueblo'», la República Constitucional «está perdida».

En el escrito, los exmilitares apuntaron que la integridad de las elecciones exige que se garantice un voto legal emitido y contado por ciudadano y pidieron al FBI y al Tribunal Supremo actuar con rapidez cuando surjan irregularidades y no ignorarlas como se hizo en 2020.

También llamaron a «no ignorar la condición física y mental del Comandante en Jefe», es decir del presidente Joe Biden, al señalar que debe tomar rápidamente decisiones precisas de seguridad nacional en cualquier lugar, de día o de noche.

De igual forma, consideraron que las investigaciones de los demócratas sobre los procedimientos del código nuclear envían “una peligrosa señal de seguridad nacional a los adversarios con armas nucleares».

Los firmantes de la carta también dijeron que los «ilegales», en referencia a los inmigrantes que ingresan en condición irregular, están «inundando» el país, abogaron por «fronteras controladas», así como por más sanciones contra China o que EE.UU. no vuelva al acuerdo nuclear con Irán, del que Trump se retiró en 2018.

Quien también se lanzó contra el presidente Biden, fue Trump, quien a través de un posicionamiento emitido por su oficina, indicó que el demócrata ha tenido el peor comienzo que cualquier presidente en la historia de Estados Unidos.

“Primero la crisis fronteriza, luego la crisis económica, luego la crisis de Israel y ahora la crisis de gas», señaló el republicano en su comunicación.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, admitió este viernes ante la ONU que varias acciones de su país durante los últimos años han minado el orden internacional, pero prometió que el gobierno de Joe Biden actuará para repararlo.

«Sé que algunas de nuestras acciones en años recientes han minado el orden basado en normas y han llevado a otros a cuestionar si aún estamos comprometidos con él», señaló Blinken en un discurso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El jefe de la diplomacia estadounidense pidió que ese compromiso se juzgue por las acciones que el gobierno de Biden está tomando en el ámbito internacional, entre las que destacó el regreso al Acuerdo de París sobre el clima, su continuidad en la Organización Mundial de la Salud (OMS), sus planes para volver al Consejo de Derechos Humanos de la ONU o sus negociaciones para volver a cumplir con el acuerdo nuclear con Irán.

Todas ellas son medidas que deshacen pasos dados por la Administración de Donald Trump, a la que Blinken evitó mencionar directamente.

El secretario de Estado destacó también el apoyo de su país a la plataforma COVAX para facilitar vacunas contra la covid-19 a todos los países y cómo Estados Unidos está afrontando con «humildad y transparencia» los problemas internos de su democracia, sin tratar de esconderlos del resto del mundo.

«Seguimos teniendo profundas diferencias entre los Estados miembros de la ONU y dentro de este Consejo, pero Estados Unidos no escatimará ningún esfuerzo para buscar terreno común con cualquier país que cumpla con su compromiso con el orden que fundamos juntos y que debemos defender y revitalizar juntos», señaló Blinken.

El responsable estadounidense de Exteriores insistió en la necesidad de más cooperación internacional y advirtió que el orden global en vigor desde la creación de Naciones Unidas, tras la Segunda Guerra Mundial, está en peligro.

«El nacionalismo está resurgiendo, la represión crece, las rivalidades entre países se están haciendo más profundas y los ataques contra un orden basado en normas se están intensificando», apuntó.

Luego del la cifra récord de 4.8 millones de habitantes de Florida que votaron por correo en la elecciones generales de noviembre pasado, el gobernador del estado, Ron DeSantis, firmó este jueves una ley restrictiva para el ejercicio de dicho voto.

La polémica ley SB90, presentada por los republicanos, que son mayoría en el Congreso de Florida, fue aprobada con 23 votos a favor y 17 en contra a fines de abril.

El gobernador republicano, del que Donald Trump ha dicho que podría ser su compañero de fórmula si compite en las elecciones de 2024, firmó la ley en un hotel de Palm Beach, precisamente donde reside el expresidente, junto a un grupo de parlamentarios republicanos.

La ceremonia fue transmitida en directo por el canal conservador Fox News, pero no se permitió la entrada de otros medios, según denunció la cadena NBC.

El gobernador dijo que la nueva ley pone a Florida a la cabeza de los estados donde la posibilidad de un fraude es mínima. «Creo que son las medidas para la integridad electoral más fuertes en el país», indicó DeSantis.

Precisamente el gobernador dijo después de las elecciones presidenciales de noviembre pasado que en Florida, donde Trump fue más votado que el actual presidente, Joe Biden, fueron las «más transparentes y eficientes del país».

Para organizaciones civiles y los demócratas del estado, la ley SB90 dificultará el voto a las minorías, las personas mayores y aquellas con discapacidades al hacerles más difícil el voto por correo.

Con la nueva ley, los votantes que quieran hacerlo por correo tendrán que solicitar la papeleta cada ciclo electoral y no cada dos como se hace actualmente. Restringe también el uso de urnas para depositar el voto durante las jornadas de votación anticipada, que estaban disponibles las 24 horas del día los 7 días de la semana.

Habrá además una verificación de firma, lo que significa que los electores deben tener una rúbrica en el archivo de las autoridades electorales.

«Nada sobre las elecciones de Florida ha demostrado la necesidad de esta ley», expresó Kara Gross, directiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

El consejo asesor de contenido de Facebook, un órgano independiente que vigila lo que se publica en la red social y sus consecuencias, avaló este miércoles el cierre de la cuenta del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump, alegando que con sus mensajes «creó un ambiente donde había un grave riesgo de violencia».

Facebook cerró la cuenta de Trump después de que éste alentara a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio el 6 de enero, con un polémico discurso en el que el magnate neoyorquino puso en duda la legitimidad del triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020.

En un primer momento, se trató de una medida temporal, pero esta se hizo definitiva al día siguiente, después de que los seguidores de Trump asaltaran la sede del poder legislativo estadounidense. El consejo asesor de contenido tenía la última palabra y, con una decisión vinculante, ha descartado una posible reapertura de la cuenta.

«El consejo ha concluido que, al mantener una narrativa sin fundamento sobre el fraude electoral y reiterados llamamientos a la acción, Trump creó un ambiente donde era posible un grave riesgo de violencia», han determinado los expertos, que ven un riesgo «claro e inmediato» en los mensajes que publicó a principios de enero el aún presidente.

Sin embargo, el panel indicó que «no fue apropiado que Facebook impusiera una pena indeterminada y estandarizada de suspensión indefinida» por lo que llamó a la plataforma a «revisar este asunto para determinar y justificar una respuesta proporcionada» en los próximos seis meses.

Señaló que la compañía impuso inapropiadamente una suspensión indeterminada sin estándares claros. Así, ordenó a Facebook determinar una respuesta que sea consistente con las reglas aplicadas a otros usuarios de la plataforma.

«Facebook dejó la suspensión indefinida y remitió todo el asunto a la junta de supervisión, aparentemente esperando que la junta hiciera lo que no había hecho», dijo Michael McConnell, copresidente del organismo, durante una conferencia de prensa después de publicar su decisión.

McConnell agregó: «Las sanciones indefinidas de este tipo no pasan la prueba internacional o estadounidense en cuanto a claridad, consistencia y transparencia».

El de Facebook no fue el único veto sufrido por Trump, que también se quedó fuera de Twitter, una red social que utilizó antes y después de llegar a la Casa Blanca para ampliar el alcance de sus mensajes e incluso realizar anuncios públicos de índole política.

Tras conocerse la decisión del consejo asesor, Donald Trump reiteró sus denuncias sobre el supuesto fraude en las elecciones.

«Si el cobarde e incapaz líder de la minoría (republicana en el Senado) Mitch McConnell… hubiera batallado para exponer toda la corrupción que apareció en aquel momento, y con más hallazgos desde entonces, hubiéramos tenido un resultado muy diferente» de la elección presidencial de noviembre, dijo Trump en un comunicado divulgado por su oficina.

Trump, quien ha dicho que sí contempla postularse nuevamente a La Casa Blanca, repitió que hay abundantes pruebas de fraude electoral e instó a sus seguidores «a no rendirse jamás».

Estados Unidos va a comenzar a reunir esta semana a algunas familias migrantes separadas durante el gobierno del expresidente Donald Trump, anunció este lunes el secretario de Departamento de Seguridad Interior (DHS), Alejandro Mayorkas.

Mayorkas indicó que cuatro madres que huyeron de «situaciones extremadamente peligrosas en sus países de origen» van a ser reunidas con sus hijos tras haber sido separados en la frontera entre Estados Unidos y México.

El funcionario celebró este avance después de que el gobierno de Joe Biden estableciera un equipo especialmente dedicado a rastrear a las familias y reunirlas, encabezado por el propio secretario.

«El grupo de trabajo ha realizado un progreso crítico en unos pocos meses y va a seguir trabajando sin descanso para darle a las familias la oportunidad de reunirse y sanar», indicó Mayorkas, que es el primer latino y el primer inmigrante en encabezar este Departamento que se ocupa, entre otras tareas, de la seguridad en la frontera.

La política de Trump de «tolerancia cero» a la inmigración irregular comenzó a ser aplicada en 2017 y fue anunciada formalmente en 2018.

Mediante la separación de las familias, en su mayoría centroamericanos huyendo de la violencia, el gobierno de Trump buscaba disuadir a los migrantes de que emprendieran el viaje hacia su país.

Su implementación, que se estima afectó a cerca de 5,000 menores, fue suspendida ante una ola de indignación nacional y mundial.

Mayorkas expresó su alegría ante el inicio del proceso de reunificación y por el hecho de que estas «cuatro madres puedan abrazar a sus hijos después de tantos años». El colaborador del presidente demócrata indicó que esto es sólo el «principio» del programa.

Recordemos que Joe Biden denunció la política de su predecesor como una «vergüenza moral y nacional».

No está claro cuántos niños todavía están lejos de sus padres, pero se estima que son cerca de 1,000. Muchos de ellos son originarios de zonas rurales y comunidades ubicadas en áreas montañosas de difícil acceso, una tarea logística complicada además por la pandemia.

El gobierno no clarificó si se va a permitir a las familias la residencia legal en Estados Unidos.