Uruguay ha sorprendido a muchos de sus ciudadanos y al resto del continente por la posición de respaldo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Nadie desconoce las simpatías políticas y múltiples acuerdos comerciales que tejió durante sus 14 años de gobierno el Frente Amplio con el chavismo. Pero aun así, muchos observadores se asombraron cuando, en agosto de 2017, Uruguay decidió marginarse de la conformación del Grupo de Lima. Fue, junto a la Bolivia de Evo Morales, la única nación de Sudamérica que no participa del grupo de 14 países americanos que intentan encontrarle una salida democrática a la crisis venezolana.
Más extraño aún fue que, mientras el gobierno de Tabaré Vázquez sostuvo un estrenduoso silencio sobre la represión creciente y el declive final político y económico del régimen chavista, otro camarada del Frente Amplio y ex canciller del gobierno de José Mujica, Luis Almagro, lideraba desde la secretaría general de la OEA la presión regional contra Maduro, al que no dudó en calificar de “dictador”, desconociendo la legalidad de las elecciones en las que fue reelecto.
Mientras los principales partidos de la oposición uruguaya han repudiado la postura de su gobierno y le han hecho llegar su apoyo al presidente interino Juan Guaidó, muchos se preguntan a qué se debe este apoyo del gobierno de Vázquez a Maduro.
Algunos analistas sugieren volver la vista unos años hacia atrás y poner la lupa en Javier Vázquez, el segundo de los cuatro hijos del presidente uruguayo.
Ingeniero de profesión, Vázquez hijo trabajó asesorando a diferentes empresas de software uruguayas. A partir del año 2000, viajó muchas veces a Venezuela, para cerrar negocios de sus clientes con el gobierno de Hugo Chávez. A partir de 2005, con su padre ya en la Presidencia, esos viajes se intensificaron. El gobierno venezolano había decidido que utilizaría software libre para para la administración pública y el hijo del presidente vio allí una “oportunidad”, según contó en sede judicial en diciembre de 2008, en la investigación que se abrió sobre irregularidades en los negocios entre Uruguay y Venezuela.
Vázquez enumeró ante la Justicia los negocios que ayudó a concretar: la informatización de la empresa estatal de comunicaciones CGV telecom por un monto de 62 millones de dólares; licencias y capacitaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología por 4 millones 500 mil dólares ; la empresa Montevideo com cerró un contrato para la administración de portales por un millón 200 mil dólares; Geocom cobró 2.8 millones de dólares por un sistema de gestión para alcaldías y Artech Consulting consiguió otros dos contratos por 3.5 millones y 670 mil dólares.
En la causa judicial, Vázquez reconoció que participó “en el relevamiento de los requerimientos técnicos, en los cronogramas de trabajo y la solución técnica” para que las empresas uruguayas pudieran cerrar sus contratos en Venezuela y luego ellas pagaron por sus “servicios profesionales”.
La causa tomó un giro trágico al año siguiente. Se había pedido que se presentara como testigo el contador Eduardo Gómez Canon, que había viajado a Caracas junto al grupo de empresarios uruguayos de software para cerrar los negocios en Venezuela, pero a último momento fue marginado de los contratos. “Ahora el hijo del presidente uruguayo es millonario con un sólo negocio que era mío”, adelantó Canon a la prensa.
El 10 de junio de 2009, Canon apareció muerto en la Parada 34 de la Playa Brava de Punta del Este. Llevaba jeans azules y calzado deportivo de color blanco. El caso fue cerrado como un suicidio. La denuncia contra Vázquez fue archivada poco después por pedido del fiscal Juan Gómez quien consideró que “no resulta acreditado” que el hijo del Presidente “hubiese usufructuado de ningún privilegio por su relación de parentesco”.
Esta historia quedó olvidada hasta que el año pasado el semanario uruguayo Búsqueda revisó los documentos del bufete panameño Mossack & Fonseca filtrados en el marco de la investigación Panamá Papers y encontró que un representante de Javier Vázquez abrió cuentas en un banco panameño a nombre de la empresa Conibel S.A. en la que esperaba recibir entre “dos y cinco transferencias de hasta 300 mil dólares por el pago de sus servicios de consultoria”. El semanario ya había revelado dos años antes que el hijo del Presidente había operado también dos cuentas en paraísos fiscales.
Esta semana, el ex canciller e intelectual mexicano Jorge Castañeda, trataba de explicar en un programa de Televisa las razones del apoyo que Uruguay le ha ofrecido a Maduro, no tuvo dudas: “En este caso sí hay un problema personal muy complicado, que es el que el hijo del presidente Tabaré (Vázquez) ha hecho una enorme cantidad de negocios en Venezuela en asuntos de cibernética, etcétera, y está embarrado hasta el cuello con las tranzas venezolanas”, dijo. “Y los venezolanos y los cubanos lo saben, y cada vez que Uruguay se aleja un poquito, le da un apretón”.
