La organización Marea Verde Quintana Roo pidió al Congreso de ese estado desestimar la iniciativa planteada por la diputada independiente Sonia López Cardiel, quien propuso aplicar un método anticonceptivo “definitivo” a las mujeres que decidan someterse a un segundo aborto.

Durante la sesión del pasado 13 de marzo, la diputada local, y presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso de Quintana Roo, presentó una iniciativa de decreto para modificar diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley de Salud del estado.

En su exposición, López Cardiel se pronunció por el reconocimiento de la no punibilidad del aborto y su realización dentro de instituciones de salud públicas, con estándares de calidad altos y de forma gratuita.

La diputada pidió al gobierno adoptar esa responsabilidad conforme a los criterios de no punibilidad vigentes en el Código Penal desde 2010, que incluyen: por violación, salud de la madre, malformaciones genéticas o accidente.

Sin embargo, la iniciativa contiene también un apartado en el que se plantea la esterilización definitiva de mujeres que recurran a un segundo aborto, esto después de establecer una “circunstancia económica grave o justificada” como otra de las causas de “no punibilidad” en el Código Penal.

Según la propuesta de Sonia López, la mujer puede exponer ante la autoridad que no cuenta con los recursos económicos necesarios para garantizar una vida plena y digna al producto en gestación, por lo que, tras previa certificación de sus motivos, se procede a considerar ese motivo como uno libre de procedimiento penal.

La esterilización derivaría de una segunda solicitud de aborto por “circunstancia económica grave o justificada”.

“Quien ya se haya sometido al aborto una ocasión por esta causa, y quiera hacerlo de nueva cuenta, debe aceptar aplicarse un método anticonceptivo definitivo, ya que no es congruente convertir esta posibilidad en un método anticonceptivo, además de que se busca proteger y salvaguardar la salud de la mujer”, afirmó la diputada.

En su posiconamiento, Marea Verde Quintana Roo consideró que la propuesta viola los derechos de las mujeres porque atenta contra el principio de autonomía de decisión, además de que podría revictimizar a mujeres embarazadas como producto de violencia sexual y que existen reportes en cuanto a prácticas de esterilización forzadas entre niñas y adolescentes.