La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alertó sobre los efectos que tendrían a la industria automotriz nacional las políticas para la regularización de vehículos internados ilegalmente al país, los llamados “autos chocolate”, que podrían encontrar cabida dentro de las propuestas que ha esbozado el futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
En el reporte se señala que dichas políticas podrían encontrar cauce en la propuesta anunciada por el equipo de AMLO de “recorrer” 30 kilómetros hacia el sur las aduanas de la frontera norte para crear de forma repentina una zona franca.
La Coparmex enfatizó que la introducción ilegal hacia territorio mexicano de autos “chatarra”, a los que por su antigüedad y obsolescencia tecnológica ya no les es permitido circular en los Estados Unidos, compromete la seguridad vial en calles y carreteras, y desde luego, pone en riesgo la seguridad pública.
Puntualiza que el contrabando de vehículos es frecuentemente ignorado por las autoridades federales, y su libre circulación solapada por muchas autoridades locales y municipales, contribuyendo con esas omisiones, al debilitamiento del mercado interno y del sector automotriz.
“La regularización no significa legalización. Sólo normaliza y vuelve recurrente el contrabando de vehículos al territorio nacional (…) el sector automotriz podría enfrentar de nuevo esta amenaza si los nuevos intentos por regularizar, una vez más, los vehículos importados usados fructifican”, indicó la Confederación.
Recordó que varios gobernadores han propuesto regularizar estos vehículos a través de un engomado que les permita circular, a lo que reiteraron su “más enérgico rechazo a estas medidas de clara orientación política”, pues sostuvieron que el contrabando de vehículos usados no sólo afecta la economía nacional, sino que también representa un elemento de deterioro ambiental.
Insistieron en que el tema debe ser considerado dentro de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que indican que sin una normativa fortalecida no se puede otorgar seguridad jurídica a quienes importan vehículos dentro de la ley, y será inevitable que México “sea el basurero regional de vehículos obsoletos provenientes del resto de Norteamérica”.
