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La intención del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de enviar una iniciativa de ley para eliminar los organismos autónomos, tales como el INAI, el IFT o la COFECE, sería un grave retroceso para el desarrollo democrático del país, alertó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

La patronal expresó su preocupación y desacuerdo con la propuesta de López Obrador y advirtió: “seremos férreos defensores de su permanencia y su fortalecimiento”, ya que son pilares “fundamentales” para el equilibrio de poderes en el país y garantizan los derechos de las personas.

“Consideramos que su eliminación sería un grave retroceso para el desarrollo democrático de México”, enfatizó.

La Coparmex se pronunció respecto al anuncio de López Obrador, quien ayer informó que antes de que termine su mandato enviará una iniciativa de reforma con la que buscará que desaparezcan organismos autónomos pues “no sirven para nada”.

“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos”, expresó durante su conferencia matutina.

AMLO se refirió a organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Al respecto, la Confederación demandó resolver los nombramientos pendientes de los integrantes de dichos organismos, como el INAI, que desde abril no ha podido resolver ninguna demanda ciudadana que implique ordenar a algún órgano público transparentar información porque no alcanza el mínimo de cinco comisionados para sesionar como mandata la Constitución.

La Coparmex recordó que estas instituciones “sí sirven a la sociedad”, pues garantizan el derecho a la transparencia de las acciones de los gobiernos, la rendición de cuentas, la protección de datos personales y el cumplimiento de las regulaciones en distintos temas.

Asimismo, dijo que las funciones especializadas y atribuciones que ejercen como órganos garantes constitucionales desde sus distintas áreas “son determinantes para la estabilidad del principio de División de Poderes” y “la vigencia efectiva de los derechos humanos”.

“Debilitarlos y concentrar todas las decisiones en un solo Poder, representaría una regresión autoritaria contra la cual los ciudadanos hemos luchado durante décadas”, agregó.

Finalmente, señaló que la existencia y permanencia de las instituciones “no pueden ni deben estar en función del gobierno en turno ni de ideologías políticas particulares. Los órganos autónomos son una conquista ciudadana expresada en la Constitución. México no puede dar pasos atrás”, remató.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados anunció este miércoles que espera votar la reducción de la jornada laboral, de 48 a 40 horas, antes del próximo 15 de diciembre, cuando finaliza el actual periodo ordinario de sesiones.

En declaraciones a los medios de comunicación, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, afirmó que “sí hay posibilidad” de aprobar la reforma en este periodo.

“Esa es la intención que Morena ha tenido desde que presentamos la iniciativa”, aseguró.

Y es que la iniciativa ha levantado gran polémica, pues el cambio supondría modificar el artículo 123 de la Constitución para establecer dos días de descanso obligatorios a la semana por cada cinco trabajados.

Hasta ahora, legisladores de Morena, al igual que algunos de los opositores Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), han manifestado su apoyo a la reforma.

Pero la iniciativa afronta un camino complejo porque, por ser constitucional, requiere la mayoría calificada de dos tercios en la Cámara de Diputados y el Senado, así como el aval de la mayoría de los 32 congresos estatales.

Mier señaló que se recibieron las conclusiones y los libros blancos del Parlamento Abierto que se realizó la semana pasada en materia de la reducción de la jornada laboral, un paso necesario para continuar los trámites legislativos.

Finalmente, recordó que “queda abierta la posibilidad” de que tanto los grupos parlamentarios como los diputados “puedan seguir enviando inquietudes o aportaciones” sobre la reforma, que afronta resistencias de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien dijo que no era el momento para aplicar dicho cambio.

Recordemos que México es el país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) donde los trabajadores laboran más horas, con casi 2,140 al año, según el organismo.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) estaría proponiendo un incremento del 12.8% en el salario mínimo, cuya discusión anual comienza cada noviembre.

De concretarse la propuesta de la patronal, que reúne a más de 36,000 empresas que en conjunto aportan un tercio del PIB, el sueldo mínimo alcanzaría un incremento del 100% en la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Consideramos que es un avance muy importante el que México pueda competir por talento y no por tener salarios mínimos muy bajos”, expresó Medina Mora, presidente de la Confederación en entrevista con la agencia Efe.

El líder empresarial detalló que la propuesta consiste en un alza del 4.6% por la inflación esperada al cierre del año más dos puntos porcentuales hasta un 6.6%, así como un porcentaje por concepto de un Monto Independiente de Recuperación (MIR) para alcanzar un aumento de 26.55 pesos.

Con esta propuesta, el salario mínimo por ley pasaría de 207.44 pesos al día actuales a casi 234 pesos, es decir, un sueldo mensual de 7.020 pesos.

Desde 2019, el primer año completo de la presidencia de López Obrador, el salario mínimo ha presentado aumentos anuales de doble dígito, primero de 16%, luego un 20% en 2020, un 15% en 2021, otro 22% en 2022, y 20% en este 2023.

El líder empresarial recordó que la discusión inicia este noviembre en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), en la que se define este aumento entre el sector patronal, el Gobierno y los trabajadores.

Al respecto, López Obrador ha anticipado un incremento “considerable”, mientras líderes sindicales han adelantado a algunos medios su intención de buscar un aumento del 25%.

Por otro lado, el líder de la Coparmex reconoció que la meta planteada desde el sector patronal y gubernamental, sobre que el salario mínimo sea suficiente para satisfacer la línea del bienestar familiar, se ha retrasado hasta 2026.

Señaló que este supuesto, en el que dos ingresos alcanzan para cubrir las necesidades de cuatro integrantes en un mismo hogar, ya es una realidad en la zona fronteriza con Estados Unidos, donde el salario mínimo es mayor al del resto del país, por ley.

Finalmente, la Coparmex afirmó que “no es el momento” de aprobar la reforma que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, y que se discute el Congreso, pues dijo, empeoraría los costos que ya afrontan las empresas por los aumentos del salario mínimo y las vacaciones.

La dirigencia nacional de Acción Nacional exigió al gobierno de Morena garantizar los derechos humanos ante esta preocupante crisis migratoria, que se ha agudizado en los últimos días.

“El Partido Acción Nacional manifiesta su profunda preocupación y condena enérgicamente la situación crítica que enfrentan los migrantes que cruzan nuestro país, debido a la inacción del gobierno federal de Morena”, reclamó el blanquiazul.

Dijo que la suspensión de las operaciones de trenes de carga de la empresa Ferromex, anunciada esta semana en respuesta a la masiva aglomeración de migrantes, son un reflejo de la falta de políticas efectivas para proteger y velar por los derechos humanos de quienes buscan una vida mejor.

Añadió que la suspensión de las operaciones de trenes de carga no es una solución sostenible, además de que afecta gravemente a la economía del país, particularmente a los estados de Nuevo León, Baja California y Chihuahua.

“Es paradójico que mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció en el Grito de Independencia de México un “¡Vivan los migrantes!”, su actuar y el de su gobierno son totalmente contradictorios”, señaló.

El PAN dijo que la retórica “vacía de palabras” debe ser sustituida por acciones concretas que garanticen el respeto y la protección de los derechos humanos de los migrantes.

El partido afirmó que los migrantes no deberían ser vistos como una amenaza, sino como seres humanos que huyen de situaciones extremadamente difíciles. “Es inaceptable que el gobierno mexicano no ofrezca soluciones y garantice la seguridad de los migrantes”.

Finalmente, Acción Nacional exigió que el gobierno federal asuma su responsabilidad y emprenda las acciones necesarias para garantizar los derechos de los migrantes que atraviesan nuestro país, con medidas efectivas para atender esta crisis humanitaria, tales como la provisión de refugio, atención médica, asesoría legal y protección de menores no acompañados.

Y es que la migración indocumentada en la frontera entre México y Estados Unidos ha aumentado de manera considerable en los últimos días.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha optado por responsabilizar a la ONU del recrudecimiento de esta crisis, negando que el gobierno vaya a implementar redadas o deportaciones masivas.

Quien también se manifestó sobre el tema fue la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), quien pidió a las autoridades responsables  implementar las acciones necesarias que ayuden a resolver con prontitud la crisis migratoria que azota al país.

Recordó que esta crisis ha generado el cierre temporal de algunos cruces fronterizos con Texas y ocasionado graves afectaciones a las empresas de todo el país que exportan e importan, y específicamente en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Puso como ejemplo lo que sucede en el Puente de las Américas que comunica a Ciudad Juárez con El Paso, Texas, en el que se mantienen varados mil 500 camiones de carga.

Pidió al Gobierno establecer una mesa urgente de diálogo con su homólogo de Estados Unidos, con la participación de los gobiernos estatales de ambos países para que exista colaboración y un esfuerzo bilateral en el ordenamiento de la migración.

“En COPARMEX no pasa inadvertido el componente político-electoral que ha radicalizado las posturas entre ambos países. Por lo que consideramos que mediante el diálogo se debe alertar a los gobiernos federal y estatales de EUA de los graves riesgos humanitarios y económicos en caso de apostar por profundizar esta crisis y no buscar soluciones”, dijo la Confederación.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, sobre la situación del país en materia migratoria.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado a los Senadores para que no avalen las modificaciones a las leyes secundarias en materia electoral que fueron aprobadas esta madrigada en la Cámara de Diputados.

“Reconocemos a las y los Diputados que rechazaron primero la reforma constitucional, y luego los cambios a las leyes secundarias (…) actuaron en coherencia con la lucha que durante más de 30 años ha encabezado la ciudadanía, para evitar que sea el gobierno el que organice las elecciones”, dijo la Coparmex a través de un comunicado.

Lamentaron que, pese a las expresiones ciudadanas, desde el Ejecutivo Federal y abusando de su mayoría parlamentaria, se optara por aprobar en fast track las reformas a las leyes secundarias, conocidas como el “Plan B” del gobierno, pues dijo que se vulneró al INE, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE´s), así como al TEPJF.

“El llamado Plan B representa un amago en contra de la Democracia, y un desafío a los millones de ciudadanos que se manifestaron en todo el país; es una maniobra para desmantelar los organismos electorales y allanar el camino para elecciones con influencia  del gobierno. No es fruto del consenso, sino de una imposición”, alertó la Coparmex.

La Confederación insistió en que no es la forma ni el momento para una reforma electoral que no tenga el consenso de todas las fuerzas políticas y el respaldo ciudadano.

Al respecto, el grupo parlamentario del PAN en el Senado indicó esta tarde que no permitirán que se atropelle el procedimiento legislativo para aprobar una reforma al marco legal electoral, que claramente debilita al árbitro electoral y a las instituciones democráticas.

Señalaron que no avalarán dispensas en el trámite del llamado  ‘Plan B’, por lo que solicitarán y vigilarán que la discusión de dicha iniciativa sea discutida en 2023. “Adelantamos nuestro voto en contra”, indicaron los panistas.

En conferencia de prensa, el llamado grupo de contención, integrado por las bancadas del PRI, PAN, PRD, MC y Grupo Plural, expresaron que se requerirá tiempo para analizar y discutir la iniciativa, algo que dijeron, no pasó en la Cámara de Diputados.

“Sin discusión, sin análisis, únicamente siguiendo una instrucción, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados han aprobado una propuesta que pasa por encima de la Constitución. No apoyaremos nada que violente nuestra democracia”, dijo la bancada del PRI.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su respaldo al aumento del 20% al salario mínimo acordado esta mañana en la reunión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), tal y como se anunción en la conferencia matutina.

“Desde el sector empresarial siempre apostamos al diálogo para encontrar en conjunto las soluciones que nos demandan México y los mexicanos”, dijo la Confederación.

Detalló que con el aumento, que a partir del 1 de enero pasará de 172.87 pesos a 207.44, significa un incremento en función de la inflación de 10% y un Monto Independiente de Recuperación de 15.72 pesos.

Añadió que los incrementos al salario mínimo aprobados en los últimos años han permitido superar la línea de bienestar individual definida por el CONEVAL, es decir, que ahora alcanza para la canasta alimentaria y no alimentaria de una persona.

Y es que según datos de la Coparmex, el salario mínimo general cubre en 150% esta línea de bienestar individual.

“El aumento acordado (…) es una muestra de que el sector empresarial está comprometido con nuestros colaboradores y con el país”, añadió.

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) también expresó su aval al incremento del salario mínimo consensuado entre e gobierno, el sector obrero y el patronal.

“La CONCAMIN considera que el incremento al salarios mínimo es un acto de justicia para los trabajadores, quienes día con día realizan un gran esfuerzo por sus familias y por su país”, dijo.

Y aunque aplaudió el aumento, la CONCAMIN dijo que ahora corresponde al gobierno federal generar las condiciones para que haya mayor inversión y productividad, a fin de tener los elementos necesarios para continuar incrementando los empleos formales.

Llamó a cuidar el impacto que puede generarse en las micro y pequeñas empresas, las cuales están formalmente constituidas y podrían verse afectadas en su operación. Por ello, sugirió que el gobierno disminuya el costo país para las empresas, impulse la inversión y productividad, así como generar las condiciones para que haya más seguridad en las calles y las carreteras.

En la conferencia matutina, cuando el presidente López Obrador señaló la recuperación de los ingresos de los trabajadores, que se había rezagado más de 40 años, el presidente se dirigió a los empresarios entre quienes dijo, ha habido resistencia a aumentar el salario.

“Esta es una buena noticia, se está recuperando poco a poco el poder adquisitivo del salario y tenemos muy buena relación con el sector obrero. Pero yo quiero destacar la participación muy especial del sector empresarial, porque es donde hay más resistencias”.

El presidente López Obrador descartó impactos negativos en el problema inflacionario a consecuencia del incremento salarial

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este martes no usar como “pretexto” la inflación para no aumentar el salario mínimo, en momentos en que se discute dicha alza para 2023 entre el gobierno, los sindicatos y otros involucrados.

“Si bien es cierto que tiene que ser cuidadoso por la situación de inflación que se vive, también no debe utilizarse la inflación como pretexto para no aumentar el salario porque es una gran mentira, o sea, nos engañaron durante todo el periodo neoliberal”, dijo el mandatario este martes.

Sus declaraciones se producen mientras la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) debate el incremento que habrá el próximo año en medio de la inflación general más alta en dos décadas, que alcanzó en septiembre una tasa anual de 8.7%.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propone un aumento de 15%, pero López Obrador reveló que la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), uno de los sindicatos más influyentes del país, desea un incremento mayor.

AMLO, quien adelantó que el resultado de la negociación se anunciará el 1 de diciembre, señaló que “lo ideal sería un acuerdo que fuese unánime”, al recordar que en cuatro años de su administración ha consensuado aumentos en tres ocasiones, con la única excepción en 2020, durante lo más álgido de la pandemia de COVID-19.

El presidente exhibió una gráfica que muestra que, antes de llegar al gobierno, había un salario mínimo de 88.36 pesos diarios en 2018, mientras que ahora es de 172.87 pesos. En términos reales, detalló el gobernante, ha habido un incremento de cerca del 60%.

Al defender el aumento del salario, López Obrador denunció que en lo que él llama “periodo neoliberal” hubo “una pérdida del poder adquisitivo del salario del 75%” en México, uno de los países son los sueldos más bajos de Latinoamérica.

“Eso es lo que quieren (los opositores), que regresemos a esto, la gente no quiere eso, pero bueno estamos trabajando para que aumente el salario, está demostrado además que, si aumenta el salario, no necesariamente aumenta la inflación”, remató.

Representantes de la Iniciativa Privada (IP) acompañaron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el gabinete, en la presentación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) que busca garantizar precios justos en los productos de la canasta básica.

Participaron Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Vicente Yáñez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD); Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA); Mauricio García Muñoz, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico); José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); Gregorio Gómez Sanz, integrante de la Mesa Directiva de Concamin; José Héctor Tejada Shaar, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (Concanaco) y Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

Acompañados de productores y representantes de tiendas de autoservicio, la IP celebró que las acciones anunciadas para aliviar los efectos de la inflación se hayan dado a partir del diálogo con las empresas, para que estas participen de acuerdo con sus posibilidades y de manera voluntaria.

“Desde el sector privado reconocemos la atención prioritaria del gobierno federal a la grave situación de carestía; y su disciplina fiscal, la cual también juega un papel importante en la moderación de las presiones sobre los precios en general”, indicó el CCCE.

El Consejo Coordinador Empresarial aclaró que el PACIC no intenta establecer un control de precios, además de que es un instrumento temporal.

Coincidió con lo expuesto por el presidente y secretario de Hacienda, respecto a que es de vital importancia contener la inflación mediante acciones razonadas y eficaces. En ese sentido dijo que los objetivos del sector privado están alineados a su dimensión social y son claros, y mencionó: proteger el poder de compra de la población, en especial de los más vulnerables, y concentrarse en las cadenas de alimentos de la canasta básica y otros similares, de manera temporal.

Francisco Cervantes, presidente del CCE, dijo que el mejor antídoto frente a la presión inflacionaria es la inversión y el crecimiento, asegurando que se requiere una economía que no esté sujeta a costos injustificados que encarezcan las fases de la producción, distribución y comercialización de mercancías.

“Juntos, sociedad, gobierno y sector privado, podremos hacerle frente a esta crisis global”, remató.

En tanto, la Coparmex calificó como positivo que el PACIC, reconociendo las 15 medidas divididas en producción, distribución, comercio exterior y otras; dijo que se pensaron para cumplir tres propósitos: mayor oferta, menor costo y menor tiempo, con los que se busca apoyar de manera decidida a las familias mexicanas más vulnerables para que no pierdan su poder adquisitivo.

“Confiamos en que las acciones anunciadas serán efectivas, toda vez que están planeadas en un escenario de corto y mediano plazo que las hace viables para apoyar la economía familiar; mientras que el elemento de libre adhesión, permite a las empresas, sumarse sin imposiciones de acuerdo con su esquema de reestructuración y recuperación post pandemia”, añadió la Coparmex.

La Confederación destacó que la simplificación regulatoria y la reducción de costos de transacción, como la exención de Carta Porte por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT) a básicos e insumos en sus transportes y la reducción de costos y tiempo de despacho aduanal.

Reafirmó el propósito del PACIC, que es lograr que la canasta básica por familia de cuatro personas, tenga un costo promedio de mil 129 pesos con incentivos como el arancel cero a la importación de básicos e insumos.

De la misma forma aplaudió que el PACIC reafirma el compromiso y estrategia de seguridad en carreteras para que existan menos robos de mercancías, incluyendo apoyos a combustibles, el subsidio a la electricidad doméstica, congelar los costos de ferrocarril y no incrementar el peaje en las autopistas de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

“Reconocemos la disposición del Gobierno de México para no implementar un control de precios como estrategia principal para combatir la inflación, impulsada principalmente por factores internacionales, como la pandemia, el rompimiento de las cadenas de suministros, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania y el colapso del puerto de Shanghái, que es la terminal de mercancías más importante del mundo”, remató la Coparmex.

“¡Se cumplió!”, sostuvo Alejandro Moreno, diputado y presidente nacional del PRI, luego de que la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fuera rechazada la noche de ayer, al no obtener la mayoría calificada. El líder nacional del tricolor agradeció el respaldo de la ciudadanía, y dijo que “demostramos que la defensa de nuestro país siempre será la gran causa que nos una. Esta es la primera de muchas victorias que juntos construiremos”, expresó al término de la sesión.

Enfatizó que los 70 diputados federales del PRI votaron en contra, en cumplimiento del mandato que recibieron de la ciudadanía.Destacó que con sus 223 votos en contra, la oposición frenó la reforma regresiva de Morena. Al final de la sesión, los integrantes de la coalición “Va por México”, conformada por el PRI, PAN y PRD, gritaban “No pasó. No pasó” y, enseguida, entonaron el Himno Nacional desde sus curules.

En tanto, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, afirmó que su bancada hizo lo correcto: “rechazamos la tóxica reforma eléctrica morenista, frenamos los caprichos del presidente, defendimos la Constitución, la economía de las familias, energías limpias y a México”.

 

Tras celebrar el voto en contra de la “regresión y destrucción”, indicó que impulsarán su propuesta alternativa que permitiría a los mexicanos pagar menos por la luz, cuidar el medio ambiente y avanzar en la generación de energías limpias y renovables. “Nuestra iniciativa busca fortalecer la confianza de las inversiones y el Estado de derecho. Buscamos el respeto de los órganos reguladores autónomos y los tratados internacionales”, sostuvo el líder panista.

Cortés Mendoza señaló que entre las acciones que de inmediato se podrían poner en marcha se encuentra el programa de paneles solares para los hogares con niveles de consumo básico, el cual se puede financiar perfectamente con los 70 mil millones de pesos que la CFE destina actualmente al subsidio de la electricidad.

El panista dijo que la llamada #LeyBartlett de López Obrador representaba un duro golpe a la economía familiar, porque aumentaría el precio de la luz y los más perjudicados serían los sectores más pobres. También dijo que habría provocado apagones generalizados en todo el país y mayor contaminación y daños al medio ambiente.

La dirigencia nacional del PRD indicó que en el partido del Sol Azteca se está a favor de una reforma eléctrica que considere a la electricidad como un derecho humano, cuya rectoría la tenga el Estado a través de los organismos reguladores y la CFE sea una empresa competitiva, que garantice tarifas bajas, electricidad limpia y renovable, y no de una que violente tratados internacionales, como era la de Morena.

“Queremos dejar en claro que el PRD sí está de acuerdo con la integración de la electricidad y el litio como áreas estratégicas para el desarrollo nacional, pero bajo un diseño institucional que establezca el papel que debe tener el Estado como rector de la explotación de los hidrocarburos, la electricidad y el litio”, señaló la dirigencia del PRD.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) reconoció el trabajo de las y los Diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual insistieron iba en contra de la economía de las familias, el medio ambiente, la libre competencia y el cumplimiento de los tratados internacionales tanto en materia económica como ambiental.

La IP lamentó que en la elaboración del dictamen que se votó en la Cámara de Diputados, los legisladores de Morena y aliados no hayan tomado en cuenta las participaciones de expertos, representantes del sector empresarial y académicos en el Parlamento Abierto, lo que acusaron convirtió a dicho ejercicio en una mera simulación.

“La política se trata precisamente de lograr acuerdos utilizando como principal herramienta el diálogo. Esta reforma no fue aprobada porque la mayoría parlamentaria desestimó el diálogo, buscó imponerse “sin cambiar ni una coma”, le faltó voluntad y generosidad. La propuesta no tuvo la mayoría calificada requerida en la Cámara baja, es decir las dos terceras partes de los integrantes, por lo que fue desechada”, celebró la Coparmex, que en 101 ciudades del país aglutinan a más de 36 mil empresarios.

La confederación insistió en que se requiere visión de largo plazo, donde se tenga una CFE fortalecida, un país con energías limpias; donde se respete el Estado de Derecho, se mejore el servicio a la sociedad, se respeten los acuerdos internacionales y se fomente la inversión para así contar con suficiente energía para el crecimiento que requiere el país.

“Reconocemos el trabajo de los legisladores de oposición que se mantuvieron firmes a pesar de las presiones y los chantajes desde el poder, privilegiando el principal objetivo de buscar el beneficio para México. Sin duda, al no aprobarse esta reforma, ganó México”, añadió la Coparmex.

Finalmente, se dijo preocupa que una vez desechada la reforma, se pretendan seguir impulsando maniobras desde el gobierno para impedir la operación de los generadores privados y se obstaculice la libre competencia, todo ello en perjuicio de los mexicanos.

Las afectaciones económicas derivadas de la pandemia del COVID-19 siguen siendo un gran reto para los empresarios de la Ciudad de México, quienes aseguran que la capital carece de una estrategia de reactivación económica con un rumbo claro.

Los empresarios que integran la COPARMEX CDMX aseguraron que faltan por recuperar 134 mil 446 empleos que se han perdido en la capital durante todo el lapso de la pandemia.

Afirman que la Ciudad de México se ha quedado rezagada en comparación con entidades como Baja California, Nuevo León, Tabasco, Chihuahua y Querétaro, que han mostrado una recuperación en materia de empleos.

“La Ciudad de México carece de una estrategia de reactivación económica con un rumbo claro, pues han sido las soluciones de corto plazo y la lógica de inmediatez para atender los problemas más próximos, lo que nos ha conducido a soluciones parciales, muchas de ellas insostenibles”, aseguró la organización.

Los empresarios indicaron que la reactivación económica en la Ciudad de México está en riesgo, principalmente por el impacto de la cuarta ola del COVID-19 sobre la planta productiva, los servicios y el turismo. Además, señalan la ausencia de una política pública a favor de la reactivación, incluso en sentido contrario, con nuevas cargas fiscales a sectores muy importantes para la economía, además de un presupuesto inercial y un gasto público poco atractivo para las inversiones.

Afirman que el gran desafío para la Ciudad es la economía y la salud en la misma magnitud y sentido, pues la pandemia ha impactado en la salud de millones de personas y ha generado pérdida de vidas, pero también dañado la economía.

“Los capitalinos no necesitamos programas sociales que se conviertan en paliativos y que condenen a los habitantes de la Ciudad a caer en un espiral de pobreza que difícilmente se podrá revertir. Y es que, así como las vacunas han salvado vidas, hoy las empresas y los empleos necesitan una vacuna que las saque de terapia intensiva y que las salve de la posibilidad de morir”.

Aseguraron que el plan integral de reactivación económica y recuperación de empleos que se requiere, necesita generar las condiciones necesarias para la inversión, para que se recupere la confianza y la certidumbre.

A partir de ayer inició el esquema de regulación de precios máximos del gas licuado de petróleo (LP) en todo el país, adoptado por la Comisión Reguladora de Energía(CRE), con el que ninguna empresa distribuidora podrá vender por arriba de dichos precios.

La CRE estableció 145 precios diferentes, correspondientes a 145 regiones en que se dividió al país. Aquí se puede consultar el precio fijado para las 145 regiones, que incluyen diversos municipios en cada una de las 32 entidades del país.

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Al respecto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió que los distribuidores que no respeten lo publicado por la Comisión, perderán el permiso con el que operan actualmente.

“Estos precios máximos deben de respetarse porque cualquier expendedor, cualquier vendedor de gas LP, sea estacionario o de cilindros, pero particularmente de cilindro que es donde se han presentado más abusos que afectan a la familia que menos tienen, va a perder el permiso”, señaló Ricardo Sheffield, titular de la Profeco.

Ricardo Sheffield señaló que desde la Procuraduría estarán monitoreando y sancionando a quienes vendan por encima del precio máximo; indicó que van a estar muy atentos a que “nadie se pase de rosca” y respeten el precio máximo en cada una de las 145 regiones.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) criticó la nueva regulación que establece topes a los precios del gas licuado del petróleo (gas LP) y advirtió de “afectos irreversibles” para la economía.

En un comunicado, la Coparmex dijo que el nuevo mecanismo “pudiera provocar afectaciones irreversibles para la inversión y participación de nuevos actores, lo cual juega en contra de la urgente reactivación económica y la competitividad del país”.

Y es que el pasado jueves, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó un proyecto de regulación de los precios máximos de venta a los usuarios del gas LP cumpliendo con una directriz establecida por la Secretaría de Energía.

La Coparmex denunció que esta nueva regulación “podría generar afectaciones irreversibles para la competitividad en la nación”.

Criticó que fue aprobada mediante “un proceso express” y publicada el mismo día, con lo cual quedó cancelada toda posibilidad de hacer un análisis de impacto y su respectiva consulta pública.

“Como hemos advertido anteriormente, la aprobación ‘fast track’ es recurrente en proyectos vinculados al sector energético”, expresó la patronal.

La Coparmex consideró que la Secretaría de Energía obligó a la CRE a emitir una política de precios muy compleja en tan solo tres días, lo que pone en riesgo la calidad de la regulación y no permite enriquecer el contenido con la opinión de voces expertas.

“Para evitar que la población registre mayores afectaciones a la economía familiar debido a los incrementos en precios internacionales, se debieron aplicar alternativas más eficientes”, dijo la Coparmex, según la cual la nueva regulación “incumple” la Ley de Mejora Regulatoria.

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció a principios del mes pasado la creación de Gas Bienestar, empresa pública que prevé suministrar este combustible a un “precio justo”.

AMLO aseguró que no hay competencia en el sector y calificó de “cero a la izquierda” a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), órgano contra el que ya había tenido choques con anterioridad.

El gobierno capitalino emitió un comunicado aclarando que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los homicidios dolosos en la Ciudad de México se encuentran en los niveles más bajos desde abril de 2015.

En su comunicación, el gobierno de la Ciudad resalta que el máximo de homicidios dolosos en la capital se registró en el primer trimestre de 2019, después de casi duplicarse en 2018, cuando la Ciudad de México era gobernada por Miguel Ángel Mancera.

Sin embargo, precisa que de acuerdo con los datos del SESNSP, la administración que encabeza Claudia Sheinbaum ha logrado revertir el incremento en este delito.

Resaltó que los homicidios dolosos registran una reducción del 37.3% si se compara el primer semestre de 2021 con el primer semestre de 2019, ya que pasó de 816 homicidios dolosos registrados de enero a junio de 2019 a sólo 512 de enero a junio de 2021.

Así, es que el promedio diario del homicidios dolosos pasó de 4.5 de enero-junio de 2019 a sólo 2.8 en ese mismo periodo de 2021.

Y es que la Coparmex, a través de su iniciativa Dices, aseguró en días pasados que “los otros datos”, en referencia a la frase que suele utilizar el presidente López Obrador, también se dan en el gobierno de la CDMX. Señalaron que las cifras oficiales reportaban un alza de 90% en sus primeros 30 meses con respecto a los de Mancera.

Fue José Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), quien precisó a través de sus redes sociales que la comparación de los primeros 30 meses de cada administración es una comparación política y no una comparación útil en términos de los datos de delictividad. Indicó que es una comparación para atribuir responsabilidades.

“Asigna responsabilidades a quien termina, no a quien inicia. Básicamente lo que uds muestran es que la admón anterior dejó la CDMX 90% peor en términos de homicidios. Su comparación lo único que logra es mostrar que Mancera dejó la CDMX mucho peor que Ebrard”, señaló el funcionario.

Compartió unas gráficas en donde explica la comparación realizada por DICES, y cómo es que debería hacerse de forma correcta.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó este lunes la iniciativa “Guardianes de la Constitución”, que pretende vigilar la constitución e ir contra reformas que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

En conferencia de prensa, desde el Teatro de la República en Querétaro, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, señaló que esta es una iniciativa social “en defensa de la Constitución y de su cumplimiento”.

“Guardianes de la Constitución funcionará como un observatorio que vigilará las violaciones a la constitución para llevar un recuento hasta que estas sean resueltas a través de suspensiones temporales y definitivas. Confiamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que será la que decida cuál es la situación de dichas reformas”, indicó Medina Mora.

La iniciativa busca actuar en casos como los de la Ley de la Industria eléctrica o la de Hidrocarburos, o en la ley que amplía el mandato del presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar. También va contra la que obliga a entregar los datos biométricos a empresas de telefonía móvil, pues señaló que esta atenta contra los derechos humanos.

Medina Mora dijo que además de fortalecer a las instituciones, el objetivo es crear “alertas constitucionales” cuando se hallen elementos que vayan contra la Constitución.

Afirmó que en el momento en que se apruebe una ley que va en contra de la Constitución, inmediatamente se podrá emitir una alerta constitucional, para que esta quede visible y se dé seguimiento hasta que esta sea resuelta eventualmente por la Suprema Corte.

Medina Mora argumentó que “no se necesitan más leyes”, sino que se cumplan las ya existentes y que “no haya nada ni nadie por encima de la Constitución.

El presidente nacional de Coparmex llamó a gobernantes, legisladores e integrantes del Poder Judicial a cumplir con el juramento que hicieron al tomar posesión de su encargo de  “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”, pues es un compromiso legal y moral con los mexicanos al que deben ceñirse en todo momento.

De cara a las elecciones del próximo domingo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), hizo un llamado a la ciudadanía a salir a votar y aprovechar los últimos días de campaña para reflexionar su voto, para informarse sobre las propuestas de los diferentes candidatos y candidatas, así como calificar los resultados de los gobiernos actuales y los partidos.

“El voto es el mejor y único mecanismo que tenemos los ciudadanos para premiar o castigar”, indicó.

La Confederación indicó que algunas encuestas reflejan que el 75% de los electores tienen una probabilidad alta o regular de acudir a las urnas este domingo, lo cual es un nivel elevado para una elección intermedia si se considera que el promedio de la participación en los últimos tres procesos intermedios ha rondado el 44%.

“La activa participación ciudadana es una buena noticia para la democracia, habla del interés en los asuntos públicos pero también para evaluar a los gobiernos y representantes actuales. Es también una noticia favorable porque habla de que hay confianza en los ciudadanos, en las autoridades electorales y en los protocolos de salud implementados por el INE”, dijo la Coparmex.

Adelantó que es probable que los resultados definitivos se conozcan hasta agosto, pues existe una alta posibilidad que en muchas localidades, distritos y estados, los resultados sean impugnados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En ese sentido, recordó que la clave para la estabilidad política del país es que los actores políticos y las autoridades se conduzcan en el marco de la legalidad y acepten sus triunfos y derrotas. Indicó que no se debe hablar de fraude ni de manipulación electoral sin pruebas, y en caso de haberlas, se debe acudir ante las autoridades correspondientes.

Pidió a los partidos, coaliciones y candidatos que “se conduzcan con civilidad durante la jornada, a que se respete la ley, la voluntad ciudadana expresada en las urnas y a que en el proceso post electoral se evite cualquier tentación para generar inestabilidad”.

La Coparmex señaló que la integración de la Cámara de Diputados es uno de los elementos más relevantes en este proceso, porque significa un referéndum a la presente administración; adelantó que la coalición que encabeza Morena, en caso de mantener la mayoría simple, es decir el control del 50% + 1 de los integrantes, apuesta por la consolidación de su agenda de cara a la segunda mitad del sexenio.

Sin embargo, dijo que en caso de que la voluntad ciudadana defina una composición más plural y con un equilibrio diferente, es decir, darle más espacios a la oposición, podría impactar en la definición de temas trascendentes para los ciudadanos como son los impuestos, el presupuesto de egresos, el gasto en proyectos de infraestructura, los recursos a los estados y municipios, y también para frenar reformas como las que han sido controvertidas por sus rasgos inconstitucionales y por afectar la certidumbre para la inversión.

Recordó que las mujeres y los jóvenes serán dos segmentos poblacionales que definirán en buena medida este proceso electoral.

Finalmente solicitaron a las autoridades federales, estatales y municipales que garanticen la seguridad pública para votar en paz y propiciar que más electores ejerzan su derecho, a que se evite la coacción mediante el uso de la política social o de recursos públicos y a que abonen a dar certeza a la elección mediante la neutralidad y la mesura en sus posturas públicas.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió este proteger a candidatas y candidatos ante el creciente número de homicidios en la recta final de las campañas y a poco más de dos semanas de la jornada electoral.

“Hacemos un respetuoso y enérgico llamado a los Poderes de la Unión y a los gobiernos federal, estatales y municipales para que cumplan con sus obligaciones, brinden seguridad a los aspirantes a un cargo de elección popular”, demandó la Coparmex.

La declaración se produce mientras se recrudece la violencia en las campañas, que suman al menos 88 políticos asesinados, de los que 34 eran aspirantes o candidatos, desde que se inició el proceso electoral en septiembre pasado, según la consultora Etellekt.

Tan solo esta semana, asesinaron a una candidata de oposición en Guanajuato, secuestraron a un político en Michoacán y atentaron contra el candidato del partido Fuerza por México, José Alberto Alonso, en Acapulco, Guerrero.

En respuesta a este último hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó la violencia, pero defendió el plan de protección que emprendió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y atribuyó la polémica a la “temporada de elecciones”.

“Se trata de una contienda política, hay intereses. Y también los medios de información, no todos desde luego, con el afán de enrarecer el ambiente. Antes le llamaban sensacionalismo, ahora es el amarillismo”, expresó en su rueda de prensa de la mañana.

La Coparmex exigió investigar los hechos de violencia y castigar a los culpables. Señaló que los ciudadanos merecen un México en paz, por lo que no se puede permitir la violencia política que, además de afectar la vida cotidiana de los mexicanos, condiciona la libertad del ejercicio democrático.

El próximo 6 de junio, México tendrá las elecciones más grandes de la historia, cuando casi 93.5 millones de ciudadanos están llamados a votar por los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 Congresos locales y 1,900 Ayuntamientos.

La Coparmex pidió “redoblar los esfuerzos” para garantizar la seguridad de los candidatos y de la ciudadanía para que puedan acudir a las urnas “en un clima de paz y tranquilidad”.

“(Convocamos) a los actores políticos a cambiar los ataques y descalificaciones por propuestas y soluciones para generar un clima de tranquilidad previo a las elecciones”, remató la Confederación.

El aspirante a la Presidencia de la República, el panista Ricardo Anaya, aseguró que la iniciativa de reforma a la industria eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envío al Congreso, y que podría estarse votando mañana en la Cámara de Diputados, un “gravísimo error” que perjudicará a los mexicanos directamente.

En un video publicado en sus redes sociales, indicó que hoy en día la energía más barata y más limpia es la que se genera con los rayos del sol, con el viento o con plantas de ciclo combinado; explicó que actualmente la CFE, por ley, tiene que comprar la electricidad más barata para poderla vender a los usuarios domésticos, a los negocios o a las fábricas, lo cual es bueno por el costo que tiene, pero también al ser la más limpia.

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El excandidato presidencial denunció que la iniciativa de AMLO va contra lo que hoy en día existe, y lo que promueve es generar energía sucia y cara.

Desde la refinería y termoeléctrica de Tula, Hidalgo, el panista indicó que en la refinería se transforma el petróleo en gasolina, quedando un desperdicio llamado combustóleo, del cual el gobierno tiene tanto que ya no saben qué hacer con él, pues ya no tiene donde almacenarlo, y venderlo no es buen negocio como ocurría años atrás.

Indicó que la “brillante idea” del gobierno federal fue apostar por quemar todo el combustóleo que hay, y por eso la reforma que propusieron, pues bajo la ley actual no pueden quemar todo el combustóleo de Pemex porque están obligados a dar preferencia a la energía más barata.

“Es un disparate que te va a afectar por dos razones; primero porque van a contaminar el aire que respiras (…), y segundo, también te va a afectar porque cuesta cinco veces más caro generar la electricidad quemando combustóleo; o una de dos: o te suene la luz o usan los impuestos para subsidiar, lo cual implica que haya menos dinero para servicios como agua, calles, caminos, hospitales, medicinas, becas… de algún lado tienen que tomar ese dinero”, denunció Anaya Cortés

Sostuvo que la iniciativa de reforma de AMLO significará retroceder décadas, pues México se quedará con lo peor: con el combustóleo que contamina, con las plantas viejas y con la energía cara. Incluso dijo que los apagones que se vivieron en los últimos días en el país no van ser” nada comparado con lo que puede venir”.

Sobre la iniciativa de AMLO, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) denunció que la propuesta tiene el potencial de convertir al modelo de la industria eléctrica en un monopolio y de destruir el mecanismo de despacho de energía de las centrales eléctricas que hoy opera el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) de manera independiente y que permite que haya competencia entre generadores y, por ende, mejores precios. Advirtió que de aprobarse la iniciativa subirá el costo de la energía eléctrica. L

Afirmó que usar combustibles ineficientes y contaminantes como los que privilegia la reforma, implicará mayores tarifas para los usuarios. Coincidió con Anaya en que el despacho a la energía termoeléctrica producida por la CFE tiene un costo de generación 5 veces mayor a la generación de energía solar o eólica por parte de empresas privadas.

Alertó que con la reforma, la energía solar o eólica sería la tercera en ser despachada, y si el costo no se transfiere de forma directa a los usuarios, se hará de forma indirecta mediante subsidios que serán cubiertos con el pago de impuestos de todos los mexicanos, además que las finanzas de la CFE se verán perjudicadas.

“Uno de los efectos más perniciosos identificados es que detiene la inversión y desalienta la llegada de nuevos proyectos al país, por ende, dejarán de crearse nuevas fuentes de empleo (…) La conclusión es que el gobierno no puede solo, requiere de la colaboración de la inversión privada”, dijo la Confederación.

Dijo que sería un despropósito impulsar una reforma que detone litigios y que será impugnada legalmente desde el primer día porque se incumplirían o desconocerían compromisos que el gobierno actual suscribió a través del T-MEC y otros tratados.