La Cámara de Diputados aprobó esta tarde, en lo general, la minuta por la que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
En la sesión extraordinaria de este jueves, el Pleno la avaló con 420 votos a favor, 10 en contra y nueve abstenciones; posteriormente dio paso a la discusión de las reservas.
El documento, además de expedir la Ley Nacional de Extinción de Dominio, reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, la Ley de Concursos Mercantiles y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La minuta fue dictaminada la mañana de este jueves, por las Comisiones Unidas de Justicia, y de Gobernación y Población.
La discusión en el Pleno inició a las 12:15 horas con la fundamentación del dictamen y su votación en lo general se dio a las 14:25 horas.
Pilar Ortega Martínez, diputada del PAN, destacó que “esta herramienta, sin duda, era necesaria y está llamada a fortalecer el Estado de derecho mexicano, y a generar acciones contundentes contra la violencia, la delincuencia y la impunidad”.
Rocío Barrera Badillo de la fracción de Morena señaló que la extinción de dominio, en el plano internacional ha dado buenos resultados, pero en México no había logrado “ser el engranaje que engarce una estrategia que combata al hampa con la inteligencia institucional, atendiendo las causas, desmantelando las estructuras, quitándoles viabilidad financiera y erradicando la impunidad”.
El nuevo ordenamiento legal define a la extinción de dominio como la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la propia Ley, declarada por sentencia de una autoridad judicial. No conlleva una contraprestación ni compensación.
Los bienes susceptibles de extinción son aquellos que sean producto o instrumento de un hecho ilícito o estén destinados a cometerlos. La ley determina cuáles delitos serán susceptibles de extinción de dominio.
Los delitos son: secuestro; delincuencia organizada; los cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; contra la salud; trata de personas; por hechos de corrupción; encubrimiento; los perpetrados por servidores públicos; robo de vehículos; recursos de procedencia ilícita y extorsión.
