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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 260 votos a favor y 218 en contra, el dictamen de la de la Miscelánea Fiscal, que reforma la Ley del ISR, la Ley del IVA, la Ley del IEPS, la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, el Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos.

Dejó para este martes la discusión de las reservas presentadas como parte de la discusión de la Miscelánea Fiscal para 2022. La discusión de las reservas comenzó a las 10:00 horas.

Morena aseguró que la Miscelánea Fiscal para el 2022 combate la evasión de impuestos y hace un manejo «responsable y prudente» de la deuda pública satisfaciendo las necesidades de financiamiento del gobierno federal. Además, rechazó que en la Miscelánea Fiscal haya sanciones para los jóvenes por inscribirse en el registro de contribuyentes.

Sin embargo, la bancada del PAN calificó a la miscelánea planteada como «terrorismo fiscal» al incorporar a jóvenes de 18 años al Registro Federal de Contribuyentes. En el mismo sentido se expresó la bancada del PRI, quien destacó que el hecho de que los jóvenes de 18 años sean inscritos en el RFC «podría acabar siendo una simulación de la ampliación de contribuyentes».

El PRI también cuestionó la «sorpresiva» inclusión de la regularización de «autos chocolate» en la Miscelánea Fiscal., al señalar que «regularizar lo ilegal, no sólo generará expectativas a futuro, que es correcto seguir importando ilegalmente automóviles que tienen un problema fundamental»; dijo que al crear este tipo de políticas públicas se reconoce «la incapacidad del gobierno mexicano de generar soluciones efectivas a la movilidad de nuestra gente».

Previamente, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, por 24 votos a favor y 17 en contra, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expedía la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022.

En materia de ingresos para el próximo año se prevé una recaudación de 7.08 billones de pesos, un 8.6% más que este año.

En cuanto a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), se modificó para establecer un parámetro que determine la ganancia cambiaria, así como el orden de prelación en el que se aplicarán los acreditamientos, introducir un supuesto adicional que configure la existencia de créditos respaldados, especificar que la autorización prevista se refiere al coeficiente de utilidad, y no así a la disminución de los pagos provisionales que derivan de la variación de dicho coeficiente, regular la acumulación de ingresos por la nuda propiedad y el usufructo de un bien, determinar la ganancia por la enajenación de la nuda propiedad y el usufructo de un bien.

En lo referente a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la reforma establece que la enajenación de productos destinados a la alimentación humana y a la de animales tiene tasa de 0%; modificar el tratamiento impositivo a los productos de gestión menstrual; señalar los requisitos del acreditamiento del IVA. Faculta al SAT para que determine la forma en la que el contribuyente informará las obligaciones en periodo preoperativo; precisa las obligaciones de los residentes en el extranjero que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional; aclarar que el uso o goce temporal de bienes en territorio nacional siempre ha estado sujeto al pago del IVA, con independencia de la entrega material de los bienes que serán objeto del uso o goce temporal.

En cuanto al Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se modificó para importar combustibles automotrices, determinar las definiciones relativas a bebidas alcohólicas (marbete electrónico y establecimiento), determinar las cuotas aplicables a combustibles automotrices, incluir reglas para el consumo de bebidas alcohólicas en el mismo lugar o establecimiento en el que se enajenen. Adicional, se generará el Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas con los fabricantes de alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables, cigarros y otros tabacos labrados; actualiza las cuotas aplicables a combustibles automotrices, y eliminar el tratamiento diferencial aplicable a la enajenación de automóviles blindados.

Sobre el Código Fiscal de la Federación, los cambios buscan señalar que la condición de residente en México no se perderá si la persona no acredita su cambio de residencia, o bien, si no presenta el aviso de cambio; eliminar la referencia a la recepción de declaraciones por instituciones bancarias.

Dentro de las modificaciones planteadas, y una de las más polémicas, se encuentra la realizada al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación y el Artículo Noveno del decreto en donde se establece que todas las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Se explica que tratándose de personas físicas sin actividades económicas, dicha inscripción se realizará bajo el rubro: inscripción de personas físicas sin actividad económica, conforme al Reglamento de este Código, por lo que no adquirirán la obligación de presentar declaraciones o pagar contribuciones.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para elevar a rango constitucional que sea obligatorio para todos los mexicanos acudir a votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato.

Según la diputada María Eugenia Hernández Pérez, los mexicanos deberán además estimular entre sus familias y comunidades la forma de participación, para fortalecer la democracia y soberanía popular.

La propuesta para adicionar una fracción V al artículo 31 de la Constitución Política, fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

En la propuesta se señala que si bien el votar es un derecho, también es una obligación, porque de esa manera se fomenta la participación crítica y propositiva de la ciudadanía en las decisiones públicas y se garantiza la mayor asistencia a los procesos electorales.

«Esta reforma contribuiría a potenciar la disposición y el convencimiento de votar, a partir del impulso cívico y ético de las obligaciones que los mexicanos tienen respecto a la patria, en el contexto de lo establecido en el artículo 31 constitucional», se lee en la iniciativa.

El texto expone que en México el promedio de participación ciudadana en una elección presidencial es de alrededor del 65% del listado nominal de electores, mientras que en países donde el incumplimiento a la obligatoriedad de votar se sanciona la participación es de alrededor del 80%.

Recuerda el gasto promedio por cada voto que se emitió el pasado 6 de junio, el cual fue de 664 pesos. Así, en un cálculo realizado, el voto de los mexicanos habría costado 414 pesos si todos los ciudadanos inscritos en el padrón electoral hubieran acudido a las casillas en la jornada del domingo pasado.

«Es patente que el costo de las elecciones es sumamente elevado en México; por lo mismo, debe la ciudadanía acudir a votar sin reservas en todos los procesos electorales. El abstencionismo, aparte de los estragos que causa en materia de legitimidad y gobernabilidad, resulta un inaceptable incremento en el costo del voto», añade.

Los diputados de los diferentes grupos parlamentarios se posicionan sobre la iniciativa de reforma eléctrica que el presidente López Obrador envió la semana pasada. Mientras las bancadas afines a la 4T aseguran que será aprobada antes de que finalice el año, los grupos parlamentarios de oposición han señalado que no la iniciativa no pasará, aunque el PRI no ha descartado por completo su apoyo a la misma.

La bancada de Morena prevé que la iniciativa en materia eléctrica sea aprobada entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de este año, según dijo el coordinador, Ignacio Mier Velazco.

El diputado indicó que su bancada impulsará la discusión de la iniciativa en parlamento abierto, y persuadirá a todos los partidos de apoyarla, ya que “busca la generación, distribución y venta de la energía a buen precio, confiable y de calidad”

En línea con lo que ha dicho el presidente, Mier Velazco enfatizó en que la reforma pretende garantizar un servicio que tenga la rectoría del Estado al regresarle atribuciones a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“La reforma constitucional en materia eléctrica es congruente y consistente con el mandato que nos dieron las y los mexicanos, y con ello se recupera la participación del Estado Mexicano, por asuntos de seguridad nacional, soberanía y también para garantizarles a las y los mexicanos en sus hogares, empresas, industrias, en el campo, un servicio de calidad, suficiente y con precios competitivos”, sostuvo.

El presidente de la Comisión de Energía, el morenista Manuel Rodríguez González, señaló que se equivocan quienes afirman que el parlamento abierto no sirve, ya que a través de este ejercicio se han enriquecido diversas iniciativas, sobre todo las enviadas por el Ejecutivo Federal.

Pro su parte el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, sostuvo que el presidente López Obrador cuenta con todo el apoyo de bancada para sacar adelante la iniciativa de reforma en materia de energía eléctrica. En el mismo tenor se manifestó la bancada del PVEM.

Sin embargo, no todo es apoyo en la Cámara de Diputados. El coordinador del grupo parlamentario del PRD, Luis Espinosa Cházaro, sostuvo que su bancada está en contra de la reforma energética que envió el Ejecutivo Federal, toda vez que es “estatista” y sin alto contenido social.

“Queremos precios más bajos de la electricidad para los que menos tienen, en el tema ecológico no podemos ir en sentido contrario con energía limpias y renovables y regresar a la quema de carbón”, enfatizó Espinosa Cházaro.

Dijo que no hay prisa por aprobar esta reforma, pues nadie puede poner plazos fatales, ya que ninguna fracción parlamentaria tiene la mayoría absoluta para avalar una reforma constitucional de esta envergadura. Apuntó que aun cuando el PRD tiene una posición definida sobre la reforma energética, se requiere un parlamento abierto, sin prisas, en el que se escuchen las voces de los funcionarios, los expertos, los académicos, empresarios y se debatan todas las visiones y no aprobar esta propuesta en un “fast track”.

En tanto, el grupo parlamentario del PAN dejó en claro que está en contra de la iniciativa, ya que atenta contra el libre mercado y la competitividad, además de que provocará el incremento en el costo de la producción de electricidad.

“La posición del Partido Acción Nacional es votar en contra de esta reforma porque, de entrada, atenta contra el libre mercado y la libre competitividad; porque aumenta el control estatal y el resultado del mismo será que cueste más la producción de electricidad”, dijo el diputado Jorge Romero Herrera, coordinador de la bancada.

El legislador señaló la necesidad de que la Comisión de Energía convoque a un parlamento abierto para discutir la propuesta presidencial, a fin de dar voz a la sociedad civil y expertos en la materia.

Advirtió que su bancada no permitirá que se dé un “albazo”; subrayó que, como se encuentra redactada la propuesta, se retrocedería en el rubro de medio ambiente y se afectaría la salud de los mexicanos. Asimismo, habría un “tarifazo de luz” y se rompería con la Agenda 2030, el Acuerdo de París y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Adelantó que de aprobarse esta propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica, presentarían una acción de inconstitucionalidad porque sería “flagrantemente violatoria, para empezar, del artículo 25 constitucional”.

Sin embargo, según diversos especialistas, todo estaría en manos del PRI, cuya bancada apoyó la propuesta de realizar un parlamento abierto para analizar la iniciativa, a fin de que sea el debate definitivo en materia energética que beneficie a todas y todos los mexicanos.

El coordinador de la bancada, el diputado Rubén Moreira Valdez, acompañado del dirigente nacional del partido, el diputado Alejandro Moreno, rechazaron que se le dé celeridad a la discusión de esta propuesta tal como lo ha planteado Morena y aliados.

Moreira Valdez consideró que México no puede estar cada sexenio debatiendo sobre esa materia y dejando en la incertidumbre a todas y a todos.

El priista explicó que no se puede poner en riesgo el medio ambiente, ni los compromisos internacionales y mucho menos el Estado derecho. “En la bancada del PRI estamos atentos a la dirigencia nacional. Queremos el mayor de los debates, el debate definitivo en energía”.

Estas posturas han llevado a que la alianza ‘Va por México’ esté en riesgo, pues panista han advertido que la coalición legislativo-electoral “puede dar un giro de 180 grados” si no se basa en hechos y sólo se mantiene en dichos; esto ante la falta de claridad por parte del PRI ante la iniciativa de reforma de AMLO.

En el mismo sentido se han posicionado los perredistas, quienes han dicho que la iniciativa de reforma eléctrica será la “prueba de fuego” de la coalición.

La Junta Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados acordó citar a comparecer ante el Pleno al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

El presidente de la Jucopo, Rubén Moreira Valdez, indicó que la presencia del funcionario del INE será con motivo de temas presupuestales,  pues a propuesta del PT y aliados, debe explicar por qué quiere casi 19 mil millones de pesos de presupuesto. Aunque también deberá responder las preguntas que le formulen las y los legisladores.

“Es una locura, es un sinsentido. Y luego si no le otorgamos ese presupuesto va a salir a decir que no le alcanza para la revocación o ratificación del mandato que se hará sobre el presidente de la República el 21 de marzo de 2022. Entonces, es un tema relevantísimo, no puede repetirse, no debe repetirse lo que sucedió con la consulta de agosto”, indicó Gerardo Fernández Noroña.

Subrayó que la comparecencia de Córdova Vianello se debe realizar antes de la votación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, el cual tiene que aprobarse a más tardar el 15 de noviembre, por lo que dijo, dicha visita  puede ser antes del 20 de octubre, fecha en que se aprueba la Ley de Ingresos de la Federación 2022.

Los petistas indicaron que con la visita de Córdova Vianello también se abrirá un “debate interesante” sobre el funcionamiento del sistema electoral del país y su modernización.

Señaló que la comparecencia del funcionario del organismo autónomo se acordó en la Jucopo por unanimidad junto con el calendario de comparecencias de funcionarios federales que acudirán al Palacio Legislativo de San Lázaro con motivo del análisis del Tercer Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados acordó la noche de ayer aumentar, de 46 a 51, el número de comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Jucopo, el priísta Rubén Moreira, indicó que el acuerdo se traducirá en un dictamen de reforma a la Ley Orgánica del Congreso General, que sería votado por el Pleno este jueves.

Como parte del acuerdo se crearía el Comité de Administración de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura, cuya presidencia será rotatoria; e primer grupo parlamentario en encabezarlo será el PAN, con el diputado Armando Tejeda Cid.

Moreira Valdez aseguró que la repartición de las presidencias de las comisiones ordinarias, entre los siete grupos parlamentarios, se realizó “con una regla de tres”, siendo Morena la bancada que más comisiones presidirá, algo que ya se esperaba y que fue posible gracias al apoyo de sus aliados.

El acuerdo fue votado a favor por los coordinadores parlamentarios de los partidos aliados de Morena e incluso por el líder del PRD. La bancada del PAN votó en abstención, y la de Movimiento Ciudadano en contra.

A Morena le correspondió presidir 20 comisiones, debido a que su bancada es de 201 integrantes; al PAN, 12; al PRI, siete; al PVEM, cuatro; al PT, cuatro; a MC, dos; y al PRD, dos.

Destaca que Morena presidirá comisiones importantes como las de Presupuesto, Puntos Constitucionales, Energía, Jurisdiccional, Salud, Educación, y una de las que se crearon: la de Reforma Político Electoral; en tanto el PRI presidirá la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); de Gobernación y Población; de Turismo; de Derechos de la Niñez y Adolescencia; de Ganadería, entre otras.

Será la próxima semana, el jueves 30 de septiembre, cuando el Pleno votará a las y los presidentes e integrantes de las comisiones ordinarias, de los grupos de amistad, de las comisiones bicamerales y de los diferentes comités de la Cámara de Diputados.

Por su parte el coordinador de Morena, Ignacio Mier, afirmó que a pesar de que habrá más comisiones en esta Legislatura no se incrementará el gasto de la Cámara de Diputados. Sostuvo que su bancada pasó de tener 26 comisiones a 20; “no quisimos agandallar nada y teníamos que privilegiar”.

Sin embargo, el diputado Jorge Álvarez Máynez, coordinador de MC, acusó que hubo un reparto discrecional, absurdo, y gandalla de las comisiones. Dijo que Morena le quitó a MC la Comisión de Vigilancia de la Auditoría y se la entregó el PRI, porque saben que «tendrán un pacto de impunidad para su gobierno”.

Además, dijo que traicionando la supuesta austeridad, se amplió el número de comisiones de 46 a 51, sólo para tener más espacios de repartición y eso confirma que “Morena es igual que el PRI y que los partidos tradicionales del pasado, se comporta igual”.

Indicó que existe una falsedad en el carácter opositor que se ha querido adjudicar el PRI, pues entregó a Morena la Jucopo cuando le correspondía al PAN, y lo acompañó también en la militarización del país al respaldar la minuta de la Ley Orgánica de la Armada de México.

Hoy en la Ciudad de México lxs diputadxs y senadorxs pueden ir a un bar, a un restaurante, a llevar a sus hijos a la escuela, pero están limitados para ir a sesionar de manera presencial. ¿Por qué no es esto un escándalo?

En la legislatura que concluyó en agosto fue claro que sesionar a distancia le dio una ventaja a los liderazgos partidistas que aprovechó sobretodo Morena. El ejemplo más claro fue cuando se votó en favor del transitorio que abrió la puerta para la ampliación del mandato del ministro Arturo Zaldívar hasta el 2024.

En ese momento le pregunté a algunxs senadorxs de oposición por qué habían votado en favor de algo que claramente debilitaba al poder judicial y fortalecía al ejecutivo en detrimento de la fortaleza institucional. La respuesta fue que ese día se conjuntaron todos los vicios de las herramientas digitales para favorecer un resultado no buscado ni deseado por varixs senadorxs.

Y es que no es lo mismo estar presente en el salón de sesiones y escuchar a los demás argumentar sus posiciones políticas que estar desde sus casa vía Zoom en donde al pasar de los meses varixs apagaban sus pantallas y simplemente prendían el micrófono para decir el sentido de su voto muchas veces sin haber estado atentos a la discusión.

Esto les dio mucha fuerza a los integrantes de la Mesa Directiva y para los líderes de los partidos significó mayor control sobre sus diputadxs y senadorxs en donde el partido más beneficiado fue Morena, por haber tenido el mayor número de diputadxs bajo su control. En gran parte por ello fue más fácil para Mario Delgado lograr que no se le moviera ninguna coma a iniciativas que fueron prioridad para el presidente como la Ley de Energía Eléctrica.

Para contener el virus en momentos de confinamiento, a los senadores se les dio un dispositivo con huella digital para que pudieran votar desde sus casas y lo que votaran se reflejara en el tablero electrónico. Según me han comentado senadores, muchos no saben ni como se usa este dispositivo. En la Cámara de Diputados la votación se hace mediante celular con reconocimiento facial. Estas medidas hicieron sentido cuando no había ni vacunas ni tratamientos para quienes se contagiaban.

Por ello, al arranque de la nueva legislatura, varios en la oposición han dicho que es momento de regresar a sesionar con las medidas de sana distancia, pero ya presencial. El diputado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky propuso desde el primer día de esta legislatura que se haga un censo para conocer quienes de lxs legisladorxs ya están vacunados y, basando decisiones en evidencia y números, se regrese a sesionar de manera presencial.

Es claro que el COVID-19 llegó para quedarse. Se tiene que aprender a convivir con el virus. Si los niños ya van a las escuelas presencialmente y no se les ha vacunado ¿por qué los legisladores, que ya tienen acceso a las vacunas, no sesionan presencialmente? ¿Cuál es la justificación de que sigan sesionando en muchos casos desde sus casas en otros estados?

Columna completa en El Universal

El diputado local del PRI, Florentino Senz Cobos, presentó un dictamen para garantizar la seguridad del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y de su gabinete de seguridad, al argumentar que el combate a la delincuencia organizada que ha llevado a cabo su administración así lo exigen.

“Resulta evidente que el ejercicio de las atribuciones en materia de seguridad pública y procuración de justicia, conlleva un riesgo para la seguridad personal, la salud, la integridad y la vida de las y los servidores y ex servidores públicos involucrados en las acciones de investigación, persecución y combate al delito y que el Estado debe proveerles de los elementos necesarios para la preservación de su seguridad”, señalaba la justificación de la propuesta.

Dicha iniciativa, incluida en la Ley de Seguridad Pública, fue aprobada durante la sesión de la diputación permanente por 3 votos a favor del PAN y PRI, mientras que Morena emitió sus dos votos en contra.

Con esto, estaría garantizada la seguridad del gobernador y los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia, una vez que concluyan su encargo, y la cual podría ser vitalicia.

Lo aprobado daría servicio de guardaespaldas, vehículos y demás insumos para la eficiente protección del servidor público, sus parejas y familiares en primer grado, mientras la Secretaría de Seguridad Pública en su evaluación lo considere necesario.

Recordemos que Francisco Javier García Cabeza de Vaca finaliza su mandato en septiembre del próximo año.

En respuesta, el diputado de Morena, Oziel Almaguer Aldape, cuestionó que el gobernador retiró en 2016 los servicios de seguridad a los exgobernadores,  Manuel Cavazos Lerma, Tomas Yarrington Ruvalcaba, Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú, con el argumento de que los exmandatarios priístas entregaron el estado a la delincuencia.

Recordar que ya existe una legislación que protege a los servidores públicos como parte de la Ley de Seguridad Pública que, en el caso del gobernador, señala que sería por el mismo periodo que se desempeñe en el cargo, es decir seis años. Sin embargo, la polémica de la modificación recae en que si la evaluación que hiciera la Secretaría de Seguridad Pública lo considera, esta puede prolongarse de por vida.

El Congreso local citó a sesión pública extraordinaria para esta tarde, donde el pleno decidirá si aprueba o rechazará la reforma aprobada en la permanente.

Ante la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de desaparecer el Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN, los diputados del PAN en la Cámara de Diputados presentaron una iniciativa que busca crear el Fondo de Apoyo Social ante Desastres Naturales (FASDEN) y el fideicomiso público con el que se atenderá a la población afectada por desastres naturales, así como sus mecanismos de funcionamiento.

Recordaron que los recientes huracanes que han azotado estados como Yucatán y Veracruz, así como las inundaciones en el centro del país que han dejado varias muertes, como es el caso de Hidalgo o Estado de México, y el reciente sismo que afectó Guerrero, son sucesos de la naturaleza que dejan toda una estela de afectación, principalmente a la población más desprotegida.

“En el PAN no podemos ser ajenos o indiferentes ante el dolor de miles de familias que pierden su casa, ganado, cultivos, incluso familiares, y por supuesto, su patrimonio para vivir, por un desastre natural. Por eso luchamos hasta el final para que fideicomisos como el Fonden no lo desaparecieran, pero se impusieron con el pretexto de que ayudarían de otra manera o mediante mecanismos diferentes», reclamó la diputada del PAN Cecilia Patrón, al presentar la iniciativa.

Acusó que hoy ven que no sólo desaparecieron el FONDEN, sino que el gobierno federal ni los legisladores de Morena y aliados, tampoco hicieron algo para compensar la extinción del fondo.

Señaló que la desaparición del FONDEN, que llegó a alcanzar hasta el último momento la suma de 6 mil 861 millones de pesos, ha representado un desequilibrio en las finanzas públicas de estados, municipios y Federación ante los últimos acontecimientos meteorológicos.

Así, dijo que las entidades federativas están desprotegidas ante los desastres naturales; de ahí la necesidad urgente de crear un nuevo fondo que proteja a todas las personas, defendió la legisladora.

También mencionó que el Gobierno Federal no brindó y tampoco ha ofrecido claridad, ni ha transparentado el destino de los recursos millonarios que servían para apoyar a las familias y a las poblaciones más desprotegidas. Es decir, se eliminó el fondo de reserva para situaciones catastróficas, y no fue reemplazado por algún otro instrumento o institución que tuviera como objeto la prevención de riesgos y la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura y viviendas dañadas por desastres naturales.

“Por tanto, consideramos urgente crear el Fondo de Apoyo Social ante Desastres Naturales (FASDEN), así como el Fondo para la Prevención de Desastres y el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, para que el Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios cuenten con un instrumento que facilite el acceso y la distribución de recursos para apoyar a las personas y familias ante los efectos de los desastres naturales”, agregó la bancada el PAN.

Pidió que se evite a toda costa la discrecionalidad en el reparto de apoyos a estados y municipios, por lo que la propuesta también busca establecer sanciones para quienes hagan mal uso de los recursos o los nieguen por razones de interés político.

“Las y los diputados del PAN estamos conscientes del gran error que significó extinguir el FONDEN, que apoyaba a millones de familias en situaciones derivadas de desastres naturales. No podemos permitir que estas decisiones arbitrarias sigan costando vidas humanas y patrimonios familiares”, remató.

La Cámara de Diputados aprobó la tarde de ayer, en lo general y en lo particular, la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato, que establece mecanismos para llevar a cabo una consulta a la ciudadanía sobre la continuidad del presidente en el cargo.

Tras una discusión de poco más de seis horas, la aprobación de la nueva ley se dio en lo general con 491 votos a favor, uno en contra y una abstención, lo que evidenció que Morena y sus aliados lograron el apoyo del resto de las bancadas.

En lo particular, la situación fue distinta, pues la minuta fue aprobada con 290 votos a favor, 195 en contra y cero abstenciones.

La Cámara de Diputados envió la minuta al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El proyecto, que se aprobó sin cambios al que había avalado el pasado viernes la Cámara de Senadores, confirmó la pregunta a realizar en el ejercicio en marzo de 2022: «¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?».

El proyecto de decreto, que fue considerado de urgente resolución y se sometió a discusión y votación de inmediato, tiene como objetivo: «regular y garantizar el ejercicio del derecho político de las y los ciudadanos a solicitar, participar, ser consultados y votar por la revocación del mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la Presidencia de la República, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible».

Además, se precisó que el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo la organización, desarrollo y cómputo de la votación, incluyendo los consejos y juntas ejecutivas locales y distritales que correspondan.

Se estipula que el proceso de revocación de mandato es un instrumento de participación que tendría que ser solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.

Detalla que procedería únicamente a petición de los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, distribuidas en, al menos, 17 estados, y que representen, como mínimo, el 3% de la lista nominal de electores de cada uno de ellos.

También se apuntó que los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en el proceso de Revocación de Mandato, pero se abstendrán de aplicar los recursos derivados del financiamiento público.

Además, queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de Revocación de Mandato.

Durante la discusión, el diputado del PAN, Ricardo Villarreal García, indicó que era “mañosa” la pregunta que se planteará a la población; indicó que como está ahora, la ley se trataría de un proceso de premio y no de sanción.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa aseveró que su bancada estaba a favor del instrumento que otorga a la ciudadanía el poder revocar un mandato cuando hay excesos y se hagan mal las cosas «siempre y cuando se trate efectivamente de una revocación y no de una ratificación. Democracia participativa sí, simulación no».

El diputado Carlos Iriarte Mercado del PRI señaló que la revocación de mandato atiende a la pluralidad política, pero también legitima el sistema democrático de pesos y contrapesos; y aunque apoyó la minuta, alertó del reto presupuestal que significará para el INE la realización de este ejercicio.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia; con ello se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El documento, al que se consideró de urgente resolución, por lo que se procedió a su inmediata discusión, se avaló en lo general con 273 votos a favor, 220 en contra y cero abstenciones.

Luego diversas horas de discusión, los artículos reservados en términos del decreto y las modificaciones aceptadas por la Asamblea, se avalaron con 266 votos a favor, 205 en contra y ninguna abstención.

Así, decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia se turnó al Senado para sus efectos constitucionales.

Durante la discusión se indicó que el objeto de la ley es regular los sujetos de responsabilidad política en el servicio público, las causas y sanciones en el juicio político, los órganos competentes y el procedimiento en el juicio político, así como del enjuiciamiento penal de las personas servidoras públicas, y los órganos competentes y el procedimiento en materia de responsabilidad penal del Presidente de la República.

Sobre el procedimiento de juicio político, se especifica que sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que la persona servidora pública desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones.

Asimismo, indica que si la resolución dictada en el juicio político es condenatoria, se sancionará a la persona servidora pública con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público desde diez y hasta treinta años.

Sobre la Declaración de Procedencia, el documento refiere que sólo podrá ser instaurado previa solicitud que presente el Ministerio Público ante la Cámara de Diputados cuando se encuentren debidamente cumplidos los requisitos procedimentales para el ejercicio de la acción penal en contra de alguna de las personas servidoras públicas.

Señala que corresponderá a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento relativo al juicio político, actuando como órgano instructor y de acusación, y a la Cámara de Senadores fungir como Jurado de Sentencia.

En cuanto a la Responsabilidad Penal del Presidente de la República, el dictamen indica que durante el tiempo de su encargo podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano.

El procedimiento podrá ser instaurado previa solicitud presentada por el Ministerio Público, cuando se encuentren debidamente cumplidos los requisitos procedimentales para el ejercicio de la acción penal en contra de la persona titular de la Presidencia de la República.

Si el dictamen emitido por la Sección Instructora considera procedente la solicitud del Ministerio Público, la Cámara de Diputados se constituirá en órgano de acusación y, de aprobarlo, continuará el procedimiento ante el Senado de la República.

Recibida la acusación, la Cámara de Senadores sustanciará el procedimiento en términos de lo dispuesto en la Ley hasta erigirse en Jurado de Sentencia, pero en este caso la resolución se orientará a establecer si se encuentra o no acreditada la probable responsabilidad de la persona titular de la Presidencia de la República en la comisión del delito o delitos de que se le acusa, en términos de la legislación penal aplicable.

Si el Jurado de Sentencia encuentra probablemente responsable a la persona titular de la Presidencia de la República, en la sentencia resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Entre las reservas que se presentaron y aprobaron, está que en los procedimientos de juicio político y de declaración de procedencia las sesiones «serán siempre de carácter presencial, estando obligados las y los diputados a estar presentes en ellas».  También se avaló el cambio respecto a que los delitos por los que el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado en el tiempo de su encargo, se hará “respetando siempre el principio de presunción de inocencia».

El tercer cambio avalado fue que para aprobar o no la resolución sobre la probable responsabilidad de la persona titular de la Presidencia de la República en la comisión del delito o delitos de que se le acusa, se requiera la mayoría calificada de las dos terceras partes de las senadoras y senadores presentes.

Sergio Gutiérrez Luna, legislador de Morena, fue elegido este domingo como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, luego de que quedara legalmente constituida, para el primer año de la LXV legislatura, que arrancará el próximo miércoles.

La composición de la nueva mesa directiva fue aprobada con un amplio consenso de 491 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

«Esta mesa directiva será un garante de que fluyan los trabajos parlamentarios, facilitaremos que los acuerdos puedan transitar y se logren las metas que todos tenemos», expresó Gutiérrez tras prestar juramento.

Durante la sesión de este domingo, tomaron posesión los 500 nuevos diputados, 250 mujeres y 250 hombres, que ejercerán durante la primera legislatura plenamente paritaria de nuestro país.

De los 500 diputados, Morena tendrá 198 escaños, mientras que sus aliados del Partido Verde (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) tendrán 43 y 37 respectivamente, con lo que la coalición oficialista sumará 278 escaños.

La coalición opositora tendrá 199 diputados: 114 del Partido Acción Nacional (PAN), 70 del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 15 del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Mientras que Movimiento Ciudadano (MC), no adscrito a ninguno de los dos grupos, ostentará 23 escaños.

Con esto, la coalición de la 4T dominará la mayoría absoluta (250) necesaria para aprobar los presupuestos y otras leyes, pero queda lejos de la mayoría calificada, de dos tercios de la Cámara, para reformar la Constitución. Así, Morena tendrá que negociar con la oposición para aprobar las reformas constitucionales que pretende impulsar López Obrador.

Según se ha informado, el primer objetivo de Morena para el arranque de esta legislatura es aprobar en el Senado y en la Cámara de Diputados la Ley Reglamentaria en Materia de Revocación de Mandato. También los presupuestos para 2022, en los que el gobierno ha prometido que se mantendrá el gasto social sin aumentar impuestos.

Destaca que Morena tendrá la presidencia de la mesa directiva de la Cámara, una vicepresidencia y una secretaría; el PAN y el PRI una vicepresidencia y una secretaría cada uno, y el PVEM, PT, MC y PRD una secretaría cada uno.

Los partidos acordaron rotarse también la dirección de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que coordina el trabajo parlamentario, de modo que el primer año estará en manos del PRI, el segundo de Morena y el tercero del PAN.

En tanto, la hasta hace unos días secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue elegida este domingo como nueva presidenta del Senado para el primer año de la LXV legislatura.

Con 79 votos a favor, 17 en contra y una abstención, los senadores escogieron la nueva mesa directiva de la Cámara alta.

«Me llena de entusiasmo regresar al Senado de la República, en donde siempre me he sentido en casa» expresó tras asumir el cargo Sánchez Cordero, quien dijo que aportará su «experiencia para trabajar desde el diálogo y el consenso».

Aseguró que pondrá todo su «empeño» para que en la nueva legislatura se aprueben «las reformas primordiales para la edificación de un México más justo, más incluyente y más equitativo».

«A mis colegas senadoras, les digo que me incorporo a participar actuando por y para las mujeres de México. Sigamos juntas», dijo esta defensora de los derechos de las mujeres.

El coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, afirmó que en la LXV Legislatura habrá una “megabancada” con el bloque mayoritario, a efectos de avanzar en la agenda de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, el legislador aclaró que la «megabancada» que se conformará no se utilizará para los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados.

“Va a haber una megabancada, sí, para efectos de agenda legislativa, no para efectos de órganos de gobierno”, reiteró en una rueda de prensa.

Detalló que en la reunión con los coordinadores parlamentarios de este jueves se acordó sacar adelante los dictámenes que están bajo resguardo de la Mesa Directiva y después se empezarán a aproximar en la integración de los dos órganos de gobierno: la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política.

“Ya hay pláticas en ese sentido, van por buen camino, dirimidas las diferencias, pero no las convicciones, vamos a trabajar. Yo lo someteré a consideración de nuestros aliados en la coalición: el PVEM y el PT; espero que el día de mañana me reúna con ellos y el sábado ya podamos tener una aproximación y el lunes por la mañana anunciarlo”, detalló.

El legislador fue interrogado sobre si quedaron superados los desencuentros por los señalamientos de la oposición a Morena de ser un narcopartido, a la vez de los suyos de que Morena no iba a ser el payaso de las cachetadas; indicó que “eso ya quedó en el pasado y forma parte de la disputa política normal, natural, que no debe espantarnos, pero a través de la discusión y del debate se pueden llegar a acuerdos”

Sobre si ya no siente un ánimo de revancha de la oposición, aseguró que “no. Ya platicamos. Todos nos queremos mucho, somos amigos. Véanos”.

Por su parte, el diputado Jorge Romero Herrera, coordinador de la bancada del PAN dijo coincidir en que se tiene que dialogar. “Para eso nos paga la gente. Nosotros estamos haciendo nuestra obligación parlamentaria de hablar, por la gente, por construir acuerdos que se tienen que hacer”.

Interrogado sobre si el PAN reclamaría presidir la Jucopo, dijo: “Vamos en una secuencia progresiva, de acuerdos, en los que se está hablando no solamente de los órganos de gobierno, sino de muchos temas más que ya irán surgiendo.

“Respecto a esa disposición de los órganos de gobierno es algo que tenemos que hablar primero todos, después como coalición ‘Va por México’. Estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo por el bien de esta Cámara y de toda la gente”, aseveró.

Cuestionado sobre si el PRI presidirá la Jucopo, el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador de la bancada del PRI para la siguiente Legislatura dijo: “Nosotros estamos ahora platicando y del avance de esas pláticas les informaremos en su momento. Creo que éste es el primer y buen encuentro que tenemos. Tenemos que ver adelante y guardar reserva de lo que estamos discutiendo. No hay un acuerdo.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, adelantó que su partidos presida la Mesa Directiva en el primer año de ejercicio de la LXV Legislatura, que inicia este 1 de septiembre, además de plantearán una estrategia de «megabancada» junto a sus aliados (PVEM y PT) para presidir también la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Morena representa el 40% de los votos de la Junta. La coalición, en su conjunto, representa el 60% de los votos. Tenemos que hacer valer eso, por eso decía que tengo que reunirme con mis compañeros de la coalición para tomar la decisión que convenga al pueblo de México”, sostuvo el morenista en una rueda de prensa que ofreció junto al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

En el marco de su plenaria rumbo a la LXV Legislatura, Mier Velazco enfatizó que sostendrán el compromiso de Morena para encabezar la Mesa Directiva, y después de eso, hasta el día 5 o 6 de septiembre, estará definiéndose lo relativo a la Junta de Coordinación Política.

Con la estrategia que se analiza, se estrían fusionando las bancada de los tres partidos, es decir, los 198 de morena, los 37 diputados del PT y los 43 del PVEM, con lo que se estaría construyendo un solo grupo parlamentario. Sin embargo, llamó la atención que en sus cuentas incluyó a los 23 diputados de Movimiento Ciudadano.

Ignacio Mier señaló que con 300 diputados (301 sumando a los de MC), el bloque tendría el 60% de los escaños, suficiente para presidir los dos órganos de gobierno durante la próxima legislatura.

Recordó que el régimen “de cuotas y de cuates que tenía como soporte el Ramo 23, el ramo de los moches, y toda una estructura paralela en la Cámara, significó un ahorro, sólo en ese capítulo, de más de mil 200 millones de pesos”. Por ello dijo, el bloque de la 4T tiene la convicción de no regresar al esquema de cuotas.

Y es que la Jucupo es quien controla los recursos financieros y las decisiones políticas, en tanto que la Mesa Directiva conduce los trabajos legislativos y su presidente cuenta con la representación legal de la Cámara para la presentación de controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con la ley, sí es posible que diputados de un partido decidan incorporarse al grupo parlamentario de otro partido, para mantener su grupo parlamentario, cada partido deberá contar con cuando menos cinco diputados. No contar con bancada les restaría privilegios, como subvenciones financieras y derecho a integrarse a la Jucopo y a la Mesa Directiva como bancada.

Mier Velazco también resaltó que, durante la reunión plenaria de Morena, ratificarán el compromiso de llevar adelante la plataforma electoral, y de sacar adelante las reformas que permitan consolidar la Cuarta Transformación.

“Fortalecer a la dirigencia de nuestro partido es un compromiso que tenemos y se fortalece cumpliendo, siendo congruentes con la agenda de la Cuarta Transformación”, comentó.

Por su parte, Delgado Carrillo resaltó que entre los primeros temas que va a abordar esta legislatura están la revocación de mandato, así como las reformas en materia eléctrica, de Guardia Nacional y la electoral.

Consideró que se debe impulsar que en la revocación de mandato y consulta popular no exista veda electoral aplicable al presidente Andrés Manuel López Obrador, “no se puede callar al gobierno cuando lo que está en juego es su continuidad”.

Ante el anuncio del coordinador de Morena, las alertas se encendieron en la oposición; el diputado reelecto Rubén Moreira Valdez del PRI consideró que Morena debe reflexionar muy bien sobre su intención de conformar un solo grupo parlamentario, ya que hacerlo sería una mala decisión, y, además, “los mexicanos no determinaron eso”.

El priísta subrayó que debe existir una buena práctica legislativa en la Cámara de Diputados, y reinar la prudencia, el diálogo y el respeto a los derechos de todos.

“Espero que reine la prudencia y podamos sentarnos a trabajar en los temas que requiere México; apelo al buen manejo político de todas y todos para llegar a consensos y acuerdos, a los ciudadanos no les gusta un México de confrontaciones”, expuso.

Apuntó que la presidencia de la Junta de Coordinación Política debe ser rotativa, y la de la Mesa Directiva, elegida por mayoría calificada. También aseveró que a la bancada del PRI le corresponderá presidir la Mesa de Decanos.

En tanto, el próximo coordinador de la bancada del PAN, Jorge Romero Herrera, advirtió que la oposición está lista para reaccionar y actuar conforme a la ley si Morena pretende construir nuevamente una realidad ficticia para presidir además de la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Sostuvo que la ley establece que para presidir la Jucopo, la bancada debe tener la mayoría absoluta y Morena no la tiene, por lo que esta instancia debe ser rotativa y, por ende, le tocaría al PAN, como segunda fuerza política, encabezarla.

Romero Herrera cuestionó que Morena insista, de manera arrogante y soberbia, en burlar la ley y no entender la realidad numérica que la gente les dio, y reiteró que el PAN, PRD y PRI analizarán el plan de acción e incluso invitarán a Movimiento Ciudadano.

“Les puedo asegurar que no venimos en un plan suavecito, si pretenden aterrizar formalmente las cosas tal cual, nosotros ya tenemos nuestros instrumentos para hacer que se cumpla la ley”, aseveró.

Con 381 votos a favor, 24 en contra y 37 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta noche el dictamen que declara la procedencia de la acción penal en contra del diputado Mauricio Toledo, es decir, se le retiró la inmunidad parlamentaria de la que gozaba.

Durante los planteamientos de las partes involucradas, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, Rafael Chong, señaló que el legislador del PT salió del país a finales del mes pasado, específicamente a Chile, el 26 de julio

«En una información que tuvimos de última hora (…) las autoridades migratorias mexicanas nos informan que el diputado Mauricio Toledo abandonó desde hace algunos días, el 26 de julio pasado, el territorio nacional con el destino a la República de Chile (…) Hemos venido ante esta soberanía a presentar argumentos para que le sea retirado el fuero constitucional y para que responda de las imputaciones relacionadas con las acciones y conductas con forma de probable delito con apego a la presunción de inocencia», dijo el Fiscal.

El funcionario consideró que los hechos referidos, en específico la salida del país del diputado, dejan una «sombra de duda» sobre la disposición del diputado de llegar a la verdad.

Sobre su salida del país, el propio Toledo, mediante un comunicado, explicó que salió del país con destino a Chile por compromisos contraídos con anticipación. Además, reiteró que es inocente y dijo que «un simple señalamiento no me hace responsable de nada» y que en su momento presentará las pruebas.

«Como lo he hecho público, soy hijo de padres chilenos y mi salida del país obedece a compromisos contraídos con anticipación», indicó el diputado.

Recordemos que el diputado del Partido del Trabajo es acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, declaró instalado el Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, en el que se discutirá el desafuero de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo.

“La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, hoy, 11 de agosto de 2021, se declara legalmente instalada para funcionar durante el Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, al que fue convocada por la Comisión Permanente”, expresó.

Tras la apertura del periodo extraordinario, la secretaría de la Mesa Directiva dio cuenta de los temas que se abordarán en la sesión, los desafueros de los legisladores, así como un homenaje luctuoso con motivo del fallecimiento de María Elena Chapa Hernández.

Al respecto, se informó esta tarde que el petista, Mauricio Toledo, solicitó licencia como diputado federal.

A través de una carta enviada la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el legislador indicó que aunque cree en la justicia, las condiciones que se imponen a su proceso de desafuero, con autoridades que no garantizan un trato imparcial y justo como lo establecen las leyes, lo llevaron a tomar la decisión de separarse provisionalmente del cargo.

Recordemos que a Manuel Toledo, del Partido del Trabajo (PT), se le acusa del delito de enriquecimiento ilícito, por el cual la Fiscalía capitalina lo busca.

Por otro lado, los padres de uno de los menores presuntamente abusados por el diputado Saúl Huerta acudieron este a las puertas de la Cámara de Diputados para pedir que se le retire la inmunidad parlamentaria, a fin de que pueda ser procesado.

«Esperamos que no sea una cortina de humo y nos sigan mintiendo y solapando», dijo a la prensa la madre, María Guadalupe Lezama, quien consideró que si no se aprueba el desafuero «sería una desilusión de que no se está haciendo justicia».

A Huerta, a quien le fueron retirados sus derechos partidistas en Morena, y se separó del grupo parlamentario, cuenta con dos denuncias por abuso sexual.

La primera, por parte de un adolescente de 15 años, quien aseguró que abusó de él al interior de un hotel en la Ciudad de México; y la segunda, por un adolescente residente de Puebla, estado que el diputado representa.

Ante ambas acusaciones, el diputado ha dicho que todo se trata de «una infamia y una calumnia que se genera desde la mafia del poder» en su contra.

Luego de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión decidiera aprobar un segundo periodo extraordinario de sesiones, en el que se discutirá y resolverá el desafuero del diputado del PT, Mauricio Toledo, quien es acusado de enriquecimiento ilícito, fue el propio legislador quien reiteró ser inocente y acusó a una fracción de Morena de estar detrás de la embestida en su contra.

En una carta pública que compartió a través de sus redes sociales, el petista señaló que el proceso mediante el cual se llegó a que su desafuero se discuta mañana ante el Pleno, ha estado plagado de «irregularidades, falsedades y violaciones» al Estado de Derecho, al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.

«Soy inocente del cargo que se me ha fabricado. No enfrento un juicio de carácter legal, sino un juicio político en donde quién me señala hace uso de los instrumentos legales y de las instituciones encargadas de procurar justicia para consumar su propósito», dijo Toledo.

Acusó que hay un grupo de la fracción mayoritaria en San Lázaro, es decir Morena, que lo hace responsable de sus fracasos electorales durante la jornada del pasado 6 de junio.

Explicó que durante los dos primeros años de la LXIV Legislatura no había acusaciones en su contra, y fue hasta iniciado el proceso electoral, que «echaron a andar su maquinaria»; acusó que en un lapso de tres meses integraron la carpeta y se inició la solicitud de desafuero.

«Manejaron los tiempos a su conveniencia y me usaron como motivo de campaña para obtener candidaturas de su partido. Ahora que los resultados no les beneficiaron, encuentran en mi persona la justificación de sus fracasos, aunque pueda parecer absurdo. Pero hasta de eso me declaro inocente», añadió el también experredista.

Preció que mientras en un juicio justo y con autoridades imparciales, existen los instrumentos de defensa para hacer valer el debido proceso y la presunción de inocencia, en su caso, por razones políticas, es víctima de un juicio sumario en donde el simple señalamiento es suficiente para determinar la sentencia.

Aseguró que quienes lo señalan y dirigen el proceso en su contra, se ocupan en cómo culminar el proceso en la Cámara de Diputados, mientras dejan a un lado temas de mayor trascendencia para los capitalinos, como el caso de la tercera ola por COVID-19, o lo sucedido en la Línea 12 del metro. Dijo que se ha usado su caso como pantalla para diluir presuntas conductas ilícitas de las que es ajeno.

Mauricio Toledo remató asegurando que no teme enfrentar la justicia, siempre y cuando ésta se aplique, aunque dijo, en su caso, «no hay espacio para ello».

«Apelo al buen juicio de mis compañeras y compañeras legisladores y a su conciencia para evitar sentar un mal precedente que más adelante podamos lamentar por no detenerlo a tiempo», sostuvo Toledo, al señalar que muchos diputados y diputadas, saben o vivieron la persecución política en la pasada legislatura.

Finalizó haciendo responsable a las autoridades de la CDMX de la integridad de su familia, que denunció, ha sido víctima de la persecución política que hay en su contra.

Esta tarde también se informó que la jueza Novena de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, Dinorah Hernández, consideró improcedente la demanda de amparo que Toledo presentó, el cual buscara detener el proceso de desafuero en su contra.

«Los actos reclamados por el promovente derivan de las atribuciones conferidas en la Constitución en exclusiva a la Cámara de Diputados, contra la cual, no procede el juicio de amparo, incluso aquellas realizadas por la Sección Instructora, por lo que los actos realizados de conformidad con las funciones que le fueron otorgadas Constitucionalmente no pueden ser materia del mencionado juicio», indicó la jueza.