Tag

diputados

Browsing
En redes sociales comenzó a circular un oficio atribuido al diputado de Morena, Edelmiro Santiago Santos, en el que informa a su coordinador parlamentario, Ignacio Mier Velazco, sobre una iniciativa de reforma que estaría presentando para nacionalizar las Afores.
Cargador Cargando...
Logotipo de EAD ¿Tarda demasiado?

Recargar Recargar el documento
| Abrir Abrir en una nueva pestaña

El documento indicaba que el hecho de buscar nacionalizar las afores de los más de 30 millones de trabajadores mexicanos sería para financiar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la construcción del Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, así como los proyectos sociales del gobierno federal.

«Solicito su apoyo porque no podemos dejar que pase más tiempo, los grandes proyectos de esta administración lo requieren y lo amerita. Los recursos que se tenían se han ido agotando y no es posible consolidar la voluntad del pueblo mexicano que fue vertida, históricamente, en las urnas en la pasada elección del 2018», indica el texto.

Santos Díaz asegura, de acuerdo al texto filtrado, que es importante «prepararse» pues si la alianza ‘Juntos Haremos Historia’ no logra conservar la mayoría en las elecciones del próximo 6 de junio, el tiempo se les agotará para poder llevar a cabo los cambios legislativos que están pendientes.

Incluso advierte que de sufrir una derrota en las urnas, se estaría convocando a un periodo extraordinario de sesiones, en el que se discutirían reformas como la Hacendaria y la del sistema de pensiones que plantea.

El oficio atribuido al diputado Santos Díaz está fechado el 30 de abril, aunque es hasta ahora que se difundió en redes sociales.

Rápidamente, el diputado de Morena salió a desmentir la autenticidad de dicho oficio, y aunque dijo que el documento era falso, no negó lo expresado en el texto. «No caigamos en las noticias falsas ni en la desinformación», escribió el morenista.

Por su parte el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, también ocupó sus redes sociales para asegurar que el oficio es falso, alertando que incluso la firma que se muestra en él no corresponde a la del legislador.

Aclaró que la bancada de Morena no acompañará una nueva iniciativa que pretenda una nueva reforma al sistema de pensiones, esto debido a que la reforma sobre Afores que el país y las y los trabajadores necesitan fue aprobada en diciembre pasado.

La diputada del PRI, Dulce María Sauri, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, a que se investigue y aclare, de manera pronta y expedita, el derrumbe ocurrido en la Línea 12 del Metro.

La propuesta busca que se finquen las responsabilidades conducentes a los funcionarios y exfuncionarios por su posible responsabilidad en las fallas que ha presentado el servicio.

En el punto de acuerdo también se solicita a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a que destituya a la titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, debido a las fallas recurrentes que se han presentado durante su gestión.

«Esta es la mayor tragedia sucedida en la historia de la capital del país, desde el terremoto de 2017; sólo que esta vez no fue un desastre natural, sino un accidente por el fallo de una estructura», dijo la diputada.

La propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

Adicional, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, la senadora Kenia López Rabadán presentó un punto de acuerdo para crear una comisión especial plural que investigue, de manera objetiva, lo sucedido en la línea 12 del Metro.

También propuso la comparecencia del ex jefe de gobierno y actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que explique los señalamientos que se han hecho a la construcción de esa obra.

La legisladora expuso que en la construcción de la línea 12 hubo “peculado, pagos indebidos, retrasos en la entrega, fraude, tráfico de influencias, uso indebido del ejercicio público y desvío de recursos”.

Sin embargo, con 13 votos a favor y 20 en contra, los legisladores de Morena y bancadas aliadas frenaron la propuesta, al considerar que es «carroñera» y no es un tema de «urgente y obvia resolución».

La Cámara de Diputados aprobó este viernes el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, luego de la solicitud que presentara la Fiscalía General de la República (FGR) que lo acusa de supuestos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

El debate se extendió por más de seis horas y marcó el cierre del período de sesiones ordinarias. El proceso fue aprobado con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones.

«La Cámara de Diputados hace la siguiente declaratoria: ha lugar a proceder en contra del gobernador del estado de Tamaulipas, ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca», dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri. «Comuníquese la presente resolución», se indicó en el texto final.

Con esto, se remite dicha solicitud al Congreso de Tamaulipas, que también deberá analizar y someter a votación el desafuero de García Cabeza de Vaca. A nivel local es el PAN quien tiene mayoría legislativa.

El mandatario estatal fue desaforado únicamente por el delito de defraudación fiscal equiparada, mientras que los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita no fueron acreditados.

Cabeza de Vaca, que culminaría su sexenio el próximo año, ha rechazado los cargos; mientras el PAN y otras organizaciones han llamado al respetar la ley y la Constitución, calificando el proceso como un «abuso de poder».

Frente a una gran pancarta que decía «¡basta de persecución política! ¡Alto al uso electoral de la justicia», que levantaron congresistas opositores en medio del salón de debates, el coordinador de la bancada del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que la motivación del proceso «no es el combate a la corrupción» sino la «urgencia de incrementar distractores » de cara a las elecciones de junio próximo.

A los cuestionamiento se sumó también la diputada del PAN, Adriana Dávila, quien acusó, sin mostrar pruebas, al mandatario Andrés Manuel López Obrador de haber ordenado la investigación de la Fiscalía, y afirmó que la acción contra García Cabeza de Vaca era una «venganza» del mandatario..

Por su parte, el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez, negó los señalamientos de los opositores de que el proceso contra García Cabeza de Vaca respondía a una maniobra del gobierno, e indicó que su grupo parlamentario será recordado por impulsar acciones para hacer frente a un «estado fallido, un narcoestado», en referencia a Tamulipas.

A la discusión en la Cámara de Diputados no acudió García Cabeza de Vaca, mientras que su representación legal, el abogado Alonso Aguilar Zínser, se presentó vía remota, ya que la sesión fue semipresencial.

Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR investigaba al gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

En un video publicado en sus redes sociales, el gobernador indicó que con la aprobación de su desafuero, Morena consuma un nuevo golpe a la Constitución, a la democracia y al federalismo. «Es a todas luces un linchamiento político y penal orquestado desde el gobierno», dijo el mandatario estatal.

Advirtió que la ley en México vive «días oscuros», pues no parece haber más justicia que la revancha de unos cuantos.

«Sé que mi suerte se decidió hace mucho tiempo; mucho antes de qué se me acusara, justo desde el momento en que alce la voz para defender los intereses de las y los tamaulipecos (…) el odio al adversario, al que piensa diferente, se ha convertido en política pública de este gobierno federal».

«Es claro que cuando hay consigna ninguna prueba o razonamiento jurídico es suficiente para que impere la verdad y la razón. Y es que en este desafuero no es una causa de justicia, sino una venganza política; el uso sucio de las instituciones del gobierno federal», sostuvo el panista.

Señaló concretamente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de ser utilizada para inventar delitos y fabricar culpables que puedan distraer la atención de los malos resultados que ha dado el gobierno federal.

La Sección Instructora de la Cámara mexicana de Diputados aprobó enviar al Pleno la solicitud de desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas quien es acusado de corrupción.

Luego de varias horas de discusión, la decisión fue aprobada con tres votos a favor y uno en contra.

Con esta resolución, el Congreso procederá al juicio político para que García Cabeza de Vaca afronte la denuncia de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo señala por los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.

Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al gobernador panista tras obtener audios de llamadas telefónicas conseguidas por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

García Cabeza de Vaca ha denunciado persecución política en su contra. La semana pasada se reveló que pagó 100,000 dólares a la firma de abogados Gerger Hennessy & McFarlane, de Estados Unidos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha informado que Cabeza de Vaca presuntamente recibió 14.3 millones de pesos de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo los recursos de dos empresas fantasma que sirvieron al Cártel de Sinaloa para «lavar dinero».

Dicho dinero sirvió para comprar un departamento en Bosques de Santa Fe, en la Ciudad de México, con un valor de 42 millones de pesos. La UIF también ha detectado tres ranchos y una casa en Tamaulipas, así como 20 propiedades en Texas, Estados Unidos, vinculadas a Cabeza de Vaca a través de empresas, familiares y socios.

Ahora, los diputados analizarán la declaración de procedencia para después convertirse en jurados el próximo viernes, donde escuchará a las partes y votará por el desafuero definitivo del gobernador, quien termina su periodo en 2022.

Y aunque Morena tiene la mayoría absoluta en la Cámara Baja, la ley establece que después deben enviar la solicitud al Congreso de Tamaulipas, donde el PAN tiene mayoría.

Y aunque la Cámara de Diputados también recibió la petición de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México para desaforar al diputado de Morena, Saúl Huerta, acusado de abusar de un menor de edad hace una semana en un hotel de la capital, se argumentó que «no hay tiempo» para procesar la petición en este periodo, por lo que se aplazara para el siguiente periodo legislativo.

El diputado acumula dos denuncias, una presentada por el joven de 15 años en cuestión y otra de un adolescente de Puebla.

«Estaría muy bien, pero eso no es asunto que dependa de la Sección Instructora, mucho menos de la Cámara, depende de la Comisión Permanente del Congreso y es a dos tercios, y ninguna fuerza tiene dos tercios, así que bueno, hagan las interpretaciones políticas», comentó en rueda de prensa el diputado Pablo Gómez.

Otros trámites de desafuero que están vigentes en la Cámara de Diputados también fueron «congelados» por el bloque de la 4T. Los otros juicios son contra Mauricio Toledo; el del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara.

Del mismo modo, la Sección Instructora rechazó también la procedencia del desafuero contra el senador de Morena Cruz Pérez Cuéllar, quien enfrenta acusaciones de la Fiscalía General de Chihuahua por cobrar en la “nómina secreta” del exgobernador César Duarte.

Además de haber confirmado el retiro de las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)confirmó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) por el que se estable el mecanismo para la asignación de las curules de representación proporcional en la Cámara de Diputados.

Dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos, y de acuerdo a lo planteado por el INE, se busca evitar prácticas que pretendan evadir los límites constitucionales de sobrerrepresentación de los partidos, situación a la que recurrieron Morena y aliados en el actual periodo legislativo.

Las magistradas y los magistrados determinaron que, tras las elecciones del 6 de junio, la Cámara de Diputados informe al TEPJF y al INE, si en la configuración de las fracciones parlamentarias se respetaron los límites de sobrerrepresentación.

La Sala Superior determinó como infundados e inoperantes los alegatos del Partido Encuentro Solidario (PES); PAN y Morena contra la inclusión de la figura de “afiliación efectiva” para los partidos que contiendan en alianza o coalición con otro, con la que se busca que quienes sean postulados por un partido político acrediten su militancia en éste y que no haya “préstamo” de candidatos de un partido mayoritario a uno minoritario.

El Pleno de la Sala Superior coincidió en que las determinaciones del INE solamente buscan garantizar un límite a la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

En la sentencia se recuerda el diseño normativo constitucional que establece que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de la votación nacional emitida.

La Sala Superior estimó que la determinación del INE no vulnera los derechos político-electorales de los candidatos, además de que el acuerdo no fue emitido de manera extemporánea, como argumentaban los partidos del bloque de la 4T. Además, señalaron, no modifica ni transgrede alguna situación que afecte a las coaliciones o los partidos.

«Sólo busca salvaguardar la pluralidad legislativa y no supeditarla a acuerdos previos por parte de los partidos Tampoco se afecta la certeza en materia electoral, porque los convenios de coalición están relacionados con la etapa de preparación de la elección, y el acuerdo del INE está vinculado con la etapa de resultados y validez de la elección», resolvieron los magistrados del Tribunal.

La Cámara de Diputados aprobó este viernes, en lo general y en lo particular, las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, en la que se incluye el artículo transitorio que amplía por dos años el periodo del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

Los diputados aprobaron la reforma en lo general por 260 votos a favor, 167 en contra y 2 abstenciones, apoyada por el bloque de la Cuarta Transformación (Morena, PT, PES y PVEM). En lo particular fue aprobada con 262 votos a favor, 182 en contra y 7 abstenciones.

El dictamen aprobado señala que la finalidad de los cambios es que en el Poder Judicial de la Federación se comiencen a adoptar políticas internas en la línea de combate a la corrupción y al nepotismo, fortalecimiento de la carrera judicial, capacitación de personal, así como mejoramiento del servicio de defensoría pública, con el objetivo de elevar la calidad de la impartición de justicia y hacerla accesible para todos los mexicanos.

El Artículo Décimo Tercero Transitorio, que es el que ha causado toda la polémica y rechazo, indica que con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de marzo de 2021, la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024.

El pasado 16 de abril, el presidente López Obrador dijo estar de acuerdo con la reforma al señalar que hay «vicios y nepotismo» en el Poder Judicial y que Zaldívar es un hombre «íntegro». «Pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial estoy de acuerdo, pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores», dijo entonces el mandatario.

Sin embargo, el cambio a la ley generó un amplio rechazo entre especialistas jurídicos, analistas e incluso entre miembros del partido gobernante, Morena.

Consideremos que el artículo 97 de la Constitución establece que la presidencia de la SCJN durará cuatro años sin reelección.

«El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, no puede guardar silencio frente a una violación patética de la Constitución que lleva su nombre para la historia», dijo en Twitter Porfirio Muñoz Ledo. «Está obligado a deslindarse ya del Ejecutivo que lo declara como un juez a modo e infama a todos los miembros de la corte calificándolos de incompetentes», agregó.

Zaldívar no se ha pronunciado al respecto, aunque el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dijo en un comunicado que el artículo que amplía el mandato del ministro no fue solicitado por el Poder Judicial. El CJF dijo que esperaría a que concluyera el proceso legislativo en la Cámara de Diputados para pronunciarse al respecto.

El ministro presidente llegó a la Suprema Corte en 2009, nombrado por el entonces presidente Felipe Calderón, rival político de López Obrador, pero ahora se ha mostrado cercano al actual presidente, a quien incluso ha acompañado en eventos de obras públicas.

Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) han advertido de riesgos para la independencia del poder judicial en México. Lo mismo han hecho cámaras empresariales y asociaciones de jueces.

Morena se une una vez más a su aliado político, el Partido del Trabajo (PT), para iniciar un proceso de juicio político contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, ya que consideran que han puesto en grave riesgo el desempeño de la función electoral.

El pasado 25 de enero el PT, a través del diputado Gerardo Fernández Noroña, se lanzó en contra los consejeros del INE y anunció el inicio del proceso para someterlos a juicio político al asegurar que violaron el artículo 41 Constitucional en el que se establece que el INE es un organismo conducido por un Consejo General que debe apegarse a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Ahora, ante las sanciones que el INE ratificó en contra de los candidatos de Morena, especialmente contra Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, la bancada de Morena aseguró que apoyará la iniciativa.

Ignacio Mier, coordinador parlamentario de Morena indicó que ambos consejeros no han brindado certeza a los participantes de la contienda electoral, han sido promotores de modificaciones al marco electoral una vez que éste ha iniciado, por lo que sigue en duda su independencia de los partidos políticos que en su momento los promovieron como consejeros.

Aseguran que cometieron violaciones a los principios del artículo 41 y a la proporcionalidad que señala el 22 de la Constitución, que establece que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

Mier Velazco refirió que la propuesta se fundamenta en el artículo 109 de la constitución y en la ley de responsabilidades que especifica como motivos de juicio político, entre otras causales: el ataque a las instituciones democráticas; ataque a la libertad de sufragio; la usurpación de atribuciones; cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.

“Corresponderá a esta Cámara de Diputados valorar si los consejeros Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba han faltado a su objetividad y, en su caso, mantienen su simpatía con las fuerzas políticas conservadores a las que se enfrenta la Cuarta Transformación. Entre las facultades que tenemos como Cámara de Diputados está resolver esta solicitud de juicio político, se respete la Constitución, les destituya y/o inhabilitar para, como lo marca la Constitución”.

Aprovecharon la situación para señalar que los consejeros siguen amparados para no cumplir con lo que ordena la Constitución respecto a que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la República. Recordó que Lorenzo Córdova ha promovido desde 2019, a nombre del INE, amparos para impugnar el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados, que implica una reducción a su salario.

“Es un insulto para el pueblo de México y una violación a la Constitución que estos consejeros cobren casi 180 mil pesos mensuales. Exigen respetar la ley, pero cuando no les conviene, se amparan y hacen hasta lo imposible por mantener sus privilegios y excesos salariales”, criticó.

Afirmó que eso por sí solo representa una franca violación a la Constitución, por lo que confiaron que basados en dicha acusación la solicitud de juicio político avanzará en la Cámara de Diputados.

Además, Ignacio Mier insistió en que ambos consejeros han emprendido una campaña en contra de Morena, «por fobias y una miopía constante»; dijo que modificaron a la mitad del proceso electoral los acuerdos que ellos mismos propusieron en torno al reporte de gastos de precampaña y alteraron las reglas de las coaliciones y de la asignación de diputados de representación proporcional.

Sobre el caso de los candidatos de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, se informó que el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, presentó ayer una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en contra de las sanciones impuestas por la autoridad electoral.

Gutiérrez Luna entregó la demanda confiado en que obtendrán un fallo favorable de la Sala Superior del TEPJF, y así se devuelvan las candidaturas a ambos morenistas.

Aun cuando el TEPJF no tiene un plazo fatal para resolver la impugnación, el representante de Morena dijo que ésta tendrá que darse en el menor tiempo posible, dado que la campaña en Guerrero inició el 5 de marzo y en Michoacán el 4 de abril, y debido a que el tiempo sigue corriendo rumbo a la jornada electoral del próximo domingo 6 de junio, los candidatos de Morena estarían en desventaja.

Salgado Macedonio y Raúl Morón fueron sancionados por no entregar sus informes de gastos de precampaña. En el caso del «Toro», el INE informó sobre la identificación de 8 publicaciones en Facebook sin pauta con un costo de $19,872 pesos, mientras que en el caso de Michoacán se identificaron 14 carteles publicitarios, 2 banners y 2 publicaciones en Facebook sin pauta con un costo total de $12,306 pesos.

Morena alega que dichos gastos no podrían incidir en el voto del electorado de 3 y 4 millones de ciudadanos respectivamente.

Si hoy fueran las elecciones para diputados federales, Morena obtendría el 45% de los votos, seguido del PRI con 18% y el PAN con el 17% de las preferencias, esto según la más reciente encuesta del diario Reforma.

El PRD, PVEM e independientes se llevarían el 4% de los votos. MC y el PT obtendrían el 3%. PES y Fuerza por México el 1%, mientras que RSP registra 0%.

El porcentaje que presenta la encuesta de Reforma es el correspondiente a la preferencia efectiva, es decir, no se considera el 24% que no declaró preferencia.

Al preguntar qué es mejor para el país: que Morena conserve el control de la Cámara de Diputados y así apoye al presidente, o que la oposición tenga el control y limite la actuación del mandatario, el 49% de los encuestados indicó que es mejor que Morena conserve el control, mientras que 38% apoyó que sea la oposición.

Sobre los temas que influirán al momento de emitir el voto, los entrevistado mencionaron que será la economía (45%), la inseguridad (33%) y el manejo de la pandemia (19%).

Al ser la economía el principal factor que influirá, se preguntó cómo valorarían la situación, a lo que el 47% respondió que ha empeorado en los últimos 12 meses; 27% indicó que sigue igual y 25% señaló que ha mejorado. Sin embargo, el 56% señala como responsable de dicha situación a la pandemia, y solo un 29% apunta al presidente López Obrador. El 10% dice que el responsable es la autoridad estatal.

Sobre ello, la aprobación del presidente se mantiene en 63%, dos puntos porcentuales más que en diciembre pasado; su desaprobación bajó cuatro puntos, al pasar del 37% al 33% en el mismo periodo.

En cuanto a la vacunación contra el COVID-19, la mayoría de los consultados califican positivamente el proceso: 72% cree que es correcta, 65% honesta y 46% rápida.

Tras cerca de 12 horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Hidrocarburos, que según el planteamiento del gobierno federal, busca fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y combatir el robo de combustibles.

El dictamen aprobado deriva de una iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió a la Cámara de Diputados el pasado 26 de marzo.

Con lo aprobado, se actualiza y regula el almacenamiento mínimo de petrolíferos. «También, robustece el marco jurídico en materia de contrabando de combustibles, y suspensión de permisos por peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional», indicó el comunicado.

Además, se incluye como causal de revocación de permisos emitidos por la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía, el contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y que haya sido así determinado por resolución firme de autoridad competente.

Incorpora la posibilidad de que las autoridades puedan llevar a cabo la suspensión de los permisos que emitieron, «a fin de garantizar los intereses de la nación y dejar a salvo los derechos de terceros».

Morena y partidos aliados defienden que la iniciativa tiene como eje central devolver a Pemex un mayor control de precios y llevar a cabo cambios en la transportación, distribución, comercialización, venta y almacenamiento de combustibles.

El diputado de Morena, Diego Eduardo Del Bosque Villarreal, afirmó que la reforma ayudará a recuperar la soberanía energética. “La política energética neoliberal ha sido un auténtico pillaje y nos ha llevado al fracaso; somos un país petrolero y a pesar de eso tenemos cifras alarmantes de importación de gasolina».

Sin embargo, la oposición consideró que el dictamen sepulta todo intento y esfuerzo de tener un sector energético competitivo, sostenible, sustentable y la atracción de inversiones, y pone en riesgo a los pequeños y medianos empresarios que no cuentan con la capacidad de almacenamiento.

El diputado del PAN, Marco Antonio Adame Castillo, mencionó que la iniciativa genera incertidumbre jurídica, monopolios estatales, aumento de precios y ahuyentará las inversiones en el sector energético.

Por el PRI, la diputada Soraya Pérez Munguía indicó que el dictamen es inconstitucional; busca expropiar los recursos e instalaciones de empresas privadas que participan en el mercado de hidrocarburos de manera desproporcionada; podría resultar en el incremento de los precios de los bienes y servicios ofrecidos, con impacto en el poder de compra de los consumidores, aumento de costos y pérdidas de competitividad de las empresas.

De la misma manera que la Ley de la Industria Eléctrica, suspendida judicialmente, esta normativa ha recibido críticas de la oposición, del sector empresarial y de analistas que consideran que es inconstitucional y abre la puerta a la expropiación.

«Esta propuesta de reforma busca desplazar al sector privado que participa en dichas actividades al correr el riesgo de la expropiación de sus instalaciones bajo criterios poco transparentes como el de seguridad nacional, seguridad energética y afectaciones a la economía nacional», denunció en días pasado el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Mientras que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advirtió este miércoles que dicha ley podía afectar la competencia al no dar suficiente «certidumbre» a las empresas públicas y privadas.

El dictamen fue remitido al Senado para su discusión y eventual aprobación.

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen sobre subcontratación laboral, el llamado outsourcing, una propuesta legislativa acordada entre el gobierno federal y los empresarios tras meses de negociaciones.

El documento reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, entre otros puntos.

Con 348 votos a favor, 77 en contra y 32 abstenciones fue aprobado el dictamen que fue remitido al Senado para sus efectos constitucionales.

Entre lo aprobado por la Cámara de Diputados, se prohíbe la subcontratación de personal, para lo cual se derogan las disposiciones que actualmente prevén alguna regulación. También diferencia la subcontratación de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante.

Establece que la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante contrato por escrito. Además, indica que las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

«Menciona que al patrón que no permita la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo ordenen en su establecimiento se le notificará por instructivo para que comparezca a exhibir toda la información requerida, apercibido que de no hacerlo se presumirá que no cuenta con ella», se señala en el texto.

Durante la discusión del dictamen, la diputada del PAN, María Cristina Castillo Espinosa, dijo estar a favor de que las y los trabajadores tengan acceso a seguridad social, y de que no existiera engaño con fines de simulación fiscal; sin embargo, alertó que el dictamen fue apresurado y no logró consenso entre los que serán los afectados directos, además de que implica un daño al país, pues aumentará la informalidad; no genera inversión y ni desarrolla fuentes de trabajo.

Por parte del PRI, el diputado Carlos Pavón Campos expresó que el dictamen, lejos de beneficiar a las y los trabajadores, los perjudica al establecer topes máximos de tres meses del reparto de utilidades cuando en muchas ocasiones perciben más que eso; advirtió que beneficia únicamente a las empresas, ya que traerá más inseguridad e informalidad laboral por no cumplir con lo que se tiene que cumplir. «Es meramente recaudatoria», dijo.

Recordemos que el pasado 5 de abril, el gobierno federal, los líderes empresariales y los sindicatos cerraron un acuerdo que limitaba la subcontratación laboral en el país y modificaba el reparto de utilidades para los trabajadores después de tres meses de negociaciones.

La subcontratación fue retomada por López Obrador, quien a finales del año pasado anunció su intención de desaparecer el outsourcing al considerarlo un abuso en contra de los trabajadores, aunque finalmente se acordó regularla en lugar de prohibirla.

Previo a la pandemia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reportó la existencia de 6,000 empresas que se dedican a la «subcontratación abusiva» y de 5 millones de trabajadores bajo el esquema de «outsourcing».

Tras 15 horas de discusión, entrada la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, el dictamen a la minuta por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y que reforma la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.

El documento que se devolvió al Senado de la República para sus efectos constitucionales, fue aprobado en lo particular, por 250 votos a favor, 163 en contra y 14 abstenciones.

Se aceptó la reserva que presentó el diputado de Morena Javier Hidalgo, relativa al “consumo problemático” que cita: “el uso de cannabis psicoactivo que provoque problemas graves a la salud de las personas”, se adicione, “incluyendo la adicción, el abuso, la intoxicación y el uso nocivo, o problemas graves en su desenvolvimiento en el entorno social”.

También, se aceptó la reserva del diputado del PRD, Víctor Aguilar Espinosa, para modificar el artículo 8, a fin de estipular que este ordenamiento fomentará el bienestar de la población y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y se suprime del párrafo “por ende las políticas, planes, lineamientos y programas empleados por el Gobierno Federal buscarán la seguridad, prosperidad y bienestar”.

A propuesta de diputados del PRI, se eliminó el carácter vinculante de las opiniones de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) y que sea exclusivamente la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) la instancia facultada para emitir las licencias relativas al aprovechamiento industrial del cáñamo.

Otra reserva que aceptó el Pleno fue la del diputado de Morena Sebastián Aguilera Brenes para modificar el párrafo sexto del artículo 29, para estipular que se prohibirá la reconversión de terrenos con vocación forestal a la producción del cannabis, así Conadic y Sader se encargarán de minimizar el impacto del uso de suelo en los principales tipos de vegetación presentes en los estados para no interferir así en sus actividades esenciales.

En el artículo 41, se aceptó la reserva que armonizar la ley bajo el concepto de “consumo problemático”. El cambio precisa que “Conadic coordinará las campañas contra el consumo problemático del cannabis y desarrollará acciones permanentes para disuadir y evitar su consumo por parte de menores de edad y grupos vulnerables”.

También se aceptó la reserva al artículo 43, para señalar que el incumplimiento a los preceptos de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, sus reglamentos y demás disposiciones que emanen de ella, serán sancionados administrativamente por las autoridades competentes, de conformidad con lo establecido en esta Ley, y se incluyen las leyes Federal de Variedades Vegetales y la General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental.

De igual modo, se aceptó la reserva para aumentar la pena de 3 a 4 años de prisión y de 80 a cien días multa a quien posea cannabis psicoactivo sin la autorización correspondiente.

El Pleno aceptó la reserva al artículo 198 bis del Código Penal Federal, para quedar: “Se sancionará con pena de tres a siete años de prisión y de ochenta a trescientos días multa, y se aplicará pena de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días multa a quien posea cannabis psicoactivo con la finalidad de cometer las conductas establecidas en la fracción anterior”.

Fue en este punto donde la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, aseguró que al aumentar las penas  quedaba comprobado una vez más que se penaliza la posesión para consumo.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, el cual implica cambios en la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. La aprobación se dio con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones.

El dictamen señala que la Ley Federal para la Regulación del Cannabis tiene por objeto la regulación de la producción y comercialización del cannabis y sus derivados, bajo el enfoque de libre desarrollo de la personalidad, salud pública y respeto a los derechos humanos.

Se regula almacenar, aprovechar, comercializar, consumir, cosechar, cultivar, distribuir, empaquetar, etiquetar, exportar, importar, investigar, patrocinar, plantar, portar, tener o poseer; preparar, producir, promover, publicitar, sembrar, transformar, transportar, suministrar, vender, y adquirir bajo cualquier título la cannabis.

En el caso de los usos medicinal, paliativo, farmacéutico, o para la producción de cosméticos, así como el uso científico para dichos fines, se estará a lo dispuesto por la Ley General de Salud y demás normatividad aplicable.

Indica que corresponderá al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) y demás autoridades competentes, el control y la regulación de los actos regulados correspondientes.

Subraya que la producción del cannabis y sus derivados tendrá los siguientes fines. Autoconsumo: Producción en casa habitación para uso personal con fines lúdicos y producción por asociaciones de cannabis para consumo por los asociados para uso lúdico; producción para la comercialización y venta con fines lúdicos; producción con fines de investigación, y producción de cáñamo para fines industriales.

Se establece que es derecho de las personas mayores de dieciocho años consumir cannabis psicoactivo. El consumo deberá realizarse sin afectar a terceros, especialmente a personas menores de edad. Queda prohibido el consumo de cannabis en lugares denominados como “100% libres de humo de tabaco”, así como en las escuelas, públicas y privadas, de cualquier nivel educativo.

El dictamen también menciona que la venta del cannabis psicoactivo y sus derivados para uso lúdico se realizará exclusivamente dentro del territorio nacional, en los establecimientos autorizados por la Comisión en los términos de la presente Ley.

También queda prohibido el empleo de menores de 18 años en cualquier actividad relacionada con la producción, venta y consumo de cannabis. Asimismo, queda prohibida la realización de todo acto de promoción y propaganda de la producción y el consumo del cannabis en cualquiera de sus presentaciones.

La ley señala que, previo otorgamiento del permiso correspondiente por parte de la Conadic, cualquier persona mayor de 18 años podrá cultivar y poseer en su lugar de residencia habitual hasta seis plantas de cannabis exclusivamente para su consumo personal con fines lúdicos. Las plantas deberán permanecer en la vivienda o casa habitación autorizada. Donde residan más de una persona consumidora mayor de 18 años, el número de plantas será de un máximo de ocho.

Se añade que previo otorgamiento del permiso correspondiente por la Conadic, las personas mayores de 18 años podrán constituir asociaciones de cannabis, sin fines de lucro, para cultivar y poseer plantas de cannabis psicoactivo para consumo de los asociados con fines lúdicos. Las asociaciones deberán constituirse con un mínimo de dos y un máximo de 20 personas mayores de edad.

También se precisa que toda persona que produzca o distribuya cannabis y sus derivados para su comercialización y venta con fines lúdicos requerirá una licencia. Las licencias otorgarán el derecho de realizar las actividades de la cadena productiva del cannabis y sus derivados para su venta, en los establecimientos autorizados, con fines lúdicos a mayores de 18 años.

Sobre las licencias para la producción de cannabis, se establecen seis tipos: Integrales, las cuales permitirán la realización de todas las actividades de la cadena productiva del cannabis, desde el cultivo hasta la comercialización y venta al usuario final; con fines solamente de producción, las cuales permitirán a sus titulares el cultivo del cannabis en las áreas especificadas en la licencia.

Además, con fines de distribución, las cuales permitirán a sus titulares la adquisición de cannabis a un productor autorizado, con fines de venta a un comercializador autorizado; con fines de venta al usuario final, la cual permitirán a sus titulares adquirir cannabis a un licenciatario de distribución para su venta final en establecimientos autorizados.

Del mismo modo, con fines de producción o comercialización de productos derivados, las cuales permitirán a sus titulares comprar cannabis a un productor autorizado a fin de transformarla en productos para su venta al usuario final.

El documento destaca que la Secretaría de Salud, a través de la Conadic, ejercerá la rectoría sobre la cadena productiva del cannabis psicoactivo y sus derivados, y su consumo.

En cuanto a las infracciones y sanciones, se establece que en aquellos casos en los que una persona esté en posesión de más de 28 gramos y hasta 200 gramos de cannabis, sin las autorizaciones a que se refieren la Ley y la Ley General de Salud, será remitido a la autoridad administrativa competente y en su caso, la sanción será una multa de entre 60 a 120 veces el valor diario de la UMA.

Además, queda prohibido vender al público cualquier producto, distinto al cannabis o sus derivados, para su consumo dentro de los establecimientos autorizados para la venta de cannabis, a quien lo incumpla se sancionará con una multa de 500 hasta 3000 veces el valor diario de la UMA, la cual se duplicará en caso de reincidencia, previo apercibimiento de tal sanción.

Se sancionará con una multa de 60 a 300 veces el valor diario de la UMA a quien consuma cannabis psicoactivo en lugares o establecimientos no autorizados por la Comisión.

En cuanto a la Ley General de Salud se modifican y adicionan diversos artículos para hacer referencia de que tratándose de cannabis se estará a lo dispuesto por la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Se incorpora a la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato, el cannabis Sativa, Índica o Mariguana con 28 gramos.

Se establece que tratándose del cannabis psicoactivo el límite superior será el equivalente a 200 veces lo permitido en la tabla, es decir 5.6 kilogramos.

Señala que se impondrá prisión de uno a tres años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa, a quien sin la autorización prevista en la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, comercie o suministre, aun gratuitamente cannabis psicoactivo en cantidad que sea superior a 200 gramos e inferior la que resulte de multiplicar por 200 la cantidad señalada en la tabla del artículo 479 (5.6 Kg). Cuando la cantidad sea superior, se impondrá una pena de cinco a 15 años

Indica que se impondrá una pena de prisión de tres a siete años y de 80 a 300 días multa, al que posea cannabis psicoactivo, cuando la cantidad de que se trate sea superior a 5.6 kilos e inferior a 14 kilos y cuando esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o suministrarlos, aun gratuitamente.

El dictamen también modifica el Código Penal Federal. Se establece que a quien produzca, transporte, trafique, comercie o suministre, aun gratuitamente, sin la autorización a que se refieren la Ley General de Salud o la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, se impondrá una pena de cinco a quince años, siempre que la cantidad sea superior a cinco kilos seiscientos gramos.

Mientras que a quien posea cannabis psicoactivo con la finalidad de cometer las conductas establecidas en la fracción anterior, se le sancionará con pena de tres a siete años de prisión, siempre que la cantidad de que se trate sea superior a 5.6 kg e inferior a 14 kg. Cuando por las circunstancias del hecho la posesión del cannabis psicoactivo no pueda considerarse destinada a realizar alguna de esas conductas, se aplicará pena de diez meses a tres años y de cincuenta a ciento cincuenta días multa.

Precisa que a quien introduzca o extraiga del país cannabis psicoactivo, aunque fuere en forma momentánea o en tránsito, en cantidad superior a 200 gramos e inferior a la que resulte de multiplicar por quinientos la cantidad prevista en la tabla incluida en el artículo 479 de la Ley General de Salud, se impondrá una pena de prisión de diez meses a tres años; cuando la cantidad sea mayor a la antes señalada en segundo lugar, se impondrá una pena de tres a diez años.

Además, establece que a quien siembre, cultive o coseche plantas de marihuana, sin contar con la autorización en los términos de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, se le impondrá pena de uno a seis años de prisión; si dichas actividades fueren cometidas por personas dedicadas como actividad principal a las labores propias del campo y sean de escasa instrucción o extrema necesidad económica, se destruirá la cosecha y sólo serán sancionadas con la pena antes referida en casos de reincidencia.

Tras aprobarse en lo general, los diputados procedieron a la discusión en lo particular, para la cual se presentaron diversas propuestas de modificación al proyecto de decreto, tanto relacionados a la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal.

Recordemos que la discusión de la Ley inició en octubre de 2018 luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que era contrario a la Constitución la prohibición absoluta del consumo lúdico o recreativo de la mariguana. En ese momento dio año al Congreso para que hiciera los cambios necesarios; sin embargo, luego de más de 2 años, se han solicitado tres prórrogas argumentando la falta de tiempo para discutir ampliamente el dictamen.

Una vez aprobada en Diputados, tanto en lo general como en lo particular, el dictamen regresará al Senado, donde se tendrá que aprobar en los términos que envíe la Cámara de Diputados, o en su caso proceder a realizar modificaciones. Una vez que sea aprobada, pasará al Ejecutivo.

Un total de 35 diputados pidieron esta semana licencia para dejar sus escaños y poder aspirar a otros cargos en las elecciones federales y locales del próximo 6 de junio.

Según un comunicado de la Cámara de Diputados, ayer miércoles se autorizó a 24 diputados de Morena, PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES). En la sesión del día anterior, lo pidieron otros 11 diputados, del Partido PAN) Morena, PRD, MC y PES.

Recordemos que el próximo 6 de junio se elegirá a 500 diputados federales, 15 gobernadores, 30 congresos estatales y 1,900 ayuntamientos, por lo que son consideradas como las elecciones más grandes e la historia.

Adicional, casi el 90% de los actuales 500 legisladores buscarán la reelección en esos comicios para permanecer tres años más en su escaño. El pasado 5 de enero, la Cámara informó que recibió 448 cartas de intención de legisladores que buscarían su reelección.

Para poder centrarse en las campañas electorales o poder optar a otros cargos en las elecciones intermedias, como gobernador o alcalde, decenas de diputados han tenido que pedir licencia para dejar sus escaños.

En las elecciones de junio próximo está en juego la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, informó que se abrió un periodo de siete días para que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, haga una declaración por escrito respecto a la solicitud de desafuero que promovió la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra.

El legislador de Morena explicó que en caso de que el gobernador no realice declaración alguna se entenderá que niega los señalamientos que hace el organismo de procuración de justicia.

Explicó que el pasado lunes se notificó al mandatario panista sobre el proceso de juicio de procedencia que le atañe directamente, por lo que el periodo de siete días comenzó el día siguiente, y una vez que termine, la Sección Instructora determinará abrir un periodo de 30 días para el desahogo de pruebas.

Sobre si la Sección Instructora dará a conocer públicamente el expediente, como lo pidió el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde su conferencia matutina, Gómez Álvarez respondió que no es posible, porque la ley no lo permite; sólo pueden acceder a él las partes involucradas.

“Si el Fiscal General de la República quiere dar a conocer elementos que están en su solicitud (de desafuero) es cosa de él, en eso nosotros no nos metemos ni es nuestra responsabilidad”, puntualizó, dejando así la petición de AMLO en manos de la FGR.

Indicó que en caso de que se declare la procedencia del juicio de desafuero se notificará al Congreso de Tamaulipas.

En su encuentro con la prensa, Pablo Gómez aprovechó para actualizar sobre la solicitud de desafuero contra el diputado del PT, Mauricio Toledo Gutiérrez, presentada por la Fiscalía de la Ciudad de México; indicó que ya se han entregado los alegatos a la Sección Instructora, por la que ésta ya deberá resolver sobre dicha solicitud. De igual manera comentó sobre la solicitud de desafuero contra el senador de Morena, Cruz Pérez Cuellar, promovida por la Fiscalía de Chihuahua; dijo que el caso está en el periodo de desahogo de pruebas.

El titular de la Auditoría Superior de Federación (ASF), David Colmenares, aseguró que el organismo no confrontan ni mucho menos enfrenta a nadie, “a ningún orden de gobierno ni a ningún gobierno», esto al comparecer en la Cámara de Diputados para explicar las inconsistencias en su informe que señalaba irregularidades en el gasto público de 2019.

El principal punto de discusión, dentro de la comisión de vigilancia de los Diputados, fue el sobrecosto del 232% que el organismo atribuyó a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de LA Ciudad de México (NAIM), un proyecto que frenó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Colmenares Páramo indicó que cualquier entidad aludida en las auditorías tiene derecho a reclamar aclaraciones conforme a la ley, por lo que dijo, se está trabajando precisamente en lo concerniente a la cancelación del nuevo Aeropuerto de Texcoco.

Señaló que la ASF ha tratado de ser una entidad del Estado mexicano “que está vinculada, afortunadamente, a la Cámara de Diputados, y hemos recibido durante estos años un gran apoyo del Congreso de la Unión para hacer las auditorías digitales que nos va a permitir ser mucho más precisos”.

Reconoció que hay una discrepancia, que algunos consideran un error, en la auditoría de desempeño; sin embargo, afirmó que siempre se condujeron por la ley y todo dentro de la ella. Dijo que ante las inconsistencias, apelaron a crear un grupo especial de trabajo, y pedirle a otro grupo auditor, para que se reunieran y se invitara a participar en el mismo al Grupo Aeroportuario.

Adelantó que en los próximos días tendrán resultados concretos y comparativos con el procedimiento usado anteriormente.

Recordemos que el gobierno federal aseguró haber encontrado en la auditoría tres errores que explican más del 75% de la diferencia en el costo de cancelación de dicho aeropuerto. En l revisión a la Cuenta Pública 2019, presentada hace una semana y que audita el primer año del Gobierno de López Obrador, revelaba irregularidades en proyectos centrales y programas prioritarios del Ejecutivo.

En ese informe, se detalló que la cancelación por parte de López Obrador de la obra en Texcoco, una obra iniciada por su antecesor, Enrique Peña Nieto, tuvo un costo 232% mayor a lo previsto por el gobierno, al ascender a más de 331,996 millones de pesos.

Colmenares insistió en que no hubo «ningún tipo de mala fe» en su trabajo, y recordó que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México no presentó ninguna objeción al mismo durante su proceso de elaboración, y sostuvo que “no he permitido ni permitiré ningún acto que vulnere los principios constitucionales y el marco de legalidad de la propia Auditoría Superior de la Federación; estamos colaborando en la investigación que la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados está realizando”.

Puntualizó que pedirá que se cese a todo servidor público que haya actuado con intereses personales en su participación en el proceso de fiscalización y que del resultado de su participación se imputen hechos que obedezcan a un interés político o personal.

Recordó que al asumir el cargo de titular de la ASF protestó cumplir con la Constitución y con las leyes de ella emanan; además garantizó que en toda su vida se ha conducido con apego a la legalidad y al marco normativo de las instituciones que “me han dado la oportunidad de contribuir al fortalecimiento del buen gobierno”.

El titular de la Auditoría Superior de la Federación resaltó que la institución, por su naturaleza, es total y absolutamente apartidista y apolítica; “cualquier otra interpretación a sus auditorías, pues sí sería política, pero estamos tratando de trabajar fundamentalmente, y lo hemos hecho siempre, conforme a la ley”, remató.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este lunes que la Cámara de Diputados haga público el expediente del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada y otros dos delitos.

«Ojalá que la Cámara de Diputados dé a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas. Ojalá haya transparencia, eso va a ayudar mucho», dijo el mandatario durante su conferencia matutina, donde afirmó que el que se haga público el expediente le conviene también al gobernador.

«Es sano para la vida pública el que se dé a conocer el expediente, creo que es sano para el gobernador, para la Fiscalía, para los legisladores, también para nosotros en Presidencia»; y es que dijo que aunque se hayan hecho señalamientos de que la acusación en su contra venía orquestada desde Palacio Nacional, él no tiene nada que ver y quiere saber de qué se le acusa al panista.

Ejemplificó que en el caso del general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y extraditado a México donde fue exonerado, sirvió de mucho hacer público el expediente.

«Ojalá que los legisladores resuelvan dar a conocer el expediente completo y subirlo a la red como lo hicimos en el caso de Cienfuegos», indicó. Aseguró que eso ayudará a que no haya manipulación ni linchamientos mediáticos, indicó el mandatario mexicano.

Al respecto, el Acción Nacional ha denunciado una «persecución política» contra García Cabeza de Vaca, quien es miembro de la Alianza Federalista, grupo de gobernadores que han sido fuertes críticos del «centralismo» del presidente López Obrador.

López Obrador reiteró esta mañana lo que ya había negado el pasado 24 de febrero que se trate de una «venganza» contra el mandatario estatal. «Yo no fabrico expedientes ni doy órdenes de que se fabriquen expedientes en contra de nadie», sostuvo AMLO.

En el caso de García Cabeza de Vaca, los diputados están dentro del plazo de los 60 días para analizar la declaración de procedencia para después convertirse en jurados, escuchar a las partes y votar por el desafuero definitivo del gobernador, quien termina su periodo en 2022.