El Congreso aprobó la tarde noche de ayer las dos polémicas reformas impulsadas por Morena a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la recta final de su mandato, y a poco más de un mes de las elecciones del próximo 2 de junio.

Una otorga al presidente el poder de amnistiar a quien ofrezca información comprobable en casos “relevantes para el Estado”, algo que el propio mandatario podrá determinar, lo que ha generado temores a que pueda abrir la puerta a un uso discrecional.

La otra iniciativa reformó la ley de amparo e impedirá que los jueces puedan suspender de manera general normas y obras impugnadas en los tribunales, algo que ha paralizado numerosas iniciativas presidenciales y ha sido una de las razones del enconado enfrentamiento entre el presidente y el Poder Judicial.

La Cámara de Diputados sacó adelante las reformas, previamente avaladas por el Senado, tras un debate que se prolongó hasta pasada la medianoche gracias a la mayoría que tiene Morena, y sus bancadas aliadas en ambas cámaras y pese al rechazo contundente de toda la oposición.

López Obrador ha dicho que el artículo integrado a la ley de amnistía podría ayudar a esclarecer casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, algo a lo que se comprometió cuando llegó al poder, pero los partidos opositores lo ven como un cheque en blanco que propiciará la impunidad.

Hasta ahora, según la ley aprobada en 2020 por la actual administración, la posibilidad de amnistía estaba limitada a mujeres acusadas de abortar o a personas vulnerables encarceladas por delitos como robo simple o sedición y antes de concederse tenía que haber una decisión previa de una comisión formada por varias entidades.

Sin embargo, el nuevo artículo da al presidente la facultad de otorgar amnistía de forma directa “a personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano”. El mismo mandatario tendrá, por tanto, la facultad de decidir cuáles son relevantes y cuáles no.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México advirtió en un comunicado que el cambio “desprotege a las víctimas en su derecho a ser reparadas” y deja vacíos en cuanto a los casos en que podrá aplicarse.

El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) advirtió que la medida se parece a un “indulto presidencial extraordinario” que, si no tiene controles puede prestarse a un “uso discrecional” como ha ocurrido en otros países.

Con los cambios en la otra ley, la de amparo, López Obrador aspira a evitar bloqueos judiciales como los que han sufrido con algunas de sus más importantes reformas, como la energética o, por ejemplo, su obra más emblemática, el Tren Maya.

El mandatario tiene antecedentes de apresurar leyes a través del Congreso sin dar mucho tiempo para que los legisladores realmente lean los textos o ha impulsado sus proyectos de infraestructura exentándolos de los procesos de emisión de permisos o de las revisiones de impacto ambiental.

De ahí que muchas iniciativas hayan acabado paralizadas en los tribunales y varias llegaran hasta el máximo tribunal por problemas inconstitucionales, algo que parece se repetirá también con esta ley. La oposición ya anunció que acudirá a la Corte.

Ambas leyes fueron remitidas al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Ana Paula Ordorica es una periodista establecida en la Ciudad de México. Se tituló como licenciada en relaciones internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene estudios de maestría en historia, realizados en la Universidad Iberoamericana.



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