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Lo que ocurre en México se asemeja a Noruega. No a la Noruega de hoy, desde luego. Me refiero a lo que ocurrió entre 1939, al arranque de la Segunda Guerra Mundial y 1940, cuando Hitler invadió el país. Todo indicaba que esto iba a ocurrir. Las señales eran claras. Era evidente que Hitler necesitaría más pronto que tarde el acceso al puerto de Narvik para transportar el acero de los países escandinavos a Alemania.

Pero los integrantes del gobierno noruego, empezando por el Primer Ministro Johan Nygaardsvold, insistían en que nada ocurriría y que Hitler respetaría a Noruega ya que habían sido neutrales en la Primer Guerra Mundial y habían declarado esa misma neutralidad en el arranque de la Segunda.

Cuando los alemanes atacaron un barco de pasajeros civiles, el príncipe heredero al trono, Olav, se acercó con el Primer Ministro para solicitar que el país respondiera de alguna forma a esta agresión. Insistió antes subsecuentes señales de que Alemania no estaba respetando la neutralidad de Noruega. Pero Nygaardsvold insistió en que nada ocurriría. Hitler no invadiría, como ya lo había hecho en Polonia. Olav, aunque conocedor de temas militares, como integrante de la familia real, no tenía más que funciones ceremoniales.

Y pues llegó el 9 de abril de 1940 y Hitler invadió Noruega. Era evidente que ocurriría. El problema fue pensar que Hitler iba a jugar bajo las reglas de la guerra y no invadiría un país que se había declarado neutral. Pero Hitler no jugó bajo las reglas de los demás. Jugó bajo sus reglas e invadió.

Así ocurre desde hace más de dos décadas en México. Andrés Manuel López Obrador ha sido claro en su desdén por las reglas de la democracia. Mientras todos quieren jugar bajo éstas y perfeccionarlas, él prefiere hace sus propios cálculos. Las leyes y reglas que tenemos hoy se han hecho en gran medida para complacer a López Obrador pensando que así dejaría de gritar fraude. Pues ni así. Hoy, que es presidente, sigue la cantaleta de que el árbitro está vendido y que si no ganan en junio, es porque ocurrió un fraude.

Así que desde hoy, que faltan menos de 40 días para las elecciones, sabemos que a partir de la noche del 6 de junio, pase lo que pase, AMLO y Morena gritarán fraude y muchos de quienes tienen en su poder la decisión de apoyarlo o frenarlo optarán por lo primero. Quienes tienen la posibilidad de hacer algo para mantener la democracia están o queriendo negar lo evidente o capitulando uno a uno ante el presidente.

Las señales son claras. Es claro lo que sigue. Y quienes tienen el poder de decidir – miembros del poder legislativo y judicial – para defender la democracia mexicana prefieren no hacerlo de manera clara y contundente en detrimento del país.

Pero, de qué nos preocupamos si aquí no pasa nada porque tenemos reglas y leyes democráticas.

Apostilla: Para un gran recuento de esto que ocurrió en Noruega durante la Segunda Guerra Mundial recomiendo ver la serie de PBS, Atlantic Crossing.

Columna completa en El Universal

El expresidente Felipe Calderón acompañó a Francisco «Pancho» Pelayo en su registro como candidato a la gubernatura de Baja California Sue por la alianza «Unidos Contigo» que integran el PRI-PAN-PRD y los partidos locales Renovación Sudcaliforniana y Humanista.

Durante su intervención en el evento, el exmandatario indicó que se presentaba en calidad de ciudadano y ser humano consciente de la importancia que tiene la participación de los ciudadanos en la vida pública de México.

Explicó que hoy en día existe una gran importancia participar en las elecciones del próximo 6 de junio, pues dijo, está en juego el futuro de México.

As

Sostuvo que una democracia requiere de equilibrios y contrapesos, situación que ahora se ve amenazada; llamó a que se garantice que se pueda disentir sin estar expuestos a consecuencias o amenazas quienes no piensan igual que quienes hoy ocupan el gobierno.

Calderón Hinojosa lamentó que hoy se promueva abiertamente, de manera descarada, la división entre los mexicanos desde el poder.

«México está en peligro de convertirse en un país de un poder a absoluto y sin límites. Ya mucho han sufrido México y los mexicanos, por eso la Constitución protege a nuestros jueces para que puedan aplicar la justicia sin la amenaza del poderoso y para evitar el abuso del poderoso».

En clara referencia a los enfrentamientos que el gobierno federal ha tenido con diferentes sectores, el expanista recordó que la figura más grande del derecho en México es el amparo, pues busca como su nombre lo dice, amparar y proteger a los ciudadanos de los poderosos; advirtió que México pierde con el poder absoluto.

Calderón aseguró que nadie se opone a los programas sociales que legítimamente buscan reivindicar a los pobres. Recordó que durante las administraciones anteriores construyeron diversos como lo fue uno de los mejores sistemas de vacunación del mundo, la pensión 70 y más, prospera, entre otros.

Enfatizó que de lo que están en contra es que por demagogia se maneje el dinero de los programas sociales en campañas políticas. «No queremos que Morena use los colores del gobierno. Si nos opusimos antes a eso, nos oponemos ahora y mucho más».

LEONARDO KOURCHENKO

EL FINANCIERO

La esperanza muere cuando la realidad aplastante demuestra la incapacidad humana para privilegiar lo importante, los niños, la educación.

Ganó la extorsión magisterial.

Triunfó el pacto político-electoral de un partido y candidato convertido en presidente, por encima de los derechos de niños y niñas de México a la educación de calidad.

Se derrumbó la posibilidad de elevar la calidad profesional de los docentes.

Se destruyeron mecanismos válidos, legales, transparentes para evaluar y colocar frente a las aulas a los mejores, por sus capacidades y pensamiento, por su experiencia y creatividad; no por su lealtad al líder charro de la sección, por su disciplina al sindicato que se mide en horas-marcha, horas-plantón, horas fuera del salón de clase cumpliendo sus obligaciones.

Se privilegió por enésima vez en México, la alianza política, partidista, electorera y vulgar, por encima del futuro de una nueva generación.

Se condena a una generación entera, a repetir y memorizar, a mantener planes de estudios caducos que carecen de contenidos de vanguardia que impulsen a la formación de mexicanos del siglo XXI.

Se condena a una clase entera de maestros auténticos y comprometidos, a obedecer al jefe de enseñanza, instaurado al interior de los planteles por la nueva reforma y por los sindicatos. No se vale la originalidad, está prohibida la creatividad, la innovación, la capacidad de flexibilizar los planes para adecuar el aprendizaje de comunidades diferenciadas. Aquí se trata de replicar un sistema, de reproducir un programa de mínima exigencia a docentes obsequiosos y serviles al sindicato.

El viejo sistema corporativista del PRI es reproducido por el presidente y por sus acólitos de Morena en el Congreso: plazas automáticas para una serie de normalistas de paupérrima preparación, porque nadie ha tenido la estatura de reformar las normales y elevarlas a verdaderas escuelas profesionales de maestros. ¿Para qué? Si aquí de lo que se trata es de tener líderes charros, obedientes, reproductores de una narrativa de 1970.

El vergonzoso voto de ambas cámaras por aprobar tres leyes retardatarias en el mundo educativo, nos congela en el tiempo de hace cuatro o cinco décadas. Como si el mundo educativo se mantuviera estático, inamovible.

El día más triste es cuando tus legisladores se doblegan ante el mandato de una minoría radical, que se adjudica el derecho de la educación. Y todos, todos, empezando penosamente por el presidente de la República, se subyugan ante la exigencia de los delincuentes que no van a clases, que no asisten a las escuelas, que comercian y venden y heredan las plazas como el negocio más lucrativo. Les entregaron todo: plazas y presupuesto. Mintió el presidente cuando afirmó que no lo haría, ya con abrogar la reforma anterior les había cumplido; pero ellos querían más, exigieron más, obtuvieron todo.

Volveremos a la manipulación de las pruebas nacionales; a la negación de que PISA venga a medirnos, ¿para qué?, ¿por qué vamos a querer comparar la educación pública en México con el resto del mundo? Eso no sirve de nada, afirman estos doctos ‘maestros’ que se han apropiado de la educación como nunca antes.

Adiós a los comités de padres de familia; adiós a la evaluación toda, completa, bajo el maniqueo argumento de que era punitiva. López Obrador y Moctezuma, y Delgado y Monreal asumieron el argumento por razones políticas, sin pruebas ni evidencias de ninguna persecución o castigo a maestros. Adiós el INEE, adiós al comité y presupuesto de mejora de infraestructura en planteles. Adiós a todo avance que signifique mejorar un complejo sistema educativo del tamaño de un país.

Este gobierno y estos señores de Morena van afirmando que son diferentes, que sus decisiones se sustentan en buscar lo mejor para el país. Son lo mismo que todos, iguales los que pactaron con Elba, los que elevaron a derecho constitucional la capacidad de los maestros sindicalizados a dirigir la educación de México.

Día triste, lleno de vergüenza para un gobierno y unos legisladores que aplastaron a los maestros, las escuelas, los estudiantes y sus padres por conceder una serie de privilegios a un grupo sindical delincuencial, irresponsable, cínico y criminal. Sus derechos por encima de la infancia. Deprimente.

La educación no es de los maestros, no pertenece a los docentes y mucho menos a ningún sindicato. La educación es de México, del país que prepara con estrategia de futuro a las nuevas generaciones, no que pacta con un caterva de hampones el futuro de la niñez.

Ahora será la CNTE y sus líderes los que manden, determinen y establezcan las condiciones, los programas, los contenidos, la formación docente. Los dineros entregados a manos llenas para que ellos mismos capaciten a sus maestros. Criminal.

Nos condena a ser un país de mano de obra barata, incapaz de competir en una escenario global, multilingüe, multiplataforma, con desarrollo de habilidades diversas para un mundo altamente competitivo. Día triste, muy triste.

LUIS RUBIO

REFORMA

 

La ley lo dice, por lo tanto tiene que ser verdad. Cicerón hubiera dicho: Lex dixit, verita est. Bajo ese rasero, si la ley lo prohíbe, no existe: no hay secuestros, no hay robos, no hay homicidios, no hay violencia intrafamiliar, porque todo eso está prohibido por ley.

Al menos eso es lo que nos dicen nuestros legisladores de manera recurrente; los anuncios que emergen del Congreso son siempre iguales: «nosotros ya legislamos, por lo tanto el problema ya desapareció». Excepto que, todos lo sabemos, nada cambió, excepto lo que se publica en el Diario Oficial: miles de páginas de nueva legislación que no cambia nada en la realidad: siguen los secuestros y los robos y la corrupción. Lo único que falta es que a alguien se le ocurra decretar la felicidad. Con eso nuestros problemas serían historia.

Los políticos, máxime cuando son candidatos, se desviven en prometer que resolverán todos los problemas: unos porque ellos son la personificación del bien, otros porque traerán la legalidad a la vida cotidiana. Para quienes viven en el mundo terrenal, ese en el que los problemas no se resuelven por sí solos ni con más leyes y regulaciones inútiles, las promesas de legalidad son vagas, reiteradas y falsas.

La legalidad se ha convertido en un mito retórico: todos la prometen, pero nadie la define. Para nuestros «gobernantes» leguleyos, si está en la ley, es legal y, por lo tanto, vivimos en un Estado de derecho, lo que ha llevado a la práctica de modificar la ley para que lo que el gobierno quiera se pueda hacer. Lo que todos esos políticos no entienden -igual los de barriada que los que se sienten superiores- es que la esencia de la legalidad radica en que el gobernante no pueda cambiar la ley a su antojo. Es decir, la legalidad es imposible mientras alguien tenga, por sí mismo, el poder para modificarla.

El reino de la ley consiste en tres cosas muy simples: primero, que los ciudadanos tengan sus derechos (legales, políticos y de propiedad) perfectamente definidos; segundo, que todos los ciudadanos conozcan la ley de antemano; y, tercero, que los responsables de hacer cumplir la ley lo hagan de manera apegada a los derechos ciudadanos. Es decir, la legalidad implica que ambas partes -la ciudadanía y el gobierno- viven en un mundo de reglas claras, conocidas y predecibles que no pueden ser modificadas de manera voluntaria o caprichuda, sino siguiendo un procedimiento en el que prevalecen pesos y contrapesos efectivos cuya característica medular sea el respeto a los derechos de la ciudadanía.

Esta definición, aunque sea escueta, establece la esencia de la plataforma de reglas que norman el comportamiento de una sociedad. Cuando existe ese marco y éste se respeta y hace cumplir, existe el Estado de derecho. Cuando las reglas son desconocidas, cambiantes o ignorantes de los derechos ciudadanos, la legalidad es inexistente.

Es en este contexto que debe analizarse la problemática que encara el Estado de derecho en el país. La propensión natural de nuestros políticos y abogados (y, más recientemente, de la OECD) es a proponer más leyes en lugar de atender el problema de fondo. Ese problema de fondo es muy simple y en este radica el dilema: la legalidad en México no existe porque quienes ostentan el poder político tienen -de facto- la capacidad de ignorar la ley, violarla, modificarla a su antojo o aplicarla, o no, cuando quieran. Es decir, el problema de la legalidad en México reside en el enorme poder que concentra el gobierno -y, crecientemente, una persona- y que le permite mantenerse distante e inmune respecto a la población.

Hay dos componentes del «Estado de chueco» que prevalece en el país, como lo llamó Gabriel Zaid: uno es la enorme, excesiva, latitud y discrecionalidad -que acaba siendo arbitraria- que les otorgan todas las leyes y regulaciones a nuestros funcionarios, desde el policía de crucero hasta el presidente de la República. Los funcionarios en México pueden decidir quién vive y quien muere (o quien tiene que pagar una mordida) porque la ley les otorga esa facultad. Esto no es algo que ocurrió por error: es la forma en que se nutre y preserva el sistema político, la forma en que se pagan los moches, la corrupción y la impunidad.

La única forma de construir un régimen de legalidad es quitándole el poder tan desmedido que tiene nuestra clase política y eso sólo puede ocurrir por voluntad propia -o por un liderazgo efectivo que reconoce que aquí reside una de las fuentes esenciales de la corrupción y la impunidad- o por una revolución. No hay otra posibilidad.

A riesgo de repetir un ejemplo que es imbatible, el gobierno de los 80-90 entendió que la ausencia de Estado de derecho hacía imposible atraer inversión privada, sin la cual el crecimiento económico es imposible. Así, la razón de ser del TLC norteamericano es precisamente esa: un espacio de legalidad en el que hay reglas claras y conocidas y una autoridad que las hace valer. Ese régimen se adoptó porque el gobierno de entonces estuvo dispuesto a aceptar reglas «duras» a cambio de la inversión.

Si queremos un régimen de legalidad, tendremos que hacer lo mismo para todo el país, para toda la población, para todos los ciudadanos. Esa es la revolución que le falta a México.

@lrubiof

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la visita que hizo la tarde-noche de ayer el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta a La Huacana, Michoacán, invitado a poner la primera piedra de un parque agroindustrial.

AMLO reiteró que no considera conveniente, incluso que fue un error el promover las autodefensas desde el gobierno como ocurrió en sexenios pasados.

«Creo que eso no corresponde a lo que establece la Constitución, no tiene que ver con un auténtico Estado de derecho. Quien tiene que garantizar la seguridad de los ciudadanos es el Estado, no puede haber grupos ilegales haciendo funciones de seguridad pública», expuso AMLO.

Dijo que figuras como las autodefensas no deben permitirse, pues demuestran una incapacidad del Estado para atender la demanda de seguridad que es fundamental, por lo que afirmó que su gobierno no va a fomentar dichas actividades.

Sobre la visita de Peralta a La Huacana, dijo que no estuvo de acuerdo con dicha visita, incluso dijo que no avalaba su presencia en la comunidad, aunque reconoció que realizó el viaje porque lo invitaron a participar en el evento.

«Él tomó esta decisión (…) ya se habló de este asunto en el Gabinete de Seguridad y se le ha pedido que se ajuste a lo que establece la Constitución y las leyes», dijo AMLO.

Y es que se sabe que la obra del evento al que asistió el funcionario se realizará con apoyo de las autodefensas en Michoacán. Sobre eso, Peralta declaró que no tuvo ninguna relación o acercamiento con algún tipo de organización criminalpues “la gente que está aquí, es pura gente trabajadora”.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, aseguró que el país vive tiempos de cambio y, enfatizó, en la Cuarta Transformación no hay marcha atrás, por lo que dijo que el país debe acostumbrarse a vivir sin corrupción, con justicia y bienestar.

“Estamos presenciando el periodo de mayores cambios a favor ahora sí del pueblo. De la agenda del gobierno, hemos tenido por lo menos 30 leyes que se han modificado o nuevas y seis reformas constitucionales”, destacó en un comunicado

Al asistir, en Villahermosa, Tabasco, a la presentación del primer informe legislativo por parte de los diputados federales de Morena por esa entidad, subrayó que las reformas más importantes se han hecho en parlamento abierto, con consenso e integrando todos los puntos de vista.

En este sentido, el líder parlamentario destacó que se ha avanzado en diferentes temas como en el combate a la corrupción, nombrando un fiscal en la materia, estableciendo esta acción como un delito grave, y la aprobación, el próximo jueves, de la Ley de Extinción de Dominio.

En el tema de la seguridad, agregó, se creó la Guardia Nacional, que le va a permitir al Estado tener respuesta ante fenómenos delictivos, el aumento de la violencia en algunos territorios del país, y de manera acelerada de está integrando y desplegando este nuevo cuerpo de seguridad.

Además, sostuvo que ya se aprobó una ley, para ponerle tope a esa “burocracia dorada” que existía para que ya nadie pueda ganar por encima de lo que gana el Presidente de la República.

En materia económica, resaltó el aval del Plan Nacional de Desarrollo, que plantea un cambio en el modelo económico y pretende “cerrar la larga noche del neoliberalismo en México que tanta desgracia le ha traído a nuestro país”.

Acerca de los pendientes, en declaraciones a la prensa, el diputado de Morena comentó que comentó que entre las prioridades están la creación del Instituto Nacional de Salud, la Ley de Austeridad Republicana y profundizar en el tema de revocación de mandato y consulta popular.

“Vamos a seguir trabajando en la agenda de la Cuarta Transformación; sabemos el momento histórico que se vive; queremos que cambie para siempre nuestro país (…) vamos muy bien, tenemos logros importantes como ustedes ya lo han testificado aquí y vamos para adelante. No hay reversa en la cuarta transformación”, remató.

Al presentar el Informe de Actividades 2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez enfatizó que la existencia o no de violaciones a los derechos humanos no puede negociarse ni interpretarse a la luz de intereses políticos o ideológicos.

Afirmó que las instituciones, las leyes y la autonomía e independencia de los Poderes y órganos constitucionales tienen suma importancia en nuestro sistema democrático y legal, y deben respetarse y mantener su vigencia, sin importar las personas o grupos en el poder.

González Pérez indicó que la defensa de la legalidad y de los derechos humanos son prioridades fundamentales y obligaciones, tanto para las autoridades como para la sociedad, y constituyen la mejor protección contra la intolerancia o cualquier tentación autoritaria.

Expresó que nuestro país requiere una institucionalidad fuerte, que consolide la democracia y fortalezca la unidad nacional, de ahí que las instituciones marcan pautas e imponen límites a la actuación de  personas y autoridades, generan certidumbre en la sociedad y dan cauce a la conciliación de intereses individuales y colectivos, además de evitar posibles arbitrariedades.

El Ombudsperson nacional apuntó que durante 2018, México no superó la crisis que enfrenta desde hace años en materia de derechos humanos, que se acentuó en varios aspectos ante la falta de respuestas efectivas a problemas graves como inseguridad, impunidad, miles de personas desaparecidas, tortura, desplazamiento forzado interno, abusos a migrantes, fosas clandestinas e irregulares, violencia de género, trata de personas, falta de acceso real y efectivo a la justicia y debilidad del Estado de derecho.

Expuso que durante 2018 un total de 158,960 personas recurrieron a la CNDH en busca de apoyo, atención o asesoría, y se recibieron 44,274 escritos que derivaron en la apertura de 25,889 nuevos expedientes, de los cuales 9,002 correspondieron a quejas propiamente dichas, 7,855 a orientaciones directas, 8,395 remisiones y 637 inconformidades. Estos asuntos implicaron la atención de un total de 77,404 personas agraviadas.

El sector salud fue el que mayor número de quejas presentó durante 2018, con 4,043 casos, seguido por el de seguridad, con 1,734; el educativo, con 892, y el social, con 328; en tanto que en el mismo periodo la CNDH emitió 101 instrumentos recomendatorios, que comprendieron 90 recomendaciones ordinarias, 8 recomendaciones por violaciones graves, y 3 recomendaciones generales, y se concluyeron investigaciones de casos tan graves como la serie de detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, actos de tortura, violencia sexual, y cateos ilegales, entre otras
conductas, en que incurrieron miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina en diversas entidades de la República.

El acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México alcanzado la semana pasada en Washington incluye un plan regional de asilo y el compromiso de México de revisar y posiblemente cambiar sus leyes.

Según una copia que el presidente Donald Trump enseñó a periodistas esta tarde, fue que se pudo conocer esta parte del acuerdo.

El documento establece «las partes tienen además la intención (ilegible) un enfoque regional para compartir la carga en relación con el procesamiento de las solicitudes de estatus de refugiado de los migrantes».

Adicional, señala que México se compromete a modificar sus leyes y regulaciones, con la intención de que se pueda cumplir e implementar el acuerdo.

Un tercer párrafo menciona que “Si Estados Unidos determina a su discreción y después de consultar con México, después de 45 días naturales desde la fecha de emisión de la Declaración Conjunta, que las medidas adoptadas por el gobierno de México correspondientes a la Declaración Conjunta no han logrado los resultados suficientes en la atención del flujo de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos, el Gobierno de México tomará todos los pasos necesarios bajo su ley, para hacer que el acuerdo se cumpla, con la perspectiva de asegurar que el acuerdo entre en vigor en 45 días”.

En la parte final del documento, se aprecian dos firmas, una en tinta azul que sería de algún funcionario de Estados Unidos, y otra en tinta negra que se deduce es de Alejandro Celorio Alcántara, Consejero Jurídico Adjunto de SRE.

Hasta ahora las autoridades mexicanas no han confirmado o desmentido si el documento que mostró Trump, y que permitió conocer algunos detalles del acuerdo, es fidedigno o no.

Sin embargo, el canciller Marcelo Ebrard indicó a través de sus redes sociales que esta tarde presentará el informe detallado sobre lo que se discutió y acordó con funcionarios de Estados Unidos.

Previo a la reunión entre la delegación mexicana y autoridades estadounidenses, el asesor comercial de La Casa Blanca, Peter Navarro, dijo que si México demuestra que está tomando medidas para detener a los inmigrantes sin documentos que atraviesan nuestro país rumbo a Estados Unidos, los aranceles quedarían sin aplicarse.

Entre las medidas citó están la detención de todos los migrantes y aplicarles las leyes migratorias mexicanas, que aseguró son mucho más fuertes que las estadounidenses.

En segundo lugar, señaló que México debería de destinar recursos a su frontera sur, donde es mucho más sencillo controlar el flujo de inmigrantes centroamericanos; incluso dijo que en dicha acción Estados Unidos podría ayudar de alguna manera.

En tercer lugar, Navarro apuntó a el combate a la corrupción que existe en los puntos de revisión por donde pasan los migrantes rumbo a la frontera norte.

En entrevista con el programa Newsroom de la cadena CNN, el colaborador de Trump acusó que el gobierno de México «hace dinero» con la inmigración ilegal, pero sin precisar a qué se refería con su afirmación.

Reconoció que los aranceles podrían no entrar en efecto, pues están consiguiendo atraer la atención de México sobre el tema, que era lo que se buscaba.

Recordemos que el pasado jueves 30 de mayo, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump informó que, para obligar a México a detener el flujo de migrantes sin documentos provenientes de su mayoría de Centroamérica, aplicaría aranceles a las exportaciones mexicanas a su país a partir del 10 de junio con 5%.

Integrantes del Movimiento Nacional Taxistas se retiraron esta tarde del Zócalo capitalino, debido a que una comisión fue recibida en la Secretaría de Gobernación (Segob) donde expondrán sus demandas, entre ellas la desaparición de empresas que ofrecen el servicio de transporte mediante aplicaciones.

Fue el vocero del movimiento, Ignacio Rodríguez, quien señaló que a la reunión asistirá una comisión plural con representantes del movimiento nacional en la Ciudad de México y Estado de México, y en donde solicitarán un enlace institucional con el gobierno federal.

Indicó que en la movilización de hoy participaron ocho mil transportistas y acudieron a apoyarlos líderes transportistas de Chiapas, Cancún, Estado de México, Hermosillo, Zacatecas, Guadalajara y otros, en tanto que en otras entidades participaron taxistas en movilizaciones.

Advirtieron que mientras fluya el diálogo y observen el avance de acuerdos, no habrá necesidad de realizar nuevas manifestaciones, pero en caso contrario tendrán que convocar a una asamblea para acordar con los líderes de taxistas la posibilidad de realizar otra manifestación.

Al ser cuestionado sobre su decisión de hacer uso del Zócalo capitalino como estacionamiento de sus unidades, añadió que en otras ocasiones los políticos han hecho uso de este espacio “porque nosotros en calidad de ciudadanos que protestan de acuerdo a derecho, no pueden hacerlo”.

Destacó que no responsabilizan al gobierno federal de la operación de empresas que operan el servicio de transporte mediante aplicaciones, toda vez que están conscientes que se generó en la pasada administración, sin embargo es importante concientizar a la autoridad para que atienda y dé solución al problema que aseguran, daña la economía de las familias transportistas.

“No estamos en contra de la tecnología, sería un error, sino de que se violen las leyes del país por empresas transnacionales”, dijo Rodríguez.

Pese al caos que ocasionó su movilización, el vocero destacó que en apego con el compromiso hecho con la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, no bloquearon vialidades y en todo momento mantuvieron acceso a los vehículos particulares.

Finalizó indicando que sus principales demandas son: el rechazo al servicio de transporte mediante aplicaciones a empresas y la creación de un enlace institucional a través de la Segob y de la SCT, ya que se trata de un movimiento nacional.

Las comisiones unidas del Senado aprobaron los dictámenes de las leyes secundarias de la Guardia Nacional y pasarán al pleno para su discusión y aprobación.

Por la mañana, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aseguró que lograron acuerdo entre los líderes de los distintos grupos parlamentarios y que hicieron modificaciones a 250 artículos.

Monreal aseguró que las leyes secundarias respetan las fuerzas armadas, pero al mismo tiempo erradican el uso de fuerza letal contra las manifestaciones.

«Hemos logrado un acuerdo, por unanimidad, en la construcción del marco informativo de las cuatro leyes reglamentarias de Guardia Nacional», dijo.

El Senado cierra hoy su periodo extraordinario y los legisladores lograron acuerdos para aprobar el dictamen, en lo general y en lo particular, en una sola votación.

En su sesión de este jueves, el Senado de la República declaró la constitucionalidad de la reforma que permitirá la creación de la Guardia Nacional.

Y es que este miércoles los 32 Congresos del país respaldaron la reforma que contempla modificaciones a los artículos 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 76, 78 y 89 de la Constitución mexicana.

Ahora, la reforma pasa al Ejecutivo para su promulgación y respectiva publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que permitirá que la nueva corporación entre en vigor.

Un par de horas antes, la Cámara de Diputados también realizó la declaratoria de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional.

Ahora, el Congreso deberá expedir las leyes secundarias, en un plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto, además de que en un plazo de 90 días naturales desde que entre en vigor el decreto publicado en el DOF, se deberán emitir las normatividades secundarias.

 

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, rindió su informe anual correspondiente al 2018, y fue ahí donde dijo que quienes integran al Poder Judicial de la Federación (PJF) no son ajenos a la demanda ciudadana de un mejor servicio público, sobre todo: honesto y transparente.

Al informe asistió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y los presidentes de las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y Senadores, Porfirio Muñoz Ledo y Martí Batres.

El ministro presidente dijo que el trabajo que se realiza desde la Suprema Corte busca alcanzar, en la medida de sus competencias, un país más fuerte, democrático, libre, corrupción y sin simulación.

Al referirse al presidente de la República,  le dijo que entre muchas coincidencias que pudieran tener,  una de las más importantes que es la máxima de Benito Juárez que la vida de una democracia constitucional: «Nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho”.

Aguilar Morales pidió no perder de vista que la Constitución debe ser la ruta que guíe al país, pues dijo que  lo que mantiene la regularidad de la República, es el derecho y el respeto.

Hizo un llamado al Presidente de la República y a los legisladores a hacer realidad “el anhelo de los próceres constitucionalistas»: nada, ni nadie sobre la Constitución.

En su informe de labores, el Ministro Presidente hizo un balance de las principales acciones emprendidas durante su gestión en temas como la implementación y consolidación de la reforma penal; la protección de derechos humanos; igualdad de género; el apoyo a jóvenes estudiantes de derecho; grupos vulnerables; defensa de migrantes; apoyo a comunidades indígenas; avances de transparencia y acceso a la información; carrera judicial; vigilancia y disciplina, entre otros temas.

Señaló que durante su administración, se atendieron más de 7,000 quejas y denuncias; se instauraron más de 150 procedimientos disciplinarios de oficio, se realizaron más de 90 investigaciones; y fueron sancionados 260 servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales, siendo 36 de ellos magistrados de Circuito, y 49 jueces de distrito.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendiera la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los legisladores de Morena, el ex presidente Vicente Fox hizo un llamado a la «resistencia civil activa y pacífica».

Fox dijo que con su decisión, la Suprema Corte defendió las libertades de todos los mexicanos, y envió un contundente ‘no’ a la arbitrariedad que quería cometer el Ejecutivo.

«Un paso más de resistencia democrática ante la violación flagrante a los derechos humanos y laborales. Hago un llamado a todos los mexicanos a la resistencia civil activa y pacífica», dijo el ex mandatario.

Ante las distintas reacciones que ha habido de parte de políticos cercanos a López Obrador, Fox pidió «resistir» y recordó que «somos más» los que no coinciden con el actuar del presidente. Hizo un llamado a defender la Constitución y la autonomía de poderes.

«AMLO no puede ser más que nuestra Constitución ni nuestro Supremo Poder Judicial», dijo Fox añadiendo que el tabasqueño y sus cercanos quieren el poder total, eliminar el equilibrio constitucional y modificar leyes a su antojo.

 

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, aseguró este viernes que México cuenta con «procedimientos legales,
formales e institucionales perfectamente establecidos en los códigos para procesar a quien quiera».

Durante un foro organizado en Madrid, España, el economista se refirió así al reciente anuncio del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de que celebrará una consulta ciudadana para decidir si se investiga a los ex presidentes.

Adicional, las declaraciones del ex secretario de hacienda llegan tras el anuncio que AMLO realizó sobre dar perdón a quienes hayan cometido actos de corrupción.

Esos «procedimientos», recordó Gurría, están previsto para procesar a cualquiera, ya sea «público, privado o funcionario que pudiera haber cometido alguna falta, falla o acto ilegal».

Indicó que lo único que se debe hacer es aplicar los códigos y leyes que ya existen en la legislación mexicana.

 

En conferencia de prensa desde su casa de transición, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no se tendrá que modificar ninguna Ley para eliminar a los delegados estatales que las dependencias del gobierno federal tienen en los estados del país.

Insistió en que el titular del Ejecutivo tiene la facultad de tener delegados, pero ahora no será “en plural”, sino uno solo, pues condenó que hoy cada estado tenga entre 30 y 40 delegados.

Desmintió que dicha figura se trate de un “vicegobernador” como se le ha acusado; dijo que serán figuras distintas, “un gobernador es electo, y nosotros vamos a ser respetuosos de la soberanía de los estados. Es un representante del gobierno federal, y es una facultad que tiene el presidente y que la voy a ejercer”.

Señaló que lo que se busca con la propuesta, es disminuir el número de delgados que actualmente hay en cada estado, y que quede uno por entidad y uno por región; explicó que el delegado regional dependerá de representante estatal y este a su vez dependerá del Presidente de la república.

Añadió que no entiende la razón por la que se ha cuestionado su propuesta, pues el tener un solo delegado estatal conllevará a que ahora se trate directamente con una sola persona y no con los muchos que ahora hay.