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Luego de que esta tarde se anunciara la adhesión de Santiago Nieto al proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue el tabasqueño quien indicó que todas las investigaciones que estén en curso se van a continuar en caso de que llegar a la Presidencia.

Según palabras del propio López Obrador, Castillo se une a su campaña para que haga valer la democracia el próximo primero de julio y que se castigue a los que compran votos y que obligan a la gente a votar por un partido o por un candidato específico.

AMLO manifestó que el ex fiscal Santiago Nieto tiene conocimiento sobre el tema de la empresa brasileña Odebrecht. A la pregunta de los reporteros sobre si Santiago Nieto llegó para ponerle la cabeza de Enrique Peña, el candidato aseguró que “no, yo no soy verdugo, yo no quiero venganza, quiero justicia”.

Sobre la ventaja que las encuestas le dan, AMLO indicó que no es que sean excesivos, “pero si ganamos con el 55 por ciento de intención de votos, es decir, si ganamos con el 55 por ciento del porcentaje de los votos, pues vamos a tener una ventaja muy holgada y esto nos va a dar mucha fortaleza para llevar a cabo los cambios, la transformación”.

López Obrador acusó que tiene información de que los dueños de la empresa Coppel están obligando a sus trabajadores a votar por Ricardo Anaya. Y aunque dijo que no podría dar por cierta la información, hizo un llamado a los dueños de dicha empresa para que “no se metan, que dejen en libertad a sus trabajadores, que el voto es sagrado, el voto es libre”.

 

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, aseguró que la justicia no responde a los clamores políticos, ni a las necesidades de una coyuntura.

Al dictar una conferencia magistral, Otálora Malassis sostuvo que las decisiones de los juzgadores deben basarse, exclusivamente, en razones de derecho, en la racionalidad jurídica y jamás en filias o fobias partidistas.

“Las decisiones que tomamos se tornan, en muchas ocasiones, sumamente complejas; sin embargo, debemos tener claro, y esperamos que los actores políticos, la ciudadanía y los medios de comunicación lo comprenden así, que la justicia no puede responder a los clamores políticos o a las necesidades de una coyuntura”, aseguró la magistrada.

Otálora Malassis recalcó que el papel del Tribunal Electoral es el de velar porque se preserve el orden constitucional democrático y se proteja, dentro de dicho orden, el ejercicio de los derechos político-electorales, lo que implica un compromiso, por parte de sus integrantes, con la imparcialidad, la autonomía y la celeridad para resolver todos los juicios que les someten.

La magistrada presidenta del TEPJF señaló que un tema preocupante es la ola de violencia política generalizada que se está dando en el país. “Es una violencia política generalizada y, como ya he hecho en otros foros, hago un llamado en la urgencia de que esta violencia se frene, sobre todo porque podrían encontrarse, a través de la violencia, formas alternas ilegales e inaceptables de decidir quién esté y quién no esté en la boleta electoral y con eso truncar totalmente esta democracia por la cual hemos luchado todos para poderla constituir”.

 

El exgobernador del estado de Tamaulipas, Tomas Yarrington, llegó esta tarde a Estados Unidos para enfrentar 11 cargos por una confabulación de crimen organizado, que incluyó contrabando de drogas, lavado de dinero y fraude, confirmó la Oficina del Procurador Federal para el sureste de Texas.

 

Yarrington, quien fue detenido en Florencia (Italia) en abril de 2017, fue extraditado este mismo viernes a Estados Unidos para enfrentar las acusaciones presentadas por un gran jurado en mayo de 2013 ante una Corte Federal en Brownsville, Texas, según un comunicado del procurador federal para el sureste de Texas, Ryan K. Patrick.

 

La acusación de 53 paginas, imputa a Yarrington de haber violado la Ley de Crimen Organizado, Corrupción y Chantaje (RICO) para lavar dinero, cometer fraude y hacer declaraciones falsas a los bancos estadunidenses asegurados por el gobierno federal.

 

En la denuncia se acusa a Yarrington de haber aceptado sobornos de los cárteles mexicanos del narcotráfico desde que era candidato a la gubernatura de Tamaulipas en 1998 y de haber mantenido la colaboración con estos grupos a lo largo de todo su mandato.

 

Precisa que el exgobernador de Tamaulipas trabajó desde 1998 para tres cárteles del narcotráfico, incluyendo el cártel del Golfo, los Zetas y el cártel de los Beltrán Leyva, todos los cuales en distintos momentos lucharon entre sí.

 

Yarrington también está acusado de conspirar para violar las disposiciones de la Ley de Sustancias Controladas, de dos cargos de fraude bancario y de conspiración para estructurar transacciones monetarias en una institución financiera nacional, según documentos judiciales.

 

De ser declarado culpable en Estados Unidos, el ex gobernador de Tamaulipas enfrenta una sentencia de hasta 20 años de prisión, por crimen organizado y lavado de dinero y hasta 30 años de cárcel por cargos de conspiración para cometer fraude bancario.

 

Yarrington enfrenta también otra sentencia de 10 años de prisión por los cargos de conspiración para traficar drogas.

 

Con información de Notiemex / Foto: Twitter @Reforma

 Los candidatos a la Jefatura de Gobierno se dieron cita esta tarde en el primer debate rumbo a la elección del próximo 1 de julio.

 

Ronda de apertura

  • Arriola: Arrancó diciendo que el 2017 fue el año más violento de la historia. Acusó que durante la gestión de Sheinbaum subió la inseguridad. Pidió a Barrales aclarar su posesión de inmuebles.
  • Sheinbaum: Señaló a la actual administración actual de abandonar el tema de seguridad. Regresó la corrupción y con ello regresó la conclusión con el crimen. Retomar el control desde la Jefatura de Gobierno. Adelantó que retomará las reuniones matutinas para resolver el problema y tomar decisiones.
  • Barrales: Indicó que compartirá documentos para esclarecer su situación patrimonial.
  • Osornio: Indicó que la inseguridad ha consumido a la ciudadanía de la capital. Criticó las propuestas ineficientes de los candidatos de los partidos.
  • Rascón: Dijo que que hubo un tiempo en que Morena y PRD eran lo mismo. Dijo que el acuerdo entre sociedad y gobernantes permitirá avanzar en el tema.
  • Carpinteyro: Acusó a Barrales y a Sheinbaum por no hacer nada contra el problema. Instalación de cámaras para detectar cualquier acto delictivo. Adelantó que equipará a la policía con equipos GPS.
  • Boy: Inaceptables las condiciones de seguridad con que viven los capitalinos. No escatimará ni en recursos ni en tiempos para que los ciudadanos se sientan libres y tranquilos. Invertirá en cámaras a lo que invitará a los dueños de cámaras privadas a sumarse a la red del gobierno.

 

 

Ronda de debate

  • Barrales: Garantizar y preservar la vida de los ciudadanos. Reconoció que todos los políticos le han quedado a deber a la ciudadanía. Se comprometió a tener un plan de transporte seguro. Un centro de monitoreo del transporte. Combate frontal al narcotráfico. Acabar con la desigualdad. La mejor policía del mundo y cero impunidad. 2,500 nuevos policías encubiertos en transporte público. Dijo que las delegaciones gobernadas por Morena abrieron la puerta al narcotráfico, por lo que prometió recuperar la seguridad en estas demarcaciones. Extender la red de estancias infantiles.
  • Sheinbaum: Insistió en el tema del control central desde la Jefatura de Gobierno. El aprovechamiento de las cámaras que existen actualmente. Impulsar la formación de los policías. Dijo que mientras haya impunidad, no se va a poder avanzar en tema de justicia. Indicó que trabajará por la Procuración de justicia en equidad. Educación, cultura y deporte a los jóvenes para atender el problema desde su raíz. Dijo que el tema de la seguridad no es un tema de número de elementos de la policía, sino de coordinación entre las instancias involucradas. Generar una Ciudad de derechos para los jóvenes. 300 centros comunitarios con ciberescuelas para que los jóvenes puedan educarse y acercarse la cultura.
  • Arriola: Le pidió a Sheinbaum meter a la cárcel a los narcodelegados de Morena que tanto daño le han hecho a la capital. Un millón de cámaras para la Ciudad e iluminar la capital Dijo que el miedo lo van a tener los delincuentes. Una aplicación móvil para denunciar. Reformar la policía y el ministerio público ante la desconfianza de la ciudadanía. Incorporar jóvenes a los cuerpos policíacos. Crear una agencia de inteligencia contra el crimen. Eliminar la corrupción e ineficiencia de funcionarios. Dijo que quitará las fotomultas y los inmovilizadores a autos que instauraron los gobiernos del PRD. Creará la Procuraduría de la Mujer para dar respuesta a los delitos cometidos contra este sector. Duplicará el número de ministerios públicos y lograr su especialización. Prometió intervenir los 10 penales de la Ciudad, pues dijo que de ahí proviene el mayor número de extorsiones. Sostuvo que Mancera dejó en una pésima situación a la capital en materia de seguridad.
  • Osornio: Dijo que lo que pide la gente es un Secretario de Gobierno elegido por la ciudadanía. Pidió tener más cámaras de videovigilancia de ojo de pez, para tener una mayor captación de imagen. Dignificar a la policía. Dotar a los policías y al ministerio público de lo necesario para que puedan llevar a cabo sus funciones. Fomentar la comisión ciudadana en la Secretaría de Seguridad Pública, pues dijo que el trabajo entre el gobierno y la población podrá dar solución al problema de la inseguridad.
  • Rascón: Dijo que la cultura y el arte para los jóvenes ayudará a progresar en el tema. Señaló que actualmente la autoridad moral de las instituciones es nula, lo que provoca  que no haya temor ante la autoridad; por ello propuso la creación de un juez de proximidad por barrio o colonia. Integrar la participación vecinal en el tema de justicia. Romper con la dinámica que se vive en los reclusorios, que dijo no ayudan en nada a la rehabilitación de los delincuentes. Indicó que aunque hay muchos elementos de la policía, estos se centran en perseguir a los jóvenes. Prometió apoyos a la formación de policías.
  • Carpinteyro: Policía encubierta en el transporte público, así como cámaras de seguridad en todos los vehículos. Dijo que las fuerzas de seguridad están siendo maltratadas pues tienen sueldos por debajo de la media nacional. Aseguró que los cárteles del narcotráfico están operando en la capital. Prometió dignificar a la policía. Dijo que Miguel Ángel Mancera debe responder por no haber instaurado el Sistema Anticorrupción que tanto hace falta a la Ciudad. Adelantó que dejará de perseguir a las personas por el consumo de marihuana.
  • Boy: Dijo que el Gobierno actual ha minimizado la problemática del feminicidio, por lo que fortalecerá el tema de equidad de género en las escuelas. Resaltó la inseguridad que se vive en el transporte público. Cámaras de videovigilancia y botones de pánico en las unidades. Policía especializada en el transporte público. Creará la Fiscalía especializada en delitos en el transporte público. Resaltó la importancia de tener políticas integrales para combatir la inseguridad. Aseguró que se necesita recuperar la confianza entre los ciudadanos para lo que dijo impulsará espacios que permitan la convivencia social.

 

Conclusiones

  • Boy: Afirmó que descansará en hacer de la CDMX una entidad segura. Acabar con la impunidad y con los feminicidios. Adelantó la creación de espacios públicos para los j´óvenes.
  • Rascón: Transformar las condiciones adversas a las que se enfrenta la ciudadanía.
  • Carpinteyro: Trabajar con tencología de punta que garantice que no se escondan los delincuentes y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
  • Arriola: Se va a acabar la violencia del narcotráfico. Publicará un decreto de emergencia para hacer operativos con las fuerzas federales pues dijo urge desarticular a las bandas del narcotráfico.
  • Sheinbaum: Indicó que retomará el modelo que funcionó con AMLO en materia de seguridad. Sostuvo que acabar con la corrupción es la clave para avanzar en temas como la inseguridad.
  • Barrales: acusó a Sheinbaum de ser responsable de la tragedia vivida en el colegio Rébsamen tras el sismo de septiembre pasado.
  • Osornio: Dijo que es tiempo de un gobierno ciudadano. Prometió jamás dejar de escuchar a la ciudadanía.

 

Cierre de debate

  • Osornio: pidió el apoyo de los habitantes de la capital para recuperar la Ciudad y tener un gobierno ciudadano.
  • Boy: Dijo tener una trayectoria limpia y de resultados. Prometió seguridad y equidad para todos los ciudadanos. Poner fin a la corrupción y la injusticia.
  • Sheinbaum: Dijo que será una Jefa de Gobierno sencilla, modesta, y que se hará rodear de un equipo de gobierno capaz que no le darán la espalda a la ciudadanía. Dijo que de la mano de López Obrador, logrará transformar a la Ciudad y al país.
  • Carpinteyro: Pidió ponerle fin a los problemas y la impunidad que imperan en la Ciudad. Indicó que nadie la mandará y no responderá a intereses del poder. Indicó que no tiene miedo a las cúpulas del poder..
  • Barrales: Dijo que sabe lo que es venir desde abajo. Pidió revisar la trayectoria de las dos mujeres que se disputarán la Jefatura de Gobierno.
  • Arriola: dijo que hay dos opciones a elegir: seguir secuestrados por la corrupción de Morena o la que él encabeza, que promete mejorar la movilidad y solucionar la problema del agua, inseguridad, administración de justicia. Sostuvo que respetará el derecho de todos, pero sus prioridades son la familia, la vida y los valores.
  • Rascón: Indicó que es el único candidato que ha luchado por la Ciudad durante los últimos 50 años.

 

Luego de que el activista Javier Sicilia lanzará un mensaje en contra de los aspirantes a candidatos independientes por no abordar el tema de las violaciones a derechos humanos y las desapariciones forzadas, fue Ricardo Anaya quien le mando un mensaje.

 

 

En panista indicó que en el marco del séptimo aniversario luctuoso de su hijo Juan Francisco,a través de Sicilia abrazaba a todas las víctimas de algún delito.

 

Anaya también incluyó en su mensaje al “Movimiento por la Paz”, organización que lucha por temas de justicia y paz, a quienes el panista aseguró, trabajará por conseguir justicia para ellos y sus familiares.

 

Recordemos que en recientes días, Sicilia sostuvo que fuera de Andrés Manuel y, por lo tanto, de Morena, ningún partido ni ningún candidato hablan de las víctimas. “Las víctimas parecen no existir ni en su pensamiento ni en sus discursos ni en sus programas de gobierno; tampoco las fosas. Ni José Antonio Meade, ni Ricardo Anaya, ni ningún independiente, ni candidato a gobernador, a presidente municipal, a representante en las Cámaras, las toman en cuenta”.

 

El presidente nacional del PAN, Damián Zepeda, lamentó que desgraciadamente, hoy en nuestro país se tenga un gobierno que no garantice a los mexicanos un derecho fundamental, como lo es el acceso a la justicia, por lo que urgió a dar paso a una Fiscalía General autónoma y apartidista.

 

México, dijo, vive altos índices de violencia, corrupción e impunidad, que no se resolverán con una dependencia subordinada al Ejecutivo, como lo está la PGR, que administra políticamente su función: “el problema se resolverá con una Fiscalía General verdaderamente autónoma, que sirva a los mexicanos, no a los intereses del partido gobernante”.

 

Zepeda Vidales resaltó las visiones que actualmente existen para garantizar justicia a los mexicanos y combatir la corrupción e impunidad. Por un lado, la propuesta del Frente, con Ricardo Anaya, que busca garantizar una Fiscalía General con plena autonomía, ajena a los intereses de los partidos políticos y por otro lado, dijo, está la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, quien en su Proyecto de Nación 2018 se pronuncia a favor de que el Presidente nombre directamente al Fiscal, es decir, la subordinación plena como hoy está la PGR, con sus pésimos resultados.

 

“Lo hemos dicho con claridad, esta elección es de cambio, el PRI ya se va por su mal gobierno, más del 80% de los ciudadanos rechazan su administración. La ciudadanía tendrá la oportunidad de elegir entre dos visiones, una que ve hacia el pasado, con López Obrador, y otra que ve hacia el futuro, con Ricardo Anaya”.

 

Zepeda Vidales se refirió al Índice Global de Impunidad, presentado recientemente por la Universidad de las Américas de Puebla, y en el que se acredita que México es el cuarto país a nivel mundial con mayor impunidad y el peor de América, en dónde 93 de cada 100 delitos no se denuncian y de los que sí se denuncian, sólo el 11% se investiga y termina ante un juez y de esos menos del 4% termina con alguna sentencia.

 

“La impunidad en México es lacerante y el modelo actual con la PGR subordinada directamente al Ejecutivo está completamente rebasado. Lejos de procurar justicia, es utilizada por el gobierno con criterios partidistas y electorales, como los ataques que burdamente ha tenido contra Ricardo Anaya”, recriminó el líder del PAN.

 

Durante su participación en la Expo ANTAD Alimentaria 2018, el candidato de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, insistió en que es el Presidente Enrique Peña Nieto quien está detrás de los ataques que se han orquestado en su contra, y dijo, el motivo es porque sabe que tendrá que rendir cuentas ante la justicia.

 

Anaya reiteró que tal como lo ha planteado, de llegar a la Presidencia no habrá impunidad, y todo aquel que haya incurrido en actos de corrupción tendrá que enfrentar a la justicia, incluso si es el propio Presidente, lo que dijo, ha molestado al PRI Gobierno.

 

Añadió que lo que le molesta al Presidente de la República, es que el Frente vaya por una Fiscalía General verdaderamente autónoma, que no dependa del capricho del gobernante en turno, pues indicó que hasta ahora, las dependencias funcionan al antojo del régimen.

 

Anaya afirmó que el país requiere un cambio verdadero, pues los mexicanos están cansados de la corrupción e inseguridad que el PRI ha propiciado en los últimos años, y para muestra mencionó una encuesta en la que el 83% de los encuestados afirma que es necesario un cambio de partido en el poder.

 

Este viernes se llevaron a cabo dos audiencias públicas, en el marco del 167° período extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Bogotá, Colombia, donde se abordó el tema de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y la Ley de Seguridad Interior.

 

 

En la primer audiencia, donde se dio seguimiento a las medidas cautelares de la CIDH en el caso de los 43 normalistas, la representación del Gobierno reiteró a los familiares de las víctimas que será este año cuando se llegue a conclusiones en las investigaciones, pues a casi 4 años de su desaparición, familiares acusan de no haber avances ni consignación de responsables.

 

El Fiscal Especial para el Caso Iguala de la Procuraduría General de la República (PGR), Alfredo Higuera Bernal, compartió distintas actualizaciones sobre la atención al cronograma acordado entre las partes, entre las que destacó que en las últimas semanas se ha logrado información importante para la identificación del móvil de los hechos, que además daría cuenta del nivel de involucramiento de la organización criminal y el papel de las corporaciones municipales, en un esquema de organización delictiva importante.

 

Durante la audiencia también se actualizó sobre el seguimiento a alegaciones de la presunta comisión de actos de tortura en contra de algunos de los detenidos, sobre las que se dijo que tras analizar los casos y someterlos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, no se ha acreditado la comisión de tales actos, aunque afirmaron que se continuarán realizando las diligencias correspondientes.

 

En la segunda audiencia, se abordó el tema de la Ley de Seguridad Interior, en la cual se ofreció información actualizada sobre los objetivos, alcances y procedimientos de la ley, misma que se encuentra bajo consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 

Aunque en México no ha sido bien vista la postulación del líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, al Senado de la República, el Sindicato de Trabajadores del Acero de Estados Unidos (USW) y el Sindicato UNITE de Reino Unido e Irlanda, expresaron su satisfacción por la decisión de Morena de postularlo por la vía plurinominal.

 

 

“El Sindicato de Trabajadores del Acero (USW) y el Sindicato UNITE de Reino Unido e Irlanda felicitan a Napoleón Gómez Urrutia, presidente y secretario general de los Mineros de México, por su nominación por el partido MORENA como candidato para el Senado mexicano en las elecciones del 1 de julio de 2018”, indicaron los sindicatos a través de un comunicado.

 

Añadieron que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato presidencial de Morena, lidera las encuestas. “López Obrador ha pedido al gobierno mexicano que ponga fin a su persecución política a Gómez y le permita regresar de Canadá, donde vive desde 2006 después de que el gobierno presentó cargos penales falsos contra él”.

 

Por su parte el diputado de Morena Virgilio Caballero aseguró que la polémica que se ha desatado en torno a la postulación de Gómez Urrutia ha sido creada por los medios de comunicación, pues ante la justicia mexicana no tiene ningún cargo o acusación.

 

Subrayó que Gómez Urrutia ha sido reelecto en dos ocasiones por un sindicato independiente,  a pesar de vivir en otro país, lo que significa que cuenta con el apoyo de su gremio pese a las intenciones de los empresarios del ramo por acabar con él.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

 

Medios locales informaron esta mañana que una de las personas más cercanas al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ha convertido en testigo del estado y le incriminará en acusaciones de corrupción.

 

La policía no confirmó si Shlomo Filber testificaría en el proceso, pero todos los medios importantes israelíes dijeron que habían alcanzado un acuerdo con quien es considerado el confidente del político.

 

Filber, exdirector del Ministerio de Comunicaciones en el gobierno de Netanyahu, está detenido como sospechoso de fomentar una legislación que otorgaba cientos de millones de dólares a la compañía de telecomunicaciones israelí Bezeq. A cambio, el popular sitio de noticias de Bezeq, Walla, supuestamente hizo una cobertura favorable de Netanyahu y su familia.

 

Netanyahu niega las acusaciones, que describe como parte de una caza de brujas de los medios.

 

Con información de AP / Foto. Archivo APO

La justicia británica rechazó hoy los argumentos de la defensa del activista australiano Julian Assange, que pedía que se levante la orden de arresto que pesa sobre él en el Reino Unido al considerarla una medida “arbitraria, poco razonable y desproporcionada”.

 

La Corte de Magistrados de Westminster ya respaldó la semana pasada que la policía arreste a Assange si abandona la embajada de Ecuador en Londres, donde está refugiado desde 2012.

 

Los abogados del fundador de WikiLeaks sostuvieron ante el tribunal que la decisión va en contra de los “intereses de la justicia” y representa un castigo “desproporcionado”, razonamientos que la juez también rechazó.

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO

Luego de las declaraciones que hiciera sobre poder perdonar a Carlos Salinas de Gortari y al Presidente Enrique Peña Nieto, el precandidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aclaró que de ganar la Presidencia no va a perseguirse a nadie, “no va a haber venganza, va a haber justicia”.

 

El tabasqueño aseguró que “cuando se utilizan palabras como perdón, amnistía, impunidad, se tiene que saber qué significan estos conceptos. No es lo mismo amnistía que impunidad, no es lo mismo perdón que amnistía”.

 

El morenista aprovechó su visita a Chiapas para criticar al abanderado del PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade sobre su estrategia anticorrupción, pues dijo “él pertenece a esa asociación delictuosa, él ha autorizado dinero para campañas del PRI, él fue el que tapó todo el fraude del dinero que desvió Hacienda y los gobiernos estatales para las campañas de Chihuahua y de otras entidades”,

 

Indicó que Meade no tiene cara para presentar un plan de lucha contra la corrupción, cuando él es parte de ella; aunque dijo, está en su derecho de presentar propuestas como precandidato, “que se lo crean, es otra cosa”.

 

Con información de Milenio / Foto: Archivo APO

El diario estadounidense The Washington Post (WP), publicó este viernes un artículo en que indica que México, en su primer año de haber implementado el nuevo sistema penal acusatorio, “hasta ahora, los resultados han sido caóticos”.

 

Indicó que las disputas y la confusión reinan en cada enlace de la cadena legal mexicana. “La policía se queja de horas perdidas en formas laboriosas; los fiscales culpan a los jueces por liberar a los delincuentes; los jueces acusan a la policía mal formada de cometer errores en las escenas del crimen. Los poderosos cárteles de la droga, mientras tanto, están explotando las debilidades en el nuevo sistema y las autoridades siguen recibiendo amenazas de muerte y sobornos”.

 

El diario relata que el caos por el que atraviesa el país, se vive paradójicamente en el año más mortal en la historia moderna de México. “Los políticos achacan cada vez más los cambios judiciales para vaciar las cárceles y avivar el crimen. Incluso aquellos que abrazan el nuevo sistema legal se preocupan por sus fiascos de primer año.

 

“La reforma está yendo mal”, dijo José Ramón Cossío, ministro de la Corte Suprema de México, en una entrevista. “Hay muchos pequeños problemas que, en conjunto, están causando lo que creo que es una crisis importante”.

 

El WP señala que el nuevo sistema “busca convertir a la policía, notoriamente ineficaz, en investigadores profesionales. Fortalece la independencia de los jueces. Proporciona más derechos a los acusados en un país donde se sabe que las autoridades exigen sobornos, obtienen confesiones bajo tortura y evidencia médica”.

 

Asegura que el gobierno de los Estados Unidos está profundamente involucrado en el proyecto, pues desde el 2008, han aportando más de $300 millones de dólares para equipar juzgados y entrenar a la policía y al personal legal, incluso para dotar a los juzgados de zonas rurales con cámaras de vigilancia y sensores de huellas digitales; sin embargo considera que “los nuevos y exigentes procedimientos han sido injertados en instituciones débiles y plagadas de corrupción creadas hace décadas por un estado autoritario”.

 

Los jueces exigen el tipo de precisión legal que se encuentra en Washington o Londres, de parte de la policía, que a veces apenas puede leer y vivir en lugares que pueden sentirse como zonas de guerra. El impulso para reformar el sistema legal de México comenzó hace una década cuando la violencia se extendió por todo el país. El ex presidente mexicano Felipe Calderón había declarado la guerra a los cárteles de la droga en 2006, y el número de muertos comenzó a aumentar. La vieja estructura legal no podía hacer frente al derramamiento de sangre. Se basó en el sistema inquisitorial, también utilizado en otras partes de América Latina, pero fue modelado por el sistema autoritario del partido único que definió a México durante la mayor parte del siglo XX. La policía a menudo era vista como un instrumento de control, no de investigación. Mientras tanto, se esperaba que los funcionarios judiciales fueran leales al PRI. Los jueces raramente estuvieron en desacuerdo con los casos escritos reunidos por los fiscales.

 

El reportaje del WP hace hincapié en que la fecha límite para adoptar el sistema penal fue junio de 2016, y muchos estados esperaron solo unos meses antes del plazo para comenzar la transición. “Los gobiernos federal y estatal gastaron una fracción de lo que se requería, según Héctor Díaz Santana, ahora titular de la FEPADE.

 

“Tenemos policías mal entrenados y poco profesionales, fiscales mal pagados acostumbrados a las viejas costumbres, jueces que se sentían muy cómodos antes porque nunca los vieron”, dijo. “Crearon un sistema muy exigente cuando prácticamente no tenemos las herramientas”.

 

El caos en el nuevo sistema judicial y el aumento de las tasas de delincuencia en México han llevado a los políticos a solicitar revisiones importantes en los protocolos; algunos hasta anhelan abiertamente los viejos procedimientos.

 

Texto completo en The Washington Post