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La exsecretaria federal en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, envió una carta al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en la que afirma que si esa dependencia demuestra que la dirección de su supuesta licencia de conducir existe y que ella ha vivido ahí, se declarará culpable.

En la carta compartida en su cuenta de Twitter, Rosario Robles exigió a Gertz Manero “que se procure justicia y no venganza por consigna», pues sostuvo que se ha emprendido una “guerra jurídica» contra ella, al tratársele “como una enemiga a la que hay que aniquilar».

“Usted me conoce bien y sabe perfectamente que no acostumbro a rehuirle a los problemas (…) usted sabe que siempre tomo el toro por los cuernos y no me escondo», escribió Robles desde el penal de Santa Martha Acatitla al titular de la Fiscalía.

Aseguró que debido a sus convicciones, se presentó al citatorio judicial, pues es inocente y lejos de la imagen que han querido mostrar, a ella no se le han encontrado ranchos ni propiedades lujosas ni nada que acredite que se enriqueció al amparo del servicio público. «Ese es mi mayor orgullo: lo poco que tengo es producto de mi trabajo, apuntó».

En su escrito, sostiene que es ridículo que se haya pedido privarla se su libertad con el argumento de que hay riesgo de que evada la acción de la justicia sin presentar ninguna prueba que lo demuestre, violando con ello el debido proceso y la presunción de inocencia, garantías fundamentales.

La exfuncionaria federal explicó que la misiva a Gertz Manero obedece a que “conociéndolo bien, estoy segura de que usted no ha sido informado de la mentira y los delitos que han cometido los servidores públicos a su cargo para argumentar la privación de mi libertad».

Rosario Robles está recluida en el Centro Femenil de Reinsersión Social de Santa Martha Acatitla desde agosto pasado, en el marco de investigaciones sobre la llamada «Estafa Maestra» cuando encabezó la Sedesol y la Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Adicional, ayer lunes, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados notificó formalmente a Robles Berlanga sobre el inicio de un procedimiento de juicio político en su contra, con lo cual tiene un plazo de siete días para comparecer, ya sea de forma personal o mediante escrito.

PABLO HIRIART

EL FINANCIERO

 

 

La única explicación a la desaparición de Alito Moreno es que esté escondido por alguna acción judicial en su contra, pues el país se desmorona y el presidente del PRI no ha sacado la cabeza.

¿Para eso orilló a que José Narro y otras personas valiosas se fueran del PRI, y quedarse él en la presidencia nacional de ese partido? ¿Para hacer mutis ante lo que sucede?

Si en verdad fuera el presidente de un partido, estaría recorriendo el país para hacer ver el daño que provoca una mala administración y resistir, hacer oposición.

El crecimiento de la economía ya no existe, es cero, y al presidente del PRI no se le ocurre decir nada por el empobrecimiento que implica al país la mala conducción económica del gobierno.

Se acabó un ciclo de 10 años de crecimiento económico continuo, y el dirigente del PRI no le exige cuentas al gobierno. Está escondido.

Tiene todos los argumentos a la mano para contrastar lo que prometieron y el tiradero que acumulan en once meses, pero el líder priista se agacha y se va de lado.

El gobierno sólo avanza en la polarización de los mexicanos y a este ritmo acabaremos enfrentados de verdad unos contra otros. ¿Ningún papel tiene el PRI en la tarea de ponerle un alto a esa estrategia demencial?

Hay un Ejército maltratado y la violencia crece en el país, mucho peor que antes, y el presidente del PRI no tiene voz.

El fracaso en Culiacán es para que el PRI exija, por lo menos, que el gobierno rescate esa ciudad y destituya a los que fallaron. Nada merece la atención de Alejandro Moreno.

Funcionarios del gobierno se sientan con el narco y ofrecen apoyos económicos a grupos del crimen organizado, como en Tamaulipas y Michoacán. ¿Dónde está el presidente del PRI con un posicionamiento que alerte de las consecuencias de esa locura?

Se discute y aprueba la Ley de Extinción de Dominio, que abarca a los presuntos (subrayo presuntos) evasores fiscales, y el presidente del PRI no alza la voz contra ese atropello.

El gobierno deja de comprar medicinas y priva a la gente de lo fundamental para atender sus enfermedades, y no hay respuesta del PRI.

Tampoco dice nada por el recorte sanguinario al presupuesto al campo.

No existe presidente del PRI cuando el gobierno embiste contra los organismos autónomos, muchos de ellos creados por ese partido.

Silencio del líder del PRI ante la caída de la inversión pública en -15 por ciento. Ni siquiera se pide tímidamente una explicación.

Con la mano en la cintura el gobierno suspende la reforma energética, con lo que alienta la desconfianza de inversionistas nacionales y extranjeros con un gran daño para México, y el presidente del PRI no se acuerda que esa reforma la hicieron ellos. Silencio y a morder el rebozo.

Para abajo la reforma educativa y el presidente del PRI no defiende ni una coma.

El gobierno inunda la gran obra de infraestructura del sexenio pasado, el aeropuerto de Texcoco (que ya iba en un tercio de su construcción), lo que provoca un daño económico multimillonario al país y estropea una conexión magnífica de México con el mundo, y Alito no dice esta boca es mía.

Con una insensatez delirante el gobierno se lanza a construir el aeropuerto de Santa Lucía, que reprochan los organismos internacionales de aeronavegación y las líneas comerciales, pero el PRI se queda callado.

Se invierten miles de millones de pesos a la construcción de una refinería financieramente inviable sobre un pantano, y no hay PRI que diga algo.

Desaparecieron Proméxico que ayudó a traer cerca de 200 mil millones de dólares en inversión extranjera durante el sexenio anterior. Ahora el problema es precisamente la falta de inversión y al PRI sólo se le ocurre callar sobre lo que este gobierno ha destruido en cortísimo tiempo.

También desaparecieron las estancias infantiles para ayudar a madres trabajadoras, y no amerita un solo comentario del presidente del PRI.

Destruyeron el Seguro Popular, y Alito muy bien gracias.

Una ola antigobiernista recorre América Latina. Brasil, Bolivia, Argentina y Colombia lo demuestran. Morena va a perder su mayoría en las siguientes elecciones y eso lo va a capitalizar, por default, el PAN.

O algún otro partido que enseñe los errores que llevan a México a un escenario de crisis general y haga reflexionar a la gente sobre la gravedad del camino en que estamos.

Para ello no se cuenta con el presidente del PRI. No existe. Tal vez está prófugo. De ser el caso, sería bueno que avise a sus compañeros para que elijan nuevo dirigente.

En el marco de su visita al estado de Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre el caso del exgobernador Arturo Núñez, de quien le dijeron, está por volverse a calificar su Cuenta Pública.

Se le indicó al presidente que el año pasado, el Congreso local, con mayoría de Morena, le aprobó su Cuenta, lo que generó mucho enojo entre los tabasqueños, pues piden que haya un castigo para el exmandatario local, al acusarlo de malos manejos.

En respuesta, AMLO dijo que la postura de su gobierno, tal y como lo dijo en diciembre cuando tomó posición de la Presidencia, es que su fuerte no es la venganza, y que lo que se tenía que procurar era acabar con la corrupción.

«Y yo en este caso considero que lo más importante es poner un punto final a todo este periodo desastroso de política neoliberal, porque a lo mejor no alcanzarían las cárceles, juzgados, y no nos ayudaría a regenerar la vida pública. Creo que sí sería circo, espectáculo, pero en vez de avanzar, hasta podríamos quedarnos anclados, ahora sí que empantanados en eso. Yo quiero ver hacia adelante», dijo AMLO sobre abrir juicios contra exfuncionarios.

Sin embargo, se le cuestionó a AMLO que si pese que en la revisión de la Cuenta Pública se comprobaran irregularidades cometidas, se le perdonaría a Núñez solo por no «ver al pasado», el presidente se limitó a responder que si existen denuncias en curso, las mismas que se tienen que desahogar, aunque precisó «nosotros no vamos a promover ninguna acción penal».

Al insistir en que ellos no iniciarán ninguna investigación, dijo que era momento de dejar de simular, de engañar a la gente, castigando nada más a chivos expiatorios.

Dijo que si se tratara de responsabilizar por el desastre de México, se tenía que empezar por los expresidentes, pues sostuvo que no era posible de que ellos no supieran lo que pasaba en toda la administración pública, o que ellos no autorizaban todos los fraudes que se cometieron en los 36 años de periodo neoliberal.

Pidió ver las cosas como son en realidad.

Remató asegurando que si hay denuncias presentadas tendrán que seguir su curso, porque su gobierno tampoco será tapadera de nadie, pero aclaró, también no hay consigna de afectar a nadie o de fabricar delitos.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador(AMLO) fue cuestionado sobre la investigación que se sigue en relación a la llamada Estafa Maestra y en especial contra Rosario Robles.

Sobre si se investigará a las Universidades estatales que se han señalado de haber participado en el presunto desvío de recursos, AMLO dijo que es un tema que resolverá la Fiscalía General de la República (FGR), pues de acuerdo a las investigaciones se tendrá que verificar hasta dónde llegan y contra quiénes se actúa.

En ese sentido reiteró que la Fiscalía es una institución independiente y autónoma.

Sobre la revelación que se hizo de que el juez que vinculó a proceso a dictó prisión preventiva para Rosario Robles es sobrino de la diputada de Morena, Dolores Padierna, AMLO dijo que que al pertenece al Poder Judicial, la actuación del juez no tiene que ver con el Poder Ejecutivo.

Al pedirle una opinión personal sobre la «coincidencia» del caso, dijo «no quiero opinar porque no quiero entrometerme en este tema que está en manos de autoridades».

Sin embargo, dijo, tiene la confianza en que se va aplicar la ley sin consigna de perjudicar a nadie, aunque buscando que se haga justicia. «No veo yo que a estas alturas, en un ambiente nuevo, alguien quiera retorcer la ley o cometer una injusticia».

En ese sentido dijo, la opinión pública está muy pendiente de lo que sucede en el país, lo que antes dijo se llamaba la fuerza de la opinión pública.

López Obrador afirmó que hay una opinión pública, una voluntad colectiva dispuesta a no permitir ninguna ilegalidad, ningún atropello e injusticia,

ALEJANDRO HOPE

EL UNIVERSAL

 

El 4 de junio, al salir de su universidad, Norberto Ronquillo fue secuestrado en el sur de la Ciudad de México. Sus familiares pagaron el rescate convenido con los plagiarios, pero no fue suficiente: su cadáver apareció cinco días después en un lote baldío ubicado en Xochimilco.

¿Quién lo mató?

Lo mataron unos desalmados, de nombre aún desconocido, crueles y estúpidos, probablemente primerizos en el negocio del secuestro, incapaces de entender códigos mínimos de decencia que rigen hasta en el submundo criminal.

Lo mató la impunidad estructural que campea en México, la realidad de que siete de cada ocho homicidios dolosos no se castigan y que eso significa que no hay mucho riesgo adicional por matar para el que roba, extorsiona o secuestra.

Lo mató la subinversión crónica en la procuración de justicia: en la Ciudad de México, el presupuesto de la Procuraduría General de Justicia creció apenas 7%, descontando el efecto inflacionario, entre 2014 y 2018. Y para 2019, se le aplicó un recorte de 2.5% en términos reales.

Lo mató el abandono de la política antisecuestros. Desde noviembre, la Coordinación Nacional Antisecuestros (Conase), sectorizada ahora en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se ha mantenido sin titular, atendida por un encargado de despacho. Asimismo, le aplicaron un recorte presupuestal de 24% en términos reales. Y algo similar sucedió en la ahora Fiscalía General de la República: a la unidad antisecuestros le asignaron 22% menos presupuesto que en 2018.

Lo mató la (bien ganada) desconfianza de la población en sus autoridades y el temor de los ciudadanos a presentar una denuncia. Según se ha informado, la familia de Norberto sí realizó una denuncia, pero se resistió a recibir asistencia de la Procuraduría en la negociación con los secuestradores. Ese recelo es compartido por buena parte de la ciudadanía: según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe), 73% de los capitalinos sentían en 2018 mucho o algo de desconfianza hacia la PGJ. Asimismo, 85.4% de los entrevistados en la Ciudad de México percibían a la institución como corrupta y 72% la consideraban poco o nada efectiva.

Lo mató la ausencia de una política específica de combate al homicidio tanto en el país como en la ciudad. La Ciudad de México tenía en 2017 solo 6 agencias especializadas en atención al delito de homicidio (con solo 43 agentes del Ministerio Público). Los servicios periciales de la Procuraduría están rebasados, al igual que la policía de investigación. Asimismo, no se ha incorporado el análisis de datos georreferenciados (que puntualmente hace públicos la admirable Agencia Digital de Innovación Pública) a la práctica cotidiana de la policía y la Procuraduría en la capital.

Lo mató la ausencia de protocolos adecuados de búsqueda de personas. El protocolo homologado de búsqueda de personas tendría que haberse aprobado el año pasado, de acuerdo a lo establecido en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, pero es fecha que no ha sido publicado.

Por último, lo mató nuestra indiferencia y nuestra tolerancia como ciudadanos a todo lo anterior.

 

[email protected] @ahope71

El PAN propuso al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) modificar las políticas públicas en seguridad, economía y justicia, para lograr que el país avance hacia mejores niveles de crecimiento, desarrollo y bienestar.

Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del blanquiazul, afirmó que ante el aumento de los índices delictivos durante el primer trimestre del año, es forzoso poner en marcha una nueva estrategia basada en la prevención, el uso de métodos científicos y equipos tecnológicos, así como la profesionalización y fortalecimiento de las policías locales y municipales.

Al mismo tiempo, dijo que es imprescindible la actualización y profesionalización de los Ministerios Públicos para la atención oportuna de las denuncias ciudadanas y la persecución eficaz de los delincuentes. Si a esta parte de la procuración e impartición de justicia se añade el trabajo eficiente de la recién formada Guardia Nacional, Cortés dijo que se podrían tener mejores resultados frente a la creciente violencia e impunidad.

En materia económica, sugirió al presidente “a que, dando certidumbre con el cumplimiento de la Constitución y la ley, así como la permanencia en la política económica, convoque a una campaña nacional para captar la inversión privada nacional y extranjera, con el fin de detonar la economía, el empleo y el consumo”.

Explicó el panista que no bastan las buenas intenciones del Ejecutivo, sino de acciones concretas para promover la inversión y la generación de empleos. Por ello, urgió al gobierno federal ejercer el gasto público destinado a proyectos de infraestructura como la construcción de carreteras y puertos, así como a concretar las zonas económicas especiales que lograron desarrollar países como China y a continuar la edificación del Aeropuerto de Texcoco.

Paralelamente, exigió garantizar el Estado de Derecho a partir de la estricta aplicación de las leyes y asegurar la paz laboral en todos los sectores económicos.

En el ámbito de justicia y el Estado de Derecho, Marko Cortés “planteó al Ejecutivo federal a que deje de gobernar con bandos o memorándums y cumplir con el respeto a la Constitución y las leyes, tal como como lo protestó el primero de diciembre pasado”.

Señaló que en este tema “es fundamental que el Ejecutivo apegue su gobierno a las leyes y el respeto a las instituciones, aunque no le guste. De lo contrario, aseguró, no solo se agravarán los problemas del país, sino también la polarización social”.

Al ser cuestionado sobre la inseguridad que impera en nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expuso lo que consideró el “ABC de la política”.

Primero. Acabar con la corrupción.

Insistió en que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Tal como lo ha venido diciendo desde su campaña, acusó que por la corrupción hay pobreza, hay inseguridad, hay violencia.

Segundo. La justicia.

Lamentó que ni el tema de la corrupción ni el tema de la justicia les importaban a los anteriores gobiernos, pues únicamente se dedicaban a saquear y no atendían las necesidades del pueblo.

Tercero. La paz y la tranquilidad.

“El ABC: No a la corrupción, sí a la justicia, sí a la paz y a la tranquilidad. Pero la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, no es un asunto el de la inseguridad que se vaya a resolver como lo venían haciendo, sólo con el uso de la fuerza”.

Retomó su discurso de que los anteriores políticos pensaron que la violencia se podía enfrentar con la violencia, a lo que dijo, el mal no se puede enfrentar con el mal.

Dijo que su gobierno está trabajando día a día para acabar con la corrupción para que haya justicia y haya paz y tranquilidad.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, señaló que vale la pena recordar un mensaje de Jesús en este Viernes Santo: “Bienaventurados los pobres, los humildes, los que lloran, los que padecen de persecución, los que tienen hambre y sed de justicia, y los de buen corazón”.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente agregó que la frase podría no ser de la autoría de Jesús, puesto que algunas personas afirman que fue estructurada por sus seguidores para aleccionar y conseguir feligreses, sin embargo «es muy bello parafrasearla».

López Obrador ha causado polémica en varias ocasiones al expresar frases bíblicas en eventos públicos, algo que contraviene el principio de Estado laico dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, el presidente se ha declarado admirador de Jesucristo, cuando la tradición política de México era que los dirigentes se mantuvieran al margen de expresiones religiosas, incluso, el mandatario ha dicho que el nombre de su hijo menor, Jesús Ernesto, está inspirado en Cristo y en el luchador social Ernesto ‘Che’ Guevara.

Luego de que se confirmara que el artefacto localizado dentro de una camioneta abandonada frente a la puerta 4 de la refinería de Salamanca sí era explosivo, periodistas cuestionaron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) si no contempla reforzar su seguridad.

El mandatario descartó hacer cualquier cambio y dijo que seguirá como hasta ahora lo ha hecho con su ayudantía. “El que lucha por la justicia no tiene nada que temer”, respondió López Obrador a los cuestionamientos.

Al respecto, criticó las medidas de seguridad que tenían sus antecesores y varios secretarios de Estado. Indicó que era una situación de pena ajena ya que se tenían aparatos de protección excesivos.

Dijo que estas medidas de seguridad impedían la comunicación entre el presidente y la ciudadanía. “Imagínense, cómo voy a gobernar si no tengo comunicación con la gente”.

Enfatizó que para poder gobernar tiene que escuchar al pueblo. Reiteró que no va a caer en ninguna provocación, ni hará caso a ningún acto de intimidación. “Tenemos nuestra conciencia tranquila”.

 

Este martes se llevó a cabo la instalación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, que decretó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dos días después de haber asumido el cargo.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó el evento y dijo que la Comisión deberá coadyuvar a conocer la verdad de lo ocurrido en Iguala, Guerrero, en los hechos que provocaron la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Sánchez Cordero enfatizó que la instalación de la Comisión no se trata de una simulación, pues refirió, «no estamos creando una Comisión que dilate el esclarecimiento de los hechos o complique aún más la ya intrincada red que ha impedido conocer la verdad de lo ocurrido».

Sostuvo que el objetivo que tiene la Comisión es coadyuvar a que la verdad se conozca y se haga del conocimiento de los familiares de la víctima, además de que permita al gobierno impartir justicia.

Al respecto dijo que se actuará en contra de los responsables, sin importar quienes hayan sido ni qué cargos ocupaban.

La funcionaria reconoció que no se parte de cero, pues dijo que hay avances importantes de las investigaciones previas. Aclaró que se procederá a descartar los elementos falsos o incorrectos en las investigaciones que se han realizado hasta ahora, y se corregirá lo que se hizo de una manera indebida o faltando al debido proceso. «No significa que estemos a ciegas, que no sepamos nada».

Sánchez Cordero se comprometió a esclarecer los hechos y conocer la verdad, ya que fue la orden que recibieron del presidente López Obrador.

Por su parte el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, fue el encarado de detallar cómo quedará integrada la Comisión: estarán tres madres o padres de los jóvenes desaparecidos, tres funcionarios del gobierno federal, una organización acompañante de la sociedad civil y se contará con un secretariado técnico.

Encinas finalizó informando que la Comisión sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez al mes, y podrá realizar cuantas reuniones de trabajo considere necesarias, mientras que su sede se establecerá en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación.

 

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum afirmó que uno de los objetivos de su presente administración es “velar» por la justicia laboral para todos los capitalinos, aunque dijo que un tema central es el relacionado al género; «así que sépanlo mujeres que vamos a estar velando por la justicia laboral de las mujeres”.

Al tomar protesta a los representantes de los Trabajadores y Patrones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México 2018-2014, Sheinbaum Pardo destacó que los cambios sobre la impartición de justicia laboral tienen el objetivo de ofrecer mejores relaciones de trabajo en la capital del país.

Ante la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Margarita Darlene Rojas Olvera, la mandataria capitalina reiteró a los representantes de trabajadores y patrones, que en el gobierno tienen un aliado permanentemente que los acompañará durante el proceso para brindar una mayor y mejor impartición de justicia laboral en la capital.

Por su parte la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, destacó que el trabajo de los representantes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje locales y federales será fundamental para la transición a los Tribunales Laborales.

“Tenemos muchos retos, no nada más es pensar en la transición, es ir terminando con el rezago que existe en las juntas, es ir buscando esquemas para poder terminar con este rezago, abrirnos a la posibilidad de convenios. Es decir, empezar a replantearnos cómo vamos a ir concluyendo esta etapa del país para empezar con la nueva.”, indicó.

Reiteró que, en la Ciudad de México, se espera que los trabajos de transición inicien en el año 2020, para contar con una nueva etapa en la impartición de justicia laboral de la mano del Poder Judicial.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó este jueves al equipo de trabajo que formará parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

La mandataria local indicó que se siente orgullosa de que en el equipo de seguridad haya muchas posiciones ocupadas por mujeres. Apuntó que la coordinación de trabajo entre la PGJ y la SSP será fundamental en la presente administración.

La procuradora General de Justicia capitalina, Ernestina Godoy Ramos, dio a conocer los nombres del equipo que la acompañará en la investigación y persecución de  delitos. “Vamos a abatir la impunidad y vamos a disminuir el índice delictivo”, dijo.

  • Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales: Rodrigo de la Riva Robles
  • Subprocuradora de Averiguaciones Previas Desconcentradas: Margarita Vázquez Sánchez
  •  Subprocuradora de Procesos: Alicia Rosas Rubí
  • Subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad: Nelly Montealegre Díaz
  • Subprocurador de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos: Irving Espinoza Betanzo
  • Oficial Mayor: Gerardo Calzada Sibilla
  • Jefe General de la Policía de Investigación: Bernardo Gómez del Campo Díaz Barreiro

Por su parte el secretario de Seguridad Pública, Jesús Orta Martínez, informó que su equipo tiene la encomienda de preservar y proteger el orden público, la integridad personal y los bienes de toda la población en la capital. “Tenemos una combinación de perfiles de mucha experiencia de trabajo en la Policía de la Ciudad de México, combinada con perfiles en muchos sectores el ámbito nacional”.

  • Subsecretario de Operación Policial: Primer Superintendente Darío Chacón Montejo
  • Subsecretario de Información e Inteligencia Policial: Jaime Pedro Ibarra Díaz Trujillo
  • Subsecretaria de Desarrollo Policial: María de los Ángeles Ocampo Allende
  • Subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito: María Bartoulucci Blanco
  • Subsecretaria de Control de Tránsito: Primer Inspector María Cristina Morales Domínguez
  • Oficial Mayor: Gabriela Baltazar Machaen
  • Director General de la Policía Bancaria e Industrial: Segundo Superintendente Pablo César Ovalle Estrada
  • Director General de la Policía Auxiliar: Segundo Inspector Lorenzo Gutiérrez Ibáñez

 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene preparada una acusación judicial contra Julian Assange, fundador de Wikileaks, una organización que publicó miles de documentos secretos de EUA, divulgó herramientas cibernéticas de la CIA y tuvo un papel central en la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. La acusación era secreta, pero se reveló por error recientemente sin detallarse los delitos que se le imputarían al australiano, quien desde 2012 vive refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres.

Desde hace años se especula que la Fiscalía estadounidense podría tratar de impulsar un proceso judicial contra Assange, de 47 años, por cargos que podrían estar relacionados con delitos de conspiración, robo de propiedad gubernamental y violación de la Ley de Espionaje.

Los cargos contra Assange se conocieron en un caso no relacionado con él y que se tramita en un juzgado federal de Alexandria (Virginia), a las afueras de Washington. El documento es público en archivos judiciales y fue confirmado el jueves también por Wikileaks.

El documento judicial revelado por error, con fecha del pasado 22 de agosto, concierne a un caso relacionado con delitos de seguridad nacional y tráfico sexual de un hombre de 29 años, cuyo proceso no tiene ninguna vinculación aparente con Assange. En un escrito al juez, el fiscal federal adjunto Kellen S. Dwyer menciona al fundador de Wikileaks en dos párrafos distintos. Insta a mantener bajo secreto el caso de Assange “debido a la complejidad del acusado y la publicidad que le rodea”. También señala que “es probable que ningún otro procedimiento mantenga confidencial el hecho de que Assange ha sido imputado” y que las acusaciones deberían “permanecer secretas hasta que sea arrestado” y “por tanto ya no pueda evadir o evitar un arresto y extradición”.

Se desconoce cómo pudo cometerse una equivocación de tal magnitud, sobre todo teniendo en cuenta las enormes implicaciones que tendría una detención. En su cuenta de Twitter, Wikileaks lo califica de un “aparente error de copiar y pegar” por parte del fiscal, en tanto que Joshua Stueve, portavoz del fiscal del Distrito Este de Virginia, señaló: “El registro ante el juzgado fue efectuado por error. No era el nombre intencionado de ese escrito”.

Con proclamas como: ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! No necesitamos dialogar, necesitamos encontrarlos ¡Justicia, justicia!, fue como víctimas de la violencia en México recibieron al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a su llegada al Centro Cultural Tlatelolco en la Ciudad de México, en donde participó en el Segundo Diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia.

Al hablar ante los presentes, López Obrador, destacó que la violencia en el país se desató debido a que se apostó a un modelo económico, llamado neoliberal, que no es más que Porfirismo que se ‘reeditó’ para beneficio de un pequeño grupo a costa del sufrimiento de la gente, hecho que ha originado el dolor y la violencia.

El tabasqueño enfatizó que en la pasada elección «los mexicanos decidieron buscar un cambio verdadero, una transformación y eso es lo que nos tiene aquí, vamos a sacar a México de esta profunda crisis, a que se termine toda esta pesadilla todo este dolor», aseguró que habrá cambios y que cumplirá con sus compromisos, «yo no tengo ningún compromiso con ningún grupo, con ninguna mafia y voy a estar siempre al servicio del pueblo… voy a hacer justicia», dijo.

Asimismo, afirmó que el diálogo no termina ahora y que será constante. «No soy igual que los políticos corruptos, no me confundan» y agregó que estará recorriendo todas las regiones del país para mantener comunicación con el pueblo «y vamos a sacar al país de está desgracia».

🔴#EnVivo “Segundo diálogo por la paz, la verdad y la justicia”, en la que familiares de víctimas de #Desaparición tendrán un diálogo con el presidente electo Andres Manuel Lopez Obrador y el equipo de transición, con el acompañamiento de OSCs y #CNDH.

Posted by Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) on Friday, September 14, 2018

Olga Sánchez Cordero, propuesta para ocupar la Secretaría de Gobernación en el próximo sexenio, afirmó que hace falta más que una fiscalía autónoma para garantizar la correcta procuración de justicia en el país.

Durante la presentación del proyecto «Soy Periodista, No Criminal», Sánchez Cordero aseguró que el propósito de la próxima Secretaría de Gobernación será «apoyar y reestructurar en lo posible las fiscalías de todos los estados, sobre todo la Fiscalía General de la República».

La ministra en retiro denunció que el mal funcionamiento de las fiscalías, sobre todo las locales, obedece a que las autoridades no asumen responsabilidad en su actuar dejándonos conflictos sin resolver.

«Las procuradurías están podridas, corrompidas desde las entrañas. Se requiere más que una fiscalía autónoma, una reestructuración completa del sistema de justicia», dijo Sánchez Cordero.

«Restructuración de la justicia, justicia social» dijo, luego de argumentar que la deuda pendiente que se tiene con la sociedad es la de la impunidad y señaló que a pesar del reclamo de las diferentes organizaciones sociales se tendrá que trabajar a fondo en la construcción de un nuevo modelo de justicia.

El expresidente catalán Carles Puigdemont celebró hoy la decisión de la Justicia alemana de autorizar su entrega a España por el delito de malversación y no por el de rebelión como pedía el Tribunal Supremo español.

«Hemos derrotado la principal mentira sostenida por el Estado (español)», expresó en un videomensaje publicado en sus redes sociales.

“La Justicia alemana niega que el referéndum del 1 de octubre fuera rebelión», añadió Puigdemont en alusión a la referéndum celebrado en esa fecha en Cataluña, que abrió una de las crisis institucionales más graves de la historia reciente de España.

El político catalán calificó como una «vergüenza» e «injusticia» la situación de los líderes y políticos independentistas catalanes que se encuentran en prisión provisional, investigados por el referéndum de octubre, por lo que pidió su inmediata liberación.

«Lucharemos hasta el final, y ganaremos», concluyó en su mensaje.

El mensaje llegó luego de que el tribunal alemán de Schleswig-Holstein consideró hoy procedente la entrega de Puigdemont a España por malversación de fondos públicos y rechazara así el cargo de rebelión. La extradición sólo se hará efectiva si lo aprueba la Fiscalía General.

 

Con información de DPA / Foto: Archivo APO