Solo tres de cada 100 homicidios dolosos se resuelven en México, según un informe presentado por México Evalúa.
El reporte advierte este año además una “clara ausencia” de perspectiva de Estado para formar o fortalecer instituciones, renuencia para invertir en la justicia penal y consolidarla, así como abandono de los esfuerzos para cerrar los espacios de impunidad y ampliar el acceso a la justicia.
#Hallazgos del Índice de #Impunidad Estatal por delito:
▪️ Desaparición 98.9 %
▪️ Violencia familiar 97.1 %
▪️ Homicidio doloso 96.9%
▪️ Violación 96.4 %
▪️ Feminicidio 88.1 %https://t.co/g5qqCe007u pic.twitter.com/Hrvun8PLsc— México Evalúa (@mexevalua) October 5, 2022
En el informe “Hallazgos 2021” se da seguimiento y se evalúa el sistema de justicia penal del país, seis años después de la entrada en vigor a nivel nacional de las reformas al sistema de justicia penal (SJP).
Por primera vez, el reporte incluyó un cálculo de impunidad estatal en delitos específicos, lo que reveló que la desaparición forzada (98.9%), la extorsión (98.2%), la violencia familiar (97.1%) y el homicidio doloso (96.9%) son los de mayor incidencia en el país.
Además, el análisis de México Evalúa señaló la insuficiencia de presupuesto para las instituciones así como las asimetrías evidenciadas por la distribución y la sobrecarga de trabajo de los operadores, lo que determina, “en gran medida”, que el 91.8 % de los delitos investigados en el país queden impunes.
“El presupuesto no garantiza el éxito de una institución, pero sí lo condiciona. Sin recursos suficientes, ninguna institución de justicia podrá mejorar su capacidad de respuesta para la ciudadanía, la impunidad seguirá escalando y tendremos un Estado de derecho aún más débil”, indicó Edna Jaime, directora general de México Evalúa.
El informe detalla que en 2021 el presupuesto a nivel estatal aumentó solo 0.07% respecto a 2020. De ese presupuesto, el 50% se destinó a seguridad pública, 26% a las fiscalías, 22% a los poderes judiciales, 2% a las defensorías y apenas 0.43% a las comisiones de atención a víctimas.
En 2021, cada ministerio público llevó, en promedio, 169 carpetas de investigación a nivel nacional, cada perito atendió 356 solicitudes, cada defensor público representó a 271 personas y cada asesor de víctimas a 175.
Por otro lado, “Hallazgos” llama la atención sobre la fallida transición de la Fiscalía General de la República (FGR), la apuesta por un enfoque punitivo mediante un mayor uso de la prisión oficiosa y la militarización de la seguridad pública.
Señala que actualmente 94,000 elementos de las Fuerzas Armadas son parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y solo 29% del personal de la Guardia Nacional cuenta con certificación de capacidades y aptitudes para realizar funciones públicas.
