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Keith Raniere, fundador de la secta sexual NXVIM, la cual utilizó como fachada un grupo de autoayuda, fue condenado este martes a 120 años de cárcel en un tribunal neoyorquino después de ser declarado culpable de todos los cargos que se le imputaban.

El juez de distrito Nicholas Garaufis dictó la sentencia en el tribunal federal de Brooklyn después de una larga audiencia en la que hubo declaraciones de las víctimas.

Los fiscales habían pedido cadena perpetua, mientras que los abogados defensores dijeron que debía enfrentar únicamente 15 años tras las rejas.

Raniere, de 60 años, no mostró remordimiento, y sus abogados le dijeron al juez antes de la sentencia que su cliente no estaba arrepentido «por su conducta o sus decisiones».

La sentencia culminó varios años de revelaciones sobre el programa de Raniere, NXIVM, que cobró miles de dólares por cursos de superación personal en su sede cerca de Albany, Nueva York, y en sucursales ubicadas en México y Canadá.

Entre los adherentes se encontraban millonarios y actrices de Hollywood dispuestos a soportar humillación y a prometer obediencia al acusado como parte de sus enseñanzas.

Entre los delitos que se le imputaban a Raniere se encontraron: tráfico sexual de adultos y menores, posesión de pornografía infantil y crimen organizado, en junio de 2019.

La sentencia supone a efectos prácticos una condena de cadena perpetua para el canadiense, a quien este martes las víctimas presentes en la audiencia llamaron «depredador sexual», «racista», «mentiroso» y un «sádico».

El caso ha acaparado la atención de los medios por la implicación de varias destacadas personalidades como la actriz de Smallville Allison Mack, la intérprete de «Battlestar Galactica» Nicole Clyne, o la heredera del imperio licorero Seagram’s, Clare Bronfman.

La justicia boliviana anuló la orden de detención contra el exmandatario Evo Morales por supuestos delitos de terrorismo, una semana después de la elección, donde Luis Arce, quien ha sido calificado como el «delfín» de Morales se impuso, informó este lunes el juez Jorge Quino.

La orden de arresto contra el exmandatario exiliado en Argentina fue levantada porque «se vulneraron sus derechos, básicamente el derecho a la defensa debido a que no se citó debidamente al expresidente», dijo Quino, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

El Tribunal Constitucional debe revisar en los próximos días el fallo, dictado por el juez Román Castro, pero parece improbable que lo anule.

La fiscalía había imputado a Morales el 6 de julio por supuestos delitos de terrorismo y su financiamiento, y solicitó una vez más su detención preventiva.

Una primera orden de arresto por sedición y terrorismo había sido dictada en diciembre contra Morales, luego de que renunciara a la presidencia el 10 de noviembre de 2019 en medio de una convulsión social y acusaciones de fraude electoral.

La fiscalía había abierto además otra carpeta contra Morales por supuesto fraude en las elecciones de octubre de 2019, en las que ganó la reelección a un cuarto mandato, y que luego fueron anuladas tras denuncias de irregularidades. No hubo avances en este caso en la justicia.

El exmandatario indígena y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), habían rechazado todos los cargos y afirmado que tenían motivaciones políticas. Tras el comicio, Morales dijo que «tarde o temprano» retornaría a Bolivia.

El juez que falló en favor de Morales es el mismo que también anuló este fin de semana una orden de arresto contra su exministro de Justicia, Héctor Arce, quien también era investigado por el supuesto fraude en las elecciones del año pasado y estaba refugiado en la embajada de México desde hace once meses, cuando dimitió Morales.

La fiscalía había intentado a inicios del año que la Interpol emitiera una orden de arresto internacional contra Morales, pero el organismo lo rechazó por considerar que se trataba de asuntos políticos, no criminales.

Además, el 4 de septiembre, el gobierno de Bolivia contactó a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para denunciar a Morales por supuestos crímenes de «lesa humanidad» por los bloqueos de rutas de agosto. Sin embargo, esta acción pareció ser meramente mediática en busca de réditos electorales, pues un Estado puede pedir a la CPI que examine si es procedente que intervenga en determinado caso. Además, la Corte interviene solo cuando ha fracasado el sistema penal nacional.

Al respecto, el expresidente adelantó este lunes que podría regresar a su país el próximo 11 de noviembre, aunque ha  expresado cautela y ha manifestado que la fecha «está en debate  todavía» y «no está decidido».

Según Morales, varias organizaciones bolivianas le han expresado su petición de que vuelva al país latinoamericano, después de renunciar a su cargo de presidente en noviembre del año pasado.  «Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba están evaluando  nuestro pedido de que vuelva el 11 de noviembre», ha manifestado en una entrevista concedida a la agencia de noticias rusa Sputnik.

Que Morales regrese a Bolivia el 11 de noviembre implica que se  perderá la toma de posesión del presidente electo del país, Luis Arce, que está prevista para el 8 de ese mes.

«Me alegra mucho que haya una enorme preocupación y ocupación por que  retorne», expresó Morales, admitiendo que, en relación a su vuelta, «hay  diversas opiniones de autoridades, de movimientos sociales y de las autoridades electas».

Al concluir que no había pruebas suficientes, un juez estadounidense desestimó los cargos de extorsión contra el líder de la iglesia La Luz del Mundo, aunque mantuvo las acusaciones de violación de menores y tráfico de personas.

La fiscalía de California no logró demostrar que Naasón Joaquín García, el autoproclamado apóstol de La Luz del Mundo, extorsionó a las supuestas víctimas para lograr favores sexuales amenazándolas con deshonrarlas, apuntó el miércoles el juez del Tribunal Supremo Stephen A. Marcus en su fallo, según Los Angeles Times.

García se ha declarado no culpable de decenas de delitos graves, incluyendo violación de un menor.

El magistrado rechazó también el argumento de que los actos causaron graves lesiones corporales, por falta de evidencias, añadió el Times.

«La decisión de hoy demuestra, como siempre hemos dicho, que el Apóstol es inocente y su inocencia será demostrada judicialmente en el curso del juicio», afirmó la iglesia en un comunicado.

El juez se negó sin embargo a desestimar el caso en su totalidad.

García y las otras dos personas, Susana Medina Oaxaca y Alondra Ocampo, cometieron abusos, «usando la religión como grilletes invisibles», afirmó el juez. «Utilizaron el hecho de que esas jóvenes fueron miembros de la iglesia durante toda su vida, y que sus familias eran miembros de la iglesia», indicó.

Recordemos que Naasón Joaquín García fue detenido el año pasado, permaneciendo en prisión al habérsele fijado una fianza de 90 millones de dólares para seguir su proceso en libertad.

García es el líder espiritual de La Luz del Mundo, iglesia evangélica cristiana fundada por su abuelo con sede en Guadalajara, que afirma tener 5 millones de seguidores en todo el mundo.

La fiscalía sostiene que los tres acusados cometieron delitos sexuales y produjeron pornografía infantil con cinco mujeres y niñas que formaban parte de la iglesia. Los presuntos delitos ocurrieron entre 2015 y 2018 en el condado de Los Ángeles, según las autoridades.

La Fiscalía Federal del distrito este de Nueva York acusó este viernes de narcotráfico y lava de dinero al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien estuvo al frente de la dependencia durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Tres de los cargos están relacionados con la producción, tráfico y distribución de estupefacientes y un cuarto con el de lavado de dinero según un documento de la Fiscalía.

El gran jurado que debía determinar si había pruebas suficientes para juzgar a Cienfuegos ha decidido imputarlo por cuatro cargos.

El primero de los cargos de narcotráfico es por conspirar para la producción y distribución internacional de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana; el segundo por conspirar para importar estupefacientes y el tercero por conspirar para distribuirlos.

«El acusado Salvador Cienfuegos Zepeda, también conocido como ‘El Padrino’ o ‘Zepeda’, junto con otros, conspiró a sabiendas e intencionalmente para fabricar y distribuir una o más sustancias controladas, con la intención, a sabiendas y teniendo una causa razonable para creer que tales sustancias serían importadas ilegalmente a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo», indica el texto.

En concreto, el escrito de la Fiscalía, firmado por el titular del Distrito este de Nueva York, Richard Donoghue, acusa a Cienfuegos de estar implicado en la producción, tráfico y distribución de 1,000 kilogramos de marihuana, 500 gramos o más de metanfetamina, 5 kilogramos o más de cocaína y 1 kilogramos de heroína entre diciembre de 2015 y febrero de 2017.

El cuarto cargo, de «conspiración para lavar las ganancias de los narcóticos» (lavado de dinero), sostiene que realizó transacciones económicas con este fin entre las mismas fechas, aunque no aporta ninguna cantidad específica.

Cienfuegos fue arrestado la tarde ayer jueves a petición de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) en el aeropuerto de Los Ángeles, donde viajó con su familia.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó este viernes de «lamentable» el arresto y consideró que es una «muestra inequívoca de la descomposición del régimen» que imperaba antes de su gobierno.

El presidente explicó que no existe ninguna investigación en México contra el general Cienfuegos que tenga que ver contra el narcotráfico, aunque confesó que hace 15 días fue informado por la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, de que en el país vecino «se hablaba de una investigación» sobre el general, aunque «no era nada oficial».

El mandatario avanzó que la investigación es un asunto del mismo juzgado de Nueva York que lleva el juicio de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad del Gobierno de Felipe Calderón, arrestado por nexos con el narcotráfico.

También es la corte que condenó a cadena perpetua a Joaquín «El Chapo» Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

 

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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indicó que los cárteles mexicanos ganaron entre 2016 y 2018 un billón de pesos, aunque el volumen total de dinero ilícito generado en ese periodo podría ser mucho mayor, esto debido a que México no cuenta con una metodología para medir dichos montos con exactitud.

El colaborador del gobierno federal aclaró que esa cifra corresponde sólo a dinero que ha sido denunciado, bien por la UIF o por otras instancias, ante las autoridades competentes.

Durante un balance sobre la lucha del gobierno federal contra el lavado de dinero, Nieto señaló que la Unidad multiplicó el número de denuncias ante los tribunales, en 2018 presentó 82 y en 2019 fueron 164, y frente a las seis sentencias condenatorias conseguidas en 2018, el año pasado se lograron 84.

La UIF es un departamento de la Secretaría de Hacienda encargado de rastrear operaciones y dinero vinculado a actividades delictivas. Es el que presenta las denuncias ante la fiscalía que, con esos datos, debe iniciar los procesos judiciales necesarios.

La UIF también tiene capacidad de bloquear cuentas sospechosas y suele trabajar en estrecha coordinación con la agencia antidrogas estadounidense (DEA).

En este sentido, informó que congeló recursos a casi 2,000 personas y empresas vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a 330 vinculadas al Cártel del Pacífico.

Nieto recordó que la principal amenaza de México es el crimen organizado, al que se combate desde el lado financiero, de seguridad y rastreando la corrupción política y judicial que lo protege.

«Tenemos 19 organizaciones delictivas de alto impacto y de ellas dos de naturaleza supranacional», Jalisco y Sinaloa, dijo al mostrar el mapa delictivo del país en el que se apreciaba que esos dos grupos están activos en casi toda la República.

De los 19 identificados, Nieto dijo que durante la administración previa a López Obrador, de 2012 a 2018, crecieron ocho de carácter regional.

Entre los problemas a los que se enfrenta México para luchar contra el lavado de dinero, Nieto mencionó el que haya estructuras empresariales complejas que complican el rastreo de operaciones y el alto nivel de la economía informal que supone el 22% del PIB del país y en la que participa el 56% de la población.

En agosto pasado, se registró un descenso del 0.46% en el número de homicidios dolosos al registrar 2,973 respecto a julio, cuando se registraron a los 2,987, informó este viernes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

«Hay cifras que nos permiten retomar la certeza en la validez y eficacia de la estrategia» de seguridad que ha implementado el gobierno federal, expresó el funcionario al presentar el informe en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De acuerdo con el secretario, existe una «línea de contención», dado que los homicidios de agosto descendieron un 0.46% respecto al mes anterior y un 3.3% respecto agosto del año anterior, cuando se registraron 3,074 crímenes.

Alfonso Durazo detalló que las zonas de mayor incidencia están en los estados fronterizos de Baja California, Sonora y Chihuahua, por ser territorio de trasiego de drogas, así como Guanajuato y Quintana Roo.

Destacó el caso de Guanajuato, donde en agosto bajaron los homicidios un 19.96% y lo atribuyó a la captura del líder del Cártel Santa Rosa de Lima, José Yépez Ortiz, mejor conocido como «El Marro».

El funcionario advirtió que todavía no se puede «cantar victoria» en esta región, aunque subrayó que el 14 de agosto se registró la «cifra histórica» de solo dos homicidios en el estado.

«Lo importante es que al detener al líder de una organización, hay un debilitamiento que facilita el enfrentamiento por parte de las fuerzas del estado», dijo Durazo.

Sin embargo, según las cifras ofrecidas por el encargado de la seguridad en el país, los feminicidios aumentaron de 74 en julio pasado a 78 en agosto. A pesar de esto, Durazo afirmó que la «tendencia histórica» de crecimiento de feminicidios se ha desacelerado un 2.4%, aunque dijo «obviamente tenemos que aplicarnos más».

Los secuestros aumentaron de 80 en julio a 86 en agosto, mientras que los robos bajaron de 49,831 a 49,530.

El secretario informó que en lo que va del año se han congelado 12,380 cuentas bancarias vinculadas a la delincuencia organizada equivalentes a 7,800 millones de pesos. En ese sentido, defendió la importancia de «combatir la fortaleza financiera» de los grupos criminales, dado que esta les permite «capacidad para operar y corromper» a funcionarios públicos.

Se informó también que la Guardia Nacional alcanzó en agosto los 82,081 agentes desplegados y lleva 14,000 elementos reclutados en lo que va de año.

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó este miércoles ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) una denuncia de hechos contra Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, y de David León Romero, por la presunta comisión de delitos electorales.

La denuncia se presentó luego de que el pasado 20 de agosto se dieron a conocer videos y audios en los que presuntamente aparece Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo para financiar a Morena y a su entonces dirigente nacional.

David León, quien fuera designado por AMLO para asumir la dirección de la empresa estatal de distribución de vacunas, medicamentos y equipos médicos del gobierno, reconoció en twitter la veracidad de los videos y admitió la entrega de recursos para esos fines.

El PAN señaló que el propio presidente aceptó, el 21 de agosto pasado, la autenticidad de los mismos, así como la entrega de recursos de León Romero a su hermano y los cuales tenían como destino final el apoyo de Morena y para gastos que se generaban en los eventos.

Además, denunciaron, reconoció que tenía una cuenta bancaria donde recibían recursos de particulares para fines electorales.

Acción Nacional exigió que se investiguen de forma exhaustiva, el origen, uso, reporte y destino de los sobres de dinero, las cantidades, así como ingresos y gastos del día a día de las actividades políticas del ahora presidente de la República.

La dirigencia del PAN mencionó que en la denuncia se hace referencia a los posibles apoyos ilegales que funcionarios de Chiapas realizaron para favorecer a Morena y López Obrador, como se registró en el video que salió a la luz pública donde se estiman aportaciones en efectivo por casi 10 millones de pesos.

«Por estas razones, Acción Nacional solicita que se investigue la integración de los informes anuales de Morena, las aportaciones privadas, nombres de aportantes, cuentas de origen y destino final de los recursos contrarios a la legislación», señaló el partido.

Piden sean investigados y sancionados en caso de proceder, por el posible uso de recursos públicos en las precampañas, campañas o gasto ordinario en favor de Morena, en cualquier proceso electoral, así como actos financieros de Pío López Obrador, David León Romero y las Asociaciones “Movimiento de Regeneración Nacional”, “Honestidad Valiente”, “Proyecto Alternativo de Nación”, “No nos vamos a dejar” y “Austeridad Republicana”, todos destinados a la formación y financiamiento de Morena y sus candidatos.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, reportó esta mañana un alza en los homicidios dolosos en julio con 2,980 casos, en un mes marcado por la ola de violencia que vivió el estado de Guanajuato previo a la detención de José Antonio Yépez Ortiz, alias «El Marro».

«Hemos logrado, no ha sido fácil, muy forzadamente una línea de contención en el homicidio doloso. Llevábamos ya cuatro cifras ligeramente a la baja al hilo pero el mes de julio sube» el número de asesinatos, dijo Durazo en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Según los datos oficiales presentados, el mes de julio registró 2,980 homicidios dolosos, una cifra 3.9% mayor a los 2,867 casos registrados en junio.

Si se comparan los 20,176 homicidios dolosos de enero a julio de 2019 frente a los 20,494 del mismo lapso de este 2020 el alza es de 1.6%.

Lo que evidenciaría, según las autoridades, una «desaceleración de crecimiento» frente a periodos anteriores.

Con esos datos, Durazo insistió en una «línea de contención» establecida, luego de que 2019 se convirtiera en el año más violento para México desde que se tiene registro con 34,608 homicidios dolosos y 1,012 feminicidios.

Además en marzo, cuando comenzó el confinamiento por la pandemia, se reportaron 3,033 asesinatos y fue el mes más violento desde que López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018.

En el mes de junio, el gobierno reportó una caída mensual en el delito de homicidio, pero un aumento de más del 35% en los feminicidios con 101 víctimas. En el séptimo mes del año el efecto fue contrario, si bien aumentaron los homicidios dolosos, los asesinatos de mujeres por razón de género pasaron de 101 a 74.

Sin embargo, el delito sigue al alza al pasar de 537 casos de enero a julio de 2019 a 566 en el mismo periodo del presente año.

El homicidio doloso disminuyó en 22 estados y mostró un incremento en 10: Zacatecas, Yucatán, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Sonora, Campeche, Hidalgo, Chihuahua y Aguascalientes; el delito de feminicidio tuvo un incremento en 17 entidades federativas y disminuyó en 15.

Apuntaron que los delitos de trata de personas y violencia familiar muestran una tendencia al alza de 2.5% y 1.6% respectivamente.

Alfonso Durazo reportó que, en contraste con lo ocurrido con el delito de homicidio, el secuestro se redujo en 40.2% interanual de enero a julio; el robo se desplomó un 22.5%; las lesiones dolosas un 14.7%; la violación un 8.2% y la extorsión 8.2%.

Respecto al robo de combustibles, el llamado huachicol, el funcionario señaló que la actual administración ha ahorrado 100 mil 294 millones de pesos desde el 21 de diciembre de 2018 hasta el 13 de agosto de 2020.

En materia de inteligencia financiera, en julio de este año se bloquearon 835 cuentas, lo que contribuye a debilitar la capacidad operativa de las organizaciones criminales, indicó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

Guanajuato lleva meses siendo el epicentro de la violencia en el país debido, en buena medida, a la disputa entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En cifras absolutas, Guanajuato suma 2,695 homicidios dolosos entre enero y julio. Y en el séptimo mes del año fueron 402 crímenes.

«La explicación. Julio fue un mes muy tenso, derivado fundamentalmente de todas las acciones de seguridad pública en el estado de Guanajuato que concluyeron con la detención del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, que es la organización criminal principalmente generadora de violencia en el estado», dijo Durazo.

Aunque dijo que la violencia ha caído en el estado y son cifras «alentadoras», pues se acumulan 132 homicidios en la
primera quincena del octavo mes del año, Durazo pidió a «no cantar victoria».

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que para el blanquiazul, México debe ser un país de Estado de Derecho y que debe hacerse siempre una investigación que garantice el debido proceso a los señalados e implicados en cualquier delito.

Las declaraciones del panista se dan en relación al video que se difundió en redes sociales la tarde de ayer, sobre presuntos sobornos que Pemex, bajo la dirección de Emilio Lozoya, entregó a legisladores de oposición, la mayoría del PAN.

En el video aparecen Rafael Caraveo, secretario técnico del exsenador Jorge Luis Lavalle, quien fue presidente de la Comisión de Administración del Senado. También aparece Guillermo Gutiérrez, colaborador del entonces senador Francisco Domínguez, ahora es gobernador de Querétaro. Gutiérrez fungía hasta la tarde ayer como secretario privado del gobernador.

Marko Kortés dijo que deben ser los tribunales los que tomen las decisiones tomando en cuenta las pruebas que se tengan.

“Para Acción Nacional es importante que quienes resulten responsables respondan por sus actos y que quede claro que no puede haber nadie, sea quien sea, por encima de la ley. Todo aquel que cometa un delito tiene que pagar por lo que haya hecho, sea éste quien sea, venga de donde venga, caiga quien caiga, sin privilegios, que nadie los proteja y que nadie los encubra», declaró el panista en un evento virutal.

Afirmó que esa siempre ha sido una lucha del PAN, que seguirán defendiendo.

Cortés Mendoza pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumir su responsabilidad y dar resultados en materia de salud, empleo y seguridad, y que deje a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial actuar de forma autónoma, para que se haga justicia y no política, como lo está haciendo.

“Hasta hoy ha sido un uso abusivo y dirigido de la justicia para dañar a la oposición que es quien puede ganarle a Morena, para ocultar las miles de muertes, por el pésimo manejo de la pandemia y para ocultar la brutal caída en la economía”, acusó el dirigente.

Reiteró que cualquier militante del PAN, con participación comprobada en algún hecho ilícito, será expulsado del partido.

A un año de haber sido encarcelada, la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, aseguró que pese a la saña con la que se le ha tratado, no dejará de luchar y demostrará su inocencia.

«Hoy cumplo un año de estar privada de mi libertad injustificadamente. La venganza de unos, la cobardía y el silencio cómplice de otros, y una procuración de justicia selectiva me tienen aquí», dijo Robles Berlanga a través de una carta desde el penal de Santa Martha Acatitla.

La exfuncionaria señaló que se le acusa de una omisión, «no de corrupción», por lo que no «merece» estar en prisión.

Aseguró que se han violado sus derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia, pues se le ha juzgado por quien es y no por lo que supuestamente hizo.

Denunció que se ha puesto en marcha toda una maquinaria para difamarla y hacer escarnio de su persona, «con una saña que es proporcional al miedo y al odio que me tienen».

Lamentó que a quienes se les ha acusado de delitos más graves, se les respetan sus derechos, mientras que a los delincuentes del crimen organizado se les ha dejado flagrantemente en libertad.

«Estoy aquí (cárcel) porque me llamo Rosario Robles. También porque soy mujer. Quieren borrar una vida entera de lucha por mejorar nuestro país, y por abrir espacios y pelear por los derechos de las mujeres. Quieren borrar mi historia, anularme, silenciarme. No es la primera vez».

Aseguró estar tranquila de su trabajo al frente de las dependencias federales. Indicó que tal como lo declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “mi tribunal es mi propia conciencia”.

Relató que pese a despertar en ciertas ocasiones «desolada», está agradecida porque está viva y sana.

«No dejo de luchar entonces. Quiero demostrar mi inocencia. Pronto dejaré atrás este episodio. Estoy segura», remató la excolaboradora del presidente Enrique Peña Nieto.

Sobre su posible salida de prisión, su abogado, Epigmenio Mendieta aseguró que Robles Berlanga debería estar libre en menos de 45 días o como mucho en dos meses.

En entrevista con Radio Fórmula dijo que si se resuelve favorablemente el amparo que presentaron contra la prisión preventiva el 4 de agosto, y que fue admitido, Robles «podrá enfrentar su proceso en libertad».

Recordemos que Rosario Robles está acusada de permitir el desvío de fondos por 5,000 millones de pesos (225 millones de dólares) a través de universidades públicas y empresas fantasma, en la llamada Estafa Maestra.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó esta tarde la presentación del reporte de seguridad en la Ciudad de México, en el que indicaron que han disminuido 25% los delitos de alto impacto.

Explicaron que mientras en diciembre de 2019 se registraba un promedio diario de 104.9 hechos, al 1 de julio dicha cifra bajó a 79.5 promedio diario.

Sheinbaum Pardo resaltó que, si bien la reducción de los delitos está asociada en una parte a la jornada de sana distancia derivada de la pandemia por Covid-19, también se debe al trabajo que realizan la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalino.

“Lo que es importante resaltar es que, aun cuando en julio, llevamos ya prácticamente todo julio de Semáforo Naranja, y a partir del 15 de junio que comenzaron a abrirse distintas actividades, aun así, se ha contenido de manera muy importante el crecimiento de los delitos», sostuvo la mandataria capitalina.

El coordinador general del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, Tomás Pliego Calvo, informó que, en diciembre de 2019 el promedio diario de homicidio doloso (víctimas) en la Ciudad de México era de 3.7 y al 1 de julio de 2020 disminuyó a 3.3 promedio diario.

Robo de vehículo: en diciembre del año pasado fue de 29.9 promedio diario y al 1 de julio de 2020 se redujo a 25.8 promedio diario. Robo a conductor: en diciembre de 2019 era de 8 promedio diario y al 1 de julio de 2020 bajó a 5 promedio diario. Robo a repartidor: en diciembre de 2019 fue de 8.5 promedio diario y al 1 julio de 2020 disminuyó a 4.7 promedio diario.

Robo en Metro: en diciembre de 2019 fue de 3.9 promedio diario y al 1 de julio de 2020 decreció a 1.5 promedio diario. Robo en Metrobús: en diciembre de 2019 fue de 2.5 promedio diario y al 1 julio de este año disminuyó a 0.6 promedio diario. Robo a bordo de microbús, en diciembre de 2019 era de 2.1 promedio diario y al 1 de julio de 2020 bajó a 1.1 promedio diario.

Robo a casa habitación con violencia: en diciembre del año pasado se registró 1.7 promedio diario y al 1 julio de este año se redujo a 1.5 promedio diario. Robo a transeúnte: en diciembre de 2019 fue de 34.8 promedio diario y al 1 de julio de 2020 disminuyó a 24.7 promedio diario. Robo a transportista: en diciembre del año pasado se tenía 0.3 promedio diario y al 1 julio de este año es de 0.3 promedio diario.

El gobierno federal presentó este lunes el informe mensual de avances en materia de seguridad, correspondiente a junio 2020, en el que se indicó que el mientras el homicidio doloso presentó una ligera disminución, el feminicidio repuntó a nivel nacional.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, informó que en junio de 2020 se registraron 2,851 homicidios dolosos, lo que representa una disminución del 2.23% respecto al mes previo, es decir 65 homicidios menos que en mayo, cuando se registraron 2,916 casos.

Durazo informó sobre un aumento del 35.62% en los feminicidios en el país con 99 víctimas, 26 casos más que las 73 víctimas que se registraron en mayo pasado.

El encargado de la seguridad en el país sostuvo que hay una «desaceleración del crecimiento» de los homicidios, pues dicho delito ha disminuido 0.8% en lo que va del año. Indicó que la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes se colocó en 13.7 en la primera mitad del año. 

Las entidades con más homicidios son Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Baja California y Jalisco. Los índices por habitantes más altos están Colima, Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Zacatecas.

El titular de la SSPC presumió la reducción anual de 14 de los 19 delitos de alto impacto en el primer semestre del año, con las mayores caídas en robo en transporte público (45.1%), secuestro (37.3%) y robo a transeúnte (28.5%).

Además, destacó una reducción de 1.4% en lo que va del año de los delitos del fuero federal, que incluyen crímenes como los financieros, contra la salud (narcotráfico), de hidrocarburos, de armas de fuego, fiscales y delincuencia organizada.

«Estos números nos indican, nos ratifican, el acierto de la estrategia en contra de la inseguridad, nunca hemos pensado que la incidencia criminal se va a reducir de un día para otro, si su incremento fue producto de un largo proceso social», afirmó Durazo.

Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que está dando resultados positivos la estrategia de atención a las causas de la violencia y la inseguridad.

“Entre más atención al pueblo, entre más atención a los jóvenes, entre más oportunidades de trabajo, de bienestar, entre más buenos ejemplos se den desde el gobierno, entre menos corrupción y menos impunidad, más paz y tranquilidad”, sostuvo.

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de desvío de dinero y actos de corrupción, tendrá este viernes en Florida su primera audiencia en una corte estadounidense tras su arresto este ayer en Miami.

La Oficina del Alguacil de los Estados Unidos (Office of the United States Marshal), informó este jueves que la audiencia se realizará a través de video, debido a la pandemia de Covid-19, y estará presidida por la jueza Lauren F. Louis, del Distrito Sur de Florida.

El expediente judicial del caso señala que «Duarte ha sido acusado de malversación agravada y conspiración agravada, según la información proporcionada por el Gobierno de México».

Investigaciones periodísticas apuntan a que César Duarte ingresó a Estados Unidos el 28 de noviembre de 2016, con una visa de turista, que expiró seis meses después.

El expediente añade que «hay razones para creer» que Duarte estaba el pasado 2 de abril en un rancho de Torrance, Nuevo México, según información que proporcionó a las autoridades «una fuente confidencial» familiarizada con el caso.

La noticia del arresto de Duarte coincidió este miércoles con la reunión en La Casa Blanca de los presidente Donald Trump y  Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

«Duarte, con la asistencia de funcionarios de su administración y de otras (personas), malversó fondos estatales en beneficio propio y de sus asociados», detalla la demanda de 9 páginas.

Precisa que el 8 de octubre de 2019, la jueza María Alejandra Ramos Durán, en Chihuahua, había emitido una orden de arresto contra el exgobernador.

Y es que las autoridades mexicanas detectaron irregularidades «significativas» en los programas de subsidios y préstamos para productores de ganado y en una supuesta compra de bienes inmuebles para el estado.

Según la demanda, desde al menos junio de 2011 hasta noviembre de 2014, Chihuahua transfirió más de 6.4 millones de dólares a dos empresas en las que «Duarte era el accionista mayoritario». Se trata de la Unión Ganadera, División General Regional del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte, SA de CV, SOFOM, ENR.

Sobre la detención de Duarte, el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirmó que «no es un regalo ni un
favor» del país vecino sino parte de los tratados internacionales.

Corral precisó que desde que el gobierno estatal se recondujo, ya en la administración del presidente López Obrador, el proceso de extradición, pues con la anterior administración, la formulación de la extradición no fue hecha de manera correcta. Dijo que el tema se colocó en la agenda binacional y la Fiscalía estatal trabajó conjuntamente con la Fiscalía General de la República (FGR).

«Ha sido un proceso muy largo como para decir que se trata de un asunto que surgió como si se intercambiaran favores. Es el cumplimiento de un tratado no es un regalo, no es un favor de Estados Unidos», señaló Corral en videoconferencia.

Corral consideró que el proceso de extradición de César Duarte «había sido muy manoseado por la anterior administración» y recordó que Duarte «tuvo la protección hasta el último día del mandato del expresidente Enrique Peña Nieto, él fue quien le colocó un manto de protección e impunidad de la que gozó hasta ayer», día que fue detenido.

El gobernador afirmó que la detención y extradición de Duarte podría sentar un gran precedente, en la historia de México para dar un «combate efectivo a la corrupción».

La Audiencia Nacional española (AN) acordó este lunes la extradición a nuestro país del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la AN consideran que se cumplen todos los requisitos establecidos en la legislación para proceder a la entrega a las autoridades mexicanas, luego de que Lozoya presentara un escrito en el que aceptaba su extraditado a México.

Las autoridades mexicanas le atribuye los delitos de cohecho y asociación ilícita, así como el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por pago que recibió de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), de Alonso Ancira, y por la compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados; además se le señala de haber recibido cerca de 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El procedimiento de extradición comenzó el 12 de febrero pasado cuando Lozoya fue detenido en Málaga, después de que en mayo de 2019 fuera puesto en busca y captura internacional por su presunta implicación en la trama de sobornos de Odebrecht.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confió esta mañana que «pronto» se concrete la extradición del exfuncionario.

«Ya pronto va a estar acá. (…) Eso lo está viendo la fiscalía yo creo que va a ser pronto porque ya solicitó voluntariamente la extradición», señaló el mandatario.

López Obrador reiteró que el exdirectivo viene con el acuerdo de «informar» todo lo sucedido en relación a los casos que le tocó atender y por los que se le acusa.

«Va a informar si hubo estos sobornos, quién entregó el dinero, para qué se usó el dinero, si se quedó él con el dinero o lo entregó a otras personas, se va a abrir la investigación», enfatizó el presidente

Asimismo, dijo que conocer todo lo que sucedió va a ayudar «a sanear, a limpiar, a purificar la vida pública» y a que se mande una señal de que no se puede triunfar a toda costa «sin escrúpulos morales de ninguna índole».

Insistió en que esto no solo servirá para prevenir otros casos de corrupción, sino que también se espera recuperar los recursos involucrados, por ejemplo, los obtenidos por la planta fertilizante Fertinal.

El Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Jalisco, vinculó a proceso a Armando Gómez Nuñez, alias «El Máximo o El Delta 1», operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se le vinculó a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de contra la salud con fines de comercio; posesión de armas de fuego y de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea.

La Fiscalía General de la República informó que la detención de Armando «G» se realizó el domingo de la semana pasada, en una operación coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Investigación (CNI).

El pasado 21 de junio, se ejecutó orden de cateo autorizada por un Juez Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, en un inmueble ubicado en la colonia Jardines del Country, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Así, los agentes lograron la captura del operador del cártel, además de que se aseguraron dos armas largas tipo fusil, un arma corta, dos cargadores, 16 cartuchos, siete teléfonos celulares; así como una bolsa de plástico, en cuyo interior había 304 envoltorios con polvo blanco, con un total de 191.8 gramos de clorhidrato de cocaína. Además, una bolsa de plástico con 28.0 gramos de clorhidrato de cocaína; un envoltorio rectangular con 300.1 gramos de clorhidrato de cocaína; dinero en efectivo, dos vehículos, objetos electrónicos diversos y el inmueble cateado.

El juez otorgó un término de tres meses de investigación complementaria, y decretó prisión preventiva en la Comisaria de Prisión Preventiva en Puente Grande, Jalisco.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, informó esta mañana que el país se registraron 2,913 homicidios en mayo, lo que representa un descenso de solo 13 homicidios respecto a abril.

Al intervenir en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Durazo señaló que se ha logrado mantener una «línea de contención» que está «muy por debajo de la tendencia histórica».

Y aunque reconoció que en homicidios dolosos, mayo es superior 0.72% respecto a diciembre de 2018, dijo que hubo una disminución de 0.44% en relación a abril. En el mismo mes de hace un año, el número de asesinatos fue casi idéntico, con 2,903 casos.

Destacó que estados como Guanajuato, Estado de México y Baja California tienen el mayor número de asesinatos en cifras absolutas. Mientras que Colima, Baja California y Guanajuato tienen la mayor tasa, que a nivel nacional es de 11.4 casos por cada 100,000 habitantes.

Asimismo, señaló que en el país se registraron 69 feminicidios en mayo, cuatro caso menos que en abril, lo que Durazo consideró una «baja sensible», aunque reconoció que hay algunos picos en algunos estados. El titular de Seguridad destacó que la cifra de este delito fue 31% menor respecto a diciembre de 2018.

En el mismo mes del pasado año, el número de feminicidios fue de 86, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP). Durazo destacó la caída en el número, que pasó de 172 casos en diciembre de 2018 hasta 63 en mayo de 2020, un 63.54% menos.

En cuanto a otros delitos, el robo total en general aumentó 0.93% en mayo respecto al mes anterior, pero cayó 35.72% frente a diciembre de 2018.

También dijo que los delitos del fuero federal en mayo aumentaron 10.35% respecto a abril pero han caído 40.74% frente al inicio de la actual administración. Los delitos federales incluyen delitos financieros, delitos contra la salud, huachicol, armas de fuego y delincuencia organizada, entre otros.

Sobre el robo de hidrocarburos, Durazo informó que dicho delito descendió de 56,000 barriles diarios en 2018 a 3,400
barriles diarios, evitando un «daño patrimonial» de casi 90,000 millones de pesos desde el 1 de diciembre y hasta el 14 de junio de 2020.

El titular de la SSPC señaló que existen retos fundamentales en materia de seguridad. Indicó que se tiene que fortalecer el estado de fuerza a nivel estatal y municipal, porque hay un déficit importante. Adicional, señaló que se debe combatir de manera contundente la corrupción policial a nivel estatal y municipal, y fortalecer las labores de investigación e inteligencia, tanto de los cuerpos estatales y municipales, como a nivel nacional.