Tag

delitos

Browsing

El gobierno federal reportó este miércoles una disminución del 3.5% anual en homicidios dolosos durante la primera mitad del año, registrándose 16,937 víctimas, aunque reconoció que los feminicidios crecieron 3.3%, hasta 508 casos.

“El homicidio doloso se ha contenido, sigue conteniéndose, y de enero a junio de 2021 disminuyó 3.5% respecto al mismo periodo del año anterior”, expresó la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, al intervenir en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Solo en junio, se registraron 2,660 víctimas de homicidio doloso, una caída de 7.57% anual frente a junio de 2020 y un decremento mensual de 11.24% respecto a mayo, el mes más violento de lo que va de 2021 con 2,997 asesinatos.

En contraste, la titular de la SSPC notificó 508 víctimas de feminicidio, respecto a los 492 casos reportados en la primera mitad del 2020.

El gobierno alertó sobre un incremento anual de más de 32% en las violaciones sexuales, con 10,458 de estos delitos en el primer semestre del año frente a 7.885 del mismo periodo de 2020.

Asimismo, el gobierno indicó que en mayo pasado la violencia familiar alcanzó un máximo histórico con 23,907 denuncias, que en junio bajaron a 22,411.

«Falta más trabajo, no solamente de las autoridades, sino también de la propia sociedad”, dijo Rosa Icela Rodríguez.

La secretaria de Seguridad argumentó que solo seis estados concentran el 50.2% de los asesinatos: Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua. Además, aseguró que 50 municipios concentran 47 % de los homicidios.

La funcionaria también admitió de un incremento global de 4.9% en los delitos del fuero federal respecto al primer semestre de 2020, pero lo atribuyó a los delitos electorales por las elecciones del 6 de junio.

“En el primer semestre de 2021 se logró una reducción de 24.6% de los delitos del fuero federal con respecto al mismo periodo de 2019, se está manteniendo la tendencia a la baja», justificó.

Rodríguez indicó que en los primeros seis meses de 2021 hubo una disminución anual de 3% en robo total y de 29% en víctimas de secuestro.

Los crímenes de delincuencia organizada también bajaron 11.4% en dicho periodo, aunque los delitos contra la salud, relacionados con el tráfico y venta de drogas crecieron 4.6%, hasta 4,317.

El gobierno federal ´presentó esta mañana un informe sobre la violencia contra las mujeres, en el que reconoció un alza del 7.1% interanual en feminicidios, luego de que haber registrado 423 crímenes en los primeros cinco meses del año.

Durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, habló sobre las acciones que se han implementado para reducir o eliminar los feminicidios y la violencia de género en el país.

Recalcó en incidencia por cada 100,000 habitantes, los estados de Morelos, Sonora, Quintana Roo, Colima, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y Chiapas concentran las tasas más altas en este delito.

Acusó que durante décadas «se redujo, minimizó e ignoró» el feminicidio; sin embargo, destacó que en la actual administración se trabaja para que en todos los estados se tipifique como un delito federal y se castigue a los culpables.

Señaló que se ha instalado un gabinete de género para avanzar en la agenda de los derechos de las mujeres, además de que existen 100 integrantes de la Guardia Nacional listos para ayudar a las fiscalías estatales quienes se han especializado en violencia de género y feminicidio.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aceptó que ha habido un incremento en feminicidios, lamentablemente, y en violencia familiar. «Estamos ocupándonos de eso», subrayó.

Por su parte la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, resaltó la creación del grupo institucional contra la violencia. «Trabajamos todos los días para atender las dinámicas de violencia contra las mujeres mediante estrategias de atención y prevención», subrayó.

Indicó que el reto de erradicar la violencia contra las mujeres «es enorme». Sin embargo, dijo que igual de enormes son las acciones que se llevan a cabo y para ello los tres niveles de gobierno deben estar coordinados.

En su intervención, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Fabiola Alanís, dijo que en esta administración se ha mejorado la atención a este delito. Señaló que en los primeros seis meses de este año 100,000 mujeres han sido atendidas en los 55 Centros de Justicia para las Mujeres, los cuales brindan atención médica, asesoría y alojamiento.

Finalmente la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Nadine Gasman, indicó que en un recorrido por el país encontraron que las tres principales preocupaciones de las mexicanas son: erradicar la violencia, tener autonomía económica y la distribución del trabajo en el hogar.

En ese sentido detalló que las tres principales acciones realizadas por el organismo son la prevención de violencia sexual y el embarazo de niñas y adolescentes, el acompañamiento de las mujeres en territorio nacional y los cuidados familiares.

Autoridades federales reportaron este lunes 2,963 homicidios en mayo pasado, convirtiéndose así en el mes más violento en lo que va de 2021; cifra más alta desde julio de 2020, y uno de los 10 más sangrientos del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Al encabezar el informe mensual sobre seguridad pública, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, indicó que la cifra presenta un incremento mensual de 3.57% frente a los 2,861 asesinatos reportados en abril y un aumento anual de 1.26% ante los 2,926 registrados en mayo del año pasado.

A estas cifras se suman 98 víctimas de feminicidio, solo una por debajo de las 99 que se registraron en marzo; la mayor cifra en lo que va del año, pues representa 20 víctimas más que las 78 que se reportaron en abril pasado.

Aun así, la titular de la SSPC presumió de una reducción anual de 2.9% en el número de homicidios dolosos en los primeros cinco meses del año. «Se sigue conteniendo la tendencia al alza del homicidio doloso durante la presente Administración», sostuvo Rodriguez al intervenir en la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Recordemos que nuestro país ha registrado los 2 años más violentos de su historia en los primeros dos años del gobierno de López Obrador con 34,682 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020.

Se indicó que seis estados concentran 50.4% de los homicidios: Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua. También indicó que los 15 municipios de atención prioritaria, que acumulan 27% de los asesinatos nacionales, han mostrado una caída de 6.1% en lo que va del año. Las excepciones, reconoció, son: León, Cajeme, Acapulco, Guadalajara, Chihuahua y Morelia.

En contraste, Rosa Icela Rodríguez admitió aumentos en lo que va de 2021 del 30% para el delito de violación; 47% para el delito de trata de personas; del 7% en feminicidios; del 8% en delitos contra la salud (relacionados con las drogas); del 8.1% en crímenes cometidos por servidores públicos y de 137.7% en delitos electorales, por ser año electoral.

Por otro lado, titular de la SSPC destacó una caída de 5.8% en lo que va del año de robos en general, indicador que ha decrecido 22.7% en la presente administración. Asimismo, expuso una reducción de 28.8% en los secuestros en este 2021.

«Los delitos (en general) han disminuido 27.2% en enero a mayo de 2021, respecto al mismo periodo de 2019, lo que representa una tendencia a la baja desde el inicio de la administración», aseveró.

Por su parte el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, resaltó que que la corporación tiene casi 100,000 elementos, de las que cerca de 85,000 ya están desplegadas. En tanto, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, detalló el despliegue de más de 142,000 soldados y marinas.

El titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), José Agustín Ortiz Pinchetti, ofreció su segundo mensaje en lo que va de la jornada electoral, en el que actualizó la información dando a conocer que se han reportado sólo 12 denuncias por delitos federales, es decir, las que tienen que ver con la renovación de la Cámara de Diputados.

Reiteró que a través de los sistemas de atención de FEDENET y FEDETEL se han atendido alrededor de dos mil 400 llamadas, la mayoría de ellas corresponden a orientación ciudadana.

De acuerdo con la información recibida en los estados y en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), indicó que Michoacán y Oaxaca son los estados con más denuncias por posibles delitos electorales del orden federal, con tres y dos, respectivamente.

“Esperamos el reporte de más denuncias que sean serias y eficaces”, manifestó Ortiz Pinchetti.

Asimismo, comentó que de acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE), casi 90% de las casillas se instalaron y consideró como positivo que un gran número de votantes hayan salido a las urnas, pese a los incidentes focalizados que se han registrado en diferentes estados del país.

“Este fenómeno de la afluencia es el más interesante que puedo reportarles a ustedes, y yo lo veo vinculado a algo que se llama confianza. La gente está saliendo a votar porque siente que no van a ser engañados, que no es previsible el resultado, que hay incertidumbre democrática”, comentó el titular de la FISEL

El titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FEDE), José Agustín Ortiz Pinchetti, señaló un desarrollo positivo de la jornada electoral de este domingo, aunque informó sobre 415 denuncias recibidas hasta ahora relacionadas con las elecciones, las cuales señaló que están siendo investigadas.

De estas denuncias, 229 provienen de la Ciudad de México, 100 del Estado de México, 61 de Nuevo León, 48 de Chiapas y 45 de Puebla. La mayoría de los problemas detectados son de competencia local, por lo que en el ámbito federal «las cosas están tranquilas».

Ortiz explicó que llama la atención el número de llamadas telefónicas al sistema FEDETEL, con cerca de 52,000, aunque precisó que la inmensa mayoría son peticiones de información y únicamente unas 1,000 aportan datos sobre posibles delitos electorales.

Además, ha destacado la «gran asistencia» en los centros de votación y ha invitado a todos los electores a ejercer su derecho de votar en estos comicios, los más grandes en la historia del país.

«Nunca se había visto que en las elecciones intermedias hubiera tanto interés y que hubiera signos, síntomas, de que tendremos elecciones de alta calidad democrática. Eso será un paso adelante en la construcción, que ha sido muy accidentada y difícil, de la democracia en México», expuso Ortiz Pinchetti.

Los cinco estados con más incidencia por posibles delitos electorales federales son hasta el momento: la Ciudad de México con 229; el Estado de México con 100; Nuevo León con 61; Chiapas con 48 y Puebla con 45.

El titular de la FEDE recordó que cuatro mil 200 policías federales y mil 600 peritos que ayudarán a esclarecer los posibles delitos que se presenten durante la jornada electoral.

Recordemos que en la jornada electoral de este domingo están en juego más de 21,000 cargos de elección popular, entre las que destacan los 500 diputados federales; 15 gubernaturas; 1,063 cargos en congresos locales; 17,000 en ayuntamientos, y más de 1,900 alcaldías,

Desde el pasado mes de septiembre, que inició el actual proceso electoral, se han registrado 910 agresiones o delitos contra políticos, 860 víctimas de diversos delitos; un saldo de 91 víctimas mortales, 36 de ellos aspirantes y candidatos, según el último corte del monitoreo realizado por la consultora Etellekt.

La cifra final (910 agresiones) representan 17.5% más que durante todo el proceso electoral del 2018.

Los homicidios dolosos en el país disminuyeron un 4% en el primer cuatrimestre de este año (1C21) en comparación con el mismo período de 2020, según el informe de seguridad que presentó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Al participar en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la funcionaria indicó que en abril ocurrieron un total de 2,857 homicidios dolosos y 77 feminicidios a nivel nacional. Destacó que durante la actual Administración se ha contenido la tendencia a la alza del homicidio doloso», aseguró la ministra.

Detalló que en el primer cuatrimestre de 2021 se registraron 11,277 asesinatos en el país, un 4% menos que en el mismo periodo de 2020. Explicó que el 50.6% de estos delitos suceden en los estados de Guanajuato (1,263), Baja California (1,063), Jalisco (882), Michoacán (861), Estado de México (852) y Chihuahua (792).

Rosa Icela señaló que el reforzamiento de las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad instruidas por el presidente en estados como Guanajuato, Baja California han permitido contener este delito. Añadió que se tienen detectados 15 «municipios prioritarios», aunque aseveró que hay una disminución de 18% de los asesinatos principalmente en Tijuana, Ciudad Juárez y Celaya.

La titular de la SSPC admitió que no se han podido frenar los homicidios en los municipios de León, Cajeme, Guadalajara, Acapulco y Chihuahua.

En cuanto a los feminicidios, se informó que disminuyeron de 98 casos que se registraron en marzo pasado, a 77 en abril, lo cual representa una reducción mensual del 21.4%. El país sumó entre enero y abril del presente año 319 casos de feminicidio, una cifra 0.3% menor a la del mismo periodo del pasado año.

Respecto al secuestro, detalló que en los primeros cuatro meses del año este delito se redujo 34.4% respecto a 2020; tan solo en abril se registraron 60 secuestros.

En cuanto a los delitos del fueron común, señaló que el robo en transporte individual aumento 13.1% Y el robo en transporte público 12.1%. Los delitos que también aumentaron fueron el de violación, que se disparó un 21.4% y el de la violencia familiar que creció 19.2%.

El resto de los delitos del fuero común presentaron una disminución que va del 2.6% al 14.9%. Se detalló que los delitos de robo en su conjunto bajaron 10.8% en los últimos 4 meses.

Por su parte el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que durante su administración el homicidio «ha bajado muy poco» y admitió que en delitos como el secuestro y el robo «hay cifras negras».

Sin embargo, atribuyó esto a que esos delitos no se denuncian y, en el caso del secuestro, los familiares establecen comunicación con los secuestradores sin avisar a las autoridades. Pese a esta situación, resaltó que el secuestro ha disminuido 34.4% en 2021 y desde que llegó su administración ha bajado 65%.

Recordemos que México ha registrado los dos años más violentos de su historia con 34,681 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020.

El gobierno federal presentó esta mañana el informe sobre seguridad pública en el país, en el que indicó que los homicidios dolosos registraron una disminución del 4.6% en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo período de 2020, al pasar de 8,811 casos a 8,399.

En marzo de 2021 se registraron 2,944 asesinatos, un 3.4% por abajo de los 3,043 casos de marzo de 2020, que fue el mes con más homicidios en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

«En el primer trimestre de 2021 se presentaron 4.6% menos homicidios dolosos respecto al mismo periodo del año anterior y aunque se ha logrado contener este delito, desde hace meses el homicidio dolosos se concentra en algunas entidades (estados)», dijo la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Explicó que el 50.7% de estos delitos se concentran seis estados: Guanajuato con 926 casos, Baja California con 806, Jalisco con 668, Estado de México con 655, Michoacán con 621 y Chihuahua con 586. También señaló que el gobierno tiene detectados 15 «municipios prioritarios» donde prevalecen los homicidios, encabezados por Tijuana (428), Ciudad Juárez (287) y León (159).

La funcionario destacó que en los primeros tres meses del año se ha logrado contener la incidencia del feminicidio, delito que bajó un 2.4% respecto al primer trimestre del año anterior. En el primer trimestre de 2020 hubo 245 feminicidios, mientras que entre enero y marzo de 2021 fueron 239.

Dijo que en materia de secuestro se están presentando «buenas cuentas», pues la incidencia se mantiene en las más bajas de los últimos años; destacó que en el primer trimestre se logró una reducción del 36.8% respecto al 2020.

La secretaria recordó a las autoridades estatales y municipales que la seguridad es «una responsabilidad compartida» y que la construcción de paz involucra a todos. «Seguiremos con la estrategia de reforzar las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad para impulsar la coordinación y las labores de inteligencia», expresó.

Rosa Icela Rodríguez también informó sobre el comportamiento de los delitos del fuero federal. La violencia familiar subió 9.5% en dicho periodo al registrar 59 mil 313 casos; la trata de personas aumentó 21.3% con 171; y las violaciones aumentaron 8.3%, con 4 mil 808 casos.

En cuanto al robo a negocio se registró una disminución del 18.2%; en robo a  transporte público colectivo un 16.6%;  robo a transeúnte un 13.1% menos; robo a transportistas un 8.8%; robo de vehículo automotor un 22.9%; robo de ganado un 20.9% y en robo a casa habitación una disminución del 20%.

Un juez frenó parte de la Ley Federal de Telecomunicaciones que obliga a los usuarios de telefonía móvil a entregar a los proveedores del servicio datos personales para un registro biométrico.

La medida provisional bloquea la reforma que indica que a los clientes que no entreguen dichos datos podrían cancelárseles sus líneas.

Los legisladores de Morena y aliados, que apoyan la creación del padrón de usuarios, y que fue aprobado en el Senado la semana pasada, argumentan que es necesario dicho padrón para reducir el crimen, incluida la extorsión y el secuestro, al dificultar que los delincuentes permanezcan en el anonimato al adquirir nuevas líneas de teléfonos móviles.

El Padrón es la nueva versión del extinto programa «Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT)», creado en 2008 durante el gobierno de Felipe Calderón.

El registro no «influye positivamente» en las actividades de seguridad pública del Estado, según Juan Pablo Gómez, Juez Segundo Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, quien concedió la primera suspensión provisional.

El padrón requeriría que empresas como América Móvil y AT&T recopilen huellas dactilares o datos biométricos oculares de los clientes y los envíen para su inclusión en una base de datos que estaría administrada por el el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El IFT ha indicado que implementar el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil requerirá un presupuesto de más de 109 millones de pesos durante el primer año de su creación y para los siguientes años necesitará 88 millones de pesos más.

La suspensión provisional es el primer obstáculo legal que ha enfrentado el registro después de que los legisladores de la Cámara baja y el Senado lo aprobaran, a pesar de la oposición de grupos de la industria de las telecomunicaciones y de derechos civiles.

La suspensión definitiva podría producirse en las próximas semanas. Sin embargo, se espera que en estos días la lluvia de amparos aumente considerablemente.

Grupos de derechos civiles han argumentado que el registro es una invasión de la privacidad y podría llevar a las personas a ser extorsionadas por los delincuentes y potencialmente condenadas erróneamente por un delito.

Al recordar que el juez que concedió la suspensión provisional es el mismo que otorgó los amparos contra la ley eléctrica, AMLO señaló la urgencia de implementar la reforma al Poder Judicial.

«Juan Pablo Gómez es el mismo juez que ampara a las empresas eléctricas (…) sí hace falta una reforma al Poder Judicial», dijo el mandatario.

AMLO criticó la actuación del juez, pues dijo, hay una campaña de desinformación sobre el Padrón que se realizará.

Indicó que es mentira todo lo que se dice sobre las medidas que incluirá el Padrón, pues solo se pedirán las huellas dactilares, medida que recordó ya se usa en diversos servicios públicos y privados.

El subsecretario de la SSPC, Ricardo Mejía, también habló sobre el tema; dijo que nueve de cada 10 llamadas de extorsión se realizan desde equipos de prepago, por lo que consideraba necesario implementar el Padrón de usuarios de telefonía móvil.

«Los datos personales y biométricos lo va a definir el Instituto de Telecomunicaciones, nosotros consideramos que con la huella digital sería suficiente. Hay quienes defienden un modelo de ventas, nosotros defendemos un modelo de seguridad», enfatizó.

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó formalmente por el los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, al exsenador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, en relación al caso Odebrecht.

Este jueves se llevó a cabo la audiencia de imputación contra el panista en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde los representantes de la FGR detallaron ante el juez los elementos de prueba que tiene contra el exlegislador.

La imputación, contenida en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, se deriva de la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en la que acusa a Lavalle y a otros 15 exfuncionarios de alto nivel de recibir sobornos para aprobar la reforma energética de 2013.

Así, Lavalle se convierte el primero de los políticos denunciados por Lozoya, entre los que aparecen los expresidentes Enrique Peña, Felipe Calderón y Carlos Salinas, en ser imputados por la justicia mexicana. En la denuncia que Emilio Lozoya presentó ante de la FGR luego de su extradición desde España, también señala a personajes como Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

Entre las pruebas que la FGR presentó se encuentran testimonios del exdirector de Pemex, y del exsecretario particular de Lavalle, Rafael Caraveo.

A Lavalle se le señala de haber recibido 25 millones de pesos provenientes del dinero que Odebrecht dispersó en México, triangulado a través de diversas compañías, y que benefició a otros senadores principalmente del PAN y del PRI.

Rafael Caraveo, quien fungió como secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República, señala que los 25 millones de pesos que habría recibido Lavalle se repartieron en dos entregas, una de 13 millones de pesos y otra de 15 millones.

Señala que el dinero era recogido por él en un domicilio ubicado en Montes Urales en las Lomas de Chapultepec, un inmueble que sirvió como sede de las oficinas de campaña de Peña Nieto en 2012 y de una oficina alterna de Pemex cuando Lozoya era su director.

Lavalle ha negado en diversas ocasiones los señalamientos que hay en su contra, y había manifestado su disposición para presentarse ante las autoridades y aclarar los hechos. Sin embargo, acusó que se le había negado el derecho de conocer el expediente que había en su contra.

«Desconozco las motivaciones e intenciones de esas imputaciones pero son tan falsas como inverosímiles, orientadas y probablemente premiadas», dijo en un comunicado en noviembre del año pasado.

Incluso Lavalle ha señalado que Caraveo será quien tenga que responder por los videos donde se le observa recibiendo el dinero, pues insistió: «manifiesto contundentemente que no tengo relación alguna con ese evento y no recibí un solo peso de origen ilícito».

Y aunque la Fiscalía pretende que se vincule a proceso al exsenador, ninguno de los delitos que se le imputan ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo que podría seguir su proceso en libertad.

El gobierno de la Ciudad de México presentó este martes la Evaluación de la Incidencia Delictiva de la capital, en la que destaca que los delitos de alto impacto disminuyeron en 49.2% en febrero pasado, al pasar de 4 mil 588 en 2019 a 2 mil 331 en 2021.

Al encabezar la presentación del reporte, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que la disminución en los delitos de alto impacto es producto de una estrategia de seguridad que ha desarrollado conjuntamente su administración, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía capitalina.

“Presentamos el Informe de Seguridad: entre febrero del 2019 y febrero del 2021, todos los delitos de alto impacto se redujeron a la mitad; se dice fácil, en pocas palabras, pero lo que significa el trabajo coordinado, el trabajo cotidiano de cada una y uno de los policías, también de los Ministerios Públicos y de todo lo que significa el Gabinete de Seguridad y las corporaciones de Seguridad y Justicia de la ciudad, es impresionante”, dijo la mandataria local.

El coordinador general del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, Tomás Pliego Calvo, fue el encargado de detallar que los delitos de alto impacto disminuyeron en su promedio diario, ya que en febrero de 2019 se registraron 163.9; en 2020, 105.6;  y en 2021, 83.2.

En el caso de los delitos de bajo impacto se registró una disminución del 52.7% de febrero de 2019 en comparación con febrero de 2021, al pasar de un promedio diario de 34.5 en 2019 a 16.3 en 2021.

Sin embargo, Pliego Calvo señaló que los delitos de robo a casa habitación con violencia, robo de pasajero a bordo de taxi y robo a transportista registraron un ligero incremento, por lo que se implementaron una serie de estrategias coordinadas que dieron como resultado un decremento en dichos indicadores.

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, explicó que del 1 de enero al 17 de marzo de 2021 la Fiscalía capitalina ha realizado 4 mil 116 vinculaciones a proceso y en el caso de prisiones preventivas han llevado a cabo 2 mil 516.

La funcionaria destacó que la FGJCDMX tiene un 79% de efectividad en prisión preventiva con mil 366 vinculaciones por robo del 1 de enero al 17 de marzo de 2021 en cuanto a delitos como robos a transeúnte, a negocio, de vehículo, a casa habitación con violencia, a repartidor, entre otros; resaltó que del 1 de enero al 17 de marzo de 2021 se han asegurado 86 inmuebles en 14 Alcaldías por delitos como narcomenudeo, secuestro, homicidio, despojo, robo con violencia, robo de vehículos e incluso, por maltrato animal.

Por su parte el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de enero al 15 de marzo de 2021, se han detenido a 12 objetivos prioritarios; se han cateado 105 domicilios por la FGJCDMX y producto de ello, se ha logrado la detención de 132 personas.

Detalló que se han realizado 16 cateos en diversas Alcaldías por el robo de vehículo que ha arrojado la detención de nueve personas, en tanto que 137 han sido detenidas en flagrancia, algunas con orden de aprehensión.

En tanto, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, Salvador Guerrero Chiprés, destacó que la Ciudad de México se ubica en el primer lugar de las cinco entidades más pobladas con la mayor disminución en incidencia delictiva, de acuerdo con el reporte de Incidencia Delictiva de dicho Consejo.

El gobierno federal informó esta mañana que los homicidios dolosos cayeron un 5.3% en febrero de este año respecto al mismo mes de 2020, al registrar 2,626 casos, la menor cifra desde el inicio de la administración del presidente  Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

«Febrero de 2021 ha sido el mes de toda la Administración con menos víctimas de homicidio doloso. Este delito disminuyó 5.3% respecto al mismo mes del año anterior», expuso Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La funcionaria explicó que los homicidios se concentraron sobre todo en seis estados: Guanajuato (591), Baja California (525), Jalisco (454), Estado de México (409), Michoacán (405) y Chihuahua (377). Los dos municipios del país que concentran más asesinatos también han registrado reducciones, pues en Tijuana bajaron los asesinatos de 293 en febrero de 2020 a 281 en febrero de este año, mientras en Ciudad Juárez pasaron de 199 a 182.

La secretaria añadió que «los delitos de alto impacto que afectan a las mujeres también se han contenido»; y es que en febrero de este año se contabilizaron 71 feminicidios, una reducción del 14.9% respecto a los 93 de febrero del mismo mes del año pasado. En comparación con los 72 de enero pasado, la reducción es del 1.4%.

Por su parte Eduardo Redondo Arámburo, subsecretario de Marina, informó que hay más de 320,178 efectivos desplegados del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, de los cuales 215,391 son fuerza operativa.

López Obrador resaltó que las cifras y disminuciones que se registran se deben a la coordinación entre los gobiernos federal, estatales y municipales. «Ahora todos los días hay comunicación, hay coordinación. La Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad. Todos los días y esto se replica en los estados y da buenos resultados el que se tengan estas mesas. Vamos a seguir avanzando, informando cada mes».

Adicional, Rosa Icela Rodríguez detalló que en febrero pasado se redujeron 19.9% los delitos del fuero federal. respecto al mismo mes del año pasado.

“Cuando iniciamos este gobierno, en diciembre de 2018, se cometían 9 mil 62 delitos federales. El mes de febrero de este año, tuvimos 5 mil 817, es decir, 35.8 por ciento menos”, subrayó la encargada de seguridad en el país.

Sobre el delito de robo detalló que al inicio de la administración se cometía hasta 64 mil 839 robos y al corte de este año se registran 30.1 menos robos y la tendencia de muestra a la baja. En cuanto al robo de vehículo, la secretaria dijo que hay una contundente disminución. Pasó de 14 mil 405 a 8 mil 220 eventos de diciembre de 2018 a febrero de 2021; la reducción es del 42.9%.

El robo en transporte colectivo bajó 24.1% en los dos primeros meses de 2021 respecto al mismo periodo de 2020. El robo a casa habitación cayó en 25.3%; 21.2% menos robos a negocio; 16.2% menos robos a transeúntes; 29.4% en el robo de ganado; el robo a transportistas disminuyó 6.8%, mientras que el robo a transporte individual 6.1%.

En materia de secuestro, en febrero la reducción de la incidencia fue del 60%. El delito de extorsión se redujo en 11.2% y las lesiones dolosas en 9.7%. En cuanto al robo de hidrocarburos, la disminución fue de 4 mil 600 barriles diarios en promedio durante enero a 3 mil al 15 de marzo.

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, aseguró este viernes que 2020 registró un mejor arranque de año con relación al 2020 en cuanto a incidencia delictiva, ya que el mes pasado se registró una reducción en los homicidios dolosos, así como en los delitos del fuero federal y del fuero común.

La funcionaria informó una reducción anual del 5.5% en los homicidios dolosos, al pasar de 2,996 en enero de 2020 a 2,831 en el primer mes de 2021, es decir, 165 casos menos.

La secretaria sostuvo que México «mantiene la contención» de los homicidios dolosos después de cerrar 2020 con 34,515 víctimas, lo que supone una leve caída del 0.4% respecto a 2019, la primera reducción de este delito en cinco años.

Expuso que seis estados concentraron casi la mitad de los homicidios; Guanajuato a la cabeza con 335 casos, seguido por Baja California con 284; Jalisco con 212; Michoacán con 204; Chihuahua con 196, y Estado de México con 168.

También señaló que 15 municipios concentraron el 27% de los asesinatos: Tijuana, Ciudad Juárez, Cajeme, León, Morelia, Chihuahua, Celaya, Culiacán, Guadalajara, Acapulco, San Pedro Tlaquepaque, Benito Juárez, Irapuato, Iztapalapa y Salamanca.

Sin embargo, apuntó que de estas ciudades, 10 registraron una reducción interanual de 8  en enero.

«Se tiene un mejor arranque del año con relación al 2020, durante enero de 2021 se registró una disminución de 19.6% en los delitos del fuero federal con respecto al mismo mes del año pasado», mientras que en 16 de los 18 delitos del fuero común también hubo una baja.

Las disminuciones registradas fueron: secuestro: -55.6%; robo de vehículo: -27.3%; roba a casa habitación: -26.6%; robo en transporte público colectivo: -25.8%; robo a negocio: -20.6%; robo de ganado: -23.7%; robo a transeúnte: -17.6%; robo a transportista: -5.4%.

Hubo una disminución en conjunto de 24.3% de todos los delitos de robo, de 15.5% en extorsión y de 7.3% en lesiones.

La titular de la SSPC destacó la baja en tres delitos: 17.8% en trata de personas, del 1% en violación, y de 10.7% anual y 14.1% mensual en feminicidios. Esto significa que en enero de 2021 hubo 67 mujeres víctimas de feminicidio frente a las de 78 de diciembre y las 75 en enero del 2020.

Por otro lado, la dependencia contabilizó 48 secuestros en enero, lo que significa una disminución interanual de 55.6%.

«Estas cifras alientan porque son fruto del trabajo» del gobierno federal, dijo Rodríguez Velázquez. «No estamos por la guerra, estamos por la construcción de la paz, esta estrategia consiste en atender las causas que generan la violencia», añadió.

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de malversación de fondos, será extraditado a nuestro país, luego de que la jueza del caso anunciara que certificaría la solicitud de las autoridades mexicanas.

En una nota que llegó horas después de que finalizara la audiencia de este martes, la jueza indicó que la solicitud  cumple con los requisitos del Tratado de Extradición México-Estados Unidos, por lo que dio un plazo de 60 días para la entrega del exgobernador.

En lo que la entrega se concreta, Duarte seguirá preso en Miami. Sin embargo, el exgobernador todavía podría apelar la decisión.

Horas antes, al finalizar la audiencia de hoy, la jueza Lauren Fleischer Louis dijo que «no anticipo futuras acciones ante mí». «Pondré una orden escrita en el expediente judicial tan pronto como pueda para que ustedes puedan emprender los próximos pasos».

En la audiencia la fiscalía aseguró que existen evidencias de que Duarte cometió los delitos y debe ser extraditado a nuestro país. Su defensa reiteró que son cargos políticos. Morillo, que era «venganza de opositores políticos», en referencia al sucesor de Duarte, Javier Corral.

«El pedido de extradición detalla la corrupción durante el gobierno de Duarte», expresó el fiscal Jason Wu al comienzo de su alegato. «El tribunal debe certificar la extradición».

Duarte, que se desempeñó como gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016, está acusado de peculado y asociación delictuosa para malversar millones de dólares de fondos públicos. México solicitó su extradición a finales de 2019.

La fiscalía se centró en una serie de testigos reservados que trabajaban en el gobierno de Chihuahua y han asegurado que Duarte les ordenaba desviar fondos públicos para fines personales, como pagar impuestos y tarjetas de crédito. Estos testigos son parte de la causa presentada en México y la justicia estadounidense los considera importantes para probar las acusaciones.

Wu dijo que esos testigos, entre ellos un exsecretario de finanzas de Duarte, identificaron al menos 11 transacciones millonarias en las que el exgobernador les habría ordenado desviar fondos públicos a cuentas privadas que sólo él, familiares o cómplices podían administrar.

«Tenía total responsabilidad de los fondos en disputa», expresó Wu. «Las transferencias beneficiaban a Duarte. Él tenía el control de los fondos públicos», dijo tras describir varias de esas transacciones, algunas de ellas destinadas a comprar vacas y otras a empresas y cuentas de su familia.

Su defensa pidió a la jueza que no considerara lo que habían dicho esos testigos porque sus declaraciones habían sido bajo amenazas. «Lo que pedimos al tribunal es que evalúe el método, el proceso con el que el gobierno de México obtuvo las evidencias», expresó el abogado Juan Morillo. «Cuando el testimonio se consiguió de manera ilegal, no se puede considerar».

Según la defensa, la vida de Duarte correría peligro si regresa a nuestro país para enfrentar un juicio.

La jueza se limitó a decir que estaba «satisfecha» con los argumentos presentados a favor de la extradición, aunque no indicó cuando resolvería el asunto. «La presentación satisface la causa probable», expresó Fleischer Louis.

Para los fiscales, las pruebas presentadas por Duarte buscan evitar su extradición y que sea juzgado en Estados Unidos en un «mini juicio».

Duarte asegura que llegó a Estados Unidos a finales de 2016 en busca de un tratamiento médico tras un accidente en helicóptero. Antes de su detención en julio de 2020, pidió asilo político. El exgobernador asegura que desconocía sus acusaciones cuando llegó y que llevaba una vida pública, sin ocultarse, en el país vecino.

El director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas, rechazó que la disminución porcentual de 0.4% en números absolutos de las víctimas de homicidios que presentó ayer el gobierno federal sea un éxito derivado de una acción o política pública de la autoridad federal.

El especialista indicó que dicha variación se debe más bien a la estabilización de la tendencia de homicidios en el punto más alto desde que se tiene registro.

«No se observa alguna política pública especifica a la que se pueda vincular con este descenso mínimo. Es importante no confundir a los ciudadanos entre el comportamiento independiente de los delitos y la inexistencia de una política pública exitosa”, señaló este jueves al presentar el ‘Análisis del comportamiento de delitos en 2020.
Enfoque especial en homicidio doloso’.

Rivas resaltó que en el año pasado la violencia homicida se mantuvo en un estado crítico, la violencia de género se agudizó, la trata de personas aumentó 0.7% y la violencia familiar creció 3.7% respecto al año anterior, todo como resultado de falta de coherencia entre las políticas con las que se pretende “pacificar al país” y de la incongruencia entre lo prometido en campaña y lo realizado como gobierno.

El análisis del Observatorio indica que la ligera tendencia a la baja en algunos delitos se observó a partir del inicio de la pandemia, pues recordó que marzo fue el mes con más víctimas desde que se tiene registro. «La disminución de la movilidad y de vulnerabilidad de las personas tan solo tuvo un efecto mínimo en el número de víctimas de homicidio».

Francisco Rivas hizo hincapié en que 2020 seguía siendo el año con más víctimas, y que la disminución anual se debió a un descenso importante en el mes de diciembre.

«Para hablar de una tendencia efectivamente a la baja, detalló, debería existir evidencia de descensos continuos y constantes. El descenso de un mes puede deberse a efectos estacionales o de características específicas del mes”, detalló.

El director del ONC alertó que un recorte presupuestal como el que se ha venido viendo en diversos programas en materia de seguridad, así como la desaparición de fideicomisos, suponen riesgos específicos para el funcionamiento institucional, el pleno ejercicio de derechos, así como dificultades en la implementación de la propia Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Recomendó dejar fuera la política de los planes y programas de seguridad. Llamó a que el presupuesto no sea manejado políticamente, y es que se advierte que el próximo proceso electoral se insertará en un escenario de violencia política en contra de servidores públicos y candidatos a algún puesto de elección popular.

Apuntó que en todo el país, entre diciembre de 2018 a noviembre de 2020 se han registrado un total de 52 asesinatos cometidos en contra de algún funcionario público.

El documento presentado resalta que 2019 y 2020 fueron los años más violentos para las mujeres, niños y adultos mayores, por lo que recomendó retomar los sistemas de acompañamiento para mujeres y familias víctimas de la violencia. También aconseja poner atención y desarrollar estrategias específicas para la prevención y reducción de homicidios de personas vulnerables como periodistas, defensores de derechos humanos y del medio ambiente.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este miércoles que el país cerró 2020 con 34,515 homicidios dolosos, lo que supone una leve disminución, del 0.4% respecto a 2019, aunque destacaron que es la primera reducción de este delito en cinco años.

Adicional, la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, indicó que en el último año se registró una disminución en la incidencia de delitos de alto impacto.

«No había habido en el país desde 2015 una disminución del crecimiento de homicidios. Esto es importante. Veníamos de una espiral de crecimiento donde incluso en un año (2016) se creció el 28.1%», dijo el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía.

Recordemos que el pasado 31 de diciembre, el gobierno federal presentó datos preliminares según los cuales el país había registrado 34,523 homicidios dolosos en 2020, una cifra que fue actualizada este miércoles en 34,515 crímenes.

Además, la cifra presentada esta mañana también supone una caída del 1.3% de la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes respecto al año anterior.

Según las cifras definitivas, el 51.9% de los homicidios de 2020 se concentraron en los estados de Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. El 27.5% de estos crímenes sucedieron en 15 municipios, entre los cuales están Tijuana, Ciudad Juárez, León, Acapulco, Culiacán, Guadalajara y Cajeme.

Con 2,627 homicidios dolosos, diciembre de 2020 se convirtió en el mes con menos crímenes de este tipo desde el inicio del gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación el pasado 1 de diciembre de 2018.

Sin embargo, se informó que en 2020 hubo un repunte del 0.1% en materia de feminicidios respecto a 2019, con 969 casos. El 51% de los asesinatos de mujeres por cuestión de género se concentraron en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León y Puebla.

«Tenemos el reto de seguir trabajando y enfocar los esfuerzos para que los delitos de feminicidio y de violencia familiar disminuyan su incidencia», expresó Rosa Icela Rodríguez, quien asumió el cargo el mes pasado luego de haberse recuperado de su contagio de Covid-19.

Rodríguez aseguró que, como «primera mujer» encargada de la seguridad de México, tiene «el deber y el compromiso para revertir esta realidad que viven las mujeres» en muchas partes del país.

Otro dato que se compartió esta mañana fue que en 2020 se redujeron los secuestros un 36.4% respecto al año pasado. Se detalló que durante 2020 se liberaron a 1,167 víctimas de secuestro y a 149 migrantes secuestrados, además, se detuvo a 2,656 presuntos secuestradores y se desarticularon 304 bandas de secuestro.

Mejía Berdeja informó que el robo total registró una disminución de 21.1%. El robo en transporte público disminuyó 37.6%; el robo a vehículos un 24.4%; el robo de ganado un 23.5%; el robo a casa habitación 23%; el robo a transeúnte un 21.9%, mientras que el robo a negocios un 19.4%

Finalmente, la titular de la SSPC indicó que durante 2020 se bloquearon 19,970 vinculadas a operaciones ilícitas, por 7,750 mdp. Presumió que «en un solo año se hizo lo que la administración anterior realizó en 4» años.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó esta tarde los hechos que se registraron ayer en el Capitolio, indicando que los manifestantes, la mayoría seguidores de él que estuvieron el el mitin que ofreció horas antes cerca de La Casa Blanca, «profanaron la sede de la democracia estadounidense».

Poco más de dos meses después de los comicios, Trump reconoció su derrota.

«Estados Unidos es y debe ser siempre una nación de ley y orden, los manifestantes que se infiltraron en el Capitolio han profanado la sede de la democracia estadounidense», ha dicho Trump, quien ha prometido una transición de poder «sin problemas».

«Para aquellos que participaron en los actos de violencia y destrucción, no representan a nuestro país. Y para aquellos que violaron la ley, pagarán», dijo Trump en un mensaje que se difundió vía redes sociales. El republicano asegurado sentirse, como cualquier otro estadounidense, «indignado por la violencia, la anarquía y el caos» ocurrido ayer.

«Ahora, el Congreso ha certificado los resultados y la nueva Administración será inaugurada el 20 de enero. Mi enfoque ahora se centra en asegurar una transición de poder sin problemas y ordenada. Este momento exige reconciliación», añadió.

Con estas palabras, el todavía presidente de Estados Unidos reconoce por primera vez de manera pública su derrota frente a Joe Biden en las pasadas presidenciales del 3 de noviembre, aunque ha justificado la campaña legal para impugnar estos resultados afirmando que «sólo luchaba por defender la democracia estadounidense».

«Sigo creyendo firmemente que debemos reformar nuestras leyes electorales para verificar la identidad y elegibilidad de todos los votantes y garantizar la fe y la confianza en todas las elecciones futuras», insistió.

Trump, quien ha pedido ahora que se «enfríen los ánimos» y se «restablezca la calma», ha apelado a la unión de los estadounidenses para «derrotar» la crisis del coronavirus, que «ha trastornado» la vida del país, dañado «la mayor economía del mundo» y que además ha cobrado la vida de miles de estadounidenses.

Por último, Trump señaló que ha sido «el honor» de su vida haber ejercido como presidente de Estados Unidos, y ha querido animar a sus «maravillosos seguidores», los cuales, ha dicho, sabe «que están decepcionados», que su «increíble viaje» juntos «apenas ha comenzando».

Horas antes, la secretaria de prensa de La Casa Blanca, Kayleigh McEnany, calificó a los manifestantes que protagonizaron los hechos de ayer, como «violentos agitadores» que «socavaron los legítimos derechos de la primera enmienda (de la Constitución) de las muchos miles de personas que han hecho oír sus voces pacíficamente en nuestro Capitolio».

La funcionaria indicó que condenaban los hechos «el presidente y esta Administración, en los más enérgicos términos posibles», destacando que lo ocurrido es «inaceptable» y los involucrados «deben ser castigados con todo el peso de la ley».

McEnany «lamentó» la muerte de cuatro personas durante el incidente y agradeció a los agentes de Policía, a los que ha llamado «valientes» y «verdaderos héroes americanos», su labor.

Después de la irrupción en el Capitolio, «todas las opciones están sobre la mesa» para encausar a los miembros de la violenta turba de simpatizantes del presidente Donald Trump, incluidos cargos de sedición, informó este jueves Michael Sherwin, el fiscal federal interino del Distrito de Columbia.

Sherwin dijo que los fiscales planean presentar 15 casos federales el jueves por delitos como acceso no autorizado y robo de propiedad. Señaló que los investigadores están revisando montones de evidencia para presentar cargos adicionales.

Y es que más de 90 personas han sido arrestadas por la policía de Washington y es probable que se realicen más detenciones. Los fiscales estadounidenses a lo largo y ancho de la nación han prometido encontrar a cualquier residente que haya participado en la insurrección emprendida para obstruir la transición pacífica del poder y llevarlo ante la justicia.