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La Audiencia Nacional española (AN) acordó este lunes la extradición a nuestro país del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la AN consideran que se cumplen todos los requisitos establecidos en la legislación para proceder a la entrega a las autoridades mexicanas, luego de que Lozoya presentara un escrito en el que aceptaba su extraditado a México.

Las autoridades mexicanas le atribuye los delitos de cohecho y asociación ilícita, así como el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por pago que recibió de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), de Alonso Ancira, y por la compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados; además se le señala de haber recibido cerca de 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El procedimiento de extradición comenzó el 12 de febrero pasado cuando Lozoya fue detenido en Málaga, después de que en mayo de 2019 fuera puesto en busca y captura internacional por su presunta implicación en la trama de sobornos de Odebrecht.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confió esta mañana que «pronto» se concrete la extradición del exfuncionario.

«Ya pronto va a estar acá. (…) Eso lo está viendo la fiscalía yo creo que va a ser pronto porque ya solicitó voluntariamente la extradición», señaló el mandatario.

López Obrador reiteró que el exdirectivo viene con el acuerdo de «informar» todo lo sucedido en relación a los casos que le tocó atender y por los que se le acusa.

«Va a informar si hubo estos sobornos, quién entregó el dinero, para qué se usó el dinero, si se quedó él con el dinero o lo entregó a otras personas, se va a abrir la investigación», enfatizó el presidente

Asimismo, dijo que conocer todo lo que sucedió va a ayudar «a sanear, a limpiar, a purificar la vida pública» y a que se mande una señal de que no se puede triunfar a toda costa «sin escrúpulos morales de ninguna índole».

Insistió en que esto no solo servirá para prevenir otros casos de corrupción, sino que también se espera recuperar los recursos involucrados, por ejemplo, los obtenidos por la planta fertilizante Fertinal.

El Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Jalisco, vinculó a proceso a Armando Gómez Nuñez, alias «El Máximo o El Delta 1», operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se le vinculó a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de contra la salud con fines de comercio; posesión de armas de fuego y de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea.

La Fiscalía General de la República informó que la detención de Armando «G» se realizó el domingo de la semana pasada, en una operación coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Investigación (CNI).

El pasado 21 de junio, se ejecutó orden de cateo autorizada por un Juez Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, en un inmueble ubicado en la colonia Jardines del Country, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Así, los agentes lograron la captura del operador del cártel, además de que se aseguraron dos armas largas tipo fusil, un arma corta, dos cargadores, 16 cartuchos, siete teléfonos celulares; así como una bolsa de plástico, en cuyo interior había 304 envoltorios con polvo blanco, con un total de 191.8 gramos de clorhidrato de cocaína. Además, una bolsa de plástico con 28.0 gramos de clorhidrato de cocaína; un envoltorio rectangular con 300.1 gramos de clorhidrato de cocaína; dinero en efectivo, dos vehículos, objetos electrónicos diversos y el inmueble cateado.

El juez otorgó un término de tres meses de investigación complementaria, y decretó prisión preventiva en la Comisaria de Prisión Preventiva en Puente Grande, Jalisco.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, informó esta mañana que el país se registraron 2,913 homicidios en mayo, lo que representa un descenso de solo 13 homicidios respecto a abril.

Al intervenir en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Durazo señaló que se ha logrado mantener una «línea de contención» que está «muy por debajo de la tendencia histórica».

Y aunque reconoció que en homicidios dolosos, mayo es superior 0.72% respecto a diciembre de 2018, dijo que hubo una disminución de 0.44% en relación a abril. En el mismo mes de hace un año, el número de asesinatos fue casi idéntico, con 2,903 casos.

Destacó que estados como Guanajuato, Estado de México y Baja California tienen el mayor número de asesinatos en cifras absolutas. Mientras que Colima, Baja California y Guanajuato tienen la mayor tasa, que a nivel nacional es de 11.4 casos por cada 100,000 habitantes.

Asimismo, señaló que en el país se registraron 69 feminicidios en mayo, cuatro caso menos que en abril, lo que Durazo consideró una «baja sensible», aunque reconoció que hay algunos picos en algunos estados. El titular de Seguridad destacó que la cifra de este delito fue 31% menor respecto a diciembre de 2018.

En el mismo mes del pasado año, el número de feminicidios fue de 86, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP). Durazo destacó la caída en el número, que pasó de 172 casos en diciembre de 2018 hasta 63 en mayo de 2020, un 63.54% menos.

En cuanto a otros delitos, el robo total en general aumentó 0.93% en mayo respecto al mes anterior, pero cayó 35.72% frente a diciembre de 2018.

También dijo que los delitos del fuero federal en mayo aumentaron 10.35% respecto a abril pero han caído 40.74% frente al inicio de la actual administración. Los delitos federales incluyen delitos financieros, delitos contra la salud, huachicol, armas de fuego y delincuencia organizada, entre otros.

Sobre el robo de hidrocarburos, Durazo informó que dicho delito descendió de 56,000 barriles diarios en 2018 a 3,400
barriles diarios, evitando un «daño patrimonial» de casi 90,000 millones de pesos desde el 1 de diciembre y hasta el 14 de junio de 2020.

El titular de la SSPC señaló que existen retos fundamentales en materia de seguridad. Indicó que se tiene que fortalecer el estado de fuerza a nivel estatal y municipal, porque hay un déficit importante. Adicional, señaló que se debe combatir de manera contundente la corrupción policial a nivel estatal y municipal, y fortalecer las labores de investigación e inteligencia, tanto de los cuerpos estatales y municipales, como a nivel nacional.

Los delitos en Ciudad de México tienen una tendencia a la baja desde diciembre de 2018 y especialmente en lo que va de 2020, informó este lunes el gobierno capitalino.

«Hay una baja en el total de delitos diarios que se dan y se registran a través de carpetas de investigación», aseguró el coordinador general del gabinete de Seguridad Ciudadana, Tomás Pliego, en la conferencia diaria del Gobierno capitalino.

Por su parte el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García, atribuyó la caída en los números de delitos a una mejora de la coordinación e inteligencia en la policía de Ciudad de México, que desde diciembre de 2019 vio ampliadas por ley sus capacidades de investigación.

«Hay un decremento del 17% en homicidio doloso, 65% en secuestro, 46% en el delito de extorsión, 49% en el delito de robo a transporte público, 31% en robo a casa habitación, 39% en robo a transeúnte y 26% en robo a negocio», precisó García en referencia a los primeros cinco meses de 2020.

Durante 2019 se registraron 1,557 homicidios dolosos en Ciudad de México, lo que en promedio deja 4 capitalinos asesinados al día.

El funcionario explicó que las atribuciones nuevas de las fuerzas de seguridad capitalinas han creado «una relación mucho más estrecha con la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina y con otras áreas del Gobierno federal».

Además, García destacó que las competencias ampliadas en investigación han permitido colaborar con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Ciudad de México «en la correcta integración de carpetas de investigación y en rendir informes a la FGJ para obtener órdenes de aprehensión».

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó los esfuerzos de su gabinete de seguridad, sobre todo de cara a afrontar tanto la pandemia como la llegada a la «nueva normalidad» una vez el semáforo epidemiológico deje de estar en rojo en la ciudad.

«En este periodo de emergencia sanitaria, no descansó el trabajo del gabinete de seguridad. Eso permitió que hubiera una serie de acciones muy importantes cuyo objetivo es disminuir la violencia en Ciudad de México», destacó.

Sheinbaum Pardo aprovechó para actualizar las cifras de la pandemia en la capital. Indicó que hay 25 mil 18 casos confirmados de Covid-19 en la ciudad, de los cuales, 4 mil 74 son casos activos; mientras que se han registrado 2 mil 658 defunciones confirmadas de coronavirus.

La mandataria local reconoció que se presentó un «ligero incremento» en los últimos tres días en el número de personas hospitalizadas.

«Por eso nuestro llamado y la importancia a que reconozcamos que estamos en semáforo rojo, que lo mejor es seguir manteniéndonos en casa y solamente están autorizadas las actividades reconocidas como esenciales (…) es muy importante a la ciudadanía: que seguimos en semáforo rojo y en los últimos días hay un ligero incremento en el número de hospitalizados».

Detalló que hay una disponibilidad de camas en hospitalización de 27.2%, lo que significa mil 266 camas generales; en cuanto a camas con intubación, hay disponibles 826 camas de terapia intensiva, que representa el 43.7% de la capacidad instalada.

Tras el informe que presentara el martes pasado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en el que señaló que en abril de 2020 se logró “revertir” la tendencia de crecimiento en el número de homicidios dolosos, en relación con el mes anterior, la organización México Evalúa reveló que sus datos fueron imprecisos

Si bien reconocieron que en términos absolutos hubo menos víctimas de homicidios en abril que en marzo (3 mil 20 víctimas contra 3 mil 78, incluyendo feminicidios), señalaron que cuando se realiza un análisis comparativo entre meses con diferente cantidad de días lo adecuado es contrastar el promedio diario de víctimas.

Considerando dicho parámetro, las cifras presentadas refieren un ligero incremento (1.39%) en la incidencia de homicidios, al pasar de 99.3 víctimas diarias en marzo a 100.7 en abril. El porcentaje de incremento se amplía a 7.4% si se compara con el mismo mes del año anterior.

Es decir, el «logro» que presumió el gobierno federal es una verdad a medias, pues sí hubo una ligera reducción en algunos delitos como secuestro y extorsión, pero no se logró revertir la tendencia ni reducir los altos niveles de homicidios dolosos en el país.

«Para apoyar esta caracterización —a la que llama “línea de contención” en homicidios dolosos—, el secretario Durazo usó tasas acumuladas del primer cuatrimestre de 2019 comparadas con el mismo periodo de 2020, para un conjunto muy acotado de municipios. En ellos, efectivamente, se verifica una reducción: Tlajomulco (-30.7%), Guanajuato (-23.5%), Guadalajara (-13.8%) Tijuana (-6.7%), Ecatepec (-6.2%) y Benito Juárez (-3.0%), con dos llamativas excepciones, Ciudad Juárez y Jiutepec, donde los homicidios aumentaron 25.4% y 21.2% respectivamente», explicó México Evalúa.

Sobre el dato que el titular de la SSPC presentó sobre feminicidios, apuntando una tendencia a la baja, el análisis refiere que su lectura fue correcta, pues se registró una disminución de 7% en este delito: de 2.5 víctimas diarias en marzo a 2.3 en abril de 2020.

«Instamos al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, a aprovechar el próximo informe de seguridad pública de una manera distinta. La ciudadanía necesita conocer los planes de preparación para el impacto que la crisis económica tendrá en las dinámicas criminales», remató la organización.

Esta mañana, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección de Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, informó que la incidencia de robos en todas sus modalidades ha registrado una baja desde que comenzó la actual administración, 42% de diciembre a la fecha.

“El robo total, la tendencia incluso antes de la pandemia es sensiblemente a la baja, este mes pasado la baja fue muy pronunciada. Desde antes de la pandemia, hay que rescatar esta tendencia, es de un 33 por ciento menor con respecto al mes pasado, y un 42 por ciento con respecto a diciembre”, sostuvo.

Al presentar un informe de la incidencia delictiva durante abril en el país, el funcionario indicó que de acuerdo con las estadísticas el robo de vehículos se redujo en un 20.9%, mientras que el robo a transeúnte en 24.6%.

Añadió que el robo en transporte público disminuyó 44.6%; el robo en casa habitación 18%; a negocios 20%; de ganado 27%; robo en transporte público individual 25% y a transportistas en un 44.3%.

Sobre el delito de secuestro, se reportaron 79 casos, 14.13% menos con respecto a marzo, cuando se registraron 92.

El punto central del informe fue cuando habló de los homicidios dolosos; refirió que en abril se registró un total de 2 mil 950 homicidios dolosos, cifra ligeramente menor que la de marzo pasado, cuando se reportaron 3 mil casos. En los cuatro primeros meses del año, suman 11 mil 535 homicidios dolosos.

«Aquí esta es la información correspondiente al mes de abril. Logramos nuevamente revertir la tendencia de crecimiento y estamos ligeramente a la baja en número de homicidios dolosos respecto al mes anterior. Se ha conservado la línea de contención y no se ha permitido la tendencia ascendente que tuvo históricamente este homicidio doloso, aun cuando el número sea alto», señaló Durazo Montaño.

Sobre el delito de feminicidio, el titular de la SSPC precisó que también se registró una baja durante el cuarto mes del año, al tenerse un total de 70 asesinatos contra mujeres, en comparación con los 78 registrados un mes antes. En lo que va del año, ha habido un total de 314 feminicidios.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, ofreció esta mañana un informe sobre la seguridad en el país, en el que si bien reconoció que el mes pasado hubo un ligero incremento en la tendencia de homicidio doloso, dijo que la percepción ciudadana de la inseguridad a nivel nacional está “ligeramente” a la baja.

Durazo resaltó que la tendencia de homicidio doloso se mantiene a la baja, respecto a las cifras que entregó la administración anterior. Indicó que las entidades que presentan menos homicidios dolosos son Yucatán, Baja California Sur y Campeche, mientras que los estados que presentan mayor cantidad de este delito son Guanajuato, Estado de México y Michoacán.

En cuanto al robo de vehículos, Durazo reportó un descenso importante del delito, pues dijo que mientras en diciembre de 2018 hubo más de 14 mil registros, en marzo de este año se presentaron únicamente 10 mil 739.

Los estados donde se presenta mayor número de robo de vehículos son el Estado de México (9,296), Jalisco (3,004) y Baja California (2,985); mientras que los estados que registran menor número robos son Yucatán (11), Campeche (30) y Nayarit (69).

Durazo resaltó las cifras relacionadas a delito de secuestro. Dijo que se ha presentado una disminución considerable, pues de 186 secuestros registrados en diciembre de 2018, en marzo de este año apenas se presentaron 92.

Los estados que presentan más secuestros son el Estado de México (55), Veracruz (51), Morelos (27), Ciudad de México (21)y Tabasco (15); mientras que hay estados que registran cero casos como Yucatán, Baja California Sur, Campeche, Durango y Nayarit.

El secretario de Seguridad reportó que el delito, en sus distintas modalidades, también ha presentado una disminución: robo de vehículo -16.55%; robo a transeúnte -15.9%; robo en transporte público -36.8% y el robo a casa habitación -7.9%

La Corte Suprema de Estados Unidos votó este jueves a favor de ampliar los criterios de deportación de residentes legales permanentes que hayan cometido crímenes, lo que de acuerdo a diversos analistas sería una victoria para el gobierno del presidente Donald Trump.

El máximo tribunal votó por 5 contra 4 a favor de mantener el criterio fijado por una corte inferior en un caso que involucra a Andre Martello Barton, un residente legal originario de Jamaica.

Esta decisión puede afectar a miles de personas con condenas, incluso por delitos menores, que viven legalmente en Estados Unidos. Según el Departamento de Seguridad Nacional, hay más de 13 millones de residentes permanentes legales.

Estos delitos incluyen faltas relativamente menores que no implican tiempo de cárcel como delitos por abuso de sustancias o una acumulación de más de un cargo por hurto en tiendas.

La lucha contra la inmigración tanto legal como irregular fue un tema recurrente en la campaña de Trump en 2016 y un eje de su gobierno. La decisión de la corte llega luego de que se anunciara la suspensión por 60 días de la entrega de la «green card», que otorga residencia legal.

El magistrado Brett Kavanaugh, que redactó la posición que prevaleció en el alto tribunal, indicó que los contraargumentos presentados por Barton son «poco convincentes».

El juez señaló que durante el tiempo que Barton vivió en Estados Unidos fue condenado por crímenes en tres ocasiones diferentes en un periodo de 12 años incluyendo delitos por armas de fuego, portación de drogas y un cargo de agresiones con agravantes.

Kavanaugh admitió que deportar a un residente permanente es un proceso «desgarrador», especialmente por las consecuencias para su familia y que es especialmente difícil cuando involucra a alguien como Barton «que vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos».

Sin embargo, se alineó con la posición del gobierno a favor de la deportación.

Recordemos que en Estados Unidos, los residentes permanentes pueden apelar una orden de deportación, si han estado viviendo de forma continua en Estados Unidos.

La jueza progresista Sonia Sotomayor, que redactó la argumentación minoritaria en contra, dijo que Barton tuvo problemas de adicción y por eso fue condenado dos veces por posesión de drogas, pero que tras rehabilitarse no volvió a ser arrestado, fue a la universidad y tuvo cuatro hijos.

Con la opinión expresada hoy por la Corte, aquellos residentes legales que no tienen ciudadanía pueden ser tratados, a efectos de la regla, como quienes no gozan de la residencia legal, concluyó la jueza.

El INEGI presentó esta mañana los resultados del vigésimo séptimo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondientes a la primera quincena de marzo, en donde se indica que el 73.4% de la población, de 18 años y más, consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

Se indicó que dicho porcentaje no representa un cambio estadísticamente significativo, pues en diciembre pasado, cuando se presentó la ENSU, se registró un porcentaje de 72.9%. Sin embargo, respecto a marzo de 2019, se registra una disminución pues el año pasado se registró un porcentaje de 74.6%.

La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 78.6%, mientras que para los hombres fue de 67.2%.

Las ciudades con mayor porcentaje de percepción de inseguridad fueron: Ecatepec de Morelos (94.4%); Uruapan (94.1%); Coatzacoalcos (92.1%); Fresnillo (91.4%); Iztapalapa (91.3%) y Villahermosa (91.1%).

Las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García (24%); Mérida (24.8%); Puerto Vallarta (31.8%); Saltillo (35.5%); San Nicolás de los Garza (36.5%) y Los Cabos (39.7%).

En específico, 80.8% de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 73.5% en el transporte público; 67.4% en el banco y 64.7% en las calles que habitualmente usa.

«La sensación de inseguridad por temor al delito y las expectativas que tiene la población sobre la seguridad pública se generan por la influencia de diversos factores, como la atestiguación de conductas delictivas o antisociales que ocurren en el entorno donde se desenvuelve la población. Asimismo, el temor al delito puede hacer cambiar las rutinas o hábitos de la población, así como la percepción que se tiene sobre el desempeño de la policía», indicó el INEGI.

34.5% de la población consideró que en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia en su ciudad seguirá igual de mal; 32% de la población refiere que la situación empeorará en los próximos 12 meses.

Durante el primer trimestre de 2020, el porcentaje de la población que refirió haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda fue: consumo de alcohol en las calles (62.3%), robos o asaltos (60.6%), vandalismo en las viviendas o negocios (46.3%), venta o consumo de drogas (42.9%), disparos frecuentes con armas (41%), bandas violentas o pandillerismo (30.2%), robo o venta ilegal de gasolina o diésel (huachicol) (4.4 por ciento) y por primera vez, se mide la atestiguación sobre la existencia de tomas irregulares de luz (energía eléctrica) o diablitos (16.5%).

Este viernes se informó de la detención de María Maricela «S» y Alan Omar «F», reguladora de línea del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y conductor del convoy que originó el choque de dos trenes el pasado 10 de marzo en la estación Tacubaya de la Línea 1.

Sobre ambas personas había una orden de aprehensión por los delitos de homicidio culposo; lesiones culposas y daños en la propiedad ajena.

Agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron las aprehensiones la tarde de ayer, jueves 09 de abril. Maricela fue detenida en la colonia Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Venustiano Carranza; mientras que Alan Omar fue detenido en Tlalnepantla, Estado de México.

Se espera que este mismo viernes se lleve a cabo la audiencia inicial en la que un juez de Control de la Ciudad de México calificará la detención y resolverá la situación jurídica de los acusados.

Recordemos que de acuerdo con el peritaje dado a conocer por la Fiscalía capitalina el pasado 31 de marzo, el accidente derivó de una serie de errores humanos y consideró que éste hecho pudo evitarse.

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, explicó que al salir de la estación Tacubaya con rumbo a la estación Observatorio, el conductor del convoy 33 recibió alertas en su tablero de control. Ante esta situación, el sistema de seguridad del tren actuó, bloqueándose en automático.

«De acuerdo con los manuales operativos en el STC, el conductor estaba obligado a aplicar el frenado del convoy, mediante la maniobra de estacionamiento de emergencia en rampa. La reguladora de la línea no instruyó al conductor a realizar esas medidas, que implicaban mantener el convoy detenido de forma segura, sino por el contrario, le instruyó a que avanzara».

El gobierno de la Ciudad de México informó este lunes que de acuerdo con cifras del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, de diciembre de 2018 a febrero de 2020, los delitos de alto impacto disminuyeron 36.83% en la Ciudad de México.

De estos delitos, el homicidio doloso disminuyó 34% y el robo de vehículo 29.72%.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que la presente administración implementa la Estrategia de Fortalecimiento de la Seguridad en la capital del país que consiste en cinco ejes fundamentales: Atención a las Causas que generan delincuencia y violencia; Más y Mejor Policía; fortalecimiento de las áreas de Inteligencia y Justicia; mayor coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia; y diversas modificaciones en el marco legal local para incrementar las sanciones a delitos como la reincidencia y feminicidio.

“Es el trabajo que hemos venido realizando con consistencia y una estrategia de seguridad en la ciudad que, obviamente quisiéramos que fuera más rápido esta reducción, pero lo importante es que hay una tendencia en la reducción”, dijo.

En diciembre de 2018 se presentaron en total más de 5 mil delitos de alto impacto y hasta febrero de 2020 se registraron 3 mil 206, lo que representó una reducción del 36.83%.

Con relación a las cifras de homicidio doloso, al inicio de la presente administración se registraron cerca de 125 carpetas de investigación, mismas que disminuyeron en febrero a 99, lo que significa una reducción del 34%.

Sobre el robo de vehículo, se registraron alrededor de mil 356 casos en diciembre de 2018, mientras que en febrero se registraron 953, lo que significa 29.72% menos; esta última cifra es menor a la que hubo en enero de 2015 (mil 161 casos).

Sheinbaum Pardo también informó que durante los próximos días se reforzarán medidas de vigilancia y seguridad en la Ciudad de México, por parte de mujeres y hombres policías de la SSC, con el propósito de salvaguardar la integridad de la población capitalina que se encuentra en sus casas debido a la medida preventiva para evitar la posible propagación del Coronavirus (COVID-19).

A fin de prevenir el saqueo de comercios, como ha sucedido en el Estado de México, el gobierno capitalino incrementará la vigilancia en las calles con más patrullajes y revisión permanente de las cámaras de seguridad.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, no hay ningún reporte de saqueo a comercios establecidos y tampoco han recibido alguna denuncia de que se estén organizando en redes sociales para perpetrar algún atraco, como ha sucedido en el Estado de México.

Las autoridades capitalinas se han reunido con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales y con Walmart, que no pertenece a dicha agrupación, además de que hay trabajo de inteligencia para revisar si en algún momento hubiera una convocatoria por redes para delinquir.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, encabezó esta mañana el reporte en materia de seguridad en el país actualizado al mes de febrero, en el que resaltó el punto de inflexión en el delito de homicidio doloso con el cual aseguró, «se rompe la tendencia histórica».

El funcionario federal señaló que en dicho delito se han registrado tres meses con una baja sostenida, aunque sea de manera marginal.

«No podemos sentirnos satisfechos con estos resultados, sin embargo, podemos afirmar que funciona la estrategia que se puso en marcha a partir del primero de diciembre de 2018 (…) la estrategia es correcta”, declaró Durazo.

Señaló que el delito de homicidio está concentrado en algunas entidades del país, por lo que destacó su disminución de manera considerable en algunas entidades federativas como Yucatán, Baja California Sur, Campeche, Aguascalientes, Tlaxcala, Querétaro, Durango y Nayarit.

Respecto al robo de vehículo, el secretario señaló que la cifra correspondiente al mes de febrero de 2020 es inferior en 24.36% respecto a diciembre de  2018. Asimismo, la cifra es inferior en 8.13% respecto a enero de 2020. En materia de secuestro, indicó que a partir de diciembre de 2018 a febrero de 2020, se alcanzó una disminución del 45.34%.

Durante enero y febrero de 2020 en comparación con los mismos meses del año pasado, se logró una disminución del robo a vehículo en un 14.5%, además de la baja en robo a transeúnte un 17.3%. En ese mismo periodo se observó la disminución de robo en transporte público colectivo en 36.7% y en robo a casa habitación en 3.7%.

Por su parte el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, informó que en la meta de lograr las 266 coordinaciones de la corporación, este año se avanzará con 50, que aunadas a las 150 que se lograron en 2019, permitirían tener las primeras 200; en 2021 se concretaran las 66 restantes para así llegar a la meta establecida.

En cuanto a los efectivos desplegados en todo el país, se indicó que por la Guardia Nacional, que es policía militar y policía naval, hay 50 mil 349; de la expolicía federal son 18 mil 900, lo que hace un total de 69 mil 304. Por parte de Sedena y de Semar, que brindan personal en apoyo, hay 12 mil 400 de ambas corporaciones, por lo que el gran total de efectivos desplegados es de 81 mil 722.

Rodríguez Bucio informó que actualmente hay 12 mil 832 elementos en adiestramiento, además de los 4 mil 451 elementos que se pretende reclutar este año.

Informó que la Guardia Nacional, en coordinación con otras autoridades, ha logrado detener casi 20 mil personas por diferentes delitos del fuero federal, del fuero común, incluso por faltas administrativas.

Lo que a continuación se les va a explicar es el efectivo que tenemos desplegado en el territorio nacional para cumplir con todas las misiones que tenemos asignadas las fuerzas de seguridad del Estado.

Se detalló que para el plan de migración y desarrollo, hay 8 mil 882 elementos, mientras que en la parte de erradicación de enervantes, casi 5 mil. En instalaciones estratégicas, casi 5 mil 500 hombres, mientras que los efectivos que dan seguridad a los ductos de combustibles son 4 mil 700.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad, con 55 votos en favor, cero en contra y cero abstenciones, la iniciativa de Ley del Registro Público de Agresores Sexuales.

«Se pretende sentar las bases para la creación de un Registro Público de Agresores Sexuales que permita contar con información de las personas con sentencia firme por la comisión de delitos de carácter sexual», indicaron los legisladores.

Explicaron que la creación del Registro Público de Agresores Sexuales. traerá como consecuencias que las investigaciones de estos delitos sean más eficientes y se garantice el derecho de las víctimas a la no repetición y a tener una vida libre de violencia.

Según el dictamen aprobado, el sistema de información contendrá los registros de las personas sentenciadas con ejecutoria por un juez penal y su consulta será pública.

El registro proveerá nombre, apodos y sobrenombres, fotografía actualizada y nacionalidad del agresor, pero también contempla la recopilación de información clasificada, como señas particulares, zona criminológica de los delitos, modus operandi, ficha signaléctica y perfil genético, que sólo estará disponible para el Ministerio Público.

Los delitos considerados son: feminicidio, trata de personas, agresiones a menores de 12 años de edad, turismo sexual. El registro tendrá una duración mínima de 10 años y máxima de 30 años.

De acuerdo con el dictamen aprobado, el juez será quien dicte la sentencia condenatoria y determine la pena y medidas de seguridad para cada delito, en base a la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agresor, a partir de la edad, el nivel de educación, costumbres, condiciones sociales, económicas y culturales del sujeto, y misoginia.

Para la creación del registro se modificaron el Código Penal local, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Esta ley nace a partir de dos iniciativas: el 19 de noviembre de 2019 el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez presentó la propuesta para crear la Ley del Registro de Ofensores Sexuales de la Ciudad de México. Además el 2 de diciembre del mismo año el Gobierno de la Ciudad de México planteó la Ley del Registro de Agresores Sexuales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó este viernes la reunión del Gabinete de Seguridad en San Luis Potosí, estado que aseguró, mantiene una baja incidencia con relación a otros estados, gracias a la labor dedicada y coordnada que realiza el gobernador Juan Manuel Carreras.

Indicó que la baja incidencia delictiva se logra a pesar de que San Luis Potosí colinda con otras entidades que presentan mayor delincuencia.

“Es una isla que ha podido mantener la paz y la tranquilidad. Esto no significa que sea un paraíso en materia de seguridad pública pero no hay un desbordamiento desmesurado en delitos que afecten a la población”, subrayó el mandatario.

Resaltó que Carreras es uno de los tres gobernadores que atienden todos los días, de manera personal, el tema de la inseguridad al sesionar con el gabinete de seguridad local. Dijo que asumir directamente el tema y no delegarlo ha sido fundamental.

“Se trabaja de manera coordinada. Quiero agradecer al gobernador Juan Manuel Carreras por esta participación. El problema es grave y amerita atención permanente, perseverancia, no delegar a funcionarios de menor nivel o rango sino asumir este asunto desde los puestos más elevados de la administración”.

Por su parte el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, precisó que en San Luis Potosí todos los delitos van a la baja, con excepción del robo a transportistas, concentrándose principalmente en las carreteras federales.

Reconoció que en periodo dos años sólo se han registrado 522 homicidios en el estado, lo que lo pone en una posición aceptable en incidencia delictiva.

En este periodo, explicó el mando militar, se han registrado 18 ataques contra las fuerzas de seguridad. Los municipios de Matehuala y Ébano son los que mayores índices delictivos presentan.

De acuerdo con datos de la Marina, el Cártel de Jalisco, Cártel del Golfo, Los Zetas y Los Talibanes, son los grupos delictivos que operan en la red carretera para el trasiego de drogas.

Para atender esta problemática, abundó Ojeda Durán, se tienen desplegados en el estado a 7 mil 910 agentes federales. Expuso que recientemente se incorporaron a la vigilancia carretera, 322 expolicías federales, que se suman a los 540 efectivos del Ejército y 673 de la Guardia Nacional, para tareas de procuración de la seguridad pública.

Ojeda Durán también reconoció que el estado presenta un déficit del 51% en policías. Actualmente, San Luis Potosí cuenta con poco más de 3 mil agentes y necesita 4 mil para atender la demanda.

De acuerdo a información dada a conocer por el periodista Alan Feuer de The New York Times, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, se encuentra en negociaciones para declararse culpable.

«Los documentos judiciales presentados hoy (este lunes) en la Corte del caso de Genaro García, acusado de tomar millones del cártel de Sinaloa, confirman que participa en negociaciones de declaración de culpabilidad para resolver su caso con los fiscales federales en Brooklyn», señaló el periodista en su cuenta de Twitter.

En el documento que compartió, se lee que el gobierno de Estados Unidos y el excolaboador del presidente Felipe Calderón «están celebrando negociaciones sobre la declaración de culpabilidad, que pueden dar lugar a una resolución de este caso sin juicio».

La filtración del documento llega luego de que el viernes pasado, García Luna se declarara no culpable de los cargos que se le imputan: conspiración para traficar cocaína, ayudar al Cártel de Sinaloa a enviar toneladas de drogas a Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios entre 2001 y 2012, y por hacer declaraciones falsas en 2018, en las que ocultó su pasado criminal.

Un juez negó la petición de continuar su proceso en libertad, y ordenó su permanencia en prisión, al considerar que existe un “riesgo inaceptable de fuga” en caso de ser liberado.

García Luna fue arrestado el pasado 9 de diciembre en Grapevine, Texas, en los Estados Unidos. Será el próximo 21 de enero cundo se lleve a cabo una nueva audiencia.

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la Ley de Amnistía, en favor de las personas a las que se les haya ejercitado acción penal ante los tribunales del orden federal, por delitos menores, sean grupos vulnerables y no sean reincidentes.

El documento aprobado por 306 votos a favor, 129 en contra y cuatro abstenciones, precisa que los posibles beneficiados de la amnistía deben cumplir con tres condiciones: que la sentencia en firme que tenga el inculpado sea la primera; que no se haya cometido delito de privación de la vida, secuestro o delitos contra la integridad personal y, no se hayan utilizado o empleado armas de fuego.

Los delitos susceptibles son: aborto, que incluye a la mujer que interrumpió el embarazo, a los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, practicantes del procedimiento; los delitos contra la salud, por posesión y transporte de narcóticos en los casos que se trate de personas en estado de vulnerabilidad; los cometidos por integrantes de los pueblos indígenas a quienes no se haya garantizado el debido proceso.

Por el robo simple sin violencia y no reincidente; la sedición y delitos políticos, con excepción del terrorismo, y el delito de homicidio por razón de parentesco, cuando el sujeto pasivo sea el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.

El dictamen precisa que no se concederá el beneficio de esta ley a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, salvo lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Amnistía, fracciones I y II; ni a quienes cometieron el delito de secuestro, o cuando se hayan utilizado armas de fuego en la comisión del delito.

Tampoco se podrán beneficiar las personas indiciadas por los delitos a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política, o cometido otros delitos graves del orden federal.

La ley señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) integrará una comisión que coordinará los actos para dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la ley.

La persona interesada o su representante legal podrán solicitar a dicha comisión la aplicación de la ley. Esta comisión determinará la procedencia del beneficio y someterá su decisión a la calificación de un juez federal para que la confirme.

Las personas a quienes beneficie la ley no podrán ser en lo futuro detenidas ni procesadas por los mismos hechos. La Secretaría de Gobernación coordinará las acciones para facilitar la reinserción social de las personas beneficiarias de esta ley, en términos de la legislación aplicable.

Adicional, señala que la solicitud de amnist%A