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La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó esta tarde que se encuentra integrando carpetas de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, por delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

En un boletín emitido esta tarde, la Fiscalía señaló que hay un caso que incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa española OHL, que ha sido blanco de denuncias por parte del presidente López Obrador, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales.

Además, la Fiscalía, que encabeza Alejandro Gertz Manero, señaló que a partir de denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales vinculadas al también exgobernador del Estado de México.

En ese punto, la FGR precisó que esta carpeta requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, lo que ayudará a judicializar el caso.

Finalmente, precisó que existe otra carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.

Recordemos que fue en junio pasado, ante los cuestionamientos de la prensa en sus conferencias matutinas, el presidente López Obrador pidió al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informar sobre la investigación en contra del exmandatario.

Gómez Álvarez confirmó que la UIF presentó ante la Fiscalía una denuncia por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, refiriendo que la investigación se  desde aperturó desde octubre de 2021.

La UIF detectó que dos empresas dirigidas por la familia de Peña Nieto recibieron alrededor de 500 millones de dólares en contratos del gobierno mientras él era presidente; y aunque no mencionó el nombre de dichas empresas, se indicó que eran una especie de distribuidoras, de las que el expresidente era accionista.

Gómez agregó que Peña Nieto había recibido transferencias de dinero de un familiar, aparentemente vinculado a las dos compañías, por alrededor de 26 millones de pesos después de dejar el cargo.

“Se detectó un esquema en donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 001 mil 429 pesos», sostuvo Gómez al intervenir en la conferencia de Palacio Nacional.

Detalló que en agosto de 2019, EPN recibió 16 millones de pesos; el 20 de octubre de 2021, recibió 5 millones 702 mil pesos; el 29 de octubre de ese mismo año, recibió otros 5 millones 718 mil pesos, todas estas por movimientos de transferencias bancarias, de parte de un familiar del exmandatario desde una cuenta en México a otra en España.

Gómez añadió que el mismo familiar aplicó las operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por un valor de 29 millones de pesos. Dicha persona registró retiros de las cuentas por 189 millones 857 mil pesos y depósitos por 47 millones 523 mil pesos entre los años 2013 y 2022.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió en defender la actuación del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien dijo, no ha cometido delitos «graves» como para solicitar su remoción.

López Obrador fue cuestionado sobre cuáles son las razones para seguir respaldando a un funcionario que ha sido señalado de diversos delitos y omisiones. Se le preguntó si el Fiscal está por encima de la ley, e incluso por encima del jefe del Ejecutivo.

«No, no, no, todo mundo, todos los servidores públicos tenemos que actuar con apego a la Constitución y a las leyes. Y si se cometen delitos graves, los servidores públicos podemos ser enjuiciados (…) cualquier persona puede ser juzgada, cualquier servidor público, y tiene que probarse nada más que se trata de delitos que se han cometido. En el caso de la fiscalía, para la remoción del fiscal, lo puede solicitar el presidente si considera que el fiscal ha cometido delitos graves», respondió AMLO.

Y aunque reconoció que es el Presidente quien puede solicitar la remoción del titular de la FGR, dijo que él considera, «y ese es mi criterio, que el fiscal no ha cometido delitos graves.

«Hasta lo que yo tengo conocimiento y no soy cómplice de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie, el fiscal no ha cometido delitos graves y por eso yo no he solicitado la remoción del fiscal, así de claro», justificó.

Explicó que él como presidente y responsable de la gobernabilidad del país, busca que se mantenga la paz y la tranquilidad en México.

Dijo que aunque no le guste a sus adversarios, a los conservadores, México tiene paz y tranquilidad, que reconoció no es plena, pero que trabaja todos los días con ese propósito.

«Pero no es que vivamos en la anarquía, en el desorden. ¿Cuántas manifestaciones en contra del gobierno ha habido? ¿Cuántas veces han llenado el Zócalo para protestar en contra del gobierno? (…) ¿qué pasó con Frenaa? ¿Por qué no convoca Claudio X González al Zócalo?», dijo el mandatario.

El tema le sirvió a AMLO para asegurar que, a diferencia del ambiente que pretenden hacer creer sus adversarios, la gente tiene confianza en el gobierno. «Hay esperanza».

Afirmó que su administración seguirá adelante, siendo muy respetuosos de todas las instancias y tomando decisiones cuando sean necesarias.

Remató asegurando que la Fiscalía sí trabaja, aunque cuestionó el diseño de autonomía con que se dotó a la FGR, pues dijo, es el equivalente a todos los órganos autónomos que fueron creando para dejar sin poder, o rodear por completo al presidente.

La cifra de homicidios dolosos se redujo 11.35% en abril, al registrarse 2,547 crímenes frente a los 2,873 del mismo mes de 2021, informó este lunes la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Con estas cifras, hubo un total de 9,895 víctimas de homicidio, 82 diarias, en el primer cuatrimestre de 2022, una disminución de 12.3% frente al periodo de enero a abril de 2021, cuando se registraron 11,287, un promedio diario de 94.

Los datos de abril también representan una reducción de 3.92% frente a marzo, cuando el gobierno reportó 2,651 homicidios, la cifra mensual más alta de 2022.

“Este es el mes de abril más bajo desde hace 5 años, se mantiene esta tendencia con esta disminución», dijo la funcionaria al intervenir en la conferencia matutina de Palacio Nacional, donde se presentó el reporte mensual en la materia.

Rodríguez expuso que seis estados concentran casi 50% de los homicidios del país en los primeros cuatro meses del año, con un total de 4,850 víctimas: Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Sin embargo, destacó que en los 50 municipios prioritarios que concentran casi 40% de los homicidios hubo una disminución interanual de 16.7% en este delito entre enero y abril de este año.

La funcionaria detalló que en abril de 2022 hubo 82 feminicidios, la misma cifra que en el mismo mes del año pasado; aunque  la cifra representa un aumento de 9.3% respecto a los 75 feminicidios que se registraron en marzo pasado.

Comparó el dato con otro periodo, para poder hablar de una disminución. «Respecto al feminicidio, también tenemos una baja respecto del máximo histórico que tuvimos en (agosto) de 2021 y seguimos trabajando con los diversos estados», defendió Rodríguez.

La titular de la SSPC también notificó 47 víctimas de secuestro en el cuarto mes de este año, una disminución del 26.56% ante las 64 de igual mes de 2021. «Este mínimo histórico de abril de 2022 no ocurría, no tenemos otra cifra igual, desde hace más de 10 años», resaltó.

Por otro lado, se informó que el robo se redujo en 1.27% interanual, con 48,520 en el mismo mes frente a los 49,146 de abril de 2021.

Además, la titular de la Secretaría de Seguridad explicó que hubo una disminución interanual de 3.01% en los delitos del fuero federal, con 6,487 crímenes en abril de 2022 comparados con 6,688 en el mismo mes del año pasado. En el acumulado, los delitos del fuero federal han decrecido 28,4 % desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó al poder (diciembre de 2018).

«Hoy se trabaja con estrategia, con inteligencia y con acciones concretas para minar estructurar criminales. Estamos en el camino correcto», aseguró Ros Icela Rodriguez.

En tanto, Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, informó que la corporación tiene más de 105,000 miembros desplegados en todo el país, mientras que Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, señaló el despliegue de 188,485 integrantes de las Fuerzas Armadas, de los que casi 29,000 están en tareas de migración en las fronteras, y más de 123,800 en seguridad pública.

La cifra de homicidios dolosos en México decreció un 9.8% interanual en marzo, cuando se registraron 2,657 casos respecto a los 2,946 del mismo mes de 2021, informó este miércoles la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Pese a la disminución anual, el número de asesinatos es el más alto del año y representa un incremento mensual de 17.5% frente a los 2,261 de febrero, por lo que rompió una tendencia a la baja, reconoció Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de la SSPC, al presentar los datos en la conferencia diaria desde Palacio Nacional.

“En marzo los homicidios aumentaron respecto los cuatro meses anteriores y, pese a eso, marzo es el mes más bajo de los últimos cinco años. Seguimos trabajando con mucha coordinación, inteligencia y estrategia para dar tiros de precisión contra la delincuencia organizada”, indicó.

Por trimestre, la SSPC documentó 7,354 homicidios dolosos en los primeros tres meses del año, lo que significa un promedio diario de 82 víctimas y una disminución de 12.6% frente al mismo lapso de 2021.

Rosa Icela Rodríguez expuso que seis estados concentran cerca del 50% de los homicidios del país, con un total de 3,660 víctimas tan solo en Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora en los primeros tres meses del año.

Sin embargo, destacó que en los 50 municipios prioritarios que concentran la mayoría de los homicidios hubo una disminución interanual de 17.5 % en este delito entre enero y marzo de este año.

La funcionaria detalló que en marzo de 2022 hubo 73 feminicidios, lo que representa una caída de 28.43% frente a los 102 de marzo de 2021. “En marzo de 2022, el feminicidio bajó 34,8 % respecto al máximo histórico de agosto de 2021 (de 112). Seguimos con todos estos meses a la baja», destacó Rodríguez.

También notificó 48 víctimas de secuestro en el tercer mes de este año, equivalente a un decremento de 28.36% ante las 67 de 2021. «Es la cifra más baja desde hace 10 años”, resaltó la secretaria.

En contraste, el robo total aumentó un 1.77% interanual, con 53,063 en el mismo mes frente a los 52,140 de marzo 2021. Sin embargo, la titular de la SSPC expuso una disminución interanual de 4.57% en los delitos del fuero federal, con 7,254 crímenes en marzo de 2022 comparados con 7,601 en el mismo mes del año pasado. “Estamos en los niveles más bajos de los últimos siete años”, sostuvo.

Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, informó que la corporación, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tiene casi 114,000 elementos desplegados.

Los homicidios dolosos en México registraron una reducción anual del 14.2%, al pasar de 2,635 en febrero de 2021 a 2,260 el mes pasado, 375 casos menos, informó este jueves el gobierno federal.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, afirmó que en los últimos 9 meses hay una tendencia sostenida a la baja de los homicidios intencionados o dolosos.

«Tenemos una tendencia sostenida a la baja en los últimos 9 meses en donde el homicidio doloso disminuye 26.4% Esta es la cifra más baja de los últimos 5 años», presumió la funcionaria.

Además, hay una reducción del 18.5% respecto a febrero de 2020 y 19.8% menos que 2019, con lo que “la estrategia nacional de seguridad funciona, es la correcta y así se está pacificando al país”, aseguró.

Las declaraciones de la funcionaria llegan luego de que en los últimos días se han reportado diversos casos de violencia en Colima, Tamaulipas o el asesinato del periodista Armando Linares en Michoacán.

Rosa Icela Rodríguez explicó que el promedio diario de homicidios dolosos en febrero de 2018, antes de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) era de 87, y durante el segundo mes de 2022 se promediaron 81, lo que supone una sustancial caída de los asesinatos.

Rodríguez expuso que seis estados concentraron casi la mitad de los homicidios que se cometieron en el país. Michoacán es el estado más violento con 484 homicidios; le sigue Guanajuato con 477; Baja California con 388; Estado de México con 380; Jalisco con 315 y Chihuahua con 282.

Sin embargo, destacó que en los 50 municipios prioritarios que concentran el 50% de los homicidios, hubo una disminución de 10% en este delito entre enero y febrero de este año.

La titular de la SSPC también precisó que en febrero de 2022 el feminicidio bajó un 29% durante febrero con respecto al máximo histórico de agosto de 2021, aunque se registraron 80 casos. Y precisó que siguen trabajando en manera coordinada con los estados para combatir este delito. En febrero de 2021 hubo 78 mujeres víctimas de feminicidio, cifra que se compara con las 77 de enero y las 112 en agosto de 2021.

Las denuncias por violencia familiar también registraron una disminución del 25% respecto al máximo histórico de mayo de 2021.

Por otro lado, la SSPC contabilizó 112 víctimas de secuestro en febrero, una disminución de 39.4% respecto a 2019.

No obstante, los 112 secuestros de febrero son superiores a los 102 del mismo mes de hace un año, según las cifras divulgadas, aunque la funcionaria atribuyó este aumento a casos como el de 22 migrantes que fueron secuestrados, pero casi inmediatamente liberados.

Aunque no hizo la comparación interanual, la secretaria señaló que en diciembre de 2018, cuando arrancó el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación hubo 9,062 delitos del fuero federal, mientras que en febrero de 2022 hubo 6,074.

La secretaria aseguró que estas cifras demuestran los resultados del «trabajo coordinado» entre dependencias de seguridad y justicia en México «bajo la política de cero impunidad y cero corrupción”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) justificó este viernes la presencia de personal de Marina en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), al señalar que sirve para combatir el narcotráfico y dar buen trato a los pasajeros.

La Secretaría de Marina (Semar) informó este martes que «por instrucciones del Mando Supremo y como parte de la Estrategia de Seguridad Aeroportuaria Integral» apoyaría a la seguridad integral del Aeropuerto capitalino.

En este aeropuerto, como en otros importantes del país, participan también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

«Estamos apoyándonos con dos instituciones que son fundamentales. Con la Semar estamos cuidando los puertos, y también las aduanas con la Semar y la Sedena, para evitar el contrabando, tráfico de drogas», dijo el mandatario.

López Obrador precisó que ya le llegaron reportes positivos en los últimos días del buen trato a los viajeros en el aeropuerto capitalino. «Ya se está sintiendo el cambio», indicó.

Asimismo, aseguró que con la presencia de elementos de ambas secretarías en los aeropuertos se logrará eliminar la corrupción en las aduanas y aumentará la recaudación.

«Ya tenemos más ingresos de las aduanas. El año pasado ya con el ingreso por parte de Marina y Defensa se incrementó la recaudación en 200,000 millones de pesos», añadió el presidente.

López Obrador no supo informar todavía del número de elementos de la Semar y Sedena que ya están en los aeropuertos.

A comienzos de la semana, la Semar compartió también la creación de la Coordinadora de la Estrategia de Seguridad Aeroportuaria y la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria del AICM.

«Mismas que están integradas por 1.500 elementos navales, que realizarán operaciones de vigilancia, inspección, apoyo y control en el recinto aeroportuario para neutralizar el tráfico de armas, drogas, divisas, mercancía ilegal y evitar el tráfico de personas», dijo el organismo.

El caso del AICM sirvió a López Obrador para informar que la Sedena y la Marina asumirán el control de la seguridad de todos los aeropuertos del país, pues insistió, ayudará a garantizar la seguridad, combatir la corrupción y reducir la comisión de delitos.

No ofreció detalles de qué corporación asumirá en cada terminal aérea. López Obrador se limitó a decir «en algunos Marina y en otros Defensa».

La policía arrestó este martes al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien es solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos por cargos de narcotráfico y tráfico de armas.

El arresto se produjo poco después de que un juez hondureño firmara una orden de arresto, y a menos de tres semanas de que Hernández dejara la presidencia.

Además, su detención se produce tras años de señalamientos por parte de fiscales estadounidenses sobre supuestos vínculos del exmandatario hondureño y narcotraficantes.

Hernández salió de su casa flanqueado por la policía, con grilletes en las muñecas y los tobillos, y con un chaleco blindado. Subió a un vehículo de la policía. Un helicóptero de la policía que había estado esperando en las inmediaciones levantó el vuelo, pero parecía que sólo estaba escoltando la caravana.

La Corte Suprema de Justicia designó a un juez esta ,añana para que se encargue del caso; horas después el juez firmó la orden de arresto de Hernández, dijo el portavoz del tribunal, Melvin Duarte.

La Secretaría de Seguridad, que tenía rodeado el domicilio de Hernández desde el lunes por la noche, actuó rápidamente para detenerlo.

El secretario de Seguridad de Honduras, Ramón Sabillón, quien fue despedido por Hernández como jefe de la Policía Nacional en 2014, dijo que Hernández se había asociado «con cárteles para el tráfico y corromper a muchas instituciones públicas, (lo) que generó deterioro social y anuló la aplicación de la justicia en Honduras».

El funcionario dijo que los principales cargos a los que se enfrenta Hernández en Estados Unidos son tráfico de drogas, uso de armas para el narcotráfico y asociación delictuosa para usar armas en el tráfico de drogas.

Los fiscales estadounidenses en Nueva York habían implicado reiteradamente a Hernández como cómplice durante el juicio por narcotráfico de su hermano en 2019, alegando que su ascenso político fue alimentado por ganancias del narcotráfico .

Su hermano, Juan Antonio «Tony» Hernández fue condenado a cadena perpetua por cargos relacionados a drogas y armas en marzo de 2021.

Hernández publicó una grabación de audio a través de Twitter a primera hora de este martes en la que agradecía a sus seguidores. «No es un momento fácil», dijo. «A nadie se lo deseo».

Aseguró que sus abogados ya habían informado a la Policía Nacional que «estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida para poder enfrentar esta situación y defenderme».

México registró 33,308 homicidios dolosos en 2021, una reducción interanual del 3.6% en comparación con los 34,554 asesinatos de 2020, informaron este jueves autoridades federales. Tan solo en diciembre se registraron 2,606 homicidios, cifra similar a los 2,633 del mismo mes de 2020.

Respecto a diciembre 2018, cuando inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este delito ha acumulado una caída de 4 puntos porcentuales, detalló la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

«En relación el homicidio doloso hay una tendencia a la baja, sobre todo con el inicio de fortalecimiento en varios estados del país (…) a raíz del fortalecimiento de la estrategia de seguridad», dijo la funcionaria.

Tal como se ha registrado en otros periodos, 6 de las 32 entidades territoriales concentran el 50% de los homicidios dolosos: Guanajuato, Baja California , Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. El mes más violento en 2021 fue mayo, con 2,997 asesinatos, mientras que marzo de 2020 fue el mes con más homicidios bajo la actual administración con 3,041.

Respecto a los feminicidios, Rosa Icela Rodríguez informó que en diciembre este delito tuvo una disminución interanual de 7%, aunque no especificó las cifras. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública divulgados ayer, hubo una disminución del 7% al registrarse 85 feminicidios en diciembre de 2020 frente a los 79 feminicidios de diciembre de 2021.

Sin embargo, en total hubo 1,004 feminicidios en 2021 contra los 978 feminicidios en 2020, lo que implicaría un alza interanual del 2.66%. Además, la SSPC reportó un aumento del 28,1 % interanual en las violaciones; mientras que la violencia familiar disminuyó un 17.3%.

Rosa Icela Rodríguez resaltó que en la incidencia delictiva de los delitos del fuero federal, se ha tenido una disminución de 32.3% respecto a diciembre de 2018, cuando se cometían más de 9,062 delitos, mientras que en diciembre de 2021 se reportaron 6,135.

Asimismo, aseveró que el delito de secuestro disminuyó 22.3% respecto a 2020 y 50% en comparación con 2019. Además, tuvo una baja del 71.8 % en diciembre de 2021 respecto a enero de 2019, cuando se registró un máximo histórico de 185 víctimas.

De enero a diciembre de 2021, hay caídas interanuales de 13.3% en los crímenes de delincuencia organizada y de 11.1% en delitos contra la salud, es decir, aquellos relacionados con las drogas. Por el contrario, hubo aumentos interanuales en 2021 de 9.3 % en robo a transeúnte y 12.6% en robo en transporte público e individual.

La oficina en México de la organización internacional, Save the Children, emitió un comunicado respecto a la «adopción» por un fin de semana que hicieron el gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa, Mariana Rodriguez, de un recién nacido.

«Ante lo ocurrido con el gobernador de Nuevo León y su esposa, con relación a la convivencia de un bebé del DIF estatal: es urgente que se adopten medidas necesarias para el óptimo funcionamiento de los sistemas de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes», dijo la organización.

Recordemos que el pasado 15 de enero, Samuel García y Mariana Rodríguez, quien se desempeña actualmente como titular del DIF estatal, solicitaron un permiso de convivencia familiar por un fin de semana con un bebé del Sistema Estatal DIF, con el que no tienen ningún vínculo.

Según Save the Children, el niño quedó expuesto y fue víctima de diversas violaciones a sus derechos como: derecho a la vida privada; derecho a la identidad y derechos relacionados con la aplicación del interés superior establecido en la Constitución.

Incluso se señaló que pudo haberse cometido el delito de trata de personas por usar su imagen con fines políticos y mercantiles, ya que Mariana Rodríguez difundió una serie de fotografías con el mejor en sus redes sociales personales.

Save the Children señaló que dicha situación refleja las graves carencias de los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes en todo el país.

La organización indicó que legalmente, el caso debe investigarse, con la participación de las autoridades federales, dada la concurrencia que existe en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes «Cada niña y niño, independientemente de sus circunstancias, debe poder ejercer plenamente todos y cada uno de sus derechos».

La organización hizo un llamado al gobierno federal y a la sociedad a cuestionarse cómo tratamos a niñas y niños:

«¿Estamos pensando en qué es lo mejor para ellas y ellos o perjudicándoles y violando sus derechos más fundamentales? ¿Qué buscaba una acción como esta? ¿Es esto lo que necesita un niño? ¿Ser expuesto en redes sociales y medios de comunicación? ¿Por qué pensamos que está bien?», remató.

Al respecto, el gobierno federal acusó este martes al gobernador y a su esposa de «vulnerar los derechos» del bebé por extraerlo de un albergue y exhibirlo en sus redes sociales el fin de semana.

El Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) avisó que investiga el «supuesto proceso de adopción por un fin de semana».

«Al mostrar en un video el rostro del niño de cinco meses de edad en las redes sociales del mencionado matrimonio y luego de que este fuera replicado por algunos medios de comunicación, además de revelar su nombre y los problemas de salud que enfrenta, existe una clara vulneración de derechos», denunció el SNDIF en un comunicado.

Recordemos que la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) también expresó su «profunda preocupación» por la «nula perspectiva de derechos de la niñez».

Tras la controversia, el SNDIF informó que pidió información a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que «se determinarán las medidas que resulten procedentes».

«La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del SNDIF reprueba todo tipo de procesos adoptivos o de acogimiento familiar que atenten contra el principio convencional y constitucional del Interés Superior de la Niñez», manifestó.

Además, anunció que la Secretaría de Gobernación (Segob) revisará «la actuación de algunos medios de comunicación en este caso para que se inicien los procedimientos administrativos correspondientes» por mostrar la identidad del bebé.

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió 39 años de cárcel para Emilio Lozoya, ex director  de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien es señalado de participar en la red de sobornos con la firma brasileña Odebrecht y a otros actos de corrupción.

Una fuente judicial cercana al caso confirmó lo que adelantaban medios locales, quienes señalaban que la Fiscalía solicitó dicha pena para Lozoya, el único exfuncionario de alto nivel investigado por el caso Odebrecht.

La fuente, que pidió no ser identificada por no estar autorizada a declarar, confirmó además que esta pena carcelaria sería por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.

La Fiscalía también pidió 25 años de prisión para Gilda Margarita Austin, madre del exfuncionario, acusada de ser copartícipe de los hechos de corrupción atribuidos a su hijo, según indicó la fuente judicial que habló con la agencia AFP.

Se espera que el juez a cargo del caso comunique a la defensa de Lozoya la pena solicitada por la Fiscalía.

Recordemos que Lozoya, de 47 años y quien fue cercano colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto, se encuentra recluido en una prisión de Ciudad de México desde el pasado 3 de noviembre.

El exfuncionario, que dirigió Pemex entre 2012 y 2016, fue capturado en España en febrero de 2020 y extraditado a México en julio de ese mismo año. Llevó su proceso con medidas cautelares como parte de un acuerdo con la Fiscalía a cambio de testificar contra otros presuntos involucrados, entre ellos el expresidente Peña Nieto, pero los elementos que aportó no fueron considerados de valor y se pidió su encarcelamiento.

La Fiscalía reveló en 2020 que Lozoya declaró que 4.4 millones de dólares provenientes de Odebrecht sirvieron para financiar la campaña a la presidencia del priísta en 2012. Sin embargo, hasta el momento no se conoce investigación alguna contra el expresidente o sus más cercanos colaboradores, entre ellos Luis Videgaray.

Lozoya también es acusado de autorizar la compra por parte de Pemex de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, con un sobreprecio de 200 millones de dólares.

La probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca en el país es de apenas el 1.04%, según el estudio “Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías (Iedf) 2021” publicado este martes por la organización Impunidad Cero.

La cifra descendió de 1.32% en 2019 a 1.04 % en 2020, indicó el organismo en un comunicado.

En cuanto a los estados, la Fiscalía que cuenta con la mejor cifra es Guanajuato, aunque solamente con el 2.99%. Le siguen los estados de Baja California (2.77%) y Chiapas (2.42%). En tanto, los estados en los que hay una menor probabilidad de que se esclarezcan los delitos son Guerrero (0.1%), Quintana Roo (0.25%) y Aguascalientes (0.26%).

Dentro del estudio, la Fiscalía de Nuevo León es la mejor valorada, con un total de 68.6 puntos de un total de 100. Le siguen Yucatán con 68.4 puntos, Chihuahua con 65.5, Guanajuato con 63.6 y Sonora con 61.5. Las peor evaluadas son Puebla con 36 puntos, Morelos con 36.1, Veracruz con 36.2, Nayarit con 37.3 y Oaxaca con 40.2.

Por otra parte, Impunidad Cero indicó que en 2020 la cifra negra, es decir, los delitos no denunciados y sobre los que no se abrió una investigación, fue del 93.3%, la más alta desde 2017.

Además, del total de delitos denunciados e investigados durante 2020, en 47% de los casos «no sucedió nada» a raíz de la denuncia, en un 27% la investigación se encontraba «en trámite», el 6.6% de los casos concluyó con alguna forma anticipada del proceso y sólo un 4.6% llegó a un juez.

Estos datos se dan a pesar de que, según indicó la organización, la tasa de fiscales o agentes del Ministerio Público por cada 100,000 habitantes a nivel nacional aumentó un 23% de 2016 a 2020, pasando de una tasa de 8.4 fiscales o agentes a 10.4.

El gobierno federal informó este lunes que el país acumula 28,101 homicidios dolosos en lo que va de 2021, una reducción interanual del 3.9% en comparación con los del mismo periodo del año anterior.

Así lo informó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, al encabezar el informe mensual de seguridad durante la conferencia matutina del presidente.

Solo en octubre hubo 2,714 homicidios, una disminución de 8.25% frente a los 2,958 del mismo mes de 2020 y una reducción de 2.1 % frente a septiembre pasado, cuando hubo 2,774 asesinatos.

Al igual que en otros periodos, seis de las 32 entidades concentran el 50% de los homicidios dolosos: Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chihuahua.

La titular de la SSPC señaló que se contabilizaron69 feminicidios en octubre, una disminución interanual de 14.8% frente al mismo mes de 2020. “Es el octubre con menos feminicidios en lo que va de este gobierno. Seguiremos reforzando las acciones”, expresó Rodríguez en la conferencia de prensa.

No obstante, el país suma en lo que va de año 842 feminicidios, lo que representa un alza del 4.86% frente a los 803 femicidios del periodo enero-octubre de 2020. La violencia familiar ha decrecido 10 % desde el número histórico de más de 23.900 denuncias de mayo pasado.

“Ya está hacia la baja el delito de violencia familiar. Necesitamos hacer más acciones de prevención y sanción para que este tipo de delito vaya a la baja”, reconoció Rosa Icela Rodríguez.

El delito de violación creció 28.2% en los primeros 10 meses del año, al registrarse 17,784 de estos crímenes, en tanto los secuestros registraron una reducción de 23.3%.

El mes más violento en lo que va del año fue mayo, con 2,998 asesinatos, mientras que marzo de 2020 fue el mes con más homicidios bajo la actual administración con 3,042.

Recordemos que México ha registrado los dos años más violentos de su historia en los primeros dos años de mandato de Andrés Manuel López Obrador, con 34,690 víctimas de asesinato en 2019 y 34,558 en 2020.

Pese a esto, la secretaria de Seguridad presumió de que “en la incidencia delictiva del fuero federal, en los primeros 10 meses de 2021 se logró una reducción de 22.5% de los delitos del fuero federal respecto al mismo periodo de 2019″. De enero a octubre de 2021, hay caídas interanuales de 13.6% en los crímenes de delincuencia organizada, de 6.8% en delitos relacionados con armas de fuego, de 0.5% en robo total y de 7.8% en delitos contra la salud, es decir, aquellos relacionados con las drogas.

También informó que la estrategia para prevenir la toma de casetas reporta que de enero a octubre de 2021 se evitó la pérdida de 11 mil 284 millones de pesos. Adicional, dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 44 mil 603 cuentas con 13 mil 638 millones de pesos vinculados a operaciones ilícitas.

Y aunque se centró en los logros, la SSPC reportó aumentos interanuales en lo que va del año de 173 % en el tráfico de personas, de casi 200% en delitos electorales, de 8% en el robo a transeúntes y de 6.8% en delitos de servidores públicos.

Jacob Chansley, el hombre que participó en el asalto al Capitolio de Estados Unidos disfrazado de bisonte, fue condenado este miércoles a 41 meses de prisión, tres años y cinco meses de cárcel, en un tribunal federal del país.

«Lo que usted hizo fue terrible», afirmó este miércoles el juez Royce Lamberth, de una corte federal del Distrito de Columbia, durante la vista para leer la sentencia.

Pese a opinar que el arrepentimiento expresado por Chansley es genuino, Lamberth subrayó que el delito cometido es tan «grave» que no justifica una sentencia menor.

En la audiencia, Chansley le dijo al juez que se equivocó al entrar al Capitolio. «No tengo excusas», indicó este hombre, quien agregó que su comportamiento de ese día es «indefendible».

Recordemos que en septiembre Chansley se declaró culpable por el cargo de haber obstruido un procedimiento oficial durante una sesión del Congreso el pasado 6 de enero, cuando tuvo lugar el asalto al Capitolio. Mediante dicha declaración de culpabilidad, que formó parte de un acuerdo con la Fiscalía, Chansley aceptó una pena recomendada de entre 41 y 51 meses de prisión, aunque se le descontará el tiempo que lleva en la cárcel desde el 9 de enero pasado.

Chansley, un adepto a las teorías conspirativas del movimiento QAnon, se convirtió en el asaltante más mediático del Capitolio ya que lo hizo disfrazado de bisonte y llegó a sentarse en la silla del presidente del Senado.

Fue detenido tres días después y desde entonces ha permanecido tras las rejas, aunque el interés mediático siguió activo por él después de exigir que le ofrecieran comida orgánica en la cárcel y negarse a comer durante nueve días hasta lograrlo.

Durante la audiencia de este miércoles, el fiscal mostró un vídeo del acusado gritando dentro de la sede del Congreso e insultando a los legisladores. El Departamento de Justicia sostiene que Chansley fue una de las primeras 30 personas que entraron al Capitolio y que luego fueron seguidas por cientos.

Hasta ahora, más de 600 personas han sido imputadas en tribunales federales por el asalto al Capitolio. La sentencia contra Chansley sigue a la dictada la semana pasada por el mismo juez contra un hombre que golpeó a un policía durante el asalto al Capitolio y quien también fue condenado a 3 años y 5 meses de prisión. Estas dos son las penas más altas ordenadas hasta el momento contra imputados por ese suceso

La Interpol emitió este jueves una ficha roja para la búsqueda y captura de Carlos Treviño, exdirector de Pemex, acusado de lavado de dinero y asociación delictuosa.

La ficha roja, que permitirá la búsqueda y detención en más de 190 países de Treviño, cuya última ubicación conocida es Houston, Estados Unidos, se emitió a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Apenas la semana pasada, un juez mexicano ordenó el arresto de Treviño, quien estuvo al frente de Pemex de 2017 a 2018.

El exfuncionario, acusado de recibir 4 millones de pesos en sobornos, no se presentó el pasado 7 de septiembre a comparecer por los delitos de los que se le acusa, lo que motivó la orden de arresto.

Emilio Lozoya, también exdirector de Pemex y en prisión preventiva en el Reclusorio Norte de Ciudad de México por el mismo caso, acusó en agosto a Treviño de haber sido parte de los sobornos en relación a la planta Etileno XXI, dentro del supuesto esquema de corrupción de Odebrecht.

El Ministerio Público judicializó una carpeta de investigación en la que señala a Treviño de presuntamente recibir 4 millones de pesos en septiembre de 2014 en su domicilio en Estado de México. Presuntamente, el dinero se entregó para que continuase el contrato de suministro de etano entre Pemex Gas y Petroquímica Básica y Braskem, filial petroquímica de Odebrecht.

Treviño ha negado todas las acusaciones y envió al juez una carta en la que alegó falta de seguridad jurídica para un juicio justo. Además, su defensa aseguró que al exdirector de Pemex no le consta dicha orden de aprehensión y que está en Houston, Texas.

Una jueza federal de Miami certificó la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado en nuestro país de corrupción por malversar millones de pesos de fondos públicos, y ordenó que permanezca detenido mientras el Departamento de Estado toma una decisión final.

«Hay causa probable para creer que César Horacio Duarte Jaquez (…) cometió los crímenes de conspiración y malversación de fondos gubernamentales, según las acusaciones que enfrenta en México», dijo la jueza Lauren Louis.

«La solicitud del gobierno para que se ordene la certificación de la extradición de César Horacio Duarte Jaquez es concedida», expresó en un fallo escrito de 24 hojas que se emitió ayer por la noche.

La orden de la jueza llega casi 10 meses después de la última audiencia, en la que Louis dijo que estudiaría las evidencias para determinar si cumplían o no con los requisitos del tratado de extradición con México.

Aunque la jueza falló en favor de la extradición, es el secretario de Estado, Antony Blinken, quien tiene ahora la última palabra. La orden de la magistrada no puede ser apelada, pero Duarte podría presentar un recurso de amparo alegando que su detención en Estados Unidos es ilegal en busca de demorar el proceso. No existe un plazo específico para que Blinken tome una decisión.

Por ahora ni la defensa de Duarte ni el gobierno del presidente Joe Biden han dicho cuáles serán sus próximos pasos. Tampoco el gobierno de México se ha pronunciado públicamente.

Para fundamentar el pedido de extradición efectuado por el gobierno mexicano, la fiscalía estadounidense aseguró que existen evidencias de que Duarte cometió los delitos de los que se le acusan y que por eso debe ser extraditado. La defensa del exgobernador, en cambio, manifestó que se trata de acusaciones políticas.

En su fallo, la jueza dijo que «no hay ningún tipo de evidencia de que los presuntos delitos tuvieron motivaciones políticas y mucho menos que fueron cometidos en el curso de un acto político». Por eso, indicó Louis, «la corte no negará el pedido de extradición».

Recordemos que México solicitó la extradición del priísta a fines de 2019. El exfuncionario, que se desempeñó como gobernador entre 2010 y 2016, está acusado de peculado y asociación ilícita para malversar millones de pesos de fondos públicos.

Duarte llegó a Estados Unidos junto a su familia en 2016 en busca de un tratamiento médico tras un accidente en helicóptero. El exgobernador alega que desconocía las acusaciones que enfrentaba en México antes de viajar a Estados Unidos y que llevaba una vida pública y sin ocultarse de nadie.

Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, y quien ayudó a destapar los presuntos hachos corruptos que involucran a Duarte, dijo a través de su cuenta de Twitter que «una larga lucha contra la corrupción y la impunidad tuvo un «avance decisivo en la exigencia de justicia para Chihuahua y que se castigue uno de los mayores atracos contra el pueblo».

La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la gestión de la pandemia en Brasil aprobó ayer por la noche el informe final en el que se acusa al presidente, Jair Bolsonaro, de un total de nueve delitos, entre ellos el de crímenes contra la humanidad.

La CPI, instaurada en el Senado, dio luz verde al informe, elaborado por el principal relator de la comisión, el senador Renan Calheiros, por siete votos a favor y cuatro en contra.

La aprobación del informe, con la que la Comisión concluye seis meses de trabajo, supone la solicitud de imputación de un total de 78 personas, entre ellas Bolsonaro, y dos empresas por distintos delitos cometidos durante la pandemia de COVID-19.

El informe, de casi 1,290 páginas, será ahora remitido a la Justicia del país, el Tribunal Supremo y la Fiscalía brasileña, y también al Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya, para que se valoren las solicitudes.

En concreto, el documento pide a estos organismos que se acuse a Bolsonaro de nueve crímenes relacionados con la pandemia, comisión de delito epidémico con resultado de muerte, violación de medidas sanitarias preventivas, curanderismo, prevaricación, empleo irregular de fondos públicos, incitación al delito, falsificación de documentos privados, delito de responsabilidad y delitos de lesa humanidad, este último delito juzgado por el TPI.

El informe incluye como pruebas imágenes del presidente animando a multitudes, declaraciones contra las vacunas o el apoyo del presidente a la cloroquina, medicamento ineficaz para la COVID-19. También detalla el retraso en la adquisición de vacunas o la oposición del gobierno a las medidas sanitarias, además del colapso del sistema.

Con respecto a Bolsonaro, también reclama a los abogados del Senado que exijan su salida de redes sociales debido a su «relevante papel» en la difusión de noticias falsas sobre la pandemia.

Por otro lado, en el texto se demanda también la acusación de los tres hijos del presidente, así como de ministros del gobierno, entre ellos el actual titular de Salud, Marcelo Queiroga; o el exministro del mismo departamento Eduardo Pazuello, así como el extitular de Exteriores Ernesto Araújo. El informe también acusa a empresarios, médicos y diputados federales, además de a dos empresas que firmaron contratos con el Ministerio de Salud, Need Medicines y VTCLog.

Rápidamente el presidente Jair Bolsonaro reaccionó; calificó de «payasada» el informe de la comisión. «Eso es una payasada», declaró el mandatario en una entrevista con la emisora Jovem Pan, quien sin embargo admitió que un informe de esa naturaleza «causa muchos problemas».

Bolsonaro aseguró que no está preocupado con su futuro, pues el informe de la comisión parlamentaria «no vale nada», pero reconoció que «hacia afuera de Brasil la imagen es pésima» y afecta hasta a la economía del país.

«Hay quien cree que aquí tenemos una dictadura, que yo meto presos a los periodistas, que cerceno la libertad de expresión, que maté gente en la pandemia, y eso influye en la gente que quiere invertir en Brasil y luego no invierte», declaró.