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Luego de que un juez con sede en Almoloya de Juárez, en el Estado de México rechazara por segunda ocasión la solicitud de girar órdenes de aprehensión en contra de 31 académicos y científicos, al Fiscalía General de la República (FGR) criticó la negativa del juzgador, e indicó que insistirá para obtenerlas.

Y es que la Fiscalía tiene abierta una investigación en contra de 31 miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y de exfuncionarios de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a quienes acusa de delitos patrimoniales en contra del erario público, entre los que se contempla al de delincuencia organizada.

«Ante la negativa de un Juez de Distrito, a la solicitud de orden de aprehensión a diversos ex funcionarios (…) esta institución considera que es indispensable una información pública, clara y precisa, de cuál es su posición jurídica en este caso», señaló la FGR a través de un comunicado la noche de ayer.

El juez de distrito informó que la empresa privada que crearon (Foro Consultivo), autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del Conacyt, lo autoriza.

Ante ello, la FGR indicó que no comparte dicha justificación, ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio CONACYT, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro Consultivo como un órgano interno de esa Institución.

Además dijo que dichas leyes no permiten, en modo alguno, que el Foro Consultivo pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra  de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria.

Por dichas razones, adelantó que se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando «con toda claridad» lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a los científicos y exfuncionarios de Conacyt, así como las pruebas que lo acreditan.

«La FGR intentará esta instancia y todos los recursos procedentes que tenga esta institución para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial», señaló la Fsicalía.

Entre los nombres que aparecen en la lista de científicos que la FGR busca encarcelar, aparecen: Enrique Cabrero Mendoza; Julia Tagueña Parga; Ariana Ramona uerra Gómez; David García Junco; Víctor Carreón Rodríguez; Jesus Borja Tamayo; Rafael Ortega Reyes; María Dolores Sánchez; Miguel Guajardo Mendoza; Luis Gabriel Torreblanca; José Roque Díaz; Luis Mier y Terán Casanueva; Elías Micha Zaga, En total, se trata de seis miembros del Foro Consultivo y 25 exfuncionarios del Conacyt.

El gobierno federal informó que el país acumula 22,611 homicidios en lo que va de 2021, lo que se traduce en una reducción del 3.9% respecto a los 23,537 que hubo entre enero y agosto del año pasado.

Durante agosto, se registraron 2,815 asesinatos, un 1.23% menos que los 2,850 de julio, y un 5.85% menor a los 2,990 de agosto del 2020.

«De enero a agosto disminuyó 3.9 % en este año respecto al mismo periodo del año anterior, siendo este mes, agosto, el más bajo en lo que va de la presente administración», expresó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Se señaló que el mes más violento en lo que va de año fue mayo, con 3,000 asesinatos, mientras que marzo de 2020 fue el mes con más homicidios de la actual administración con 3,042 casos.

Los seis estados que concentran la mitad de los homicidios acumulados en 2021 son Guanajuato con 2,383; Baja California con 2,157; Michoacán con 1,754; Estado de México con 1,716; Chihuahua con 1,701, y Jalisco con 1.677.

Sin embargo no hay que olvidar que México ha registrado los dos años más violentos de su historia en los primeros dos años de gobierno de López Obrador, con 34,681 víctimas en 2019 y 3,4557 en 2020.

Rosa Icela Rodríguez, encargada de la seguridad, reveló que a partir de agosto, por órdenes del presidente, los municipios considerados prioritarios para atender la seguridad pasaron de 15 a 50. En ellos, precisó se hicieron acciones focalizadas mediante mesas de construcción de paz.

En agosto, esos municipios prioritarios concentraron el 42% de los homicidios dolosos del país, pero con el refuerzo de las fuerzas de seguridad en 24 municipios se registro disminución de 27% de casos en promedio, en uno no se registró ninguna variación y en 25 hubo un aumento de 32%.

Otro de los puntos que llamó la atención del informe mensual de seguridad, fue el dato relativo a los feminicidios. La secretaria refirió que en los primero ocho meses del año se registró un aumento de 8% en este delito. En agosto se registraron 107 feminicidios, 57% más que los 68 de julio y un 42% más que los 75 de agosto del 2020.

De hecho, la cifra registrada en agosto es el máximo histórico de este delito. Sin embargo, la secretaria afirmó que en el pasado no se registraba como se debía este delito, «este delito se empezó a tipificar con metodología clara a partir de 2019», lo que aseguró explica el aumento de las cifras.

De igual forma, Rodríguez señaló que en agosto la violencia familiar disminuyó pese a que durante la pandemia se había registrado un incremento en este delito, registrándose 21,283 casos frente al máximo histórico de mayo pasado de 23,905.

En cuanto al secuestro, este delito disminuyó 23.6% respecto al mismo periodo de 2020 y tuvo una baja de 57.3% en agosto de este año en comparación con enero de 2019 cuando se registró máximo histórico de 185 víctimas.

La titular de la SSPC también destacó la baja de 23.5% en los delitos del fuero federal en lo que va del año, comparado con el mismo periodo de 2019. Detalló que los delitos del fuero federal a la baja son los fiscales, delincuencia organizada, financieros, los relacionados con arma de fuego y explosivos, patrimoniales y  contra la salud; robo en general, robo de vehículo; robo a transportista, a negocio y a casa habitación.

Por el contrario, al alza se registraron los delitos cometidos por servidores públicos, los electorales y el tráfico de personas, además de la extorsión.

Finalmente, la secretaria comentó que el robo de hidrocarburos ha bajado 94% en lo que va de la administración y que se traduce en un ahorro de 165 mil millones de pesos, es decir, 164 millones de pesos diarios, mientras que la pérdida evitada por toma de casetas asciende a 9 mil 329 millones de pesos.

Las cuentas bloqueadas suman 41 mil 674 por vínculos con operaciones ilícitas del crimen organizado y de cuello blanco, con monto de 13 mil 263 millones de pesos en esta administración.

Como parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, compareció este martes ante el Pleno del Senado, en donde dijo que el gobierno federal avanza en su tarea de conseguir la paz y la tranquilidad a todos los mexicanos.

Por primera vez, Rodríguez Velázquez asistió a la Cámara de Senadores acompañada del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; de los titulares de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán; así como del comandante de la Guarda Nacional, Luis Rodríguez Bucio y del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo.

La Secretaria de Seguridad sostuvo que ahora el gobierno está mejor preparado para la persecución del crimen organizado, mediante el uso de la inteligencia, atacando su capacidad financiera y de operación, y aplicando la extinción de dominio para el aprovechamiento social de los bienes y recursos incautados.

Detalló que en lo que va de la presente administración, la Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado 41 mil cuentas vinculadas a operaciones ilícitas por más de 14 mil millones de pesos.

Dijo que de enero a agosto de este año, comparado con el mismo periodo de 2018, se logró reducir la incidencia de los siguientes delitos: el secuestro, 46.6%; robo de vehículo automotor 40%; robo de ganado, 37%; robo en transporte público colectivo, 37%; robo a transportistas, 32%; robo a casa-habitación, 28%; robo a transeúnte, 26%; robo a negocio, 23.3%, y el robo de hidrocarburos se redujo en un 94%.

Respecto al tráfico de drogas expuso de enero del 2020 a la fecha han logrado el aseguramiento de 300 mil 608 kilos de marihuana; 39 mil 725 kilos de cocaína; 652 de heroína, y 68 mil 327 de metanfetaminas; 76 mil 782 de fentanilo, así como 31 millones 866 mil 455 dólares americanos, y 319 millones 233 mil 360 pesos.

Sin embargo, reconoció que pese a las acciones instrumentadas, aún quedan pendientes como en el caso del delito de homicidio doloso, el cual mantenía desde 2015 un crecimiento acelerado y ahora se logró contener a finales de 2020, aunque no se ha logrado disminuir como se quisiera.

Detalló que el 50% de estos delitos se concentran en seis estados: Guanajuato, Baja California, Michoacán, Jalisco, Estado de México y Chihuahua; en estas entidades se ha reforzado la presencia de la Guardia Nacional.  Sobre los feminicidios, dijo que de enero a agosto aumentaron 11.9%, lo que atribuyó a la homologación de su clasificación a nivel nacional, pues recalcó que antes se registraban como homicidios dolosos o culposos.

«Como primera mujer al frente de la seguridad del país, estoy comprometida con la atención a la violencia contra las mujeres, y de manera prioritaria de la violencia feminicida. No toleraremos que los crímenes que afectan en mayor medida a las mujeres, niñas y niños, queden en la impunidad», dijo a los senadores.

Destacó que la Guardia Nacional, a dos años de su creación, está conformada por más de 100 mil elementos con disciplina, capacitación y equipamiento, convirtiéndose en la institución de seguridad pública más grande en la historia del país.

Rosa Icela Rodríguez reiteró que el reto de regresar la paz y tranquilidad a los estados, municipios y comunidades, exige la colaboración y un trabajo constante. “Nuestro objetivo conjunto debe ser lograr un México más seguro, un México en paz (…) vamos a seguir avanzando en pacificar el país. Es un desafío, es una responsabilidad, es una convicción. Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno».

La titular de la SSPC dijo que los esfuerzos se coordinan bajo la Estrategia Nacional de Seguridad, la cual reconoce que las causas de la violencia y el delito son estructurales y multidimensionales; acto seguido, aseguró que la estrategia de «abrazos, no balazos» no significa que el gobierno esté cruzado de brazos.

«Aspiramos a una sociedad más fraterna. La paz se construye con abrazos, con más cordialidad, con más civilidad, con más hermandad», respondió la funcionaria a la senadora del PAN, Lily Téllez, quien le recriminó que la Guardia Nacional era el «grupo de edecanes más caro del país» y que la estrategia de seguridad de la 4T ha fracasado.

Indicó que pese a lo que se podría pensar, la actual administración no llegó a obtener la victoria de una guerra, sino a ganar la paz.

En el país se registraron en agosto 82 secuestros, un 5.7% menos que los 87 del mes anterior, informó este lunes la organización Alto al Secuestro.

«Disminución de 5.7% en las carpetas de investigación iniciadas por el delito de secuestro. En el mes de agosto hay registro de 82 carpetas, en comparación con las 87 del pasado mes de julio», indicó la ONG.

Además, hubo una baja del 13.7% en cuanto al número de víctimas de secuestro, al pasar de 124 personas en julio a 107 en agosto.

Asimismo, hubo un incremento de 32.3% en el número de detenidos relacionados al delito de secuestro, debido a que en agosto fueron detenidas 135 personas por este delito mientras que en julio fueron arrestados 102 presuntos responsables.

Los estados con mayor incidencia de ese delito fueron Estado de México, con 13 casos; seguido de Veracruz, con ocho casos, e Hidalgo, Chihuahua y Baja California, cada uno con cinco casos de secuestro.

Por el contrario, hubo ocho estados que no registraron ningún secuestro en agosto: Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Durango, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán.

Según Alto al Secuestro, desde el inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en diciembre de 2018, México ha contabilizado 3,903 secuestros, una cifra un 39.7% menor a los 6,479 secuestros que hubo en el mismo lapso de mandato de su antecesor, Enrique Peña Nieto.

En esta primera etapa del mandato de López Obrador ha habido 5,072 víctimas de secuestro.

Recordemos que nuestro país ha registrado los dos años más violentos de su historia en la primera parte del gobierno de López Obrador con 34,682 víctimas de asesinato en 2019 y 34,557 en 2020.

En un nuevo video publicado en sus cuentas de redes sociales, este lunes Ricardo Anaya reveló que a unas horas de hacer pública la persecución que hay en su contra, recibió un citatorio por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para que comparezca en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

«¿Sabes cuántos años de cárcel suman los delitos de los que me está acusando la Fiscalía de López Obrador? 30 años de cárcel. Menos mal que no hay persecución política y que no es tu fuerte la venganza, Andrés Manuel. Si no, imagínate”, dijo Anaya sin especificar cuáles son los delitos.

Explicó que si bien las audiencias iniciarían vía Zoom, la comparecencia finalizaría en el Reclusorio Norte. Fue en ese punto donde dijo que si llega a pisar el Reclusorio, sabe perfectamente no lo van a dejar salir.

Ante el mensaje que publicara López Obrador, donde le decía que si era inocente no debía de tener miedo, y debía presentarse a declarar, Anaya respondió que no le cree al presidente más mentiroso de la historia.

Reiteró que el proceso judicial en su contra fue ordenado por el propio López Obrador, quien busca encarcelarlo para que pierda sus derechos políticos, y eso le impida que pueda presentarse en el proceso electoral de 2024.

El aspirante a la presidencia afirmó que en tiempos de «autócratas» como López Obrador, el exilio es la única alternativa. «Dejarte encarcelar por un autócrata, muchas veces significa perder la batalla».

«Yo no me escondo ni huyo, doy la cara y me exilio con mucho dolor de mi país para poder seguir luchando. No te vas a deshacer de mí, y cada vez somos más los que no te tenemos miedo y estamos dispuestos a enfrentarte tope donde tope», remató el panista.

Y es que este fin de semana, en otro video publicado en sus redes sociales, Anaya denunció que el presidente López Obrador quiere impedir que participe en las elecciones presidenciales del 2024, metiéndolo a la cárcel.

El también excandidato presidencial acusó a López Obrador de haber ordenado a la Fiscalía ir en contra suya basándose en las declaraciones que hiciera en su contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Acusó que, así como ocupa sus mañaneras para dividir y atacar a quienes piensan diferente a él, ya sean instituciones, organismos, medios de comunicación, e intelectuales, López Obrador pretende quitar del camino “a la mala” a quienes no estén de su lado.

En su video explicó que desde hace un mes, el gobierno federal tenía todo listo para ir por él; sin embargo, al darse cuenta de que no tenían los elementos para proceder, hicieron un “porquería” y modificaron la declaración de Lozoya. Recordemos que en la denuncia que presentó ante la Fiscalía, el exdirector de Pemex lo acusa de haber recibido sobornos provenientes de Odebrecht a cambio de apoyar la reforma energética cuando ejercía como diputado federal.

En su primer mensaje, Anaya adelantó que, aunque se defenderá y presentará pruebas contundentes para demostrar su inocencia, iba a tener que estar fuera del país por una temporada; es decir, huía de México.

Esta mañana, el presidente López Obrador abordó el tema en su conferencia de prensa de Palacio Nacional.  Dijo que es «mentira» que persiga a Anaya.

«Él acusa de ser perseguido por el presidente, por mí, y eso es una mentira, eso es falso. ¿Qué es lo que da origen a esta situación? Una denuncia que se presentó desde hace mucho tiempo por sus mismos compañeros de partido», aseguró López Obrador.

AMLO puntualizó que os hechos se derivan de acusaciones de integrantes de su propio partido, así como de la denuncia de Emilio Lozoya.

«Yo no tengo nada que ver absolutamente, pero él pensando que así, echándome la culpa, sintiéndose perseguido, la iba a librar. Muy mal, muy mal, ese proceder», comentó López Obrador.

El presidente sugirió que las denuncias han surgido porque Anaya «traicionó» al antiguo Gobierno de Enrique Peña Nieto, del PRI, e «hizo a un lado» al grupo político del expresidente Felipe Calderón, del PAN.

«Se le generaron problemas porque sintieron que estaba traicionando, entonces se le juntaron estas denuncias, no nosotros, yo no estoy acostumbrado a decir mentiras, siempre digo lo que pienso y doy la cara, entonces se le hizo fácil decir ‘me está persiguiendo Andrés Manuel'», argumentó.

El gobierno federal reportó este miércoles una disminución del 3.5% anual en homicidios dolosos durante la primera mitad del año, registrándose 16,937 víctimas, aunque reconoció que los feminicidios crecieron 3.3%, hasta 508 casos.

“El homicidio doloso se ha contenido, sigue conteniéndose, y de enero a junio de 2021 disminuyó 3.5% respecto al mismo periodo del año anterior”, expresó la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, al intervenir en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Solo en junio, se registraron 2,660 víctimas de homicidio doloso, una caída de 7.57% anual frente a junio de 2020 y un decremento mensual de 11.24% respecto a mayo, el mes más violento de lo que va de 2021 con 2,997 asesinatos.

En contraste, la titular de la SSPC notificó 508 víctimas de feminicidio, respecto a los 492 casos reportados en la primera mitad del 2020.

El gobierno alertó sobre un incremento anual de más de 32% en las violaciones sexuales, con 10,458 de estos delitos en el primer semestre del año frente a 7.885 del mismo periodo de 2020.

Asimismo, el gobierno indicó que en mayo pasado la violencia familiar alcanzó un máximo histórico con 23,907 denuncias, que en junio bajaron a 22,411.

«Falta más trabajo, no solamente de las autoridades, sino también de la propia sociedad”, dijo Rosa Icela Rodríguez.

La secretaria de Seguridad argumentó que solo seis estados concentran el 50.2% de los asesinatos: Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua. Además, aseguró que 50 municipios concentran 47 % de los homicidios.

La funcionaria también admitió de un incremento global de 4.9% en los delitos del fuero federal respecto al primer semestre de 2020, pero lo atribuyó a los delitos electorales por las elecciones del 6 de junio.

“En el primer semestre de 2021 se logró una reducción de 24.6% de los delitos del fuero federal con respecto al mismo periodo de 2019, se está manteniendo la tendencia a la baja», justificó.

Rodríguez indicó que en los primeros seis meses de 2021 hubo una disminución anual de 3% en robo total y de 29% en víctimas de secuestro.

Los crímenes de delincuencia organizada también bajaron 11.4% en dicho periodo, aunque los delitos contra la salud, relacionados con el tráfico y venta de drogas crecieron 4.6%, hasta 4,317.

El gobierno federal ´presentó esta mañana un informe sobre la violencia contra las mujeres, en el que reconoció un alza del 7.1% interanual en feminicidios, luego de que haber registrado 423 crímenes en los primeros cinco meses del año.

Durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, habló sobre las acciones que se han implementado para reducir o eliminar los feminicidios y la violencia de género en el país.

Recalcó en incidencia por cada 100,000 habitantes, los estados de Morelos, Sonora, Quintana Roo, Colima, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y Chiapas concentran las tasas más altas en este delito.

Acusó que durante décadas «se redujo, minimizó e ignoró» el feminicidio; sin embargo, destacó que en la actual administración se trabaja para que en todos los estados se tipifique como un delito federal y se castigue a los culpables.

Señaló que se ha instalado un gabinete de género para avanzar en la agenda de los derechos de las mujeres, además de que existen 100 integrantes de la Guardia Nacional listos para ayudar a las fiscalías estatales quienes se han especializado en violencia de género y feminicidio.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aceptó que ha habido un incremento en feminicidios, lamentablemente, y en violencia familiar. «Estamos ocupándonos de eso», subrayó.

Por su parte la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, resaltó la creación del grupo institucional contra la violencia. «Trabajamos todos los días para atender las dinámicas de violencia contra las mujeres mediante estrategias de atención y prevención», subrayó.

Indicó que el reto de erradicar la violencia contra las mujeres «es enorme». Sin embargo, dijo que igual de enormes son las acciones que se llevan a cabo y para ello los tres niveles de gobierno deben estar coordinados.

En su intervención, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Fabiola Alanís, dijo que en esta administración se ha mejorado la atención a este delito. Señaló que en los primeros seis meses de este año 100,000 mujeres han sido atendidas en los 55 Centros de Justicia para las Mujeres, los cuales brindan atención médica, asesoría y alojamiento.

Finalmente la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Nadine Gasman, indicó que en un recorrido por el país encontraron que las tres principales preocupaciones de las mexicanas son: erradicar la violencia, tener autonomía económica y la distribución del trabajo en el hogar.

En ese sentido detalló que las tres principales acciones realizadas por el organismo son la prevención de violencia sexual y el embarazo de niñas y adolescentes, el acompañamiento de las mujeres en territorio nacional y los cuidados familiares.

Autoridades federales reportaron este lunes 2,963 homicidios en mayo pasado, convirtiéndose así en el mes más violento en lo que va de 2021; cifra más alta desde julio de 2020, y uno de los 10 más sangrientos del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Al encabezar el informe mensual sobre seguridad pública, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, indicó que la cifra presenta un incremento mensual de 3.57% frente a los 2,861 asesinatos reportados en abril y un aumento anual de 1.26% ante los 2,926 registrados en mayo del año pasado.

A estas cifras se suman 98 víctimas de feminicidio, solo una por debajo de las 99 que se registraron en marzo; la mayor cifra en lo que va del año, pues representa 20 víctimas más que las 78 que se reportaron en abril pasado.

Aun así, la titular de la SSPC presumió de una reducción anual de 2.9% en el número de homicidios dolosos en los primeros cinco meses del año. «Se sigue conteniendo la tendencia al alza del homicidio doloso durante la presente Administración», sostuvo Rodriguez al intervenir en la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Recordemos que nuestro país ha registrado los 2 años más violentos de su historia en los primeros dos años del gobierno de López Obrador con 34,682 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020.

Se indicó que seis estados concentran 50.4% de los homicidios: Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua. También indicó que los 15 municipios de atención prioritaria, que acumulan 27% de los asesinatos nacionales, han mostrado una caída de 6.1% en lo que va del año. Las excepciones, reconoció, son: León, Cajeme, Acapulco, Guadalajara, Chihuahua y Morelia.

En contraste, Rosa Icela Rodríguez admitió aumentos en lo que va de 2021 del 30% para el delito de violación; 47% para el delito de trata de personas; del 7% en feminicidios; del 8% en delitos contra la salud (relacionados con las drogas); del 8.1% en crímenes cometidos por servidores públicos y de 137.7% en delitos electorales, por ser año electoral.

Por otro lado, titular de la SSPC destacó una caída de 5.8% en lo que va del año de robos en general, indicador que ha decrecido 22.7% en la presente administración. Asimismo, expuso una reducción de 28.8% en los secuestros en este 2021.

«Los delitos (en general) han disminuido 27.2% en enero a mayo de 2021, respecto al mismo periodo de 2019, lo que representa una tendencia a la baja desde el inicio de la administración», aseveró.

Por su parte el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, resaltó que que la corporación tiene casi 100,000 elementos, de las que cerca de 85,000 ya están desplegadas. En tanto, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, detalló el despliegue de más de 142,000 soldados y marinas.

El titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), José Agustín Ortiz Pinchetti, ofreció su segundo mensaje en lo que va de la jornada electoral, en el que actualizó la información dando a conocer que se han reportado sólo 12 denuncias por delitos federales, es decir, las que tienen que ver con la renovación de la Cámara de Diputados.

Reiteró que a través de los sistemas de atención de FEDENET y FEDETEL se han atendido alrededor de dos mil 400 llamadas, la mayoría de ellas corresponden a orientación ciudadana.

De acuerdo con la información recibida en los estados y en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), indicó que Michoacán y Oaxaca son los estados con más denuncias por posibles delitos electorales del orden federal, con tres y dos, respectivamente.

“Esperamos el reporte de más denuncias que sean serias y eficaces”, manifestó Ortiz Pinchetti.

Asimismo, comentó que de acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE), casi 90% de las casillas se instalaron y consideró como positivo que un gran número de votantes hayan salido a las urnas, pese a los incidentes focalizados que se han registrado en diferentes estados del país.

“Este fenómeno de la afluencia es el más interesante que puedo reportarles a ustedes, y yo lo veo vinculado a algo que se llama confianza. La gente está saliendo a votar porque siente que no van a ser engañados, que no es previsible el resultado, que hay incertidumbre democrática”, comentó el titular de la FISEL

El titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FEDE), José Agustín Ortiz Pinchetti, señaló un desarrollo positivo de la jornada electoral de este domingo, aunque informó sobre 415 denuncias recibidas hasta ahora relacionadas con las elecciones, las cuales señaló que están siendo investigadas.

De estas denuncias, 229 provienen de la Ciudad de México, 100 del Estado de México, 61 de Nuevo León, 48 de Chiapas y 45 de Puebla. La mayoría de los problemas detectados son de competencia local, por lo que en el ámbito federal «las cosas están tranquilas».

Ortiz explicó que llama la atención el número de llamadas telefónicas al sistema FEDETEL, con cerca de 52,000, aunque precisó que la inmensa mayoría son peticiones de información y únicamente unas 1,000 aportan datos sobre posibles delitos electorales.

Además, ha destacado la «gran asistencia» en los centros de votación y ha invitado a todos los electores a ejercer su derecho de votar en estos comicios, los más grandes en la historia del país.

«Nunca se había visto que en las elecciones intermedias hubiera tanto interés y que hubiera signos, síntomas, de que tendremos elecciones de alta calidad democrática. Eso será un paso adelante en la construcción, que ha sido muy accidentada y difícil, de la democracia en México», expuso Ortiz Pinchetti.

Los cinco estados con más incidencia por posibles delitos electorales federales son hasta el momento: la Ciudad de México con 229; el Estado de México con 100; Nuevo León con 61; Chiapas con 48 y Puebla con 45.

El titular de la FEDE recordó que cuatro mil 200 policías federales y mil 600 peritos que ayudarán a esclarecer los posibles delitos que se presenten durante la jornada electoral.

Recordemos que en la jornada electoral de este domingo están en juego más de 21,000 cargos de elección popular, entre las que destacan los 500 diputados federales; 15 gubernaturas; 1,063 cargos en congresos locales; 17,000 en ayuntamientos, y más de 1,900 alcaldías,

Desde el pasado mes de septiembre, que inició el actual proceso electoral, se han registrado 910 agresiones o delitos contra políticos, 860 víctimas de diversos delitos; un saldo de 91 víctimas mortales, 36 de ellos aspirantes y candidatos, según el último corte del monitoreo realizado por la consultora Etellekt.

La cifra final (910 agresiones) representan 17.5% más que durante todo el proceso electoral del 2018.

Los homicidios dolosos en el país disminuyeron un 4% en el primer cuatrimestre de este año (1C21) en comparación con el mismo período de 2020, según el informe de seguridad que presentó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Al participar en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la funcionaria indicó que en abril ocurrieron un total de 2,857 homicidios dolosos y 77 feminicidios a nivel nacional. Destacó que durante la actual Administración se ha contenido la tendencia a la alza del homicidio doloso», aseguró la ministra.

Detalló que en el primer cuatrimestre de 2021 se registraron 11,277 asesinatos en el país, un 4% menos que en el mismo periodo de 2020. Explicó que el 50.6% de estos delitos suceden en los estados de Guanajuato (1,263), Baja California (1,063), Jalisco (882), Michoacán (861), Estado de México (852) y Chihuahua (792).

Rosa Icela señaló que el reforzamiento de las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad instruidas por el presidente en estados como Guanajuato, Baja California han permitido contener este delito. Añadió que se tienen detectados 15 «municipios prioritarios», aunque aseveró que hay una disminución de 18% de los asesinatos principalmente en Tijuana, Ciudad Juárez y Celaya.

La titular de la SSPC admitió que no se han podido frenar los homicidios en los municipios de León, Cajeme, Guadalajara, Acapulco y Chihuahua.

En cuanto a los feminicidios, se informó que disminuyeron de 98 casos que se registraron en marzo pasado, a 77 en abril, lo cual representa una reducción mensual del 21.4%. El país sumó entre enero y abril del presente año 319 casos de feminicidio, una cifra 0.3% menor a la del mismo periodo del pasado año.

Respecto al secuestro, detalló que en los primeros cuatro meses del año este delito se redujo 34.4% respecto a 2020; tan solo en abril se registraron 60 secuestros.

En cuanto a los delitos del fueron común, señaló que el robo en transporte individual aumento 13.1% Y el robo en transporte público 12.1%. Los delitos que también aumentaron fueron el de violación, que se disparó un 21.4% y el de la violencia familiar que creció 19.2%.

El resto de los delitos del fuero común presentaron una disminución que va del 2.6% al 14.9%. Se detalló que los delitos de robo en su conjunto bajaron 10.8% en los últimos 4 meses.

Por su parte el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que durante su administración el homicidio «ha bajado muy poco» y admitió que en delitos como el secuestro y el robo «hay cifras negras».

Sin embargo, atribuyó esto a que esos delitos no se denuncian y, en el caso del secuestro, los familiares establecen comunicación con los secuestradores sin avisar a las autoridades. Pese a esta situación, resaltó que el secuestro ha disminuido 34.4% en 2021 y desde que llegó su administración ha bajado 65%.

Recordemos que México ha registrado los dos años más violentos de su historia con 34,681 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020.

El gobierno federal presentó esta mañana el informe sobre seguridad pública en el país, en el que indicó que los homicidios dolosos registraron una disminución del 4.6% en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo período de 2020, al pasar de 8,811 casos a 8,399.

En marzo de 2021 se registraron 2,944 asesinatos, un 3.4% por abajo de los 3,043 casos de marzo de 2020, que fue el mes con más homicidios en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

«En el primer trimestre de 2021 se presentaron 4.6% menos homicidios dolosos respecto al mismo periodo del año anterior y aunque se ha logrado contener este delito, desde hace meses el homicidio dolosos se concentra en algunas entidades (estados)», dijo la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Explicó que el 50.7% de estos delitos se concentran seis estados: Guanajuato con 926 casos, Baja California con 806, Jalisco con 668, Estado de México con 655, Michoacán con 621 y Chihuahua con 586. También señaló que el gobierno tiene detectados 15 «municipios prioritarios» donde prevalecen los homicidios, encabezados por Tijuana (428), Ciudad Juárez (287) y León (159).

La funcionario destacó que en los primeros tres meses del año se ha logrado contener la incidencia del feminicidio, delito que bajó un 2.4% respecto al primer trimestre del año anterior. En el primer trimestre de 2020 hubo 245 feminicidios, mientras que entre enero y marzo de 2021 fueron 239.

Dijo que en materia de secuestro se están presentando «buenas cuentas», pues la incidencia se mantiene en las más bajas de los últimos años; destacó que en el primer trimestre se logró una reducción del 36.8% respecto al 2020.

La secretaria recordó a las autoridades estatales y municipales que la seguridad es «una responsabilidad compartida» y que la construcción de paz involucra a todos. «Seguiremos con la estrategia de reforzar las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad para impulsar la coordinación y las labores de inteligencia», expresó.

Rosa Icela Rodríguez también informó sobre el comportamiento de los delitos del fuero federal. La violencia familiar subió 9.5% en dicho periodo al registrar 59 mil 313 casos; la trata de personas aumentó 21.3% con 171; y las violaciones aumentaron 8.3%, con 4 mil 808 casos.

En cuanto al robo a negocio se registró una disminución del 18.2%; en robo a  transporte público colectivo un 16.6%;  robo a transeúnte un 13.1% menos; robo a transportistas un 8.8%; robo de vehículo automotor un 22.9%; robo de ganado un 20.9% y en robo a casa habitación una disminución del 20%.

Un juez frenó parte de la Ley Federal de Telecomunicaciones que obliga a los usuarios de telefonía móvil a entregar a los proveedores del servicio datos personales para un registro biométrico.

La medida provisional bloquea la reforma que indica que a los clientes que no entreguen dichos datos podrían cancelárseles sus líneas.

Los legisladores de Morena y aliados, que apoyan la creación del padrón de usuarios, y que fue aprobado en el Senado la semana pasada, argumentan que es necesario dicho padrón para reducir el crimen, incluida la extorsión y el secuestro, al dificultar que los delincuentes permanezcan en el anonimato al adquirir nuevas líneas de teléfonos móviles.

El Padrón es la nueva versión del extinto programa «Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT)», creado en 2008 durante el gobierno de Felipe Calderón.

El registro no «influye positivamente» en las actividades de seguridad pública del Estado, según Juan Pablo Gómez, Juez Segundo Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, quien concedió la primera suspensión provisional.

El padrón requeriría que empresas como América Móvil y AT&T recopilen huellas dactilares o datos biométricos oculares de los clientes y los envíen para su inclusión en una base de datos que estaría administrada por el el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El IFT ha indicado que implementar el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil requerirá un presupuesto de más de 109 millones de pesos durante el primer año de su creación y para los siguientes años necesitará 88 millones de pesos más.

La suspensión provisional es el primer obstáculo legal que ha enfrentado el registro después de que los legisladores de la Cámara baja y el Senado lo aprobaran, a pesar de la oposición de grupos de la industria de las telecomunicaciones y de derechos civiles.

La suspensión definitiva podría producirse en las próximas semanas. Sin embargo, se espera que en estos días la lluvia de amparos aumente considerablemente.

Grupos de derechos civiles han argumentado que el registro es una invasión de la privacidad y podría llevar a las personas a ser extorsionadas por los delincuentes y potencialmente condenadas erróneamente por un delito.

Al recordar que el juez que concedió la suspensión provisional es el mismo que otorgó los amparos contra la ley eléctrica, AMLO señaló la urgencia de implementar la reforma al Poder Judicial.

«Juan Pablo Gómez es el mismo juez que ampara a las empresas eléctricas (…) sí hace falta una reforma al Poder Judicial», dijo el mandatario.

AMLO criticó la actuación del juez, pues dijo, hay una campaña de desinformación sobre el Padrón que se realizará.

Indicó que es mentira todo lo que se dice sobre las medidas que incluirá el Padrón, pues solo se pedirán las huellas dactilares, medida que recordó ya se usa en diversos servicios públicos y privados.

El subsecretario de la SSPC, Ricardo Mejía, también habló sobre el tema; dijo que nueve de cada 10 llamadas de extorsión se realizan desde equipos de prepago, por lo que consideraba necesario implementar el Padrón de usuarios de telefonía móvil.

«Los datos personales y biométricos lo va a definir el Instituto de Telecomunicaciones, nosotros consideramos que con la huella digital sería suficiente. Hay quienes defienden un modelo de ventas, nosotros defendemos un modelo de seguridad», enfatizó.

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó formalmente por el los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, al exsenador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, en relación al caso Odebrecht.

Este jueves se llevó a cabo la audiencia de imputación contra el panista en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde los representantes de la FGR detallaron ante el juez los elementos de prueba que tiene contra el exlegislador.

La imputación, contenida en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, se deriva de la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en la que acusa a Lavalle y a otros 15 exfuncionarios de alto nivel de recibir sobornos para aprobar la reforma energética de 2013.

Así, Lavalle se convierte el primero de los políticos denunciados por Lozoya, entre los que aparecen los expresidentes Enrique Peña, Felipe Calderón y Carlos Salinas, en ser imputados por la justicia mexicana. En la denuncia que Emilio Lozoya presentó ante de la FGR luego de su extradición desde España, también señala a personajes como Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

Entre las pruebas que la FGR presentó se encuentran testimonios del exdirector de Pemex, y del exsecretario particular de Lavalle, Rafael Caraveo.

A Lavalle se le señala de haber recibido 25 millones de pesos provenientes del dinero que Odebrecht dispersó en México, triangulado a través de diversas compañías, y que benefició a otros senadores principalmente del PAN y del PRI.

Rafael Caraveo, quien fungió como secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República, señala que los 25 millones de pesos que habría recibido Lavalle se repartieron en dos entregas, una de 13 millones de pesos y otra de 15 millones.

Señala que el dinero era recogido por él en un domicilio ubicado en Montes Urales en las Lomas de Chapultepec, un inmueble que sirvió como sede de las oficinas de campaña de Peña Nieto en 2012 y de una oficina alterna de Pemex cuando Lozoya era su director.

Lavalle ha negado en diversas ocasiones los señalamientos que hay en su contra, y había manifestado su disposición para presentarse ante las autoridades y aclarar los hechos. Sin embargo, acusó que se le había negado el derecho de conocer el expediente que había en su contra.

«Desconozco las motivaciones e intenciones de esas imputaciones pero son tan falsas como inverosímiles, orientadas y probablemente premiadas», dijo en un comunicado en noviembre del año pasado.

Incluso Lavalle ha señalado que Caraveo será quien tenga que responder por los videos donde se le observa recibiendo el dinero, pues insistió: «manifiesto contundentemente que no tengo relación alguna con ese evento y no recibí un solo peso de origen ilícito».

Y aunque la Fiscalía pretende que se vincule a proceso al exsenador, ninguno de los delitos que se le imputan ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo que podría seguir su proceso en libertad.

El gobierno de la Ciudad de México presentó este martes la Evaluación de la Incidencia Delictiva de la capital, en la que destaca que los delitos de alto impacto disminuyeron en 49.2% en febrero pasado, al pasar de 4 mil 588 en 2019 a 2 mil 331 en 2021.

Al encabezar la presentación del reporte, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que la disminución en los delitos de alto impacto es producto de una estrategia de seguridad que ha desarrollado conjuntamente su administración, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía capitalina.

“Presentamos el Informe de Seguridad: entre febrero del 2019 y febrero del 2021, todos los delitos de alto impacto se redujeron a la mitad; se dice fácil, en pocas palabras, pero lo que significa el trabajo coordinado, el trabajo cotidiano de cada una y uno de los policías, también de los Ministerios Públicos y de todo lo que significa el Gabinete de Seguridad y las corporaciones de Seguridad y Justicia de la ciudad, es impresionante”, dijo la mandataria local.

El coordinador general del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, Tomás Pliego Calvo, fue el encargado de detallar que los delitos de alto impacto disminuyeron en su promedio diario, ya que en febrero de 2019 se registraron 163.9; en 2020, 105.6;  y en 2021, 83.2.

En el caso de los delitos de bajo impacto se registró una disminución del 52.7% de febrero de 2019 en comparación con febrero de 2021, al pasar de un promedio diario de 34.5 en 2019 a 16.3 en 2021.

Sin embargo, Pliego Calvo señaló que los delitos de robo a casa habitación con violencia, robo de pasajero a bordo de taxi y robo a transportista registraron un ligero incremento, por lo que se implementaron una serie de estrategias coordinadas que dieron como resultado un decremento en dichos indicadores.

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, explicó que del 1 de enero al 17 de marzo de 2021 la Fiscalía capitalina ha realizado 4 mil 116 vinculaciones a proceso y en el caso de prisiones preventivas han llevado a cabo 2 mil 516.

La funcionaria destacó que la FGJCDMX tiene un 79% de efectividad en prisión preventiva con mil 366 vinculaciones por robo del 1 de enero al 17 de marzo de 2021 en cuanto a delitos como robos a transeúnte, a negocio, de vehículo, a casa habitación con violencia, a repartidor, entre otros; resaltó que del 1 de enero al 17 de marzo de 2021 se han asegurado 86 inmuebles en 14 Alcaldías por delitos como narcomenudeo, secuestro, homicidio, despojo, robo con violencia, robo de vehículos e incluso, por maltrato animal.

Por su parte el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de enero al 15 de marzo de 2021, se han detenido a 12 objetivos prioritarios; se han cateado 105 domicilios por la FGJCDMX y producto de ello, se ha logrado la detención de 132 personas.

Detalló que se han realizado 16 cateos en diversas Alcaldías por el robo de vehículo que ha arrojado la detención de nueve personas, en tanto que 137 han sido detenidas en flagrancia, algunas con orden de aprehensión.

En tanto, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, Salvador Guerrero Chiprés, destacó que la Ciudad de México se ubica en el primer lugar de las cinco entidades más pobladas con la mayor disminución en incidencia delictiva, de acuerdo con el reporte de Incidencia Delictiva de dicho Consejo.

El gobierno federal informó esta mañana que los homicidios dolosos cayeron un 5.3% en febrero de este año respecto al mismo mes de 2020, al registrar 2,626 casos, la menor cifra desde el inicio de la administración del presidente  Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

«Febrero de 2021 ha sido el mes de toda la Administración con menos víctimas de homicidio doloso. Este delito disminuyó 5.3% respecto al mismo mes del año anterior», expuso Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La funcionaria explicó que los homicidios se concentraron sobre todo en seis estados: Guanajuato (591), Baja California (525), Jalisco (454), Estado de México (409), Michoacán (405) y Chihuahua (377). Los dos municipios del país que concentran más asesinatos también han registrado reducciones, pues en Tijuana bajaron los asesinatos de 293 en febrero de 2020 a 281 en febrero de este año, mientras en Ciudad Juárez pasaron de 199 a 182.

La secretaria añadió que «los delitos de alto impacto que afectan a las mujeres también se han contenido»; y es que en febrero de este año se contabilizaron 71 feminicidios, una reducción del 14.9% respecto a los 93 de febrero del mismo mes del año pasado. En comparación con los 72 de enero pasado, la reducción es del 1.4%.

Por su parte Eduardo Redondo Arámburo, subsecretario de Marina, informó que hay más de 320,178 efectivos desplegados del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, de los cuales 215,391 son fuerza operativa.

López Obrador resaltó que las cifras y disminuciones que se registran se deben a la coordinación entre los gobiernos federal, estatales y municipales. «Ahora todos los días hay comunicación, hay coordinación. La Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad. Todos los días y esto se replica en los estados y da buenos resultados el que se tengan estas mesas. Vamos a seguir avanzando, informando cada mes».

Adicional, Rosa Icela Rodríguez detalló que en febrero pasado se redujeron 19.9% los delitos del fuero federal. respecto al mismo mes del año pasado.

“Cuando iniciamos este gobierno, en diciembre de 2018, se cometían 9 mil 62 delitos federales. El mes de febrero de este año, tuvimos 5 mil 817, es decir, 35.8 por ciento menos”, subrayó la encargada de seguridad en el país.

Sobre el delito de robo detalló que al inicio de la administración se cometía hasta 64 mil 839 robos y al corte de este año se registran 30.1 menos robos y la tendencia de muestra a la baja. En cuanto al robo de vehículo, la secretaria dijo que hay una contundente disminución. Pasó de 14 mil 405 a 8 mil 220 eventos de diciembre de 2018 a febrero de 2021; la reducción es del 42.9%.

El robo en transporte colectivo bajó 24.1% en los dos primeros meses de 2021 respecto al mismo periodo de 2020. El robo a casa habitación cayó en 25.3%; 21.2% menos robos a negocio; 16.2% menos robos a transeúntes; 29.4% en el robo de ganado; el robo a transportistas disminuyó 6.8%, mientras que el robo a transporte individual 6.1%.

En materia de secuestro, en febrero la reducción de la incidencia fue del 60%. El delito de extorsión se redujo en 11.2% y las lesiones dolosas en 9.7%. En cuanto al robo de hidrocarburos, la disminución fue de 4 mil 600 barriles diarios en promedio durante enero a 3 mil al 15 de marzo.