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La oficina en México de la organización internacional, Save the Children, emitió un comunicado respecto a la «adopción» por un fin de semana que hicieron el gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa, Mariana Rodriguez, de un recién nacido.

«Ante lo ocurrido con el gobernador de Nuevo León y su esposa, con relación a la convivencia de un bebé del DIF estatal: es urgente que se adopten medidas necesarias para el óptimo funcionamiento de los sistemas de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes», dijo la organización.

Recordemos que el pasado 15 de enero, Samuel García y Mariana Rodríguez, quien se desempeña actualmente como titular del DIF estatal, solicitaron un permiso de convivencia familiar por un fin de semana con un bebé del Sistema Estatal DIF, con el que no tienen ningún vínculo.

Según Save the Children, el niño quedó expuesto y fue víctima de diversas violaciones a sus derechos como: derecho a la vida privada; derecho a la identidad y derechos relacionados con la aplicación del interés superior establecido en la Constitución.

Incluso se señaló que pudo haberse cometido el delito de trata de personas por usar su imagen con fines políticos y mercantiles, ya que Mariana Rodríguez difundió una serie de fotografías con el mejor en sus redes sociales personales.

Save the Children señaló que dicha situación refleja las graves carencias de los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes en todo el país.

La organización indicó que legalmente, el caso debe investigarse, con la participación de las autoridades federales, dada la concurrencia que existe en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes «Cada niña y niño, independientemente de sus circunstancias, debe poder ejercer plenamente todos y cada uno de sus derechos».

La organización hizo un llamado al gobierno federal y a la sociedad a cuestionarse cómo tratamos a niñas y niños:

«¿Estamos pensando en qué es lo mejor para ellas y ellos o perjudicándoles y violando sus derechos más fundamentales? ¿Qué buscaba una acción como esta? ¿Es esto lo que necesita un niño? ¿Ser expuesto en redes sociales y medios de comunicación? ¿Por qué pensamos que está bien?», remató.

Al respecto, el gobierno federal acusó este martes al gobernador y a su esposa de «vulnerar los derechos» del bebé por extraerlo de un albergue y exhibirlo en sus redes sociales el fin de semana.

El Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) avisó que investiga el «supuesto proceso de adopción por un fin de semana».

«Al mostrar en un video el rostro del niño de cinco meses de edad en las redes sociales del mencionado matrimonio y luego de que este fuera replicado por algunos medios de comunicación, además de revelar su nombre y los problemas de salud que enfrenta, existe una clara vulneración de derechos», denunció el SNDIF en un comunicado.

Recordemos que la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) también expresó su «profunda preocupación» por la «nula perspectiva de derechos de la niñez».

Tras la controversia, el SNDIF informó que pidió información a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que «se determinarán las medidas que resulten procedentes».

«La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del SNDIF reprueba todo tipo de procesos adoptivos o de acogimiento familiar que atenten contra el principio convencional y constitucional del Interés Superior de la Niñez», manifestó.

Además, anunció que la Secretaría de Gobernación (Segob) revisará «la actuación de algunos medios de comunicación en este caso para que se inicien los procedimientos administrativos correspondientes» por mostrar la identidad del bebé.

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió 39 años de cárcel para Emilio Lozoya, ex director  de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien es señalado de participar en la red de sobornos con la firma brasileña Odebrecht y a otros actos de corrupción.

Una fuente judicial cercana al caso confirmó lo que adelantaban medios locales, quienes señalaban que la Fiscalía solicitó dicha pena para Lozoya, el único exfuncionario de alto nivel investigado por el caso Odebrecht.

La fuente, que pidió no ser identificada por no estar autorizada a declarar, confirmó además que esta pena carcelaria sería por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.

La Fiscalía también pidió 25 años de prisión para Gilda Margarita Austin, madre del exfuncionario, acusada de ser copartícipe de los hechos de corrupción atribuidos a su hijo, según indicó la fuente judicial que habló con la agencia AFP.

Se espera que el juez a cargo del caso comunique a la defensa de Lozoya la pena solicitada por la Fiscalía.

Recordemos que Lozoya, de 47 años y quien fue cercano colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto, se encuentra recluido en una prisión de Ciudad de México desde el pasado 3 de noviembre.

El exfuncionario, que dirigió Pemex entre 2012 y 2016, fue capturado en España en febrero de 2020 y extraditado a México en julio de ese mismo año. Llevó su proceso con medidas cautelares como parte de un acuerdo con la Fiscalía a cambio de testificar contra otros presuntos involucrados, entre ellos el expresidente Peña Nieto, pero los elementos que aportó no fueron considerados de valor y se pidió su encarcelamiento.

La Fiscalía reveló en 2020 que Lozoya declaró que 4.4 millones de dólares provenientes de Odebrecht sirvieron para financiar la campaña a la presidencia del priísta en 2012. Sin embargo, hasta el momento no se conoce investigación alguna contra el expresidente o sus más cercanos colaboradores, entre ellos Luis Videgaray.

Lozoya también es acusado de autorizar la compra por parte de Pemex de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, con un sobreprecio de 200 millones de dólares.

La probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca en el país es de apenas el 1.04%, según el estudio “Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías (Iedf) 2021” publicado este martes por la organización Impunidad Cero.

La cifra descendió de 1.32% en 2019 a 1.04 % en 2020, indicó el organismo en un comunicado.

En cuanto a los estados, la Fiscalía que cuenta con la mejor cifra es Guanajuato, aunque solamente con el 2.99%. Le siguen los estados de Baja California (2.77%) y Chiapas (2.42%). En tanto, los estados en los que hay una menor probabilidad de que se esclarezcan los delitos son Guerrero (0.1%), Quintana Roo (0.25%) y Aguascalientes (0.26%).

Dentro del estudio, la Fiscalía de Nuevo León es la mejor valorada, con un total de 68.6 puntos de un total de 100. Le siguen Yucatán con 68.4 puntos, Chihuahua con 65.5, Guanajuato con 63.6 y Sonora con 61.5. Las peor evaluadas son Puebla con 36 puntos, Morelos con 36.1, Veracruz con 36.2, Nayarit con 37.3 y Oaxaca con 40.2.

Por otra parte, Impunidad Cero indicó que en 2020 la cifra negra, es decir, los delitos no denunciados y sobre los que no se abrió una investigación, fue del 93.3%, la más alta desde 2017.

Además, del total de delitos denunciados e investigados durante 2020, en 47% de los casos «no sucedió nada» a raíz de la denuncia, en un 27% la investigación se encontraba «en trámite», el 6.6% de los casos concluyó con alguna forma anticipada del proceso y sólo un 4.6% llegó a un juez.

Estos datos se dan a pesar de que, según indicó la organización, la tasa de fiscales o agentes del Ministerio Público por cada 100,000 habitantes a nivel nacional aumentó un 23% de 2016 a 2020, pasando de una tasa de 8.4 fiscales o agentes a 10.4.

El gobierno federal informó este lunes que el país acumula 28,101 homicidios dolosos en lo que va de 2021, una reducción interanual del 3.9% en comparación con los del mismo periodo del año anterior.

Así lo informó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, al encabezar el informe mensual de seguridad durante la conferencia matutina del presidente.

Solo en octubre hubo 2,714 homicidios, una disminución de 8.25% frente a los 2,958 del mismo mes de 2020 y una reducción de 2.1 % frente a septiembre pasado, cuando hubo 2,774 asesinatos.

Al igual que en otros periodos, seis de las 32 entidades concentran el 50% de los homicidios dolosos: Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chihuahua.

La titular de la SSPC señaló que se contabilizaron69 feminicidios en octubre, una disminución interanual de 14.8% frente al mismo mes de 2020. “Es el octubre con menos feminicidios en lo que va de este gobierno. Seguiremos reforzando las acciones”, expresó Rodríguez en la conferencia de prensa.

No obstante, el país suma en lo que va de año 842 feminicidios, lo que representa un alza del 4.86% frente a los 803 femicidios del periodo enero-octubre de 2020. La violencia familiar ha decrecido 10 % desde el número histórico de más de 23.900 denuncias de mayo pasado.

“Ya está hacia la baja el delito de violencia familiar. Necesitamos hacer más acciones de prevención y sanción para que este tipo de delito vaya a la baja”, reconoció Rosa Icela Rodríguez.

El delito de violación creció 28.2% en los primeros 10 meses del año, al registrarse 17,784 de estos crímenes, en tanto los secuestros registraron una reducción de 23.3%.

El mes más violento en lo que va del año fue mayo, con 2,998 asesinatos, mientras que marzo de 2020 fue el mes con más homicidios bajo la actual administración con 3,042.

Recordemos que México ha registrado los dos años más violentos de su historia en los primeros dos años de mandato de Andrés Manuel López Obrador, con 34,690 víctimas de asesinato en 2019 y 34,558 en 2020.

Pese a esto, la secretaria de Seguridad presumió de que “en la incidencia delictiva del fuero federal, en los primeros 10 meses de 2021 se logró una reducción de 22.5% de los delitos del fuero federal respecto al mismo periodo de 2019″. De enero a octubre de 2021, hay caídas interanuales de 13.6% en los crímenes de delincuencia organizada, de 6.8% en delitos relacionados con armas de fuego, de 0.5% en robo total y de 7.8% en delitos contra la salud, es decir, aquellos relacionados con las drogas.

También informó que la estrategia para prevenir la toma de casetas reporta que de enero a octubre de 2021 se evitó la pérdida de 11 mil 284 millones de pesos. Adicional, dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 44 mil 603 cuentas con 13 mil 638 millones de pesos vinculados a operaciones ilícitas.

Y aunque se centró en los logros, la SSPC reportó aumentos interanuales en lo que va del año de 173 % en el tráfico de personas, de casi 200% en delitos electorales, de 8% en el robo a transeúntes y de 6.8% en delitos de servidores públicos.

Jacob Chansley, el hombre que participó en el asalto al Capitolio de Estados Unidos disfrazado de bisonte, fue condenado este miércoles a 41 meses de prisión, tres años y cinco meses de cárcel, en un tribunal federal del país.

«Lo que usted hizo fue terrible», afirmó este miércoles el juez Royce Lamberth, de una corte federal del Distrito de Columbia, durante la vista para leer la sentencia.

Pese a opinar que el arrepentimiento expresado por Chansley es genuino, Lamberth subrayó que el delito cometido es tan «grave» que no justifica una sentencia menor.

En la audiencia, Chansley le dijo al juez que se equivocó al entrar al Capitolio. «No tengo excusas», indicó este hombre, quien agregó que su comportamiento de ese día es «indefendible».

Recordemos que en septiembre Chansley se declaró culpable por el cargo de haber obstruido un procedimiento oficial durante una sesión del Congreso el pasado 6 de enero, cuando tuvo lugar el asalto al Capitolio. Mediante dicha declaración de culpabilidad, que formó parte de un acuerdo con la Fiscalía, Chansley aceptó una pena recomendada de entre 41 y 51 meses de prisión, aunque se le descontará el tiempo que lleva en la cárcel desde el 9 de enero pasado.

Chansley, un adepto a las teorías conspirativas del movimiento QAnon, se convirtió en el asaltante más mediático del Capitolio ya que lo hizo disfrazado de bisonte y llegó a sentarse en la silla del presidente del Senado.

Fue detenido tres días después y desde entonces ha permanecido tras las rejas, aunque el interés mediático siguió activo por él después de exigir que le ofrecieran comida orgánica en la cárcel y negarse a comer durante nueve días hasta lograrlo.

Durante la audiencia de este miércoles, el fiscal mostró un vídeo del acusado gritando dentro de la sede del Congreso e insultando a los legisladores. El Departamento de Justicia sostiene que Chansley fue una de las primeras 30 personas que entraron al Capitolio y que luego fueron seguidas por cientos.

Hasta ahora, más de 600 personas han sido imputadas en tribunales federales por el asalto al Capitolio. La sentencia contra Chansley sigue a la dictada la semana pasada por el mismo juez contra un hombre que golpeó a un policía durante el asalto al Capitolio y quien también fue condenado a 3 años y 5 meses de prisión. Estas dos son las penas más altas ordenadas hasta el momento contra imputados por ese suceso

La Interpol emitió este jueves una ficha roja para la búsqueda y captura de Carlos Treviño, exdirector de Pemex, acusado de lavado de dinero y asociación delictuosa.

La ficha roja, que permitirá la búsqueda y detención en más de 190 países de Treviño, cuya última ubicación conocida es Houston, Estados Unidos, se emitió a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Apenas la semana pasada, un juez mexicano ordenó el arresto de Treviño, quien estuvo al frente de Pemex de 2017 a 2018.

El exfuncionario, acusado de recibir 4 millones de pesos en sobornos, no se presentó el pasado 7 de septiembre a comparecer por los delitos de los que se le acusa, lo que motivó la orden de arresto.

Emilio Lozoya, también exdirector de Pemex y en prisión preventiva en el Reclusorio Norte de Ciudad de México por el mismo caso, acusó en agosto a Treviño de haber sido parte de los sobornos en relación a la planta Etileno XXI, dentro del supuesto esquema de corrupción de Odebrecht.

El Ministerio Público judicializó una carpeta de investigación en la que señala a Treviño de presuntamente recibir 4 millones de pesos en septiembre de 2014 en su domicilio en Estado de México. Presuntamente, el dinero se entregó para que continuase el contrato de suministro de etano entre Pemex Gas y Petroquímica Básica y Braskem, filial petroquímica de Odebrecht.

Treviño ha negado todas las acusaciones y envió al juez una carta en la que alegó falta de seguridad jurídica para un juicio justo. Además, su defensa aseguró que al exdirector de Pemex no le consta dicha orden de aprehensión y que está en Houston, Texas.

Una jueza federal de Miami certificó la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado en nuestro país de corrupción por malversar millones de pesos de fondos públicos, y ordenó que permanezca detenido mientras el Departamento de Estado toma una decisión final.

«Hay causa probable para creer que César Horacio Duarte Jaquez (…) cometió los crímenes de conspiración y malversación de fondos gubernamentales, según las acusaciones que enfrenta en México», dijo la jueza Lauren Louis.

«La solicitud del gobierno para que se ordene la certificación de la extradición de César Horacio Duarte Jaquez es concedida», expresó en un fallo escrito de 24 hojas que se emitió ayer por la noche.

La orden de la jueza llega casi 10 meses después de la última audiencia, en la que Louis dijo que estudiaría las evidencias para determinar si cumplían o no con los requisitos del tratado de extradición con México.

Aunque la jueza falló en favor de la extradición, es el secretario de Estado, Antony Blinken, quien tiene ahora la última palabra. La orden de la magistrada no puede ser apelada, pero Duarte podría presentar un recurso de amparo alegando que su detención en Estados Unidos es ilegal en busca de demorar el proceso. No existe un plazo específico para que Blinken tome una decisión.

Por ahora ni la defensa de Duarte ni el gobierno del presidente Joe Biden han dicho cuáles serán sus próximos pasos. Tampoco el gobierno de México se ha pronunciado públicamente.

Para fundamentar el pedido de extradición efectuado por el gobierno mexicano, la fiscalía estadounidense aseguró que existen evidencias de que Duarte cometió los delitos de los que se le acusan y que por eso debe ser extraditado. La defensa del exgobernador, en cambio, manifestó que se trata de acusaciones políticas.

En su fallo, la jueza dijo que «no hay ningún tipo de evidencia de que los presuntos delitos tuvieron motivaciones políticas y mucho menos que fueron cometidos en el curso de un acto político». Por eso, indicó Louis, «la corte no negará el pedido de extradición».

Recordemos que México solicitó la extradición del priísta a fines de 2019. El exfuncionario, que se desempeñó como gobernador entre 2010 y 2016, está acusado de peculado y asociación ilícita para malversar millones de pesos de fondos públicos.

Duarte llegó a Estados Unidos junto a su familia en 2016 en busca de un tratamiento médico tras un accidente en helicóptero. El exgobernador alega que desconocía las acusaciones que enfrentaba en México antes de viajar a Estados Unidos y que llevaba una vida pública y sin ocultarse de nadie.

Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, y quien ayudó a destapar los presuntos hachos corruptos que involucran a Duarte, dijo a través de su cuenta de Twitter que «una larga lucha contra la corrupción y la impunidad tuvo un «avance decisivo en la exigencia de justicia para Chihuahua y que se castigue uno de los mayores atracos contra el pueblo».

La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la gestión de la pandemia en Brasil aprobó ayer por la noche el informe final en el que se acusa al presidente, Jair Bolsonaro, de un total de nueve delitos, entre ellos el de crímenes contra la humanidad.

La CPI, instaurada en el Senado, dio luz verde al informe, elaborado por el principal relator de la comisión, el senador Renan Calheiros, por siete votos a favor y cuatro en contra.

La aprobación del informe, con la que la Comisión concluye seis meses de trabajo, supone la solicitud de imputación de un total de 78 personas, entre ellas Bolsonaro, y dos empresas por distintos delitos cometidos durante la pandemia de COVID-19.

El informe, de casi 1,290 páginas, será ahora remitido a la Justicia del país, el Tribunal Supremo y la Fiscalía brasileña, y también al Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya, para que se valoren las solicitudes.

En concreto, el documento pide a estos organismos que se acuse a Bolsonaro de nueve crímenes relacionados con la pandemia, comisión de delito epidémico con resultado de muerte, violación de medidas sanitarias preventivas, curanderismo, prevaricación, empleo irregular de fondos públicos, incitación al delito, falsificación de documentos privados, delito de responsabilidad y delitos de lesa humanidad, este último delito juzgado por el TPI.

El informe incluye como pruebas imágenes del presidente animando a multitudes, declaraciones contra las vacunas o el apoyo del presidente a la cloroquina, medicamento ineficaz para la COVID-19. También detalla el retraso en la adquisición de vacunas o la oposición del gobierno a las medidas sanitarias, además del colapso del sistema.

Con respecto a Bolsonaro, también reclama a los abogados del Senado que exijan su salida de redes sociales debido a su «relevante papel» en la difusión de noticias falsas sobre la pandemia.

Por otro lado, en el texto se demanda también la acusación de los tres hijos del presidente, así como de ministros del gobierno, entre ellos el actual titular de Salud, Marcelo Queiroga; o el exministro del mismo departamento Eduardo Pazuello, así como el extitular de Exteriores Ernesto Araújo. El informe también acusa a empresarios, médicos y diputados federales, además de a dos empresas que firmaron contratos con el Ministerio de Salud, Need Medicines y VTCLog.

Rápidamente el presidente Jair Bolsonaro reaccionó; calificó de «payasada» el informe de la comisión. «Eso es una payasada», declaró el mandatario en una entrevista con la emisora Jovem Pan, quien sin embargo admitió que un informe de esa naturaleza «causa muchos problemas».

Bolsonaro aseguró que no está preocupado con su futuro, pues el informe de la comisión parlamentaria «no vale nada», pero reconoció que «hacia afuera de Brasil la imagen es pésima» y afecta hasta a la economía del país.

«Hay quien cree que aquí tenemos una dictadura, que yo meto presos a los periodistas, que cerceno la libertad de expresión, que maté gente en la pandemia, y eso influye en la gente que quiere invertir en Brasil y luego no invierte», declaró.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) indicó este lunes que en lo que va de la presente administración, ha presentado 757 denuncias penales ante diversas fiscalías y, actualmente, por conducto de la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ), da seguimiento y coadyuva con el ministerio público en 315 carpetas de investigación, incluidas las pendientes de sexenios anteriores.

Detalló que a través de la UAJ, ha presentado 198 denuncias penales, 165 de ellas radicadas en la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, 114 de ellas por los delitos de enriquecimiento ilícito, 34 por uso ilícito de atribuciones y facultades, 21 por ejercicio ilícito del servicio público, 10 por peculado, cinco por falsificación de documentos y 14 más por otros delitos.

En total, han sido denunciadas 341 personas servidoras y ex servidoras públicas.

Mediante los Órganos Internos de Control (OIC) y las Unidades de Responsabilidades (UR) de las empresas productivas del Estado se han presentado 559 denuncias, la mayoría de éstas por los delitos de falsificación de documentos, ejercicio ilícito o indebido del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, cohecho y peculado.

La SFP, que dirige Roberto Salcedo Aquino, durante la actual administración la SFP ha impuesto 8 mil 228 sanciones a 7 mil 34 personas servidoras públicas por conductas que constituyen faltas administrativas.

De acuerdo con el Registro de Servidores Públicos Sancionados, las sanciones impuestas se dividen en amonestación privada (mil 126), amonestación pública (mil 321), destitución (478), inhabilitación (3 mil 108), sanción económica (594) y suspensión (mil 601).

La dependencia aclaró que a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), en el Registro de Servidores Públicos Sancionados únicamente pueden publicarse las sanciones de inhabilitación que se encuentran firmes y vigentes. En el registro no se publican las resoluciones de las personas que no han sido inhabilitados o cuyas inhabilitaciones no se han establecido como firmes.

Por último, se indicó que la SFP ha remitido mil 95 expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) por posibles faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas, que deberá emitir, en su caso, la sanción correspondiente; 80 han sido enviadas por las oficinas centrales y mil 15 por los OIC y las UR.

El gobierno federal presentó esta mañana el informe mensual de seguridad, en el que indicó que el país acumula 25,392 homicidios dolosos en lo que va de 2021, lo que significa una reducción interanual del 3.4% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, pese a la disminución anual, en septiembre hubo 2,770 homicidios, lo que equivale a un crecimiento de 1.06% frente a los 2,741 de septiembre de 2020, aunque también es una disminución de 1.74% frente a agosto pasado, mes previo, cuando hubo 2,819 asesinatos.

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, destacó las caídas de 20.1% en los delitos financieros, de 9.2% en delitos de delincuencia organizada y de 6.1% en crímenes contra la salud, que tienen que ver con el narcotráfico.

«Continuamos a la baja y en los primeros nueve meses de 2021 se logró una reducción de 23 % de los delitos del fuero federal con respecto al mismo periodo del 2019. Continuamos con la tendencia a la baja en esta Administración», aseguró la secretaria al intervenir en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Rodríguez reiteró que solo seis de los 32 estados concentran la mitad de los homicidios acumulados en 2021: Guanajuato con 2,655; Baja California con 2,368; Michoacán con 1,982; Estado de México con 1,946, y Chihuahua y Jalisco con 1,884 cada uno.

Pese a las disminuciones en homicidios, el informe mensual de la SSPC reconoció aumentos en los primeros nueve meses del año en delitos como tráfico de personas, que presentó un incremento de190%; de robo a transeúnte con un 8.9%; robo en transporte individual con 11.3%; robo en transporte público con 33.1% y en extorsiones 8.9%.

«Hay que decir que ya hay una apertura casi total (de la economía) relativa a la pandemia, y ya se están viendo algunos de estos resultados. Vamos a seguir reforzando las actividades al respecto», justificó la titular de la SSPC.

Rodríguez destacó que la violencia familiar también está a la baja con 12.9% en septiembre, en relación a mayo pasado, cuando se registró un máximo histórico.

La funcionaria federal refirió que en septiembre hubo una disminución mensual en el número de feminicidios frente al mes anterior, al pasar de 108 crímenes en en agosto a 68 en septiembre. En cuanto a las violaciones sexuales se informó que reputaron un 28.7% anual en los primeros tres trimestres del año, llegando a 15,744 casos.

En tanto, el secuestro disminuyó 22.7% en los primeros nueve meses, con 74 víctimas registradas en septiembre, 60% menos que el máximo histórico de enero de 2019.

En tanto, los ilícitos cometidos por servidores públicos, los electorales y el tráfico de personas tuvieron un aumento debido a la jornada electoral de este año y los operativos para el rescate de personas migrantes.

Recordemos que México ha registrado los dos años más violentos de su historia en los primeros dos años de mandato del presidente López Obrador con 34,681 homicidios en 2019 y 34,557 en 2020.

En la conferencia de prensa, el comandante Luis Rodríguez Bucio también informó sobre la fuerza operativa de la Guardia Nacional, que dijo, es de casi 100,000 elementos. En tanto, el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda, detalló el despliegue de más de 235,000 elementos.

En una primera audiencia en Miami, en la que la Fiscalía de Estados Unidos expuso que se trata de un reo que presenta «peligro de fuga» tras haber batallado para concretar su extradición desde Cabo Verde, África, Alex Saab compareció este lunes ante la justicia estadounidense, por un caso de lavado de dinero que tiene de trasfondo la información que él pueda y quiera aportar sobre los presuntos vínculos del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con ese esquema de corrupción.

Saab se conectó desde su celda a la audiencia virtual, como también lo hizo desde su despacho el abogado Henry Bell, que lo representó.

El empresario, que llegó a EUA el sábado pasado, estaba solo, sin esposas, con vestimenta de reo color naranja.

Durante la breve audiencia por Zoom, que tuvo más de 350 participantes, muchos de ellos periodistas, el fiscal estadounidense Kurt Lunkenheimer anticipó al juez que no recomendará la libertad bajo fianza.

Saab dijo, sin embargo, en una carta leída en Caracas por su esposa, Camila Fabril, que «no tiene nada que colaborar» con el país norteamericano y que no cometió ningún delito.

Los ocho cargos de los que Saab está acusado desde julio de 2019 en Estados Unidos: siete de lavado de dinero y uno de conspiración para cometer ese delito, implican violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), según recordó este lunes el Departamento de Justicia.

El abogado de Saab, Henry Bell solicitó una prórroga para poder reunirse con su cliente ante un caso «muy complejo. La prórroga también es necesaria en vista de que el equipo legal de Saab espera la decisión de un recurso de apelación introducido ante el 11º Circuito de Apelaciones de Atlanta que alega que el empresario colombiano no puede ser enjuiciado porque goza de inmunidad diplomática, ya que fue nombrado por Venezuela como enviado especial con pasaporte diplomático.

Al final, el juez John O’Sullivan programó la siguiente audiencia para el próximo 1 de noviembre. Será entonces cuando Saab deberá declararse culpable o no culpable ante el tribunal.

Diversos analistas han señalado que la principal intención de Maduro en los diálogos con la oposición era evitar que Saab llegara a Estados Unidos, por lo que ya no haber algún beneficio que le interese, Maduro y su gobierno se levantaron de las mesas de diálogo.

Según archivos judiciales del caso en Miami, en una carta enviada en enero pasado a Saab por el ministro venezolano de Industrias y Producción Nacional, Jorge Arreaza, el funcionario le pide, por petición de Maduro, no aceptar la extradición voluntaria.

Señala que en su «calidad de Enviado Especial» de hacerse efectiva la extradición a EUA, debe mantener la información confidencial so pena de enfrentar la Justicia de Venezuela.

Y es que la acusación que pese sobre Saab señala que entre noviembre de 2011 y por lo menos septiembre de 2015, Saab y su socio, Álvaro Pulido, que está prófugo, conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas.

Como resultado del plan, Saab y Pulido transfirieron desde Venezuela, a través de Estados Unidos, aproximadamente 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países, de acuerdo con la Fiscalía.

Foto: Twitter @hermanntertsch

Luego de que un juez con sede en Almoloya de Juárez, en el Estado de México rechazara por segunda ocasión la solicitud de girar órdenes de aprehensión en contra de 31 académicos y científicos, al Fiscalía General de la República (FGR) criticó la negativa del juzgador, e indicó que insistirá para obtenerlas.

Y es que la Fiscalía tiene abierta una investigación en contra de 31 miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y de exfuncionarios de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a quienes acusa de delitos patrimoniales en contra del erario público, entre los que se contempla al de delincuencia organizada.

«Ante la negativa de un Juez de Distrito, a la solicitud de orden de aprehensión a diversos ex funcionarios (…) esta institución considera que es indispensable una información pública, clara y precisa, de cuál es su posición jurídica en este caso», señaló la FGR a través de un comunicado la noche de ayer.

El juez de distrito informó que la empresa privada que crearon (Foro Consultivo), autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del Conacyt, lo autoriza.

Ante ello, la FGR indicó que no comparte dicha justificación, ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio CONACYT, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro Consultivo como un órgano interno de esa Institución.

Además dijo que dichas leyes no permiten, en modo alguno, que el Foro Consultivo pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra  de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria.

Por dichas razones, adelantó que se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando «con toda claridad» lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a los científicos y exfuncionarios de Conacyt, así como las pruebas que lo acreditan.

«La FGR intentará esta instancia y todos los recursos procedentes que tenga esta institución para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial», señaló la Fsicalía.

Entre los nombres que aparecen en la lista de científicos que la FGR busca encarcelar, aparecen: Enrique Cabrero Mendoza; Julia Tagueña Parga; Ariana Ramona uerra Gómez; David García Junco; Víctor Carreón Rodríguez; Jesus Borja Tamayo; Rafael Ortega Reyes; María Dolores Sánchez; Miguel Guajardo Mendoza; Luis Gabriel Torreblanca; José Roque Díaz; Luis Mier y Terán Casanueva; Elías Micha Zaga, En total, se trata de seis miembros del Foro Consultivo y 25 exfuncionarios del Conacyt.

El gobierno federal informó que el país acumula 22,611 homicidios en lo que va de 2021, lo que se traduce en una reducción del 3.9% respecto a los 23,537 que hubo entre enero y agosto del año pasado.

Durante agosto, se registraron 2,815 asesinatos, un 1.23% menos que los 2,850 de julio, y un 5.85% menor a los 2,990 de agosto del 2020.

«De enero a agosto disminuyó 3.9 % en este año respecto al mismo periodo del año anterior, siendo este mes, agosto, el más bajo en lo que va de la presente administración», expresó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Se señaló que el mes más violento en lo que va de año fue mayo, con 3,000 asesinatos, mientras que marzo de 2020 fue el mes con más homicidios de la actual administración con 3,042 casos.

Los seis estados que concentran la mitad de los homicidios acumulados en 2021 son Guanajuato con 2,383; Baja California con 2,157; Michoacán con 1,754; Estado de México con 1,716; Chihuahua con 1,701, y Jalisco con 1.677.

Sin embargo no hay que olvidar que México ha registrado los dos años más violentos de su historia en los primeros dos años de gobierno de López Obrador, con 34,681 víctimas en 2019 y 3,4557 en 2020.

Rosa Icela Rodríguez, encargada de la seguridad, reveló que a partir de agosto, por órdenes del presidente, los municipios considerados prioritarios para atender la seguridad pasaron de 15 a 50. En ellos, precisó se hicieron acciones focalizadas mediante mesas de construcción de paz.

En agosto, esos municipios prioritarios concentraron el 42% de los homicidios dolosos del país, pero con el refuerzo de las fuerzas de seguridad en 24 municipios se registro disminución de 27% de casos en promedio, en uno no se registró ninguna variación y en 25 hubo un aumento de 32%.

Otro de los puntos que llamó la atención del informe mensual de seguridad, fue el dato relativo a los feminicidios. La secretaria refirió que en los primero ocho meses del año se registró un aumento de 8% en este delito. En agosto se registraron 107 feminicidios, 57% más que los 68 de julio y un 42% más que los 75 de agosto del 2020.

De hecho, la cifra registrada en agosto es el máximo histórico de este delito. Sin embargo, la secretaria afirmó que en el pasado no se registraba como se debía este delito, «este delito se empezó a tipificar con metodología clara a partir de 2019», lo que aseguró explica el aumento de las cifras.

De igual forma, Rodríguez señaló que en agosto la violencia familiar disminuyó pese a que durante la pandemia se había registrado un incremento en este delito, registrándose 21,283 casos frente al máximo histórico de mayo pasado de 23,905.

En cuanto al secuestro, este delito disminuyó 23.6% respecto al mismo periodo de 2020 y tuvo una baja de 57.3% en agosto de este año en comparación con enero de 2019 cuando se registró máximo histórico de 185 víctimas.

La titular de la SSPC también destacó la baja de 23.5% en los delitos del fuero federal en lo que va del año, comparado con el mismo periodo de 2019. Detalló que los delitos del fuero federal a la baja son los fiscales, delincuencia organizada, financieros, los relacionados con arma de fuego y explosivos, patrimoniales y  contra la salud; robo en general, robo de vehículo; robo a transportista, a negocio y a casa habitación.

Por el contrario, al alza se registraron los delitos cometidos por servidores públicos, los electorales y el tráfico de personas, además de la extorsión.

Finalmente, la secretaria comentó que el robo de hidrocarburos ha bajado 94% en lo que va de la administración y que se traduce en un ahorro de 165 mil millones de pesos, es decir, 164 millones de pesos diarios, mientras que la pérdida evitada por toma de casetas asciende a 9 mil 329 millones de pesos.

Las cuentas bloqueadas suman 41 mil 674 por vínculos con operaciones ilícitas del crimen organizado y de cuello blanco, con monto de 13 mil 263 millones de pesos en esta administración.

Como parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, compareció este martes ante el Pleno del Senado, en donde dijo que el gobierno federal avanza en su tarea de conseguir la paz y la tranquilidad a todos los mexicanos.

Por primera vez, Rodríguez Velázquez asistió a la Cámara de Senadores acompañada del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; de los titulares de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán; así como del comandante de la Guarda Nacional, Luis Rodríguez Bucio y del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo.

La Secretaria de Seguridad sostuvo que ahora el gobierno está mejor preparado para la persecución del crimen organizado, mediante el uso de la inteligencia, atacando su capacidad financiera y de operación, y aplicando la extinción de dominio para el aprovechamiento social de los bienes y recursos incautados.

Detalló que en lo que va de la presente administración, la Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado 41 mil cuentas vinculadas a operaciones ilícitas por más de 14 mil millones de pesos.

Dijo que de enero a agosto de este año, comparado con el mismo periodo de 2018, se logró reducir la incidencia de los siguientes delitos: el secuestro, 46.6%; robo de vehículo automotor 40%; robo de ganado, 37%; robo en transporte público colectivo, 37%; robo a transportistas, 32%; robo a casa-habitación, 28%; robo a transeúnte, 26%; robo a negocio, 23.3%, y el robo de hidrocarburos se redujo en un 94%.

Respecto al tráfico de drogas expuso de enero del 2020 a la fecha han logrado el aseguramiento de 300 mil 608 kilos de marihuana; 39 mil 725 kilos de cocaína; 652 de heroína, y 68 mil 327 de metanfetaminas; 76 mil 782 de fentanilo, así como 31 millones 866 mil 455 dólares americanos, y 319 millones 233 mil 360 pesos.

Sin embargo, reconoció que pese a las acciones instrumentadas, aún quedan pendientes como en el caso del delito de homicidio doloso, el cual mantenía desde 2015 un crecimiento acelerado y ahora se logró contener a finales de 2020, aunque no se ha logrado disminuir como se quisiera.

Detalló que el 50% de estos delitos se concentran en seis estados: Guanajuato, Baja California, Michoacán, Jalisco, Estado de México y Chihuahua; en estas entidades se ha reforzado la presencia de la Guardia Nacional.  Sobre los feminicidios, dijo que de enero a agosto aumentaron 11.9%, lo que atribuyó a la homologación de su clasificación a nivel nacional, pues recalcó que antes se registraban como homicidios dolosos o culposos.

«Como primera mujer al frente de la seguridad del país, estoy comprometida con la atención a la violencia contra las mujeres, y de manera prioritaria de la violencia feminicida. No toleraremos que los crímenes que afectan en mayor medida a las mujeres, niñas y niños, queden en la impunidad», dijo a los senadores.

Destacó que la Guardia Nacional, a dos años de su creación, está conformada por más de 100 mil elementos con disciplina, capacitación y equipamiento, convirtiéndose en la institución de seguridad pública más grande en la historia del país.

Rosa Icela Rodríguez reiteró que el reto de regresar la paz y tranquilidad a los estados, municipios y comunidades, exige la colaboración y un trabajo constante. “Nuestro objetivo conjunto debe ser lograr un México más seguro, un México en paz (…) vamos a seguir avanzando en pacificar el país. Es un desafío, es una responsabilidad, es una convicción. Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno».

La titular de la SSPC dijo que los esfuerzos se coordinan bajo la Estrategia Nacional de Seguridad, la cual reconoce que las causas de la violencia y el delito son estructurales y multidimensionales; acto seguido, aseguró que la estrategia de «abrazos, no balazos» no significa que el gobierno esté cruzado de brazos.

«Aspiramos a una sociedad más fraterna. La paz se construye con abrazos, con más cordialidad, con más civilidad, con más hermandad», respondió la funcionaria a la senadora del PAN, Lily Téllez, quien le recriminó que la Guardia Nacional era el «grupo de edecanes más caro del país» y que la estrategia de seguridad de la 4T ha fracasado.

Indicó que pese a lo que se podría pensar, la actual administración no llegó a obtener la victoria de una guerra, sino a ganar la paz.

En el país se registraron en agosto 82 secuestros, un 5.7% menos que los 87 del mes anterior, informó este lunes la organización Alto al Secuestro.

«Disminución de 5.7% en las carpetas de investigación iniciadas por el delito de secuestro. En el mes de agosto hay registro de 82 carpetas, en comparación con las 87 del pasado mes de julio», indicó la ONG.

Además, hubo una baja del 13.7% en cuanto al número de víctimas de secuestro, al pasar de 124 personas en julio a 107 en agosto.

Asimismo, hubo un incremento de 32.3% en el número de detenidos relacionados al delito de secuestro, debido a que en agosto fueron detenidas 135 personas por este delito mientras que en julio fueron arrestados 102 presuntos responsables.

Los estados con mayor incidencia de ese delito fueron Estado de México, con 13 casos; seguido de Veracruz, con ocho casos, e Hidalgo, Chihuahua y Baja California, cada uno con cinco casos de secuestro.

Por el contrario, hubo ocho estados que no registraron ningún secuestro en agosto: Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Durango, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán.

Según Alto al Secuestro, desde el inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en diciembre de 2018, México ha contabilizado 3,903 secuestros, una cifra un 39.7% menor a los 6,479 secuestros que hubo en el mismo lapso de mandato de su antecesor, Enrique Peña Nieto.

En esta primera etapa del mandato de López Obrador ha habido 5,072 víctimas de secuestro.

Recordemos que nuestro país ha registrado los dos años más violentos de su historia en la primera parte del gobierno de López Obrador con 34,682 víctimas de asesinato en 2019 y 34,557 en 2020.

En un nuevo video publicado en sus cuentas de redes sociales, este lunes Ricardo Anaya reveló que a unas horas de hacer pública la persecución que hay en su contra, recibió un citatorio por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para que comparezca en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

«¿Sabes cuántos años de cárcel suman los delitos de los que me está acusando la Fiscalía de López Obrador? 30 años de cárcel. Menos mal que no hay persecución política y que no es tu fuerte la venganza, Andrés Manuel. Si no, imagínate”, dijo Anaya sin especificar cuáles son los delitos.

Explicó que si bien las audiencias iniciarían vía Zoom, la comparecencia finalizaría en el Reclusorio Norte. Fue en ese punto donde dijo que si llega a pisar el Reclusorio, sabe perfectamente no lo van a dejar salir.

Ante el mensaje que publicara López Obrador, donde le decía que si era inocente no debía de tener miedo, y debía presentarse a declarar, Anaya respondió que no le cree al presidente más mentiroso de la historia.

Reiteró que el proceso judicial en su contra fue ordenado por el propio López Obrador, quien busca encarcelarlo para que pierda sus derechos políticos, y eso le impida que pueda presentarse en el proceso electoral de 2024.

El aspirante a la presidencia afirmó que en tiempos de «autócratas» como López Obrador, el exilio es la única alternativa. «Dejarte encarcelar por un autócrata, muchas veces significa perder la batalla».

«Yo no me escondo ni huyo, doy la cara y me exilio con mucho dolor de mi país para poder seguir luchando. No te vas a deshacer de mí, y cada vez somos más los que no te tenemos miedo y estamos dispuestos a enfrentarte tope donde tope», remató el panista.

Y es que este fin de semana, en otro video publicado en sus redes sociales, Anaya denunció que el presidente López Obrador quiere impedir que participe en las elecciones presidenciales del 2024, metiéndolo a la cárcel.

El también excandidato presidencial acusó a López Obrador de haber ordenado a la Fiscalía ir en contra suya basándose en las declaraciones que hiciera en su contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Acusó que, así como ocupa sus mañaneras para dividir y atacar a quienes piensan diferente a él, ya sean instituciones, organismos, medios de comunicación, e intelectuales, López Obrador pretende quitar del camino “a la mala” a quienes no estén de su lado.

En su video explicó que desde hace un mes, el gobierno federal tenía todo listo para ir por él; sin embargo, al darse cuenta de que no tenían los elementos para proceder, hicieron un “porquería” y modificaron la declaración de Lozoya. Recordemos que en la denuncia que presentó ante la Fiscalía, el exdirector de Pemex lo acusa de haber recibido sobornos provenientes de Odebrecht a cambio de apoyar la reforma energética cuando ejercía como diputado federal.

En su primer mensaje, Anaya adelantó que, aunque se defenderá y presentará pruebas contundentes para demostrar su inocencia, iba a tener que estar fuera del país por una temporada; es decir, huía de México.

Esta mañana, el presidente López Obrador abordó el tema en su conferencia de prensa de Palacio Nacional.  Dijo que es «mentira» que persiga a Anaya.

«Él acusa de ser perseguido por el presidente, por mí, y eso es una mentira, eso es falso. ¿Qué es lo que da origen a esta situación? Una denuncia que se presentó desde hace mucho tiempo por sus mismos compañeros de partido», aseguró López Obrador.

AMLO puntualizó que os hechos se derivan de acusaciones de integrantes de su propio partido, así como de la denuncia de Emilio Lozoya.

«Yo no tengo nada que ver absolutamente, pero él pensando que así, echándome la culpa, sintiéndose perseguido, la iba a librar. Muy mal, muy mal, ese proceder», comentó López Obrador.

El presidente sugirió que las denuncias han surgido porque Anaya «traicionó» al antiguo Gobierno de Enrique Peña Nieto, del PRI, e «hizo a un lado» al grupo político del expresidente Felipe Calderón, del PAN.

«Se le generaron problemas porque sintieron que estaba traicionando, entonces se le juntaron estas denuncias, no nosotros, yo no estoy acostumbrado a decir mentiras, siempre digo lo que pienso y doy la cara, entonces se le hizo fácil decir ‘me está persiguiendo Andrés Manuel'», argumentó.