Tag

MAGISTRADA

Browsing

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Mónica Soto Fregoso, aseguró que el Tribunal tiene absoluta autonomía e independencia, esto de cara a la jornada electoral de 2 de junio.

Recordó que la ciudadanía habrá de renovar con su voto a más de 20 mil cargos de elección popular, entre ellos la Presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, ocho gubernaturas estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, además de más de 19 mil cargos locales.

“Este ejercicio democrático no es menor y el papel que juega el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como última instancia en esta pirámide electoral, es vital, y aquí quiero refrendarles que el Tribunal tiene absoluta autonomía e independencia”

Mónica Soto sostuvo que el Tribunal siempre ha cumplido con su trabajo, lo cual seguirá haciendo este año y en esta elección, basados en lo que mandata la Constitución: “apegados a los principios generales de la misma y los principios especializados que rigen la función electoral”.

Las declaraciones de la magistrada presidenta llegan después de un transcendido que apuntaba a supuestas presiones de Morena al Tribunal Electoral, para no discutir y resolver una multa que el INE impuso a Morena por las irregularidades detectadas en el financiamiento del proceso interno que llevó a cabo para elegir a su corcholata presidencial.

Y es que recordemos que el Consejo General del INE confirmó cuatro multas al partido fundado por el presidente López Obrador, tras la revisión que hizo a los informes de ingresos y gastos del proceso interno en el que participó Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.

Las multas impuestas ascienden a poco más de 61 millones de pesos. De este monto, 20 millones corresponden a gastos que Morena omitió reportar a la autoridad por concepto de eventos y propaganda localizada en las visitas de verificación. 37 millones más son por la omisión gastos por concepto de propaganda colocada en vía pública, los espectaculares que inundaron todo el país. Un millón de pesos más por la omisión de reportar gastos realizados por concepto de transporte. Y tres millones más por no presentar la documentación o evidencia que justifique el gasto realizado por concepto de bitácoras de gastos menores.

El transcendido, publicado por Reforma en su columna Templo Mayor, apuntaba a que Morena habría pedido al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, retirar del orden del día dicho proyecto, pues no resultaba conveniente que el asunto se discutiera previo al cierre de precampaña de la morenista, que se llevó la tarde de ayer en el Monumento a la Revolución.

El asunto estaba listado para para su análisis y discusión el pasado miércoles; sin embargo, de manera sorpresiva, fue retirado por el magistrado ponente. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón cuestionó lo sucedido y alertó que de ser cierto, los temas del Tribunal se podrían estar administrando con intervenciones externas, lo cual dijo, podría cuestionar la imparcialidad de la autoridad electoral.

En respuesta, la magistrada presidenta del Tribunal, Mónica Soto, a quien se le ha señalado de ser cercana al presidente y Morena, defendió la acción y dijo que el retiro de proyectos es algo que ha sucedido siempre y que es normal. Dijo que todos los magistrados lo han hecho.

En su oportunidad, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, responsable del proyecto, indicó que su decisión se debió a una solicitud que recibió de parte de Morena para una audiencia, recurso que no había agotado, misma que aceptó y programó para el próximo lunes, razón por la cual, retiró el asunto del orden del día.

Y aunque insistió en que no hubo las presiones que el diario aseguró, sí se lanzó contra el medio, que dijo, no es la primera vez que obtiene filtraciones relativas al Tribunal.

La magistrada del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, Isabel Cristina Porras Odriozola, ratificó la medida de prisión preventiva justificada que impuso el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna a la exsecretaria de Desarrollo Social del gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

En su resolución a la impugnación que presentó Robles a la medida cautelar en su contra, la magistrada mantuvo la prisión impuesta Robles, aunque no compartió criterios con el juez Delgadillo Padierna.

“Cabe precisar, el sentido de lo resuelto no es absoluto o inmodificable, en opinión de esta potestad las circunstancias que la sustentan, válidamente admiten modificación o variación objetiva, porque la eventual pena a imponer, como motivo único, no es suficiente para sostener la prisión preventiva”, señaló la magistrada.

Consideró que esto hace posible la figura de la revisión de la medida cautelar impuesta, en términos de lo que establece el articulo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedando a salvo el derecho de la exsecretaria federal para solicitar lo estimado acorde a su interés, de existir condiciones objetivas que legalmente lo permitan.

Al respecto, el equipo legal de Robles emitió un posicionamiento en el que dijo que en su resolución a la apelación, la magistrada reconoció que se han cometido agravios importantes que perjudican a su defendida.

“Los despachos Hernández Barros & Abogados y Epigmenio Mendieta & Abogados afirmamos con toda certeza que la decisión de la magistrada confirma que se trata de un juicio de estado, una venganza política que se aleja de cualquier límite legal”, se lee en el comunicado, en el que se enfatiza que es más grande el interés del gobierno en mantener presa a Rosario Robles que cualquier consideración jurídica.

Los abogados indicaron que continuarán demandando justicia por todos medios jurídicos nacionales e internacionales, e insistirán en reclamar el respeto al debido proceso y el principio de presunción de inocencia de la exfuncionaria federal.

Y aunque reconocieron que se podría solicitar la revisión del caso y una eventual modificación de la medida cautelar, son conscientes de los antecedentes existentes, por lo que saben que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna actuará por consigna.

“Quisiéramos decir que nos equivocamos en nuestros argumentos de defensa. No obstante, desafortunadamente los hechos nos vuelven a dar la razón y confirmamos que Rosario Robles es una presa política”, remataron los abogados.

El Ministro Arturo Zaldívar, Presidente del Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), impuso la toga magisterial e hizo entrega de la credencial y del distintivo correspondiente a Yasmín Esquivel Mossa, quien asumió como nueva ministra del la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El Ministro Presidente hizo votos porque “estos años de la altísima responsabilidad que le ha sido impuesta, sean en beneficio del país y en la defensa y el desarrollo de los derechos de todas y de todos”.

Por su parte Yasmín Esquivel Mossa indicó que hoy más que nunca el país necesita de la entrega y pasión de todos los mexicanos, por lo que dijo que refrendaba su “compromiso irrenunciable con la justicia y el derecho, por el bien de México, por el bien de los mexicanos”.

Hizo un llamado para que la sociedad y los Poderes del Estado se reencuentren para hacer frente a estos males que nos laceran y frenan. “No basta la oposición reiterada y crítica vana que solo confrontan y dividen en detrimento de todos, se requiere de acciones concretas y expeditas para mantener el rumbo propuesto en el texto constitucional”.

En su oportunidad, el Ministro José Fernando Franco González Salas señaló que la Ministra Yasmín Esquivel Mossa se suma a la Suprema Corte con sus conocimientos y experiencia tanto con su trabajo individual como en el colegiado que tendrá que desarrollar para que entre todos sigan enfrentando exitosamente los grandes retos que tiene hoy el Poder Judicial de la Federación.

Finalmente, el Pleno de la SCJN aprobó por unanimidad de los integrantes que la Ministra Yasmín Esquivel Mossa quedé adscrita a la Segunda Sala.

 

La tarde este jueves, Janine M. Otálora, presentó su renuncia como presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al indicar que su decisión era para facilitar la transición que se requiere en el Tribunal ante la crisis que se vivió en recientes semanas.

A través de un comunicado indicó que desde que asumió como presidenta del Tribunal ha actuado con mesura y prudencia,  resolviendo las controversias de manera justa y legal, además de que ha ejercido una administración de los recursos públicos con racionalidad y honestidad.

Aseguró que a lo largo de los dos años al frente del Tribunal, todos sus votos han sido argumentados y fundados exclusivamente en las pruebas y en el derecho.

Reconoció que la reciente crisis en la que se visto inmersa la Sala Superior del Tribunal fue resultado de la tensión a la que el órgano se vio sometido al resolver conflictos políticos entre los diversos actores. Sin embargo enfatizó que dicha crisis fue resuelta en su momento por el propio Pleno.

Recordemos que en esa ocasión, cuando se resolvió la impugnación a la elección del estado de Puebla, el magistrado José Luis Vargas Valdez solicitó su renuncia argumentando que la Sala quedó fracturada además de que se necesitaba un liderazgo que llamara a la unidad.

“Sabemos que hoy, la vida institucional de México vive una nueva época y el Tribunal Electoral como órgano del Poder Judicial de la Federación debe saber adaptarse a los cambios. Por ello, asumiendo mi responsabilidad de juez constitucional, en aras de facilitar la transición del Tribunal, he tomado la decisión personal, ética y política de presentar mi renuncia al cargo de Presidenta del Tribunal Electoral”, señaló Otálora Malassis.

La magistrada agradeció la confianza depositada en su trabajo, y afirmó que el ejercicio del presupuesto podía ser revisado y auditado en cualquier momento, así como sus cuentas personales.

Finalizó indicando que pese a su renuncia a la presidencia, continuará con su mandato constitucional de magistrada de la Sala Superior.

 

La magistrada presidenta del Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis rechazó que esté entre sus planes el renunciar a su cargo, tal y como lo han sugerido algunos miembros del Tribunal.

Y es que en durante una entrevista con la revista Proceso, el magistrado José Luis Vargas Valdez indicó que luego de la división de votos que hubo al resolver el proyecto que presentó para anular la elección de gobernador en Puebla, el TEPJF quedó fracturado, razón por la que dijo, Otálora Malassis debía abandonar el Tribunal.

De acuerdo al semanario, la magistrada presidenta debía presentar su renuncia pues dijo el magistrado que era la única alternativa para que el Tribunal recupere la unidad y el liderazgo que se han perdido en los últimos años y que quedó de manifiesto al resolver las impugnaciones sobre la elección en Puebla.

Acusó que el Tribunal requiere de un liderazgo, de unidad y de una interlocución con múltiples actores políticos, que dijo, ahora no se tienen. Vargas Valdez dijo que dentro de la Institución hay otros magistrados que comparten su opinión, aunque ha sido él quien lo ha manifestado públicamente.

Al respecto, Otálora Malassis utilizó sus redes sociales para responder; dijo que la integración actual de Sala Superior la eligió por unanimidad como presidenta del TEPJF, para un mandato de cuatro años. “Tengo el respaldo de mis colegas para cumplir ese periodo”, añadió.

Indicó que quien esté inconforme con su desempeño debe exigir, más allá de opiniones expuestas en medios, el esclarecimiento “formal de los motivos de su inquietud”.

Recordó que la confianza es uno de los activos más importantes por los que debe velar un juez, por lo que si hay dudas de que existan “presiones y cabildeos de distintos actores”, se debe presentar la denuncia correspondiente, acompañada de las pruebas que se tengan.

 

Durante la sesión solemne en la que se entregó la constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, señaló que con la entrega de constancia se refleja la consolidación del régimen democrático y auténtico del país.

“Además de su efecto práctico de reconocimiento del presidente electo, refleja los equilibrios y contrapesos que determinan la relación entre los poderes dentro de un Estado democrático”, afirmó momentos antes de entregar la constancia a López Obrador.

Otálora Malassis sostuvo que los magistrados del Tribubal fungieron en todo momento como contrapesos a las decisiones tomadas por las mayorías, para asegurar que estas no impliquen afectación indebida o excesiva a los derechos de las minorías o a los principios fundamentales de una democracia.

Puntualizó que la función del Tribunal Electoral es velar por la efectividad del sistema y para que la decisión de las y los ciudadanos tenga la envergadura y el peso que corresponde. Hacer realidad las aspiraciones de democracia, de igualdad y libertad que justifican la existencia de este órgano judicial electoral.

La magistrada presidenta del TEPJF enfatizó que con la calificación de la elección presidencial, y posterior entrega de la constancia, el Tribunal contribuyó a restablecer la quebrantada esperanza en la soberanía del pueblo y en la posibilidad del imperio del Derecho.

 

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, aseguró que el órgano jurisdiccional está plenamente enfocado en la calificación de la elección presidencial.

Explicó que conforme a la ley electoral, los consejos del Instituto Nacional Electoral (INE) deben remitir al TEPJF la información sobre los cómputos de los resultados y, en su caso, las impugnaciones recibidas. Esta documentación es indispensable para que la Sala Superior pueda llevar a cabo el cómputo final y realizar la calificación de la elección presidencial.

Por ello, desde el martes 17 de julio, los vocales ejecutivos de los 300 distritos electorales del país han estado entregado la documentación, que incluye los originales del acta de cómputo distrital, del acta circunstanciada de la sesión de cómputo y del informe sobre el desarrollo del proceso electoral, entre otros.

Luego de realizar un recorrido por la sala de medios de impugnación para constatar la etapa final de la recepción de los expedientes de cómputo de la elección presidencial provenientes de los 300 distritos electorales, la magistrada presidenta indicó que la Sala Superior recibió siete impugnaciones de la elección presidencial.

Detalló que los siete juicios deberán ser resueltos a más tardar el viernes 31 de agosto, para que, a partir de estas resoluciones y de los resultados de los cómputos realizados por la autoridad electoral, la Sala Superior pueda realizar el cómputo final de la elección presidencial.

La fecha límite para que la Sala emita el dictamen de validez de la elección y de Presidente electo es el jueves 6 de septiembre. Sin embargo la Magistrada presidenta señaló que el Pleno de la Sala Superior está estudiando las condiciones para adelantar la entrega de la constancia de mayoría y, previamente, la calificación de la elección.

 

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, aseguró que la Judicatura Electoral Nacional está preparada para garantizar la certeza jurídica en la fase de la validación de las elecciones federales y locales.

Otálora Malassis subrayó que, en la etapa que inicia, el Tribunal Electoral garantizará los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, especialmente su derecho de votar, protegiendo su libertad y el sentido de sus votos.

“Seremos independientes y neutrales, seremos altamente profesionales y actuaremos en todo momento apegados a derecho, no tenemos ni filias ni fobias con respecto a ningún actor o partido político, nuestro deber es guiarnos exclusivamente por lo establecido en la ley y aplicarla a los casos concretos”, sostuvo la magistrada.

Otálora Malassis solicitó a los órganos jurisdiccionales locales que asuman plenamente su compromiso y responsabilidad con la impartición de justicia electoral, la cual además de ser imparcial debe ser expedita, para permitir que los actores políticos puedan agotar todas las instancias y que los órganos revisores puedan resolver de manera exhaustiva, pues afirmó que la dilación no abona a la calidad de la justicia.

“Refrendamos que nuestro compromiso es impartir justicia que dé certeza a la democracia y demostrar que en México el voto se respeta. Asumiremos plenamente nuestra responsabilidad con el orden democrático”, puntualizó.

 

 

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, aseguró que la ética y la justicia son el antídoto contra la corrupción, que representa uno de los principales problemas del país.

Indicó que la corrupción frena el desarrollo nacional, la credibilidad y a las instituciones, además de que debilita al sistema democrático.

La magistrada presidenta señaló que la corrupción se asienta en el sistema cuando los integrantes carecen de la ética de la responsabilidad; destacó que “en lo que concierne a los tribunales electorales, hay dos formas de trabajar para recuperar la confianza y el optimismo de la ciudadanía: refrendar nuestro compromiso ético y ejercer una justicia abierta”.

Otálora Malassis señaló que se debe mostrar claramente a la ciudadanía que los jueces no son parte de la competencia política y que su misión es impartir justicia exclusivamente basada en las razones del derecho. “Los jueces electorales debemos conducirnos de manera ejemplar y no dar lugar ni a suspicacias ni a sospecha de ningún tipo”.

La magistrada presidenta del TEPJF recordó que vienen jornadas complicadas en las que los órganos jurisdicciones deberán ser ejemplo de imparcialidad, honestidad, prudencia, profesionalismo, ética e integridad.