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La tasa de inmigrantes en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) aumentó un 2 % en 2018, según el último informe del organismo, que señaló una caída del número de refugiados registrados y un aumento de las migraciones por motivos de trabajo.

En su informe anual de perspectivas sobre la inmigración, el llamado club de los países ricos destacó una caída del 34% en el número de demandas de asilo, con 1.09 millones de peticiones el año pasado frente al pico histórico de 1.65 millones que se registró tanto en 2015 como en 2016.

La mayoría de peticiones vinieron de Afganistán, Siria, Irak y Venezuela.

Como cayó la demanda, el número de refugiados también dio marcha atrás y en 2017, último año del que se tienen datos de aceptaciones de asilo, se concedieron 700,000 permisos de asilo frente a los 900,000 de 2016.

Estados Unidos fue el principal destino de los demandantes de asilo, con 254,000 demandas, seguido de Alemania (162,000) y Turquía (156,000).

En cambio, subieron las migraciones por motivos laborales en un 6%, hasta los 4.9 millones de personas, y Polonia fue el primer país de destino de migrantes temporales: entregó 1.1 millones de autorizaciones a trabajadores externos de la Unión Europea (UE) y 21,000 a trabajadores de la UE.

En el caso de la UE, los trabajadores desplazados dentro de la Unión fueron la principal franja de migrantes temporales con cerca de 2.7 millones de personas, siendo esta la primera vía de contratación temporal (+16% con respecto a 2016).

La OCDE constató en su informe que sus países miembros están adaptando sus programas de inmigración de trabajo «con el objetivo de mejorar la selección y favorecer las competencias requeridas».

Las perspectivas profesionales de los inmigrantes volvieron a mejorar en 2018, como se viene observando en los últimos cinco años. «De media, un 68.3% de los inmigrantes tienen empleo y su nivel de desempleo es del 8.7%», destaca el informe.

El organismo constató que ante la caída de demandas de asilo, los poderes públicos se han centrado en la mejora de políticas de integración en lugar de la organización de nuevas llegadas, en particular con programas de dominio de la lengua, cursos de valores cívicos o sistemas de validación de diplomas profesionales.

El número de migrantes en el mundo alcanzó los 272 millones en 2019, lo que equivale a 51 millones más que en 2010, la mayoría en Europa (82 millones) y América del Norte (59 millones), según un informe de la ONU publicado este martes.

El norte de África y el oeste de Asia son los siguientes lugares elegidos, con cerca de 49 millones de migrantes, según los autores de un reporte realizado para los servicios de población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.

Actualmente, los migrantes representan el 3.5% de la población, contra 2.8% en el 2000, precisó el documento.

«Las cifras son fundamentales para entender el importantes papel de los migrantes y de las migraciones en el desarrollo de los países tanto de origen como de destino», consideró en un comunicado Liu Zhenmin, jefe del departamento que realizó el informe.

Facilitar la migración ordenada y segura contribuye a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible que ha fijado la ONU, añadió.

Según Naciones Unidas, la mitad de los 272 millones de migrantes del mundo viven en sólo diez países: Estados Unidos está a la cabeza con 51 millones de personas, o 19% del total. Le siguen Alemania y Arabia Saudí (13 millones cada uno), Rusia (12 millones), Reino Unido (10 millones), los Emiratos Árabes Unidos (9 millones), Francia, Canadá y Australia (8 millones cada uno) e Italia (6 millones).

En cuanto a los países de origen, India ocupa el primer lugar, con 18 millones de nacionales viviendo en el extranjero, por delante de México (12 millones), China (11 millones), Rusia (10 millones) y Siria (8 millones), según el informe de la ONU.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que los acuerdos comerciales no deben estar sobre la dignidad de las personas, por lo cual demandó al Gobierno federal que en su política migratoria ponga en el centro a las personas migrantes, sin restar importancia a los citados acuerdos.

Adicional, destacó que invertir en Centroamérica y el Sureste mexicano es un proyecto de mediano plazo, por lo que mientras ello ocurre hay que atender los problemas, porque se trata de vidas, integridades y la esperanza de una niñez ajena a lo que los países no han hecho para lograr una distribución más equitativa del potencial que como humanidad tenemos.

Así lo manifestó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al momento en que lamentó que la gran aspiración de regular la migración en Estados Unidos se haya olvidado al privilegiar la politización ideológica del fenómeno en diferentes administraciones, lo cual se ha acentuado en el Gobierno del Presidente Trump, como la violación de la ley y los derechos humanos de la niñez migrante.

Condenó que la autoridad norteamericana niegue servicios básicos como higiene y salud; tenga hacinados a niñas y niños migrantes en las oficinas, lejos de sus familias y lamentó que no se haya logrado la reunificación total de familias, a pesar de las órdenes de las Cortes americanas y de la excitativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección de familias y las medidas cautelares solicitadas por la CNDH, y señaló que, a pesar de que han crecido los muros y se han reforzado las fronteras con un carácter más militarizado, ha aumentado la población de la niñez migrante.

El Ombudsperson nacional dijo que los problemas deben reconocerse para resolverlos.

Katharine Donato, Directora del Institute for the Study International Migration de la Walsh School of Foreign Service de la Universidad de Georgetown, explicó que en Estados Unidos los debates políticos se han polarizado y reflejan un panorama muy complejo, ya que sin reforma legislativa integral de la política de inmigración los presidentes de ese país han recurrido a los poderes ejecutivos para abordar ese problema.

Refirió que cada vez se destinan más fondos para la aplicación y militarización de la frontera, lo que genera una “tormenta perfecta” con la aplicación de tolerancia cero, restricción de derechos a las personas migrantes nacidas en México y sus familias y el aumento acelerado de deportaciones y separación de familias, por la administración Trump.

La Secretaría de Gobernación (Segob) indicó que en lo que va de 2019 la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ha registrado 48 mil 254 solicitudes de personas para obtener esta condición en México.

De esta cifra, 23 mil 64 son de personas provenientes de Honduras, 6 mil 671 de El Salvador, 5 mil 371 de Cuba, 4 mil 882 de Venezuela, 2 mil 876 de Haití, 2 mil 361 de Guatemala, mil 722 de Nicaragua, 336 de Colombia, 290 de Brasil, 189 de Chile y 492 de otros países.

Recordó que de 2017 a 2019 se incrementó la tasa de reconocimiento a las personas que solicitaron la condición de refugiados y protección complementaria, al pasar de 64% a 85%.

La Comar registró que del año 2013 a agosto del 2019 se resolvieron 26 mil 882 solicitudes de un total de 108 mil 157. De las resueltas, 13 mil 784 son reconocidas como refugiadas y 4 mil 268 cuentan con Protección Complementaria.

Con ocho meses y medio de embarazo, una salvadoreña que presentaba contracciones tras cruzar el Río Bravo y ser aprehendida por la Patrulla Fronteriza fue obligada a regresar a México.

Los agentes la llevaron al hospital, donde los médicos le dieron un medicamento para detener las contracciones. Y luego, según la mujer y su abogada, fue enviada a México casi inmediatamente.

Así se convirtió en una de más de 38 mil personas obligadas a aguardar al otro lado de la frontera a ser convocadas para audiencias en tribunales de inmigración, según una política implementada por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. Sus penurias ponen de manifiesto los riesgos para la salud y los peligros que representan para los inmigrantes el programa del gobierno de Estados Unidos para hacerlos esperar en México.

La mujer aguardaba el jueves con su hija de 3 años en un campamento improvisado en Matamoros, junto a un puente internacional, a punto de dar a luz cualquier día, señaló su abogada Jodi Goodwin.

“Le preocupa tener al bebé en la calle o tener que parir al bebé en un albergue”, agregó.

Las mujeres embarazadas enfrentan riesgos especiales en México, porque con frecuencia los sitios donde los inmigrantes aguardan a poder ingresar a Estados Unidos carecen de acceso a alimentos en forma regular, agua potable y atención médica.

Muchos albergues en la frontera con México ya operan a toda su capacidad o por encima de ella, y algunas familias han estado durmiendo en tiendas o sobre frazadas bajo el abrasador calor veraniego. Abundan los reportes de migrantes que son atacados o secuestrados en ciudades fronterizas mexicanas, en especial en el estado de Tamaulipas, limítrofe con Texas, donde la madre salvadoreña está aguardando una cita en un tribunal estadounidense programada para noviembre.

Este jueves un juez federal en Estados Unidos, ordenón al Gobierno de Donald Trump permitir el reingreso a Estados Unidos de 11 migrantes después de que estos fueron deportados de forma incorrecta y sin sus hijos debido a la «caótica» política de separación de familias.

Los agentes fronterizos negaron injustamente a los padres de los infantes la oportunidad de solicitar asilo en EU, por lo que el Gobierno de ese país debe darles una nueva oportunidad, determinó la jueza Dana Sabraw.

La magistrada también juzgó que otros siete padres de familia que buscaban regresar a suelo estadounidense no comprobaron que su deportación fue injusta.

Uno de los migrantes a quien se le permitió el reingreso a EU aseguró que un agente fronterizo le dijo que estaría detenido por al menos dos años y que su hijo sería puesto en adopción si no renunciaba a su derecho de pedir asilo en el país, de acuerdo con el documento de la resolución.

El escrito señala que después de haber firmado la renuncia, el migrante de todos modos fue deportado sin su hijo.

Oficiales fronterizos de EU deportaron en total a 471 padres de familia sin que fueran acompañados de sus hijos antes de que un juez fallara en contra de la política migratoria emprendida por la administración Trump en 2018. La mayoría de estas personas eligió que la reunificación con los infantes se hiciera en sus países de origen o renunció a este proceso para que sus hijos pudieran presentar solicitudes de asilo por su cuenta.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no respondió a una solicitud de

Este miércoles en Tabasco fueron rescatados, 172 migrantes por elementos de la Policía Federal, 65 de ellos menores de edad.

Los migrantes viajaban a bordo de un camión de carga con placas del Estado de México que circulaba por la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, tramo Nuevo Teapa-La Venta.

Fue a la altura del kilómetro 043+800 donde las autoridades detectaron que el camión, cubierto con lonas, trasladaba a decenas de personas.

Tras realizar la inspección con apoyo del Equipo de Rayos Gamma, los migrantes originarios de Honduras, El Salvador, Guatemala y Cuba fueron rescatados.

Al lugar acudió personal del Instituto Nacional de Migración y de la Fiscalía General de la República, quienes aseguraron el vehículo y al conductor de 45 años de edad, mientras que los migrantes fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración para iniciar su proceso de repatriación.

Elementos de la Fiscalía General de la República en el Estado de Tabasco, adscritos a la Policía Federal Ministerial, rescataron a 142 migrantes centroamericanos que viajaban en un autobús de turismo.

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Lo anterior, derivado de una denuncia anónima recibida por la Policía Federal Ministerial, en la que se mencionaba que en un vehículo de turismo, proveniente de Chiapas, se transportaba a varias personas de origen extranjero, con destino a Reynosa, Tamaulipas.

Los elementos de la FGR localizaron sobre la carretera Villahermosa – Coatzacoalcos, el autobús referido, donde viajaban 142 personas, de nacionalidades hondureña, salvadoreña, guatemalteca, cubana, dominicana y nicaragüense (99 adultos y 43 menores), quienes no pudieron acreditar su estancia legal en el país.

Tras el rescate de los extranjeros, elementos de la PFM pusieron a disposición del agente del Ministerio Público de la FGR, a dos hombres, junto con la unidad, mientras que las personas de origen centroamericano quedaron a resguardo de autoridades migratorias para el trámite administrativo correspondiente, con pleno respeto a sus derechos humanos.

El comité contra la discriminación racial de la ONU solicitó retirar a la Guardia Nacional de operaciones migratorias en México.

En sus conclusiones sobre el examen de México en esta materia, el comité agregó que esta posibilidad se podría realizar mediante la amplia difusión y debida implementación de la Guía para la Acción Pública para la Prevención de Prácticas de Perfilamiento Racial.

De la misma manera, solicitó que se lleven a cabo “investigaciones exhaustivas de todos los actos de discriminación, uso excesivo de la fuerza y abusos de autoridad cometidos en contra de personas migrantes, asegurando que las víctimas tengan acceso a recursos judiciales efectivos y que los responsables sean enjuiciados y debidamente castigados.

El Comité examinó los informes periódicos números 18 a 21 combinados de México (CERD/C/MEX/18-21), presentados en un solo documento, en sus 2745a y 2746a sesiones, celebradas los días 8 y 9 de agosto de 2019, en el Palacio de las Naciones, de Ginebra.

La ONG Pueblo Sin Fronteras denunció que en los últimos días, militares de la Guardia Nacional, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y policías locales han realizado “fuertes redadas contra migrantes” en Tapachula, Chiapas.

A través de un comunicado, Pueblo Sin Fronteras señaló que “un número importante” de militares con armas largas, acompañados de agentes del INM, recorren el centro, los parques y las calles de Tapachula “llevando a cabo una verdadera cacería de migrantes”.

“Con este actuar es evidente que el gobierno mexicano se ha sumado a la declaración de guerra contra migrantes que encabeza la actual administración de los Estados Unidos”, afirmó Pueblo Sin Fronteras.

La organización agregó que el sistema de asilo para migrantes en México está colapsado, y que como consecuencia, Tapachula se ha convertido en una “ciudad cárcel de la cual las personas migrantes solo buscan escapar, pero la corrupción del INM y la represión de la Guardia Nacional les encierra y les extorsiona, violentando así los derechos humanos que el actual gobierno mexicano prometió defender”.

La tarde de este miércoles en Tapachula, Chiapas, elementos de la Guardia Nacional desalojaron a africanos y haitianos que mantenían bloqueado los accesos principales de la estación migratoria Siglo XXI para exigir un documento de salida que les permita continuar su camino hacia Estados Unidos.

La noche del martes, los migrantes habían bloqueado la entrada y salida de autobuses que realizan traslados de repatriación e impidieron el acceso del personal de Migración.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional para restaurar el orden y liberar los accesos a la estación migratoria.

Durante el desalojo hubo empujones entre migrantes y elementos de la Guardia Nacional, Policía Militar, Federal y Agentes del Instituto Nacional.

Los migrantes africanos y haitianos rechazan la opción de refugio temporal que ofrecen las autoridades migratorias y exigen que se les otorgue un pase de salida para poder seguir hacia la frontera sur a la frontera norte e intentar cruzar a los Estados Unidos.

Mientras tanto las fuerzas federales resguardan las instalaciones para evitar cualquier conato de bronca y se prevé un diálogo este miércoles entre autoridades migratorias y migrantes inconformes.

Este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este que su Gobierno está considerando seriamente poner fin al derecho a la nacionalidad de niños nacidos en el país cuyos padres no tienen la ciudadanía o emigraron ilegalmente.

«Lo estamos evaluando muy seriamente, el derecho a la ciudadanía por nacimiento, donde uno tiene un bebé en nuestra tierra, cruza la frontera, tiene un bebé. Felicidades, el bebé es ahora un ciudadano estadounidense (…) Francamente es ridículo».

El presidente Trump ha convertido la lucha contra la inmigración en uno de los pilares de su presidencia y de su campaña para la reelección, pero muchos de los cambios radicales y decretos elaborados por su Gobierno han sido frenados en los tribunales.

El mandatario republicano dijo en octubre de 2018 a la web de noticias Axios que pondría fin al «derecho a la ciudadanía por nacimiento» a través de un decreto. Los expertos creen que esta medida iría en contra de la Constitución.

Las personas nacidas en Estados Unidos son consideradas ciudadanos estadounidenses. Aunque, los nacidos en otros países pueden obtener la ciudadanía de dos maneras: por nacimiento a través de los padres o por naturalización.

Estados Unidos anunció este lunes nuevas medidas que negarán la residencia definitiva o la ciudadanía a inmigrantes que se beneficien de ayudas sociales en el país.

«Una vez que esta norma sea implementada y sea efectiva a partir del 15 de octubre los funcionarios migratorios van a considerar que si un extranjero recibió o recibe algunas de las ayudas señaladas esto va a ser considerado como un factor negativo al examinar su caso», dijo en una rueda de prensa Ken Cuccinelli, director interino de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración en La Casa Blanca.

Estas nuevas normas van a afectar los procesos para recibir la nacionalidad de millones de inmigrantes, la mayoría de origen latino, que trabajan en empleos mal pagados y que dependen de ayudas sociales para vivir.

Entre las ayudas designadas están los subsidios para vivienda, el seguro de salud público Medicaid y los bonos para comprar alimentos.

«Esta acción va a ayudar a asegurar que si un extranjero entra o permanece en Estados Unidos deba mantenerse a sí mismo y no depender de ayudas sociales», dijo La Casa Blanca en un comunicado.

Para el gobierno estadounidense, el presidente Donald «Trump está reforzando una ley ya existente para evitar que los extranjeros dependan de los programas de ayudas sociales».

Enfatizó que un extranjero que recibe ayudas sociales por encima de cierto umbral, se conoce como «carga pública». En ese sentido dijo, los extranjeros no podrán ingresar al país si es probable que se conviertan en carga pública.

La normativa, que será publicada oficialmente en el Registro Federal el miércoles próximo, entrará en vigor 60 días después de su publicación.

El gobierno de Trump defiende una línea dura contra la inmigración irregular y uno de los ejes de su mandato ha sido el proyecto de construir un muro en la frontera con México, una iniciativa que lo llevó a una dura pugna con el Congreso.

En Estados Unidos hay cerca de 22 millones de extranjeros que residen legalmente en el país.


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