El Gobierno federal disolvió la última caravana de migrantes, que se encontraba desde finales de diciembre avanzando por Chiapas, tras comprometerse a procesar a sus integrantes y otorgarles eventualmente algún tipo de documento que les conceda la estancia legal en el país.
Al informar de los términos del acuerdo al que se llegó con los migrantes, Roberto González López, jefe de la oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas, explicó que los casos de los extranjeros serán canalizados al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
En esta oportunidad, sin embargo, no habrá entrega inmediata de visas humanitarias ni Formas Migratorias Múltiples, como ocurrió con otras caravanas.
Poco después de que se llegó al acuerdo, las autoridades iniciaron el traslado de la mayoría de los migrantes hacia un albergue del DIF ubicado en la aduana de la localidad de Huixtla, cercana a la frontera con Guatemala.
El activista Luis García Villagrán, de la organización local Centro de Dignificación Humana AC, que guiaba al contingente, indicó que de acuerdo con una respuesta formal del INM, se dará prioridad a las familias y a los grupos vulnerables.
García Villagrán pidió a las autoridades migratorias agilizar los procedimientos para entregar los documentos de estancia legal a los migrantes para que puedan continuar su camino hacia otras ciudades de México o la frontera con Estados Unidos.
La caravana, formada por unos 6,000 migrantes, partió en Nochebuena desde Tapachula, en la frontera con Guatemala, y durante cinco días recorrió unos 100 kilómetros en el estado de Chiapas hasta llegar al poblado de Mapastepc, donde se detuvo con la mitad de sus integrantes.
La movilización coincidió con la reunión celebrada a mediados de la semana pasada entre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, para evaluar la crisis migratoria.
La reunión se produjo tras la llamada telefónica del presidente Joe Biden y AMLO el pasado 20 de diciembre para expresarle la preocupación de su gobierno por el creciente flujo de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, donde llegaron a detectarse hasta 12,000 cruces ilegales al día.
Durante el encuentro, las autoridades mexicanas pidieron a Estados Unidos que de prioridad a la reapertura de algunos cruces fronterizos cerrados ante la avalancha de migrantes.
La petición fue atendida días después por Washington, que se comprometió a reanudar a partir del 4 de enero las operaciones en los cruces de Eagle Pass, Texas; San Ysidro en San Diego, California; Lukeville en Arizona y en el puerto peatonal de Morley en Nogales, Arizona, según informó ayer por la noche la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La región registra un flujo migratorio sin precedentes que no ha podido controlarse pese a los intentos de Estados Unidos de abrir nuevos cauces para llegar de forma legal al país, a la vez que endurece las consecuencias de hacerlo de forma irregular.
México detectó más de 680,000 extranjeros en situación irregular de enero a noviembre, según las cifras oficiales. Además, un récord de casi 137,000 personas pidieron refugio en el país.
