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Una caravana con cientos de migrantes salió este lunes de Tapachula, en la frontera sur del país, a escasos dos días del encuentro entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador, y de Guatemala, Bernardo Arévalo.

Este nuevo contingente está compuesto en su mayoría por migrantes de Cuba, Haití, Centroamérica, Brasil y Colombia, quienes salieron desde Tapachula alrededor de las 05:40 hora local.

La mayoría de las personas que van en esta caravana buscan realizar sus trámites en Ciudad de México, ya que todos quieren entrar de manera legal a los Estados Unidos.

En el ejido Viva México, a unos siete kilómetros de la ciudad de Tapachula, se encuentra el punto de migración, donde permanecen cientos de migrantes en espera de ser trasladados a Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, algunos extranjeros al ver pasar la caravana se unieron a ella debido a que llevan días de espera.

Para este 31 de mayo se espera que un nuevo contingente se reúna en Tecún Umán, Guatemala, para cruzar el río Suchiate y emprender el viaje en caravana que busca atravesar el país.

La caravana avanza en medio del flujo migratorio récord en la frontera sur de México, que registró un récord de 782,176 migrantes irregulares en 2023, un aumento anual del 77%.

Mientras que, tan sólo en el primer trimestre de 2024, la migración irregular interceptada por México creció cerca de un 200% anual hasta casi 360,000.

Unos 281 millones de personas son migrantes, un 3.6% de la población mundial, lo que supone un aumento del 60% respecto a lo que se registraba en el año 2000.

En tanto, la contribución de estas personas a las economías de sus países de origen ha crecido un 550% en ese mismo periodo.

Así lo revela un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM) presentado este martes. En el documento se señala que as remesas enviadas por esa población migrante a sus familias en países de origen ascendieron en 2022 a 831 millones de dólares, seis veces y media más que en el 2000 (128 millones).

El informe también indica que en medio siglo la población migrante se ha duplicado (84 millones en 1970), pero dado el crecimiento demográfico mundial sigue representando un porcentaje pequeño de los habitantes totales (un 2.3% hace 50 años, frente al 3.6% de la actual década).

El estudio de la OIM muestra confirma un mayor número de hombres migrantes (146 millones en 2020) que de mujeres (135 millones), y señala que el porcentaje de migración masculina sobre el total de la migración ha ido aumentando a lo largo del siglo.

Estados Unidos es el país con más inmigrantes (43.4 millones según cifras de 2020), seguido de Alemania (14 millones) y Arabia Saudí (13 millones).

En cuanto a los países emisores de migrantes, no hay cambios significativos en el último cuarto de siglo y se mantienen en los primeros puestos naciones como India (17 millones), México (11 millones) Rusia (10 millones) o China (9.8 millones).

Muchos de ellos también son los principales receptores de remesas de sus migrantes: en 2022 India recibió por este concepto 111 millones de dólares, México 61 millones, China 51 millones y Filipinas 38 millones; en quinta posición ya figura una economía desarrollada como Francia (30 millones de dólares).

Estados Unidos, Arabia Saudí, Suiza, Alemania y China son los cinco principales países de envío de estas remesas a sus familias en países de origen de los inmigrantes.

La organización de Naciones Unidas busca con estos datos contrarrestar “narrativas sensacionalistas” que en muchos países persisten sobre la inmigración.

México firmó un acuerdo con Colombia y Ecuador para que, como ya sucede con Venezuela, pague 110 dólares mensuales a migrantes retornados a esos países bajo un programa de prácticas profesionales, según anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Sí, se va a entregar este apoyo. No sé exactamente la cantidad, pero va a ser igual (que Venezuela) y nosotros estamos dispuestos a apoyar porque nos ayuda a que no tengamos tanto flujo migratorio, lo tenemos que hacer y se va avanzando”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

Sin proporcionar mayores detalles, adelantó que será un acuerdo similar al que reveló el jueves pasado la canciller Alicia Bárcena, que detalló que México paga 110 dólares mensuales por seis meses a venezolanos deportados bajo los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.

El pacto con Venezuela despertó críticas de diversos sectores, principalmente de la oposición. La candidata presidencial del bloque opositor, Xóchitl Gálvez, calificó dicho acuerdo como “ilegal”.

“El Presidente piensa que el dinero público sale de su bolsa… que puede disponer del presupuesto público como ha dispuesto, y me parece que sí, es ilegal. Maduro debería de ser la persona que les estuviera pagando a los venezolanos para regresar”, dijo la aspirante presidencial.

Precisó que desde que Hugo Chávez llegó al poder, y después Nicolás Maduro “han salido de Venezuela 7.8 millones de venezolanos. Eso es una tragedia humana. La gente va a buscar una oportunidad que nos está encontrando en Venezuela”.

Pese a ello, López Obrador defendió aportar ingresos a los migrantes para que permanezcan en sus países, al citar que el Gobierno de México destina 4,000 millones de dólares anuales para controlar el tránsito migratorio, el apoyo de la Guardia Nacional y protección a indocumentados.

“Entonces, también (es mejor) en términos de eficacia, pero sobre todo por razones humanitarias, nos conviene más ayudar a que la gente tenga trabajo en sus pueblos”, apuntó.

El mandatario argumentó que “esto no le gusta a los conservadores, o sea, no van a aceptarlo nunca” porque “los conservadores no saben más que querer resolver todo por la fuerza”.

López Obrador aseguró que, con con los programas sociales, “se inhibe, se limita, se atempera el flujo migratorio”, pues su Gobierno ha “hecho evaluaciones, incluso grabaciones, videos, de la gente que en otros países recibe estos apoyos”, en referencia a Guatemala, Honduras y El Salvador.

“Estamos absolutamente seguros de que si se apoya a la gente en sus lugares de origen se reduce considerablemente el flujo migratorio, pero eso requiere de recursos y eso es lo que no ha querido hacer el Gobierno de Estados Unidos, destinar fondos para apoyar a los pueblos de América Latina”, insistió.

Los acuerdos ocurren ante el crecimiento de la migración irregular a través de México, que subió un 77.2% en 2023 hasta superar las 782,000 personas, según la Unidad de Política Migratoria del Gobierno.

Cerca de 2 mil migrantes salieron este lunes de la frontera sur en una caravana denominada “Viacrucis Migrante 2024” que busca llegar al centro del país, donde esperan continuar sus trámites ante las autoridades y, algunos contingentes, seguir su camino hacia Estados Unidos.

Con la movilización, que partió al amanecer desde Tapachula, Chiapas, los migrantes buscan mostrar el dolor humano y las dificultades que padecen en su travesía por México como los robos, las violaciones, las extorsiones, los secuestros e incluso la muerte, indicaron activistas que acompañan el contingente.

Los migrantes “tienen que caminar en el sol o en la lluvia kilómetros y kilómetros aguantando hambre. ¿Quién soporta eso?”, expresó el párroco Heyman Vázquez Medina, miembro de la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia católica.

El sacerdote consideró que la política migratoria de México no ha sido clara porque no resuelve los trámites de regularización e impide a los migrantes abordar el transporte público para avanzar hacia el norte pero los deja caminar por las carreteras donde los detienen para deportarlos.

A los cuestionamientos se sumó el coordinador de la organización civil local Centro de Dignificación Humana AC, Luis García Villagrán, quien acusó al Gobierno federal de endurecer la estrategia contra los migrantes y de perseguirlos de forma implacable.

“Quieren detener estos flujos masivos y ellos no han podido controlar. El único beneficiado en estos nudos humanos es el crimen organizado”, aseguró García Villagrán.

Desde inicios de año, las autoridades migratorias han intensificado las detenciones de extranjeros tras los acuerdos a los que llegaron entre diciembre y enero los gobiernos de México y Estados Unidos para hacer frente al creciente flujo migratorio.

Pese a los operativos, miles de migrantes han continuado llegando a la frontera norte para intentar pasar hacia el territorio estadounidense.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pidió este miércoles a los mexicanos que viven en Texas acercarse a los consulados y “conocer sus derechos” ante los fallos “contradictorios” sobre la ley SB4 de ese estado, que permitiría a las autoridades estatales detener y expulsar a migrantes indocumentados.

“Aconsejamos a personas mexicanas en Texas acercarse a los 11 consulados mexicanos y conocer sus derechos ante actos antiinmigrantes, discriminatorios o de corte racial. ¡No están sol@s!”, escribió la canciller Alicia Bárcena, en su cuenta de X.

La ley SB4, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, convertiría en delito menor el que un extranjero ingrese o intente ingresar a Texas desde otro país de forma irregular, además de facultar a las fuerzas estatales de realizar arrestos migratorios.

Su aplicación desató caos este martes, cuando la Suprema Corte de Estados Unidos primero permitió aplicar la ley antes de escuchar argumentos de fondo, aunque más tarde, cerca de la media noche, el tribunal de apelaciones del Quinto Circuito suspendió su entrada en vigor.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) avisó tras el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos que México no aceptaría a migrantes deportados por el Gobierno de Texas.

En el mismo sentido se posicionó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Al anunciar que la cancillería podría responder por la vía diplomática, calificó la SB4 como “draconiana”, “deshumanizada” e “injusta”.

“Además es violatorio del derecho internacional, no puede uno tener una legislación que corresponde al fuero federal”, dijo AMLO al subrayar que los estados en México y Estados Unidos no pueden tomar medidas en política exterior que corresponden al fuero federal.

López Obrador señaló que si Texas comienza a deportar a migrantes al otro lado de la frontera, el gobierno mexicano no se va a quedar “de brazos cruzados” y habrá una “respuesta”; matizó que el asunto no está todavía definido en las instancias judiciales de la nación vecina.

Las tensiones entre México y el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, han crecido desde el año pasado ante las crecientes medidas antiinmigrantes del estado fronterizo, como las boyas y alambre de púas que colocó en el Río Bravo para disuadir a los migrantes de cruzar.

Apenas el 20 de febrero, el presidente López Obrador tachó de “politiquería” el campamento militar que Abbott pretende construir junto al río. El mandatario ha adjudicado los actos de Texas a que este año coinciden las elecciones presidenciales de México y Estados Unidos.

Los mexicanos en Estados Unidos aportan 324,000 millones de dólares a ese país cada año, por lo que se han convertido en pieza clave para la economía estadounidense, señaló este lunes la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena.

“Lo más injusto de todo es que no se les reconoce la contribución económica que hacen nuestros mexicanos en el exterior. Los mexicanos contribuyen 324,000 millones de dólares en impuestos al erario de Estados Unidos”, señaló la canciller al intervenir en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La funcionaria afirmó que el monto de esta contribución es incluso mayor al Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, que asciende a poco más de 314,500 millones de dólares, según los datos que exhibió.

Aunado a ello, resaltó que cada mexicano que vive en Estados Unidos paga alrededor de 1.38 dólares de impuestos por cada dólar de gasto social del Gobierno de Estados Unidos, mientras que los ciudadanos estadounidenses pagan 0.69 dólares.

“Entonces, los mexicanos estamos contribuyendo mucho más a, incluso, a mantener el Gobierno”, enfatizó. Puntualizó que, actualmente, hay 37.3 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos.

Asimismo, recalcó que siete de cada 10 trabajadores agrícolas en Estados Unidos son de origen mexicano “Cuando nos dicen que nos los van a mandar a todos de regreso, ¿pues quién sabe con quién van a trabajar el campo en Estados Unidos?”, indicó.

Bárcena recordó que los migrantes mandaron unos 63,000 millones de dólares de remesas a México en 2023, pero puntualizó que esto representa solo el 18.5% de su ingreso y el resto lo gastan en Estados Unidos.

“Entonces le dan vuelta a la economía en Estados Unidos y es invaluable porque son nuestros mexicanos, participan en sectores agrícolas, de servicios, de construcción, a pesar de no tener estatus migratorio muchos de ellos”, explicó.

Bárcena señaló que en este Gobierno se ha desarrollado una ‘Estrategia de movilidad humana única’, ante la situación de que México es de los pocos países que enfrenta todas las fases del ciclo migratorio. Destacó los diálogos de alto nivel del presidente López Obrador para pugnar por la regularización de los mexicanos en Estados Unidos.

La canciller mexicana también reconoció el trabajo de la comunidad mexicana en Estados Unidos y su empoderamiento. “Nuestras redes mexicanas en el exterior son muy fuertes”, remató.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, visitó Tijuana para tratar asuntos medioambientales y de migración con las autoridades estatales, desde donde dijo que se deben fortalecer las sanciones para los migrantes que ingresen de forma irregular a su país, como una medida para frenar la crisis que se vive.

Salazar fue recibido por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en las inmediaciones de la Planta de Aguas Negras Punta Bandera, donde se colocó la primera piedra de lo que serán unas obras para evitar la descarga de residuos contaminantes directamente al mar.

El diplomático estadounidense se hizo acompañar de otros funcionarios de su país, con quienes aprovechó también para compartir con autoridades locales algunos otros aspectos que tienen que ver con la relación binacional que atañe a ambos países, como lo es la migración y los constantes cruces irregulares que se dan por esta parte de la frontera.

Salazar señaló que, luego de la reunión que sostuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en diciembre pasado para tratar asuntos de migración, se le dará seguimiento y el próximo 19 de enero estarán “con el mismo equipo en Washington DC para retroalimentar lo convenido”.

Ante la pregunta de la prensa sobre los resultados que ha arrojado la aplicación CBP-One a un año de haber sido instaurada, el embajador resaltó que esta herramienta es solo una parte de lo que se está haciendo y lo que se debe hacer en materia de migración.

“Hay muchas otras cosas qué hacer en la migración y vamos en un trabajo muy de la mano con el Gobierno de México, porque sabemos y estamos viendo números de migrantes que nunca se habían visto en la historia de México y Estados Unidos, sobre todo aquí en la frontera con Tijuana”, dijo.

Ante la insistencia de los medios de comunicación por conocer más sobre los acuerdos convenidos y las futuras acciones del Gobierno de EUA en la frontera, Salazar argumentó que “no se debe hacer política de la realidad y del dolor de los migrantes”; sin embargo, reparó en la cantidad de personas que han llegado tratando de cruzar hacia Estados Unidos.

“Nosotros hemos visto arriba de 20 millones de migrantes solamente en el hemisferio oeste y el compromiso de Estados Unidos y México es el de trabajar y ver de qué manera podemos llegar a una solución”, refirió.

Agregó que para ello él ve tres formas para cómo solucionarlo y detalló que “la primera es que se tienen que atender las raíces de la migración y que un migrante que va a camino de la migración tenga la posibilidad de quedarse en su lugar de origen”.

En segundo lugar, dijo, “es la de organizar legalmente la manera en que alguien que quiera trabajo pueda ir por el camino legal para llegar a estos trabajos y otros derechos legales (que concede el gobierno estadounidense)”, expuso.

Lo tercero, añadió, es que debe haber mayores consecuencias para los migrantes que llegan a la frontera o ingresan a los Estados Unidos, a quienes se les debe aplicar la ley para evitar que sigan llegando muchos más.

“Tiene que haber consecuencias y por eso nosotros en el gobierno estadounidense estamos haciendo un esfuerzo para que eso pase, solamente en las últimas dos semanas hemos mandado arriba de 40 aviones llenos de migrantes hacia sus países de origen, eso va a seguir pasando porque tenemos que crear un sistema de ley que trabajen”, expuso.

Sin mayores detalles, Ken Salazar reiteró que estas son las tres soluciones concretas en las que se estarán enfocando y en las que el gobierno mexicano estará colaborando con ellos desde lo que a su territorio le corresponde.

Las siete horas de caminata, algunas bajo el intenso sol, para 30 kilómetros recorrido, en su paso por Oaxaca, minaron físicamente a una parte del llamado ‘Éxodo de la pobreza’, caravana migrante que se reagrupó luego de que el Gobierno federal la disolvió hace una semana tras partir desde Chiapas.

La caravana avanzó hacia San Pedro Tapanatepec, Oaxaca. En dicho municipio, los organizadores pidieron a las autoridades migratorias la conformación de un corredor humanitario para evitar que cientos de familias, arriesguen sus vidas caminando en las carreteras.

Luis Rey García Villagrán, activista y quien encabeza la caravana, anunció en la localidad de Los Corazones, que la caravana “no puede seguir más en las carreteras”.

“Vamos a pedirle (a las autoridades) que nos brinden un corredor humanitario para que podamos llegar a la Ciudad de México de una manera ordenada y humana, sobre todo humana, que nos dejen pasar, si no nos quieren dar documentos, sí el Gobierno federal no nos quiere dar documentos que nos dejen pasar, ¿Por qué quieren que a fuerza caminemos?”, señaló.

En Tapanatepec, las autoridades municipales improvisaron un campamento para albergar a cientos de migrantes, aunque no cuenta por el momento con servicios médicos y agua potable. Algunas personas de la localidad les proporcionaron comida y agua embotellada.

De acuerdo con los activistas que lideran la caravana, el contingente permanecerá en Tapanatepec por dos días, esperando una respuesta de las autoridades que les permitan viajar en autobuses y con salvoconductos expedidos por el INM a la Ciudad de México.

Este éxodo se da tras un inédito repunte migratorio en diciembre, cuando hubo más de 10,000 cruces irregulares diarios en la frontera entre México y Estados Unidos, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP) confirmó la llegada irregular de más de 2.2 millones de migrantes de enero a noviembre.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Tonatiuh Guillén López, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, y ex Comisionado del INM, sobre el ‘Éxodo de la pobreza’, el desafío que representa para el Gobierno mexicano, y cómo influirá en las negociaciones y acuerdos con Estados Unidos.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, negó los reportes periodísticos que apuntaban a que policías del estado estuvieran involucrados en el secuestro de los 32 migrantes, de los que seis eran de Honduras y 26 de Venezuela, incluyendo tres con doble nacionalidad colombiana.

“En ninguna de las circunstancias de este proceso de investigación y del seguimiento del caso, que como habíamos dicho había videos del C5, y el seguimiento específico de este momento, hay una posibilidad de presencia de esta circunstancia que se plantea y que son suposiciones”, indicó el mandatario estatal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también acusó a sus adversarios de explotar el caso de los 32 migrantes secuestrados el fin de semana pasado y liberados este miércoles en Tamaulipas, en la frontera con Texas, donde aún no hay detenidos por el delito.

“Independientemente de que se trata de asuntos humanitarios, muy delicados, graves, porque está de por medio la vida de seres humanos, no deja de haber politiquería en la actitud de nuestros adversarios, tanto a nivel nacional como en algunos estados”, afirmó en su conferencia matutina.

El hecho ocurrió el 30 de diciembre, cuando hombres armados en cinco camionetas interceptaron un autobús de 37 pasajeros en el municipio de Río Bravo que iba a Matamoros, fronteriza con Brownsville, Texas, según precisó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

“Los delincuentes hicieron bajar de la unidad a los migrantes y se llevaron a 32 de ellos en las camionetas, dejando en el lugar a cinco pasajeros, dos de nacionalidad mexicana y tres venezolanos”, indicó.

Los criminales llevaron entonces a los migrantes a una finca, donde los despojaron de sus pertenencias y llamaron a sus familias que viven en Estados Unidos para exigirles dinero, añadió Rodríguez. Confirmó que en algunos casos los familiares sí pagaron el rescate solicitado por los secuestradores.

Sobre la polémica que generaron las declaraciones de López Obrador, que reconoció que los delincuentes liberaron a los migrantes, pese a que un día antes el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, habían hablado de un “rescate”, la funcionaria así se manifestó:

“Sabemos, por el mismo testimonio de las víctimas, que fueron liberadas ante el despliegue de las fuerzas federales en la zona”.

El plagio, que la secretaria ha llamado “atípico”, ocurre tras las cifras históricas de personas que buscaron entrar a Estados Unidos en diciembre en la frontera con México, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmó el mes pasado la llegada de más de 2.2 millones de migrantes entre enero y noviembre.

Aunque aún no hay detenidos, la secretaria aseveró “ya hay líneas de investigación muy claras para lograr la detención de los responsables”.

El Gobierno federal le ofrecerá un visado por razones humanitarias a los 32 migrantes secuestrados el pasado fin de semana en Tamaulipas, confirmó el Instituto Nacional de Migración (INM).

El INM informó que iniciará el proceso administrativo para otorgarles las tarjetas en cuanto tengan la calidad de víctimas de delito por la fiscalía del estado y solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) su apoyo para validar las distintas acciones y apoyos otorgados

Además, pidió al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) en el estado su intervención “debido a que hay menores de edad y núcleos familiares”.

Esto se anuncia luego de que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconociera que los 32 migrantes secuestrados “fueron liberados” por sus captores y “no rescatados” por fuerzas de seguridad, tal como se anunció el pasado miércoles.

Esa sería la razón de que por el momento no se reporten detenidos relacionados a la privación de la libertad de la que fueron víctimas los migrantes.

Y es que las declaraciones del mandatario contrastaron con las del vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y la titular de la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quienes el miércoles aseguraron que las autoridades “rescataron” a los migrantes.

Por ahora, las autoridades han señalado que los migrantes fueron identificados 26 procedentes de Venezuela y 6 de Honduras.

López Obrador aclaró que la investigación continúa, pero dijo que el móvil del crimen fue para extorsionar a los familiares de los migrantes.

Las autoridades mexicanas conocieron sobre el secuestro el pasado 30 de diciembre, cuando hombres armados interceptaron un autobús en el que viajaban 36 pasajeros que iba de Monterrey a Matamoros, fronteriza con Brownsville, Texas, según expuso la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

Inicialmente se indicó que eran 31 los migrantes secuestrados; sin embargo, cuando se les ubicó luego de ser liberados, se confirmó que en el grupo había un bebé, por lo que el número de víctimas eran 32.

Ahora, el INM precisó que, “tras ser declaradas como víctimas de delito por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, iniciará el proceso administrativo para entregarles dicha tarjeta que les permitirá acceder a diversos servicios públicos y garantizar su derecho humano a la identidad para integrarse a la vida social, económica y productiva del país.

Autoridades confirmaron que fueron 32 los migrantes que fueron localizados la tarde de ayer en Tamaulipas, mismos que fueron secuestrados el pasado 30 de diciembre en el municipio de Río Bravo, además de asegurar que no hay ninguna detención hasta el momento.

“Derivado de la colaboración efectiva entre el Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Tamaulipas, se informa que después del proceso de revisión médica y toma de datos generales para identificación, el total de los migrantes rescatados es de 32 personas, los 31 reportados el 30 de diciembre y un bebé que no había sido reportado en ninguna lista”, aclaró la Vocería de Seguridad Tamaulipas.

Fueron cuatro días los que estuvieron desaparecidos los migrantes, que fueron secuestrados, según los reportes oficiales, por un grupo armado el sábado 30 de diciembre cuando se trasladaban en un autobús de la empresa privada SENDA hacia Matamoros provenientes de Monterrey.

La zona en que ocurrieron los hechos ha sido señalada como una las regiones donde opera una de las facciones del cártel del Golfo identificada como “Los Escorpiones”.

Los presuntos delincuentes obligaron a bajarse a los 36 pasajeros, entre los que se encontraban mexicanos, pero sólo se llevaron a 31 de ellos.

Pese a que diversos medios reportaron han documentado que ya se habían registrados casos similares en la entidad, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que era atípico el número de migrantes secuestrados al señalar que regularmente se reportan secuestros de entre una a tres personas, pero de no de un grupo tan grande.

Tamaulipas, estado donde se registró el secuestro múltiple, enfrenta una ola de violencia debido a las disputas que mantienen distintos grupos del crimen organizado por el control del territorio. Pese a ello, el presidente López Obrador defendió al gobernador, el morenista Américo Villarreal, quien dijo, encabeza un Gobierno íntegro, eficiente y responsable.

Versiones periodísticas de medios locales aseguraron que pese a lo informado por el Gobierno, no hubo un rescate como tal por parte de las autoridades, sino que los 31 migrantes fueron liberados por sus captores en una tienda de autoservicio de la zona.

Es decir, que el operativo que se montó y en el que participaron diversas corporaciones, no rindió frutos pues no logró ubicar o rescatar a los migrantes.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) admitió este jueves que los 32 migrantes secuestrados “fueron liberados” por sus captores y “no rescatados” por el Gobierno, por lo que aún no se reportan detenidos.

“No fueron rescatados, los dejaron libres. Sí, fue una serie de factores, primero esto que les estoy diciendo, que se intervino pronto, todas las autoridades, que es muy buena la autoridad, el gobernador de Tamaulipas (Américo Villarreal). Ayuda también el sensacionalismo porque se sabe en todo el país”, indicó.

Las declaraciones del mandatario contrastan con las del vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quienes este miércoles aseguraron que las autoridades “rescataron” a los migrantes.

En su conferencia matutina, López Obrador aclaró que la investigación continúa, pero que el móvil del crimen fue para extorsionar a los familiares de los migrantes, al reportar un total de 32 víctimas tras sumar una bebé que no se había contabilizado en un principio.

“Eran 31 y una niña de un año, y ya les están tomando declaraciones, la mayoría venezolanos, también hondureños. Parece que no (había mexicanos), que los soltaron a los mexicanos, y era por el cobro, por extorsión, a familiares en Estados Unidos”, detalló.

El Gobierno federal confirmó este miércoles que entre los 31 migrantes secuestrados en el estado de Tamaulipas hay ciudadanos de Colombia, Venezuela, Honduras, Ecuador y México.

Las autoridades conocieron del hecho el pasado 30 de diciembre, cuando hombres armados con pasamontañas interceptaron un autobús de pasajeros que iba de Monterrey a Matamoros, fronteriza con Brownsville, Texas, según detalló la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

“(Fue) en la autopista Reynosa-Matamoros en el kilómetro 6, pasando la caseta de cobro, obligando a 31 de 36 pasajeros que viajaban en el mismo (autobús) a bajarse y a abordar cinco camionetas”, indicó la funcionaria.

“Estos son los hechos, en donde se identifican a personas de varias nacionalidades: venezolanos, ecuatorianos, hondureños, colombianos y mexicanos”, agregó.

Rodríguez comentó que la Fiscalía del Estado de Tamaulipas “está encabezando la investigación con el apoyo del Gobierno” federal, en conjunto con las secretarías de la Defensa, Marina y Seguridad, así como la Guardia Nacional.

Entre las acciones realizadas enunció el seguimiento de los teléfonos para localizar a las personas que participaron en el secuestro, el análisis de los videos que quedaron en el autobús, y el uso de binomios caninos para el rastreo y búsqueda de los migrantes.

“Hay que decir que este tipo de eventos se daba con uno, dos o tres migrantes, pero este número en esa zona es atípico, no es una cuestión que se esté dando frecuentemente, es una cuestión, pero nosotros tenemos confianza en que el operativo búsqueda tendrá resultados, esperemos que más pronto que tarde”, manifestó.

El secuestro en Tamaulipas, uno de los estados más peligrosos para migrantes que atraviesan nuestro país, ha revivido el recuerdo de la masacre de San Fernando en ese estado, donde el cartel de Los Zetas mató a 72 centro y suramericanos en agosto de 2010.

Los plagios de migrantes también marcaron en 2023 a otros puntos del noreste de México, como en Matehuala, donde las autoridades informaron en abril pasado del rescate de más de 100 migrantes, mientras que en mayo se registraron cerca de 50 secuestrados.

El presidente López Obrador prometió informar “lo que se pueda decir, porque se requiere cierto sigilo, están de por medio la vida de las personas, pero sí se va avanzando”.

Y a pesar de que no se informaron avances sustanciales en la búsqueda de los migrantes, el presidente López Obrador reiteró su confianza en el gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, con quien dijo habló para conocer mayores sobre lo sucedido.

AMLO indicó que le daba confianza que en el estado haya un gobernador “íntegro y transparente”.

El hecho ocurre después de las cifras históricas de diciembre de personas que buscan entrar a Estados Unidos en la frontera con México, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmó el mes pasado la llegada de más de 2,2 millones de migrantes de enero a noviembre.

El Gobierno federal disolvió la última caravana de migrantes, que se encontraba desde finales de diciembre avanzando por Chiapas, tras comprometerse a procesar a sus integrantes y otorgarles eventualmente algún tipo de documento que les conceda la estancia legal en el país.

Al informar de los términos del acuerdo al que se llegó con los migrantes, Roberto González López, jefe de la oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas, explicó que los casos de los extranjeros serán canalizados al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

En esta oportunidad, sin embargo, no habrá entrega inmediata de visas humanitarias ni Formas Migratorias Múltiples, como ocurrió con otras caravanas.

Poco después de que se llegó al acuerdo, las autoridades iniciaron el traslado de la mayoría de los migrantes hacia un albergue del DIF ubicado en la aduana de la localidad de Huixtla, cercana a la frontera con Guatemala.

El activista Luis García Villagrán, de la organización local Centro de Dignificación Humana AC, que guiaba al contingente, indicó que de acuerdo con una respuesta formal del INM, se dará prioridad a las familias y a los grupos vulnerables.

García Villagrán pidió a las autoridades migratorias agilizar los procedimientos para entregar los documentos de estancia legal a los migrantes para que puedan continuar su camino hacia otras ciudades de México o la frontera con Estados Unidos.

La caravana, formada por unos 6,000 migrantes, partió en Nochebuena desde Tapachula, en la frontera con Guatemala, y durante cinco días recorrió unos 100 kilómetros en el estado de Chiapas hasta llegar al poblado de Mapastepc, donde se detuvo con la mitad de sus integrantes.

La movilización coincidió con la reunión celebrada a mediados de la semana pasada entre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, para evaluar la crisis migratoria.

La reunión se produjo tras la llamada telefónica del presidente Joe Biden y AMLO el pasado 20 de diciembre para expresarle la preocupación de su gobierno por el creciente flujo de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, donde llegaron a detectarse hasta 12,000 cruces ilegales al día.

Durante el encuentro, las autoridades mexicanas pidieron a Estados Unidos que de prioridad a la reapertura de algunos cruces fronterizos cerrados ante la avalancha de migrantes.

La petición fue atendida días después por Washington, que se comprometió a reanudar a partir del 4 de enero las operaciones en los cruces de Eagle Pass, Texas; San Ysidro en San Diego, California; Lukeville en Arizona y en el puerto peatonal de Morley en Nogales, Arizona, según informó ayer por la noche la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La región registra un flujo migratorio sin precedentes que no ha podido controlarse pese a los intentos de Estados Unidos de abrir nuevos cauces para llegar de forma legal al país, a la vez que endurece las consecuencias de hacerlo de forma irregular.

México detectó más de 680,000 extranjeros en situación irregular de enero a noviembre, según las cifras oficiales. Además, un récord de casi 137,000 personas pidieron refugio en el país.

Un grupo do secuestró a al menos 31 migrantes, en su mayoría venezolanos, mientras viajaban el sábado pasado en un camión por Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos, según confirmó este martes el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Se sabe que es un camión con 30 o 31 migrantes que fueron bajados, dejaron a cinco, se llevaron a los demás migrantes, pero ya se está haciendo la búsqueda desde los primeros momentos”, explicó el mandatario.

López Obrador indicó que la Secretaría de Seguridad del Gobierno federal está investigando el caso, pero enfatizó que aún se desconoce qué grupo realizó el secuestro y por qué motivo.

Según los reportes, los migrantes habrían salido de Monterrey con destino a Matamoros, fronteriza con Brownsville, Texas, para asistir a su cita de asilo humanitario en Estados Unidos.

En tanto, el titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública en Tamaulipas, Jorge Cuéllar, explicó en una entrevista con FOROtv que tras el secuestro, el autobús fue escoltado hasta la central de Matamoros por personal militar, Guardia Nacional y Guardia Estatal para realizar las indagaciones correspondientes.

Asimismo, la armavocería de Seguridad de Tamaulipas informó en sus redes sociales que la noche del lunes encontraron a cinco de los 31 migrantes secuestrados, quienes viajaban en un vehículo sobre la carretera Monterrey-Matamoros con dos de las personas que los habían interceptado en el autobús, quienes después huyeron.

Cuéllar adelantó que “ya hay avances” en la averiguación que se llevan a cabo. “No podemos adelantar información parcial porque podríamos afectar la investigación”, añadió.

La frontera de Estados Unidos y México fue la “ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo” en 2022, con 686 muertos o desparecidos, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publicado en septiembre.

Además, los desplazamientos hacia Estados Unidos alcanzaron una cifra récord el año pasado. Según la patrulla fronteriza estadounidense, entre octubre de 2022 y septiembre de 2023 fueron registrados 2.4 millones de ingresos de migrantes por la frontera sur de Estados Unidos.

El miércoles pasado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, realizó una visita a la Ciudad de México para sostener un encuentro con el presidente López Obrador relacionado a la emergencia migratoria.

México recibió 57,796 millones de dólares de sus ciudadanos residentes en el extranjero entre enero y noviembre de 2023, un aumento interanual del 8.7% respecto al mismo periodo del año anterior, informó este martes el Banco de México (Banxico).

Con ello, se superó en más de 4,600 millones de dólares los 53,157 millones de dólares recibidos en los primeros 11 meses de 2022.

La remesa promedio individual entre enero y noviembre pasados fue de 394 dólares, superior en un 1% a los 390 dólares del mismo periodo de 2022.

El número de operaciones en este mismo lapso creció un 7.7%, al pasar a 146.7 millones desde una cifra previa de 136.2 millones, el 99% de ellas transferencias electrónicas.

Tan solo en noviembre, México captó 4,908 millones de dólares en remesas, un avance interanual del 1.9%, aunque un retroceso mensual del 4.7%.

El aumento de las remesas en 2023 sigue con la tendencia al alza marcada desde marzo de 2020, al inicio de la pandemia de la COVID-19, con más de 40 meses con incrementos interanuales consecutivos, con lo que suponen la principal fuente de ingresos externos para el país.

Por otro lado, Banxico informó que desde nuestro país se enviaron al exterior remesas por valor de 1,135 millones de dólares durante los primeros 11 meses de 2023, un aumento anual de 11.1%.

Recordemos que en 2022, México recibió un récord de 58,497 millones de dólares, un aumento del 13.4% respecto a 2021 y el noveno incremento anual consecutivo.

En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha expresado su agradecimiento en varias ocasiones a los 38 millones de mexicanos que hay en Estados Unidos, de quienes provienen la mayoría de aportes, y a quienes considera “héroes”, al estimar que benefician a cerca de 10 millones de familias pobres.

Según el mandatario, México se convirtió en 2022 en el segundo país del mundo, solo por detrás de India, en volumen de recepción de remesas.

La llegada récord de migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México sigue siendo una alarma para el gobierno del presidente Joe Biden, quien recibe fuertes presiones de los republicanos y al interior de su propio partido.

Solo en los primeros 28 días de diciembre de 2023, la patrulla fronteriza detuvo a 235,000 migrantes que intentaban cruzar de manera irregular la frontera con México, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a los que accedió la cadena CBS.

Esas cifras significan que, cada día, fueron detenidos 8,400 migrantes que intentaban llegar a Estados Unidos.

El dato de diciembre marca un récord: nunca antes se habían registrado tantas llegadas de migrantes desde que comenzaron a recopilarse datos en el año 2000. Este aumento se suma a los más de dos millones que fueron detenidos en el año fiscal 2022 y, de nuevo, en el año fiscal 2023.

Según la CBP, se ha registrado un significativo aumento en los últimos meses en la migración proveniente de Venezuela, Colombia y Haití.

Esa realidad ha desatado una tormenta política que todo indica se intensificará a medida que avance la campaña para las elecciones de noviembre, ya que el expresidente Donald Trump ha usado este asunto para atacar a Biden y movilizar a sus simpatizantes con el objetivo de hacerse con la nominación presidencial republicana.

Para tratar de enfrentar la crisis, Biden envió la semana pasada a México a una delegación de alto nivel que acordó con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) intensificar los esfuerzos de ambas naciones para “interrumpir el tráfico de personas, combatir la trata y desmantelar redes criminales”, según el comunicado final.

Aunque no se anunciaron acuerdos concretos después de la reunión, el sábado México y Venezuela informaron de la reanudación de los vuelos para repatriar a los venezolanos que se encuentran en territorio mexicano, una medida que servirá para disminuir el número de venezolanos que llega a Estados Unidos.

También se han reabierto los pasos fronterizos que Estados Unidos había cerrado, poniendo fin a una situación que podría haber provocado pérdidas millonarias para la economía de nuestro país.

Las negociaciones se reanudarán este mes en Washington cuando se espera que altos cargos de EE.UU. y México evalúen nuevas medidas, según confirmó un portavoz de la Casa Blanca a la agencia Efe.

Paralelamente, Biden está inmerso en una espinosa negociación con los republicanos del Congreso, que han dejado claro que solo aprobarán la ayuda a Ucrania que el mandatario lleva pidiendo meses si él accede a tomar medidas para debilitar el sistema de asilo y reforzar la frontera.

El presidente ha manifestado su disposición a realizar “compromisos significativos en la frontera” y, según medios, podría estar considerando restablecer el polémico Título 42, utilizado por primera vez por Trump durante la pandemia para deportar de manera inmediata a los migrantes sin permitirles solicitar asilo y que Biden mantuvo en vigor hasta mayo del año pasado.

En respuesta, muchos demócratas están pidiendo a Biden que no ceda a las exigencias de los republicanos y cumpla con las promesas que hizo en la campaña de 2020 para restaurar la humanidad en el sistema migratorio.

Todas las partes, republicanos y demócratas, coinciden en que el sistema migratorio está “roto” pero llevan años sin poder llegar a acuerdos para mejorarlo. La última vez que el Congreso aprobó una ley para regular a un gran grupo de migrantes indocumentados fue en 1986, con Ronald Reagan en la Casa Blanca.