El gobernador  republicano del estado de Arkansas, Estados Unidos,  Asa Hutchinson, programó la pasada semana las ejecuciones de ocho presos condenados a muerte en un lapso de diez días entre el 17 y el 27 de abril porque está a punto de  caducar una cuestionada droga que se usa en el procedimiento de inyección letal.

Esta droga expira en abril y se ha empleado en un buen número de ejecuciones por inyección letal, un procedimiento con un alto grado de inexactitud. Sus críticos argumentan que el componente de esa droga es un sedante, no un anestésico, y por lo tanto no anula completamente el dolor que sienten los condenados durante la última y definitiva ronda de inyecciones. Las compañías farmacéuticas han restringido su distribución y algunos estados directamente no encuentran ya suministros.

Hutchinson tomó esta decisión después de que la semana pasada el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazara una demanda interpuesta por un grupo de presos en contra de las inyecciones letales utilizadas por el estado de Arkansas y diera así luz verde a reanudar ese castigo.

“Arkansas no ejecuta a ningún preso desde 2005 y era uno de los numerosos estados del país con la pena de muerte estancada en los tribunales por litigios contra sus protocolos. “Esta medida es necesaria para cumplir con lo estipulado por la ley, pero también es importante para que las familias de las víctimas, que han vivido mucho tiempo con litigios en los tribunales e incertidumbre, puedan cerrar este capítulo”, concluyó Hutchinson.

Con información de Agencias