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Durante 2019 se redujeron las ejecuciones por pena de muerte en el mundo, pero aumentaron en algunos países como Arabia Saudita, China e Irak, según un informe publicado hoy por Amnistía Internacional (AI).

Mientras que en 2018 se contabilizaron 690, en 2019 hubo una reducción de casos hasta llegar a 657, lo que hizo que la tendencia de decrecimiento se mantuviera por cuarto año consecutivo.

Sin embargo, mientras a nivel internacional, la tendencia ha sido de reducir la pena de muerte, en algunos países como China, Arabia Saudita e Irak, las cifras han aumentado sensiblemente.

Las autoridades sauditas ejecutaron a 184 personas el año pasado, el número más alto registrado por Amnistía en un solo año en el país. Irán se mantiene en el segundo lugar, sólo después de China, y en Irak se duplicaron los casos entre 2018 y 2019.

En el caso de China, aunque Amnistía Internacional informó alrededor de mil casos, no se tienen cifras oficiales, debido a que las ejecuciones son un secreto de Estado en el país asiático.

Amnistía informó que en Irán e Irak, la principal causa de ejecuciones es por delitos relacionados con las drogas y el narcotráfico; mientras tanto, en Arabia Saudita, se ha documentado el uso de la pena de muerte para opositores políticos, lo que también fue rechazado por la organización.

En el caso de éste último país, se menciona, por ejemplo, la ejecución de 37 personas que fueron juzgadas y condenadas con base en confesiones hechas bajo tortura. En esas confesiones, los condenados afirmaron ser terroristas.

Además garantizó que no hay ninguna prueba fidedigna ha demostrado que la pena de muerte realmente desincentiva la comisión de delitos.

La fiscalía de Arabia Saudita solicitará la pena de muerte para al menos cinco personas presuntamente relacionadas con el asesinato del columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi, según reportaron medios estatales del reino este jueves coincidiendo con la primera vista judicial de 11 sospechosos.

La agencia Saudi Press y la televisora estatal dieron pocos detalles sobre la audiencia y no identificaron a los sospechosos por su nombre. Por su parte, la fiscalía informó en un comunicado que los acusados estuvieron acompañados por sus abogados.

La fiscalía envió una petición a Turquía para acceder a las evidencias recopiladas por Ankara tras el asesinato de Khashoggi en el consulado saudí de Estambul el pasado 2 de octubre, señaló el comunicado.

“Hasta la fecha no se ha recibido ninguna respuesta y la Fiscalía sigue esperando una respuesta”, señala la nota.

Funcionarios turcos no pudieron ser contactados de inmediato para obtener comentarios, pero anteriormente comentaron que compartieron las pruebas con Arabia Saudita y otras naciones.

Khashoggi había escrito columnas críticas contra el poderoso príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman.

En un primer momento, Riad negó que Khashoggi hubiese sido asesinado, pero después cambió su versión y reconoció el asesinato semanas más tarde.

Medios turcos publicaron imágenes de miembros del séquito del príncipe heredero en el consulado de Estambul antes del asesinato. El cuerpo de Khashoggi, que se cree que fue descuartizado tras su muerte, todavía no ha aparecido.

El presunto atacante contra una  sinagoga de Pittsburgh, en donde murieron 11 personas el sábado pasado, fue acusado hoy de 44 cargos por un gran jurado federal, informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El hombre de 46 años fue acusado de crímenes de odio que resultaron en muerte, entre otros cargos, por supuestamente haber atacado la sinagoga “El Árbol de la Vida” en el barrio de Squirrel Hill en Pittsburgh, en el estado de Pensilvania.

Además de los 11 muertos, seis personas más, entre ellas cuatro policías, resultaron heridas. El propio supuesto atacante también fue herido por disparos de la policía, por lo que esta semana se lo vio aparecer en los tribunales en silla de ruedas. 

El acusado mencionó su deseo de “matar judíos” en el momento de perpetrar el ataque, según el Departamento de Justicia. Además, sus cuentas en redes sociales muestran numerosas publicaciones racistas y comentarios en los que dice que los judíos son los culpables por el ingreso de inmigrantes hispanos a Estados Unidos.

Según las autoridades, el hombre podría enfrentarse a la pena de muerte o a la cadena perpetua sin libertad condicional, seguida de una sentencia a 535 años de prisión.

 

Foto: Twitter 

Luego de la conmoción que causó el asesinato de una niña de ocho años en la entidad, el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, insistió en que seguirá impulsando su propuesta de la pena de muerte.

“Yo he planteado lapena de muertey seguiré insistiendo en que para que México se tranquilice, para que ya nadie asesine a una mujer, viole a un niño o secuestre a alguien, se tiene que poner lapena de muerte”, aseguró en una rueda de prensa que ofreció la tarde de ayer.

Afirmó que el sistema de justicia presenta fallas al permitir que personas que tienen antecedentes penales permanezcan libres, lo que es deja el camino libre para volver a cometer delitos. Además reprochó que ante las faltas cometidas, los abogados los puedan librar de pisar la cárcel aprovechando los vacíos de la ley.

El gobernador adelantó que en los próximos días se reunirá con los Diputados federales electos del estado, a quienes les pedirá que impulsen la iniciativa que propuso en campaña.

“Ellos van a ir a una nueva Legislatura y tendremos reuniones con ellos para sensibilizarlos de que tienen, ahora sí, que ponerse las pilas y poder trabajar en la modificación de la ley para que se permita la pena de muerte, para que se permita el castigo más severo a quienes cometan los delitos de feminicidio, de quienes atacan a un policía o a la autoridad”, remató.

 

Con información de El Debate / Foto: Archivo APO

A propuesta del candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, el diputado federal Gilberto Rodríguez Garza presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para establecer la mutilación y la pena de muerte contra funcionarios corruptos y quienes cometen delitos de alto impacto.

El legislador señaló que coincide plenamente con las propuestas realizadas por El Bronco, pues está convencido de la necesidad de medidas radicales para terminar de tajo con la corrupción y reducir la tasa de homicidios.

Tras la presentación del documento, el Diputado aclaró que la mutilación sería únicamente en contra de funcionarios públicos que hagan mal uso de los recursos públicos y no contra ciudadanos en general. “La pena de mutilación solo podrá aplicarse por los delitos de cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y cualquier otro cometido por estos en detrimento del patrimonio de la nación”.

En el caso de la pena de muerte, aclaró que solo podría aplicarse a quien comenta los delitos de homicidio, secuestro, violación, genocidio y traición a la patria.

El Bronco ha reiterado que la impunidad y la falta de penas más severas son solo algunas de las causas por las cuales los delincuentes son cada vez más violentos al momento de realizar un robo, secuestro o cometer un asesinato. Recordemos que la propuesta surgió durante el primer debate presidencial.

 

El inmigrante mexicano Luis Bracamontes fue sentenciado a pena de muerte por un jurado del condado de Sacramento, que lo encontró culpable de la muerte de dos policías en 2014, y que durante su proceso judicial amenazó con asesinar a más agentes de la policía.

Bracamontes, quien fue deportado en varias ocasiones a México, mostró una actitud burlona y al recibir su sentencia se rió y aplaudió continuando con el tipo de comportamiento que tuvo durante su proceso judicial. Familiares y amigos de los dos agentes asesinados hicieron declaraciones muy emotivas antes de la sentencia. El exdiputado del condado de Placer, Chuck Bardo, llamó a Bracamontes “un monstruo y un cobarde”.

Bracamontes fue declarado culpable de disparar al ayudante del sheriff del condado de Sacramento, Danny Oliver, en 2014, y luego de matar al sheriff del condado de Placer, Michael Davis Jr., unas horas después. Los fiscales habían buscado la pena de muerte para el acusado, quien en repetidas ocasiones ha declarado ante el tribunal que mató a los agentes y deseó haber matado a más policías.

Sus abogados argumentaron que tiene una enfermedad mental y que consumió metanfetamina durante el tiroteo en el murieron los dos agentes policiales, sin embargo un juez encontró a Bracamontes competente para enfrentar un juicio y se negó a declararlo no culpable por demencia.

 

Con información de Notimex / Foto: Twitter @ElInformanteUS

La defensa de Nikolas Cruz, el autor confeso del tiroteo donde 17 personas perdieron la vida en una secundaria de Parkland, Florida, ofrecerá declararse culpable de los crímenes para salvarse de ser sentenciado a la pena de muerte.

 

Autoridades del condado de Broward confirmaron la oferta, que sin embargo, debe se aprobada o rechazada por el estado de Florida, según publicaron hoy medios locales.

 

Cruz, que había padecido problemas de salud mental, ha sido acusado de 17 asesinatos premeditados y se encuentra encarcelado a la espera de juicio.

 

“Él cometió este crimen. Todos lo vieron. Todos lo saben. Él lo admitió “, aseguró el defensor público Howard Finkelstein al diario Miami Herald. “El crimen es horrible y más allá de las palabras. Esto se reducirá a un problema: ¿él va a vivir o a morir?”, agregó.

 

Recordemos que el joven, que había recibido tratamiento psiquiátrico por un tiempo en una clínica de problemas mentales, había sido expulsado de la escuela donde cometió el crimen el año pasado tras una pelea con la pareja de su exnovia.

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO

Sayfullo Saipov, autor del atentado terrorista vivido la tarde de este martes en Nueva York fue dado de alta del hospital donde fue internado tras resultar herido durante la neutralización que la policía realizó. Aún en silla de ruedas,  fue presentado ante un juez para después ser  trasladado a prisión.

 

La fiscalía reveló algunos detalles del interrogatorio que realizó al atacante, en donde de acuerdo a lo difundido, Saipov habría elegido el día de Halloween “para estar seguro de que habría mucha gente en las calles”; además de que aseguró estar “satisfecho de lo que hizo”, al grado de que pidió  colgar una bandera negra del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en la habitación del hospital donde estuvo internado.

 

Al respecto, el presidente Donald Trump reaccionó y aseguró que el uzbeko de 29 años debía recibir la pena de muerte.

 

 

“El terrorista de NYC estaba contento cuando pidió colgar la bandera de ISIS en su habitación del hospital. Mató a 8 personas, y 12 gravemente heridas. ¡DEBERÍA OBTENER LA PENA DE MUERTE!”, indicó el mandatario a través de sus red social.

 

En un segundo mensaje afirmó que a pesar de que le “encantaría enviar al terrorista de Nueva York a Guantánamo”, reconoció que el proceso para lograrlo lleva mucho más tiempo que optar por el sistema federal.

 

 

El republicano remató con otro mensaje en que indicó que “también es apropiado mantenerlo (al atacante) en el lugar donde cometió el horrible crimen”, e insistió que el atacante merecía la “¡PENA DE MUERTE!”

 

Con información de Medios / Foto: Archivo APO

 

 

El gobernador  republicano del estado de Arkansas, Estados Unidos,  Asa Hutchinson, programó la pasada semana las ejecuciones de ocho presos condenados a muerte en un lapso de diez días entre el 17 y el 27 de abril porque está a punto de  caducar una cuestionada droga que se usa en el procedimiento de inyección letal.

 

Esta droga expira en abril y se ha empleado en un buen número de ejecuciones por inyección letal, un procedimiento con un alto grado de inexactitud. Sus críticos argumentan que el componente de esa droga es un sedante, no un anestésico, y por lo tanto no anula completamente el dolor que sienten los condenados durante la última y definitiva ronda de inyecciones. Las compañías farmacéuticas han restringido su distribución y algunos estados directamente no encuentran ya suministros.

 

Hutchinson tomó esta decisión después de que la semana pasada el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazara una demanda interpuesta por un grupo de presos en contra de las inyecciones letales utilizadas por el estado de Arkansas y diera así luz verde a reanudar ese castigo.

 

“Arkansas no ejecuta a ningún preso desde 2005 y era uno de los numerosos estados del país con la pena de muerte estancada en los tribunales por litigios contra sus protocolos. “Esta medida es necesaria para cumplir con lo estipulado por la ley, pero también es importante para que las familias de las víctimas, que han vivido mucho tiempo con litigios en los tribunales e incertidumbre, puedan cerrar este capítulo”, concluyó Hutchinson.

 

 

Con información de Agencias