El obispo emérito de la diócesis de Tapachula, Jaime Calderón, afirmó que en la sierra fronteriza con Guatemala, la zona de donde huyeron esta semana casi 600 personas para refugiarse en territorio guatemalteco, la población civil fue obligada a “participar como escudos humanos” en los enfrentamientos entre los grupos del crimen organizado que se disputan esa región.
En un escrito fechado el miércoles, el clérigo indicó que a la dolorosa situación en la que ya vivía esa región, con sus habitantes “secuestrados” en sus comunidades y obligados a pagar extorsiones o a estar en los retenes viales impuestos por los criminales, se unió en las últimas fechas el “ser amedrentados, amenazados y obligados a participar como escudos humanos en los enfrentamientos de los cárteles de la droga”.
Según el comunicado, esto pasó el 20 y 22 de julio, aunque no mencionó comunidades concretas.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, confirmó el miércoles la llegada a su país de familias mexicanas refugiadas que huían de la violencia. Hasta ahora, los servicios de atención de Guatemala atendían al menos a unas 580 personas, niños, mujeres, hombres y ancianos que cruzaron la frontera desde México al país vecino en busca de refugio.
Llegaron a varios puntos del municipio de Cuilco, en el departamento de Huehuetenango, desde el martes 23 de julio, un día después de la fecha mencionada en el comunicado del obispo.
En un documento de las autoridades guatemaltecas al que tuvo acceso la agencia AP, los desplazados indicaban que abandonaron sus hogares ante la escasez de alimentos y la violencia entre grupos del crimen organizado.
Y es que según reportes periodísticos, el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación llevan más de un año luchando por el control de las rutas de tráfico de migrantes, drogas y armas en Chiapas, estado que conecta con Centroamérica y donde el crimen está utilizando conflictos locales para dividir a las comunidades.
“La situación es desesperante, es muy complicado vivir así”, indicó el obispo en su escrito en referencia a toda la sierra fronteriza.
Pidió protección y ayuda para la población y acusó a las autoridades locales y federales no hacer nada para cuidar a la ciudadanía.
“Por un lado, secuestrados en casa propia, obligados a hacer lo que no deben, con un profundo sentido de impotencia ante lo incomprensible de la situación que viven, la gente de los cárteles que disponen a su antojo de la población; y por el otro, la presencia de los destacamentos de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano que hacen nada por la población a la que ven sufrir día a día”, añadió.
Según denunció Calderón, los militares reciben órdenes del Gobierno para tener “presencia en el territorio sin intervenir para proteger a la población” y los cárteles “nos quieren someter al silencio”, amenazando a la población para que “no se sepa ni se crea lo que estamos viviendo y sufriendo día a día”.
