En la región de Latinoamérica y el Caribe, 17 millones de personas, un 3% de la población, tiene un acceso limitado básico al agua o la consumen de fuentes no aptas, mientras más de 160 millones carecen de acceso a agua segura.
Según los datos de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, de una población en la región de casi 650 millones de personas repartidos en 33 países, más de 430 millones no tienen acceso a saneamiento seguro, derechos recogidos en el listado de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-2030 de Naciones Unidas.
300 millones de personas en las urbes no tienen sistemas de alcantarillado y más de diez millones defecan al aire libre, lo que conlleva un riesgo muy alto y grave para la salud y la seguridad de las personas.
A pesar de que Latinoamérica posee el 31% de fuentes de agua dulce y de que ha habido progresos en la provisión de los servicios de abastecimiento de agua, sigue existiendo una brecha entre el abastecimiento de agua gestionada de forma segura en zonas rurales (53%) frente a las zonas urbanas (81%), según datos del Programa conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Unicef y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El cambio climático y la influencia del fenómeno meteorológico de El Niño han provocado el incremento del estrés hídrico en la región, con sequías más persistentes, como la que afecta desde hace aproximadamente cuatro años al sur de Latinoamérica, en Argentina, Paraguay o Uruguay, donde miles de hectáreas de cultivos de soja o maíz no han progresado.
Lo mismo sucede en casi toda Centroamérica, con consecuencias económicas graves y que está provocando la migración de cientos de miles de personas de toda la región hacia el norte global, creando conflictos sociales y políticos con países como México y Estados Unidos ante su llegada.
Según datos del Banco Mundial, después de la pandemia, la región latinoamericana y caribeña es la que menos creció desde 2020, un descenso en el crecimiento influenciado por el cambio climático, cuyos impactos suponen en la región 1.7 puntos del PIB anual.
El impacto del cambio climático y el estrés hídrico en la región ha afectado, además, al canal de Panamá, donde el caudal de agua se ha reducido tanto que no se acumula de forma suficiente para alcanzar los niveles para llenar las esclusas para el paso de los barcos de mercancías que atraviesan la infraestructura.
La contaminación de las fuentes de agua con la minería legal e ilegal es otro de los graves problemas, como en Argentina y Bolivia con la extracción de litio, uno de los componentes más utilizados en la tecnología para las energías renovables y los vehículos eléctricos. Para producir una tonelada de litio se requieren 2,2 millones de litros de agua, según datos del informe de la Unesco publicado esta semana.
Los expertos señalan que la financiación climática y el multilateralismo son esenciales para superar los problemas del agua en Latinoamérica y el Caribe.
Estos datos se enmarcan en el Día del Agua, que este año tiene como lema ‘Agua para la paz’. México conmemora el día en medio de una “sequía severa” en la capital del país, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Durante el último año, la situación del agua en México se ha mantenido crítica, y activistas y organizaciones llevan años advirtiendo de que el sistema de aguas es deficiente, que las grandes empresas hacen un uso desmedido de este líquido y que la emergencia climática mundial está secando las presas.
Además, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló esta semana que solo el 52.3% de la población urbana de México cuenta con un suministro constante de agua potable.
A esto se suma la reducción del presupuesto asignado a las diversas autoridades que participan en la gestión del agua en el Valle de México, la ausencia de un marco institucional o de gobernanza moderno, las bajas tarifas y altos subsidios no cubren en su totalidad el costo real del suministro de agua.
