Una casa de migrantes en Tabasco cerró sus instalaciones, al menos por un mes, debido a una serie de contagios de COVID-19, mientras que puso a un centenar de personas en cuarentena, informaron este jueves los directivos de la casa.

Los encargados de la casa refugio y hogar para migrantes La 72, en Tenosique, Tabasco, contaron que tres mujeres migrantes, procedentes de Guatemala, dieron positivo a una prueba contra el COVID-19, situación que los puso en alerta.

El cierre se dio como medida de prevención para que en las próximas semanas puedan atender el flujo de migrantes en su paso por la frontera sur del estado.

El director de la casa de migrantes, Fray Gabriel Romero, reveló que el cierre es una medida precautoria y todo el personal que trabaja en el lugar, cerca de 25 voluntarios, directivos, además de unos 70 migrantes, cumplen una cuarentena en aislamiento ante la sospecha de contagios.

Las tres migrantes de origen hondureño, entre 20 y 30 años, permanecen con buen estado de salud y están aisladas del resto, mientras que la pareja de una de ellas, dio negativo a una prueba.

“Se dieron tres casos de COVID dentro de la casa y volvimos a la dinámica de cerrar, de aislarnos y cuidar el albergue y a las personas que están dentro. Pedimos respeto para que no ingresen más personas (migrantes) hasta salir de esta situación”, dijo Romero.

Mientras la casa migrante cerró, unas 32 ONG’s reclamaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado mexicano garantice los derechos de los migrantes, en una sesión en la que expusieron la situación de este colectivo en el país.

La CIDH celebró este jueves una audiencia virtual en la que las 32 organizaciones expusieron la situación de DD.HH. de las personas migrantes en México, según informó el Centro Prodh.

La organización explicó que durante la audiencia “se subrayó la militarización de fronteras y la política migratoria con participación tanto de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Guardia Nacional (GN)”, además de la práctica sistemática de “devoluciones en caliente” o “pushbacks” que tiene como objetivo disuadir y criminalizar la migración y la búsqueda de protección internacional.

Las ONG’s también acusaron “la negativa sistemática” por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) para el acceso de las personas con necesidades de protección internacional a los procedimientos de asilo en México y su expulsión por fronteras terrestres y áreas.

Esto, dijeron, deriva en la violación al principio de “no devolución”, práctica que resulta en otras violaciones a derechos humanos como detenciones ilegales, separación familiar y la falta de acceso a la justicia.

En su intervención, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Guillermo Fernández Maldonado, remarcó que los esfuerzos para garantizar una migración segura “se están viendo afectados con el despliegue de Fuerzas Armadas y otros cuerpos policiales”.

Además, durante la audiencia se reiteró la solicitud hecha a la CIDH para que realice una visita a las fronteras de México para presenciar y observar la situación de las personas migrantes y solicitantes de asilo, y el actuar de las autoridades.

Ana Paula Ordorica es una periodista establecida en la Ciudad de México. Se tituló como licenciada en relaciones internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene estudios de maestría en historia, realizados en la Universidad Iberoamericana.



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