El Congreso de la Ciudad de México aprobó una ley de control de alquileres, con la cual se limita el alza en las rentas al índice inflacionario del año previo.
Se explica que las rentas en la capital del país fueron congelados en la década de 1940, y permanecieron así durante décadas en los edificios más viejos de la urbe; sin embargo, esos controles fueron cancelados en gran medida en la década de 1990.
La nueva ley, que fue aprobada con 50 votos a favor en lo general y en lo particular al Código Civil y a la Ley de Vivienda, señala que los arrendadores registren todos los acuerdos de renta ante la ciudad.
La Ciudad de México, al igual que muchas en todo el mundo, ha sido escenario de quejas de que las rentas estaban incrementándose desmedidamente debido a los alquileres a corto plazo y la llegada de nómadas digitales; en estas críticas influyó mucho el papel de plataformas como Airbnb.
En años recientes, análisis sugieren que una escasez de terrenos y de propiedades comercializables ha generado un mercado de bienes raíces encarnizado en el que los precios de las propiedades se incrementaron muy por encima del índice inflacionario.
Pese al avance que representa, especialistas han señalado que la nueva ley no atiende el verdadero problema de la Ciudad: una escasez de unidades habitacionales.
Los legisladores calculan que hay aproximadamente 2.7 millones de casas y departamentos en la ciudad, pero los estudios realizados sugieren que se necesita cerca de 800 mil más para atender la demanda.
Desde hace tiempo la ciudad ha dependido de desarrolladores privados para construir vivienda, y se desconoce si la nueva ley podría desalentar la inversión en la construcción residencial.
Por lo pronto, el dictamen garantiza la producción pública de vivienda en arrendamiento asequible para las personas de menores ingresos, lo cual estará a cargo del gobierno capitalino.
