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El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, presentó las líneas generales de su paquete de estímulo económico por 1.9 billones de dólares que pondrá a consideración del Congreso e incluye millonarios recursos adicionales para la vacunación y las pruebas de la Covid-19.

A escasos seis días de asumir el cargo, el líder demócrata da a conocer el llamado «Plan de Rescate Estadounidense», con el que espera reanimar al aparato productivo del país más golpeado por la pandemia, con 23.3 millones de casos positivos y 387,103 muertes, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

La iniciativa, que deberá recibir el aval del Congreso al igual que los paquetes aprobados previamente, incluye una ronda de pagos directos por 1,400 dólares, un suplemento de seguro de desempleo de 400 por semana hasta septiembre, una ampliación de la licencia pagada y aumentos en el crédito tributario por hijos, según un resumen adelantado a los periodistas.

De igual forma, destina 160,000 millones de dólares para el programa de vacunación en el país, 20,000 millones para las tareas de distribución de las dosis, así como 50,000 millones de dólares para pruebas.

También propone invertir 170,000 millones en escuelas e instituciones de educación superior, incluido un monto de 130,000 millones para asegurar que los establecimientos educativos puedan reabrir de manera segura pese a la pandemia de coronavirus.

La propuesta contempla aumentar el salario mínimo federal a 15 dólares por hora y estipula 350,000 millones de dólares en fondos de emergencia para gobiernos estatales y locales, señalaron los informes.

En diciembre pasado, el Congreso aprobó un paquete de estímulo económico por 900,000 millones de dólares, que incluyó el pago de 300 dólares a la semana a cada desempleado y prorrogó hasta el 31 de enero una norma que suspendía los desahucios y que iba a expirar a finales de año.

Además, incluyó 325,000 millones de ayuda a pequeñas y medianas empresas, 45,000 millones a los sistemas de transporte público, 13,000 millones en asistencia alimentaria y 82,000 millones para que las escuelas puedan reparar sus instalaciones y adecuarlas a la enseñanza en medio de la pandemia. Para las aerolíneas destinó 15,000 millones para pagar los salarios de sus trabajadores.

En marzo del año pasado, cuando el país sufrió el mayor impacto de la pandemia, el Congreso avaló otro paquete de ayuda, por valor de 2.2 billones de dólares, el mayor de la historia del país.

Una semana después de que los seguidores del presidente Donald Trump irrumpieran en el Capitolio, la Cámara de Representantes votará este miércoles para acusar al mandatario por su papel en lo que consideran un golpe a la democracia estadounidense y dejó cinco muertos.

El Congreso de Estados Unidos inició esta mañana los debates sobre la apertura de un nuevo juicio político (impeachment) al presidente Trump.

Se espera que la Cámara de Representantes vote la acusación formal alrededor de las 15:00 hora local, aunque el resultado está claro desde ahora, ya que los demócratas tienen mayoría en la Cámara baja.

Al menos cinco legisladores republicanos han dicho que se unirán a los demócratas para acusar a Trump por segunda vez, siete días antes de que deje el cargo y el presidente electo Joe Biden preste juramento el 20 de enero.

Una votación mayoritaria de la Cámara baja pondría en marcha un juicio en un Senado aún bajo control republicano, aunque no está claro si dicha instancia se celebraría a tiempo para sacar a Trump de La Casa Blanca.

Los demócratas avanzaron en una votación de juicio político después de que el vicepresidente Mike Pence rechazara un esfuerzo para persuadirlo de que invocara la 25 Enmienda de la Constitución de Estados Unidos para destituir a Trump.

«No creo que tal acción esté en el mejor interés de nuestra nación ni sea coherente con nuestra Constitución», dijo Pence en una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.

Pese a la carta, la Cámara aprobó una resolución ayer por la noche pidiendo formalmente a Pence que actúe. La votación final fue de 223-205 a favor.

Mientras, había indicios de que el control dominante de Trump sobre el Partido Republicano estaba comenzando a disminuir. Al menos cinco republicanos de la Cámara de Representantes, incluida Liz Cheney, miembro del equipo de liderazgo de su partido, dijeron que votarían por su segundo juicio político, una perspectiva que ningún presidente antes de Trump ha enfrentado.

«Nunca ha habido una traición mayor por parte de un presidente de Estados Unidos a su cargo y su juramento a la Constitución», dijo Cheney, hija del exvicepresidente Dick Cheney, en un comunicado. Trump «convocó a esta turba, reunió a la turba y encendió la llama de este ataque», agregó.

Otros cuatro congresistas republicanos, Jaime Herrera Beutler, John Katko, Adam Kinzinger y Fred Upton, dijeron que también respaldarán el juicio político. En una excepción a su procedimiento estándar, los líderes republicanos de la Cámara no instaron a sus miembros a votar en contra de la impugnación de Trump, diciendo que es un asunto de conciencia individual.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó este jueves pronunciarse sobre el episodio de violencia que se registró ayer en Washington, Estados Unidos, causada por los seguidores de Donald Trump, al argumentar que la política exterior mexicana es de no intervención.

“No vamos nosotros a intervenir en estos asuntos que competen a los estadounidenses, esa es nuestra política, eso es lo que puedo comentar», respondió López Obrador al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Las declaraciones de AMLO llegan un día después del asalto al Capitolio por parte de los seguidores de Trump que se niegan a reconocer su derrota electoral, un asedio que duró casi cuatro horas y dejó cuatro muertos, 14 policías heridos y al menos 52 detenidos.

Países como Canadá, España, Reino Unido, Francia, Australia, y otros latinoamericanos como Chile, Argentina, Uruguay, Colombia e incluso Venezuela se pronunciaron al respecto y condenaron los hechos de violencia; sin embargo, López Obrador insistió en que la Constitución de México no permite opinar.

«La Constitución establece en los conflictos internacionales la solución pacífica de las controversias, y esto también debe ser norma en lo interno, por lo demás no tomamos postura, deseamos que siempre haya paz, que prevalezca la democracia, que es el poder del pueblo, y que haya libertades, eso es todo”, añadió.

La postura de López Obrador contrasta con la del presidente del Senado, Eduardo Ramírez, y el líder de la bancada de Morena en el Senado , Ricardo Monreal, quienes sí condenaron los hechos a través de sus redes sociales.

Aunque López Obrador ha defendido su neutralidad exterior, ha despertado críticas de la oposición luego de haber ofrecido asilo político al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y al fundador de Wikileaks, Julian Assange. La oposición también lo acusó de ayudar a la campaña de reelección de Trump con su visita a Washington en julio pasado, el único viaje al extranjero que ha hecho como jefe de Estado.

Otro punto a destacar, es que López Obrador tardó cerca de un mes en reconocer a Joe Biden como presidente electo al recordar el fraude electoral que él afirma que padeció en 2006, cuando perdió la presidencia frente al ahora expresidente Felipe Calderón.

López Obrador, quien ha presumido su «muy buena relación» con el presidente Donald Trump, se limitó a pedir que prevalezca la paz.

«Siempre es muy lamentable el que se pierdan vidas humanas, en eso sí podemos expresarnos, siempre hemos buscado que todos los conflictos, y esto aplica para política exterior y para política interna, se resuelvan mediante el diálogo y la vía pacífica», sostuvo.

Horas después de que partidarios del presidente Donald Trump irrumpieran en el Capitolio de Estados Unidos en un intento por impedir la certificación de Joe Biden como próximo presidente, el Congreso certificó formalmente la madrugada de este jueves la victoria electoral del demócrata.

El Congreso reanudó la noche de ayer el proceso de certificación del triunfo de Biden en el Colegio Electoral, tras las caóticas escenas vividas en el Capitolio. Después de un debate que se extendió hasta las primeras horas del jueves, el Senado y la Cámara de Representantes rechazaron dos objeciones al recuento y certificaron el cómputo final de 306 votos para Biden y 232 para Trump en el Colegio Electoral.

Al declarar los totales finales de la votación, el vicepresidente Mike Pence dijo que «debería ser considerada como una declaración suficiente de las personas elegidas presidente y vicepresidenta de Estados Unidos».

La vicepresidenta electa, Kamala Harris, asumirá el cargo junto a Biden.

Aunque el resultado del proceso de certificación nunca estuvo en duda, la sesión fue interrumpida por una turba que superó las vallas metálicas de seguridad, rompió ventanas y escaló muros para irrumpir en el Capitolio. La policía dijo que cuatro personas murieron durante los disturbios, una por heridas de bala y tres por emergencias médicas, y que 52 personas fueron arrestadas.

El asalto al Capitolio fue la culminación de meses de una escalada retórica divisiva en torno a los comicios del 3 de noviembre, con reiterados comentarios falsos de Trump sobre una votación amañada y llamados a sus seguidores para que le ayudaran a revertir su derrota.

Minutos después de la certificación, La Casa Blanca emitió un comunicado en el que se comprometía a «una transición ordenada el 20 de enero», día que Biden llegue al poder, aunque volvió a mostrarse «totalmente en desacuerdo con el resultado de las elecciones».

«Siempre he dicho que continuaríamos nuestra lucha para asegurar que solo se contaban los votos legales. ¡Aunque esto representa el fin del mejor primer mandato en la historia presidencial, solo es el comienzo de nuestra lucha para hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo!», añadió, citando su lema electoral.

La declaración de Trump, publicada en Twitter por su asesor de comunicación Dan Scavino, fue probablemente lo más cerca que estará el mandatario saliente de reconocer la derrota en las elecciones, algo que ha prometido a sus seguidores que «nunca» hará.

El presidente Donald Trump aseguró esta mañana que «nunca aceptaremos la derrota», esto al ofrecer un mensaje en un mitin de miles de simpatizantes poco antes de que el Congreso iniciara una sesión conjunta para confirmar la victoria electoral de Joe Biden.

Trump subió al escenario en la manifestación «Save America» (Salvemos a Estados Unidos), que atrajo a miles de partidarios que inundaron la capital del país, mientras los aliados republicanos del presidente en la Cámara y el Senado planean oponerse a su derrota electoral de noviembre ante Biden.

Trump instó al vicepresidente Mike Pence, quien desempeñará un papel en gran parte ceremonial en el proceso, a impedir la certificación de la victoria de Biden, a pesar de que el vicepresidente no tiene ese poder.

«Nuestro país ya ha tenido suficiente», dijo Trump. «No lo soportaremos más», agregó. Pence, sin embargo, desafió a Trump al decir que no tiene autoridad para rechazar votos electorales que darán la presidencia a Biden.

Los organizadores de la concentración, prevén marchar por la tarde hacia el Capitolio, donde el Congreso votará para confirmar los resultados del Colegio Electoral, que Trump continúa poniendo en duda.

Se esperaba que varios partidarios prominentes de Trump asistan a las protestas, que comenzaron el martes con un mitin en la Plaza de la Libertad, a unas cuantas cuadras de La Casa Blanca. En ese lugar, los manifestantes, muchos de ellos sin mascarillas, expresaron su rechazo al voto del Colegio Electoral. Al caer la noche, con la temperatura descendiendo y bajo una lluvia constante, cientos de personas continuaban en la plaza.

Trump tuiteó su apoyo a los manifestantes: «Washington está siendo inundado por personas que no quieren ver que los demócratas radicales de izquierda se roben una victoria electoral. ¡Nuestro país ha tenido suficiente, ya no lo soportarán. ¡Los escuchamos (y los queremos) desde la Oficina Oval. Hagan a Estados Unidos grande una vez más!».

Las protestas han obligado a las autoridades y agencias policiales locales a prepararse para posibles enfrentamientos violentos en las calles. Muchos de los negocios del centro de la capital cubrieron sus ventanas por miedo a que las manifestaciones se conviertan en disturbios similares a los ocurridos en mayo y junio, cuando decenas de establecimientos fueron vandalizados.

Foto: Twitter

El Congreso de Estados Unidos se reunirá mañana para ratificar el resultado de las elecciones de noviembre pasado, un hecho que los aliados del presidente Donald Trump planean aprovechar para lanzar un último desafío a lo votado por los estadounidenses.

No hay ninguna perspectiva de que la sesión en el Congreso cambie el resultado de los comicios, es decir, la elección de Joe Biden como próximo presidente, pero sí se espera un largo debate y varias votaciones.

Según las leyes que rigen el proceso electoral de Estados Unidos, ambas cámaras del Congreso deben reunirse ese día en una sesión conjunta que comenzará a las 13:00 horas para abrir y contar los certificados de los votos electorales correspondientes a cada estado del país.

La sesión, que debe estar dirigida por el vicepresidente estadounidense, en este caso, el republicano Mike Pence, normalmente es una mera formalidad para validar resultados que ya ha corroborado el Colegio Electoral, que se reunió el pasado 14 diciembre en cada estado y ratificó la victoria de Biden.

Sin embargo, basta con que un miembro de la Cámara Baja y otro del Senado presenten una objeción a los resultados en uno de los estados para desatar un debate y una votación de ambas cámaras sobre la posibilidad de no contar los votos electorales en ese territorio.

Recordemos que al menos trece senadores republicanos y más de cien congresistas de ese partido en la Cámara Baja han adelantado que presentarán o respaldarán objeciones a los resultados en varios estados.

Los senadores, liderados por Ted Cruz, aseguran que no pretenden revertir el resultado de las elecciones, sino dar voz a aquellos que creen que los comicios no fueron justos, a pesar de que no hay ninguna prueba de que hubiera un fraude o irregularidades masivas, como denuncia Trump.

Los legisladores piden que el Congreso cree una comisión electoral para «llevar a cabo una auditoría de emergencia con una duración de diez días de los resultados electorales en los estados disputados», afirmaron en un comunicado conjunto el sábado.

Mañana, los certificados de los votos electorales se abrirán por orden alfabético, con el objetivo de contarlos para corroborar qué candidato presidencial superó la barrera de 270 votos electorales que da las llaves de La Casa Blanca. Los legisladores republicanos no han aclarado sobre en qué estados presentarán objeciones, pero es posible que lo hagan en los seis territorios donde Trump ha cuestionado la victoria de Biden: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.

Por cada estado sobre el que un congresista y un senador presenten una objeción, la sesión conjunta entrará en receso y se abrirán debates separados de un máximo de dos horas en cada una de las dos cámaras, seguidos de votaciones en sus respectivos plenos sobre la posibilidad de rechazar los resultados.

Debido a las precauciones relacionadas con la pandemia, las votaciones en la Cámara Baja duran normalmente una hora o más, por lo que es posible que se tarde de tres a cuatro horas en resolver las objeciones en cada estado. Si los legisladores cuestionaran los resultados en los seis estados citados, es posible que la sesión dure 24 horas o más y, si son menos los territorios desafiados, es probable que el proceso se retrase igualmente hasta la madrugada del jueves.

La pregunta que ronda la sesión del Congreso mañana es si hay opciones de revertir el resultado de las elecciones. De acuerdo a la mayoría de los analistas, la respuesta es que no.

La oposición demócrata controla la Cámara de Representantes, por lo que los republicanos no tienen opciones de superar una votación por mayoría en ese recinto, algo que se requiere para rechazar el resultado en cualquier estado.

La sesión terminará irremediablemente con Pence declarando a Biden como ganador de las elecciones, por mucho que se alargue la reunión y que Trump y sus aliados confíen en que el vicepresidente pueda de alguna forma influir en el proceso y manipularlo, algo que los tribunales ya han aclarado que no es posible.

«Espero que Mike Pence nos ayude. Si no lo hace, no me caerá tan bien», dijo Trump este lunes durante un mitin en Georgia.

El ingeniero y legislador centrista Francisco Sagasti fue elegido el lunes por el Congreso como mandatario interino de Perú, en busca de calmar una crisis política desatada por fuertes protestas y la salida de dos presidentes en una semana.

Sagasti, parlamentario del Partido Morado, recibió 97 votos de apoyo y 26 en contra para encabezar una nueva junta directiva del Congreso unicameral, lo que constitucionalmente significa que asumirá la presidencia del país.

La elección se realizó un día después de la renuncia del mandatario encargado Manuel Merino y en medio de una ola de protestas que dejó dos muertos y decenas de heridos, luego de la impopular decisión del Congreso de destituir hace una semana a Martín Vizcarra por denuncias de corrupción.

«Hoy no es un día de celebración», dijo Sagasti, en sus primeras palabras en el Congreso, en relación a las dos muertes y heridos en la protesta. «No podemos retroceder, volverlos a la vida, pero si podemos desde el Congreso, desde el Ejecutivo, tomar acciones para que esto no vuelva a suceder», manifestó.

Sagasti, de 76 años y exfuncionario del Banco Mundial, deberá completar el mandato gubernamental que culmina en julio del 2021 y que incluirá la celebración de elecciones presidenciales y del Congreso el 11 de abril.

El político se convierte en el cuarto presidente de Perú en menos de tres años, tras la renuncia de Merino y la destitución de Vizcarra (los dos en una semana) y de la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, por acusaciones de corrupción.

La designación de Sagasti apunta a calmar las protestas lideradas en su mayoría por jóvenes cansados de los políticos tradicionales, pero también a los mercados financieros.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, saludó por Twitter la designación de Sagasti y dijo que confía en su capacidad para conducir al país y realizar los próximos comicios.

Recordemos que la crisis en el país comenzó cuando Vizcarra fue acusado de recibir cerca de 640,000 dólares en sobornos de dos empresas que ganaron obras cuando fue un gobernador hace siete años. Tras un segundo juicio político en dos meses, Vizcarra fue expulsado por el Congreso dominado por la oposición. Pero Merino, que reemplazó a Vizcarra porque era el jefe del Congreso, se vio asediado por las protestas y renunció.

Perú, que atraviesa una profunda crisis económica por la pandemia, ha transitado por constantes escándalos de corrupción que han llevado a tres expresidentes a prisión preventiva y otro al suicidio en las últimas dos décadas.

Perú se encuentra en la incertidumbre sin presidente ni jefe del Congreso, mientras el Tribunal Constitucional se apresta a dictar un tardío fallo sobre un recurso del destituido presidente Martín Vizcarra que puede generar nuevas controversias.

El Congreso peruano tiene previsto sesionar la tarde de este lunes para tratar de escoger a un nuevo mandatario que reemplace a Manuel Merino, una semana después de destituir al popular Vizcarra por «incapacidad moral» y desatar la peor crisis política en dos décadas en el país.

Tras las dimisiones el domingo de Merino y del jefe del Congreso, Luis Valdez, Perú se quedó sin titulares de los poderes ejecutivo y legislativo, con un gabinete ministerial que también renunció dos días después de ser juramentado y con un Estado virtualmente paralizado.

Recordemos que Merino renunció cinco días después de haber asumido la presidencia tras multitudinarias protestas en su contra, que fueron duramente reprimidas por la policía, con un saldo de dos muertos y un centenar de heridos.

Ayer, los jefes de las nueve bancadas habían consensuado elegir a la parlamentaria izquierdista Rocío Silva Santisteban como nueva presidenta de Perú, sin embargo no consiguió los votos necesarios para ser ratificada por sus colegas.

El centrista Partido Morado, el único que se opuso en bloque a la destitución de Vizcarra, promueve ahora a su parlamentario Francisco Sagasti como candidato a presidente, pero se ignora si contará con los votos para ser ratificado por el Congreso.

En tanto, Manuel Merino y varios miembros de su gobierno serán investigados de manera preliminar por la comisión de delitos en el contexto de violación a los derechos humanos, según informó este lunes la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

En un comunicado, la máxima responsable del Ministerio Público anunció que Merino, expresidente de la República y congresista; su primer ministro aún en funciones, Ántero Flores-Aráoz, y el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, también en funciones, serán investigados por los delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso, lesiones leves y graves y desaparición forzada.

Estos delitos, según la tesis fiscal, se habrían cometido en un contexto de acciones para violar los derechos humanos, lo que según la ley peruana constituye un agravante que entre otras cosas impide la prescripción de los delitos. También abre la posibilidad de establecer una «cadena de mando» en la represión que causó las muertes, habilitando una condena al expresidente o sus ministros si se demuestra que hubo órdenes para la represión u omisiones para prevenirla.

La investigación abordará la represión dirigida por el gobierno de Merino a las movilizaciones ciudadanas que se sucedieron de forma ininterrumpida desde que asumiera la presidencia. Esa represión dejó un saldo de dos jóvenes asesinados por disparo de arma de fuego, casi un centenar de heridos y decenas de desaparecidos.

Manuel Merino juró este martes como el tercer presidente de Perú desde 2016, en medio de protestas y una profunda crisis política y económica agudizada por la pandemia del nuevo coronavirus.

Merino reemplaza a Martín Vizcarra, quien fue destituido la tarde de ayer de la presidencia por supuestamente recibir sobornos cuando era gobernador, una acusación que hasta ahora no tiene pruebas concluyentes.

«Aquí no hay nada que celebrar, es un momento muy triste para el país», dijo Merino, quien hasta el lunes era presidente del Parlamento.

Merino es un político desconocido para la mayoría de los peruanos y recientemente fue acusado de intentar asegurar el apoyo del ejército en la destitución de Vizcarra. Aseguró que respetará las elecciones presidenciales y legislativas programadas para abril del próximo año, y se comprometió a entregar el poder al próximo mandatario en julio.

El nuevo presidente agradeció su nombramiento a los legisladores y afirmó que los 105 votos con los que se destituyó a Vizcarra «no fueron comprados».

Cerca del Parlamento, cientos de personas protestaban por la destitución de Vizcarra, a la que calificaban de «golpe de Estado disfrazado», y eran contenidos por la policía con gases lacrimógenos.

Merino, que gobernará por ocho meses, pidió calma a los manifestantes y dijo que existe una mala intención de querer dividir al país.

El nuevo mandatario agregó se concentrará en el sector de la salud para evitar que una segunda ola de infecciones del nuevo coronavirus encuentre al país en medio de la «vulnerabilidad».

Vizcarra fue destituido por «incapacidad moral permanente» luego de que los legisladores lo acusaron de recibir más de 630,000 dólares en sobornos por dos obras de infraestructura licitadas cuando era gobernador regional entre 2011 y 2014. Los congresistas usaron una investigación inconclusa de la fiscalía en la que los investigados lo acusaron de recibir dinero sucio a cambio de una reducción en la condena.

Vizcarra ha negado todos los cargos y afirmó que se va «con la frente en alto».

El presidente Donald Trump desafió a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a aprobar de inmediato un segundo cheque de 1,200 dólares para los estadounidenses, como medida para aliviar el impacto económico de la pandemia.

«Si me envían un proyecto de ley separado con un cheque de estímulo (1,200 dólares), irá a nuestro gran pueblo INMEDIATAMENTE», escribió el presidente en su cuenta Twitter. «Estoy listo para promulgarlo en este mismo momento» ¿Está escuchando, Nancy?», añadió.

En otro mensaje, el presidente afirmó que la Cámara de Representantes y el Senado deberían aprobar un paquete de 25,000 millones de dólares para apoyar el pago de sueldos de las aerolíneas, y 135,000 millones de dólares para el programa de protección de sueldos de las empresas pequeñas.

El republicano dijo que ambos apoyos se pagarían totalmente con los fondos no usados de la Ley de Estímulo Económico.

Sus nuevos mensaje llegan horas después de que ordenara ayer suspender hasta después de las elecciones del 3 de noviembre las negociaciones con el Congreso para aprobar un nuevo paquete de estímulo económico por la pandemia del coronavirus.

«He dado instrucciones a mis representantes para que dejen de negociar hasta después de las elecciones, cuando, inmediatamente después de que gane, aprobaremos una gran Ley de Estímulo centrada en los trabajadores Estadounidenses y las pequeñas empresas», escribió Trump en Twitter, en un mensaje al que los mercados de valores reaccionaron inmediatamente con caídas.

Las negociaciones entre la Casa Blanca y los demócratas para aprobar un nuevo rescate han estado estancadas. En marzo pasado, cuando la pandemia de la COVID-19 golpeó a la economía de Estados Unidos, el Congreso aprobó y el presidente Donald Trump promulgó una ley de estímulo económico que incluyó la distribución de cheques por 1,200 dólares a los contribuyentes impositivos.

Otro elemento de la ley de marzo fue un subsidio por desempleo extendido a trabajadores independientes y contratistas que no están cubiertos, normalmente, por la prestación convencional. Esos pagos de 600 dólares por semana terminaron a fines de julio sin un acuerdo entre el Congreso y Trump para extenderlo.

Las negociaciones entre el Ejecutivo y el Congreso para un segundo paquete de estímulo se han prolongado, con recriminaciones de ambas partes, mientras millones de personas siguen desempleadas y sin la capacidad financiera de hacer frente a deberes.

Al respecto, el jefe de gabinete de La Casa Blanca, Mark Meadows, dijo este miércoles que no es optimista ante la eventual consecución de un acuerdo de ayuda financiera por el COVID-19.

No obstante, afirmó que el gobierno del presidente Donald Trump sí respalda una estrategia de aportes más graduales, incluso a pesar de que aseguró que las negociaciones con el Congreso habían terminado.

«Estamos dispuestos a comprometernos. Pero no veo con optimismo un acuerdo integral. Estoy optimista en que podamos resolver unas 10 sobre una base gradual», dijo Meadows en una entrevista a Fox News.

Meadows no precisó qué 10 asuntos quiere abordar el gobierno, pero reiteró la postura tuiteada por Trump, cuando indicó que apoyaría una legislación aparte sobre las aerolíneas, las pequeñas empresas y los cheques de estímulo para las personas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solicitará al Congreso realizar la consulta popular para juzgar a los exmandatarios, si los ciudadanos no logran juntar las firmas que requieren para hacer dicha solicitud.

López Obrador reveló este lunes que la campaña ciudadana ha conseguido recabar cerca de 800,000 firmas del 1.6 millones que exige la ley para que el Instituto Nacional Electoral (INE) realice la consulta popular, por lo que él está dispuesto a intervenir.

«Si no se llega al número de firmas porque falta muy poco, yo tengo ya preparado un escrito, el borrador de un escrito que hoy voy a revisar para solicitar la consulta, tengo esa facultad que me da la ley y mañana tomo la decisión de hacerlo», anunció esta mañana el mandatario..

Al respecto, el presidente felicitó a la ciudadanía, pues dijo que su labor en reunir las firmas indica que son «buenos ciudadanos» porque es el derecho que tienen todos los mexicanos a poner en práctica la democracia participativa.

Sin embargo, el presidente admitió que a los ciudadanos «les está ganando el tiempo», por lo que es necesario flexibilizar las reglas para que haya más consultas.

Recordemos que Morena ha estado apoyando en la recolección de firmas en las calles de todo el país, además de que 15 de sus senadores ya han presentado una iniciativa de consulta en la Cámara Baja, que debe recibir el apoyo de 43 legisladores para que avance.

Ante los señalamientos y descalificaciones que ha hecho la oposición a la realización de la consulta, AMLO afirmó que «no quieren los de la llamada sociedad política o clase política que sea el pueblo el principal protagonista».

Citlalli Hernández, senadora de Morena, quien participa en las labores de coordinación de la campaña de recolección de firmas, afirmó a El Universal, que gracias a las firmas que han llegado en los últimos días, ya se tenían alrededor de un millón de firmas, por lo que confió en que se reunirían los 2 millones que se pusieron como meta.

“Hay altas posibilidades de lograr los 2 millones de firmas necesarias», dijo la senadora.

Foto: Twitter @CitlaHM

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados se dijo dispuesto y listo para acompañar una eventual propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de convocar a una consulta para enjuiciar a los expresidentes.

El coordinador de la bancada de morenista señaló que tras reunirse con el mandatario, éste le comentó que está evaluando la posibilidad de enviar la iniciativa al Congreso; sin embargo, Mario Delgado puntualizó que ellos, como legisladores, están dispuesto a solicitarla.

“Están las disposiciones establecidas en la ley y bueno estamos evaluando. Por su puesto que yo le manifesté que nosotros estamos en toda la disposición de hacer la petición conforme a la ley antes del 15 de septiembre para que pueda realizarse esta consulta”, dijo el morenista.

Delgado aclaró que la fecha para la consulta popular tendría que ser en el marco de la elección federal del 2021 tal y como lo estipula la ley, siempre y cuando se solicite antes del 15 de septiembre y reciba la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“En las próximas dos semanas se tendrá que tomar esta definición que es yo creo de la mayor relevancia y de la cual nosotros estamos dispuestos a impulsar”, agregó.

Tal y como se ha expresado el presidente, Mario Delgado reiteró que se está acabando con la vieja figura del presidente intocable e impune, por lo que anunció que apenas comience el nuevo periodo ordinario de sesiones se buscará la aprobación de la reformar para quitarle el fuero al presidente.

Con 22 votos a favor y 8 votos en contra, el Pleno del Congreso de Tabasco aprobó este lunes prohibir la venta y distribución de comida chatarra y bebidas azucaradas a menores de edad.

Los legisladores apribaron reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Tabasco, la Ley de Educación del Estado de Tabasco, y la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, relacionadas con la distribución y venta de bebidas azucaradas preenvasadas y carbonatadas, golosinas y alimentos procesados adicionados con altas cantidades de grasa, azúcares y sodio.

El dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Salud establece que las modificaciones avaladas, prohíben en la entidad la venta, distribución, donación, dádiva y suministro de bebidas azucaradas preenvasadas, bebidas azucaradas carbonatadas, golosinas y alimentos preparados con predominio de carbohidratos refinados y grasas vegetales en su forma sólida que contengan ácidos grasos hidrogenados en su forma trans, a menores de edad, así como su consumo en centros médicos y educativos.

En el caso de los menores de edad, no se permitirá que se les suministren ese tipo de productos, a menos que quienes lo hagan sean sus padres, madres o tutores legales.

Adicional, se prohíbe la instalación de máquinas expendedoras en los centros educativos de nivel básico, así como en los hospitales públicos y privados, clínicas y centros de salud.

Se definieron acciones para limitar la publicidad que incide en los gustos y decisiones de compra, al ordenar que los anuncios, carteles o cualquier tipo de publicidad referente a dichos productos se ubiquen fuera de un radio de 300 metros de los centros educativos de educación básica y centros médicos de atención hospitalaria y ambulatoria.

También se establece que se incrementará en un 25%, la tarifa de pago de derechos para la colocación de dicha publicidad en los lugares autorizados.

Fue el pasado 6 de agosto cuando el gobernador de la entidad, Adán Augusto López, anunció que enviarán una iniciativa para prohibir la venta de los alimentos chatarra.

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, anunció esta tarde que será la próxima semana cuando enviarán una iniciativa al Congreso estatal para inhibir el consumo de comida chatarra.

El mandatario señaló que presentará una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, similar a la que se aprobó ayer en Oaxaca, para prohibir la venta, distribución y promoción de productos no saludables a menores.

Señaló que una de las enseñanzas de esta pandemia, es que se debe promover prácticas de nutrición saludable para la prevención de enfermedades. “Debemos de regresar en la medida de lo posible a la alimentación tradicional y hay que iniciar con los niños para que vayan educándose”.

Indicó que esta reforma apoyará la estrategia nacional de incluir en los planes educativos de nivel básico la asignatura de Vida Saludable y que las familias en la medida de sus posibilidades económicas proporcionen a los menores alimentos nutritivos.

Sobre el tema educativo, el gobernador precisó que el sistema de Tabasco está preparado para atender a alumnos que pudieran abandonar los colegios particulares ante la dificultad de sus padres de pagar sus colegiaturas por la complicaciones económicas generadas por el COVID-19, afirmó e

Se comprometió a que una vez que se reinicien las clases presenciales, todos los alumnos tendrán un lugar asegurado en los planteles públicos.

López Hernández estimó que si bien en la entidad ha disminuido las cifras de algunos indicadores con respecto a la pandemia, todavía continuará por algunas semanas más en semáforo epidemiológico rojo.

“Viene a la baja el número de hospitalizados, desde el día 03 de julio no bajábamos de la cifra de 600 hospitalizados, creo que ayer fueron 570 si mal no recuerdo, antier 589, está a la baja, esperamos que esto se mantenga”, concluyó.

Sobre la aprobación de la modificación a la ley en Oaxaca para prohibir la venta de ciertos alimentos y bebidas a los menores de edad, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) afirmó que más allá de reformar la ley, se necesita una reforma integral que permita combatir la obesidad y sobrepeso a fondo.

«Manifestamos nuestro rechazo al dictamen aprobado por el Pleno de la LXIV Legislatura del Congreso de Oaxaca, que prohíbe la distribución, donación, regalo, venta y suministro de bebidas y alimentos envasados a menores de edad, de manera directa y a través de máquinas expendedoras y distribuidores automáticos (…) el dictamen no ataca el problema de raíz, ya que no implementa una política pública integral de salud, por el contrario, daña a los pequeños comercios que obtienen la mayor parte de sus ingresos de la venta de estos productos», señaló la confederación.

Advirtieron que la entrada en vigor de la reforma generará un alto impacto económico en diversos sectores de la entidad, afectando principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.

El Congreso de Oaxaca aprobó este miércoles prohibir la venta de comida chatarra y refrescos a menores de edad.

Con 31 votos a favor, los diputados locales reformaron el artículo 20 de la Ley de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, lo que convierte a Oaxaca en la primera entidad con esta normativa en México, el segundo país con mayor índice de sobrepeso y obesidad del mundo.

La legisladora Magaly López de Morena, justificó su iniciativa con la protección de la salud del estado, que en 2018 ocupó el primer lugar en obesidad infantil, al tiempo que reporta la desnutrición como novena causa de muerte.

«Hoy Oaxaca sienta un precedente y pedimos a los demás congresos del país que sumen por el bien de nuestras niñas, de nuestros niños», indicó la diputada local.

«Existe evidencia científica que demuestra una relación clara entre estas bebidas azucaradas y alimentos chatarra con como enfermedades como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares y con esta medida vamos a disminuir que estas enfermedades sigan creciendo», afirmó la diputada.

La Morenista explicó que sólo los adultos podrán adquirir estos alimentos, por lo que responsabilizó a los padres de familia de su salud.

La pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 ha agudizado la critica sobre la industria de alimentos procesados en México, donde cerca de dos de cada cinco de los casi 49,000 muertos por COVID-19 tenían hipertensión, más de un tercio diabetes, y casi una cuarta parte obesidad.

Además, especialistas de la Alianza por la Salud Alimentaria afirman que el consumo de bebidas azucaradas propicia más de 40,000 muertes al año.

Al respecto, el encargado de la gestión de la pandemia a nivel federal, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien llamó a los refrescos «veneno embotellado», celebró la modificación a la ley. «Es un avance en el cuidado de la salud desde la prevención».

La lesgisladora expuso que estará exenta la comida típica del estado, famosa a nivel internacional.

«No se prohibirá el chocolate oaxaqueño, ni las tlayudas, no cerrarán las tiendas de abarrotes, ni se perseguirá judicialmente al tendero de la esquina», expresó.

Con cuatro votos en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este miércoles el proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, por el que buscaba que el Congreso de Veracruz modificará su código penal para despenalizar la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia.

La discusión y análisis del proyecto causó gran expectativa, pues por primera vez, la Suprema Corte haría que un Congreso estatal despenalizara el aborto, abriendo la puerta a una ruta jurídica pata que se pudiera alcanzar la despenalización en todo el país.

La ministra Margarita Ríos-Farjat explicó que su voto en contra es debido a que hay impedimentos técnicos-jurídicos para entrar al fondo que demanda el caso de amparo.

«No hay remisión legislativa porque la norma sí existe ese es el primero; el segundo es la norma no está impugnada como tal, sino por la vía de su omisión; el resultado de declarar la inconstitucional sin haberse impugnado me parece muy desbordado. Todo esto complica mucho el tercer problema, y es que no existe un mandato específico para legislar en un sentido determinado por mejor y más conveniente que este pudiera ser; este es un problema de técnica jurídica para mí, desafortunadamente esto me impide pronunciarme respecto al fondo del asunto y por tal razón no comparto el proyecto», explicó la ministra.

Añadió que aunque la Corte tiene una encomienda de regularidad constitucional, necesita certeza técnica para que despliegue la encomienda que le corresponde.

El resto de los ministros expusieron criterios parecidos, por lo que indicaron que su voto también era en contra del proyecto.

El ministro González Alcántara Carrancá aseguró que no compartía la determinación de sus compañeros acerca de que el asunto no sea procedente.

«Estimo que la legislación aplicable permite que sean reclamables en amparo omisiones legislativas (…) Considero que la prohibición absoluta de interrumpir el embarazo es contraria al umbral de protección que corresponde a todas las mujeres en su derecho a la salud».

Ahora, el asunto se remitirá a otro ministro o ministra, quien deberá elaborar otro proyecto para discurtirse próximamente.

En nuestro país, solo la Ciudad de México y Oaxaca permiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, aunque en todos los estados se autoriza por violación y en casi todos por riesgo a la salud y muerte de la madre.

Recordemos que la Suprema Corte ya ha fallado a favor de los derechos reproductivos de las mujeres al validar en 2008 la interrupción legal del embarazo en Ciudad de México y al validar en 2019 la Norma Oficial Mexicana (NOM) 46, que permite a cualquier víctima de violación abortar sin tener que presentar pruebas.