Tag

congreso

Browsing

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló este martes al PRI como posible socio para que con sus votos, se apruebe la reforma constitucional que presentó en materia eléctrica, para favorecer al sector público y posicionar a la CFE sobre los particulares.

«Ahora que presentamos la iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el PRI tiene una oportunidad para definirse», expresó el mandatario al pedirle al tricolor que se defina cuanto antes.

López Obrador cuestionó al PRI, al preguntar si «va a seguir» el camino del expresidente priista Carlos Salinas, al que considera artífice de las privatizaciones, o el de los también priistas Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, quienes nacionalizaron el petróleo y la electricidad.

Recordemos que el mandatario envió el pasado jueves al Congreso su iniciativa de reforma que pretende establecer que la  Comisión Federal de Electricidad tenga el 54 % del mercado de generación en el país, mientras que los particulares tendrían el 46%.

López Obrador dijo que la reforma pretende que se mantenga el servicio de energía eléctrica en manos de la nación, que no haya aumentos en el precio de la energía eléctrica y que no haya subsidios para las grandes empresas.

Se lanzó de nuevo contra la reforma energética de su antecesor, Enrique Peña Nieto, que abrió el sector a la iniciativa privada, porque «aumentaron como nunca los precios de la luz» y permitió que las grandes corporaciones paguen menos que una familia de clase popular.

Sin embargo, Morena y aliados no cuentan con la mayoría calificada de dos terceras partes del Congreso que se necesitan para aprobar reformas, por lo que necesitará pactar con la oposición.

«Es una oportunidad histórica para el PRI de definirse», reiteró López Obrador.

El PRI se presentó en las pasadas elecciones de junio en una coalición opositora junto al PAN y al PRD, quienes presionan para que los priistas no apoyen la reforma.

Hasta ahora, el tricolor ha dicho que al ser una reforma que tiene que ver con el futuro de la electricidad en nuestro país, un insumo que todos los mexicanos usan a diario, requiere de un profundo análisis y debate público.

«Los legisladores del PRI van a ser responsables con los ciudadanos de este país, pero también con nuestras instituciones. Queremos un sector eléctrico que fortalezca a nuestra Comisión Federal de Electricidad (CFE), orgullo de este país. Pero también se debe de buscar que no se deterioren más las finanzas públicas de nuestro México», dijo la dirigencia nacional del partido.

Puntualizó que aunque el Ejecutivo envió la iniciativa, aún no se turna a la comisión dictaminadora; y toda vez que no se ha turnado la misma a la Comisión o Comisiones dictaminadoras y que además no se ha formalizado la integración de éstas, dijo que no hay condiciones para votarla esta semana.

El mapa político de la Ciudad de México cambió a partir de este viernes, luego de que asumieron los nueve alcaldes de oposición que ganaron en las elecciones del 6 de junio.

Se trata de Lía Limón en Álvaro Obregón; Margarita Saldaña en Azcapotzalco; Santiago Taboada en Benito Juárez; Sandra Cuevas en Cuauhtémoc; Giovani Gutiérrez en Coyoacán; Adrián Ruvalcaba de Cuajimalpa; Luis Gerardo Quijano en La Magdalena Contreras; Mauricio Tabe en Miguel Hidalgo y Alfa González en Tlalpan.

Junto a los nueve alcaldes de oposición, son siete los alcaldes de Morena que gobernarán el resto de las demarcaciones de la Ciudad de México.

En los últimas semanas, los alcaldes y alcaldesas de oposición, agrupados en la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNA-CDMX), denunciaron en repetidas ocasiones que los procesos de transición y de entrega-recepción, fueron opacos y que se les ocultó información por parte de las autoridades salientes.

Y aunque es un tema que afecta a los 16 alcaldes y alcaldesas en general, son los de oposición quienes llegan enfrentando falta de presupuesto.

La UNA-CDMX insistió a inicios de esta semana en las solicitudes que le formularon a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, respecto a garantizar la continuidad operativa de las alcaldías. A través de un documento los panistas, priistas y perredistas reiteraron su petición de que se autoricen ampliaciones líquidas de los presupuestos, con el fin de garantizar los recursos que permitan la operación durante el último trimestre del año.

La mayoría de las alcaldías solicitan una ampliación entre 47 y 95 millones de pesos; solo para Cuauhtémoc se pide una ampliación de 400 millones. Adicional, los alcaldes de oposición solicitan la liquidación total de los adeudos que presentan las administraciones que concluyeron ayer, así como extender los contratos de servicios en temas estratégicos para la ciudadanía, como el arredramiento de vehículos, sistemas de radio comunicación de seguridad, contratos de los servicios públicos, entre otros.

Al respecto, Claudia Sheinbaum ha insistido en que los recursos que tendrán disponibles las alcaldías están establecidos por la Ley de Egresos y la Ley de Ingresos de la capital, descartando así algún aumento.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió su iniciativa de reforma constitucional a la Cámara de Diputados para fortalecer al sector eléctrico, en especial a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Puntualizó que con dicha iniciativa se busca que se garantice la energía eléctrica a precios justos, y que no haya aumentos por encima de la inflación.

«Se decide en esta iniciativa que la CFE va a tener el 54% del mercado y el 46% se va a conservar para las empresas particulares, que haya una auténtica, una verdadera competencia», dijo el mandatario este viernes durante su conferencia matutina que se celebró en Cuernavaca, Morelos.

López Obrador dijo que la reforma, que modifica tres artículos de la Constitución, busca que haya un control en los precios de los energéticos «para que no se afecte a la economía popular».

«Esto significa fortalecer a las empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad, porque la política anterior era fortalecer a las empresas privadas», añadió.

El presidente agregó que la reforma no significa nacionalizar, ni estatizar, sino darle su lugar a la Comisión Federal de Electricidad.

La reforma contempla la desaparición de organismos reguladores de energía como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.

Adicional, López Obrador detalló que en la iniciativa se incluye el tema de la explotación del litio en territorio nacional, y se apunta a que solo lo podrán hacer los mexicanos. «Para la explotación del litio sólo podrá hacerlo la nación, es decir el litio que hay en el subsuelo, todo el mineral que hay del litio en el subsuelo de la patria, del territorio es de los mexicanos, de la nación».

Sin embargo dijo, se respetarán las concesiones que existen actualmente para la explotación del litio, siempre y cuando acrediten que ya está en fase de exploración y por ende, de explotación. Se indicó que ya no se entregarán nuevas concesiones.

Recordemos que a inicios de marzo, el Congreso había aprobado una ley eléctrica impulsada por López Obrador que buscaba fortalecer a la CFE. La ley daba prioridad a la CFE en la generación de energía en sus plantas, sin importar el costo ni la tecnología.

Sus detractores señalaban que se fortalecía a la compañía estatal a costa de producir energía más cara y contaminante.

Sin embargo, la ley fue suspendida indefinidamente por un juez especializado en competencia económica luego de que varias empresas presentaran amparos en su contra, por lo que López Obrador pidió al poder judicial investigar al magistrado.

Y es que López Obrador ha criticado fuertemente la participación de la iniciativa privada en el sector energético, en particular las reformas que se aprobaron en ese sentido durante el gobierno de su antecesor Enrique Peña Nieto.

Con la nueva composición de la Cámara de Diputados, Morena no tiene mayoría calificada, esto es, el número suficiente de legisladores para hacer cambios a la Constitución por sí mismo. Por ello, deberá negociar la reforma con otras fuerzas políticas.

El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, bloqueó este martes un nuevo intento de los demócratas para aprobar un aumento del techo de endeudamiento y evitar que Estados Unidos incurra en una suspensión de pagos de la deuda nacional el próximo 18 de octubre.

La negativa de McConnell significa que los demócratas tendrán que buscar otras opciones para aumentar la deuda.

«No había ninguna posibilidad de que los republicanos hicieran un esfuerzo para ayudar a los demócratas a conservar su tiempo y energía con el fin de que puedan reanudar tan rápido como sea posible su embestida a través de un socialismo partidista», arremetió despectivamente McConnell.

Horas antes, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, había anunciado su deseo de llegar a un acuerdo con los republicanos para que los demócratas aprobaran el aumento del techo de deuda con una mayoría simple de 50 escaños sin tener que superar la barrera de 60 votos necesaria para la mayoría de leyes.

Actualmente, el Senado está dividido en 50 escaños para los republicanos y 50 para los demócratas, aunque los demócratas tienen la mayoría porque cuentan con el voto del desempate de la vicepresidenta, Kamala Harris, que ejerce como presidenta de la Cámara Alta.

Recordemos que ayer por la noche, los republicanos también bloquearon un paquete legislativo en el que los demócratas habían vinculado la aprobación de un aumento del techo de deuda con otra medida para financiar la Administración y evitar que se quede sin fondos la medianoche del jueves.

Los republicanos quieren que los demócratas utilicen un mecanismo legislativo llamado «reconciliación» que permite aprobar de forma excepcional proyectos con tan solo 50 votos. Sin embargo, los demócratas llevan semanas debatiendo entre ellos cómo usar este mecanismo para aprobar un gran plan de gasto social del presidente estadounidense, Joe Biden, por lo que añadirle el tema de la deuda resultará con toda probabilidad en más discusiones y demoras.

Por eso, ante la insistencia de los republicanos, varios demócratas de alto rango, incluido Schumer, dijeron este martes que esa opción no está sobre la mesa. «Ir con la deuda a través del proceso largo, complicado y difícil de reconciliación con el límite de la deuda es muy, muy arriesgado», avisó Schumer en declaraciones a la prensa.

La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, advirtió también este martes que Estados Unidos podría incumplir sus obligaciones sobre el pago de la deuda el 18 de octubre.

Esta situación sobre el techo de deuda, que lleva a Estados Unidos al abismo cada pocos años, se produce porque el gobierno gasta mucho más dinero del que obtiene a través de impuestos federales. Solo en 2021, se estima que el gobierno incurrirá en gastos por 5.8 billones y tendrá 3.5 billones de ingresos, lo que dejará un déficit de 2.3 billones, de acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El gobierno solo puede emitir deuda hasta el límite establecido por el Congreso, que tiene el poder de elevar ese techo según crea conveniente. EUA nunca ha tenido que recurrir a la suspensión de pagos de su deuda soberana, pero estuvo cerca en 2011 con Barack Obama en La Casa Blanca.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó ante el capitalino su Tercer Informe de Gobierno, en el cual destacó los efectos que ha dejado para la Ciudad la pandemia de COVID-19,

Reconoció que la pandemia provocó una crisis económica que implicó pérdida de empleos; dijo que han sido 18 meses muy difíciles para los habitantes de la ciudad. Fue con este tema que arrancó su mensaje ante los Diputados locales e invitados especiales.

Destacó que se estableció un sistema único de salud entre las instituciones públicas federales y locales, lo que permitió pasar de 2 mil a 8 mil 246 camas de atención COVID entre el IMSS, el ISSSTE, Sedena, Marina, los Institutos Nacionales de Salud y el Insabi. Añadió que se contrataron 4 mil 158 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras, camilleros y paramédicos, además de que se adquirieron equipos, materiales, medicamentos.

Recordó que con la donación de la iniciativa privada y la Facultad de Medicina de la UNAM, se instaló la unidad temporal Citibanamex que llegó a operar con 600 camas por 14 meses de forma gratuita.

Señaló que se desarrolló un modelo epidemiológico propio para dar seguimiento a los casos de COVID, diseño de la atención y tamizaje SMS; aplicación telefónica y portal para conocimiento de camas disponibles.

Apuntó que se entregaron 157 mil apoyos médicos y económicos a personas con COVID, y se realizaron 4 millones de visitas a hogares durante el pico más alto de pandemia para información y difusión de medidas preventivas. También se aplicaron 3.5 millones de pruebas gratuitas.

Resaltó el inicio del Programa Nacional de Vacunación contra COVID-19, que al día de hoy ha aplicado 10.4 millones de dosis, alcanzando el 91% de los adultos con primera dosis y 65% con esquema completo, que dijo, es el más alto de todo el país.

En temas económico, destacó que no se han aumentado impuestos ni derechos en términos reales; se mantuvieron los servicios de la ciudad y se continuó con el programa de transformación en la Ciudad, que ha consistido en acabar con los privilegios de los altos funcionarios y la corrupción.

Informó que al cierre de agosto de 2021, el saldo de la deuda pública de la Ciudad de México es de 90 mil 661 millones de pesos, monto que se encuentra dentro de las autorizaciones del Congreso de la Unión y del Congreso de la Ciudad de México. Con respecto a 2020, representa un desendeudamiento real del 3.7 por ciento. El compromiso, dijo, es que al final de su administración, respecto a 2018, no aumente el endeudamiento en términos reales.

“El Modelo Republicano de Austeridad y Economía Moral es viable, brinda resultados y tiene un alto sentido humanista, atiende a los más pobres, se invierte donde históricamente no se había hecho para reducir desigualdades y se impulsa la economía desde abajo. Para nosotros, la inversión privada es necesaria e indispensable, pero el Estado debe garantizar derechos y bienestar. Asimismo, los bienes públicos deben proveer prosperidad para todo”, sostuvo Sheinbaum Pardo.

Destacó que en los casi tres años de gobierno se han hecho 75 mil acciones de vivienda a través del INVI y reconstrucción.

También recordó que en noviembre de 2019 se tomó la decisión de decretar la Alerta por Violencia contra las Mujeres; mencionó la aprobación de cuatro leyes en el Congreso: el Banco de ADN para agresores sexuales; el Registro de Agresores Sexuales; la Ley Olimpia, y la Reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad México.

Enfatizó que se acabó con la corrupción que llevó al desorden inmobiliario durante el sexenio anterior, pues se cancelaron proyectos y se presentaron juicios contra otros. Mencionó que la ciudad está activa en la construcción, pero en un marco de orden y sustentabilidad.

Señaló proyectos ambientales y en contra del cambio climático, así como acciones sobre el derecho al agua y el servicio de drenaje en la capital. También informó sobre las acciones en materia de obra pública, infraestructura de abasto y desarrollo económico, infraestructura cultural, vialidades y puentes, recate del Centro Histórico, movilidad incluyente e integrada.

Dedicó una parte de su mensaje para recordar los dos graves siniestros en el Metro, así como a la creación de la Agencia Digital de Innovación.

En materia de seguridad, recordó que el modelo que se sigue está dividido en cuatro ejes clave: Atención a las Causas; Más y Mejor Policía; Inteligencia e Investigación, y Coordinación. Destacó que el homicidio doloso tuvo una reducción de 34%; lesiones dolosas por arma de fuego, reducción de 46%; robo a Metrobús, reducción de 72%; robo a casa habitación con violencia, reducción del 34%; robo a casa habitación sin violencia, reducción del 48%; robo a negocio con violencia, reducción del 55%; robo a pasajero a bordo de Microbús, 67%; robo a pasajero a bordo del Metro, cayó 75%; robo a transeúnte en vía pública, 34%, y el robo de vehículo sin violencia reducción del 30%.

“Aún en medio de la pandemia y otras calamidades, puedo decir que estamos cumpliendo con los compromisos que nos llevaron a la Jefatura de Gobierno; estoy contenta por el trabajo realizado y con enorme entusiasmo de seguir adelante”, sostuvo Claudia Sheinbaum.

Al término de su mensaje, la morenista dijo que que no es tiempo ni de futurismos ni de agendas personales, esto en referencia a la carrera por la presidencia en 2024, que varios la colocan como favorita para abanderar el movimiento de la 4T.

«Hoy, más que nunca, estamos dedicados a consolidar la Transformación de la ciudad en el marco de la democracia y el respeto, fortaleciendo la coordinación institucional; pero defendiendo nuestros principios y compromisos que nos llevaron a la Jefatura de Gobierno», remató.

Luego de que este miércoles entrara en vigor la Ley Federal de Revocación de Mandato, que establece las normas condiciones y alcances para dicho ejercicio, la organización de oposición ‘Sí por México’ llamó a la ciudadanía a no participar en la consulta pues dijo, solo pretende polarizar y dividir a México.

Explicó que contrario a la Constitución, cuya Ley refiere únicamente a la revocación de mandato presidencial, ahora se incluye indebidamente el concepto de ratificación de mandato como una de las opciones a votar.

«Al hacer esta inclusión en el texto, la ley Federal de Revocación de Mandato distorsiona el sentido del ejercicio libre de participación ciudadana, al convertirse en una complacencia a afán presidencial por recibir aplauso público», destacó la organización a través de un comunicado.

Señalaron que consideran inoportuno para el interés nacional realizar el próximo año un proceso de revocación de mandato pues promovería mayor polarización social y la crispación del ánimo de confrontación en el país.

Además, indicaron que el mecanismo constitucional para la elección de un presidente sustituto por parte del Congreso, suponiendo se decidiera por la revocación, no garantizaría un cambio real pues el nuevo titular del Ejecutivo provendría del mismo movimiento que gobierna actualmente, es decir, la persona que podría sustituir a AMLO sería de Morena.

‘Sí por México’ también resalta que el gasto presupuestal que implica un ejercicio como este, que calificó de innecesario, sería un acto irresponsable cuando las necesidades en los sectores de salud educación seguridad y fomento al empleo son verdaderamente apremiantes

Además, alertaron que con la inclusión de la opción de ratificación de mandato, López Obrador tendría el pretexto perfecto para dedicarse a hacer campaña personal durante los siguientes siete meses abandonando su función de gobernante.

Finalmente, la organización llamó a los legisladores de la coalición Va por México y de Movimiento Ciudadano a promover una acción de inconstitucionalidad en contra de aspectos de la ley Federal de Revocación de Mandato.

El presidente del Senado brasileño, Rodrigo Pacheco, rechazó por inconstitucional el decreto firmado la semana pasada por el presidente Jair Bolsonaro mediante el cual prohibía a las redes sociales la «remoción arbitraria» de contenidos, con lo que dificultaba el combate a las fake news.

La medida también fue suspendida simultáneamente por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Rosa Weber, en respuesta a un pedido del procurador general de la Nación.

La devolución del decreto ejecutivo al Palacio presidencial de Planalto fue anunciada por el máximo líder del Senado durante la sesión plenaria de este martes.

El decreto, que tenía 60 días para ser analizado en el Congreso, fue rechazado por la Cámara alta tan solo una semana después de que fuera firmado por el líder ultraderechista para garantizar la «libertad de expresión en las redes sociales».

Con la decisión, la medida perdió la vigencia inmediata que le otorgaba su publicación en el Diario Oficial y que, para este caso, solo duró ocho días.

El decreto ejecutivo buscaba acabar con las remociones «arbitrarias» de contenidos y perfiles de las redes sociales, hechos de los que ha sido objeto hasta el mismo Bolsonaro, que ya ha tenido publicaciones retiradas de internet por contener falsedades, principalmente en aquellas relacionadas con la pandemia.

El decreto pretendía que retirar contenidos de las redes sociales solo se diera bajo «justa causa» y que los usuarios afectados pudieran ejercer una «amplia defensa» antes de que cualquier decisión fuera tomada.

Según el Gobierno, la remoción de contenidos decidida solo por las empresas de las redes sociales perjudica «el debate público de ideas y el ejercicio de la ciudadanía», por lo que se configuraba en «una violación en masa de derechos y garantías fundamentales».

El diputado local del PRI, Florentino Senz Cobos, presentó un dictamen para garantizar la seguridad del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y de su gabinete de seguridad, al argumentar que el combate a la delincuencia organizada que ha llevado a cabo su administración así lo exigen.

“Resulta evidente que el ejercicio de las atribuciones en materia de seguridad pública y procuración de justicia, conlleva un riesgo para la seguridad personal, la salud, la integridad y la vida de las y los servidores y ex servidores públicos involucrados en las acciones de investigación, persecución y combate al delito y que el Estado debe proveerles de los elementos necesarios para la preservación de su seguridad”, señalaba la justificación de la propuesta.

Dicha iniciativa, incluida en la Ley de Seguridad Pública, fue aprobada durante la sesión de la diputación permanente por 3 votos a favor del PAN y PRI, mientras que Morena emitió sus dos votos en contra.

Con esto, estaría garantizada la seguridad del gobernador y los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia, una vez que concluyan su encargo, y la cual podría ser vitalicia.

Lo aprobado daría servicio de guardaespaldas, vehículos y demás insumos para la eficiente protección del servidor público, sus parejas y familiares en primer grado, mientras la Secretaría de Seguridad Pública en su evaluación lo considere necesario.

Recordemos que Francisco Javier García Cabeza de Vaca finaliza su mandato en septiembre del próximo año.

En respuesta, el diputado de Morena, Oziel Almaguer Aldape, cuestionó que el gobernador retiró en 2016 los servicios de seguridad a los exgobernadores,  Manuel Cavazos Lerma, Tomas Yarrington Ruvalcaba, Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú, con el argumento de que los exmandatarios priístas entregaron el estado a la delincuencia.

Recordar que ya existe una legislación que protege a los servidores públicos como parte de la Ley de Seguridad Pública que, en el caso del gobernador, señala que sería por el mismo periodo que se desempeñe en el cargo, es decir seis años. Sin embargo, la polémica de la modificación recae en que si la evaluación que hiciera la Secretaría de Seguridad Pública lo considera, esta puede prolongarse de por vida.

El Congreso local citó a sesión pública extraordinaria para esta tarde, donde el pleno decidirá si aprueba o rechazará la reforma aprobada en la permanente.

El grupo de alcaldes electos de la oposición en la Ciudad de México, fueron agredidos este lunes, cuando se presentaron en el Congreso capitalino. Ante las agresiones, la alcaldesa electa de la delegación Álvaro Obregón, Lía Limón, resultó herida.

«Dijimos que íbamos a dialogar de manera pacífica y esta apertura fue la agresión de un policía instruido para eso. Esta fue la agresión de un policía que me dio con el escudo», expresó Limón en un video publicado en sus redes sociales, donde se dejó ver con una herida abierta en la nariz.

La alcaldesa electa responsabilizó directamente a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum,  y al secretario de Gobierno, Martí Batres, al afirmar que «estas no son formas» de tener acercamientos entre el gobierno capitalino y los alcaldes electos.

La también integrante de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNA CDMX), exigió que la dejen «gobernar porque es el derecho de los ciudadanos» a pesar de las agresiones y los golpes.

Y es que los nueve alcaldes electos de la Ciudad de México de la coalición ‘Va por México’ se habían concentrado frente al Congreso capitalino, fuertemente protegido por un dispositivo policial, para protestar pedir que fueran recibidos por los diputados locales.

En su protesta, acusaron a Morena de querer aprobar en un período de leyes extraordinario una legislación que resta atribuciones a los diferentes alcaldes de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, Martí Batres aseguró que la administración capitalina «respeta a los manifestantes de todo tipo y que jamás agrediría a ningún manifestante de ninguna fuerza política».

«No hemos sido nosotros los que hemos buscado la confrontación esta mañana», expresó Batres, quien recordó que su «mesa de diálogo» está abierta para todos los alcaldes, sean de la corriente que sean (afines u opositores).

Explicó que el periodo extraordinario que se realiza en el Congreso fue convocado con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, desmintiendo que la convocatoria haya sido unilateral, o convocado por un solo partido (Morena); aclaró que tenía el aval del PRI, del PAN, del PRD, así como del PT y del PES.

Señaló que fue la Presidenta de la Mesa Directiva, Ana Patricia Báez Guerrero del PAN, quien solicitó que la fuerza pública resguardara las afueras del recinto legislativo.

Dijo que en el momento en que ocurrieron las agresiones denunciadas, él se encontraba reunido con los coordinadores parlamentarios de los partidos de oposición. «No había necesidad de ningún forcejeo, bastaba con una llamada que nos hicieran, ya sea a mí o a los propios coordinadores, para que pudieran acceder los alcaldes a la sesión del Congreso local».

Recordemos que en la pasada elección, del 6 de junio, la coalición opositora se impuso en 9 demarcaciones, más de la mitad de la ciudad, lo que significó un resultado histórico para los partidos de oposición que hasta entonces solo gobernaban dos alcaldías, y un fuerte descalabro para Morena.

Martí Batres aprovechó para informar que los alcaldes electos están citados con la Jefa de Gobierno los próximos días, 2 y 3 de septiembre, por lo que dijo «nos extraña mucho esta situación; yo los he recibido, a todos los que han querido, he recibido a alcaldes del PRI, del PAN, de otras fuerzas políticas, de todas las fuerzas políticas, en reuniones preliminares previas».

Sergio Gutiérrez Luna, legislador de Morena, fue elegido este domingo como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, luego de que quedara legalmente constituida, para el primer año de la LXV legislatura, que arrancará el próximo miércoles.

La composición de la nueva mesa directiva fue aprobada con un amplio consenso de 491 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

«Esta mesa directiva será un garante de que fluyan los trabajos parlamentarios, facilitaremos que los acuerdos puedan transitar y se logren las metas que todos tenemos», expresó Gutiérrez tras prestar juramento.

Durante la sesión de este domingo, tomaron posesión los 500 nuevos diputados, 250 mujeres y 250 hombres, que ejercerán durante la primera legislatura plenamente paritaria de nuestro país.

De los 500 diputados, Morena tendrá 198 escaños, mientras que sus aliados del Partido Verde (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) tendrán 43 y 37 respectivamente, con lo que la coalición oficialista sumará 278 escaños.

La coalición opositora tendrá 199 diputados: 114 del Partido Acción Nacional (PAN), 70 del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 15 del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Mientras que Movimiento Ciudadano (MC), no adscrito a ninguno de los dos grupos, ostentará 23 escaños.

Con esto, la coalición de la 4T dominará la mayoría absoluta (250) necesaria para aprobar los presupuestos y otras leyes, pero queda lejos de la mayoría calificada, de dos tercios de la Cámara, para reformar la Constitución. Así, Morena tendrá que negociar con la oposición para aprobar las reformas constitucionales que pretende impulsar López Obrador.

Según se ha informado, el primer objetivo de Morena para el arranque de esta legislatura es aprobar en el Senado y en la Cámara de Diputados la Ley Reglamentaria en Materia de Revocación de Mandato. También los presupuestos para 2022, en los que el gobierno ha prometido que se mantendrá el gasto social sin aumentar impuestos.

Destaca que Morena tendrá la presidencia de la mesa directiva de la Cámara, una vicepresidencia y una secretaría; el PAN y el PRI una vicepresidencia y una secretaría cada uno, y el PVEM, PT, MC y PRD una secretaría cada uno.

Los partidos acordaron rotarse también la dirección de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que coordina el trabajo parlamentario, de modo que el primer año estará en manos del PRI, el segundo de Morena y el tercero del PAN.

En tanto, la hasta hace unos días secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue elegida este domingo como nueva presidenta del Senado para el primer año de la LXV legislatura.

Con 79 votos a favor, 17 en contra y una abstención, los senadores escogieron la nueva mesa directiva de la Cámara alta.

«Me llena de entusiasmo regresar al Senado de la República, en donde siempre me he sentido en casa» expresó tras asumir el cargo Sánchez Cordero, quien dijo que aportará su «experiencia para trabajar desde el diálogo y el consenso».

Aseguró que pondrá todo su «empeño» para que en la nueva legislatura se aprueben «las reformas primordiales para la edificación de un México más justo, más incluyente y más equitativo».

«A mis colegas senadoras, les digo que me incorporo a participar actuando por y para las mujeres de México. Sigamos juntas», dijo esta defensora de los derechos de las mujeres.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el Congreso de la Unión ha sido omiso en expedir la Ley Reglamentaria en Materia de Revocación de Mandato, por lo que lo vinculó a que, en un plazo de 30 días naturales a partir del 1 de septiembre, emita la legislación respectiva.

Recordaron que el 20 de diciembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución, vinculadas con la consulta popular y revocación de mandato. Dicha reforma entró en vigor el 21 de diciembre de 2019 y estableció en sus transitorios la obligación del Congreso de la Unión de emitir la ley reglamentaria en materia de revocación de mandato dentro de los 180 días siguientes a su publicación.

Y es que Morena, la asociación civil Consejo Nacional de Litigio Estratégico y un ciudadano impugnaron la omisión del Congreso de la Unión de emitir la ley reglamentaria, ya que a la fecha en que presentaron sus demandas no había ni siquiera alguna iniciativa vinculada con aquella.

Entre las razones para impugnar la ausencia de la legislación, mencionaron que se violaba el derecho legítimo a participar en el procedimiento de revocación de mandato; dejaba sin efecto un mecanismo de democracia participativa directa reconocido a favor de la ciudadanía, y generaba incertidumbre sobre la posibilidad de iniciar este procedimiento en noviembre.

Así, la Sala Superior coincidió en que el ciudadano podía impugnar la omisión legislativa, por estar relacionada con mecanismos de participación ciudadana directamente vinculados con el ejercicio de sus derechos.

Además, señaló que el decreto constitucional: impuso un mandato al poder legislativo (emitir la ley reglamentaria en materia de revocación de mandato dentro de los 180 días siguientes a su publicación), y reconoció una nueva forma de participación política a través de la cual la ciudadanía puede expresar libremente su voluntad sobre la conclusión de un servidor público en el cargo.

El Congreso de Veracruz aprobó este martes la interrupción legal del embarazo hasta las doce semanas, con lo que se convierte en la cuarta entidad del país en en despenalizar el aborto.

Con 25 votos a favor, la mayoría de la banca de Morena, 13 en contra y una abstención, los diputados de Veracruz aprobaron el dictamen que permite el aborto hasta la semana 12 de gestación.

El Congreso de Veracruz señaló que el aborto seguirá siendo delito de acuerdo al Código Penal estatal si es realizado después de la decimosegunda semana. Sin embargo, antes de las doce semanas, las mujeres podrán decidir si quieren o no continuar con el embarazo de manera voluntaria.

Con el cambio que se avaló, la redacción del artículo 149 queda de la siguiente manera: comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo después de la décima segunda semana de gestación. Para efectos de este Código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio.

La diputada Mónica Robles Barajas, autora de la iniciativa, declaró que este día se aprobaba una reforma trascendental para la vida de las mujeres y hombres veracruzanos, para bien de todas y todos. “Así lo creemos en Morena y por eso lo apoyamos, no solo lo creemos nosotros, sino es lo que nos mandata el máximo tribunal del país y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que no estamos legislando en contra de la ley, sino a favor”.

La diputada resaltó que esta reforma no es inconstitucional, en clara referencia a la supuesta violación al artículo 4 de la Constitución ocal que protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural, toda vez que este mismo artículo expone la exclusión de su aplicación, salvo las excepciones previstas en las leyes. “Nuestro marco jurídico prevé que puede haber excepciones, por lo que no estamos contraviniendo la Constitución”, argumentó.

«¡Veracruz despenalizó el aborto!», celebró en Twitter la organización GIRE, que promueve el derecho al aborto legal.

GIRE destacó que al ser Veracruz el tercer distrito más poblado del país, con dicha decisión se garantizaba autonomía y libertad para más mujeres, niñas y adolescentes.

La legislación es «una de las más progresistas en México», señaló de su lado la organización Católicas por el Derecho a Decidir, quien destacó que con esta reforma también se elimina el plazo para abortar en caso de violación y disminuye las penas por aborto.

Recordemos que a principios del mes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenó la decisión de la justicia de Veracruz de acusar a una mujer de homicidio tras haber sufrido un aborto espontáneo. La joven actualmente se encuentra encarcelada.

Y es que el aborto por violación está despenalizado en los 32 estados de México y en el código penal federal, pero en al menos ocho estados se impone un límite de tiempo, en general de 12 semanas o 90 días.

La Ciudad de México fue la primera entidad del país, y la primera jurisprudencia de América Latina en despenalizar el aborto en 2007. A la capital del país le siguieron Oaxaca en 2019, Hidalgo, apenas el pasado 30 de junio pasado y ahora Veracruz.

Según datos de GIRE, el aborto clandestino es la cuarta causa de muerte materna en México, donde mujeres siguen siendo criminalizadas por esta causa.

El Congreso de Hidalgo aprobó este miércoles una iniciativa de ley que permite la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, con lo que se convierte en el tercer estado en el país en permitir esta práctica.

«Con 16 votos a favor y 1 abstención de 28 representantes presentes, aprobado el dictamen de la interrupción legal del embarazo (ILE)», la LXIV Legislatura de Hidalgo en Twitter.

Los legisladores aprobaron el proyecto de decreto que reforma los artículos 154, 155, 156, 157 y 158 del Código Penal para el estado, así como modificaciones y adiciones a la Ley de Salud para el estado.

La ley, que había sido rechazada en 2019, permitirá ahora que las mujeres que así lo deseen puedan interrumpir el embarazo hasta la semana 12 de gestación, por lo que abortar fuera de ese periodo se considerará un delito que conllevará a una pena de entre seis meses y un año de prisión y una multa.

Además, se contemplan penas de prisión a quienes, contra la voluntad de las mujeres, las obliguen a abortar o les induzcan la interrupción del embarazo.

Mientras que los médicos tienen el derecho a argumentar una objeción de conciencia y excusarse de realizar la intervención, pero sí tienen la obligación de referir a la mujer a otro doctor no objetor.

«Saludamos la aprobación en el estado de Hidalgo de la iniciativa de ley que despenaliza la interrupción legal del embarazo. Por el derecho de mujeres a decidir libremente sobre sus cuerpos», señaló en su cuenta oficial de Twitter, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración tras conocer la decisión.

La aprobación de esta iniciativa se dio en medio de protestas tanto de mujeres activistas en favor del aborto como representantes provida, quienes se pronunciaron por sus causas afuera del Congreso hidalguense.

Con la aprobación de esta reforma, Hidalgo se convirtió en el tercer estado en el país en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación sin importar causa; hasta ahora solo Oaxaca y la Ciudad de México permitían legalmente esta práctica.

En el resto del país está permitido el aborto cuando hay una violación a la mujer, además de que algunos estados tienen causales por viabilidad del feto, salud de la madre y pobreza extrema.

En Ciudad de México, donde el aborto es legal desde 2007, hasta el 2020 se habían realizado 231,191 de ellos lo cual, según especialistas, ha incidido en la disminución de muertes maternas por esta causa.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se unió a la celebración de la despenalización del aborto en Hidalgo, y reconoció que con este tipo de acciones, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres siguen avanzando. «La maternidad debe de ser deseada», indicó el Instituto.

Foto: Twitter @susana_lunar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición del consumo lúdico de marihuana en nuestro país, luego de que el Congreso no lograra aprobar una ley para regular el cannabis recreativo.

La declaración de inconstitucionalidad fue apoyada por ocho de los once magistrados de la Suprema Corte en lo general y por nueve en las especificaciones, con lo que se alcanzó en ambos casos la mayoría calificada suficiente para anular los cinco artículos de la Ley General de Salud que impiden el consumo lúdico.

Y es que el pasado 30 de abril venció por tercera vez el plazo que la Corte había puesto al Congreso para que regulara el consumo lúdico de marihuana en el país, pero los legisladores no alcanzaron ningún acuerdo para legalizarlo en dicho plazo.

Con el levantamiento de la prohibición por parte de la Corte, los mexicanos podrán solicitar permisos para consumir, portar y consumir marihuana a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), organismo de la Secretaría de Salud.

La magistrada Norma Lucía Piña, ponente del proyecto, aclaró que «no se autoriza en ningún caso importar, comerciar o suministrar» marihuana, con lo que no se creará por ahora un mercado de cannabis recreativo. Subrayó que el consumo no podrá afectar a terceros ni llevarse a cabo en espacios públicos ni tampoco frente a menores de edad.

Estas directrices estarán vigentes desde que se publique la declaración de inconstitucionalidad en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y mientras el Congreso no legisle al respecto.

Piña consideró que con esta declaración «se remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud autorice las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y THC (Tetrahidrocannabinol) con fines recreativos respetando el libre desarrollo de la personalidad».

Tras varios amparos de consumidores, la Suprema Corte consideró inconstitucional el consumo recreativo por violar «el libre desarrollo de la personalidad» y ordenó en 2019 a los legisladores regular el consumo recreativo.

Una primera versión del texto fue aprobada por el Senado el 19 de noviembre del año pasado, pero el 10 de marzo fue modificada por la Cámara de Diputados, mismo que regresó de nuevo al Senado, instancia en donde se dejó vencer el plazo definitivo del 30 de abril sin ratificarla.

El dictamen buscaba convertir a México en el tercer país de América en legalizar a nivel nacional la marihuana recreativa, tras Uruguay y Canadá. Permitía portar hasta un máximo de 28 gramos de cannabis y preveía un sistema de licencias para cultivar hasta ocho plantas en casa, fundar asociaciones de fumadores, así como producir y vender marihuana y cáñamo industrial.

Sin embargo, asociaciones de consumidores criticaron que el texto seguía criminalizando el consumo al establecer multas a quienes portaran entre 28 y 200 gramos y penas de cárcel a quienes superaran los 200 gramos.

Aunque la sesión de los magistrados fue vía remota, integrantes del Movimiento Cannábico Mexicano se plantaron frente a la Suprema Corte para pedir el fin de la prohibición tras un año y medio acampados ante el Senado.

A diferencia de lo que ha dicho por años el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), uno de los que es considerado aliado de la 4T, José Luis Vargas Valdez, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que en las últimas tres décadas no se han producido «fraudes masivos» en el país.

Cuando el TEPJF se prepara a revisar cerca de 25,000 impugnaciones de las elecciones del pasado 6 de junio, el magistrado presidente reconoció que la democracia mexicana sufriría un retroceso «gravísimo» si desaparecieran las instituciones electorales, en referencia al Tribunal y al Instituto Nacional Electoral (INE), los dos principales garantes del proceso electoral mexicano y de la salud democrática del país.

«Nuestro sistema electoral ha demostrado desde 1994 que está a prueba de fraudes masivos, lo que no quita que pueda haber trampas, compra de votos, pero hacerlo a gran escala es prácticamente imposible», afirma Vargas Valdez en entrevista con la agencia EFE.

El magistrado presidente  refiere que el exceso de polarización política es resultado de las reiteradas declaraciones en favor de una reforma electoral, o incluso a los llamados que han aparecido sobre la desaparición de las instituciones autónomas electorales.

Dijo que esos llamados, que reconoció han surgido incluso del propio presidente López Obrador, darían pie a «un proceso gravísimo para México» porque desde hace tres décadas «los problemas políticos se dirimen en las urnas» y ya no hay fraudes como «a los que estábamos acostumbrados» en el pasado.

Vargas Valdez calificó como un retroceso lamentable que políticos ataquen a las instituciones electorales, y estimó que «hay muchos aspectos en materia electoral que se pueden mejorar y modernizar, como encontrar fórmulas mixtas de financiación» para que el gasto no dependa solo del sector público, o mejorar el marco normativo, todo lo que tenga que ver con redes sociales y «fake news».

El problema, advirtió, es que la posible reforma electoral se convierta en un asunto «entre vencedores y vencidos para ajustar cuentas».

Recordemos que antes de las elecciones del pasado 6 de junio, e incluso luego de conocerse los resultados, López Obrador ha venido criticando al INE y abogó incluso por la desaparición de las instituciones electorales que actúan de manera autónoma desde 1994.

Ante las presiones recibidas por el INE y el Tribunal Electoral, Vargas Valdez asegura que no teme que los dos organismos desaparezcan.

«La ciudadanía no lo permitiría. El marco constitucional nos da la protección. Hemos vivido momentos complejos y tensos. Creo que quien se cree su autonomía la tiene. No es que haya presiones es que hay quienes se dejan presionar. Quienes componen el INE o el Tribunal gozamos de la plena credibilidad para juzgar conforme a derecho», indicó el magistrado.

Vargas Valdez asegura que el tribunal es un «órgano imparcial» sin «filias ni fobias», y resaltó que México tiene un sistema electoral sólido, que es reconocido a nivel internacional.

El ministro se dijo «aliviado» de que el resultado de las elecciones no hayan dado a ningún partido, incluso junto a sus aliados, la mayoría necesaria para imponer reformas constitucionales.

«Hoy los escenarios están claros. Hay dos coaliciones fuertes, sabemos que no hay mayorías absolutas para promover una reforma constitucional y eso genera tranquilidad. Los partidos tienen la obligación de negociar para llegar a acuerdos parlamentarios que beneficien al país», destacó.

Sobre la consulta que se realizará el próximo 1 de agosto, para decidir si se enjuicia a los expresidentes del país por supuestos delitos, y que fue propuesta de López Obrador y Morena, Vargas Valdez dijo que no comulga con que se consulte lo obvio. «En este caso lo obvio es que si hubiera delitos que perseguir el Ministerio Público está obligado a perseguirlos», afirmó.

Respecto a las impugnaciones que tendrá que resolver, adelantó que el periodo más crítico será septiembre, octubre y mediados de noviembre, que es cuando se produce la homologación de los calendarios electorales de los estados. Destacó que los casos más delicados en cuanto a las impugnaciones se concentran en tres estados: Campeche, Michoacán y Aguascalientes porque las diferencias porcentuales de los votos están por debajo del 5%.

«En esos tres estados hay por tanto incentivos para judicializar el sistema electoral. En el resto de los estados las diferencias son tan amplias que las posibles anomalías no afectarán a los resultados ya estimados», aseguró el magistrado presidente  del TEPJF.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, ofreció esta noche el tercer mensaje en cadena nacional, para actualizar sobre los resultados preliminares de la jornada electoral de este domingo 6 de junio.

«Hoy fuimos testigos de una jornada electoral histórica, millones de mexicanas y mexicanos ejercimos nuestro derecho al voto de manera pacífica y ordenada, refrendando así la voluntad de contar con un país democrático, plural y con un pleno Estado de derecho», inició el consejero presiente.

Tal como se había adelantado, el tema central de este tercer mensaje sería dar a conocer las tendencias de votación que el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido para las diputaciones federales entregó al INE.

El reporte que habría entregado el Comité se integraría de tres datos: el porcentaje estimado de participación en la jornada electoral federal a nivel nacional; segundo el rango estimado de votación que obtuvo cada partido para la elección de diputaciones federales, y el número estimado de diputaciones que obtendrá cada partido político en la Cámara de Diputados.

De los más de 93 millones de mexicanos que estaban llamados a votar, el rango de participación fue de entre 51.7% y 52.5%.

En cuanto a los rangos de la votación obtenida por cada partido político, las estimaciones fueron:

 

Así, las estimaciones del Comité Técnico orientadas a determinar el número aproximado de diputaciones tanto de mayoría relativa como de representación proporcional que obtendrá cada partido político en la Cámara de Diputados fue:

Y aunque Lorenzo Córdova precisó que la información presentada es de carácter preliminar, ya que los resultados definitivos de las elecciones federales serán los que surjan de los cómputos que iniciarán el próximo miércoles 9 de junio en los 300 consejos distritales, las cifras muestran que Morena se quedaría lejos de la mayoría calificada, pues en conjunto con sus partidos aliados tendría entre 265 y 298 curules. Por su parte la oposición obtendría entre 181 y 213 espacios.

Recordemos que para contar con mayoría calificada un partido o bloque tiene que contar con 333 espacios, mientras que para contar con mayoría absoluta son necesarios 250+1 curules.