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La diputada del PRI, Dulce María Sauri, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, a que se investigue y aclare, de manera pronta y expedita, el derrumbe ocurrido en la Línea 12 del Metro.

La propuesta busca que se finquen las responsabilidades conducentes a los funcionarios y exfuncionarios por su posible responsabilidad en las fallas que ha presentado el servicio.

En el punto de acuerdo también se solicita a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a que destituya a la titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, debido a las fallas recurrentes que se han presentado durante su gestión.

«Esta es la mayor tragedia sucedida en la historia de la capital del país, desde el terremoto de 2017; sólo que esta vez no fue un desastre natural, sino un accidente por el fallo de una estructura», dijo la diputada.

La propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

Adicional, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, la senadora Kenia López Rabadán presentó un punto de acuerdo para crear una comisión especial plural que investigue, de manera objetiva, lo sucedido en la línea 12 del Metro.

También propuso la comparecencia del ex jefe de gobierno y actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que explique los señalamientos que se han hecho a la construcción de esa obra.

La legisladora expuso que en la construcción de la línea 12 hubo “peculado, pagos indebidos, retrasos en la entrega, fraude, tráfico de influencias, uso indebido del ejercicio público y desvío de recursos”.

Sin embargo, con 13 votos a favor y 20 en contra, los legisladores de Morena y bancadas aliadas frenaron la propuesta, al considerar que es «carroñera» y no es un tema de «urgente y obvia resolución».

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y el Congreso estatal, donde el PAN, partido del mandatario estatal tiene mayoría, determinó que no procedía la homologación de la declaración de procedencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que los legisladores del estado ‘protegieron’ al gobernador.

El Congreso de Tamaulipas indicó el viernes pasado que García Cabeza de Vaca, en su calidad de gobernador constitucional, debía seguir fungiendo en el cargo público para el que fue electo en 2016, por la voluntad de la mayoría de la ciudadanía de la entidad.

«Según estas disposiciones, cuando se trate de servidores públicos del ámbito local, corresponde en última instancia al Congreso del estado determinar si procede la homologación de la declaración de procedencia realizada por la Cámara y, en su caso, el retiro del fuero, ya que la declaratoria federal tiene un efecto puramente declarativo», justificaron los legisladores locales.

Sobre el tema, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien deberá resolver el desafuero del gobernador.

«No tiene fuero, pero el Congreso de Tamaulipas lo protegió, es un proceso legal, yo creo que va a ser resuelto por la Corte, van a decidir cuál es el procedimiento adecuado, correcto y no nos adelantemos, ni en favor de una opción o de otra», dijo AMLO al ser cuestionado sobre el tema..

Tras lo expresado por el mandatario, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, consideró de igual forma que el gobernador ya no tiene protección legal. «La Cámara de Diputados ya votó la declaración de procedencia, por lo tanto en mi opinión efectivamente ya no tiene fuero», afirmó este lunes Sánchez Cordero.

Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Pero el caso ha tomado notoriedad debido a que falta poco más de un mes para las elecciones del próximo 6 de junio.

El PAN, principal opositor del gobierno federal, y el propio García Cabeza de Vaca, han insistido en calificar los hechos como una persecución política.

Ayer, el panista publicó en sus redes sociales un video en el que muestra el certificado fiscal que expidió un notario público con su declaración patrimonial y el pago de los impuestos correspondientes, esto ante las acusaciones de la UIF en relación a la compra-venta de un inmueble en la Ciudad de México.

“Ante las falsas acusaciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en relación a la compra-venta de un departamento en la CDMX”, dijo García Cabeza de Vaca en su mensaje, quien aseguró que declaró y pagó los impuestos correspondientes a dicha transacción.

En el video se observa un documento, mientras una voz explica que, “aquí se muestra el certificado fiscal emitido por el notario público, de la compra-venta del departamento, donde se reporta el pago de los impuestos correspondiente.

El presidente Joe Biden, quien este jueves cumple 100 días en el poder, ofreció la noche de ayer su primer discurso ante las dos cámaras del Congreso, en el que defendió su ambicioso proyecto de gobierno, destacando que Estados Unidos «está de vuelta otra vez».

El demócrata pidió una y otra vez a los republicanos, cuyo voto necesita para sacar adelante muchas de las propuestas que ha presentado, que le apoyen en sus planes económicos y sociales.

Durante poco más de una hora, Biden habló de la vacunación contra la COVID-19, de sus planes de infraestructuras y gasto social y de política exterior, así como temas que han tomado importancia en sus primeros 100 días de gobierno: la inmigración, los tiroteos y la brutalidad policial contra las minorías.

«Estamos vacunando a la nación, creando cientos de miles de trabajos, entregando resultados reales que la gente puede ver y sentir en sus vidas», dijo el mandatario.

Gran parte de su discurso lo dedicó a promover su plan de inversiones en infraestructuras por valor de 2.25 billones de dólares, acompañado por otro plan dirigido a ayudar a las familias y los ciudadanos en situación más vulnerable, por un importe de 1.8 billones de dólares.

Para financiar ambos proyectos el presidente defendió que hay que subir los impuestos a las grandes empresas y a las grandes fortunas. En ese sentido consideró que «ya es hora» de que las grandes corporaciones y los más ricos del país, que son un 1% , «paguen su parte justa» de impuestos.

Biden citó un estudio reciente que apunta que el 55% de las grandes empresas pagó «cero» impuestos federales el año pasado, y lograron 40,000 millones de dólares en beneficios, mientras que muchas evadieron los pagos y se acogieron a beneficios y deducciones por emplear a sus trabajadores en otros países.

En ese sentido aseguró que el gobierno acabará con los vacíos que permiten a los más ricos pagar muy por debajo de lo que deberían según sus ganancias y advirtió de que el gobierno actuará con mano dura contra los millonarios que pretendan «engañar» sobre sus ganancias.

Recordó que tanto el rescate aprobado en marzo pasado por un valor de 1.9 billones de dólares, así como los proyectos de gasto social y en infraestructura, están dirigidos a frenar el deterioro económico ocasionado por la pandemia de COVID-19.

En ese tema, el mandatario pidió todos los estadounidenses que superen las dudas y se vacunen cuanto antes, porque «cada pinchazo es una dosis de esperanza». «Nuestro progreso de estos últimos cien días contra una de las peores pandemias de la historia es uno de los mayores logros logísticos que ha visto jamás nuestro país», afirmó Biden.

De acuerdo a datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el 43% de los estadounidenses ya han recibido al menos la primera dosis de la vacuna; mientras que el 29.5% de los adultos están completamente inmunizados.

Biden prometió, además, que su país será un «arsenal de vacunas» para el resto del mundo y jugará un papel de liderazgo similar al que desempeñó durante la Segunda Guerra Mundial.

Además de la pandemia y la recuperación económica, el presidente llamó a los republicanos para hacer frente a los grandes desafíos que afronta su país: la inmigración, las armas y el racismo.

Biden instó a poner fin a «la agotadora guerra» partidista sobre la política migratoria y pidió al Congreso que apruebe su reforma migratoria, que busca regularizar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país, un proyecto que está estancado en el Senado ante la falta de apoyo de los conservadores.

«Si creen que necesitamos una frontera segura, apruébenla. Si creen en una vía hacia la ciudadanía, apruébenla. Si realmente quieren resolver el problema, les he enviado el proyecto, ahora apruébenlo», reclamó el mandatario a los republicanos,

Del mismo modo, urgió a la oposición a que se una a los demócratas para restringir el acceso a las armas de fuego e imponer una verificación de los antecedentes legales del comprador en las transacciones de armamento.

«No me digan que no se puede hacer. Lo hicimos en el pasado, y funcionó», añadió Biden, quien también defendió prohibir los rifles de asalto y los cargadores de alta capacidad, armas y dispositivos habituales en los tiroteos masivos.

El líder estadounidense sostuvo que el problema de las armas no debería ser un asunto partidista.

Asimismo, instó a los republicanos a aprobar el proyecto de reforma de la Policía el mes siguiente, es decir mayo, que coincidiría con el primer aniversario del asesinato del afroamericano George Floyd. «La nación apoya esta reforma. El Congreso debe actuar», aseguró.

Finalmente, el mandatario animó a las dos cámaras del Congreso que apoyen al gobierno en su empeño por proteger a la comunidad LGTBQ y también a las víctimas de la violencia de género, en este último caso restringiendo el acceso a las armas de sus atacantes

Posterior al mensaje de mandatario, el senador republicano Tim Scott, el único legislador afroamericano de su partido en la Cámara Alta, fue el encargado de dar respuesta al discurso del presidente Joe Biden, afirmando que el país no es racista, .

«Cuando Estados Unidos se une, hacemos avances tremendos, pero fuerzas poderosas quieren separarnos», dijo Scott, que no precisó a qué fuerzas se refería.

Scott recordó que hace cien años los niños aprendían en la escuela que el color de su piel era su característica más importante y que si su apariencia era de una manera determinada eran considerados inferiores. Señaló que si actualmente ocurre lo mismo es porque «hay gente haciendo dinero y ganando poder fingiendo que no ha habido ningún progreso en absoluto y redoblando las divisiones».

«Escúchenme claramente, EE.UU. no es un país racista».

Asimismo, criticó el rescate económico de 1.9 billones de dólares impulsado por Biden y aprobado en el Congreso en marzo, sin un solo voto republicano. Scott calificó esa ley de «partidista» y acusó a la Administración de haber separado a los estadounidenses.

Además, acusó al presidente de incumplir su promesa de unir a la nación y de gobernar para todos los estadounidenses.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este lunes que está «pendiente» de las medidas de control de armas anunciadas por su homólogo estadounidense, Joe Biden, y deseó que el asunto sea abordado por el Congreso de ese país.

«Estamos muy pendientes de la propuesta del presidente Biden en el sentido del control en la comercialización de armas, muchas de las cuales se introducen en nuestro país. El tema se está conduciendo en Estados Unidos, ojalá vaya al Congreso», expresó López Obrador en su conferencia matutina.

«Hay esa intención del presidente Biden, que celebro y apruebo», enfatizó AMLO.

Recordemos que el presidente Biden anunció el pasado jueves una serie de medidas de alcance limitado para atajar la violencia con armas de fuego en su país, y exigió al Congreso que deje de tolerar un problema que describió como una «vergüenza a nivel internacional».

Las acciones de la administración Biden llegan dos semanas después de los tiroteos masivos que dejaron 18 muertos en Georgia y Colorado; el demócrata desveló varias iniciativas para contener la violencia armada, pero reconoció que no podrá hacer demasiado por su cuenta si el Congreso no deja de bloquear cualquier intento de aumentar el control de armas.

Sobre el tema, López Obrador dijo este lunes que el tráfico de armas «ha disminuido» bajo su gobierno, porque «no hay tolerancia».

Aseveró que se está investigando a quienes participan desde el gobierno en el tráfico de armas y aseguró que «ya no se aceptan programas con agencias extranjeras para introducir armas», en alusión al operativo «Rápido y Furioso», realizado entre 2009 y 2011, cuando el gobierno de Estados Unidos introdujo 2,000 armas a México para rastrear al crimen organizado, pero muchas de ellas acabaron siendo utilizadas en delitos.

El mandatario recordó que desde el año pasado el Ejército tomó el control de las aduanas y que, desde entonces, «se ha decomisado un número importante de armas».

En su conferencia de prensa, AMLO aprovechó para señalar vínculos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el movimiento social de Chihuahua que a finales del año pasado se intentó oponer a la entrega de agua a Estados Unidos, en un caso que dejó a una manifestante muerta tras un choque con las fuerzas de seguridad.

El presidente reveló que manifestantes que tomaron la presa La Boquilla, se llevaron armas de la Guardia Nacional, y que hace 20 días, algunas de esas armas fueron decomisadas en Jalisco.

«No se puede ser categórico, pero en el movimiento de Chihuahua había gente vinculada con los que operan en Jalisco en la delincuencia. El grupo de Jalisco», expresó.

Como parte de su campaña electoral, donde busca un curul en el Congreso de Veracruz, Francisca Viveros, mejor conocida como Paquita la del Barrio, utiliza sus redes sociales para ofrecer consejos a sus seguidores de temas que poco tienen que ver con la política.

En su cuenta de Facebook, perfil que su equipo abrió distinto al que normalmente usa como cantante, hay una sección que se llama Los consejos de Paquita, que forma parte de su campaña política ‘Paquita en Movimiento’, en la que «recibe» llamadas de seguidores que le piden sus consejos sobre diversos temas.

En su más reciente edición, mismo que ya fue borrado de la página (lo que no evitó que se viralizara), Francisca Viveros explica cómo tratar a un niño que «está mal de su mollera».

La cantante explica cómo empezar con unos chupetones en la cabeza del menor, para luego «echar un puñito de agua» y una poca de azúcar, lo que evitará que la mollera baje de nuevo.

Posteriormente, y con la ayuda de un muñeco, muestra cómo se debe agarrar al niño con la cabeza hacia abajo y darle «golpes» en las plantas de los pies.

«Hola, soy su amiga Paquita la del Barrio. Síganme en redes sociales para más consejos», se despide la candidata de Movimiento Ciudadano.

En su página se observa como la cantante ha estado visitando algunos lugares de la región, además del acompañamiento que ha dado a compañeros candidatos en sus actos de campaña, en los que su participación ha sido para amenizar el evento con su música.

Ha raíz de las críticas que ha recibido el contenido de su campaña en redes sociales, la página de Facebook ha registrado problemas para ingresar.

En otro de los «Consejos de Paquita» (que todavía se encuentra disponible), la candidata aconseja sobre qué hacer en las vacaciones se semana santa: sugiere jugar lotería o pintar mandalas, y optar por no salir de casa.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó este martes al Congreso de su país a prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad y a cerrar las lagunas existentes en el sistema de verificación de antecedentes para adquirir armas de fuego.

En un discurso pronunciado desde La Casa Blanca, después de que un hombre armado matara a diez personas en un comercio en la localidad de Boulder, en Colorado, Biden ha hecho hincapié en que «no necesita esperar un minuto más y mucho menos una hora» para tomar medidas de sentido común que salvarán vidas en el futuro.

Así, ha reclamado al Senado que apruebe «inmediatamente» dos proyectos de ley, a los que la Cámara de Representantes ya ha dado luz verde, para ampliar los controles de antecedentes penales para la venta de armas de
fuego.

«Esto no es y no debería ser un asunto partidista, es un asunto estadounidense», reiteró el mandatario.

El llamado del demócrata llega luego de los hechos que tuvieron lugar ayer cerca de las 15:00 horas, cuando un hombre armado irrumpió en el centro comercial King Soopers de Bounder. Diez personas, incluido el agente de Policía Eric Talley, de 51 años, uno de los primeros en llegar al lugar de los hechos, fallecieron. El sospechoso de cometer el tiroteo, identificado como Ahmad al Aliwi Alissa, de 21 años, ha sido imputado con diez cargos de asesinato en primer grado.

Al respecto, el expresidente Barack Obama urgió también a superar «la oposición de los políticos cobardes» y aprobar medidas para reforzar el control de armas en Estados Unidos, al asegurar que el país «ya no puede permitirse» que sea «normal» experimentar regularmente tiroteos masivos.

«Ya es hora, desde hace mucho, de que aquellos que tienen poder combatan esta epidemia de violencia armada», subrayó Obama.

El exmandatario reconoció que no será fácil erradicar la «animosidad, el racismo y la misoginia que nutren muchos de estos actos de violencia sin sentido», pero sí es posible «dificultar que quienes tienen odio en sus corazones puedan comprar armas de guerra».

Obama reconoció hace años que su mayor frustración como presidente fue el fracaso de sus esfuerzos por lograr un mayor control de la venta y posesión de armas en el país, después de la matanza de 2012 en la escuela Sandy Hook de Newtown, Connecticut, donde fueron asesinados a tiros 20 niños y 6 mujeres.

El gobierno de Obama impulsó entonces un conjunto de medidas para reformar la legislación de control de armas, pero el Congreso no aprobó siquiera la que generaba más consenso: un sistema de verificación de antecedentes para impedir que las armas llegaran a los criminales o a las personas con problemas de salud mental.

Al reaccionar al tiroteo de Boulder, Obama aseguró que sentía, «además de pena, una indignación profunda y familiar» por el hecho de que Estados Unidos «siga tolerando estos actos aleatorios y sin sentido, día tras día, sin tomar medidas significativas».

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó esta tarde el paquete de rescate de 1.9 billones de dólares que presentó el presidente Joe Biden. El plan de ayuda está diseñado para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia, e incluye apoyos directos a los ciudadanos.

Esta es la primera gran victoria para el presidente Joe Biden desde que asumió el poder, y que como se comprometió, da un respiro a familias y empresas golpeadas por la pandemia.

La propuesta, que ya había sido aprobada por el Senado, fue aprobada como se preveía por los demócratas sin el apoyo de los republicanos. Pasa a La Casa Blanca, donde se espera que Biden lo ratifique el próximo viernes, según declaraciones de la portavoz, Jen Psaki.

Indicó que Biden planea rubricar y convertir en ley «el viernes por la tarde» el plan de rescate que fue aprobado en la Cámara de Representantes. Será la primera ley que firma Biden desde que llegó al poder el pasado 20 de enero.

«Vamos a actuar a toda velocidad en la implementación de la ley, porque el pueblo estadounidense necesita ayuda lo antes posible», aseguró Psaki durante su rueda de prensa diaria.

La Casa Blanca considera el proyecto de ley uno de los planes «más progresistas» que se han aprobado en la historia moderna de Estados Unidos, en palabras de Psaki, y tiene previsto dedicar las próximas semanas a promocionarlo y «venderlo» al pueblo estadounidense.

«El presidente va a viajar (para promoverlo), la vicepresidenta (Kamala Harris) va a viajar, la primera dama va a viajar. Tendremos gente comunicándose directamente con las comunidades», aseguró Psaki.

Biden opinó el mes pasado que, cuando el expresidente Barack Obama consiguió aprobar un plan de estímulo en 2009, cometió un error al no dedicar muchos recursos a promocionarlo, y «pagó el precio por esa humildad» en las elecciones legislativas del año siguiente.

El demócrata quiere que su plan de estímulo, conocido como Plan de Rescate Estadounidense, tenga el efecto contrario y ayude a los demócratas en los comicios legislativos de 2022, por lo que ha pedido a su equipo que se dedique a promocionarlo.

La Casa Blanca incluso se planteó poner el nombre del presidente en los cheques únicos de 1.400 dólares a los contribuyentes que tengan ingresos inferiores a los 80,000 dólares anuales por persona que se van a distribuir como parte del plan, pero finalmente decidió no hacerlo, según el diario The Washington Post.

El proyecto de ley amplía hasta comienzos de septiembre las ayudas al desempleo, de 300 dólares semanales, ya que los actuales fondos expiraban el 14 de marzo, fecha límite que se han marcado tanto La Casa Blanca como los demócratas en ambas cámaras para tener el proyecto finalizado.

El paquete asigna 350,000 millones de dólares para gobiernos locales y estatales, 170,000 millones para la reapertura de las escuelas, 14,000 millones de dólares para fortalecer el plan de vacunación y otros 46,000 millones de dólares para el sistema de pruebas para la detección del coronavirus.

El plan de rescate de Biden se une así al de 900,000 millones de dólares que el Congreso impulsó en diciembre pasado y al de 2.2 billones de dólares, el mayor de la historia del país, en marzo de 2020, bajo la Presidencia de Donald Trump.

El Congreso estadounidense debe aprobar este miércoles el plan de estímulo impulsado por Joe Biden con el apoyo único de los demócratas, lo que sería una importante victoria del presidente a poco tiempo de haber comenzado su mandato.

El plan de estímulo es por 1.9 billones de dólares, el equivalente al PIB de Italia en 2020. Un monto suficiente para tener un impacto considerable en el crecimiento, según han advertido los economistas, además del impacto que tendría en la vida de millones de estadounidenses.

Estados Unidos necesita «desesperadamente» estas medidas para salir de la crisis provocada por la pandemia, insiste el mandatario, que prometió promulgar el «plan de rescate» en cuanto sea adoptado por el Congreso.

Los republicanos se oponen a esta iniciativa, y denuncian medidas de «extrema izquierda» que van más allá de la lucha contra la crisis causada por el coronavirus. Biden, que recuerda repetidamente su larga etapa como senador capaz de conseguir compromisos con el otro campo, no ha logrado hasta ahora convencer a ninguno.

Pero los demócratas, que controlan la Cámara de Representantes, están convencidos de que podrán aprobarlo sin los republicanos. El debate del plan está programado para que inicie a las 09:00 hora local, y se espera que tras dos horas comience la votación.

«Es una ley notable, histórica, que conducirá a una transformación profunda y permitirá avanzar mucho en la lucha contra el virus y responder a nuestra crisis económica», aseguró el martes la presidenta demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi.

Los demócratas insisten en el hecho de que con su versión, las pequeñas empresas familiares, y especialmente las gestionadas por personas integrantes de minorías, recibirán un mayor apoyo.

De acuerdo a los expertos, este paquete millonario debería impulsar el crecimiento. Según La Casa Blanca, esta ley «histórica» creará más de 7 millones de nuevos puestos de trabajo este año, abaratará costos de salud y salvará vidas al impulsar la vacunación contra el Covid. La Presidencia afirma igualmente que la pobreza en los niños se reducirá a la mitad.

Si se aprueba definitivamente, el proyecto de Biden mantendrá muchos de los programas anteriores de otros paquetes de ayuda aprobados en 2020, por 2.2 billones de dólares y 900,000 millones respectivamente, repartirá cheques de hasta 1,400 dólares a muchos estadounidenses y concederá ayudas a los gobiernos estatales y locales con problemas de liquidez. También prolongará subsidios por desempleo excepcionales que caducan el 14 de marzo, hasta septiembre.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, aseguró este jueves que «alguien tendrá que pagar» los 60,000 millones de pesos en que estiman el costo de la reforma eléctrica que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

«Hemos argumentado que esos 60.000 millones de pesos adicionales que costará esta nueva forma de despacho de la electricidad en México, alguien los tendrá que pagar y ese alguien será o los recursos fiscales o los costos implícitos en la producción de bienes y servicios del país», dijo Salazar.

El CCE organizó un foro virtual de dos días, el cual cerró este jueves con diversas mesas de análisis sobre la reforma eléctrica aprobada en el Congreso, y que prioriza la electricidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por delante de los generadores privados de energías renovables.

«Ante esta iniciativa nuestro comentario y crítica es que es evidente que no han sido los criterios técnicos los que la han motivado, los criterios económicos no han sido el soporte y los costos son clarísimos», añadió.

Recordemos que el pasado martes, con 68 votos a favor y 58 en contra, el Senado aprobó el dictamen de la iniciativa enviada por López Obrador, el cual ya había sido aprobado la semana anterior por la Cámara de Diputados.

Carlos Salazar consideró que el Congreso «es un parlamento y ese parlamento debió permitir que todos expusiéramos nuestros puntos de vista» para que «verdaderamente se mostrara la facultad que tiene el Poder Legislativo de representarnos a todos los mexicanos, no solamente a una orientación política».

El presidente del CCE adelantó ayer que un aumento en los costos de la electricidad en fábricas y empresas, lo acabarán pagando los mexicanos cuando consuman bienes o servicios.

PABLO HIRIART

EL FINANCIERO

 

Gobernar abarca muchos campos, pero quizás el esencial radica en cómo recaudar y en qué gastar el dinero.

Este recordatorio de una obviedad es pertinente ahora que la representación de México en el Consejo de Seguridad de la ONU protesta por la forma inequitativa del reparto de vacunas contra el Covid.

“La están acaparando 20 países”, dijo el canciller Ebrard.

El gobierno de México, en uso de sus facultades soberanas, ha decidido gastar en lo que llama ‘el rescate de la industria petrolera’. Durante el año pasado Pemex perdió 761 mil millones de pesos.

Sumado al año previo, el gobierno de México ha perdido un billón 200 mil millones de pesos en Pemex.

El Congreso mexicano, electo democráticamente, lo ha permitido. Y la población, mayoritariamente, apoya a su gobierno. No hay nada qué discutir. El gobierno está en todo su derecho de desperdiciar, en un año, 761 mil millones de pesos.

Ha sembrado sus recursos en petróleo y ha cosechado pérdidas estratosféricas. Asunto suyo y de la mayoría que le apoya.

Alemania y otros países sembraron en ciencia y cosechan vacunas.

Para el gobierno de México el rescate de la industria petrolera es considerado un asunto de seguridad nacional.

Y para Merkel y otros gobernantes, el Covid es su tema de seguridad nacional.

Cuestión de enfoques, de prioridades.

Alemania decidió invertir una cantidad –comparativamente ínfima respecto a las pérdidas de Pemex– en apoyar a científicos para obtener una vacuna contra el Covid y lo logró.

La entonces mediana empresa BioNTech, un laboratorio propiedad de dos migrantes turcos, obtuvo de la señora Angela Merkel un apoyo de 375 millones de euros.

Cuando descubrieron la vacuna contra el Covid, se asociaron con la estadounidense Pfizer para producirla en grandes cantidades, y a la vez diseñar sistemas de refrigeración para el producto.

El gobierno de Estados Unidos decidió invertir 10 mil 790 millones de dólares en el desarrollo y producción de vacunas en seis farmacéuticas, y acertó en dos: Pfizer-BioNTech y Moderna.

Ninguna de esas cifras se compara con lo que pierde Pemex, por decisión soberana de su gobierno y del Congreso.

Alemania invirtió en investigación y cosechó las vacunas que van a salvar al mundo.

Estados Unidos invirtió en desarrollar en serie la producción y las cadenas de almacenamiento del producto, y obtiene vacunas para un buen número de sus habitantes.

México, con todo su derecho, prefirió perder 761 mil millones de pesos, tan sólo el año pasado, en ‘rescatar Pemex’ y no lo consiguió.

Si en lugar de recortar presupuesto a la ciencia, maltratar a los médicos especialistas y ofender a los científicos –los llamaron porfiristas–, se les hubiera apoyado, otra sería la situación.

Todo el programa de apoyo económico a laboratorios en búsqueda de la vacuna contra el Covid –desde enero del año pasado– le costó a Alemania 750 millones de euros.

Esa cantidad destinada a la investigación y búsqueda de una vacuna contra el virus, equivale a sólo nueve días de pérdidas del gobierno mexicano en Pemex.

BioNTech recibió del gobierno alemán, para su gran hallazgo, el equivalente a 3.7 días de pérdidas de Petróleos Mexicanos.

Hay que insistir, si el gobierno de México quiere tirar el dinero a razón de 100 millones de dólares diarios (así ha sido en los últimos 12 meses), puede hacerlo.

Pero vamos a la pregunta central: ¿tiene derecho el gobierno mexicano a acusar de acaparadores a los países que invirtieron en ciencia y obtuvieron la vacuna?

Mientras en México las autoridades se burlaban del virus, decían que eran de una raza inmune, que se combatía con amuletos, apostaban por la “ciencia colaborativa” (¿?) en lugar de la “ciencia neoliberal”, y quemaba su dinero, el gobierno de la señora Merkel empujaba por las vacunas.

¿No tienen derecho los alemanes a vacunarse primero, con su producto?

Estados Unidos, con todo y su disparatado presidente, invirtió en desarrollo y producción de vacunas (menos de la tercera parte de lo que Pemex perdió el año pasado, por decisión del gobierno mexicano).

¿No tienen derecho a vacunarse ellos primero, porque hicieron lo correcto con su dinero y lograron el producto?

Biden ha invertido más recursos que Trump en vacunas y solicitó dinero adicional al Congreso para producir aceleradamente 200 millones de dosis más, que deben estar listas en verano y así concluir la tarea con los adultos.

Desde luego que hay una falta de solidaridad flagrante hacia los países pobres al no donarles vacunas las naciones que tienen más.

Pero México no es un país pobre. Según la ONU, es país de ingreso medio-alto, y tiene dinero para gastarlo y perderlo a manos llenas.

Pemex ha perdido, en un año, más dinero que lo invertido por Alemania y Estados Unidos juntos en la investigación del Covid, la producción de vacunas y los sistemas de almacenamiento y distribución.

Las vacunas no fueron su prioridad. Entre los países latinoamericanos de ingreso medio-alto, los individuos que han recibido una vacuna por cada 100 habitantes, Chile tiene 3.2, Brasil 1.7, Costa Rica 0.9, Argentina 0.7 y México 0.5 (Washington Post).

Que proteste Haití. A ese país auténticamente pobre de las Antillas sólo llegan los aviones de Estados Unidos cargados con deportados.

Afortunadamente, la OMS llevará a los países pobres, antes de fin de año, 2 mil millones de vacunas. Irán a las naciones que carecen de dinero para comprarlas.

¿Y el gobierno de México es el que protesta?

Lo que se tiró en un año en Pemex, 761 mil millones de pesos de pérdidas netas (resultado que queda después de todos los ingresos, menos todos los gastos y ya pagados los impuestos y amortizaciones), alcanzaría para construir más de 700 hospitales de alta especialidad. O 7 mil 600 millones de dosis de vacunas contra el Covid, suficientes para vacunar a México y, solidariamente, a todos los pobres del mundo.

Pero gobernar es, fundamentalmente, decidir en qué se gasta el dinero.

Y el gobierno de México decidió tirarlo, en lugar de invertir en ciencia e investigación.

¿Qué reclama, entonces?

El presidente de México podrán ser imputado y juzgado por cualquier delito cometido a partir de mañana, después de que este viernes se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas a los artículo 108 y 111 de la Constitución mexicana, que implican cambio al fuero especial presidencial.

Con las nuevas disposiciones, los presidentes podrán ser juzgados mientras ocupen el cargo por delitos como traición a la patria, corrupción y delitos electorales, entre otros, como cualquier otro ciudadano.

Y aunque la noticia se difundió como que se acaba el fuero presidencial, especialistas refieren que es falso que desaparezca, pues el trámite de desafuero para que pueda ser imputado, se conserva.

Para proceder penalmente contra el presidente sólo se necesitará acusarlo ante el Senado, el cual atenderá el caso conforme a la legislación vigente. Para esto, serán derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el acuerdo.

Recordemos que el pasado 26 de noviembre, el Senado aprobó con 89 votos a favor y 23 en contra de los cambios al fuero presidencial, casi dos años después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentara la iniciativa.

La publicación en el DOF de da luego de que fuera aprobador por las legislaturas estatales.

Los congresistas designados para ejercer la acusación contra el expresidente Donald Trump en su juicio político, impeachment, han pedido al exmandatario que preste testimonio durante el proceso.

Jamie Raskin, el líder de los ‘managers’, como se conoce a los congresistas que actúan como una especie de fiscales, ha enviado una carta al equipo legal de Trump solicitando que testifique antes o durante el impeachment, que dará comienzo el próximo martes.

En la carta, alega que su testimonio es necesario, ya que rechazó las afirmaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que le acusó de incitar el asalto al Capitolio del 6 de enero, evento que ha desencadenado el juicio político, el segundo al que se somete Trump.

«Hace dos días, presentó una respuesta en la que negó muchas acusaciones fácticas establecidas en el artículo de juicio político», dice Raskin en el documento. «A la luz de su impugnación de estas acusaciones fácticas, le escribo para invitarlo a prestar testimonio bajo juramento (…) sobre su conducta el 6 de enero de 2021», señala.

La carta en sí no es una citación, sino que requiere el testimonio de Trump de manera voluntaria, aunque el ‘manager’ demócrata ha sugerido que, si se niega, la acusación podría usar la negativa en su contra.

«Nos reservamos todos y cada uno de los derechos, incluyendo el de establecer en el juicio que su negativa a testificar respalda una fuerte interferencia adversa con respecto a sus acusaciones», advertido el legislador demócrata.

En la presentación del caso contra Trump en un escrito legal el martes, los fiscales, que argumentaron que el expresidente debe ser condenado porque «amenazó el sistema constitucional que protege las libertades fundamentales», le acusaron de provocar «violencia» contra el Congreso estadounidense en un intento de revertir «radicalmente» la transferencia pacífica de poder entre administraciones.

En esta ocasión, Trump está acusado de «incitar a la rebelión» durante los disturbios y el asalto al Capitolio. La Cámara de Representantes, de amplia mayoría demócrata, aprobó iniciar el juicio político contra el exmandatario el 13 de enero, en una votación en la que diez republicanos dieron su apoyo.

El asalto, que dejó cinco muertos, tuvo lugar el día que el Congreso de Estados Unidos celebraba una sesión conjunta para ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, celebradas el 3 de noviembre. El expresidente Trump rechazó repetidamente el resultado electoral, afirmando que se había producido un «fraude», aunque no proporcionó pruebas al respecto.

Sobre la petición que hicieran los demócratas, el expresidente anunció esta tarde que no testificará en el juicio político, y calificó el procedimiento de «inconstitucional».

«El presidente no testificará en un procedimiento inconstitucional», afirmó el jueves su portavoz, Jason Miller, en una declaración difundida por el diario The Washington Post, después de que la defensa del exgobernante calificara el proceso de «maniobra de relaciones públicas» de los demócratas.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, presentó las líneas generales de su paquete de estímulo económico por 1.9 billones de dólares que pondrá a consideración del Congreso e incluye millonarios recursos adicionales para la vacunación y las pruebas de la Covid-19.

A escasos seis días de asumir el cargo, el líder demócrata da a conocer el llamado «Plan de Rescate Estadounidense», con el que espera reanimar al aparato productivo del país más golpeado por la pandemia, con 23.3 millones de casos positivos y 387,103 muertes, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

La iniciativa, que deberá recibir el aval del Congreso al igual que los paquetes aprobados previamente, incluye una ronda de pagos directos por 1,400 dólares, un suplemento de seguro de desempleo de 400 por semana hasta septiembre, una ampliación de la licencia pagada y aumentos en el crédito tributario por hijos, según un resumen adelantado a los periodistas.

De igual forma, destina 160,000 millones de dólares para el programa de vacunación en el país, 20,000 millones para las tareas de distribución de las dosis, así como 50,000 millones de dólares para pruebas.

También propone invertir 170,000 millones en escuelas e instituciones de educación superior, incluido un monto de 130,000 millones para asegurar que los establecimientos educativos puedan reabrir de manera segura pese a la pandemia de coronavirus.

La propuesta contempla aumentar el salario mínimo federal a 15 dólares por hora y estipula 350,000 millones de dólares en fondos de emergencia para gobiernos estatales y locales, señalaron los informes.

En diciembre pasado, el Congreso aprobó un paquete de estímulo económico por 900,000 millones de dólares, que incluyó el pago de 300 dólares a la semana a cada desempleado y prorrogó hasta el 31 de enero una norma que suspendía los desahucios y que iba a expirar a finales de año.

Además, incluyó 325,000 millones de ayuda a pequeñas y medianas empresas, 45,000 millones a los sistemas de transporte público, 13,000 millones en asistencia alimentaria y 82,000 millones para que las escuelas puedan reparar sus instalaciones y adecuarlas a la enseñanza en medio de la pandemia. Para las aerolíneas destinó 15,000 millones para pagar los salarios de sus trabajadores.

En marzo del año pasado, cuando el país sufrió el mayor impacto de la pandemia, el Congreso avaló otro paquete de ayuda, por valor de 2.2 billones de dólares, el mayor de la historia del país.

Una semana después de que los seguidores del presidente Donald Trump irrumpieran en el Capitolio, la Cámara de Representantes votará este miércoles para acusar al mandatario por su papel en lo que consideran un golpe a la democracia estadounidense y dejó cinco muertos.

El Congreso de Estados Unidos inició esta mañana los debates sobre la apertura de un nuevo juicio político (impeachment) al presidente Trump.

Se espera que la Cámara de Representantes vote la acusación formal alrededor de las 15:00 hora local, aunque el resultado está claro desde ahora, ya que los demócratas tienen mayoría en la Cámara baja.

Al menos cinco legisladores republicanos han dicho que se unirán a los demócratas para acusar a Trump por segunda vez, siete días antes de que deje el cargo y el presidente electo Joe Biden preste juramento el 20 de enero.

Una votación mayoritaria de la Cámara baja pondría en marcha un juicio en un Senado aún bajo control republicano, aunque no está claro si dicha instancia se celebraría a tiempo para sacar a Trump de La Casa Blanca.

Los demócratas avanzaron en una votación de juicio político después de que el vicepresidente Mike Pence rechazara un esfuerzo para persuadirlo de que invocara la 25 Enmienda de la Constitución de Estados Unidos para destituir a Trump.

«No creo que tal acción esté en el mejor interés de nuestra nación ni sea coherente con nuestra Constitución», dijo Pence en una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.

Pese a la carta, la Cámara aprobó una resolución ayer por la noche pidiendo formalmente a Pence que actúe. La votación final fue de 223-205 a favor.

Mientras, había indicios de que el control dominante de Trump sobre el Partido Republicano estaba comenzando a disminuir. Al menos cinco republicanos de la Cámara de Representantes, incluida Liz Cheney, miembro del equipo de liderazgo de su partido, dijeron que votarían por su segundo juicio político, una perspectiva que ningún presidente antes de Trump ha enfrentado.

«Nunca ha habido una traición mayor por parte de un presidente de Estados Unidos a su cargo y su juramento a la Constitución», dijo Cheney, hija del exvicepresidente Dick Cheney, en un comunicado. Trump «convocó a esta turba, reunió a la turba y encendió la llama de este ataque», agregó.

Otros cuatro congresistas republicanos, Jaime Herrera Beutler, John Katko, Adam Kinzinger y Fred Upton, dijeron que también respaldarán el juicio político. En una excepción a su procedimiento estándar, los líderes republicanos de la Cámara no instaron a sus miembros a votar en contra de la impugnación de Trump, diciendo que es un asunto de conciencia individual.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó este jueves pronunciarse sobre el episodio de violencia que se registró ayer en Washington, Estados Unidos, causada por los seguidores de Donald Trump, al argumentar que la política exterior mexicana es de no intervención.

“No vamos nosotros a intervenir en estos asuntos que competen a los estadounidenses, esa es nuestra política, eso es lo que puedo comentar», respondió López Obrador al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Las declaraciones de AMLO llegan un día después del asalto al Capitolio por parte de los seguidores de Trump que se niegan a reconocer su derrota electoral, un asedio que duró casi cuatro horas y dejó cuatro muertos, 14 policías heridos y al menos 52 detenidos.

Países como Canadá, España, Reino Unido, Francia, Australia, y otros latinoamericanos como Chile, Argentina, Uruguay, Colombia e incluso Venezuela se pronunciaron al respecto y condenaron los hechos de violencia; sin embargo, López Obrador insistió en que la Constitución de México no permite opinar.

«La Constitución establece en los conflictos internacionales la solución pacífica de las controversias, y esto también debe ser norma en lo interno, por lo demás no tomamos postura, deseamos que siempre haya paz, que prevalezca la democracia, que es el poder del pueblo, y que haya libertades, eso es todo”, añadió.

La postura de López Obrador contrasta con la del presidente del Senado, Eduardo Ramírez, y el líder de la bancada de Morena en el Senado , Ricardo Monreal, quienes sí condenaron los hechos a través de sus redes sociales.

Aunque López Obrador ha defendido su neutralidad exterior, ha despertado críticas de la oposición luego de haber ofrecido asilo político al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y al fundador de Wikileaks, Julian Assange. La oposición también lo acusó de ayudar a la campaña de reelección de Trump con su visita a Washington en julio pasado, el único viaje al extranjero que ha hecho como jefe de Estado.

Otro punto a destacar, es que López Obrador tardó cerca de un mes en reconocer a Joe Biden como presidente electo al recordar el fraude electoral que él afirma que padeció en 2006, cuando perdió la presidencia frente al ahora expresidente Felipe Calderón.

López Obrador, quien ha presumido su «muy buena relación» con el presidente Donald Trump, se limitó a pedir que prevalezca la paz.

«Siempre es muy lamentable el que se pierdan vidas humanas, en eso sí podemos expresarnos, siempre hemos buscado que todos los conflictos, y esto aplica para política exterior y para política interna, se resuelvan mediante el diálogo y la vía pacífica», sostuvo.

Horas después de que partidarios del presidente Donald Trump irrumpieran en el Capitolio de Estados Unidos en un intento por impedir la certificación de Joe Biden como próximo presidente, el Congreso certificó formalmente la madrugada de este jueves la victoria electoral del demócrata.

El Congreso reanudó la noche de ayer el proceso de certificación del triunfo de Biden en el Colegio Electoral, tras las caóticas escenas vividas en el Capitolio. Después de un debate que se extendió hasta las primeras horas del jueves, el Senado y la Cámara de Representantes rechazaron dos objeciones al recuento y certificaron el cómputo final de 306 votos para Biden y 232 para Trump en el Colegio Electoral.

Al declarar los totales finales de la votación, el vicepresidente Mike Pence dijo que «debería ser considerada como una declaración suficiente de las personas elegidas presidente y vicepresidenta de Estados Unidos».

La vicepresidenta electa, Kamala Harris, asumirá el cargo junto a Biden.

Aunque el resultado del proceso de certificación nunca estuvo en duda, la sesión fue interrumpida por una turba que superó las vallas metálicas de seguridad, rompió ventanas y escaló muros para irrumpir en el Capitolio. La policía dijo que cuatro personas murieron durante los disturbios, una por heridas de bala y tres por emergencias médicas, y que 52 personas fueron arrestadas.

El asalto al Capitolio fue la culminación de meses de una escalada retórica divisiva en torno a los comicios del 3 de noviembre, con reiterados comentarios falsos de Trump sobre una votación amañada y llamados a sus seguidores para que le ayudaran a revertir su derrota.

Minutos después de la certificación, La Casa Blanca emitió un comunicado en el que se comprometía a «una transición ordenada el 20 de enero», día que Biden llegue al poder, aunque volvió a mostrarse «totalmente en desacuerdo con el resultado de las elecciones».

«Siempre he dicho que continuaríamos nuestra lucha para asegurar que solo se contaban los votos legales. ¡Aunque esto representa el fin del mejor primer mandato en la historia presidencial, solo es el comienzo de nuestra lucha para hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo!», añadió, citando su lema electoral.

La declaración de Trump, publicada en Twitter por su asesor de comunicación Dan Scavino, fue probablemente lo más cerca que estará el mandatario saliente de reconocer la derrota en las elecciones, algo que ha prometido a sus seguidores que «nunca» hará.