Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el Presidente Enrique Peña Nieto fueron cuestionados sobre el mensaje que este medio día ofreció la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.
El actual mandatario indicó que el proceso que siguió la Procuraduría General de la República (PRG) en contra de Gordillo fue conocido por toda la sociedad, por lo que su gobierno dejará en manos de la dependencia dar seguimiento a las posibles impugnaciones que se presenten contra su liberación.
“Es inadmisible e inaceptable el afirmar que la maestra (Gordillo) cuya carrera y trayectoria es conocida públicamente, y el juicio que enfrentó haya tenido que ver con una persecución del orden político, nada más falso que ello”, enfatizó EPN.
Sostuvo que para su Administración, el papel que juega la ex lideresa no tiene mayor trascendencia, aunque como a cualquier ciudadana se le respetarán en sus derechos políticos; reiteró que lo único que su gobierno hizo fue ser promotor de una reforma educativa que transformó al país.
“Aquí nunca ha habido un encono personal ni particular para con quien fuera la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; hemos sido respetuosos del proceso que se ha seguido” en contra de Gordillo sostuvo el mandatario.
Por su parte el Presidente Electo indicó que si del proceso legal que se le siguió a Gordillo fue declarada inocente, se tiene que respetar su derecho de participación.
Reiteró los dos compromisos que hizo en campaña: no intervenir en los asuntos internos de los sindicatos, y procurar que haya democracia sindical. “Democracia como forma de vida, por eso en los asuntos sindicales vamos a promover que se respete la voluntad de los trabajadores, que las elecciones sean libres y limpias”.
AMLO indicó que Gordillo no trabajará en el próximo gobierno, aunque como ciudadana en uso de sus facultades va a ejercer sus derechos. Resumió su posición con su ya famosa frase de que “al margen de la Ley nada, por encima de Ley nadie”
Insistió que la política educativa es una facultad del estado mexicano, por lo que corresponderá al Estado definirla.
