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El Fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, informó que tortura y privaciones ilegales de la libertad, entre otras prácticas ilícitas, fueron utilizadas para sustentar la llamada «verdad histórica» sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

Según la polémica versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, los estudiantes fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías en Iguala, Guerrero y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

«Porque nosotros hemos avanzado mucho en la controvertida porque mucho de lo que se hizo para quererla sustentar fue obtenido de manera ilícita», dijo Gómez Trejo en una conferencia de prensa desde el municipio de Cocula, a unos días de que se cumplan siete años de la desaparición.

«Eso quiere decir que incluso testimoniales de personas fueron obtenidas mediante tortura, fueron privadas ilegalmente de la libertad, fueron aisladas completamente de la protección de la ley», agregó; y dijo que después de ello «lo que hicieron fue reconstruir una averiguación previa armada con piezas procesales que muchas de ellas fueron elaboradas ilícitamente».

Apenas el lunes pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró su rechazo a la versión del gobierno de Peña Nieto sobre el relato conocido como la «verdad histórica» el cual fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El gobierno de López Obrador reabrió la investigación en 2018 y tumbó la versión al identificar en julio del año pasado restos de Christian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería, ubicada a un kilómetro del basurero.

Desde ese lugar, el fiscal Gómez Trejo dijo que para defender ese relato «hubo un conglomerado de funcionarios que actuaron de manera ilícita, aprovechándose de la posición que gozaban y en función de eso desviaron una investigación y con ello negaron el acceso a la justicia a las familias, la búsqueda de sus hijos y negar la verdad».

En su turno, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que los resultados se han presentado sobre el caso Ayotzinapa son puntuales y concretos, más no concluyentes.

«Son solo una parte de la investigación que se desarrolla para saber que pasó y dónde están los muchachos desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero», apuntó.

Y es que en coordinación con Gómez Trejo, este martes llevaron a cabo una diligencia ministerial a la Barranca de la Carnicería, para informar a medios de comunicación sobre los trabajos y hallazgos en ese lugar.

Al término del recorrido, el subsecretario detalló que a la fecha se llevan 53 acciones de búsqueda en ocho municipios de Guerrero, pues dijo que la investigación que se ha integrado demuestra que los hechos sucedieron en distintos sitios.

Enfatizó que toda la información que se da a conocer por parte de la comisión está verificada plenamente, independientemente de las declaraciones de testigos, filtraciones a medios y de rumores que pretenden descalificar el trabajo y reivindicar la ya fracasada «verdad histórica».

Además de la búsqueda de los estudiantes, el gobierno de la 4T persigue a los responsables de la investigación de la anterior Administración, que estuvo liderada por Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel.

En el país se registraron en agosto 82 secuestros, un 5.7% menos que los 87 del mes anterior, informó este lunes la organización Alto al Secuestro.

«Disminución de 5.7% en las carpetas de investigación iniciadas por el delito de secuestro. En el mes de agosto hay registro de 82 carpetas, en comparación con las 87 del pasado mes de julio», indicó la ONG.

Además, hubo una baja del 13.7% en cuanto al número de víctimas de secuestro, al pasar de 124 personas en julio a 107 en agosto.

Asimismo, hubo un incremento de 32.3% en el número de detenidos relacionados al delito de secuestro, debido a que en agosto fueron detenidas 135 personas por este delito mientras que en julio fueron arrestados 102 presuntos responsables.

Los estados con mayor incidencia de ese delito fueron Estado de México, con 13 casos; seguido de Veracruz, con ocho casos, e Hidalgo, Chihuahua y Baja California, cada uno con cinco casos de secuestro.

Por el contrario, hubo ocho estados que no registraron ningún secuestro en agosto: Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Durango, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán.

Según Alto al Secuestro, desde el inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en diciembre de 2018, México ha contabilizado 3,903 secuestros, una cifra un 39.7% menor a los 6,479 secuestros que hubo en el mismo lapso de mandato de su antecesor, Enrique Peña Nieto.

En esta primera etapa del mandato de López Obrador ha habido 5,072 víctimas de secuestro.

Recordemos que nuestro país ha registrado los dos años más violentos de su historia en la primera parte del gobierno de López Obrador con 34,682 víctimas de asesinato en 2019 y 34,557 en 2020.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ventiló este martes una conversación que sostuvo con el expresidente Enrique Peña Nieto, quien durante el periodo de transición en 2018 le habría confesado que se sintió «traicionado» por los «de arriba», pese al poyo que siempre les dio.

«Ahí en el libro hablo de cómo en una plática con el presidente Peña, ya cuando era presidente electo, me dijo de que se sentía traicionado», afirmó López Obrador.

Explicó que, según lo comentado, Peña sintió que les había dado mucho a los grupos de poder, y había atendido bien a los grupos de élite «y habían actuado de manera traicionera». Refirió que incluso, fueron esos mismos grupos en conjunto con los medios de comunicación los que convirtieron al expresidente en el «payaso de las cachetadas».

Afirmó que por ello él no se ha preocupado por quedar bien con estos grupos. «Imagínense que yo me dedico a desayunar a comer, a cenar con los magnates de los medios de comunicación a darles publicidad, a darles apoyo a raudales, ¿tengo garantías con los de arriba?», cuestionó.

Por último, dijo que la enseñanza mayor de esta anécdota es que hay que atender al pueblo y recalcó que no se puede llevar a cabo una transformación sin la gente. «Con el pueblo todo, sin el pueblo nada», añadió.

El mandatario señaló que esta charla está descrita en su libro «A mitad del camino», publicado esta semana por Grupo Plantea, el cual según sus detractores, ha estado promocionando desde el gobierno, al utilizar las mañaneras para difundir su venta.

Adicional, AMLO refirió que mañana a las 10:00 horas rendirá su tercer Informe de Gobierno, que marca la mitad de su sexenio.

López Obrador ha venido afirmado que ha cumplido con 98 de los 100 compromisos que hizo al asumir el poder en diciembre de 2018, cuando prometió la «Cuarta Transformación», centrándose principalmente en erradicar la corrupción, pacificar al país y priorizar «primero los pobres».

«Estoy satisfecho con lo que hemos logrado, me podría ir tranquilo con mi conciencia porque hay cosas que son irreversibles», sostuvo el mandatario este martes en su conferencia de prensa matutina.

Pese a las múltiples crisis por las que ha atravesado su administración y a los diversos señalamientos que le ha hecho la oposición, López Obrador promedia 61% de aprobación en el agregado de encuestas que realiza la consultora Oraculus, una cifra mayor al 59% que registraba hace un año, aunque menor al 72% que refería en 2019.

Oraculus indica que su popularidad es mayor a la de sus predecesores Enrique Peña Nieto, Vicente Fox y Ernesto Zedillo, pero menor a la de Felipe Calderón en igual periodo.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que presentará una sexta denuncia por corrupción contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien se encuentra implicado en la trama de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Fuentes de la institución informaron que denunciarán ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Lozoya Austin por el desvío de 1,400 millones de pesos a una empresa cuyo nombre no desvelaron.

Con esta sumarán seis las denuncias presentadas por la UIF en contra de Lozoya, quien dirigió Pemex entre 2012 y 2016, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Recordemos que Emilio Lozoya fue extraditado el año pasado desde España a México, donde afronta dos procesos judiciales en libertad condicional. Uno por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos de obras públicas en los estados de Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz.

El otro juicio es por comprar presuntamente la planta de fertilizantes Agronitrogenados al director de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, a cambio de un soborno con el que se compró una lujosa casa en la capital del país.

La llegada de Lozoya a México supuso un terremoto político ya que cerró un acuerdo con la Fiscalía para afrontar sus procesos judiciales en libertad a cambio de develar y denunciar la trama de corrupción que implica al menos a 70 personas de la clase política mexicana.

En la denuncia que presentó, el exdirector de Pemex aseguró que el expresidente Peña Nieto y uno de sus colaboradores más cercanos, Luis Videgaray, quien fungió como secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, le obligaron a recibir estos sobornos y a usarlos para repartir dinero en el Congreso a cambio de apoyo a las reformas que el entonces gobierno federal presentaba.

También señaló a los expresidentes Felipe Calderón, por corrupción en la compra de la planta Etileno XXI por parte de Pemex, y a Carlos Salinas de Gortari, quien habría presionado para lograr contratos para su hijo.

Además, señala a varios legisladores principalmente de la oposición, entre ellos los actuales gobernadores de Querétaro y de Tamaulipas, Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quienes supuestamente recibieron sobornos a cambio de votar a favor de la reforma energética de Peña Nieto.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer las investigaciones en trámite, concluidas, así como las que cuenten con sentencias absolutorias o condenatorias firmes contra el expresidente, Enrique Peña Nieto.

El periodo que abarca la resolución emitida por el INAI abarca del 1 de diciembre del 2000 al 29 de enero de 2021.

Al presentar el asunto ante el Pleno, el Comisionado Oscar Guerra Ford planteó que al tratarse de información relacionada con motivos de interés público procede su publicidad, ya que su difusión contribuye a garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y favorece la rendición de cuentas.

“El daño que se causaría con la difusión de la existencia o inexistencia de denuncias contra la persona de interés, aun cuando esto reviste de carácter confidencial por ser un dato personal y evidente de la persona identificable, genera un mucho mayor beneficio a la sociedad en general al publicitarlos que resguardarlos”, indicó Guerra Ford.

Enfatizó que la difusión de la información referida generar certeza sobre la gestión de los exservidores públicos de más alto nivel durante su encargo y el esclarecimiento de hechos que, en su caso, podrían ser violaciones graves de derechos humanos o actos de corrupción.

“Si se negara el derecho de acceso a la información se impediría que la sociedad tuviera los elementos informativos necesarios para el debido escrutinio del ejercicio de las actividades de la Fiscalía o Procuraduría, en cuanto a sus facultades e investigadores, así como respecto del desempeño del exservidor público”, aseveró.

Y es que la FGR respondió que no podía dar a conocer la información requerida, argumentando que al afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna indagatoria, averiguación previa o carpeta de investigación en contra de una persona física identificada o identificable, se estaría atentando contra la intimidad, honor, buen nombre y presunción de inocencia de la persona.

Por eso, el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó su inconformidad con la clasificación de la información requerida a la FGR, antes Procuraduría General de la República (PGR).

Al analizar el caso, la ponencia del Comisionado Oscar Guerra Ford advirtió que las investigaciones concluidas mediante sentencias condenatorias irrevocables, contra Enrique Peña Nieto, en el período del 1 de diciembre de 2000 al 29 de enero de 2021, por delitos cometidos con anterioridad al ejercicio de sus funciones o encargos, no actualizan la clasificación del pronunciamiento en términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

Por otra parte, la clasificación sí resulta procedente en lo que se refiere a las averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas contra Enrique Peña Nieto, que hayan culminado con el no ejercicio de la acción penal, que la investigación se encuentre en trámite, pero ya fue notificada a dicha persona, y aquellas que cuenten con sentencias absolutorias firmes o condenatorias.

Sin embargo, la ponencia determinó que debe prevalecer el derecho de acceso a la información, por encima de la reserva, pues se trata de un exsecretario, exdiputado, exgobernador y expresidente de la República, por lo que la información reviste un interés público, dados los requisitos para ocupar los cargos de referencia, las altas responsabilidades que le correspondieron y los recursos de los que dispuso.

La ponencia concluyó que dar a conocer la información permitirá a la población evaluar el desempeño de las autoridades, y constituye la vía más eficaz para que toda la sociedad conozca la información relacionada con las actividades de investigación de la FGR relacionadas con las averiguaciones e indagatorias en contra de una persona que formó parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo locales y de la Federación, lo cual tiene una evidente trascendencia en la vida pública del país.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, aseguró que el expresidente Enrique Peña Nieto sabía sobre los desvíos de dinero público que se hacía mediante diversos mecanismos, todos relacionados a prácticas de corrupción.

“Mi hipótesis, evidentemente, es que en todos los casos Peña Nieto estaba enterado, en razón de que en un sistema presidencial como este no había posibilidades de que no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala que tuvimos en México”, sentenció el titular de la UIF en entrevista con el diario La Jornada.

Nieto expuso que cuando asumió la dirección de la UIF, encontró que dicha oficina servía para «fines políticos y de presión» a los opositores del gobierno de Peña Nieto.

El funcionario reveló que la información aportada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, permitió ampliar la investigación a 70 personas.

“Setenta personas están siendo revisadas por nosotros. Tenemos casos en los que ya hay un análisis, en otros denuncia penal, vista administrativa, bloqueo de cuentas inclusive, y solicitudes ante la Fiscalía General de la República. Y así hemos estado desarrollando la investigación respecto de todas las personas involucradas en el proceso”, precisó Nieto Castillo.

El titular de la UIF habló sobre las investigaciones contra Rosario Robles, vinculada al caso de la llamada Estafa Maestra; indicó que hay una nueva investigación por la venta de terrenos federales a bajo precio en Puerto Peñasco, Sonora, durante el tiempo en que Rosario Robles encabezó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este viernes que no interpondrá ninguna denuncia contra su antecesor Enrique Peña Nieto, por presuntamente utilizar parte de los recursos que obtuvo mediante sobornos para pagar campañas en su contra.

«No vamos a meter ninguna denuncia contra expresidentes. Vamos a esperar que la Fiscalía termine de reunir los expedientes y sean ellos quienes determinen si hay culpables o no», dijo el mandatario en su conferencia matutina.

López Obrador aseguró que su postura sigue siendo que no haya persecución, venganzas políticas, y que se aplique la ley con rigor, que no se fabriquen delitos y al mismo tiempo que no haya impunidad».

Insistió en que será el pueblo quien decida si debe investigarse a los expresidentes en la consulta que se realizará en 2021, misma que fue solicitada por él y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el mes pasado.

Y es que de acuerdo con versiones periodísticas, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, afirma que el expresidente Peña Nieto utilizó parte de los sobornos que recibió de Odebrecht en la campaña presidencial de 2012 para desprestigiar a López Obrador y a la entonces candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota.

Lozoya abundó en su declaración que el entonces coordinador de campaña, Luis Videgaray ordenó pagar a asesores y analistas políticos, quienes debían entregarle directamente el resultado de su trabajo.

Además, esta semana se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) denunció al expresidente Peña Nieto por el delito de traición a la patria, al haber ordenado pagos por más de 121 millones de pesos que habrían sido repartidos entre miembros del Congreso para que aprobaran la reforma energética, que abrió el sector a la iniciativa privada tras décadas de monopolio estatal.

Al respecto, López Obrador dijo que él no podría detener ningún proceso de la FGR ya que es un organismo «autónomo». Reiteró que su Gobierno siempre respetará la máxima de «al margen de la ley nada, por encima se la ley, nadie».

«Se va a impartir justicia sin tendencias, ni consignas. Es un caso muy relevante porque está implicando a altos funcionarios, y es además. Es un tema electoral también porque se sostiene que este dinero, que fueron sobornos, se utilizó para campañas», lamentó.

AMLO afirmó que se están viviendo tiempos «interesantes», y aseguró que por primera vez no existe una consigna del presidente «ni a favor ni en contra de nadie».

Del mismo modo, afirmó que sea cual sea la decisión de las autoridades, tanto el pueblo como las personas acusadas deben estar tranquilas porque se aplicará la ley con rigor.

Reiteró su confianza en la FGR, e indicó que como órgano autónomo tiene por primera vez un fiscal recto e íntegro, incapaz de actuar de manera indebida, lo cual debe de dar seguridad incluso a los implicados porque se impartirá justicia sin sesgos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recomendó esta mañana al exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores de la administración anterior, Luis Videgaray, se presente a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht.

AMLO insistió en la importancia de acudir a declarar de manera voluntaria porque «el que nada debe, nada teme»; dijo que ante los señalamientos que se han hecho, el declarar ayudará a que no tengan que pagar «justos por pecadores».

Destacó que los procesos judiciales no deben ser arbitrarios y deben basarse en pruebas, por lo que añadió que es mejor no esperar a que haya un juicio para declarar.

«Si se está mencionando que una persona está involucrada o se le está acusando y es inocente, pues que muestre disposición para declarar, presentarse, el que nada debe nada teme», dijo en su conferencia matutina.

López Obrador dijo que si Videgaray no se presenta voluntariamente a declarar, se tendrá que esperar a que se cumplan los procedimientos, que indicó no deben ser arbitrarios, que tiene que basarse en pruebas, y para los cuales se tienen que integrar las averiguaciones y el juez tiene que otorgar una orden de aprehensión.

Y es que esta semana trascendió que el colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto ha sido acusado de «traición a la patria» por parte de la FGR, por supuestos delitos de soborno y desvío de recursos a las campañas electorales del PRI.

Videgaray Caso fue señalado por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien ha reconocido haber recibido 10.5 millones de dólares de Odebrecht, mismos que repartió y entregó a distintos actores por ordenes de Videgaray.

Y aunque ayer el presidente López Obrador dijo que un juez rechazó otorgar la orden de detención que solicitó la FGR, fue la propia Fiscalía quien emitió un comunicado donde asegura que el Ministerio Público federal no ha recibido de un juez de control «ningún rechazo a petición de orden de aprehensión en contra de Luis ‘V'».

Emilio Zebadúa González, ex Oficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) acogerse a la figura de testigo protegido, ofreciendo revelar detalles sobre la llamada ‘Estafa Maestra’ y el papel que jugaron su exjefa Rosario Robles y el expresidente Enrique Peña Nieto.

Al solicitar el criterio de oportunidad, el exfuncionario federal busca colaborar con las investigaciones y así evitar pisar prisión.

Zebadúa González ofreció revelar que fue Robles quien le instruyó operar los contratos en Sedatu y Sedesol, que permitieron desviar más de 5 mil millones de pesos, además de que aseguró contar con información que relaciona al expresidente Peña Nieto con las operaciones.

Además de Peña Nieto, el excolaborador de Robles Berlanga también ofreció revelar nombres de otras personas que están relacionadas con la ‘Estafa Maestra’.

Zebadúa estaría detallando cómo se usaron los recursos desviados para financiar las campañas del PRI en diversos estados del país, tales como el Estado de México, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, entre otros.

El ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, fue detenido la tarde de ayer el aeropuerto de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, informó el canciller Marcelo Ebrard a través de sus redes sociales, sin ofrecer detalles de la detención.

Según medios de México y Estados Unidos, habría sido la Administración de Control de Drogas​ (DEA) quien pidió su captura, al ser investigado por temas de narcotráfico.

Esta mañana, el canciller confirmó que son 5 cargos relativos a narcotráfico los que se le imputan al ex funcionario federal.

Precisó que será esta tarde, a las 14:30 hora local, que se lleve a cabo la audiencia con el general, quien se prevé sea trasladado a una corte de Nueva York. Además dijo que su abogado está por arribar a Estados Unidos proveniente de México.

Cienfuegos fue detenido por las autoridades estadounidenses al arribar a dicho país en un viaje con su familia.

El diario estadounidense The Wall Street Journal informó en su página web que el ex secretario «fue arrestado (…) a pedido de la Administración de Control de Drogas» y citó como fuente a «altos funcionarios mexicanos».

La revista Proceso reveló por su parte que la captura fue «resultado de una investigación de corrupción por narcotráfico que desde hace unos años venía llevando a cabo el Departamento de Justicia» de Estados Unidos.

Se trataría del segundo militar mexicano de alto rango en ser detenido por acusaciones de nexos con el narcotráfico, luego de que en 1997 fue capturado y condenado a 40 años de cárcel en México el general Jesús Gutiérrez Rebollo.

Según Proceso, que cita fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, «hace por lo menos 10 años, antes de que Cienfuegos asumiera como titular de la Secretaría de la Defensa», ya era investigado en bajo la «Operación Padrino».

Otros altos mandos del Ejército también fueron investigados cuando la justicia de Estados Unidos «empezó a recopilar evidencias para fundamentar los casos de narcotráfico en contra de Joaquín Chapo Guzmán Loera», mejor conocido como «El Chapo», apuntó Proceso.

Cienfuegos estuvo al frente de la secretaría de la Defensa Nacional durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto algunos integrantes de las fuerzas armadas fueron acusados por organizaciones internacionales de derechos humanos de desaparición forzada y omisión en el caso de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014.

Cuando era secretario de la Defensa, Cienfuegos llegó a declarar que se oponía a la participación activa de las fuerzas castrenses en seguridad interior, por la falta de un marco legal que las respaldara.

Cienfuegos ingresó al Ejército en 1964, y obtuvo reconocimientos al concluir la maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales en el Colegio de la Defensa Nacional. También desempeñado los cargos de Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea y Comandante de la VII Región Militar, en el estado de Chiapas, sureste.

De acuerdo a la más reciente encuesta de El Universal, 9 de cada 10 personas está a favor de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) persiga a exfuncionarios que hayan cometido delitos, incluidos los expresidentes.

Al preguntar si el gobierno de la Cuarta Transformación debería o no investigar a funcionarios, incluidos los expresidentes por su presunta participación en actos de corrupción, el 92.1% dijo que si deberían de ser investigados. Solo el 4.4% indicó que no

La ciudadanía no solo quiere que se les investigue, pues al preguntar si la 4T debería llevar a juicio a funciones de gobiernos anteriores o del actual que cometan delitos, el 95.6% de los consultados dijo que sí deberían ser enjuiciados. 2.4% indicó que no

La cabeza de Peña Nieto es la más deseada por los mexicanos, ya que el 89.4% de los consultados desean que sea llevado a juicio. Carlos Salinas de Gortari es el segundo exmandatario más mencionado para ser llevado a juicio (88.5%). Les siguen Felipe Calderón (82.1%), Vicente Fox (78.0%) y Ernesto Zedillo (74.3%)

Tras conocerse la denuncia del exdirector de Pemex, en la que reconoció haber recibido dinero de Odebrecht, 86.7% de los mexicanos aseguran que Emilio Lozoya debería ir a prisión por los delitos en los que incurrió, mientras que sólo 7% cree que no debería por ayudar al gobierno a conocer la verdad y poder actuar contra otros exservidores públicos.

Y aunque la mayoría de los mexicanos apoya el enjuiciamiento de los exmandatarios, solo un 50.0% apoya que se realice una consulta ciudadana para tomar dicha decisión.

Sobre todos los nombres que aparecen en la denuncia de Lozoya, entre políticos, empresarios, periodistas, etc., el 55.0% de los consultados consideran que los todos los mencionados son culpables de actos de corrupción. Solo el 32.6% cree que se trata de una estrategia de defensa de Lozoya.

Sobre los videoescándalos de las últimas semanas, el 33.4% de los encuestados creen que el video y denuncia de Lozoya salieron a la luz con fines electorales. 30.4% consideran que es para atacar a los adversarios de AMLO y solo 28.8% creen que es parte de la lucha contra la corrupción.

Respecto al video de Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, el 75% de los consultados creen que debe sancionarse a Morena en caso de que se compruebe que el dinero en cuestión fue utilizado para apoyar al partido.

En la denuncia de hechos que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), Emilio Lozoya revela la existencia de una «Egoteca» del presidente Enrique Peña Nieto (EPN).

En el apartado en que habla sobre Juan Armando Hinojosa, fundador de Grupo HIGA y el uso indebido del poder y trafico de influencias que hubo en el sexenio de Peña, Lozoya relata que fue el propio presidente quien ordenó a su «compadre» hacer negocios con Pemex pues necesitaban tener «sumas cuantiosas» de dinero ya que estaban construyendo la «Egoteca».

«Yo no entendía qué quería decir con esto, pero más tarde entendí que se trataba del ‘Museo del Presidente'».

Lozoya Austin detalla que al inicio de la gestión de EPN, le instruyó directamente coordinarse con el Secretario Técnico del gabinete, en referencia a Roberto Padilla Domínguez, para que Pemex contratara a un «fotógrafo».

Fue Padilla Domínguez quien le comentó que se iniciaría la construcción de una casa, ubicada en el Estado de México, para cuando el presidente concluyera su mandato; ésta contaría con un «Museo del Presidente», de tal forma que el fotógrafo se encargaría de tomar las fotografías de los eventos relevantes.

El contrato de dicho «fotógrafo» sería de entre dos y tres millones de pesos mensuales, monto que fue corroborado por Lozoya con el propio Peña Nieto y Luis Videgaray. Finalmente, Pemex contrató a dicho proveedor.

Lozoya refiere que Antero Rodarte, quien manejaba el dinero en efectivo de EPN, preguntó cómo iba la contratación del fotógrafo, pues Juan Armando Hinojosa ya había iniciado la construcción de la casa y el museo.

Detalla que Pemex pagó los honorarios del fotógrafo, aunque cuando la contraloría hizo una observación sobre dichos recursos, ya no fue sostenible seguir cubriendo el gasto, por lo que se lo informó a Roberto Padilla.

Antero Rodarte, colaborador de Peña Nieto, indicó a Lozoya en 2015, que la casa y el museo estaban concluidos, y que sería ahí donde se colocarían los regalos, reconocimientos e historial del presidente.

Antero Rodarte y Roberto Padilla eran los únicos que conocían la ubicación del inmueble.

Añade que fue Rodarte, quien según Lozoya en una cena en Los Pinos, bajo estado de ebriedad, se quejó de lo poco que le pagaban, en comparación con las maletas llenas de fajos de billetes que tenían en la bodega del «Museo de Peña».

Lozoya Austin relata que en el marco de las celebraciones del «Día de Marina», en Veracruz, el entonces gobernador del Estado, Javier Duarte, se le acercó en las escalinatas del avión presidencial y le entregó una carpeta al presidente.

«Al subir al avión presidencial, Enrique Peña Nieto nos dijo: ‘miren lo que me regaló el gober’, mostrándonos, en esos momentos, la parte interior de la carpeta», cuenta Lozoya.

En dicha carpeta estaba las fotos de un Ferreri (auto) con el texto ‘este Ferrari perteneció al Presidente López Mateos’ y a un lado estaban las llaves del auto. Añade que EPN entregó la carpeta a un asistente y pidió al mesero a bordo del avión abrir un par de botellas de ‘Vega Sicilia’ para celebrar.

Días después, Antero Rodarte confirmó que el Ferrari ya se encontraba en la bodega del «Museo del Presidente».

Lozoya refiere que la casa donde se encuentra la «Egoteca» de Peña Nieto, es la misma que el mandatario le refirió era con la que Grupo Higa le estaba «apoyando».

Los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón tendrán que comparecer ante la Justicia tras la denuncia de hechos que presentó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, la mañana de ayer ante la Fiscalía General de la República (FGR), dijo esta mañana López Obrador.

«Implica que sean llamados a comparecer, que declaren, los dos expresidentes, entre otros servidores públicos, o sea, tienen que declarar el expresidente Calderón, el expresidente Peña, el diputado al que hacen mención, los senadores, todos los mencionados», aseguró AMLO.

Dijo que el hecho de que sean llamado a declarar no significa que ya sean culpable, pero cuando hay una denuncia con dichas características, tienen que declarar los acusados.

El presidente se refirió a la denuncia de Lozoya Austin, en la que acusó formalmente a Peña Nieto y a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, de participar en la red de corrupción, dándole instrucciones de recibir el dinero de Odebrecht, y canalizarlos a la campaña electoral de 2012 y luego en sobornos a legisladores para las reformas estructurales que se llevaron a cabo en el sexenio de EPN.

Además, Lozoya apuntó al sexenio de Felipe Calderón por presuntos privilegios para la planta petroquímica Etileno XXI, vinculada con una compañía mexicana que es socia de Odebrecht.

López Obrador pidió difundir todo lo relacionado con dicha investigación. «Es conveniente el que se ventile este asunto y todos los que tienen que ver con la corrupción, estoy también de acuerdo en que se otorguen beneficios a los que aporten información, claro, con pruebas fehacientes», dijo el mandatario.

Al ser cuestionado sobre si a raíz de los señalamientos de Lozoya en contra de los expresidentes, apoyaría llevarlos ante la justicia, AMLO reiteró su «postura política» de que es necesaria una consulta pública para juzgar a los expresidentes.

«Hay quienes dicen cárcel, aunque sea un año pero cárcel, yo digo que lo que digan los jueces, pero a mí lo que más me importa es que moralicemos a México que se destierre la corrupción, que se purifique la vida pública», insistió.

Aun así, aseguró que él no obstaculizará el proceso judicial, y recordó que la Fiscalía es autónoma. Afirmó que no se convertirá en encubridor, en cómplice.

Reiteró su apoyo a que se ofrezcan beneficios a quienes aporten información sustentada en pruebas para conocer lo que pasó en las pasadas administraciones.

Luego de que se informara sobre la denuncia de hechos que presentó el exdiretor de Pemex, Emilio Lozoya, en torno a los casos de corrupción en el sexenio pasado, y en la que apuntó a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray de ser los responsables de pagar cerca de 500 millones de pesos en sobornos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitió un posicionamiento.

El tricolor aseguró que el partido de hoy, en un claro intento de deslindarse de lo que ocurrió al interior del partido en el pasado, no es ni será «tapadera de nadie».

«Reafirmamos que estamos a favor de la lucha contra la corrupción y de que se sancione a cualquier funcionario público que haya violado la ley», precisó el partido.

Desde la llegada de Emilio Lozoya a nuestro país, y cuando se comenzaron a filtrar algunos de los señalamientos en contra de excolaboradores del gobierno federal, Alejandro Moreno, actual dirigente nacional del PRI, ha dicho que los actos de corrupción son individuales y, quien los cometa, debe enfrentar todo el peso de la ley.

Pidió que no «igualar la conducta de un individuo a la de una institución», en referencia al partido.

Incluso en ese momento señaló que no hay registro, ni en el padrón actual ni en el histórico, de que Emilio Lozoya hubiera militado en el PRI. Sin embargo, ahora las acusaciones de Lozoya Austin han alcanzado directamente a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, dos figuras del priísmo de los últimos años.

A finales del mes pasado, Alejandro Moreno tuiteó una foto con Peña Nieto, a propósito de su cumpleaños, en el que le llamó «amigo».

Ayer, el Fiscal Alejandro Gertz Manero dio a conocer que Emilio Lozoya había presentado una denuncia de hechos, en la que señaló directamente al expresidente Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, de haber sido quienes le ordenado recibir los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, y dirigir más de 100 millones de pesos a la campaña presidencial de 2012.

Adicional, indicó que se destinaron alrededor de 400 millones de pesos en sobornos en el Congreso de la Unión para «convencer» a legisladores, principalmente de oposición, aprobar las reformas estructurales de 2013 y 2014.

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, informó esta tarde que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, presentó una denuncia de hechos respecto a su participación en la red de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, y de otros casos.

En el caso de Odebrecht, explicó el Fiscal, Lozoya aseguró que hubo una serie de sobornos por una cantidad superior a los 100 millones de pesos, los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña electoral de 2012, en las que Peña Nieto buscaba llegar a la Presidencia de la República.

Lozoya Austin señaló directamente a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de ser quienes le ordenaron que el dinero recibido de Odebrecht fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña electoral.

Gertz Manero explicó que en la denuncia presentada por el exdirector de Pemex, también se menciona la compra de votos a favor de las reformas estructurales que el gobierno de Peña Nieto impulsó en 2013 y 2014.

«En ese caso específico se habla de también 120 millones de pesos que fueron ordenados por las mismas personas (EPN y Videgaray) para un Diputado y cinco Senadores que él señala los nombres», detalló el fiscal. Indicó que dichos nombres quedarán en reserva hasta que la Fiscalía pueda judicializarlos en el caso de que se encuentren las pruebas suficientes.

También se menciona el caso del complejo petroquímico ‘Etileno XXI’, lo cual ocurrió durante la administración de Felipe Calderón. Lozoya asegura que hubo una serie de beneficios económico a favor de dicha empresa, que también está vinculada con una empresa mexicana que es socia de Odebrecht, y que se les dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en los que el gobierno federal tuvo pérdidas graves.

Alejandro Gertz Manero detalló que  el exfuncionario federal precisó los sistemas que se usaron para recibir los sobornos, los cuales también fueron ordenados por Peña Nieto y Videgaray para que se les entregaran 84 millones de pesos a un grupo de legisladores y a un secretario de finanzas de un partido político;

Añade que posteriormente se le dio una cantidad superior a los 200 millones de pesos para dirigirlos a la aprobación de la reforma electoral.

Se indicó que para soportar sus señalamientos, Lozoya Austin ha apuntado directamente a cuatro testigos, ha entregado un recibo y un video.

«A partir de este momento la Fiscalía General de la República ha abierto la carpeta de investigación correspondiente, y vamos a empezar a realizar todas las diligencias; en primer lugar las ratificaciones, después la presencia de los testigos, el análisis pericial de cada uno de los recibos y del video, y en caso de que sea procedente a las personas que él le imputa los llamaremos a declarar», remató el Fiscal.

Emilio Lozoya se habría tomado muy enserio su papel de «testigo colaborador», pues antes de aceptar por escrito su extradición a México, el exdiretor de Pemex ventiló que la empresa Odebrecht pagó 4 millones de dólares que fueron usados en la campaña presidencial de Enrique Peña en 2012.

Aun en España, Lozoya detalló que el dinero que recibieron de la brasiñela fue usado para el pago de consultores extranjeros, que el entonces coordinador de campaña, Luis Videgaray, contrató para asesorar al equipo del priísta durante la contienda electoral.

Sin embargo, no fue el único dinero que se entregó al equipo de EPN. Ya el poder, Odebrecht pagó otros 6 millones de dólares al gobierno de Peña, para recibir contratos y para repartir entre los legisladores mexicanos para garantizar la aprobación de la reforma energética.

Las declaraciones fueron difundidas este viernes por el diario Reforma, quien tuvo acceso al documento que Lozoya compartió con las autoridades. Con los detalles que compartió, buscaba lograr un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), lo que finalmente hizo que aceptara su extradición y regresara al país bajo la figura de «testigo colaborador».

En dicho documento, Lozoya relata que en una ocasión se reunió con el ahora exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto Meneses Weyll, en una panadería de Lomas de Chapultepec, para gestionar y definir la entrega del dinero que la brasileña entregaría. Acudió a dicha reunión por órdenes de Luis Videgaray.

Ahí, Meneses Weyll prometió entregar 4 millones de dólares, de los cuales, 3 millones fueron depositados en una cuenta ‘off shore’ vinculada a Lozoya; sin embargo, él informó de dicho movimiento tanto a Peña Nieto como a Videgaray.

Otro de los sobornos que Lozoya reveló a la FGR fue el pago de Odebrecht por 6 millones de dólares adicionales en 2014, luego de que el gobierno federal le adjudicó un contrato de 3 mil millones de pesos por realizar obras en la refinería de Tula, Hidalgo. Dicho dinero sirvió para sobornar a legisladores, señaló Lozoya.

Entre esos sobornos, se pagó a legisladores de la oposición. El «enlace» designado por EPN fue David Penchyna, quien fungía como presidente de la Comisión de Energía en el Senado. La entrega-recepción de dinero se hacía en una oficina de Montes Urales, en Lomas de Chapultepec.

En total, el gobierno de EPN pagó 52 millones 380 mil pesos en sobornos a legisladores del PAN, para que aprobaran las reformas del Pacto por México.

Entre los detalles que ofreció, Lozoya indicó que Videgaray pidió hacerle llegar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anay, quien fue el presidente de la Cámara de Diputados cuando se discutió la reforma energética, y quien en 2014 asumió el cargo de secretario general del PAN.

Otros nombres que Lozoya reveló participaron en las entregas de sobornos fueron los entonces senadores Ernesto Cordero, Salvador Vega, José Luis Lavalle Maury, y los hoy gobernadores Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca.