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El ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, fue detenido la tarde de ayer el aeropuerto de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, informó el canciller Marcelo Ebrard a través de sus redes sociales, sin ofrecer detalles de la detención.

Según medios de México y Estados Unidos, habría sido la Administración de Control de Drogas​ (DEA) quien pidió su captura, al ser investigado por temas de narcotráfico.

Esta mañana, el canciller confirmó que son 5 cargos relativos a narcotráfico los que se le imputan al ex funcionario federal.

Precisó que será esta tarde, a las 14:30 hora local, que se lleve a cabo la audiencia con el general, quien se prevé sea trasladado a una corte de Nueva York. Además dijo que su abogado está por arribar a Estados Unidos proveniente de México.

Cienfuegos fue detenido por las autoridades estadounidenses al arribar a dicho país en un viaje con su familia.

El diario estadounidense The Wall Street Journal informó en su página web que el ex secretario «fue arrestado (…) a pedido de la Administración de Control de Drogas» y citó como fuente a «altos funcionarios mexicanos».

La revista Proceso reveló por su parte que la captura fue «resultado de una investigación de corrupción por narcotráfico que desde hace unos años venía llevando a cabo el Departamento de Justicia» de Estados Unidos.

Se trataría del segundo militar mexicano de alto rango en ser detenido por acusaciones de nexos con el narcotráfico, luego de que en 1997 fue capturado y condenado a 40 años de cárcel en México el general Jesús Gutiérrez Rebollo.

Según Proceso, que cita fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, «hace por lo menos 10 años, antes de que Cienfuegos asumiera como titular de la Secretaría de la Defensa», ya era investigado en bajo la «Operación Padrino».

Otros altos mandos del Ejército también fueron investigados cuando la justicia de Estados Unidos «empezó a recopilar evidencias para fundamentar los casos de narcotráfico en contra de Joaquín Chapo Guzmán Loera», mejor conocido como «El Chapo», apuntó Proceso.

Cienfuegos estuvo al frente de la secretaría de la Defensa Nacional durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto algunos integrantes de las fuerzas armadas fueron acusados por organizaciones internacionales de derechos humanos de desaparición forzada y omisión en el caso de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014.

Cuando era secretario de la Defensa, Cienfuegos llegó a declarar que se oponía a la participación activa de las fuerzas castrenses en seguridad interior, por la falta de un marco legal que las respaldara.

Cienfuegos ingresó al Ejército en 1964, y obtuvo reconocimientos al concluir la maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales en el Colegio de la Defensa Nacional. También desempeñado los cargos de Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea y Comandante de la VII Región Militar, en el estado de Chiapas, sureste.

De acuerdo a la más reciente encuesta de El Universal, 9 de cada 10 personas está a favor de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) persiga a exfuncionarios que hayan cometido delitos, incluidos los expresidentes.

Al preguntar si el gobierno de la Cuarta Transformación debería o no investigar a funcionarios, incluidos los expresidentes por su presunta participación en actos de corrupción, el 92.1% dijo que si deberían de ser investigados. Solo el 4.4% indicó que no

La ciudadanía no solo quiere que se les investigue, pues al preguntar si la 4T debería llevar a juicio a funciones de gobiernos anteriores o del actual que cometan delitos, el 95.6% de los consultados dijo que sí deberían ser enjuiciados. 2.4% indicó que no

La cabeza de Peña Nieto es la más deseada por los mexicanos, ya que el 89.4% de los consultados desean que sea llevado a juicio. Carlos Salinas de Gortari es el segundo exmandatario más mencionado para ser llevado a juicio (88.5%). Les siguen Felipe Calderón (82.1%), Vicente Fox (78.0%) y Ernesto Zedillo (74.3%)

Tras conocerse la denuncia del exdirector de Pemex, en la que reconoció haber recibido dinero de Odebrecht, 86.7% de los mexicanos aseguran que Emilio Lozoya debería ir a prisión por los delitos en los que incurrió, mientras que sólo 7% cree que no debería por ayudar al gobierno a conocer la verdad y poder actuar contra otros exservidores públicos.

Y aunque la mayoría de los mexicanos apoya el enjuiciamiento de los exmandatarios, solo un 50.0% apoya que se realice una consulta ciudadana para tomar dicha decisión.

Sobre todos los nombres que aparecen en la denuncia de Lozoya, entre políticos, empresarios, periodistas, etc., el 55.0% de los consultados consideran que los todos los mencionados son culpables de actos de corrupción. Solo el 32.6% cree que se trata de una estrategia de defensa de Lozoya.

Sobre los videoescándalos de las últimas semanas, el 33.4% de los encuestados creen que el video y denuncia de Lozoya salieron a la luz con fines electorales. 30.4% consideran que es para atacar a los adversarios de AMLO y solo 28.8% creen que es parte de la lucha contra la corrupción.

Respecto al video de Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, el 75% de los consultados creen que debe sancionarse a Morena en caso de que se compruebe que el dinero en cuestión fue utilizado para apoyar al partido.

En la denuncia de hechos que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), Emilio Lozoya revela la existencia de una «Egoteca» del presidente Enrique Peña Nieto (EPN).

En el apartado en que habla sobre Juan Armando Hinojosa, fundador de Grupo HIGA y el uso indebido del poder y trafico de influencias que hubo en el sexenio de Peña, Lozoya relata que fue el propio presidente quien ordenó a su «compadre» hacer negocios con Pemex pues necesitaban tener «sumas cuantiosas» de dinero ya que estaban construyendo la «Egoteca».

«Yo no entendía qué quería decir con esto, pero más tarde entendí que se trataba del ‘Museo del Presidente'».

Lozoya Austin detalla que al inicio de la gestión de EPN, le instruyó directamente coordinarse con el Secretario Técnico del gabinete, en referencia a Roberto Padilla Domínguez, para que Pemex contratara a un «fotógrafo».

Fue Padilla Domínguez quien le comentó que se iniciaría la construcción de una casa, ubicada en el Estado de México, para cuando el presidente concluyera su mandato; ésta contaría con un «Museo del Presidente», de tal forma que el fotógrafo se encargaría de tomar las fotografías de los eventos relevantes.

El contrato de dicho «fotógrafo» sería de entre dos y tres millones de pesos mensuales, monto que fue corroborado por Lozoya con el propio Peña Nieto y Luis Videgaray. Finalmente, Pemex contrató a dicho proveedor.

Lozoya refiere que Antero Rodarte, quien manejaba el dinero en efectivo de EPN, preguntó cómo iba la contratación del fotógrafo, pues Juan Armando Hinojosa ya había iniciado la construcción de la casa y el museo.

Detalla que Pemex pagó los honorarios del fotógrafo, aunque cuando la contraloría hizo una observación sobre dichos recursos, ya no fue sostenible seguir cubriendo el gasto, por lo que se lo informó a Roberto Padilla.

Antero Rodarte, colaborador de Peña Nieto, indicó a Lozoya en 2015, que la casa y el museo estaban concluidos, y que sería ahí donde se colocarían los regalos, reconocimientos e historial del presidente.

Antero Rodarte y Roberto Padilla eran los únicos que conocían la ubicación del inmueble.

Añade que fue Rodarte, quien según Lozoya en una cena en Los Pinos, bajo estado de ebriedad, se quejó de lo poco que le pagaban, en comparación con las maletas llenas de fajos de billetes que tenían en la bodega del «Museo de Peña».

Lozoya Austin relata que en el marco de las celebraciones del «Día de Marina», en Veracruz, el entonces gobernador del Estado, Javier Duarte, se le acercó en las escalinatas del avión presidencial y le entregó una carpeta al presidente.

«Al subir al avión presidencial, Enrique Peña Nieto nos dijo: ‘miren lo que me regaló el gober’, mostrándonos, en esos momentos, la parte interior de la carpeta», cuenta Lozoya.

En dicha carpeta estaba las fotos de un Ferreri (auto) con el texto ‘este Ferrari perteneció al Presidente López Mateos’ y a un lado estaban las llaves del auto. Añade que EPN entregó la carpeta a un asistente y pidió al mesero a bordo del avión abrir un par de botellas de ‘Vega Sicilia’ para celebrar.

Días después, Antero Rodarte confirmó que el Ferrari ya se encontraba en la bodega del «Museo del Presidente».

Lozoya refiere que la casa donde se encuentra la «Egoteca» de Peña Nieto, es la misma que el mandatario le refirió era con la que Grupo Higa le estaba «apoyando».

Los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón tendrán que comparecer ante la Justicia tras la denuncia de hechos que presentó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, la mañana de ayer ante la Fiscalía General de la República (FGR), dijo esta mañana López Obrador.

«Implica que sean llamados a comparecer, que declaren, los dos expresidentes, entre otros servidores públicos, o sea, tienen que declarar el expresidente Calderón, el expresidente Peña, el diputado al que hacen mención, los senadores, todos los mencionados», aseguró AMLO.

Dijo que el hecho de que sean llamado a declarar no significa que ya sean culpable, pero cuando hay una denuncia con dichas características, tienen que declarar los acusados.

El presidente se refirió a la denuncia de Lozoya Austin, en la que acusó formalmente a Peña Nieto y a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, de participar en la red de corrupción, dándole instrucciones de recibir el dinero de Odebrecht, y canalizarlos a la campaña electoral de 2012 y luego en sobornos a legisladores para las reformas estructurales que se llevaron a cabo en el sexenio de EPN.

Además, Lozoya apuntó al sexenio de Felipe Calderón por presuntos privilegios para la planta petroquímica Etileno XXI, vinculada con una compañía mexicana que es socia de Odebrecht.

López Obrador pidió difundir todo lo relacionado con dicha investigación. «Es conveniente el que se ventile este asunto y todos los que tienen que ver con la corrupción, estoy también de acuerdo en que se otorguen beneficios a los que aporten información, claro, con pruebas fehacientes», dijo el mandatario.

Al ser cuestionado sobre si a raíz de los señalamientos de Lozoya en contra de los expresidentes, apoyaría llevarlos ante la justicia, AMLO reiteró su «postura política» de que es necesaria una consulta pública para juzgar a los expresidentes.

«Hay quienes dicen cárcel, aunque sea un año pero cárcel, yo digo que lo que digan los jueces, pero a mí lo que más me importa es que moralicemos a México que se destierre la corrupción, que se purifique la vida pública», insistió.

Aun así, aseguró que él no obstaculizará el proceso judicial, y recordó que la Fiscalía es autónoma. Afirmó que no se convertirá en encubridor, en cómplice.

Reiteró su apoyo a que se ofrezcan beneficios a quienes aporten información sustentada en pruebas para conocer lo que pasó en las pasadas administraciones.

Luego de que se informara sobre la denuncia de hechos que presentó el exdiretor de Pemex, Emilio Lozoya, en torno a los casos de corrupción en el sexenio pasado, y en la que apuntó a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray de ser los responsables de pagar cerca de 500 millones de pesos en sobornos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitió un posicionamiento.

El tricolor aseguró que el partido de hoy, en un claro intento de deslindarse de lo que ocurrió al interior del partido en el pasado, no es ni será «tapadera de nadie».

«Reafirmamos que estamos a favor de la lucha contra la corrupción y de que se sancione a cualquier funcionario público que haya violado la ley», precisó el partido.

Desde la llegada de Emilio Lozoya a nuestro país, y cuando se comenzaron a filtrar algunos de los señalamientos en contra de excolaboradores del gobierno federal, Alejandro Moreno, actual dirigente nacional del PRI, ha dicho que los actos de corrupción son individuales y, quien los cometa, debe enfrentar todo el peso de la ley.

Pidió que no «igualar la conducta de un individuo a la de una institución», en referencia al partido.

Incluso en ese momento señaló que no hay registro, ni en el padrón actual ni en el histórico, de que Emilio Lozoya hubiera militado en el PRI. Sin embargo, ahora las acusaciones de Lozoya Austin han alcanzado directamente a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, dos figuras del priísmo de los últimos años.

A finales del mes pasado, Alejandro Moreno tuiteó una foto con Peña Nieto, a propósito de su cumpleaños, en el que le llamó «amigo».

Ayer, el Fiscal Alejandro Gertz Manero dio a conocer que Emilio Lozoya había presentado una denuncia de hechos, en la que señaló directamente al expresidente Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, de haber sido quienes le ordenado recibir los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, y dirigir más de 100 millones de pesos a la campaña presidencial de 2012.

Adicional, indicó que se destinaron alrededor de 400 millones de pesos en sobornos en el Congreso de la Unión para «convencer» a legisladores, principalmente de oposición, aprobar las reformas estructurales de 2013 y 2014.

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, informó esta tarde que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, presentó una denuncia de hechos respecto a su participación en la red de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, y de otros casos.

En el caso de Odebrecht, explicó el Fiscal, Lozoya aseguró que hubo una serie de sobornos por una cantidad superior a los 100 millones de pesos, los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña electoral de 2012, en las que Peña Nieto buscaba llegar a la Presidencia de la República.

Lozoya Austin señaló directamente a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de ser quienes le ordenaron que el dinero recibido de Odebrecht fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña electoral.

Gertz Manero explicó que en la denuncia presentada por el exdirector de Pemex, también se menciona la compra de votos a favor de las reformas estructurales que el gobierno de Peña Nieto impulsó en 2013 y 2014.

«En ese caso específico se habla de también 120 millones de pesos que fueron ordenados por las mismas personas (EPN y Videgaray) para un Diputado y cinco Senadores que él señala los nombres», detalló el fiscal. Indicó que dichos nombres quedarán en reserva hasta que la Fiscalía pueda judicializarlos en el caso de que se encuentren las pruebas suficientes.

También se menciona el caso del complejo petroquímico ‘Etileno XXI’, lo cual ocurrió durante la administración de Felipe Calderón. Lozoya asegura que hubo una serie de beneficios económico a favor de dicha empresa, que también está vinculada con una empresa mexicana que es socia de Odebrecht, y que se les dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en los que el gobierno federal tuvo pérdidas graves.

Alejandro Gertz Manero detalló que  el exfuncionario federal precisó los sistemas que se usaron para recibir los sobornos, los cuales también fueron ordenados por Peña Nieto y Videgaray para que se les entregaran 84 millones de pesos a un grupo de legisladores y a un secretario de finanzas de un partido político;

Añade que posteriormente se le dio una cantidad superior a los 200 millones de pesos para dirigirlos a la aprobación de la reforma electoral.

Se indicó que para soportar sus señalamientos, Lozoya Austin ha apuntado directamente a cuatro testigos, ha entregado un recibo y un video.

«A partir de este momento la Fiscalía General de la República ha abierto la carpeta de investigación correspondiente, y vamos a empezar a realizar todas las diligencias; en primer lugar las ratificaciones, después la presencia de los testigos, el análisis pericial de cada uno de los recibos y del video, y en caso de que sea procedente a las personas que él le imputa los llamaremos a declarar», remató el Fiscal.

Emilio Lozoya se habría tomado muy enserio su papel de «testigo colaborador», pues antes de aceptar por escrito su extradición a México, el exdiretor de Pemex ventiló que la empresa Odebrecht pagó 4 millones de dólares que fueron usados en la campaña presidencial de Enrique Peña en 2012.

Aun en España, Lozoya detalló que el dinero que recibieron de la brasiñela fue usado para el pago de consultores extranjeros, que el entonces coordinador de campaña, Luis Videgaray, contrató para asesorar al equipo del priísta durante la contienda electoral.

Sin embargo, no fue el único dinero que se entregó al equipo de EPN. Ya el poder, Odebrecht pagó otros 6 millones de dólares al gobierno de Peña, para recibir contratos y para repartir entre los legisladores mexicanos para garantizar la aprobación de la reforma energética.

Las declaraciones fueron difundidas este viernes por el diario Reforma, quien tuvo acceso al documento que Lozoya compartió con las autoridades. Con los detalles que compartió, buscaba lograr un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), lo que finalmente hizo que aceptara su extradición y regresara al país bajo la figura de «testigo colaborador».

En dicho documento, Lozoya relata que en una ocasión se reunió con el ahora exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto Meneses Weyll, en una panadería de Lomas de Chapultepec, para gestionar y definir la entrega del dinero que la brasileña entregaría. Acudió a dicha reunión por órdenes de Luis Videgaray.

Ahí, Meneses Weyll prometió entregar 4 millones de dólares, de los cuales, 3 millones fueron depositados en una cuenta ‘off shore’ vinculada a Lozoya; sin embargo, él informó de dicho movimiento tanto a Peña Nieto como a Videgaray.

Otro de los sobornos que Lozoya reveló a la FGR fue el pago de Odebrecht por 6 millones de dólares adicionales en 2014, luego de que el gobierno federal le adjudicó un contrato de 3 mil millones de pesos por realizar obras en la refinería de Tula, Hidalgo. Dicho dinero sirvió para sobornar a legisladores, señaló Lozoya.

Entre esos sobornos, se pagó a legisladores de la oposición. El «enlace» designado por EPN fue David Penchyna, quien fungía como presidente de la Comisión de Energía en el Senado. La entrega-recepción de dinero se hacía en una oficina de Montes Urales, en Lomas de Chapultepec.

En total, el gobierno de EPN pagó 52 millones 380 mil pesos en sobornos a legisladores del PAN, para que aprobaran las reformas del Pacto por México.

Entre los detalles que ofreció, Lozoya indicó que Videgaray pidió hacerle llegar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anay, quien fue el presidente de la Cámara de Diputados cuando se discutió la reforma energética, y quien en 2014 asumió el cargo de secretario general del PAN.

Otros nombres que Lozoya reveló participaron en las entregas de sobornos fueron los entonces senadores Ernesto Cordero, Salvador Vega, José Luis Lavalle Maury, y los hoy gobernadores Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca.

El diario El Universal reveló este miércoles que una empresa fundada por la familia del expresidente Enrique Peña Nieto, Plasti-Estéril, S.A. de C.V., de la que él aparece como socio fundador, fue beneficiada con millonarios contratos otorgados a Baxter International Inc.

Actas notariales dan cuenta de que Plasti-Estéril, S.A. de C.V., es “empresa hermana” perteneciente al Grupo Corporativo Baxter, así como Baxter, S.A. de C.V., y Plasti-Estéril Servicios, S.A. de C.V.

Plasti-Estéril, S.A. de C.V. se fusionó con la compañía beneficiada, e incluso cedió derechos a la estadounidense Baxter.

Dichos contratos alcanzan los 12 mil 170 millones 104 mil 242 pesos , tan solo durante su sexenio.

El negocio familiar de plástico estéril, usado como material médico, fue fundado en Atlacomulco, Estado de México, de donde Peña Nieto es originario. En el registro de comercio, con el folio mercantil 104, aparece que los fundadores son el expresidente Enrique Peña Nieto, su padre Enrique Peña del Mazo, su tío Arturo Peña del Mazo, su hermano Arturo Peña Nieto y el ingeniero químico petrolero Víctor Manuel Monroy Naime.

Plasti-Estéril, S.A. de C.V., cuenta con 52 movimientos registrales ante el Registro Público de Comercio del Estado de México, aunque en ninguno manifiesta modificación, integración o transferencia de acciones a otras personas.

El objeto social primordial de la compañía es la fabricación, distribución, comercialización e importación de productos plásticos estériles para hospitales e industria farmacéutica.

El Universal accedió a diversos documentos como registros públicos comerciales, de marca y notariales, en los que se encontró que Baxter, S.A. de C.V., obtuvo cada año decenas de contratos que sumados arrojaron más de mil millones de pesos anuales con dependencias federales entre los años 2013 y 2018.

En 2015, año de elecciones federales y estatales, la cantidad se multiplicó: la empresa ganó 5 mil 669 millones de pesos.

El diario relata que, según la plataforma Compranet, existen contratos a favor de Baxter, S.A. de C.V., desde 2002; fue 10 años después que la empresa tomó notoriedad con el otorgamiento de contratos que ascienden a miles de millones de pesos a partir de 2012 como proveedor de dependencias federales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y hospitales dependientes de la Secretaría de Salud, Sedena y Petróleos Mexicanos, entre otros.

Ya con EPN en el poder, en 2013, el emporio farmacéutico obtuvo 84 contratos por mil 025 millones 274 mil 919 pesos; en 2014, mediante 210 contratos, sumó mil 695 millones 964 mil 070 pesos. En 2015, cuando el país vivió elecciones intermedias, Baxter, S.A. de C.V., obtuvo 190 contratos por la suma de 5 mil 669 millones 019 mil 444 pesos.

Con 125 contratos en 2016 obtuvo mil 149 millones 671 mil 265 pesos, en tanto en 2017 con 288 contratos alcanzó un monto de mil 159 millones 982 mil 506 pesos y en la recta final del sexenio, es decir, 2018, con 150 contratos consiguió mil 470 millones 192 mil 038 pesos.

Sin embargo, los beneficios para la empresa no acabaron con el fin de la administración de Peña Nieto; en 2019, ya con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al frente del gobierno, se le asignaron 132 contratos por un monto de mil 136 millones 374 mil 018 pesos.

Sobre el tema, fue cuestionado esta mañana el presidente López Obrador; señaló que se debe de investigar si está involucrado el exmandatario, además de que pidió revisar desde cuándo está operando la empresa y qué contratos ha recibido en la presente administración.

«Hay que investigar si está involucrado el expresidente Peña Nieto, y hay que ver desde cuándo está operando la empresa, qué contratos ha recibido (…) ver en la administración actual qué contratos ha recibido y por qué, si fueron asignaciones directas, si fueron licitación, ver todo esto», respondió AMLO.

Al preferir no profundizar en el tema, López Obrador recordó que «venimos de un régimen caracterizado por la corrupción y lleva algún tiempo limpiar. Estamos barriendo las escaleras, se está limpiando, se está barriendo de arriba para abajo, estamos poniendo bastante cloro y jabón, y desinfectante y todo, limpiando, limpiando, saneando».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó este viernes que desde Palacio Nacional se haya ordenado una investigación en contra del exmandatario Enrique Peña Nieto.

Y es que de acuerdo a la columna Bajo Reserva, del diario El Universal, López Obrador habría ordenado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige Santiago Nieto, investigar las cuentas del expresidente y de su exesposa, Angélica Rivera.

«No hay ninguna investigación abierta del gobierno que represento en contra del expresidente Peña Nieto», dijo AMLO esta mañana en su conferencia de prensa. Sin embargo, dijo que podría haber denuncias ante la Fiscalía General de la República por parte de ciudadanos. «Pero nosotros no hemos formulado ninguna denuncia”, añadió

Recordó que aunque no era partidario de actuar en contra de los exmandatarios, sería la ciudadanía quien podría solicitar la realización de una consulta para decidir si se les juzgaba, desde Salinas hasta Peña, «por todo lo que sucedió en el lamentable, triste y doloroso periodo neoliberal, pero eso depende de los ciudadanos».

Sin embargo, la administración de López Obrador ordenó rastrear, en al menos 50 instituciones bancarias, todas las cuentas y movimientos financieros que hizo el expresidente Enrique Peña Nieto y sus familiares más cercanos, durante el periodo que estuvo al frente del gobierno federal.

La instrucción fue girada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en cuentas bancarias del expresidente, su exesposa Angélica Rivera Hurtado y a sus hijos Paulina Peña Pretelini, Nicole Peña Pretelini, Alejandro Peña Pretelini y Diego Alejandro (hijo menor de edad del expresidente priista).

Irma Eréndira Sandoval solicita realizar una investigación en materia de evolución patrimonial del 1 de diciembre de 2012, cuando asumió el poder Peña Nieto, al 30 de noviembre de 2018.

Por su parte Santiago Nieto confirmó que contra quien sí hay una investigación es Luis Miranda Nava, actual diputado del PRI y extitular de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) en el gobierno de Peña Nieto.

Nieto Castillo confirmó que el también compadre del mexiquense se encuentra bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Dijo que se investigan los casos porque se trata no sólo de combatir la corrupción, sino la impunidad y «que vayan ante los tribunales y que resuelvan lo que sea, no se trata de mandar a la cárcel a altos funcionarios del gobierno anterior por mandarlos a la cárcel, sino porque cumplan las que hicieron».

Según informes de El Universal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga presuntas irregularidades por mil 323 millones de pesos aplicados en 2018 por la Sedesol en la ‘Cruzada contra el Hambre’ y sus comedores comunitarios, en periodo en el que encabezaron la dependencia Miranda Nava y Eviel Pérez Magaña.

Santiago Nieto indicó que desde la UIF se abierto carpetas de investigación en contra de diversos funcionarios de la administración pasada, como lo es Rosario Robles, Gerardo Ruiz Esparza y Emilio Lozoya, pues han atendido la instrucción del presidente de tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad.

«No se persigue a nadie, pero si hubiera, si alguien apareciera en alguna investigación, pues lo que se tiene que hacer es actuar conforme a derecho, no hay de otra. Eso implica presentación de denuncias, en su caso congelamiento de cuentas si hay indicadores de lavado de dinero y bueno pues continuar con esta política», declaró Nieto.

Las autoridades federales investigan al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a su casero, por su probable participación en la trama de corrupción de Odebrecht, según dio a conocer este miércoles la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

De acuerdo a documentos en su poder, en el esquema que elaboró la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre los fondos transferidos por Odebrecht, se detectaron pagos al Grupo Constructor Tulancingo, propiedad de Carlos Aniano Sosa Velasco, dueño de dos residencias que habitó Osorio Chong en Bosques de las Lomas y en Lomas de Chapultepec.

Los pagos de Odebrecht a la empresa hidalguense fueron por supuestos servicios como subcontratista en la modernización de la refinería de Tula, obra que fue asignada por Pemex en 2013 mediante sobornos, según han confesado ex directivos de la constructora brasileña.

El esquema de la UIF incluye una conexión del Grupo Constructor Tulancingo con contratos públicos asignados en el anterior sexenio por organismos federales cuyos titulares eran estrechos colaboradores de Osorio Chong desde hace 15 años.

Entre las dependencias que otorgaron contratos a la constructora del casero de Osorio Chong estuvieron la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDI), organismo que dependía de Gobernación, y el centro Hidalgo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Ambas dependencias las encabezaban dos colaboradores de Osorio desde los días en que fue Gobernador de Hidalgo, entre 2005 y 2011: al frente de la CNDI estaba Nuvia Mayorga, quien fue su Secretaria de Finanzas en la gubernatura, mientras que el director del centro de la SCT en Pachuca era Alberto Salomón Bulos, su ex Subsecretario de Obras.

Nuvia Mayorga, además, había sido invitada por Osorio para colaborar, desde el PRI nacional, en la campaña presidencial de 2012; él era Secretario de Operación Política y ella se integró como titular de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización.

Actualmente Osorio y Nuvia Mayorga son senadores por el PRI y gozarán de fuero constitucional hasta el año 2024.

Esta no es la primera vez que se involucra a Nuvia en el caso Odebrecht. En agosto de 2017 el columnista Salvador García Soto afirmó que el propio Emilio Lozoya llegó a comentar a personas cercanas que él no había recibido el dinero de Odebrecht y que esos recursos llegaron a través de “una operadora financiera de un gobernador” y mencionaba en concreto el nombre de Nuvia Mayorga, ex secretaria de Finanzas de Hidalgo.

De acuerdo al expediente entregado al INAI por la Presidencia de la República, se confirman los contratos millonarios con al menos 36 periodistas durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Una investigación de Nancy Flores de la revista Contralínea mediante la cual tuvo acceso a un folio de 780 fojas relativo a 43 empresas de columnistas y medios de comunicación por la venta de contenidos.

Entre los periodistas destaca Joaquín López-Dóriga, quien a través de las empresas Ankla Comunicación, Astron Publicidad, Plataforma Digital Joaquín López-Dóriga y Premium Digital Group mantuvo contratos con el gobierno federal, de 2012 a 2018, por 290 millones 352 mil 869 pesos.

Se menciona, también a Óscar Mario Beteta, quien a través de su empresa Comentaristas y Asociados SC, vendió cada mención por 15 mil pesos más IVA; el total, de acuerdo al expediente fue 74 millones 571 mil 101 pesos.

La empresa de Martha Debayle, Media Marketing Knowledge o BBMundo Direct SA de CV cobró por publicidad en sus revistas impresas Moi y BBMundo, radiofónicos y redes sociales, ocho millones 243 mil 761 pesos.

Otras de las empresas beneficiadas fueron Periódico Digital Sendero SAPI de CV (SDPNoticias), de Federico Arreola por 152 millones 282 mil 653 pesos; Editorial Clío, Libros y Videos SA de CV, de Enrique Krauze Kleinbort, que obtuvo 61 millones 629 mil 920 pesos; Editorial Cruzada (revista Siempre!) que facturó 59 millones 204 mil 89 pesos.

Comercial Media Bizcom SA de CV (Chiapas Hoy, Órale, qué chiquito periódico y Por Esto!), con beneficio de 44 millones 282 mil 591 pesos; Estrictamente Digital SC (Eje Central), por un monto de 36 millones 413 mil 723 pesos.

Comunícalo SA de CV, de Ricardo Alemán cobró en el sexenio pasado, 28 millones 194 mil 67 pesos; Editora de Publicaciones Especializadas y Consultores en Comunicación SA de CV, relacionada al columnista Luis Soto Ortíz, sumó 26 millones 846 mil 752 pesos.

Conducción de Telecomunicaciones SC de Adela Micha obtuvo un ingreso de 24 millones 754 mil 501 pesos; Comunicación Extensa SC de Pablo Hiriart recibió 22 millones 149 mil 942 pesos; Comunicaciones Estratégicas Newlink SA de CV (Callo de Hacha, diariodeconfianza.mx), 21 millones 450 mil pesos.

Ankla Comunicación, SA de CV fue utilizada como propuesta publicitaria anual dirigida a la Unidad de Comunicación Social y vocero de la Secretaría de Hacienda para emitir cápsulas del periodista en los espacios radiofónicos en Grupo Fórmula de López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Óscar Mario Beteta, por un monto de 147 mil pesos más IVA; sin embargo, «por tratarse de la SHCP, que es un cliente muy importante para nosotros, les ofrecemos una tarifa de 73 mil 500 pesos más IVA».

Por control remoto, la empresa ofrecía transmitir «en la fecha y hora que ustedes elijan» por un millón 500 mil pesos y aumentaba a un millón 800 mil más IVA si prefería en particular aparecer dentro del programa de los miércoles «con la mesa de Roy Campos, René Casados y José Fonseca».

Si se trataba de conferencias magistrales, el costo era de 35 mil dólares más IVA. En total, de 2012 a 2018, Ankla Comunicación obtuvo contratos por 89 millones 773 mil 949 pesos; sin embargo, dejó de operar hace un año y medio.

Recordemos que fue Nancy Flores la periodista que la semana pasada acusó a Óscar Mario Beteta de violentarla vía telefónica cuando intentó obtener su versión sobre la información que le proporcionó la Presidencia de la República en relación a los pagos que su empresa recibió de parte del gobierno anterior.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, desmintió que alguna de las investigaciones que se le siguen al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, apunten al expresidente Enrique Peña Nieto, tal como lo aseguró el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ).

Nieto Castillo confirmó que hay cuatro investigaciones de las que ya se dio parte a la Fiscalía General de la República  (FGR), además de que hay dos más que se prepara, una de ella, la relacionada con la compra de un astillero en España.

Desde el Senado, se le cuestionó si se investiga a Peña Nieto por temas de corrupción, a lo que el titular de la UIF indicó que «en este momento la investigación ha llevado solo al señor Lozoya y a sus cercanos”, añadiendo que hasta el momento el nombre del exmandatario no ha salido a la luz.

Santiago Nieto recordó que se mantienen congeladas 14 cuentas del exfuncionario en el sexenio anterior, así como de familiares y de excolaboradores.

En temas relacionados a Lozoya, se informó que extitular de Pemex analiza el historial de varios bufetes locales para elegir al que lo defenderá.

«Solo será él quien decida» a los abogados que lo defenderán en este país, dijo su abogado Javier Coello, quien se encuentra en España para entrevistarse con su cliente y ayudar con la búsqueda del despacho que lo defenderá. En ese sentido, precisó que está por definirse si su cliente regresa a México o «pelea aquí la extradición».

Coello Trejo insistió en que Lozoya «fue un instrumento, pero en su momento y ante los jueces lo tendremos que aclarar». Añadió que «ningún funcionario en México se manda solo si no es por orden del presidente de la República; hace 50 años y ahora».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró que si se decide enjuiciar a los mandatarios que lo antecedieron, se deberá de empezar por el expresidente Carlos Salinas de Gortari pues dijo, es el padre de la desigualdad moderna en México.

“Salinas es el padre de la desigualdad moderna, fue el que entregó los bienes de la nación. Nosotros estamos investigando, se está avanzando, la Fiscalía está avanzando en esto, pero para irnos al fondo también tendríamos que hacerlo hasta Salinas, es Salinas. Imagínense la entrega de empresas públicas, bancos, imagínense lo que significó», refirió en conferencia.

López Obrador afirmó que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue donde se registró el mayor crecimiento de la desigualdad.

«Queremos iniciar una etapa nueva, que no nos dediquemos como lo hacían los gobierno neoliberales, a simular y a lo espectacular, mientras alentaban la corrupción (…) no a venganzas, no a la persecución política, marcar muy bien la diferencia, iniciar una etapa nueva, sin corrupción e impunidad», sostuvo el mandatario.

López Obrador acusó que durante el gobierno de Vicente Fox, México ocupaba el lugar 60 en corrupción, para luego pasar al 90 y se terminó en el sexenio pasado en la posición 136 de alrededor de 200 países.

Dijo que la corrupción era el distintivo de los gobiernos neoliberales, que enfatizó, fueron desde Salinas de Gortari, hasta el que terminó el 1 de diciembre, refiriéndose al de Peña Nieto. Puntualizó que todos los gobiernos tienen que ver en «atrocidades» que se cometieron para cometer la decadencia en México.

López Obrador dijo que Peña Nieto permitió la corrupción, ante lo cual, su gobierno está dando seguimiento a todos los expedientes que se encontraron abiertos; destacó que no se cerró ninguno pues aclaró: «no tenemos relaciones de complicidad con nadie».

En ese sentido, recalcó que desde que tomó posesión fue muy claro: no se actuará en contra de los expresidentes, salvo llegaran a decidirlo así los ciudadanos a través de una consulta ciudadana.»Yo le haría caso a los ciudadanos aunque yo estaría en contra».

Añadió que si ahora que no se persigue a nadie, tienen a los conservadores «encima», no quiere imaginar cómo sería si se actúa contra los expresidentes. Señaló que lo que más les molesta a los opositores es que no se permita la corrupción, pues lo que no quieren es que se les afecte el bolsillo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo esta mañana desconocer si hay una investigación en contra del exmandatario Enrique Peña Nieto, luego de la detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

Y es que ayer, el diario estadounidense The Wall Street Journal dio a conocer que un alto funcionario reveló que el gobierno federal supuestamente está indagando a Peña Nieto por corrupción.

“No tengo elementos para sostenerlo, lo que existe es la investigación, el proceso contra el exdirector de Pemex, no hay una investigación que yo sepa contra el expresidente Peña», comentó AMLO, aunque reafirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la facultad de abrir la investigación ya que es autónoma y no tiene que reportarle nada a él.

Al preguntarle si a partir de la judicialización del caso Lozoya, su gobierno acusaría al exmandatario priísta, López Obrador dijo que sólo se haría si el pueblo lo pide, “nosotros hemos dicho que solo presentaríamos denuncia contra expresidentes si los ciudadanos no los piden porque pensamos que debemos de pensar hacia adelante».

López Obrador criticó que la Constitución establezca que los presidentes solo pueden ser juzgados por el delito de traición a la patria, lo que acusó, les da impunidad constitucional.

En ese sentido, informó que envió una iniciativa a los legisladores para que los presientes puedan ser juzgados por cualquier delito como un ciudadano común.

En la actualidad «no se puede juzgar a los presidentes de México más que por los delitos de traición a la patria, no se les puede juzgar por corrupción; en este caso los presientes tienen impunidad constitucional».

El gobierno de México está investigando al expresidente Enrique Peña Nieto como parte de un caso de corrupción del más alto perfil en los últimos años, según reveló al The Wall Street Journal (WSJ) un alto funcionario judicial de México.

La investigación formaría parte de un amplio caso contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien fue arrestado en España la semana pasada y está esperando una audiencia sobre la solicitud de México para su extradición.

La Fsicalía lo acusa de recibir millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y de Altos Hornos de México.

«La oficina del fiscal general tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya llega al más alto nivel», dijo al WSJ el alto
funcionario refiriéndose a Peña Nieto. «La extradición y (cualquier posible) confesión de Lozoya son elementos que, junto con las investigaciones en curso, decidirán si el expresidente será acusado en el futuro».

La investigación de México sobre las acusaciones de Odebrecht se abrió a principios de 2017, pero no dio lugar a ningún cargo hasta después de que terminó el mandato de Peña Nieto en 2018.

Si Peña Nieto finalmente es procesado, sería la primera vez que un presidente mexicano moderno enfrenta cargos de corrupción en los tribunales. En cualquier caso, los cargos no son probables a corto plazo, ya que la extradición de Lozoya por sí sola podría llevar varios meses.

Antes de convertirse en fugitivo en mayo, Lozoya dijo que era inocente. Después de su arresto en España, su abogado,  Javier Coello Trejo, dijo que su cliente «no actuó por su cuenta», lo que implica que estaba siguiendo las órdenes de sus superiores. Como jefe de Pemex, Lozoya habría reportado directamente a Peña Nieto.

Odebrecht admitió haber sobornado a gobiernos de América Latina y otros lugares a cambio de contratos como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses en 2016.

El escándalo ha llevado a la cárcel a muchos ex altos funcionarios de toda América Latina, incluidos los expresidentes de Perú, Panamá y Brasil.

Como parte de un interrogatorio en el que se definiría si se le permitiría seguir su proceso en libertad, tras apelar la condena de 9 años en prisión, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aseguró que su renuncia al gobierno estatal y su huida a Guatemala en 2016, fue una orden del presidente Enrique Peña Nieto.

El veracruzano detalló que las instrucciones se las habrían transmitido funcionarios de la Secretaría de Gobernación entre ellos su entonces titular, Miguel Ángel Osorio Chong.

Adicional, ventiló que fue el ahora senador de la República quien le arregló una entrevista con Carlos Loret de Mola en Televisa, para simular que pediría la renuncia de forma voluntaria.

“Yo dije en la entrevista que me iría para enfrentar los cargos en mi contra. No era verdad.  Todo estaba arreglado. Las preguntas estaban acordadas. Me pidieron que diera motivos distintos a los reales”, declaró Duarte en la audiencia que duró poco más de dos horas.

Duarte insistió en que nunca fue su idea renunciar al gobierno, y que fue en octubre de 2016, en una reunión que sostuvo en las oficinas de la Segob, cuando Osorio Chong “lo presionó” para que pidiera la licencia. “Gobernador, te pide tu amigo el presidente de la República que pidas licencia (…) se necesita una transición en Veracruz tersa”, habría dicho Osorio Chong a Duarte.

El exgobernador relató que le ofrecieron irse por la «puerta grande». Indicó que delante de él, el titular de Segob hizo una llamada para arreglar la entrevista con Loret de Mola; incluso ventiló que un día antes de la cita en el programa televisivo, se reunió con directivos de la televisora y con el periodista en una oficina de Lomas de Chapultepec. «Nos pusimos de acuerdo hasta en las preguntas que se iban a hacer”, señaló Duarte.

Añadió que el entonces Oficial Mayor de Segob le llamó a su casa para indicarle que “por su seguridad” debía abandonar Veracruz. “Nunca pasó por mi mente ni antes ni ahora sustraerme de la acción de la justicia. Nunca ha sido así. Yo me fui a Guatemala por instrucciones del régimen federal de ese momento. No por otra cosa”.

Duarte dio detalles de cómo fue su salida del país, misma que hizo en compañía de su esposa Karime Macías. Indicó que se trasladó vía terrestre de Coatzacoalcos a Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, desde donde siguió a Tapachula para abordar una balsa y así cruzar la frontera.

Señaló que durante el tiempo que estuvo fuera del país, sus abogados siguieron negociando con funcionarios del gobierno federal, en ese entonces encabezado por Enrique Peña Nieto, con el objetivo de coordinar su entrega.