El Fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, informó que tortura y privaciones ilegales de la libertad, entre otras prácticas ilícitas, fueron utilizadas para sustentar la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
Según la polémica versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, los estudiantes fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías en Iguala, Guerrero y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para caso #Ayotzinapa y la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso realizamos un recorrido por La Barranca de la carnicería en Iguala, Guerrero. https://t.co/7j72bZt5w7
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) September 21, 2021
“Porque nosotros hemos avanzado mucho en la controvertida porque mucho de lo que se hizo para quererla sustentar fue obtenido de manera ilícita”, dijo Gómez Trejo en una conferencia de prensa desde el municipio de Cocula, a unos días de que se cumplan siete años de la desaparición.
“Eso quiere decir que incluso testimoniales de personas fueron obtenidas mediante tortura, fueron privadas ilegalmente de la libertad, fueron aisladas completamente de la protección de la ley”, agregó; y dijo que después de ello “lo que hicieron fue reconstruir una averiguación previa armada con piezas procesales que muchas de ellas fueron elaboradas ilícitamente”.
Apenas el lunes pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró su rechazo a la versión del gobierno de Peña Nieto sobre el relato conocido como la “verdad histórica” el cual fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El gobierno de López Obrador reabrió la investigación en 2018 y tumbó la versión al identificar en julio del año pasado restos de Christian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería, ubicada a un kilómetro del basurero.
Desde ese lugar, el fiscal Gómez Trejo dijo que para defender ese relato “hubo un conglomerado de funcionarios que actuaron de manera ilícita, aprovechándose de la posición que gozaban y en función de eso desviaron una investigación y con ello negaron el acceso a la justicia a las familias, la búsqueda de sus hijos y negar la verdad”.
En su turno, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que los resultados se han presentado sobre el caso Ayotzinapa son puntuales y concretos, más no concluyentes.
“Son solo una parte de la investigación que se desarrolla para saber que pasó y dónde están los muchachos desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero”, apuntó.
Y es que en coordinación con Gómez Trejo, este martes llevaron a cabo una diligencia ministerial a la Barranca de la Carnicería, para informar a medios de comunicación sobre los trabajos y hallazgos en ese lugar.
Al término del recorrido, el subsecretario detalló que a la fecha se llevan 53 acciones de búsqueda en ocho municipios de Guerrero, pues dijo que la investigación que se ha integrado demuestra que los hechos sucedieron en distintos sitios.
Enfatizó que toda la información que se da a conocer por parte de la comisión está verificada plenamente, independientemente de las declaraciones de testigos, filtraciones a medios y de rumores que pretenden descalificar el trabajo y reivindicar la ya fracasada “verdad histórica”.
Además de la búsqueda de los estudiantes, el gobierno de la 4T persigue a los responsables de la investigación de la anterior Administración, que estuvo liderada por Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel.
