El fiscal general estadounidense, Merrick Garland, aseguró este martes que Estados Unidos necesita que México coopere en todas las fases del tráfico de fentanilo para poder acabar con este problema.
“Necesitamos que México actúe en cada etapa. Que destruya los laboratorios (…) Que tome medidas enérgicas contra los cárteles, contra las compras de precursores químicos por parte de compañías mexicanas y contra las ventas por parte de las chinas”, dijo ante el subcomité de Comercio, Justicia, Ciencia y otras agencias en el Senado.
El fiscal también reconoció que Estados Unidos “tiene responsabilidades” para evitar la entrega de armas desde el país a los cárteles en México.
Recordemos que el fentanilo fue uno de los temas principales en la Cumbre de Líderes de América del Norte que se celebró en enero pasado en la Ciudad de México y que reunió a los presidentes Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Joe Biden y al primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
Pese a lo que se ha dicho en México, desde Washington se reitera que es un problema que no afecta solo a Estados Unidos, sino a todos los países.
Sin embargo, López Obrador señaló a principios de mes que México ni fabrica ni consume ese potente opiáceo sintético, aunque días más tarde corrigió y terminó reconociendo el problema, aunque insiste en que no es de la misma magnitud que en el país vecino.
La comparecencia de Garland estuvo centrada en el presupuesto del Departamento de Justicia para el año fiscal 2024, que abarca del 1 octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024.
De los 39,700 de dólares millones solicitados al Congreso, 2,700 van dirigidos a la lucha de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) contra los cárteles y el flujo de “droga mortal” en el país.
Según el testimonio escrito facilitado antes de su intervención, el Departamento de Justicia “usa todas las herramientas a su disposición para salvar vidas y sacar el fentanilo” de las comunidades, un esfuerzo que incluye el desmantelamiento de cárteles.
El presupuesto solicitado al Congreso incluye 50.3 millones para el trabajo de la División Penal de cara al desmantelamiento de redes de narcotráfico y 202.7 millones para las operaciones antidrogas del FBI, incluidas las centradas en el fentanilo.
