El gobierno federal defendió una orden emitida a académicos del CIDE, de no publicar críticas en redes sociales que puedan “causar daño a la dignidad” de sus jefes, ni compartirlas en correos electrónicos.
La orden anunciada el fin de semana está dirigida a investigadores y empleados del Centro de Investigación y Docencia Económicas, un organismo independiente financiado por el Estado.
El CIDE ha sido un punto focal de resistencia a los intentos del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer que las instituciones académicas sean más nacionalistas, orientadas hacia el Estado y progubernamentales.
Que dice la @SFP_mx que quieren aclarar lo que dijeron sobre el uso de las redes sociales del @CIDE_MX. Pero en realidad escribieron algo que no se entiende para que todos y todas sigamos confundidos. En serio son ineptos. O en realidad sí es censura pero la tratan de disfrazar. pic.twitter.com/szBteeylw5
— Alma Maldonado (@almaldo2) June 19, 2023
Los críticos dijeron que las nuevas normas equivalen a una ley mordaza, que le exige a cualquier persona relacionada con el centro “abstenerse de difundir, mensajes y/o expresiones a través de medios de comunicación digitales como las redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, que puedan causar daño a la dignidad y la integridad de alguna persona publica”.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) dijo que “dichos compromisos no buscan restringir la libertad de expresión; por el contrario, se orientan a garantizar dicho derecho”.
No es el primer enfrentamiento del actual gobierno con académicos. En abril pasado, López Obrador promulgó una ley que hizo que el entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) incluyera a representantes del Ejército y la Armada en su junta de gobierno.
En 2021, el CONACyT le ordenó a sus investigadores no criticar al organismo, y señaló que cualquier comentario público que hicieran tenía que ser aprobado previamente por su oficina de prensa.
Previamente, el consejo ayudó a la Fiscalía a intentar encarcelar a 31 académicos en una prisión de máxima seguridad bajo cargos de que se gastaron fondos de investigación que en aquella época estaban autorizados a utilizar.
