La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, presentó ayer una contrapropuesta de reforma judicial, al tiempo que denunció un intento de “demolición del poder judicial”, mientras la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sigue avanzando en el Senado.
“La demolición del poder judicial no es la vía, como se pretende”, dijo Piña en un mensaje en redes sociales, mientras miles de personas protestaban en la Ciudad de México y otras partes del país contra el proyecto que propone la elección popular de jueces y magistrados.
Acompañada de otros colegas, Norma Piña, quien el viernes participó en protestas contra la reforma organizadas por funcionarios judiciales en huelga, anunció dos propuestas elaboradas por el poder judicial.
La demolición del #PJF no es la vía para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita. pic.twitter.com/c1W4x0THTN
— Norma Piña (@NormaPinaH) September 9, 2024
Según esos planteamientos, la elección afectaría la independencia de los juzgadores y facilitaría el “involucramiento de grupos de poder y de crimen organizado en la conformación del poder judicial”.
Piña llamó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a escuchar las observaciones que advierten que la enmienda socavará la impartición de justicia.
La ministra Piña informó sobre la publicación de dos propuestas en materia de justicia; una que expresa la visión de la Judicatura y la otra que pone en la mesa las visiones de legisladores, organizaciones de la sociedad civil, la academia, estudiantes y víctimas de violencia.
“Esta propuesta parte de un ejercicio amplio de escucha y diálogo con todos los actores de los sistemas de seguridad y justicia federal y locales así como con legisladores, organizaciones de la sociedad civil, academia, estudiantes y víctimas de violencia”, señaló Piña.
En el documento se exponen puntos como promover la desmilitarización y fortalecer el acceso de las autoridades en labores de seguridad, promover la justicia penal, acceso a la justicia y derechos humanos, acceso a la justicia frente al fenómeno de la desigualdad, procesos y recursos judiciales efectivos, la creación de la Ley General de Defensorías Públicas, entre otros puntos.
Señaló que la propuesta surgió desde la Judicatura en un “proceso reflexivo y autocrítico” de las juezas y jueces federales, magistradas y magistrados federales además de personal de los órganos jurisdiccionales y 11 sistemas de justicia locales.
Explicó que el objetivo es “aportar a la discusión sobre la reforma judicial desde la experiencia directa de quienes imparten justicia.
La ministra aprovechó el mensaje para reiterar su llamado “respetuoso, pero firme a las y los legisladores, a todas las autoridades de los sistemas de seguridad y justicia que podemos cambiar las cosas”.
Asimismo, dijo que entre poderes “debemos escucharnos” y escuchar a las víctimas de la violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos.
La reforma al Poder Judicial ha levantado advertencias por organismos multilaterales, como las Naciones Unidas; organizaciones empresariales, como la International Chamber of Commerce; calificadoras, como Fitch; y entidades como Citibanamex, Stanley Morgan y UBS, entre otros como las embajadas de Estados Unidos y Canadá, por representar riesgos a la inversión privada, tratados comerciales y posibles sanciones económicas.
