Un grupo de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles afirmaron que el conflicto entre el gobierno de Chihuahua y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en torno al pago de tres convenios por 780 millones de pesos “ha puesto en el debate nacional una de las causas más importantes de la corrupción en el sector público: la discrecionalidad en el ejercicio del gasto por parte de la autoridad hacendaria”.
Asociaciones como Causa en común, Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Mexicanos Primero, México, ¿cómo vamos?, México Evalúa, entre otras, reiteraron que “esta es una oportunidad para exigir un cambio profundo en los mecanismos de asignación y control sobre el gasto público”.
Señalaron que la Secretaria de Hacienda tiene la capacidad para aprobar una gran cantidad de recursos adicionales y modificar los presupuestos aprobados y asignados, mediante el Ramo 23 (Previsiones Salariales y Económicas) y a través de las adecuaciones presupuestales. Por lo que dichos mecanismos colocan a la SHCP en una “posición de poder y privilegio, desde la que puede usar políticamente los recursos públicos de manera unilateral y arbitraria para premiar o castigar a los aliados o adversarios del gobierno en turno”.
Las asociaciones indicaron que es necesario abrir un debate sobre las reformas legales necesarias que frenen el “uso discrecional, político y electoral del presupuesto. A ese efecto exhortamos a los legisladores a convocar al Secretario de Hacienda a una comparecencia con el fin de explicar los detalles del uso que se ha hecho de los recursos del Ramo 23”.
