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La Compañía de Jesús en México pidió este jueves al gobierno federal garantizar la seguridad para la comunidad de Cerocahui, en Chihuahua, donde la tarde del lunes fueron asesinados dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico dentro de una iglesia en el municipio de Urique.

“Pedimos garantizar la seguridad para la comunidad de Cerocahui y diseñar un programa integral de rescate para regiones lastimadas por la violencia como la Sierra Tarahumara”, señaló en un comunicado la orden religiosa.

Confirmaron que los cuerpos encontrados la tarde de ayer por las autoridades sí corresponden a Javier Campos y Joaquín César Mora, asesinados cuando intentaban proteger a Fernando Palma, el guía turístico que era perseguido por un sicario.

Asimismo, luego de hacerse público que en los hechos podría haber otras víctimas de desaparición, hicieron un llamado a que la búsqueda de estas personas continúe, especialmente porque, recordaron, en México hay más de 100,000 personas desaparecidas.

“El hallazgo de nuestros hermanos a 72 horas de desaparición tras una búsqueda coordinada por los tres niveles de Gobierno refleja una atención intensa; al mismo tiempo, no podemos dejar de señalar que esta acción es poco accesible a la inmensa mayoría de familias cuyos casos no concitan atención pública”, precisaron.

Los religiosos afirmaron que seguirán sus labores como jesuitas de la sierra Tarahumara y acudirán a Cerocahui a refrendar su compromiso con la comunidad.

“En ese contexto, estaremos informando sobre las exequias de nuestros hermanos, sabedores y agradecidos porque muchos y muchas querrán acompañar ese momento para expresar así su rechazo a la violencia que lastima al país”, puntualizaron.

Autoridades localizaron la tarde de ayer los cuerpos de dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico asesinados el lunes en una iglesia de Chihuahua, crimen que alcanzó réplica internacional al grado que el Papa Francisco lo lamentó en sus audiencias.

«Hemos logrado localizar y recuperar (…) los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma», dijo en un video en redes sociales la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

La identidad de las víctimas ya fue confirmada por expertos forenses mientras que la fiscalía estatal anunció una recompensa de unos 5 millones de pesos por información que lleve a la captura del presunto asesino, quien ha sido identificado como José Noriel Portillo, apodado «El Chueco», de 30 años de edad y quien ya era buscado por el asesinato de un turista estadounidense en 2018.

Los sacerdotes Campos, de 79 años, y Mora, de 81, fueron baleados el lunes en la localidad de Cerocahui «mientras intentaban defender a un guía turístico que buscaba refugio» en su parroquia, según la orden religioso a la que pertenecían, conocida como la Compañía de Jesús.

Tras asesinar a los dos sacerdotes y al guía de turistas, el agresor junto con otros hombres armados se llevaron los cuerpos de sus víctimas pese a las suplicas para que los dejaran a otro religioso que presenció los hechos.

El fiscal del estado, Roberto Javier Fierro Duarte, detalló que el pasado lunes se atendió el reporte de que “El Chueco”, arribó a un domicilio de Cerocahui, a fin de localizar a Paul «B», un habitante de la comunidad, ya que un día antes se había llevado a cabo un juego de béisbol en el que participó un equipo patrocinado por el criminal, y tras haber sido derrotado, se generó una disputa con el otro equipo en el que contendían los hermanos Paul «B» y Armando «B».

Aseguró que de acuerdo con versiones de un testigo, “El Chueco” detonó un arma de fuego en contra de Paul «B», privó de la libertad a Armando «B». y posteriormente prendió fuego a la vivienda. Horas más tarde, en un hotel del poblado, Pedro «P», guía de turistas, interactuó con “El Chueco”, lo que terminó en el ataque.

Jorge Atilano González, también sacerdote jesuita, explicó a Milenio que los sacerdotes conocían al agresor pues era de la zona y por eso intervinieron para tratar de calmarlo.

«Se quiso confesar» luego de disparar, dijo Atilano González al citar el testimonio del tercer sacerdote que estuvo en el templo. «Lo que creemos es que estaba en estado alcoholizado o de adicción por la reacción que tuvo», detalló.

Al tema ha escalado internacionalmente, y llegó a la audiencia general semanal del Vaticano, donde el Papa Francisco expresó tristeza y consternación por el crimen de sus compañeros de orden, a quienes llamó «hermanos» y que dijo, desarrollaban su labor en comunidades indígenas tarahumara.

«Hay tantos asesinatos en México. Estoy cerca, en afecto y oración, de la comunidad católica afectada por esta tragedia», dijo.

Según la ONG Centro Católico Multimedial, unos 30 sacerdotes han sido asesinados en la última década en nuestro país.

Autoridades informaron esta tarde que fueron localizados los cuerpos de los dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas que fueron asesinados el lunes en la comunidad de Cerocahui, en Urique, Chihuahua.

«Hemos logrado localizar y recuperar los cuerpos de los sacerdotes Javier Campos, Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma», informó la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a través de un breve mensaje publicado en sus redes sociales.

Sin ofrecer mayores detalles, la gobernadora indicó que habrá información más adelante, aunque destacó el «esfuerzo extraordinario» que la fiscalía estatal realizó para poder ubicar y recuperar los cuerpos. Dijo que fue corroborada la identidad de los cuerpos gracias a trabajos de medicina forense.

Previo al anuncio de la mandataria estatal, la fiscalía de Chihuahua informó que identificó a José Portillo «El Chueco» como sospechoso de los asesinatos. Ofreció una recompensa de 5 millones de pesos a quien proporcione información que lleve a su captura.

Las autoridades dijeron que Portillo estaría involucrado además en el tráfico de drogas en la región y otros delitos.

Hasta ahora no se ha informado sobre el paradero de otras cuatro personas que habrían sido secuestradas el mismo día de los hechos, incluida la esposa del guía de turistas asesinado.

Recordemos que por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que el atacante ya estaba identificado y que tenía una orden de captura desde 2018, nunca ejecutada, por el homicidio de un turista estadounidense.

Sobre el anuncio de la gobernadora, la compañía de Jesús informó que el padre Luis Gerardo Moro Madrid fue informado sobre el hallazgo de tres cuerpos.

Indicaron que se trasladarán al lugar donde se encuentran los cuerpos para su reconocimiento.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este miércoles que el gobierno federal realiza una investigación a fondo sobre el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un civil en el municipio de Urique, Chihuahua, que ocurrió al interior de una iglesia.

Señaló que aunque se trata de un asunto del fuero común, instruyó a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asistir a la zona.

“Hay elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional; actuó de inmediato. Hay una búsqueda, ya se tiene identificado al responsable, al homicida y vamos a seguir con las investigaciones. (…) Se está haciendo el trabajo que nos corresponde con elementos suficientes del gobierno federal y vamos a tener resultados”, añadió AMLO.

El mandatario dijo que el caso lo lleva la Fiscalía del Estado de Chihuahua, aunque reiteró que habrá apoyo de la federación, pues lo que «importa» es encontrar los cuerpos y detener a los responsables.

En ese sentido señaló que el presunto responsable de los asesinatos está acusado y cuenta con una orden de aprehensión desde 2018 por asesinar a un turista estadounidense.

“Se está pidiendo que si se tienen los elementos en la Fiscalía de Chihuahua o la Fiscalía General puedan sacar una ficha para la búsqueda de los responsables, que ayude en este asunto”, apuntó.

Además, confirmó que hay dos personas desaparecidas, entre ellas, la esposa de una de las víctimas, del guía de turistas que fue asesinado, por lo que integrantes de la Sedena continúan las operaciones de búsqueda.

Sin embargo, como se ha vuelto costumbre, el presidente recurrió a señalar al pasado para tratar de justificar lo ocurrido.

«Esto de la sierra de Chihuahua, que duele tanto, pues esto no surgió ahora, esto viene de tiempo atrás, cuando existía un contubernio completo entre las autoridades y la delincuencia. ¿O el señor este acaba de empezar su carrera delictiva? No, y seguramente fue tolerado», acusó el mandatario.

Incluso dijo que esta situación que imperaba, es algo que saben la comunidad jesuitas así como los pobladores de Urique, donde ocurrieron lo hechos. También señaló que estas conductas delictivas son sabidas por otras comunidades como Chinipas y Creel. «Saben perfectamente en Batopilas, en Morelos, saben muy bien cómo se fue creando toda esta organización y el contubernio con autoridades», remató.

Añadió que la zona de la sierra tarahumara ha estado desde hace tiempo muy dominada por la delincuencia organizada. Puso como ejemplo lo sucedido en la Estación Creel, en 2008, cuando un comando irrumpió en una reunión y asesinaron a 13 personas.

El Papa Francisco lamentó este miércoles la cantidad de asesinatos que se registran en México después de que se conociera la muerte de dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico en una iglesia de la comunidad Cerocahui, en Chihuahua.

El Papa expresó su tristeza y consternación por los asesinatos de estos dos religiosos a los que llamó «hermanos».

«Hay tantos asesinatos en México. Estoy cerca, en afecto y oración, de la comunidad católica afectada por esta tragedia», dijo.

Los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar fueron asesinados a tiros el lunes mientras intentaban defender a un hombre que buscaba refugio, un guía de turistas que habría sido su blanco inicial y que es el tercer fallecido en este hecho.

Los atacantes se llevaron los tres cuerpos en la parte trasera de una camioneta, los cubrieron con plástico y se los llevaron, según el padre Luis Gerardo Moro Madrid, jefe de la Compañía de Jesús en México.

«Denunciamos el homicidio de nuestros hermanos (…) Exigimos justicia y la recuperación de los cuerpos de nuestros hermanos que fueron sustraídos del templo por personas armadas», detalló en un comunicado la orden religiosa.

La secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó en un comunicado que el presunto agresor de los religiosos ya había sido identificado. «Se continúa con la investigación para dar con su paradero y no permitir la impunidad», señala el texto.

La oficina en México del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU también condenó el crimen de los religiosos, quienes, señala, realizaban «un importante trabajo social y pastoral» entre los indígenas de la etnia tarahumara.

«El asesinato de estos dos reconocidos sacerdotes nos recuerda la situación de violencia extrema y vulnerabilidad que enfrentan las comunidades de la Sierra Tarahumara en Chihuahua», señaló Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a este crimen. «Estamos ahora atendiendo este asunto», dijo el mandatario al reconocer que varios municipios de la sierra de Chihuahua padecen «bastante presencia de la delincuencia organizada».

Unas horas antes en la misma comunidad se reportó que dos hombres, una mujer y una menor de edad habían sido secuestrados, aunque las autoridades no han detallado si los dos sucesos estarían relacionados.

La Conferencia del Episcopado mexicano también condenó la «tragedia» y exigió «una pronta investigación», además de seguridad para los sacerdotes del país.

Unos 30 curas han sido asesinados en la última década en México, según la ONG Centro Católico Multimedial.

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, presentó una nueva apelación contra el gobierno de Estados Unidos en el proceso que se le sigue para su extradición por las acusaciones de conspiración y malversación de fondos públicos que enfrenta.

La extradición de Duarte, detenido desde julio de 2020 en Miami, ya fue ordenada en noviembre pasado por la jueza Lauren Fleischer Louis.

Sin embargo, la defensa del político presentó este miércoles el nuevo recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta, Georgia, según el archivo judicial.

El fallo de noviembre pasado estableció que el tratado de extradición está vigente entre ambas naciones por lo que el trámite es cursar una «certificación» al Departamento de Estado estadounidense, que será el encargado de la repatriación por los delitos de los que se le acusan.

«La Corte tiene jurisdicción personal sobre el acusado y jurisdicción sobre la materia caso», especificó entonces la jueza.

Recordemos que el exgobernador fue detenido en Estados Unidos en julio de 2020, después de fugarse de la justicia desde que en octubre de 2019 una jueza de nuestro país emitiera una orden de arresto en su contra.

Y es que se descubrieron irregularidades «significativas» en los programas de subsidios y préstamos para productores de ganado y en una supuesta compra de bienes inmuebles para el estado. Según la demanda, desde junio de 2011 hasta noviembre de 2014, Chihuahua transfirió más de 6.4 millones de dólares a dos empresas en las que Duarte era el accionista mayoritario.

Al menos 15 de las 32 concursantes de Miss México, cuya final se celebró el pasado jueves, se contagiaron de COVID-19, aseguraron este lunes familiares de las participantes, al denunciar que el certamen se realizó a pesar del conocimiento sobre un brote del virus.

Según los familiares, el concurso se llevó cabo en el estado de Chihuahua con una buena parte de las concursantes ya contagiadas y la infección también llegó a parte del personal de la organización, por lo que la cifra total de casos es de alrededor 30.

Los familiares de las participantes contagiadas han pedido a los organizadores se hagan responsables de la atención médica de las concursantes.

Se ha informado que las participantes pasearon y convivieron con muchas personas en diferentes eventos, lo que pudo provocar más contagios.

El pasado viernes, la subsecretaria de salud de Chihuahua, Mirna Beltrán Arzaga, llamó a la ciudadanía a ser más responsables socialmente con la enfermedad y a no relajar la medidas de prevención y refirió el caso del concurso.

En tanto, el secretario de Salud de la entidad, Eduardo Fernández informó en exclusiva para Broojula, que una «informante anónima» les llegó el dato de que una de las participantes estaba contagiada, por lo que se mandó a supervisores que hicieron pruebas, y aunque en un inicio cuando se realizaron pruebas de antígenos, no se obtuvieron datos contundentes, por lo que se decidió aplicar pruebas PCR, lo cual permitió detectar el contagio de al menos 15 personas.

Incluso reveló que al avisar a la empresa organizadora, decidieron adelantar el evento final en lugar de cancelarlo; en un inicio estaba programado para realizarse el sábado y se adelantó al jueves. «Dieron ganador, terminaron con el evento y todos regresaron a su casa».

El funcionario precisó que las participantes no se contagiaron en Chihuahua, sino que alguien «venía contagiado en el grupo» y se contagiaron por la interacción y contacto que tuvieron entre ellas. Alertó sobre la realización de este tipo de eventos, pues dijo que implica contacto sin cubrebocas lo que eleva el riesgo a contagiarse.

Recordemos que en 2020 Miss México fue suspendido por la emergencia sanitaria y este año estaba previsto para el 3 de julio, pero, supuestamente ante los rumores del brote, los organizadores decidieron adelantarlo al 1 de julio. La ganadora fue la concursante del estado de Michoacán, Karolina Vidales, quien representará al país en Miss Mundo.

María Eugenia Maru Campos Galván, candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua, fue vinculada a proceso por el delito de cohecho en consumación continuada, luego de que un juez acreditara el desvío de recursos de la Secretaría de Hacienda y la entrega de dinero por una «nómina secreta».

Además de Maru Campos, también fueron vinculados a proceso una exdiputada del PVEM, María Ávila Serna  y Rodrigo de la Rosa, exdiputado del PRI, quienes presuntamente participaron en los hechos.

Para emitir su falló, el juez tomó en cuanta las pruebas que presentó el Ministerio Público y que dijo, la defensa no logró aclarar. Entre ellas estuvo un contrato de servicios para el hermano de la alcaldesa con licencia quien recibió un millón 67 mil pesos en transferencias. También aparece un informe sobre cómo Maru junto a los dos exlegisladores aprobaron y firmaron diversas iniciativas en beneficio del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. También se presentaron 34 recibos de dinero firmados por Campos Galván.

La candidata panista es acusada de recibir más de 9 millones de pesos, entre 2014 y 2015.

Tras la audiencia de vinculación a proceso, Maru Campos ofreció un mensaje a los medios de comunicación, en el que reiteró que el proceso al que fue vinculada no significa culpabilidad, ni que pese sobre ella alguna sentencia, por lo que sus derechos políticos se encuentran a salvo.

«La vinculación a proceso que hoy se ha definido no significa que se haya dado la razón al ministerio público, ni significa que se hayan confirmado sus acusaciones. La definición del juez no es vinculante para una responsabilidad penal», dijo la chihuahuense.

Indicó que apenas comienza el proceso formal de investigación, por lo que pasará tiempo hasta que se desahoguen las investigaciones correspondientes.

«Esta vinculación no es una sentencia y por eso no afecta mis derechos políticos de votar y ser votada, por lo que entraremos con mucha confianza y fuerza a la campaña electoral, porque ahora hay una razón más para luchar para que las instituciones cumplan con su vocación y sirvan a los chihuahuenses, y no sirvan solo a la persecución que desde hace tiempo se desató en mi contra, desde el gobierno del estado y sus aliados políticos, construyendo artificialmente un caso que les permitiera continuar con la persecución personal y política en contra de una servidora y entregar el estado a MORENA», sostuvo la candidata.

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de malversación de fondos, será extraditado a nuestro país, luego de que la jueza del caso anunciara que certificaría la solicitud de las autoridades mexicanas.

En una nota que llegó horas después de que finalizara la audiencia de este martes, la jueza indicó que la solicitud  cumple con los requisitos del Tratado de Extradición México-Estados Unidos, por lo que dio un plazo de 60 días para la entrega del exgobernador.

En lo que la entrega se concreta, Duarte seguirá preso en Miami. Sin embargo, el exgobernador todavía podría apelar la decisión.

Horas antes, al finalizar la audiencia de hoy, la jueza Lauren Fleischer Louis dijo que «no anticipo futuras acciones ante mí». «Pondré una orden escrita en el expediente judicial tan pronto como pueda para que ustedes puedan emprender los próximos pasos».

En la audiencia la fiscalía aseguró que existen evidencias de que Duarte cometió los delitos y debe ser extraditado a nuestro país. Su defensa reiteró que son cargos políticos. Morillo, que era «venganza de opositores políticos», en referencia al sucesor de Duarte, Javier Corral.

«El pedido de extradición detalla la corrupción durante el gobierno de Duarte», expresó el fiscal Jason Wu al comienzo de su alegato. «El tribunal debe certificar la extradición».

Duarte, que se desempeñó como gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016, está acusado de peculado y asociación delictuosa para malversar millones de dólares de fondos públicos. México solicitó su extradición a finales de 2019.

La fiscalía se centró en una serie de testigos reservados que trabajaban en el gobierno de Chihuahua y han asegurado que Duarte les ordenaba desviar fondos públicos para fines personales, como pagar impuestos y tarjetas de crédito. Estos testigos son parte de la causa presentada en México y la justicia estadounidense los considera importantes para probar las acusaciones.

Wu dijo que esos testigos, entre ellos un exsecretario de finanzas de Duarte, identificaron al menos 11 transacciones millonarias en las que el exgobernador les habría ordenado desviar fondos públicos a cuentas privadas que sólo él, familiares o cómplices podían administrar.

«Tenía total responsabilidad de los fondos en disputa», expresó Wu. «Las transferencias beneficiaban a Duarte. Él tenía el control de los fondos públicos», dijo tras describir varias de esas transacciones, algunas de ellas destinadas a comprar vacas y otras a empresas y cuentas de su familia.

Su defensa pidió a la jueza que no considerara lo que habían dicho esos testigos porque sus declaraciones habían sido bajo amenazas. «Lo que pedimos al tribunal es que evalúe el método, el proceso con el que el gobierno de México obtuvo las evidencias», expresó el abogado Juan Morillo. «Cuando el testimonio se consiguió de manera ilegal, no se puede considerar».

Según la defensa, la vida de Duarte correría peligro si regresa a nuestro país para enfrentar un juicio.

La jueza se limitó a decir que estaba «satisfecha» con los argumentos presentados a favor de la extradición, aunque no indicó cuando resolvería el asunto. «La presentación satisface la causa probable», expresó Fleischer Louis.

Para los fiscales, las pruebas presentadas por Duarte buscan evitar su extradición y que sea juzgado en Estados Unidos en un «mini juicio».

Duarte asegura que llegó a Estados Unidos a finales de 2016 en busca de un tratamiento médico tras un accidente en helicóptero. Antes de su detención en julio de 2020, pidió asilo político. El exgobernador asegura que desconocía sus acusaciones cuando llegó y que llevaba una vida pública, sin ocultarse, en el país vecino.

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, ha asegurado ante una jueza estadounidense que su vida corre peligro si es extraditado a México, donde aseguró podría morir a manos del crimen organizado.

Los abogados de Duarte han indicado que existen testigos que pueden sufrir represalias por parte de la «maquinaria del estado de Chihuahua» en caso de que sus identidades fueran relevadas públicamente.

En este sentido, su equipo legal ha pedido a la jueza Lauren F. Louis que mantenga en secreto tres documentos judiciales que incluyen las declaraciones de estos testigos. Asimismo, han presentado un extenso documento en el que detallan por qué Duarte no debe ser extraditado a México.

«El señor Duarte posee evidencia no refutada de que su vida corre grave peligro si regresa a México», han señalado los abogados, que han destacado que existe una declaración de un asesor político que asegura que Duarte sería asesinado si es encarcelado en México.

Además, otro de los informes demuestra que otros acusados han muerto en prisión, entre ellos varios individuos anteriormente asociados al ahora exgobernador. «Además, la violencia del crimen organizado en México representa un peligro claro y presente para el señor Duarte como exgobernador de un estado del norte», han recalcado.

Sobre este asunto han recordado la muerte del exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval, que fue asesinado en un restaurante de lujo en Puerto Vallarte, presuntamente a manos del crimen organizado. «El señor Duarte corre el mismo destino que el señor Sandoval si regresa a México», insiste el documento del cual el diario Milenio reporta esta jueves.

La que su defensa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, pidió a una jueza de Miami, Florida en Estados Unidos que rechazara el pedido de extradición de su cliente, ya que es reclamado por la justicia de nuestro país por cargos de corrupción en México.

La audiencia fue a través de Zoom debido a la pandemia de Covid-19. Duarte estaba conectado desde la prisión por teléfono, con la ayuda de una intérprete que le traducía del inglés al español.

Al final de la audiencia, la intérprete le dijo a la jueza que el exgobernador quería hablar, pero tras ser consultados por la magistrada, los abogados de Duarte manifestaron que no era oportuno porque no habían preparado con antelación lo que iba a decir.

«Todo lo que diga quedará en los récords», expresó la jueza Lauren Fleischer Louis, y permitió que el abogado Henry Bell se conectara con su cliente de manera telefónica inmediatamente después de la audiencia. La audiencia terminó y Duarte no habló en público.

«Voy a emitir una resolución tan pronto como pueda», dijo la magistrada tras escuchar los alegatos de la defensa y la fiscalía sobre la extradición de Duarte. «Ha sido de mucha ayuda escuchar a ambas partes», aseguró la jueza.

La audiencia fue convocada para abordar un pedido de Duarte con el fin de que se desestime su pedido de extradición. Su defensa alega que el exgobernador llegó a Estados Unidos sin saber que enfrentaba acusaciones en México y que fue arrestado fácilmente porque llevaba una vida pública, sin ocultamientos.

De acuerdo con el abogado Juan Murillo, la fiscalía no ha probado fehacientemente que Duarte era prófugo.

«El gobierno se basa en testigos no identificados no accesibles», expresó el defensor en sus alegatos, y dijo que Duarte y sus familiares estaban dispuestos a atestiguar para demostrar que no era un fugitivo de la justicia al momento de salir de su país.

Según Murillo, las pruebas que ha presentado el fiscal Jason Wu no dan sustento al pedido de extradición. Cuestiona además la validez que tienen en el proceso dos cartas diplomáticas de la embajada de México en Estados Unidos donde se explica por qué se busca la repatriación de Duarte.

Según la defensa del exgobernador, no sirven porque no tienen firma, pero el gobierno estadounidense alega que ambas misivas representan la posición oficial de México y como documentos diplomáticos no la requieren. «Son comunicaciones oficiales entre el gobierno de Estados Unidos y el de México, a pesar de que la defensa quiera denigrarlas», dijo Wu sobre las cartas diplomáticas inicializadas y con sello oficial de la embajada.

La fiscalía también ha presentado como prueba la orden emitida por un juez mexicano, alegando que se trata de acusaciones que están vigentes y que las leyes de México no permiten que los acusados sean enjuiciados en ausencia.

Recordemos que la solicitud de extradición fue presentada por el gobierno de nuestro país a finales de 2019.

Duarte permanece detenido en una prisión federal de Miami desde julio pasado. Está acusado de peculado y asociación delictuosa para malversar millones de dólares de fondos públicos durante su gestión en el gobierno estatal de Chihuahua.

El expriísta vive en Miami desde 2017 y ha pedido asilo en Estados Unidos, rechaza las acusaciones y asegura que hay motivaciones políticas detrás de su caso.

El juicio de extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien se encuentra preso en Estados Unidos acusado de desvío de dinero y delitos electorales, fue aplazado para el 14 de enero del próximo año, según informaron autoridades de Chihuahua.

Ni la Fiscalía del sur de Florida ni el tribunal han informado hasta ahora de esa decisión, que tampoco está incluida en los documentos judiciales del caso. Fue el consejero jurídico del gobierno de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, quien confirmó la información.

La nueva audiencia del expriísta, preso en Miami desde el pasado 8 de julio, estaba programada inicialmente para el próximo 10 de noviembre.

Duarte, quien ha alegado «persecución política» de parte de su sucesor, Javier Corral, permanece en una cárcel de Florida después de que la jueza Lauren Fleischer Louis le negara la libertad bajo fianza.

“Hace unos momentos, se acaba de terminar una audiencia que se llevó vía telefónica, en donde se discutieron la ampliación de algunos plazos, en cuanto a las alegaciones jurídicas que presentaría tanto la defensa como la Fiscalía de Distrito Sur de Miami, en relación con el caso de extradición del exgobernador de Chihuahua para presentar argumentos a favor y en contra de la extradición” informó Espinoza Cortés.

El fiscal Jason Wu, que representa al gobierno de nuestro país, ha expuesto que existe «peligro de fuga» de Duarte y dijo que el exgobernador ha perjudicado a una gran comunidad con transferencias de más de seis millones de dólares que hizo como gobernador a dos empresas en las que era el accionista mayoritario.

En un fallo el 14 de septiembre, la jueza Louis señaló que «la ausencia de evidencia de una huida anterior (de Duarte) no es suficiente para demostrar que no hay riesgo de que huya ahora».

La defensa de Duarte había señalado que él estaba «cooperando» con el gobierno estadounidense desde hacía más de tres años, argumento que la jueza tampoco tuvo en cuenta una posible liberación. Por otro lado, Louis invalidó también el argumento de que la pandemia de Covid-19 impide una apropiada defensa de Duarte, debido a las restricciones de visitas en la prisión.

Duarte ha sido señalado junto a otros miembros del PRI de desviar casi 13.5 millones de dólares a campañas políticas, de acuerdo con una denuncia del gobernador Corral.

“Las partes estuvieron de acuerdo, esperamos que se oficialice. Esto no modifica la situación legal del ex mandatario, seguirá preso allá en la cárcel de Miami hasta la fecha de extradición y hasta que sea extraditado a México” precisó el funcionario estatal.

La Guardia Nacional informó este martes sobre la detención de seis de sus elementos por su supuesta responsabilidad en la muerte de una mujer el pasado 8 de septiembre en el municipio de Delicias, Chihuahua, durante una protesta de campesinos por el conflicto del agua.

«La Guardia Nacional informa que una vez que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó la investigación correspondiente a los lamentables hechos registrados el pasado mes de septiembre en Delicias, Chihuahua, encontró elementos que hacen suponer la culpabilidad de algunos elementos de nuestra institución», informó la corporación a través de su cuenta de Twitter.

La Guardia Nacional agregó que se ejecutaron seis órdenes de aprehensión contra el personal involucrado en un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos.

Recordó que desde el primer momento se colaboró con las autoridades ministeriales para deslindar las responsabilidades, y reiteró que dentro de la corporación «no se tolerarán abusos o uso excesivo de la fuerza».

Y es que en los últimos dos meses, campesinos de Chihuahua protagonizaron varias protestas en la presa de La Boquilla, en rechazo a entregar agua para cumplir con el Tratado que se tiene con Estados Unidos desde 1944, argumentando que la región pasaba por una sequía.

A inicios de septiembre la protesta escaló y, tras un choque con la Guardia Nacional el 8 de septiembre, Jessica Silva falleció.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó los hechos, pero defendió el actuar de la Guardia Nacional durante el operativo. Dijo que de acuerdo a la información que él tenía, un grupo de inconformes pasó por instalaciones protegidas por la Guardia Nacional y fue cuando amenazaron a los agentes. Tras detener a varias personas y ponerlas a disposición de las autoridades, otro grupo de manifestantes persiguió a la Guardia Nacional, momento en que se presentó fuego cruzado, en el que falleció Jessica Silva.

Por su parte la Fiscalía General de la República informó que las seis personas aprehendidas fueron puestas a disposición de un juez de distrito en Chihuahua.

Detalló que a los seis detenidos se les imputaron delitos contra la administración de justicia, homicidio calificado y tentativa de homicidio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este jueves que se alcanzó un acuerdo con Estados Unidos para cumplir con la entrega periódica de agua como parte del tratado bilateral entre ambos países.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que con este acuerdo se evitó una sanción para el país y se llegó a un acuerdo, «un buen entendimiento».

Agradeció al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Mike Pompeo «por su comprensión y solidaridad» pues aseguró que se tuvieron «algunas dificultades para el cumplimiento de este acuerdo».

López Obrador resaltó que dentro del acuerdo se estableció que si se requiere agua para consumo humano o si México tiene una sequía severa se podrá utilizar el líquido.

«Si necesitamos el agua para consumo humano, ellos van a proporcionarla y si tenemos situación de sequía severa, también nos van a auxiliar», afirmó.

Como lo ha venido haciendo, solo que en esta ocasión no lo mencionó directamente, AMLO acusó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de incumplir con la cuota de agua que los estados fronterizos deben aportar para entregarla a Estados Unidos, como se establece en el tratado.

Lamentó que el tema se haya politizado para usarlo como bandera electoral de cara al 2021.

El Tratado de Aguas establece que, por los ríos fronterizos, México debe entregar cada quinquenio cerca de 2,160 millones de metros cúbicos a Estados Unidos, aunque los mexicanos reciben casi cuatro veces más: 9,250 millones de metros cúbicos.

Pese a tener casi ocho décadas de vigencia, en los últimos meses se desató un conflicto político por el líquido en Chihuahua, por lo que México debía todavía 366 millones de metros cúbicos a menos de un mes de se venciera el plazo.

En su intervención, el secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, recordó que ese tratado es uno de los grandes logros de la diplomacia mexicana y aseveró que el incumplimiento del mismo «estaba poniendo en riesgo el suministro de agua para la ciudades fronterizas». Dijo que por una cuestión electoral se pondría en riesgo el tratado.

Blanca Jiménez, directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalló que el tratado se pagará con agua contenida en presas internacionales, entre ellas las de estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, y con otras presas como la de ‘El Granero’. Además, reiteró que el agua de 13 ciudades fronterizas «está garantizada».

Roberto Velasco, director general para América del Norte de la cancillería, explicó que la negociación se concluyó con la firma del acta 325, donde se detalló que se estará usando una porción de las aguas de propiedad mexicana en las presas internacionales. Apuntó que el volumen asignado será de 131 millones de metros cúbicos, dejando cerca de 87 millones de metros cúbicos del almacenamiento mexicano.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, respondió esta tarde a los señalamientos que se hicieron contra él y su gobierno, acerca del conflicto del agua, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

«Es ruin, es vulgar la manipulación que hace el gobierno de la República de la información. Lo primero que hay que lamentar es la tragedia de México: haber pasado de un presidente corrupto y corruptor como lo fue de Peña Nieto, a un presidente que siembra el odio, que manipula y falta a la verdad, ese es el presidente López Obrador».

Corral dijo que aunque haya sido el subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, quien lanzó todas las acusaciones en su contra y contra personajes del estado, quién instruye el manejo de la información, y quién está atrás de la manipulación es el propio Presidente de la República.

Aseguró que en la mañanera solamente se manipulan las cosas, pues negó que el diciembre 3 del año pasado hubieran firmado un acuerdo sobre el tratado de agua con Estados Unidos.

Dijo que en dicha reunión, donde efectivamente había otros gobernadores, solamente se les informó que el gobierno federal quería adelantar el pago del tratado, y sacar mil millones de metros cúbicos de agua de la presa La Boquilla.

Reconoció que meses más tarde se firmó un acuerdo pues siempre se han mostrado a favor de que Chihuahua aporte «lo que puede aportar al tratado, no más que eso».

Aseguró que el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja ha perdido cualquier escrúpulo, y se convirtió en el «porro mediático de López Obrador» sobre el conflicto del agua.

Cuestionó la razón de que se haya dado a un subsecretario de seguridad, una negociación de un conflicto que correspondía a áreas políticas y del agua.

Javier Corral aseguró que hay un manejo deliberadamente manipulador del conflicto, negando que Chihuahua sólo ha aportado el 45% de lo que le corresponde. Incluso reveló que el estado va a terminar entregando, en todo el quinquenio, alrededor de 905 millones de metros cúbicos de agua, que representa el 42% del total de lo que México paga a Estados Unidos.

El gobernador insistió en que hay una intencionalidad política muy clara de tomar el tema para «golpearnos», lo cual ha quedado demostrado en que el gobierno federal pasó de una narrativa de descalificación a los agricultores y a los productores, a quien por cierto dijo han querido vincular con todo tipo de delitos, a una narrativa contra el gobierno del estado.

Enfatizó que todo esto se debe a que el gobierno de López Obrador nunca va a aceptar sus responsabilidades, pues siempre está buscando un culpable afuera y a un adversario.

Indicó que no es posible que se quede callado y se someta a la voluntad del presidente, sobre todo considerando los enormes problemas que tiene el país y sobre todo el mal desempeño que han tenido el gobierno federal.

«La propia mañanera dice el nivel de ruindad al que han llegado, no solamente a comprometer el tema de la seguridad pública; sí a sus propios colaboradores o ex colaboradores los califican de politiqueros en cuanto piensan de manera distinta, que podemos esperar nosotros», remató el mandatario local.

Al participar en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, precisó que el agua es un tema de seguridad nacional y las presas son instalaciones estratégicas, por lo que no puede perderse la rectoría del Estado mexicano sobre el tema de aguas.

“La salvaguarda de las presas por parte de las fuerzas de seguridad está sustentada en la propia ley de la Guardia Nacional y en diferentes ordenamientos”, refirió el funcionario, en relación al conflicto con el gobierno de Chihuahua.

Destacó que la actual controversia respecto a la entrega de agua, específicamente por parte de Chihuahua, se debe a intereses económicos y políticos “que han usufructuado para su beneficio el agua y han puesto en riesgo un Tratado internacional”.

Comentó que hay una red de «políticos acaparadores» de agua y presuntamente delincuentes vinculados a toda esta trama.

El subsecretario aseguró que no es un movimiento espontáneo porque la principal razón era la falta de agua, y no ha habido falta de agua, «ha habido siempre flujo», dijo.

Acusó que lo que hay atrás de toda la embestida, es que algunas personas quieren seguir manejando este tipo de negocios en detrimento de la nación y del país, poniendo en riesgo un Tratado internacional que se tiene con Estados Unidos.

Específicamente, el funcionario de Seguridad señaló a la familia Urionabarrenechea, ligada al ex gobernador César Duarte; indicó que el suegro de uno de los miembros de la familia, Raúl Enrique Javalera, fue presidente de la Junta de Aguas y Saneamiento de Chihuahua.

«Este grupo es importante porque estuvo atrás, en gran medida, del financiamiento de la movilización y están ligados a César Duarte (…) Esta familia acapara el agua. Entre la familia tienen casi nueve millones de metros cúbicos de agua», precisó el funcionario al decir que ocho usuarios de esa familia acaparan el 12.5% de la adeudo total de agua; y una persona acapara el 4% del adeudo total.

Señaló que hay otro grupo denominado “Los cebolleros”, ligado al diputado local del PAN, Jesús Valenciano, quien en los últimos días le dio un ultimátum a la Guardia Nacional; dijo que dicha familia se dedica a la sobreexplotación, son cebolleros y algunos de ellos se dedican también a la tala.

«Lo que podemos apreciar es que los mismos actores están involucrados en diferentes temas que tienen que ver con negocios y el usufructo del agua en la región».

También reveló que el pasad 3 de diciembre, en la Secretaría de Gobernación, Javier Corral, junto con sus homólogos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, llegaron a un acuerdo donde el gobernador se comprometió al cumplimiento estricto y obligado del tratado de aguas de 1944.

Incluso dijo que el 1 de agosto de este año se firmó una propuesta para los escurrimientos y las entregas de agua. «Está su rúbrica y fue firmado junto el director para América del Norte», dijo Mejía Berdeja.