La palabra soberanía la está usando la presidenta Claudia Sheinbaum más como coartada que como herramienta.

El detonante reciente es el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. No acusa al Estado mexicano de desaparecer personas, pero sí documenta su incapacidad para detener el fenómeno, investigarlo y sancionarlo. La conclusión es devastadora por lo que implica: estamos ante un Estado rebasado.

Las cifras no ayudan a matizar. Al contrario. Si en todo el sexenio de Felipe Calderón se registraron alrededor de 25 mil personas desaparecidas, hoy el país acumula cerca de 130 mil. Más de 100 mil de esos casos han ocurrido después de 2012. Es decir, no estamos frente a una herencia congelada en el tiempo, sino ante una crisis que no solo no se ha contenido, sino que se ha profundizado. No es una crisis nueva, pero sí una que ha escalado sin control. Y eso, en cualquier definición seria, es una amenaza directa a la soberanía del Estado.

Frente a esto, la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha sido de apertura, sino de indignación. La molestia no parece estar dirigida al problema, sino al mensajero. Que la ONU explore llevar el caso a la Asamblea General para promover cooperación internacional se interpreta como intromisión, no como apoyo.

Ahí es donde el concepto se tuerce. Porque la soberanía no debería ser un pretexto para cerrar la puerta, sino una capacidad para ejercer control efectivo del territorio y proteger a la población. La cooperación internacional a la que invita el informe no debilita al Estado. Lo que realmente lo debilita es la magnitud del problema que no ha podido contener.

La misma lógica aparece en la relación con Estados Unidos. Tras las repetidas declaraciones de Trump afirmando que en México gobiernan los cárteles, la respuesta ha sido igual de repetida: cooperación sí, subordinación no. Una frase políticamente rentable, pero estratégicamente insuficiente.

Porque el principal desafío a la soberanía mexicana no viene de Washington, sino del crimen organizado. Son los cárteles quienes disputan territorios, imponen reglas, controlan economías locales y, en demasiados casos, deciden quién vive y quién desaparece. Son ellos quienes erosionan la autoridad del Estado desde dentro.

Negarse a cualquier esquema de cooperación más profunda por temor a ceder soberanía es, en los hechos, cederla a quienes ya la están fragmentando. No estoy proponiendo una intervención extranjera. La historia reciente en Medio Oriente y América Latina ofrece suficientes ejemplos de lo que ocurre cuando Estados Unidos interviene directamente. El resultado no es positivo para el país en el que interviene. De lo que sí se trata es de una colaboración más eficaz y menos ideologizada.

Pero en lugar de que la presidenta ponga una línea roja clara frente al crimen organizado, esa línea parece estar en la resistencia a investigar y sancionar a actores políticos presuntamente coludidos con éste. Casos como el del aún gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, alimentan la percepción de que hay límites que el poder no está dispuesto a cruzar. Y sin tocar esas redes, cualquier estrategia de seguridad será, en el mejor de los casos, incompleta.

El resultado de este uso de la soberanía como coartada es una doble tragedia. Para las familias de los desaparecidos, que enfrentan primero la ausencia y luego la indiferencia. Y para el país, que ve cómo un concepto clave se vacía de contenido.

La soberanía no es un discurso. Es una responsabilidad. Implica poder, sí, pero sobre todo capacidad. La capacidad de investigar, de sancionar, de proteger. De aceptar ayuda cuando no se tiene todo bajo control.

Tal vez ha llegado el momento de que Claudia Sheinbaum la redefina. No para debilitar al Estado, sino para hacerlo funcional. Una soberanía que sirve para no actuar no es soberanía, es evasión.

Columna publicada en El Universal