Hay dos indignaciones en paralelo en el caso de Rubén Rocha Moya, la del gobierno mexicano, que reclama falta de reciprocidad de Estados Unidos, y la de los mexicanos que viven con miedo y ven en la exigencia de pruebas una defensa de los narcopolíticos.

La presidenta Claudia Sheinbaum exige evidencias por la acusación contra Rocha y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa sin aparentemente darse cuenta que el Departamento de Justicia de EUA no señala a una banda de criminales en la periferia del Estado. Señala una captura del Estado desde adentro.

Sheinbaum responde con su propia indignación. Ellos no nos mandan a los que les pedimos. Durante los gobiernos de Morena, informa la SRE, México ha presentado 269 requerimientos de extradición y detención provisional a Estados Unidos pero que 36 han sido negados y 233 siguen pendientes. Sheinbaum reclama reciprocidad.

Pero el fondo no es diplomático. Es político. Cuando México pide extradiciones, no se trata de un gobernador estadounidense acusado de facilitar la operación de un cártel que destruye vidas mexicanas. Se trata de presuntos delincuentes mexicanos, que además son vistos como opositores a Morena, como es el caso del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que se han ido a refugiar a EUA. Ahí se rompe la equivalencia. La presidenta quiere convertir el caso en una discusión sobre procedimientos. La ciudadanía lo lee como una discusión sobre prioridades.

Sinaloa no vive una crisis abstracta. Desde septiembre del 2024, la guerra entre Los Chapitos y Los Mayos convirtió al estado en una zona de excepción no declarada. Hay balaceras, robos de autos, bloqueos y escuelas que suspenden clases. Es una economía en modo pandemia en donde lo que se respira es miedo.

Frente a eso, Morena decidió, primero no actuar, y ante el pedido de EUA ha querido encender el ventilador de la soberanía. Para eso fueron a Chihuahua. Ahí Morena organizó una marcha contra el supuesto entreguismo de Maru Campos por la presencia de agentes de la CIA en un operativo contra un laboratorio de drogas. Fue un fracaso. No porque a la gente le encante la intervención extranjera, sino porque la desesperación cambia las prioridades. Cuando el gobierno propio no resuelve, para muchos deja de ser importante quién actúa y más bien se aplaude que, por fin, alguien hace algo.

Javier Garza recordó en El País una frase del general Jorge Juárez Loera. Ante el aumento de homicidios él respondía que no reflejaba “un muerto más, sino un delincuente menos”. Era brutal, injustificable desde el Estado de derecho, pero comprensible como síntoma de sociedades exhaustas. Hoy esa lógica se traslada a la política. Si Estados Unidos logra sacar del poder a un político señalado por vínculos con el narco, no será “un político más acusado”, sino “un narcopolítico menos”.

Por eso a Sheinbaum no debería sorprenderle ni enojarle la encuesta de Lorena Becerra. Su aprobación cayó de 80 a 59 por ciento entre marzo de 2025 y mayo de 2026; la desaprobación subió de 15 a 39; la opinión positiva de Morena bajó de 71 a 57; y 68 por ciento cree que pierde el control del país. Es el recibo de una indignación mal administrada.

Sheinbaum quiere indignación patriótica. Lo que está encontrando es cansancio. Quiere que los mexicanos se enojen porque Estados Unidos acusa. Muchos están enojados porque México no investiga. Quiere que la gente vea una afrenta a la soberanía. Muchos ven, con desesperación, una oportunidad de que alguien mueva lo que aquí lleva años protegido. Ese es el verdadero tamaño del problema. No que Washington presione demasiado, sino que esa sea la única esperanza para sacar a los narcopolíticos del poder.

Apostilla: la visita de del titular del Departamento de Seguridad de EUA, Markwayne Mullin, acompañado de la de Jamieson Greer, Representante Comercial, deja clarísimo que seguridad y revisión del TMEC van de la mano. Pero aun así, siguen protegiendo al clan Sinaloa.

Columna publicada en El Universal