La prisión preventiva oficiosa está en el centro de la polémica desde la semana pasada cuando el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, anunció que analizarían a detalle la medida cautelar.
Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Corte, pidió en febrero pasada que se replanteara la prisión preventiva oficiosa, ya que la aplicación de esta medida se encontraba al alza; incluso en mayo, durante su visita a Santa Martha Acatitla, para conocer los casos de mujeres en prisión, reiteró su llamado a revisar la medida.
“Muy histórico (el encuentro con presas), pero si no generamos resultados, medidas, no deja de ser una anécdota. Esta visita no se trata de mí, se trata de las mujeres y de los miles de inocentes que están en las cárceles de México que quieren que busquemos que se revise la prisión preventiva oficiosa”, declaró Zaldívar posterior a su visita.
Sin embargo, ayer el tema subió de nivel luego de que la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia emitieran un comunicado defendiendo la prisión preventiva oficiosa, al señalar que la Estrategia Nacional de Seguridad Publica y la política de cero impunidad buscan garantizar la paz y la tranquilidad de la población y conseguir que las investigaciones por los delitos impliquen no solo la detención de las personas que los cometen, sino también la obtención de autos de vinculación a los procesos penales y sentencias condenatorias.
El gobierno federal señaló que es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no escapen de la acción de la justicia durante el proceso penal.
Explicó que con dicha medida se trata de evitar que, en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen o atenten contra testigos, o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que afectan a la sociedad.
Distintas voces salieron a expresarse sobre el tema. Al encabezar el Informe de Resultados de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, defendió la aplicación de la medida y dijo que eliminarla representaría un problema de seguridad para las mujeres de la capital.“Entonces a quién está definiendo esto, sea por criterios internacionales o no, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hacerle saber nuestra preocupación de que esto pudiera llegar a ocurrir y que eso implicara mayor impunidad, mayor riesgo, no solamente para las mujeres sino en general para los habitantes de la ciudad y además el riesgo de la impunidad frente a la corrupción”, apuntó.
No todas las reacciones fueron en defensa. La exdiputada federal del PRD y actual coordinadora nacional de Nueva Izquierda en el PRD, Verónica Juárez Piña, indicó que tal como se advirtió en 2019, la prisión preventiva oficiosa es inconvencional y viola los derechos humanos, además de que criminaliza la pobreza y victimiza a las mujer.
La perredista afirmó que la medida cautelar no ha bajado la incidencia delictiva como el gobierno defiende, por lo que exigieron a la Corte declarar la inconvencionalidad del Artículo 19 Constitucional.
El diputado del PAN, Jorge Triana, afirmó que el gobierno federal solo defiende la prisión preventiva oficiosa para encarcelar en automático violando los derechos humanos, cuando a la par “dejan pasar atrocidades cometidas por crimínales con el pretexto de que también tienen DDHH”.
Afirmó que las consecuencias de esta “abominación” (prisión preventiva oficiosa) las pagan los más vulnerables, los pobres, a quienes tanto defiende el presidente.
En tanto, el senador del PAN, Damián Zepeda, afirmó que la prisión preventiva oficiosa es la mayor violación legal a derechos humanos. Indicó que la SCJN debe garantizar justicia a los mexicanos.
En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre la prisión preventiva oficiosa, su inconstitucionalidad y su inconvencionalidad.
