La reforma al Poder Judicial que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que propone, entre otros puntos, la elección de jueces por voto popular, avanzó ayer luego de que fuera aprobada por la mayoría oficialista en la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados.
Con 22 votos a favor de Morena y sus aliados, los Partidos del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); y 17 en contra de la oposición, la polémica reforma perfila elecciones judiciales y una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El dictamen, que incluye 100 modificaciones propuestas por Morena, plantea dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025
La iniciativa, propuesta en un paquete de reformas en febrero pasado por López Obrador, busca también reducir de 11 a 9 los ministros de la SCJN, cuyo periodo de encargo pasará de los 15 a los 12 años.
También contempla la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Corte, y un ajuste a sus remuneraciones al tope máximo establecido para el titular del Ejecutivo.
Además plantea sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por dos instituciones, incluyendo un Tribunal de Disciplina Judicial, y la eliminación de las dos salas con las que cuenta actualmente la Suprema Corte.
Ahora que avanzó en comisiones, el oficialismo prevé votar la reforma en el pleno en septiembre próximo, es decir, la próxima semana, cuando asuma la nueva legislatura y que es cuando el oficialismo tendrá los dos tercios del Congreso, necesarios para modificar la Constitución.
Pese a la inminente aprobación de la reforma, representantes de la oposición, conformada por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), se pronunciaron en contra por los riesgos de la independencia judicial.
López Obrador argumenta que es necesaria una transformación al sistema de justicia porque “no está al servicio del pueblo” y “responde a intereses de la delincuencia organizada”. Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia el 1 de octubre, ha respaldado la propuesta asegurando que combatirá los elevados niveles de impunidad.
El gremio judicial sostiene que atenta contra sus derechos porque se eliminaría la carrera judicial para acceder a los cargos de juzgadores y abre la posibilidad a que grupos de poder, incluso el crimen organizado, influye en el sistema de justicia con la elección popular de jueces.
La propuesta también ha generado preocupación entre inversionistas, quienes aseguran que los cambios debilitarían a uno de los contrapesos del Poder Ejecutivo, dañando el clima de negocios.
La polémica reforma al Poder Judicial ha derivado también en preocupaciones de diversos organismos e instituciones por los efectos que tendrá la misma en aspectos políticos, económicos y sociales del país.
Ayer, la relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, insistió en la preocupación por las “amplias” implicaciones para la independencia judicial en todo México.
Asimismo, Estados Unidos y Canadá han advertido de las preocupaciones de los inversionistas por esta y otras reformas, como la eliminación de órganos reguladores autónomos.
Además, calificadoras como Fitch y entidades financieras como Citibanamex o Morgan Stanley han alertado también sobre el riesgo de aprobar las reformas propuestas por el presidente, en particular la del Poder Judicial.
