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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que será esa institución la que resuelva la situación del expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar, señalado en una denuncia anónima junto otros funcionarios por posible corrupción y enriquecimiento ilícito.

Mediante un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) apuntó que el pasado 9 de abril, la ministra presidenta de la SCJN y del CJF, Norma Piña, admitió a trámite un escrito anónimo mediante el cual se denunció a Zaldívar y a diversos funcionarios “por la supuesta comisión de conductas que pudieran constituir en faltas administrativas”.

En ese acuerdo, se consideró que el CJF “no tiene competencia para investigar ni sancionar los hechos imputados a un exministro”, por lo que la Unidad de Responsabilidades Administrativas del CJF notificó por oficio a la Suprema Corte.

Como parte del proceso, el pasado 10 de abril, la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN incorporó la denuncia en cuestión a otras que se han presentado en casos distintos y se apuntó que será el Pleno de la Suprema Corte el que resolverá lo conducente.

Además, informó que, por acuerdo de la presidenta del CJF, “se ha iniciado una investigación de oficio ante la filtración de un archivo” que contenía la propuesta de Acuerdo firmado de manera electrónica por el Titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, esto, en términos de la normatividad correspondiente.

Esta ha sido una de las principales críticas que ha hecho el exministro, quien ha acusado una revancha política en su contra.

El martes pasado, líderes de Morena anunciaron que buscará un juicio político contra Piña, por abrir una investigación contra el extitular de la Corte, quien recordemos ahora está de lleno en la campaña de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.

Morena también indicó que presentará denuncias contra Piña ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible comisión de delitos electorales, administrativos y la filtración de información confidencial, entre otros.

En conferencia de prensa el propio Zaldívar denunció en la Cámara de Diputados la enemistad de Piña y su interferencia desde que él se sumó a la campaña presidencial de Sheinbaum.

La semana pasada se viralizó una investigación por presunta corrupción de Zaldívar durante su gestión como presidente de la SCJN entre 2019 y 2022, sobre lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también se ha manifestado; tachó el asunto de una “venganza”.

Tras estos hechos, el exministro advirtió que prepara ocho denuncias y quejas ante diversos organismos como el Poder Judicial, la FGR, el Instituto Nacional Electoral (INE), y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Asimismo, pedirá un juicio político contra Piña en el Congreso, donde la mayoría es del oficialista de Morena con los Partidos del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM).

Agregó que también promoverá ante el Supremo y el Consejo de la Judicatura Federal una denuncia contra Piña por coaccionar y amenazar procesos institucionales como la elección del magistrado presidente del Tribunal Electoral, por reunirse con partidos políticos, filtrar información y no excusarse de un asunto.

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, hizo entrega de la toga magisterial, así como de la credencial y del distintivo correspondiente a la nueva ministra Lenia Batres Guadarrama, con lo que, por primera vez, el Tribunal Pleno contará con la participación de cinco ministras.

Batres Guadarrama llegó a la Corte propuesta por el presidente López Obrador de manera directa, pues ninguno de los perfiles que propuso logró el respaldo del Poder Legislativo.

Lenia Batres Guadarrama pidió que fuera la ministra Yasmín Esquivel Mossa quien diera el discurso de bienvenida. La también cerca al Gobierno federal, destacó que la nueva ministra es “una mujer de ideales y de acción eficaz, que aportará y enriquecerá los debates y proyectos que a La Corte le corresponda analizar”.

“El día de hoy le damos la bienvenida a la señora ministra Lenia Batres Guadarrama, aquí coincidimos distintas personalidades con diferentes visiones, pluralidad de ideas, con una trayectoria profesional propia, diversa, que enriquece nuestro quehacer jurisdiccional, pero que al final todas y todos perseguimos el mismo objetivo: fortalecer el Estado de Derecho y el respeto a la Constitución”, enfatizó.

Luego de la bienvenida que le dio su compañera de Pleno, Lenia Batres Guadarrama manifestó su compromiso de perseguir y defender la equidad de género, de tomar en serio la igualdad y la universalidad de los derechos humanos.

Pese a las críticas que ha recibido desde que el presidente la confirmó como la nueva integrante de la Corte, la ministra aseveró que su nombramiento contribuye a la paridad y marca la presencia en la Corte “de personas tangibles, terrenales y con problemas comunes, al tiempo que representa la llegada de visiones distintas a las predominantes”.

“Soy producto también de esta época, de nuestra época, que exige… construir una democracia real en la que puedan desarrollarse las personas indígenas y afromexicanas, con discapacidad, de la comunidad LGBTTTIQ+, quienes viven en la pobreza, que obliga a las personas servidoras públicas a responder con respeto y lealtad a la nación y a nuestro pueblo y a no abusar del poder”, sostuvo.

Lenia Batres dedicó minutos de su discurso para referirse a los “excesos” que se viven al interior del Máximo Tribunal, asegurando que no hay una Corte subordinada a la Constitución como debería de ser, sino una Constitución subordinada a la SCJN.

“Estos que he denominado excesos, indican que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte, al grado de que se escucha entre litigantes decir: ’¿qué dice la Constitución al respecto?, lo que indique la Suprema Corte’”, dijo Batres Guadarrama al referirse a la Ley de Remuneraciones, algo que el presidente ha criticado reiteradamente.

El Pleno del Alto Tribunal Constitucional aprobó en votación económica que la Ministra Lenia Batres Guadarrama quedó adscrita a la Segunda Sala.

A la sesión solemne acudieron los Plenos de la Corte, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

También se dieron cita invitados especiales de la nueva ministra, entre los que figuraron su familia y en especial su hermano, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.

También asistieron el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez; Raquel Buenrostro, secretaría de Economía; Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); Miguel Ángel Maciel Torres, secretario de Energía; María Estela Ríos González, consejera jurídica del Ejecutivo Federal.

Otros que la acompañaron fueron Cesar Yáñez, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de Gobernación; Edna Vega, subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario; entre otros.

Sorprendió la presencia de la ex secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien salió del gabinete federal, y de las dos compañeras con las que compartió las ternas que se enviaron al Senado.

Previo a la ceremonia, la Barra Mexicana de Abogados (BMA) pidió imparcialidad a Batres Guadarrama.

“Es la ocasión propicia para dar la bienvenida a la ministra Lenia Batres Guadarrama y desearle un ejercicio exitoso como integrante del Máximo Tribunal de nuestro país, al tiempo de hacer votos para que en su desempeño como jueza constitucional honre la objetividad e imparcialidad, alejada de las preferencias políticas que durante su vida profesional ha respaldado”, expuso la BMA en un comunicado.

El colegio de abogados recordó que Batres es la primera integrante de la Suprema Corte que asume por nombramiento directo del presidente desde la reforma judicial de 1994, que creó el actual diseño de la SCJN, “ante la falta de un acuerdo entre las fuerzas políticas”.

“Con la llegada de la ministra Lenia Batres, la BMA espera que, por encima de cualquier visión ideológica o personal, prevalezca siempre el espíritu republicano, el respeto a la división de Poderes, así como el ejercicio autónomo de tan elevada responsabilidad”, apuntó la barra.

Recordemos que la BMA ha chocado en distintas ocasiones con el Gobierno de López Obrador al denunciar que ha socavado la autonomía del Poder Judicial con sus ataques a los jueces.

Con Batres, López Obrador ha nominado en su mandato un récord de cinco de los 11 integrantes de la Corte, aunque dos de ellos, Juan Luis González Alcántara y Margarita Ríos Farjat, han mostrado cierta independencia, mientras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votan de forma consistente a favor de los proyectos del mandatario.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confirmó que será mañana martes cuando inicie la discusión de las reservas del dictamen de Presupuesto 2024, y el jueves por la madrugada cuando se vote en lo particular.

“Mañana se vota el dictamen en lo general. Seguramente habrá más de mil 800 reservas en lo particular, se reservan desde el proemio hasta la fecha en que fue firmado el dictamen, y le vamos a dar tiempo a la Mesa Directiva para que las sistematice todas”, dijo.

Luego de que se iniciara este lunes la discusión del PEF, el morenista aseguró que el pueblo de México puede estar tranquilo de que, a través del PEF 2024, se garantizará la estabilidad económica que necesita el país para salir adelante el próximo año.

Puntualizó que se contempla una compensación de 7 mil 600 millones de pesos en infraestructura para las 32 entidades federativas, a fin de que les permita la rehabilitación de caminos y la construcción de vialidades intercomunitarias.

Reconoció que en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se realizará una revisión debido a los próximos comicios, pues serán elegidos más de mil 400 ayuntamientos, se renovarán 20 congresos estatales y todo el Poder Federal.

“Eso implica que el Tribunal Electoral esté fortalecido. Cada tres años sucede, tiene una ampliación presupuestal para atender esto a través de la contratación de personal eventual”, dijo.

Para tales efectos, adelantó que se establecerá una reserva al dictamen para hacer adecuaciones a otros organismos constitucionalmente autónomos, a fin de que cuenten con recursos.

En el caso del Instituto Nacional Electoral declaró que se le retirará una previsión presupuestal enfocada a la realización de la consulta popular, pues no hay ninguna registrada para los próximos meses.

Por su parte el diputado Jorge Romero Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), hizo votos para que en la discusión del Presupuesto, impere el diálogo democrático y se reflejen en las necesidades de la población.

“Es esencial que el debate sea incluyente y que todas las voces sean escuchadas, garantizando así la representación efectiva de los intereses de la ciudadanía”, señaló en un comunicado.

Asimismo, en su calidad de coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, sostuvo que su partido seguirá apoyando la propuesta de un “Presupuesto Amplio”, misma que presentó junto a sus aliados PRI y PRD, ya que atiende las verdaderas necesidades de las familias mexicanas.

Explicó que se pretende fortalecer áreas clave, como seguridad, salud, atención y apoyo a mujeres, reactivación económica, rescate del campo, educación, deporte, comunidades indígenas, migración, federalismo, medio ambiente, cultura, ciencia y tecnología, vivienda y desarrollo social, entre otras.

Respecto de las obras emblema del Ejecutivo Federal, enfatizó en que el PAN no está en contra de ellas, pero sí está convencido de que la gente no necesita un aeropuerto sin vuelos, una refinería sin funcionar o un Tren Maya.

Por otro lado, el diputado lamentó que no se etiqueten apoyos específicos para Acapulco; y adelantó que su bancada insistirá en otorgar recursos para la recuperación de Guerrero, sin que se vulneren los contrapesos democráticos.

“Nos dicen que invertirán 61 mil millones de pesos, pero todo es recurso que se está decidiendo discrecionalmente, sin ningún mecanismo de fiscalización y, peor aún, sin ninguna garantía”, acusó.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública prevé discutir el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 el próximo viernes en sesión semipresencial, informó el presidente de la comisión.

El diputado de Morena explicó que hoy termina el plazo para que las comisiones ordinarias y los grupos de trabajo entreguen sus resultados, a más tardar a las 18:00 horas.

“En este sentido nosotros elaboraremos ya la parte técnica del proyecto de dictamen. Estamos buscando circularlo el primero de noviembre, que es el próximo miércoles, y de esta manera poder convocar al Pleno de la Comisión en semipresencial el viernes 3 de noviembre”, señaló.

Adelantó que la intención es que ese mismo viernes la Junta Directiva de la Comisión solicite se ponga a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el lunes 6 de noviembre.

“Esperando que la discusión, una vez que se le dé publicidad, pueda iniciarse todo el proceso en el Pleno: la presentación del dictamen, los posicionamientos de los grupos parlamentarios; y en ese momento se cierran la inscripción de reservas en lo particular y se votaría en lo general, para continuar el martes en el desahogo de todas las reservas y así hasta la conclusión.

Erasmo González Robledo indicó que el cumplimiento de las fechas proyectadas va a depender del número de reservas y de que que se logre la votación en lo particular en el transcurso de la próxima semana.

El coordinador de la bancada de Morena coincidió en que a más tardar el próximo lunes 6 de noviembre esperan llevar a cabo la votación en el Pleno, lo cual permitirá a la Mesa Directiva, agrupar, integrar y sistematizar las más de 2 mil reservas al presupuesto que ya han presentado.

Ignacio Mier agregó que se espera que la discusión y, en su caso, la aprobación del presupuesto se lleve a cabo los días martes, miércoles y jueves posteriores.

El morenista recordó que con la aprobación de la Ley de Ingresos y la Ley de Derechos, se asignaron más de un billón de pesos a programas sociales, lo que destacó, garantiza un incremento del 25% en programas dirigidos principalmente a adultos mayores, becas Benito Juárez y programas de apoyo a discapacitados, así como los programas: Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.

La Cámara de Diputados aprobó la noche de ayer, la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), con lo que la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y al Tribunal Electoral entregarían más de 15,000 millones de pesos a la Tesorería de la Federación.

Con 259 votos a favor, 205 en contra y 1 abstención, el Pleno de la Cámara avaló el dictamen que añade un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de fondos y fideicomisos.

La reforma avalada prohíbe la creación y operación de fideicomisos, lo cual implica que desaparezcan 13 de 14 de esos instrumentos que mantienen el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral.

“Existen fuertes resistencias y fuertes intereses, intentan confundir a la sociedad”, dijo el diputado Ignacio Mier, líder de la bancada de Morena, principal promotor de la iniciativa.

Desde inicios de semana, trabajadores del Poder Judicial se han manifestado en distintos puntos de la capital, y en varios estados del país, en contra de los cambios que contemplaba la reforma.

“Desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha mentido. Mal hace su presidenta (Norma Piña) en intentar defender sus privilegios utilizando a los trabajadores del poder judicial como un escudo humano”, lanzó Mier Velasco en referencia a los señalamientos contra la ministra presidente de utilizar a los trabajadores como arma de presión para evitar que la ley avanzara.

En medio de la discusión en el Pleno, Margarita Zavala, diputada del PAN, se refirió a la extinción de los fideicomisos como un “saqueo” al Poder Judicial.

Tras la votación en donde fue aprobada en lo general la reforma, se abrió la discusión de 69 reservas a cargo de 28 oradores. Finalmente, el dictamen fue aprobado en lo particular con 260 votos a favor y 196 en contra.

El argumento del gobierno federal es que los 13 fideicomisos, que suman unos 15,000 millones de pesos, están destinados a pensiones complementarias a mandos superiores, planes privados de prestaciones médicas, mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces, entre otros.

Así, lo aprobado establece que no podrán existir fondos y fideicomisos dentro del PJF, a menos que estén expresamente señalados en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Actualmente, sólo uno de los 14 fideicomisos del PJF se fundamenta en dicha Ley, por lo que los otros 13 fideicomisos deberían extinguirse y sus recursos devolverlos a las personas que aportaron a esos fideicomisos y el remanente destinarse a la Tesorería de la Federación, sin explicar o aclarar cuál será el uso que se le dará a esos recursos.

Los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes de Estados Unidos, nominaron este miércoles a Steve Scalise para ocupar el cargo de presidente, tras la destitución la semana pasada de Kevin McCarthy.

Scalise, que es actualmente el número dos en la escala de liderazgo republicano, todavía debe obtener la aprobación del pleno de la Cámara antes de poder asumir el puesto. Recordemos que los republicanos controlan la Cámara por una estrecha mayoría de 221-212.

Los republicanos eligieron a Scalise frente al presidente del Comité Judicial de la Cámara, Jim Jordan, en una votación secreta a puerta cerrada. Scalise, de 58 años, cuenta con el apoyo de muchos veteranos y de la cúpula del partido.

Queda por ver si los partidarios de Jordan apoyarán a Scalise cuando su candidatura se someta a votación en el pleno. En enero, McCarthy tuvo que sortear 15 rondas de votaciones antes de hacerse con la presidencia.

Los legisladores republicanos rechazaron una propuesta que exigía que el candidato obtuviera 217 votos de los 221 miembros de la Cámara. Esa propuesta tenía por objeto garantizar que el candidato pudiera tener éxito en la Cámara si los 212 demócratas se unían en oposición como se esperaba.

Los republicanos dicen que necesitan resolver con rapidez un vacío de liderazgo que ha impedido a la Cámara abordar la guerra en Israel, aprobar más ayuda a Ucrania y proyectos de gasto antes de que se agoten los fondos actuales el 17 de noviembre.

“Es muy, muy importante que este Congreso vuelva a trabajar”, comentó Scal

Scalise y Jordan dijeron a los republicanos en una reunión a puerta cerrada ayer por la noche que cada uno apoyaría al candidato elegido como nominado.

La Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados aprobó, con 33 votos a favor, cero en contra y 4 abstenciones, el proyecto de dictamen que modifica el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución, en materia de uniformidad de los primeros periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.

Dicho proyecto establece: El Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar un Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, y a partir del 1 de febrero para celebrar un Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.

En los transitorios señala que la duración en el cargo de las diputadas federales y los diputados federales electos para la LXV Legislatura del Congreso de la Unión se computará a partir del 1 de septiembre de 2021 y hasta el 31 de agosto de 2024.

Mientras que la duración en el cargo de las senadoras y los senadores electos para las LXIV y LXV Legislaturas del Congreso de la Unión se computará a partir del 1 de septiembre de 2018 y hasta el 31 de agosto de 2024.

Además, las diputadas federales y los diputados federales electos para la LXVI Legislatura durarán en el ejercicio de su cargo 36 meses, computados a partir del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2027.

En tanto que, las y los senadores electos para las LXVI y LXVII Legislaturas durarán en el ejercicio de su cargo 72 meses, computados a partir del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2030.

En respuesta a las críticas que surgieron, el diputado Juan Ramiro Robledo de Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, rechazó que el dictamen se trata de una reforma electoral; enfatizó que no afecta a ningún contendiente del futuro proceso electoral, no interfiere con ventaja o desventaja y tampoco hay afectación presupuestal.

Además, precisó que la diferencia de ingreso en funciones del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no alteran las facultades de ningún poder.

Y es que recodemos que el titular del Ejecutivo dejará el cargo  el titular del ejecutivo federal debe dejar el poder el 1 de octubre de 2024, luego de que se hicieran cambios en materia política-electoral tras la reforma aprobada en 2014.

Dicho cambio también refiere que el nuevo Congreso deberá entrar en funciones el 1 de agosto de 2024, mientras que los actuales diputados y senadores rindieron protesta para un periodo constitucional que concluirá el 31 de agosto del 2024, lo que llevaría a tener un doble Congreso durante un mes.

Tras su aprobación, el dictamen se turnó a la Mesa Directiva de San Lázaro para su discusión en el Pleno. Se espera se programe tan pronto inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones, el próximo viernes 1 de septiembre.

La tarde de ayer, la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso aprobó con 10 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones, el dictamen de idoneidad sobre la designación de Omar Mejía Castelazo como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico).

Recordemos que esta propuesta fue presentada por la Secretaría de Hacienda, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de que decidiera no ratificar a Gerardo Esquivel en dicha posición.

Mejía Castelazo compareció ante diputadas, diputados, senadoras y senadores que integran la Tercera Comisión para exponer su plan de trabajo, en donde destacó el “honor” de haber sido propuesto como subgobernador del Banco de México.

El funcionario señaló estar consciente de la “alta responsabilidad que conlleva ser parte de la Junta de Gobierno del Banco Central del Estado mexicano” y que de ser ratificado “pondré todo mi empeño, conocimiento y experiencia para lograr el cumplimiento del mandato constitucional”. 

En su exposición, Mejía Castelazo reconoció que la política monetaria del país enfrenta desafíos importantes. Señaló que en el corto plazo, se necesita atender y resolver las presiones inflacionarias que se observan, así como garantizar que la inflación regrese hacia su meta dentro del horizonte de pronóstico.

“Mis esfuerzos estarán enfocados en que el país recupere su estabilidad de precios y conduciré la política monetaria de manera responsable, eficiente, oportuna e independiente”, sostuvo.

Los diputados integrantes de la Tercera Comisión intervinieron en la sesión. La senadora Nuvia Mayorga Delgado del PRI consideró que el papel de Omar Mejía Castelazo debe ser autónomo para el bien de México. Afirmó que es necesario utilizar una política monetaria más eficiente para bajar la inflación. 

Previamente, el coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Cházaro, comentó que uno de los cuestionamientos hacia Mejía Castelazo es que no cuenta estudios de posgrado.

Se dice es una persona joven, “pero 43 años no parece que sea tan joven como se ha expresado; tiene experiencia dentro del Banco de México, pero ciertamente sería el primer funcionario en no tener el título de un posgrado en esa posición”, dijo el perredista.

El postulante a la posición de subgobernador de Banxico respondió que en efecto no cuenta con título de posgrado, pero aclaró que ya terminó sus estudios, por lo que solo se encuentra a la espera del titulo que lo avale.

El presidente de la Tercera Comisión, integrada por Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Permanente, informó que el dictamen se remitió a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente para que el nombramiento sea avalado en el Pleno.

Tal como lo habían adelantado diversos diputados de Morena, esta tarde, las comisiones unidas de Reforma Política-Electoral, de Puntos Constitucionales, y de Gobernación y Población, aprobaron con 62 votos a favor y 48 en contra, el dictamen con proyecto de decreto de la reforma electoral.

La votación de la Comisión de Reforma Política-Electoral fue de 20 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones. De la Comisión de Puntos Constitucionales, 21 votos a favor, 14 en contra y cero abstenciones, y en la de Gobernación y Población se emitieron 21 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones.

Morena ya había adelantado que contaba con los votos necesarios para lograr que el dictamen llegara al Pleno, pues en comisiones requería mayoría simple.

La presidenta de la Comisión de Reforma Política-Electoral, la diputada Graciela Sánchez Ortiz, señaló que por acuerdo de los diferentes grupos parlamentarios las reservas se presentarán y desahogarán ante el Pleno, por lo que señaló que el dictamen se remitió a la Mesa Directiva para los efectos de programación legislativa.

Morena y aliados buscan que se mañana mismo cuando suba al Pleno, en donde será analizada y votada.

El dictamena reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución, y plantea un nuevo diseño constitucional e institucional en materia política-electoral.

Menciona que los ejes temáticos son: financiamiento de partidos políticos, acceso de los partidos a radio y televisión con fines electorales, unificación de las autoridades electorales administrativa y jurisdiccional y extinción de los organismos públicos locales y los tribunales electorales de las entidades federativas.

Además, contempla la conformación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) en reemplazo del INE, y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para ambos propone la selección mediante sistema de listas por entidad federativa y reducción del número de legisladoras y legisladores, voto electrónico, y reducción de integrantes de congresos locales, ayuntamientos y alcaldías.

En el marco de la discusión de hoy, se informó que a las tres comisiones les fueron enviadas 62 iniciativas, hasta el 16 de noviembre de 2022, entre ellas, la del titular del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de los grupos parlamentarios del PT, PAN y PVEM, las presentadas por legisladoras y legisladores integrantes de los diferentes grupos parlamentarios y las de algunos congresos estatales.

Cynthia López Castro, diputada del PRI, mencionó que su grupo parlamentario ratificaba un rotundo no al proyecto, al considerarlo un atentado contra la democracia.

“Hoy quedará asentado que la ciudadanía ganó, que el INE no se toca y quedará fuerte porque la oposición lo defendió. Hoy el PRI hace una alianza con la ciudadanía y por la democracia. Daremos la pelea en el Pleno; la reforma no pasará porque se buscaba debilitar al Instituto y garantizar el proceso de 2024”.

En tanto la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño del PAN sostuvo que en Acción Nacional “votaremos en contra de la destrucción del Instituto Nacional Electoral y en contra del que atente contra las instituciones democráticas de nuestro país, especialmente las autónomas, y en contra de que terminen con nuestros derechos democráticos”.

Enfatizó que al suprimir quieren destruir al INE, desparecen su Consejo General, desaparecen el servicio profesional de carrera y le quitan el control del listado de electores.

Finalmente el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez del PRI resaltó que este dictamen presentado y aprobado no pudo lograr los consensos que requiere una reforma de tal envergadura porque “pone en riesgo el avance institucional que se ha logrado a través de las más de 11 reformas que se han aprobado en los últimos 30 años, poniendo en un grave dilema a nuestro actual sistema político-electoral”.

Recalcó que la postura del PRI “es en contra de este nefasto dictamen y a favor del fortalecimiento de nuestra democracia”.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, adelantó que mañana martes 29 de noviembre presentarán la iniciativa de reforma política-electoral, la cual someterán a consideración del Pleno, para que “cada quién asuma su papel frente a la historia”.

Al arribar al Zócalo de la Ciudad de México luego de haber participado en la marcha de los cuatro años de la Cuarta Transformación, recordó que las bancadas del PAN, PRI y PRD se han opuesto a diversas reformas importantes para el país, como lo hicieron con la reforma eléctrica y más reciente el Presupuesto para el 2023.

“Quedó demostrado que la oposición de nuestro movimiento está a favor de intereses extranjeros y de hipotecar la soberanía nacional”, acusó el morenista.

Mier Velazco señaló que es muy probable que las y los legisladores de la oposición voten nuevamente en contra de esta reforma que brinda la consolidación de un organismo electoral ciudadanizado.

Insistió en la reforma electoral busca que no haya costos onerosos u ofensivos en la democracia en México, “como el salario de los consejeros que anda alrededor de los 400 mil pesos al mes, mientras que un maestro de la escuela pública en México gana 8 mil 300 pesos”, apuntó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) apuntó que, en caso de que sea rechazada la reforma electoral, se informará sobre un “Plan B” que serían adecuaciones legales propuestas por el Ejecutivo. “El Plan ‘B’ lo vamos a presentar una vez concluido el ‘A’”, sostuvo.

Al respecto, el diputado Jorge Romero Herrera, coordinador de la bancada del PAN, afirmó que el proyecto de dictamen de reforma electoral que comenzó a circular en Comisiones Unidas , y que es el que se prevé sea presentado mañana en el Pleno, “pretende destruir la democracia en México”, por lo cual expresó el rechazo de su fracción parlamentaria.

Acusó que el anteproyecto es una copia idéntica de la iniciativa del Ejecutivo Federal, “que pretende a todas luces suprimir al Instituto Nacional Electoral (INE)”.

“Este (proyecto de) dictamen sólo comprueba y reafirma una cosa: el servilismo de las y los legisladores del oficialismo, que nuevamente no movieron ni una sola coma a lo que propuso el Presidente de la República. No nos sorprende que el oficialismo en el Poder Legislativo esté a la merced del Poder Ejecutivo en su intento por acabar con los contrapesos democráticos”, manifestó.

Dijo que en Acción Nacional defienden la democracia y a un órgano electoral independiente y autónomo, donde no sea el gobierno quien organice las elecciones.

Romero Herrera recordó que “el oficialismo se sabe derrotado”, por lo que ya está preparando su Plan B mediante una reforma a las leyes secundarias.

“Nada demuestra más el sentimiento de derrota de la ‘Oficialía de Partes’ del Presidente que haber anunciado la preparación de una reforma a la ley secundaria, que seguramente será inconstitucional. No obstante, de una vez advertimos que no permitiremos el debilitamiento de nuestra democracia por medio de ninguna reforma, sea cual sea su naturaleza”, sostuvo.

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Reforma Política-Electoral y de Gobernación y Población convocaron a reunión ordinaria este miércoles, a fin de circular el dictamen de la iniciativa sobre la reforma electoral, con lo que Morena aprovechará para sacar adelante el proyecto y llevarlo a Pleno.

“Está confirmada la reunión, a través de correo electrónico institucional de la Comisión de Puntos Constitucionales y también de la comisión de la Reforma Política-Electoral. Estamos citados a las 10 de la mañana para recibir el dictamen de la reforma constitucional en materia electoral y ya entraremos de lleno a la discusión de este asunto de relevancia nacional”, indicó el diputado Hamlet García Almaguer de Morena.

El legislador expuso que a partir de la entrega del dictamen, las y los integrantes de las Comisiones Unidas tendrán cinco días para analizarlo y con ello llevarlo a Pleno.

Sin embargo, enfatizó que en Comisiones sólo se requiere mayoría simple, por lo que con Morena y las bancadas aliadas bastaría para avalarlo y turnarlo al Pleno de la Cámara de Diputados.

Ante un eventual rechazo de la oposición a la reforma electoral, Morena ya alista un Plan B con modificaciones a las leyes secundarias en materia electoral y buscarán que sean avaladas y turnadas al Senado de la República antes de que termine el periodo ordinario, es decir, el próximo 15 de diciembre.

García Almaguer indicó que este Plan B puede ser para rescatar en la medida de lo posible la iniciativa del Presidente López Obrador, esperar que envíe una propuesta o revisar lo que es compatible de las iniciativas que han presentados los legisladores y trabajarlas a la par.

Señaló que podría haber cambios hasta en siete leyes, aunque se las principales serían las leyes General del Sistema de Medios de Impugnación, General de Partidos, General de Instituciones y Procedimientos Electorales e incluso la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por la distribución de competencias de los tribunales federales.

Detalló que los temas que pudieran tocarse en la legislación secundaria son aspectos de telecomunicación, propaganda gubernamental, reducción de gastos y de rentas de inmuebles o módulos, aspectos referentes a las presidencias de comisiones al interior del Consejo General del INE.

También se abordaría la reducción de áreas administrativas y dependencias internas, el voto electrónico, el uso de inmuebles de dominio público y la duplicidad de funciones, entre otros.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, advirtió que la vanidad política de la oposición busca impedir que avance una reforma constitucional en materia electoral, por lo que dijo que de no alcanzar las dos terceras partes de los votos necesarios para aprobarla, se implementará un ‘plan B’.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) explicó que en comisiones se avanzará en la dictaminación de la propuesta del Ejecutivo si no se llega a algún acuerdo con los otros grupos.

Sin embargo, al haber declarado la oposición que votarán en contra de cualquier reforma, “estaremos trabajando el plan B, como lo hicimos con la eléctrica. En plan B ya teníamos la de litio cuando sabíamos que ya habían manifestado públicamente, en esa actitud, diría yo, de vanidad política, tan natural en los políticos, por cierto”, dijo.

La oposición, abundó, sabe que con la reforma electoral se va a fortalecer la democracia y sería menos costosa, además, la elección de los consejeros no quedaría en manos de la partidocracia;

Tal como lo hicieran con la reforma eléctrica, Mier Velasco sostuvo que que cada legislador asuma su posición y también las consecuencias, y que enfrente al pueblo sobre la decisión que va a tomar con su voto, de manera individual y respetuosa.

“Representamos a dos proyectos distintos, empezando por el concepto de democracia y de respetar la voluntad popular”, subrayó.

Mier Velasco detalló que el anteproyecto de dictamen será presentado a consideración de las comisiones Político Electoral, de Puntos Constitucionales y de Gobernación el próximo miércoles 23 de noviembre para que circule; de ahí, cuentan con cinco días para estudiarla y el día 28 sesionarían para que el 29 sea discutida en el Pleno; y antes del 7 de diciembre, añadió, estaría la reforma a las leyes secundarias.

La Comisión de Energía en la Cámara de Diputados aprobó, con 22 votos a favor, 1 en contra y 11 abstenciones, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de los Husos Horarios, y por el cual se elimina el Horario de Verano.

La diputada Judith Celina Tánori Córdova, secretaria de la Comisión de Energía, señaló que la expedición de una nueva ley de Husos Horarios es darle bienestar a las y los mexicanos, “ya que la actual condición de los horarios en el país no ha generado los beneficios que se esperaban”.

Igualmente, la diputada Lidia Pérez Bárcenas, integrante de la Comisión de Energía, indicó que si bien el objetivo de ahorro de energía fue el principal argumento para la implementación del Horario de Verano en 1996, “las afectaciones a la salud han tenido mayores repercusiones e impacto en los últimos años”.

Joaquín Zebadúa Alva, secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo que es el momento para que sea abrogado el horario de verano, “ya que es una norma injusta, que no está siendo cumplida por el pueblo porque no le encuentran ningún sentido”.

Por su parte el diputado Reginaldo Sandoval Flores aseveró que el Horario de Verano fue una decisión política que puso en total y franca desventaja al pueblo de México.

“La justificación fue la siguiente: el Horario de Verano propiciaría una importante disminución en la demanda de la energía eléctrica, así como en el consumo de los combustibles utilizados para su generación. Nada más alejado de la verdad. Realmente, el consumo de energía que se economiza, es marginal y ha quedado demostrado”, señaló.

Detalló que, en la actualidad, el ahorro en energía no es gracias al Horario de Verano y, más bien, se debe a otros factores, como el uso de focos inteligentes, de bajo consumo, conocidos como LED y la conciencia en esta materia por parte de la población.

Tras su aprobación en comisiones, se tiene previsto que mañana suba al Pleno donde será discutido y en su caso votado.

Al respecto, el diputado Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía, aseguró que el dictamen por el que se elimina el Horario de Verano tiene el respaldo de todos los grupos parlamentarios y de la ciudadanía, por lo que se espera pueda ser aprobado sin mayor dificultad.

Retomando la información que dio a conocer el gobierno federal, recordó que el 74% de las y los mexicanos quiere el fin del Horario de Verano, porque “ya es obsoleto y los beneficios son muy poquitos, y por el contrario genera problemas de carácter psicológico”.

En caso de obtener el apoyo necesario, el dictamen pasará al Senado donde será analizado, y en caso de ser aprobado en ambas Cámaras, se eliminará el Horario de Verano en todo el país, por lo que a partir del próximo año se tendrá un mismo horario todo el año. Recordemos que el horario de verano, que rige actualmente en el país, finaliza en octubre próximo.

Los municipios de la frontera norte sí mantendrán el horario estacional en función del huso horario con su contraparte en Estados Unidos.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde el dictamen para que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles coadyuvando en tareas de seguridad hasta el 2029.

Con 28 votos a favor y 10 en contra, se aprobó en lo general y en lo particular la reforma al artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, que propuso la bancada del PRI y que originó la ruptura entre la oposición.

Al inicio de la sesión de la comisión, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Cristina Ruiz Sandoval presentó una reserva en la que planteaba que las Fuerzas Armadas acompañen en su consolidación a la Guardia Nacional hasta 2029, un año más que lo propuesto en la iniciativa de la también priísta Yolanda de la Torre.

La legisladora justificó que la nueva propuesta, de alargar 10 años el plazo, tiene la finalidad de que las familias mexicanas puedan vivir en paz y tranquilidad en tanto se capacitan y fortalecen los cuerpos de seguridad civil de estados y municipios.

Señalaron que la participación de las Fuerzas Armadas se dará siempre en apego a los derechos humanos y de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Además, propuso hacer un ejercicio de rendición de cuentas que vigile la consolidación de la Guardia Nacional.

Planteó la creación de una comisión bicameral entre diputados y senadores, así como la presentación de informes por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cada periodo de sesiones del avance y capacitación de los cuerpos de seguridad civiles.

La legisladora enfatizó la necesidad de recuperar la calma de las familias mexicanas, al mencionar que no son tiempos de señalar culpables, si no de trabajar por las y los mexicanos.

“El PRI no dará un paso atrás, buscaremos a toda costa dar paz y tranquilidad a las familias mexicanas. La seguridad es un tema de suma importancia para las y los mexicanos y para el PRI. En esta batalla los ciudadanos no están solos, en esta batalla el PRI está del lado de las y los ciudadanos”, recalcó Ruiz Sandoval.

Tras su aprobación en comisiones, el dictamen tuvo primera lectura en el Pleno de la Cámara, cumpliendo así la ruta legislativa que marca la ley, lo que permitirá que mañana suba al Pleno y sea discutido por los diputados y eventualmente votado.

El dictamen tendría el apoyo de Morena y aliados, a los que en esta ocasión se sumará la bancada del PRI, por lo que cual se prevé que no tenga mayor problema en ser aprobado.

La diputada de Morena, Yeickol Polevnsky, acusó a la Oposición de tener una intencionalidad política al rechazar la propuesta, y señaló la falta de congruencia en su posicionamiento, pues recordó que tanto PAN como el PRD y MC votaron a favor en el Senado por la inclusión del quinto transitorio en la legislación de la Guardia Nacional.

La vicecoordinadora el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz, informó que hoy se dará declaratoria de publicidad al dictamen de Puntos Constitucionales sobre el transitorio constitucional respecto de la Guardia Nacional, para que mañana miércoles se discuta en el Pleno.

La reforma al quinto transitorio constitucional en materia de la Guardia Nacional, que busca a propuesta del PRI, alargar la permanencia del Ejército en las calles para coadyuvar en las tareas de seguridad hasta 2028, está cumpliendo el procedimiento legislativo normado, dijo la morenista.

“Cabe señalar que será sesión presencial, que son las únicas reformas que sí requieren de nuestra presencia física y así será atendido, de hecho, está citada la sesión del miércoles desde las 9 de la mañana, para que desahoguemos puntualmente esto que ha resuelto la Junta de Coordinación Política”, sostuvo la diputada.

La morenista dijo que es un tema ampliamente discutido desde la reforma a la ley secundaria que rige a la Guardia Nacional y durante todo lo que implicó la reforma constitucional en la pasada legislatura.

“Entonces, está ampliamente discutido. No es un trámite ‘fast track’. Se está siguiendo todo el procedimiento normado al interior de la Cámara y bueno, pues ya veremos qué tantas reservas podemos atender cuando es un transitorio y todos sabemos que se cambia de cinco años a nueve años el que siga el mando de la Sedena”.

Comentó que es una iniciativa de la oposición, específicamente del PRI, por lo que se contará con el respaldo de la bancada para sacar adelante esta reforma.

Comentó que para esa discusión, así como para todas las labores legislativas, se mantiene vigente el acuerdo de civilidad “para que todos podamos hacer uso de la tribuna sin mayor exabrupto”.

Al respecto, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier, señaló que en la discusión de la iniciativa para extender la presencia de las Fuerzas Amadas en tareas de seguridad se tendrá un debate democrático y libre, respetando la posición de cada grupo parlamentario, así como la que tengan en lo individual las y los diputados.

“Debatamos libre y democráticamente un tema que es de la mayor preocupación nacional y que requiere sensibilidad política y mucha responsabilidad”, afirmó.

El diputado llamó a olvidarse “un poco de los temas de carácter partidario”, porque cuando se es legislador se debe pensar qué es lo que le conviene a México.

Sostuvo que aunque sólo se modifica un artículo transitorio de una reforma constitucional, las y los legisladores tienen derecho a presentar las reservas pertinentes.

Consultado sobre si respalda el llamado a la paz que hizo el PRI, el líder parlamentario coincidió con convocar a la unidad nacional para atender el tema de seguridad, que es un reclamo de los y las mexicanas; “es algo en lo que nosotros coincidimos”.

Este martes, la diputada Cristina Ruiz del PRI propuso ante la Comisión de Puntos Constitucionales una reserva a la iniciativa que presentó su compañera de bancada para que en lugar de ampliar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028, se le de un año más y el plazo venza en 2029.

“México necesita recuperar la calma de las familias mexicanas, no son los tiempos de señalar culpables, son los tiempos de apoyarnos y hacer las cosas bien por las y los mexicanos, no son tiempos de señalamientos de estrategias fallidas, son los tiempos de las acciones, de las soluciones, y de las respuestas a las familias mexicanas”, plantea la reserva presentada

La legisladora dijo que dar un plazo de 10 años para que las Fuerzas Armadas coadyuven en las tareas de seguridad es por motivos “humanitarios”.

Ayer, tras una convocatoria de Morena y partidos aliados (PT y PVEM), los integrantes de la Comisión de Gobernación y Población, se reunieron y aprobaron por unanimidad remover al presidente de dicha instancia legislativa, al priísta Alejandro Moreno.

Fue Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, quien planteó que en la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se solicite la ratificación de esta decisión, y que la diputada Julieta Padilla Ramírez quedara al frente de la instancia legislativa, mientras el Pleno de la Cámara de Diputados decida sobre el tema.

El diputado Rafael Llergo Latournerie pidió emitir una excitativa para solicitar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no retrasar la remoción de Moreno Cárdenas como presidente de la Comisión de Gobernación y Población, ya que alrededor de 15 legisladoras y legisladores han respaldado la petición.
Llergo Latournerie indicó que “la presencia de Moreno Cárdenas al frente de la Comisión causa un perjuicio a ese órgano legislativo, pues plantea serios cuestionamientos sobre la objetividad, calidad y ética con los cuales continuaría ejerciendo el cargo”.
La bancada del PT pidió al presidente de la Cámara de Diputados a que pueda hacer una remoción y cambio de la presidencia a la brevedad, toda vez el también dirigente nacional del PRI rompió el reglamento por conflicto de interés.
Recordó que se solicitó al Comité de Ética iniciar un proceso para saber si el diputado quebrantó la normatividad, y se investigara la obtención de beneficios económicos por el uso de la Comisión de Gobernación y Población, y determine los temas que ha incurrido en falta, lo cual sería suficiente para reemplazarlo.
En tanto, la diputada Julieta Padilla expuso que, ante la negativa del PRI de remover al diputado Alejandro Moreno, se están buscando las rutas para su destitución, siempre cuidando los procesos internos de la Cámara de Diputados. 

 “Hay distintas posibilidades de ruta, lo que se está cuidando por parte de las y los diputados que han solicitado su remoción son los procedimientos internos de la Cámara de Diputados, por eso fue que la sesión, en asuntos generales, se postergó para no obstruir y no dejar sin materia el procedimiento interno, porque quien tiene la facultad para removerlo es el Pleno”, aclaró.

Al respecto, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier, coincidió en que le corresponderá al Pleno cameral decidir respecto a la solicitud para remover a Moreno Cárdenas como presidente de la Comisión de Gobernación y Población.

Mier Velazco explicó que la solicitud de remoción será turnada a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y le tocará a ese órgano de gobierno dirimir sobre dicho requerimiento, y llegar a un acuerdo sobre quién puede sustituir al diputado Moreno Cárdenas.

“No deben olvidar que la decisión superior deliberativa es del Pleno de la Cámara. La Jucopo sólo facilita, es un facilitador para el desarrollo de los trabajos legislativos, pero no sustituye la votación que, en lo individual o como grupo en el Pleno, hagan las y los diputados”, comentó.

Incluso subrayó que el Grupo Parlamentario del PRI tendrá la prerrogativa de proponer a la diputada o diputado sustituto. Y es que de acuerdo con la Junta de Coordinación Política, al conformarse la LXV Legislatura, le corresponde a dicha  bancada ocupar la posición.

Cuestionado sobre si el procedimiento para llevar a cabo la quinta reunión ordinaria de la Comisión de Gobernación y Población fue legal, el líder parlamentario respondió que “se hizo conforme al Reglamento de la Cámara de Diputados”.

Y es que Alejandro Moreno reaccionó e indicó que la convocatoria que hicieron los diputados de Morena y aliados para que sesionara la comisión era “a todas luces ilegal”.

“Además de ser rubricada (la convocatoria) por secretarios cuyos nombramientos no han sido notificados, no se cuenta con elementos materiales que la justifiquen”, señaló el legislador priista en un comunicado. “La convocatoria resulta improcedente, puesto que no fueron distribuidos los dictámenes por ningún medio. De tal modo que, los integrantes no cuentan con la información que se discutirá y votará en la hipotética reunión convocada”, añadió.

Precisó que la convocatoria de Morena carece de validez, no sólo por la falta de comunicación formal a la Comisión sobre la integración de nuevos secretarios, sino que, además, la diputada Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle y el diputado Gerardo Fernández Noroña causaron baja automática de la comisión, al acumular cuatro faltas durante el presente semestre.