Tag

PLENO

Browsing

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, informó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados acordó la noche de ayer posponer para el próximo domingo la discusión del dictamen de la reforma eléctrica enviada por el presidente, en el Pleno.

El líder parlamentario explicó que con esta decisión se abre un periodo para que las y los diputados, así como la ciudadanía en general, conozcan el dictamen que aprobaron este lunes las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía.

Las comisiones de Puntos Constitucionales y Energía aprobaron el dictamen con 47 votos a favor y 37 en contra y en lo general se avaló el dictamen de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. En la Comisión de Energía fueron 25 los legisladores del bloque de la 4T los que votaron a favor; en tanto que 19, de la oposición, lo hicieron en contra. Mientras que en la de Puntos Constitucionales, Morena y sus aliados sumaron 22 votos; la oposición alcanzó 18.

Señaló que el proyecto de decreto considera modificaciones y reservas a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna y, además, contempla una propuesta para reformar el precepto cuarto constitucional “para que la electricidad, su uso y su suministro, sea considerada como precondición para el goce y disfrute de los derechos humanos”.

“Hemos sometido a consideración de la Jucopo que para socializar, para que los mexicanos y las mexicanas que estén empapados del nuevo decreto que incorpora la reforma a la industria eléctrica, no sólo la iniciativa presidencial, que nos abramos un espacio para que las y los mexicanos lo conozcan, los propios diputados y las diputadas, y pueda haber sesión el domingo”, comentó.

Mier Velazco apuntó que el domingo se abriría una primera sesión, en la mañana, para dar publicidad al dictamen, dar lectura a las comunicaciones y acuerdos de los órganos de gobierno y reinstalar a diputados con licencia, para después cerrar la sesión y convocar a una segunda sesión para la discusión del proyecto de decreto de la reforma eléctrica.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva subrayó que se tomarán las medidas necesarias para garantizar que las y los diputados puedan acceder a las sesiones del domingo.

“No ha habido ningún elemento que indique que no habrá condiciones. Quienes han señalado que se manifestarán lo han comentado en el sentido de hacer una manifestación respetuosa permitiendo el acceso a las y los diputados, y eso ha sido así hasta el momento”, externó.

Sobre dichos señalamientos, Mier Velazco, consideró que la discusión de la reforma eléctrica no puede estar sujeta a calendarios electorales; pidió que cada quien asuma su responsabilidad, y reconoció que este proceso va a tener un costo político, social y económico.

“Qué tiempo nos va a llevar, lo podemos administrar, tenemos como responsabilidad legislar y quizás el día viernes santo y el sábado, pues se pudiera acordar, si no terminamos, pudiéramos acordar que el receso se prolongara”, indicó en declaraciones a la prensa (…) Finalmente son muchos años de tradición y hay que respetar también las tradiciones y no nos pasa nada si nos esperamos días, si fuera el caso de que se prolongue la discusión, y regresar una vez pasando los días de la Semana Santa”, dijo.

Mier Velazco reiteró que los 12 puntos que presentó la coalición “Va Por México” fueron incluidos en el dictamen aprobado en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía; sin embargo detalló que dos de ellos no se pudieron incluir porque ya en la Ley de la Industria Eléctrica se consideró como artículos constitucionales.

Finalmente, el coordinador de la bancada el PRI, Rubén Moreira, indicó que la coalición legislativa de PAN, PRI y PRD votó en contra de postergar hasta el domingo 17 de abril el debate de la reforma constitucional en materia eléctrica previsto para hoy martes.

Indicó que en la reunión de la Jucopo se plantó un acuerdo, el cual fue rechazado, para ordenar el debate de una manera distinta a lo que está en la ley, limitando las participaciones en las rondas de “a favor y en contra”, y tratando de cerrar el paso la discusión.

El coordinador parlamentario adelantó que su bancada estará en el Palacio Legislativo de San Lázaro desde el sábado por la noche para asegurar su acceso al recinto y votar. Esta decisión ya la habían tomado ayer, cuando desde la noche llegaron sus legisladores a “pernoctar” para votar hoy la reforma, sin embargo, con el cambio de juego de Morena, los prisitas lo volverán a hacer el fin de semana.

La Suprema Corte inició el análisis de las impugnaciones a la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR), y por unanimidad de votos, se eliminó el candado de 10 años para que exservidores públicos trabajen en empresas privadas.

El Pleno consideró que el segundo párrafo del artículo 24 de la LFAR, que establecía una restricción de diez años para que los servidores públicos de mando superior pudieran laborar en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en ejercicio de su cargo público, incide de manera desproporcionada, innecesaria e injustificada en la libertad de trabajo, profesión, comercio e industria, reconocida por el artículo 5º constitucional, pues impide a los exfuncionarios en esas circunstancias, prestar libremente sus servicios en la iniciativa privada.

El Pleno determinó que durante el proceso legislativo que dio origen a la LFAR no se cometieron violaciones trascendentes que tuvieran por consecuencia su invalidez, y resolvió que el Congreso de la Unión sí tiene facultades implícitas para legislar en materia austeridad.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández, encargada del proyecto, indicó que existen otras medidas más adecuadas y que no afectan el derecho al trabajo de las personas a quienes está dirigida la ley.

“La norma impugnada restringe desproporcionadamente la libertad de trabajo, ya que la duración de 10 años de la prohibición de laborar en empresas privadas que los exfuncionarios hayan regulado, supervisado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada, va más allá de lo que es razonable para proteger los fines perseguidos por la medida”, señaló el texto de la ministra.

El ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, afirmó que el candado de 10 años para que un exservidor público pueda trabajar en iniciativa privada es innecesariamente largo.

Las comisiones unidas de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores Europa, aprobaron, con 21 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, el nombramiento del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, como embajador de México en España.

Ordaz Coppel también fue propuesto como representante diplomático, en forma concurrente sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante el Principado de Andorra, así como Representante Permanente de México ante la Organización Mundial del Turismo (OMT), con sede en Madrid, España.

Previo a la votación del nombramiento, el exgobernador compareció ante las y los senadores para presentar su plan de trabajo en el cargo.  Expuso que, de contar con la ratificación, dará lo mejor para representar dignamente al país y fortalecer las relaciones con España y Andorra.

Aseguró que para fortalecer y expandir la relación bilateral, construirá puentes para que ambas sociedades encuentren nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento integral, y para fomentar el diálogo en busca de nuevos horizontes de cooperación.

Además, dijo, contribuirá a que se aprueben la modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea, y aprovechará como eje la promoción de nuevas inversiones e intercambios comerciales y apoyará la 13ª Reunión de la Comisión Binacional México España.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, la senadora del Partido Verde, Gabriela Benavides Cobos, señaló que más allá de posiciones partidarias, lo primero es México y su gente, por lo que aseguró que Quirino Ordaz representará a México de forma eficaz.

Los 21 votos a favor fueron de los senadores de Morena, PT, PVEM, MC, PES; los 3 en contra fueron del PAN y del PRI, mientras que se registraron 3 abstenciones, entre ellas de la priista Beatriz Paredes y la panista Josefina Vázquez Mota.

El priista Manuel Añorve, quien votó en contra, manifestó su inconformidad por la aceptación del nombramiento por parte de Quirino Ordaz, pues, dijo, siempre queda una estela de duda en términos de la invitación que hizo el Presidente de la República. “Hubiera sido más digno, para mí, haber declinado y cuidar la trayectoria personal”, expresó.

El senador Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano, señaló el deterioro de las relaciones con España, por la actitud que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en los últimos meses.

El dictamen pasará al Peno del Senado, donde se discutirá y votará, lo cual se espera ocurra la próxima semana; en caso de reunir los apoyos suficientes, el nombramiento de Quirino Ordaz se concretará.

Si eso sucede, la dirigencia nacional del PRI indicó que procederá a la expulsión del exgobernador.

“No es una decisión personal, es una decisión del partido, de la Comisión de Justicia Partidaria. Ha quedado claro que en el momento de aceptar el cargo y en el momento en el que se presentó ha sido notificado y la resolución es estatutaria. La sanción es clara, en el momento de hacer algo (rendir protesta como embajador en caso de ser ratificado), se va a proceder y se le va a expulsar del partido”, declaró Alejandro Moreno.

El proyecto a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que proponía modificar la pregunta que aparecerá en las papeletas de la consulta de Revocación de Mandato, que se tiene prevista para el próximo 10 de abril, fue rechazado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Así, la pregunta quedará como originalmente la redactó el Congreso de la Unión. Actualmente, la pregunta aprobada dice: “¿Estás de acuerdo en que (NOMBRE) Presidente (a) de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por la pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

Durante la sesión de este martes, que se retomó luego de ayer se suspendiera debido a un problema en los ductos y aire acondicionado de la sala, el Pleno de la SCJN, los ministros que no alcanzaron a manifestarse dieron a conocer su posicionamiento.

El proyecto que se presentó y analizó,  señalaba que no está previsto en la Constitución que el ejercicio fuera una consulta de ratificación de mandato, lo cual quedaba de manifiesto en la segunda parte de la pregunta. Por ello se buscaba modificar la pregunta y eliminarse la parte correspondiente.

Los ministros que votaron para modificar la pregunta y eliminar la parte “o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo”, fueron: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Morales, Norma Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

En tanto los ministros que votaron en contra del proyecto fueron: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y el ministro presidente, Arturo Zaldívar. Fueron 5 votos los que se opusieron a la modificación.

El ministro presidente dijo en su posicionamiento que el proceso de revocación de mandato comenzó desde octubre del año pasado, por lo que “no podemos cambiar la pregunta a la mitad del camino”. Además, dijo que el proyecto presentado partía de “premisas equivocadas y de una interpretación errónea de los preceptos impugnados”.

“A mí me parece que la pregunta es constitucionalmente válida, lo único que hace es explicitar las dos opciones posibles. No desnaturaliza la revocación de mandato, mucho menos afecta un precepto constitucional en lo particular, ni siquiera principios que nosotros podríamos construir o desprender de la Constitución, pero además que clarifica de mejor manera cuáles son las opciones de la ciudadanía”, dijo Zaldívar.

La Comisión de Bienestar Animal en el Congreso capitalino aprobó el dictamen de la iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, específicamente en materia de corridas de toros.

El dictamen fue aprobado en Comisión con 4 votos a favor y una abstención.

El diputado Jesús Sesma  detalló que el 9 de septiembre de 2021, el diputado Jorge Gaviño Ambriz presentó ante el Pleno de este Congreso de la Ciudad de México la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 del inciso B, del artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, con el objetivo de establecer la prohibición de realizar espectáculos públicos en los que los animales sean objeto de actos de maltrato y crueldad que deriven en su muerte.

La iniciativa tiene por objetivo prohibir la celebración de espectáculos, en los cuales se maltrate, torture o prive de la vida a toros, novillos y becerros.

El dictamen será presentado en próximos días ante el Pleno del Congreso capitalino, en el que ahora se adicionará una propuesta para incrementar las multas hasta en 55 mil veces la Unidad de Medida, es decir, poco más de 4 millones 900 mil pesos al día a quienes realicen este tipo de espectáculos.

La diputada del PAN, Ana Villagrán Villasana, celebró el dictamen pues consideró que no se trata de un capricho, ni de un tema electoral, sino de un compromiso con la vida. Por su parte, la diputada del PRI, Tania Larios Pérez, sostuvo que el respeto a los derechos animales ha sido un camino largo con pocos resultados, por lo que llamó a hacer una pausa y tener empatía para evitar el sufrimiento animal.

El diputado Federico Döring Casar apuntó que el espectáculo taurino genera ganancias que hacen risibles las multas, y que los empresarios pueden “evadir” la determinación sólo con el pago de la multa y de cualquier forma no se evitará el maltrato, por lo que propuso complementar con ordenamientos que cierren brechas legales.

Foto: Twitter @JC_Italiano

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que su partido propondrá a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) un calendario para las comparecencias ante el Pleno y en comisiones de los funcionarios federales, con motivo de la glosa del Tercer Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Al señalar que la Jucopo es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados, en donde se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, el morenista destacó que propondrá que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, abra esta ronda de comparecencias el 5 de octubre ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

Le seguirían los titulares de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, ante comisiones; Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbulo, en el Pleno.

En el tema de salud, se propondrá para el día 26 de octubre la comparecencia conjunta del secretario del ramo, Jorge Alcocer Varela, y el director general del IMSS, Zoé Robledo, ante el Pleno. Ese mismo día, pero ante comisiones, se propondrá la comparecencia del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz.

El 27 se prevén por separado las comparecencias ante comisiones del secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Leal, y del director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza. Para el día 28, estaría programada ante comisiones la asistencia del secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón.

En lo que respecta a las semanas del mes de noviembre, se pondrá a consideración de la Jucopo las comparecencias de las y los titulares de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ante comisiones; Energía, ante la comisión; Bienestar, en el Pleno; Educación Pública, ante el Pleno; Cultura, ante comisiones unidas; Economía, en comisiones unidas y Seguridad y Protección Ciudadana, ante la comisión.

El coordinador parlamentario comentó que no se descarta que esta propuesta de calendario tenga algunos cambios y se puedan agregar a otros funcionarios, dependiendo de las inquietudes que tengan las y los legisladores sobre temas específicos que competen a la Cámara de Diputados.

Mier Velazco recalcó que estas comparecencias tendrán el propósito de continuar con el análisis del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República y enriquecer el diálogo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.

El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) designó a José Manuel Haro Zepeda como nuevo Titular de la Autoridad Investigadora, quien entra en funciones a partir de hoy 1 de septiembre, por un periodo de cuatro años.

El nuevo titular de la Autoridad Investigadora es economista por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y maestro en economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

La Comisión destacó que José Manuel Haro trabajó en la extinta Comisión Federal de Competencia (CFC) en 2010, órgano en el que desempeñó los cargos de subdirector y director de área en la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Relativas y director de área en el Pleno.

Detalló que hasta ayer fue Director General de Inteligencia de Mercados en la COFECE. Previo a ocupar este cargo, durante 2017 y 2018 se desempeñó como Director General de Mercados en la Unidad de Gas Licuado de la Comisión Reguladora de Energía.

La Autoridad Investigadora es la unidad dentro de la COFECE responsable de dar trámite a las investigaciones por prácticas monopólicas y concentraciones ilícitas, así como a los procedimientos especiales para determinar insumos esenciales, barreras a la competencia o falta de condiciones de competencia efectiva en los mercados.

El Pleno llamó a José Manuel Haro continuar con el rigor técnico que ha caracterizado a la Autoridad Investigadora, con especial atención a los mercados que tienen un gran impacto en el bolsillo de las familias mexicanas.

Por su parte, el nuevo titular refrendó su compromiso de mantener el carácter estratégico en las investigaciones que encabece con el fin de cumplir con el mandato constitucional de la Comisión de proteger la competencia y libre concurrencia en los mercados.

El nombramiento de José Manuel Haro es el primero de los cambios que tendrá estas semanas la COFECE, pues la comisionada presidenta, Jana Palacios, adelantó que dejará de formar parte del órgano autónomo en septiembre.

Recordemos que la funcionaria concluye su periodo como presidenta el 9 de septiembre, y aunque podía permanecer como comisionada integrante del Pleno hasta febrero de 2022, Palacios rechazó que eso vaya a suceder.

El Pleno de la Cámara de Diputados determinó esta tarde el desafuero del diputado Saúl Huerta, acusado de abuso sexual de menores de edad, mientras discute el retiro de la inmunidad parlamentaria del diputado Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito.

El desafuero fue aprobado con 447 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, que fueron de la exbancada del legislador, Morena.

Aún así, la bancada del partido presumió en redes sociales que en Morena, la justicia y la verdad no son selectivas; “hoy demostramos congruencia”, mensaje que refrendo el dirigente nacional del partido, Mario Delgado.

Tras dos horas y media de discusión en una sesión semipresencial, los diputados tomaron la decisión de retirar el fuero a Huerta.

“Con fundamento en el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, la Cámara de Diputados hace la siguiente declaratoria: ha lugar a proceder penalmente contra el diputado federal Benjamín Saúl Huerta Corona”, dijo la presidenta de la Cámara, Dulce María Sauri.

En su intervención, el diputado Pablo Gómez, también de Morena, señaló que el fuero constitucional “es una institución para proteger el funcionamiento de los órganos del poder público, no para darle impunidad a los servidores públicos”.

Al respecto, los padres de uno de los presuntos menores de edad abusados por Huerta, señalaron que ganaron la “primera batalla”, y señalaron que no descansarán hasta ver al diputado en la cárcel.

“Hemos ganado la primera batalla pero aún falta un largo proceso para acabar contra la guerra de la impunidad y la complicidad del depredador disfrazado de defensor del pueblo”, agregaron los familiares de la víctima. “Ojalá que el Gobierno del presidente López Obrador y los legisladores del partido en el poder inclinen la balanza a favor de los desprotegidos y dejen de proteger a gente indeseable y corrupta”.

Huerta, quien fue separado de la bancada de Morena, enfrenta dos denuncias por abuso sexual.

La primera, por parte de un adolescente de 15 años, quien aseguró que abusó de él al interior de un hotel en Ciudad de México; y la segunda, por un adolescente residente de Puebla, estado que el diputado representa en la Cámara Baja.

Ante ambas acusaciones, el diputado ha dicho que todo se trata de “una infamia y una calumnia que se genera desde la mafia del poder” en su contra.

Los diputados discuten el eventual desafuero de Mauricio Toledo, del PT, quien es acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Toledo ha dicho en reiteradas ocasiones que “no temo enfrentar la justicia” y que “la verdad siempre se impone ante autoridades imparciales”. Sin embargo, esta tarde, en un oficio enviado a la Mesa Directiva, Toledo solicitó licencia a su escaño, al señalar que “las condiciones que se me imponen, con autoridades que no garantizan un trato imparcial y justo como lo establecen nuestras leyes, me veo en la necesidad de tomar esta decisión”.

La Sección Instructora de la Cámara mexicana de Diputados aprobó enviar al Pleno la solicitud de desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas quien es acusado de corrupción.

Luego de varias horas de discusión, la decisión fue aprobada con tres votos a favor y uno en contra.

Con esta resolución, el Congreso procederá al juicio político para que García Cabeza de Vaca afronte la denuncia de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo señala por los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.

Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al gobernador panista tras obtener audios de llamadas telefónicas conseguidas por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

García Cabeza de Vaca ha denunciado persecución política en su contra. La semana pasada se reveló que pagó 100,000 dólares a la firma de abogados Gerger Hennessy & McFarlane, de Estados Unidos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha informado que Cabeza de Vaca presuntamente recibió 14.3 millones de pesos de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo los recursos de dos empresas fantasma que sirvieron al Cártel de Sinaloa para “lavar dinero”.

Dicho dinero sirvió para comprar un departamento en Bosques de Santa Fe, en la Ciudad de México, con un valor de 42 millones de pesos. La UIF también ha detectado tres ranchos y una casa en Tamaulipas, así como 20 propiedades en Texas, Estados Unidos, vinculadas a Cabeza de Vaca a través de empresas, familiares y socios.

Ahora, los diputados analizarán la declaración de procedencia para después convertirse en jurados el próximo viernes, donde escuchará a las partes y votará por el desafuero definitivo del gobernador, quien termina su periodo en 2022.

Y aunque Morena tiene la mayoría absoluta en la Cámara Baja, la ley establece que después deben enviar la solicitud al Congreso de Tamaulipas, donde el PAN tiene mayoría.

Y aunque la Cámara de Diputados también recibió la petición de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México para desaforar al diputado de Morena, Saúl Huerta, acusado de abusar de un menor de edad hace una semana en un hotel de la capital, se argumentó que “no hay tiempo” para procesar la petición en este periodo, por lo que se aplazara para el siguiente periodo legislativo.

El diputado acumula dos denuncias, una presentada por el joven de 15 años en cuestión y otra de un adolescente de Puebla.

“Estaría muy bien, pero eso no es asunto que dependa de la Sección Instructora, mucho menos de la Cámara, depende de la Comisión Permanente del Congreso y es a dos tercios, y ninguna fuerza tiene dos tercios, así que bueno, hagan las interpretaciones políticas”, comentó en rueda de prensa el diputado Pablo Gómez.

Otros trámites de desafuero que están vigentes en la Cámara de Diputados también fueron “congelados” por el bloque de la 4T. Los otros juicios son contra Mauricio Toledo; el del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara.

Del mismo modo, la Sección Instructora rechazó también la procedencia del desafuero contra el senador de Morena Cruz Pérez Cuéllar, quien enfrenta acusaciones de la Fiscalía General de Chihuahua por cobrar en la “nómina secreta” del exgobernador César Duarte.

Luego de una sesión de más de siete horas, y siendo el último asunto discutido, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvieron, por mayoría de votos, confirmar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de negar el registro de partido político a la asociación México Libre.

Entre otras razones para emitir su fallo, los magistrados mencionaron que la organización que encabeza Margarita Zavala y Felipe Calderón es que no acreditó el origen de recursos de diversos aportantes, lo que impidió a la autoridad electoral comprobar el origen lícito de dichos recursos con que financiaron su procedimiento para poder constituirse como partido político nacional.

Las magistradas y los magistrados consideraron que para el otorgamiento del registro, se debe cumplir con los requisitos y procedimiento señalado en la Ley, además de que deben atender los principios constitucionales en materia electoral a que están sujetos los partidos políticos, dado que, si pretenden conformarse con uno, su actuar debe ajustarse a los estándares mínimos exigidos a esas organizaciones de ciudadanos.

El pleno del TEPJF determinó que aun y cuando la reglamentación en materia de fiscalización señala que las aportaciones en dinero únicamente pueden ser con cheque o transferencia electrónica, México Libre optó por utilizar una aplicación y dispositivos (CLIP) cuyos comprobantes no permitieron identificar al aportante y, por lo tanto, establecer el origen lícito de un porcentaje de los recursos que la financiaron.

Se concluyó que el monto de recursos recabados sistemáticamente a través de esa vía, incidió de manera significativa en los actos que celebró para cumplir con los requisitos para la obtención del registro, ya que estos ingresaron en los meses en que realizó un número importante de asambleas y obtuvo una gran cantidad de afiliaciones, lo que reflejó una actuación grave y determinante, ya que incidieron directamente en los actos que realizó para intentar cumplir con los requisitos legales para obtener su registro.

Sobre la decisión de las y los Magistrados, la excandidata presidencial, Margarita Zavala, dijo que era algo injusto, inconstitucional e incongruente. Calificó como un “golpe a las libertades y a la democracia”.

Reiteró que México Libre cumplió cabalmente con todos los requisitos que marca la ley, además de que superó las trabas burocráticas y los obstáculos políticos. Recordó que fueron atacados desde el poder durante todo el proceso.

“Nada de eso fue suficiente para derrotar del autoritarismo que hoy copta y somete a las autoridades que deben ser independientes (…) en el Tribunal Electoral la politiquería le ganó al Estado de Derecho; hoy, la mentira venció a la verdad y el miedo le ganó al deber cívico, tal cómo ocurrió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como ocurre en el Congreso, tal como ocurrió en el INE, tal como está ocurriendo en tantas instituciones de hoy, ya sea por cobardía, por conveniencia o por negligencia se están dejando avasallar”, sostuvo Zavala.

La también exprimera dama agradeció la actuación de los Magistrados: Indalfer Infante, Reyes Rodríguez y la Janine Otalora, quienes votaron por invalidar la decisión del INE sobre su registro, aunque no fueron votos suficientes para lograrlos. Los llamó “valientes”.

Finalmente, el expresidente Felipe Calderón ocupó sus redes sociales para afirmar que “se consumó la arbitrariedad”, pues mientras a los partidos afines al presidente López Obrador se les otorgó el registro, a la única voz opositora, verdaderamente ciudadana, se le negó de la manera más absurda.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública votó con 20 votos a favor, 15 en contra y una abstención, el dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversos ordenamientos legales para desaparecer fondos y fideicomisos, y reorientar dichos recursos a la Federación, equivalentes a 68 mil 478 millones 123 mil 839 pesos.

El dictamen impulsado por la bancada de Morena señala que se deben realizar acciones que coadyuven a mitigar los daños de la crisis económica provocada por el descenso de la actividad económica a causa de la pandemia mundial por COVID-19.

Considera que es indispensable hacer más eficientes los recursos públicos con que cuenta el Estado mexicano, a través de su correcta aplicación para el cumplimiento de sus objetivos mediante reasignaciones.
Precisa que el monto reportado en disponibilidades de diversos fideicomisos se reasignaría a acciones para atender los efectos de la pandemia del COVID 19 en temas de salud y economía, así como garantizar la continuidad de los programas sociales de bienestar.
En la discusión, la diputada del PAN, Laura Rojas, dijo que entre los fideicomisos que se pretenden eliminar están más de 20 que están ligados a problemas muy graves e impactan poblaciones particularmente vulnerables. Destacó que son una figura jurídica que complementa los recursos públicos y en muchos de ellos no se ha demostrado opacidad ni discrecionalidad, como lo señala Morena para justificar su desaparición.
Por Movimiento Ciudadano, la diputada Fabiola Loya Hernández, aseguró que no hay mecanismos que den certeza de que no se va a descuidar los asuntos relacionados con los fideicomisos, tales como la atención y protección a periodistas y defensores de los derechos humanos, o el tema del fomento a la investigación, ciencia y tecnología.
El diputado del PRD, Antonio Ortega Martínez, aseguró que la desaparición de fideicomisos es un paso más en la destrucción de las instituciones, así como de los costos de la pésima política y gestión de las finanzas públicas.
Por la bancada del PRI, el diputado Ismael Hernández Deras cuestionó la desaparición de los fondos pues dijo que incrementará la incertidumbre en la población, sobre todo en los campesinos al eliminarse los seguros catastróficos y créditos otorgados por la Financiera Rural.
Sin embargo, solicitó incluir en el dictamen un artículo transitorio que establezca que los casi 70 mil millones de pesos son para adquirir la vacuna contra el Covid-19.
Morena aseguró, en voz del diputado Ignacio Campos Equihua, que lo que se busca es una verdadera transparencia en el uso de recursos, ya que “es evidente” que estos mecanismos no funcionaron. “No se va a dejar sin apoyo a investigadores, pero cómo se puede medir la productividad de los fideicomisos si no ha habido resultados”.

Cundo el diputado César Agustín Hernández de Morena presentó de última hora una reserva con la finalidad de reasignar los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que son etiquetados en el presupuesto como fondo para la salud y el bienestar, por lo que de manera automática se pondrían a disposición a la Secretaría de Hacienda recursos que podrían ir de entre 33 mil millones a más de 97 mil millones de pesos

“Las y los legisladores, en defensa de los recursos públicos, optamos por retirarnos ante la pretensión de un albazo legislativo en virtud de que ese fideicomiso no formaba parte de la lista los que originalmente consideraba desparecer el dictamen”, acusaron los diputados de oposición.

Por ello, el presidente de la Comisión ordenó un receso, sin embargo al reanudar, se indicó que ante la falta de acuerdos, la votación de las reservas se haría en el Pleno.
El dictamen será discutido mañana jueves 1 de octubre en el Pleno, que incluirá las reservas que no fueron discutidas.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, aprobó dos acuerdos sobre qué funcionarios de la Administración Pública comparecerán ante el Pleno y Comisiones, sobre el Paquete Económico para el ejercicio fiscal del 2021 (PEF 2021) y el Segundo Informe de gobierno.

El primer acuerdo aprobado fue el relativo a la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, el próximo 30 de septiembre ante el Pleno de la Cámara de Diputados,

El segundo acuerdo contempla la comparecencia ante comisiones y ante el Pleno de otros funcionarios. El calendario quedó de la siguiente forma:

  • 6 de octubre.- Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, comparecencia ante las Comisiones unidas de Gobernación y Población, y de Asuntos Migratorios.
  • 13 de octubre.-  Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Instituto de Salud para el Bienestar; Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Luis Antonio Ramírez Pineda, director general Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, comparecencia ante el Pleno de la Cámara.
  • 14 de octubre.- Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos, comparecencia ante comisiones unidas de Energía y de Infraestructura.
  • 21 de octubre.- Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, comparecencia ante el pleno de la Cámara;  Manuel Barlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad, comparecerá ante Comisiones unidas de Energía y de Infraestructura.
  • 27 de octubre.-  Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, comparecencia ante el Pleno de la Cámara.
  • 28 de octubre.- Víctor Manuel Villalobos Arámbulo, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, comparecerá ante el Pleno de la Cámara. Graciela Márquez, secretaria de Economía, comparecerá ante las Comisiones unidas de Economía, Comercio y Competitividad y de Economía Social y Fomento del Cooperativismo.
  • 29 de octubre.- Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, comparecerá ante las Comisiones unidas de Desarrollo Metropolitano, Urbano y Ordenamiento Territorial y Movilidad, de Vivienda y de Asuntos Frontera Sur.
  • 3 de noviembre.-  Javier May Rodríguez, secretario del Bienestar,  comparecerá ante el Pleno de la Cámara.
  • 4 de noviembre.- María Luisa Albores González, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, comparecerá ante la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales.
  • 9 de noviembre.- Rocío Nahle García, secretaria de Energía, comparecerá ante la Comisión del ramo.
  • 10 de noviembre.- Alfonso Durazo Montaño,  secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, comparecerá ante el Pleno de la Cámara; Jorge Arganis Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes, comparecerá ante las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Infraestructura.
  • 11 de noviembre.- Alejandra Frausto, secretaría de Cultura, comparecerá ante Comisiones unidas de Cultura y Cinematografía y de Radio y Televisión.

El Pleno de la Cámara de Diputados eligió esta tarde a los cuatro nuevos consejeros y conejeras que se integrarán al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Tal como se había adelantado, los nuevos consejeros electorales son: Norma Irene de la Cruz Magaña; Carla Astrid Humphrey Jordan; José Martín Faz Mora y Uuc – Kib Espadas Ancona.

Con 399 votos a favor, 5 abstenciones y 5 votos en contra, los aspirantes propuestos alcanzaron la mayoría calificada que se requería; así, tendrán un encargo de nueve años, finalizando su periodo en el INE en 2029.

Aunque Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) indicó que ninguno de los nuevos consejeros del INE corresponde a ninguna cuota partidista,  los cuatro aspirantes electos se encontraban en la lista que el grupo parlamentario de Morena definió ayer para impulsar y presentar al resto de las bancadas.

Incluso, los nuevos consejeros fueron entrevistados por Delgado a nombre de la bancada de Morena, justificando que se debía atender “diversas inquietudes que tienen las y los legisladores de la bancada mayoritaria”.

  • Norma Irene de la Cruz Magaña. Licenciada en Periodismo y Comunicación por la FES Aragón y maestra en Gestión del Mantenimiento de la Paz por la Universidad de Turín. Se desempeñó como Asesora Técnica Electoral de la Comisión Nacional Independiente Electoral de Somalia. Coordinadora de observadores en misiones de observación electoral de la Unión Europea en las elecciones extraordinarias de Perú 2020, en las elecciones presidenciales de El Salvador en 2019 y las legislativas de ese mismo país en el 2018. Observadora electoral en Uganda, Uzbekiztán, Ucrania, Sri Lanka, Macedonia.
  • Carla Astrid Humphrey Jordan. Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); candidata a Doctor en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid. Fue consejera electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal. Fungió como asesora del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales.
  • José Martín Faz Mora. Licenciado en Filosofía, especialista y maestro en Democracia y Derechos Humanos. Fundó el Centro Potosino de Derechos Humanos, A.C. Consejero Ciudadano del Instituto Federal Electoral (IFE) para la Junta Local del Estado de San Luis Potosí y Consejero Electoral en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí.
  • Uuc-kib Espadas Ancona. Licenciado en Antropología Social por la Escuela de Ciencias de la Universidad Autónoma de Campeche. Diputado federal por Campeche del 2000 al 2003.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por unanimidad, el proyecto del ministro Fernando Franco, que declara como inconstitucional la llamada ‘Ley Bonilla’, por la que el gobernador de Baja California extendería su mandato por 5 años.

El proyecto del ministro Franco reconocía las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diversos partidos políticos y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); al haber sido adoptado, Bonilla solo estará al frente del gobierno de Baja California por dos años.

El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, sostuvo que la ‘Ley Bonilla’ resulta a todas luces inconstitucional.

“La pregunta inequívoca que se presenta ante nosotros es, pues, si resulta constitucional la ampliación del período para el cual fue electo el gobernador de Baja California, a través de una reforma a la Constitución Local aprobada con posterioridad a la culminación del proceso electoral. La respuesta es a todas luces negativa”, indicó.

Apuntó que el Congreso local perpetuó un fraude a la Constitución; y llamó a que se respete el resultado de la elección, pues es la voluntad popular la que está ahí expresada.

“Es un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático. El congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido al decretar, por ley, que un gobernador electo por dos años ejercería el cargo por cinco”, dijo el ministro presidente.

Incluso los ministros afines al gobierno federal, como Yasmín Esquivel, reconocieron que aceptar la ampliación de mandato podría abrir la puerta a para futuros “caprichos” que atenten contra la Constitución.

“Esto daría pauta a caprichos e intereses de todo tipo, de aquellos que desean vulnerar la Constitución. Ningún poder puede extralimitarse en sus facultades. Legalidad sí, siempre y cuando se respete la voluntad popular”, dijo la ministra nombrada en este gobierno.

Margarita Ríos-Farjat, excolaboradora del gobierno federal, y ahora ministra de la Corte, dijo que la Ley Bonilla no sólo contraviene principios constitucionales, sino que pone en evidencia la falta de compromiso con la Constitución de Baja California y la Constitución federal. “Se debe preservar la confianza en los procesos, en el voto, la confianza en la democracia”.

El comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos aprobó este martes por 25 votos a favor y tres en contra el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), a fin de que sea debatido y votado por el pleno.

El T-MEC traerá mucha de la necesaria certidumbre y beneficios concretos a los granjeros, trabajadores y hombres de negocios estadounidenses, señaló el presidente del comité, Chuck Grassley.

Los senadores republicanos Pat Toomey y Bill Cassidy, así como el demócrata Sheldon Whitehouse, fueron los únicos votos en contra, reportó CNBC, el cual precisó que las exportaciones estadounidenses a Canadá y México superan a las hechas a cualquier otro país.

La versión que votó este martes el Senado es la que incorporó varias adiciones hechas por la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, la cual le dio luz verde por 385 votos a favor y 41 en contra en su sesión del pasado 19 de diciembre.

El acuerdo fue también enviado a los comités senatoriales de Comercio, de Relaciones Exteriores así como de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones.

De acuerdo a analistas, la demora que vive el juicio político al presidente Donald Trump en espera de que el Senado fije sus reglas, parece favorecer la aprobación del T-MEC, pues el tiempo legislativo podría ser aprovechado para su aprobación que podría suceder la próxima semana, aunque aún no hay una fecha exacta.

El documento que actualiza el original Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994, entrará en vigor cuando el socio canadiense haga a su vez la ratificación parlamentaria, lo que ocurrirá una vez que regrese a laborar el próximo 27 de enero.

El Pleno del Congreso de la Ciudad de México, eligió a Ernestina Godoy como la primer fiscal de la capital, esto luego de que la comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobara el decreto por el que se designaba a Godoy Ramos titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Con 60 votos a favor y solo uno en contra, Godoy se convirtió en la primer fiscal de la entidad; y aunque rindió protesta al cargo esta tarde, su periodo iniciará a partir del 10 Enero de 2020, y será por cuatro años.

El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el morenista Eduardo Santillán Pérez, detalló previamente que con base en las entrevistas realizadas a los integrantes de la terna, la Comisión Dictaminadora evaluó a los aspirantes de la siguiente forma:

  • Ernestina Godoy Ramos, 9.36
  • Carlos Juan Manuel Daza Gómez, 8.14
  • Fernando Vázquez Herrera, 7.76.

“Como resultado de las entrevistas realizadas a las personas propuestas en la terna enviada, esta Comisión Dictaminadora considera que la persona que reúne los mayores requisitos de idoneidad y cumplimiento del perfil que debe tener quien ocupe la titularidad de la Fiscalía General de Justicia conforme lo establece el artículo 44 numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México, es la ciudadana Ernestina Godoy Ramos”, leyó del dictamen el legislador Santillán Pérez.

Resaltó que se analizó el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos a Godoy Ramos, mismos que fueron aprobatorios y que fueron:

  • Tener ciudadanía mexicana, acreditada con el acta de nacimiento correspondiente.
  • Tener cuando menos 35 años de edad.
  • Contar con título y cedula en Derecho, con experiencia mínima de cinco años.
  • No haber sido condenado por delito doloso.
  • Someterse y acreditar en los términos de la ley las evaluaciones y certificación de confianza.
  • Presentar y hacer pública en los términos de la ley su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.
  • No haber desempeñado cargo de elección popular o de dirección de un partido político.