El Pleno del Congreso de la Ciudad de México, eligió a Ernestina Godoy como la primer fiscal de la capital, esto luego de que la comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobara el decreto por el que se designaba a Godoy Ramos titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
#EnTribuna | Se discute el dictamen por el que se designa al titular de la Fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. pic.twitter.com/UQJuUUQnRb
— Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) December 10, 2019
Con 60 votos a favor y solo uno en contra, Godoy se convirtió en la primer fiscal de la entidad; y aunque rindió protesta al cargo esta tarde, su periodo iniciará a partir del 10 Enero de 2020, y será por cuatro años.
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el morenista Eduardo Santillán Pérez, detalló previamente que con base en las entrevistas realizadas a los integrantes de la terna, la Comisión Dictaminadora evaluó a los aspirantes de la siguiente forma:
- Ernestina Godoy Ramos, 9.36
- Carlos Juan Manuel Daza Gómez, 8.14
- Fernando Vázquez Herrera, 7.76.
“Como resultado de las entrevistas realizadas a las personas propuestas en la terna enviada, esta Comisión Dictaminadora considera que la persona que reúne los mayores requisitos de idoneidad y cumplimiento del perfil que debe tener quien ocupe la titularidad de la Fiscalía General de Justicia conforme lo establece el artículo 44 numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México, es la ciudadana Ernestina Godoy Ramos”, leyó del dictamen el legislador Santillán Pérez.
Resaltó que se analizó el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos a Godoy Ramos, mismos que fueron aprobatorios y que fueron:
- Tener ciudadanía mexicana, acreditada con el acta de nacimiento correspondiente.
- Tener cuando menos 35 años de edad.
- Contar con título y cedula en Derecho, con experiencia mínima de cinco años.
- No haber sido condenado por delito doloso.
- Someterse y acreditar en los términos de la ley las evaluaciones y certificación de confianza.
- Presentar y hacer pública en los términos de la ley su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.
- No haber desempeñado cargo de elección popular o de dirección de un partido político.