La Justicia británica dio este viernes luz verde a que Julian Assange, fundador de WikiLeaks, sea extraditado a Estados Unidos, que quiere juzgarle por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de el portal, que expuso abusos de ese país en las guerras de Irak y Afganistán.
El Tribunal de Apelación de Londres dio la razón a Washington en un recurso contra un fallo del pasado enero que había denegado la entrega del activista al considerar que presenta riesgo de suicidio.
El caso regresará ahora a la Corte de Magistrados de Westminster, de primera instancia, para que a su vez sea remitido a la ministra del Interior, que debe decidir si ejecuta la extradición o no.
Stella Moris, la prometida de Assange y madre de sus dos hijos menores, adelantó que apelarán el “injusto” fallo, lo que significa que este proceso se alargará, mientras Assange sigue en prisión preventiva en la cárcel londinense de Belmarsh.
En el dictamen presentado hoy, los jueces Ian Burnett y Timothy Holroyde discrepan, en línea con Estados Unidos, con la actuación de la magistrada Vanessa Baraitser de la Corte de Westminster. Señalan que, antes de pronunciar su fallo contra la extradición, debió haber informado a la Justicia estadounidense de sus intenciones, para que ya entonces pudiera presentar garantías sobre el régimen penitenciario que se aplicaría al acusado a fin de minimizar los riesgos para su salud.
Durante el juicio del 27 y el 28 de octubre, el fiscal James Lewis, en representación de Estados Unidos, garantizó que de ser extraditado Assange no será sometido a “medidas administrativas especiales” como tener vetadas las visitas o la correspondencia, ni ingresaría en la cárcel ADX Florence, de máxima seguridad, en Colorado, a no ser que posteriormente hiciera algo para merecerlo.
Además, Washington promete que, mientras estuviera bajo custodia, Assange recibiría tratamiento psicológico adecuado y, en caso de condena, podría cumplirla en su país natal de Australia.
Amnistía Internacional (AI) dijo por su parte que “no se puede confiar” en las garantías ofrecidas por Estados Unidos y pidió que se retiren los cargos. El exjuez español Baltasar Garzón, coordinador de la defensa internacional del activista, mostró a su vez su “más profundo desacuerdo” con el fallo del tribunal inglés y aseguró que “agotarán todos los recursos”.
Esta decisión “consuma la persecución política desencadenada por Estados Unidos contra WikiLeaks y Julian Assange por haber denunciado hechos gravísimos que afectaban a la seguridad de todos”, señala en un nota de su despacho.
Detenido inicialmente en 2010 a instancias de Suecia por un caso de supuestos delitos sexuales después desestimado, el periodista lleva más de una década recluido en el Reino Unido pese a no a haber sido condenado por ningún delito. Primero bajo arresto domiciliario, después refugiado en la embajada de Ecuador de 2012 a 2019 y actualmente en prisión a la espera de que termine el actual proceso.
