El Gobierno federal ha sancionado a 12,575 trabajadores federales durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, confirmó la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En un comunicado, la dependencia detalló que el total de sanciones impuestas en los últimos seis años a trabajadores de la Administración Pública Federal (APF) se eleva a 15,266, de las cuales 5,781 fueron inhabilitaciones, además de 4,213 amonestaciones públicas, 3,923 suspensiones, 726 destituciones y 623 sanciones económicas.
La SFP detalló que a “una misma persona servidora pública” se le puede imponer más de una penalización y que las cifras publicadas “pueden tener variaciones por los medios de defensa interpuestos”.
Esta política, que forma parte “de las acciones en el combate a la impunidad” de la SFP, se traduce en un monto económico recaudado de más de 10,135 millones de pesos.
Entre las causas que llevaron a la secretaría a imponer estas sanciones, destacan el incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial (7,124) y la negligencia administrativa (6,201). La mayoría de ellas se originaron fruto de denuncias ciudadanas (7,832).
Recordemos que la SFP vivió un cambio de titular a mediados de 2021, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) relevó a Irma Eréndira Sandoval, quien dirigía la dependencia desde el inicio de la administración, bajo el argumento de que se entraba a una “etapa nueva” en la lucha contra la corrupción.
Sin embargo, es conocido que la relación entre ambos se deterioró tras disputas al interior de Morena, y la sanción al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, por la venta de ventiladores presuntamente en mal estado a hospitales públicos.
Roberto Salcedo, antiguo subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción, tomó las riendas de la SPF, quien habrá de entregar la dependencia a Raquel Buenrostro, quien fue designada por Claudia Sheinbaum como futura titular.
Para el primer semestre de 2024, la SFP impuso a 1,211 servidores públicos 1,266 sanciones administrativas, la mayoría de las cuales fueron inhabilitaciones (437) y suspensiones (554).
El comunicado recordó que, con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas en la mano, la SFP tiene la capacidad de “investigar, sustanciar y sancionar” las faltas administrativas no graves.
