Los sindicatos de trabajadores en Francia convocaron una “gran movilización popular” para el 1 de mayo, esto luego de que el Consejo Constitucional francés validó este viernes el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, la principal medida de la reforma de las pensiones aprobada por el gobierno del presidente Emmanuel Macron.
La secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, dijo que la concentración debe ser un momento “histórico” para frenar la reforma. Pidió al presidente Macron que “vuelva al sentido común” y retorne la ley a la Asamblea Nacional para que los diputados la puedan debatir y votar”, ya que se aprobó sin un voto en esa cámara.
Recordemos que el gobierno activó un artículo constitucional que le permitía avanzar con la reforma sin someterla en la Asamblea.
La sindicalista advirtió de que, si la reforma se promulga, “ninguna organización sindical irá a reunirse con el presidente para tratar otra cosa que no sea esta reforma”, y acusó a Macron de “gobernar el país contra su pueblo”.
Los ocho principales sindicatos del país se reunirán el próximo lunes para estudiar nuevas medidas de protesta, después de doce jornadas de huelgas y movilizaciones a nivel nacional desde el mes de enero.
Y es que este viernes, el Consejo Constitucional francés validó este viernes el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. Además, el organismo rechazó la solicitud de que la reforma de las pensiones sea sometida a un referéndum de iniciativa ciudadana, según anunció en un comunicado.
Sin embargo, invalidó seis artículos de la ley, especialmente dos relativos al fomento de la contratación de trabajadores mayores de 55 años en las grandes empresas, al considerar que no tenían lugar en una ley de financiación de la Seguridad Social.
Una fuente del organismo explicó a la prensa que, al validar el aumento a 64 años, sus nueve miembros tuvieron en cuenta “que el legislador busca la supervivencia del sistema por repartición, teniendo en cuenta además el aumento de la esperanza de vida”.
También indicó que las deliberación se extendieron durante 16 horas seguidas, pero rechazó decir si la decisión fue o no por unanimidad.
La fuente anunció que el Consejo Constitucional estudiará el próximo 3 de mayo una nueva solicitud de referéndum de iniciativa ciudadana, pero con una cuestión diferente a la planteada hasta ahora.
La nueva petición incluye esta vez una disposición que propone un nuevo impuesto relacionado con el mantenimiento del sistema de pensiones que sí que supondría “un cambio del estado de derecho” admisible por el Consejo.
En todo caso, el gobierno tiene la intención de promulgar la ley este mismo fin de semana, según dijeron fuentes oficiales a medios locales, tras un veredicto que generó reacciones contrapuestas en la clase política francesa.
La primera ministra, Élisabeth Borne, señaló que, con su decisión, el Consejo Constitucional considera que “tanto en el fondo como en el procedimiento”, la reforma está de acuerdo con la Constitución.
En reacción, la presidenta del grupo de La Francia Insumisa en la Asamblea Nacional, Mathilde Panot, dijo que la decisión del Consejo Constitucional supone un “precedente peligroso”, porque el Gobierno podría seguir utilizando la figura legal de un presupuesto rectificativo para “hacer aprobar reformas importantes”.
Por su parte la líder ultraderechista, Marine Le Pen, advirtió por su parte de que la entrada en vigor de “esta reforma brutal e injusta” va a marcar “la ruptura definitiva entre el pueblo francés y Emmanuel Macron”.
