Tag

pensiones

Browsing

Los sindicatos de trabajadores en Francia convocaron una “gran movilización popular” para el 1 de mayo, esto luego de que el Consejo Constitucional francés validó este viernes el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, la principal medida de la reforma de las pensiones aprobada por el gobierno del presidente Emmanuel Macron.

La secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, dijo que la concentración debe ser un momento “histórico” para frenar la reforma. Pidió al presidente Macron que “vuelva al sentido común” y retorne la ley a la Asamblea Nacional para que los diputados la puedan debatir y votar”, ya que se aprobó sin un voto en esa cámara.

Recordemos que el gobierno activó un artículo constitucional que le permitía avanzar con la reforma sin someterla en la Asamblea.

La sindicalista advirtió de que, si la reforma se promulga, “ninguna organización sindical irá a reunirse con el presidente para tratar otra cosa que no sea esta reforma”, y acusó a Macron de “gobernar el país contra su pueblo”.

Los ocho principales sindicatos del país se reunirán el próximo lunes para estudiar nuevas medidas de protesta, después de doce jornadas de huelgas y movilizaciones a nivel nacional desde el mes de enero.

Y es que este viernes, el Consejo Constitucional francés validó este viernes el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. Además, el organismo rechazó la solicitud de que la reforma de las pensiones sea sometida a un referéndum de iniciativa ciudadana, según anunció en un comunicado.

Sin embargo, invalidó seis artículos de la ley, especialmente dos relativos al fomento de la contratación de trabajadores mayores de 55 años en las grandes empresas, al considerar que no tenían lugar en una ley de financiación de la Seguridad Social.

Una fuente del organismo explicó a la prensa que, al validar el aumento a 64 años, sus nueve miembros tuvieron en cuenta “que el legislador busca la supervivencia del sistema por repartición, teniendo en cuenta además el aumento de la esperanza de vida”.

También indicó que las deliberación se extendieron durante 16 horas seguidas, pero rechazó decir si la decisión fue o no por unanimidad.

La fuente anunció que el Consejo Constitucional estudiará el próximo 3 de mayo una nueva solicitud de referéndum de iniciativa ciudadana, pero con una cuestión diferente a la planteada hasta ahora.

La nueva petición incluye esta vez una disposición que propone un nuevo impuesto relacionado con el mantenimiento del sistema de pensiones que sí que supondría “un cambio del estado de derecho” admisible por el Consejo.

En todo caso, el gobierno tiene la intención de promulgar la ley este mismo fin de semana, según dijeron fuentes oficiales a medios locales, tras un veredicto que generó reacciones contrapuestas en la clase política francesa.

La primera ministra, Élisabeth Borne, señaló que, con su decisión, el Consejo Constitucional considera que “tanto en el fondo como en el procedimiento”, la reforma está de acuerdo con la Constitución.

En reacción, la presidenta del grupo de La Francia Insumisa en la Asamblea Nacional, Mathilde Panot, dijo que la decisión del Consejo Constitucional supone un “precedente peligroso”, porque el Gobierno podría seguir utilizando la figura legal de un presupuesto rectificativo para “hacer aprobar reformas importantes”.

Por su parte la líder ultraderechista, Marine Le Pen, advirtió por su parte de que la entrada en vigor de “esta reforma brutal e injusta” va a marcar “la ruptura definitiva entre el pueblo francés y Emmanuel Macron”.

El gobierno francés indicó que poco más de un millón de personas salieron a las calles este jueves en distintas ciudades del país, para protestar contra la aprobada reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron.

Sin embargo, la Confederación General del Trabajo (CGT), indicó que la cifra de inconformes fue de 3.5 millones.

El Ministerio del Interior informó 1.09 millones de personas participaron en la gran jornada de huelga que ha paralizado el sector del transporte, con trenes, aviones y carreteras afectadas, así como la educación o la sanidad, mientras continúan los paros y bloqueos en refinerías y recolectores de basura.

En la capital, París, al menos 880,000 tomaron las calles, una cifra que ha sido rebajada a 119,000 por el Ministerio del Interior durante una jornada en la que cerca de 5,000 policías montaron un operativo de seguridad.

Por el momento, las fuerzas de seguridad, que lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud en distintos distritos de la capital, han detenido a 80 personas, aunque se espera que la cifra crezca.

Las protestas, que todavía continúan, están siendo especialmente tensas en la Plaza de la Ópera, donde los manifestantes han prendido fuego a un puesto y han lanzado fuegos artificiales. Asimismo, un grupo de personas ha asaltado un banco de BNP Paribas de la zona.

El enfrentamiento entre manifestantes y policías se replicó en otras ciudades francesas, como Nantes, Burdeos, Rennes y Lorient, donde se han producido saqueos a tiendas y daños a ventanas en distintos edificios.

Ante el éxito de la convocatoria, los principales sindicatos franceses han decidido convocar a un décimo día de huelga general para el próximo martes, jornada que estará precedida por mítines sindicales durante este fin de semana.

Poco antes de que empezase la marcha en París, el secretario general de la CGT, Philippe Martinez, ha asegurado en entrevista con la cadena BFMTV, que las recientes palabras del presidente Macron, quien condenó la violencia en las protestas recordando los asaltos a las instituciones de Estados Unidos y Brasil, son una “provocación”.

Por su parte, el secretario general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) ha intentado aliviar las tensiones y ha condenado la violencia de las manifestaciones, a la par que ha hecho un llamado a la calma.

En este sentido, se ha mostrado a favor de un proyecto de ley que pide un referéndum de iniciativa compartida (RIP) y que fue presentado a principios de semana en el Consejo Constitucional. Para salir adelante, necesitará el apoyo de 4.87 millones de personas, firmas que tendrán que ser recogidas en un plazo de nueve meses.

El presidente Emmanuel Macron aseguró este miércoles que quiere ver en vigor su impopular reforma de las pensiones “para finales de año” y calificó de “sediciosos” a los manifestantes que endurecieron las protestas desde su adopción por decreto.

“Esta reforma es necesaria. No me hace feliz. Hubiera preferido no hacerla”, aseguró el mandatario francés en una entrevista en las principales cadenas de televisión, la privada TF1 y la pública France 2, asumiendo la “impopularidad” de la medida.

Francia vive un contexto social muy tenso con una ola de protestas marcadas por la violencia desde la semana pasada.

Sus declaraciones son “un desprecio para las millones de personas que manifiestan”, dijo Philippe Martinez, líder del sindicato CGT. Macron “ha echado más brasas a un asador bien prendido”, estimó por su parte el jefe del Partido Socialista, Olivier Faure.

El gobierno enfrenta desde enero un fuerte rechazo a su plan de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, para cobrar una pensión completa.

Pero la tensión explotó el jueves cuando Macron y su primera ministra Élisabeth Borne anunciaron su adopción por decreto, ya que temían perder la votación en la Asamblea Nacional, incluso con el apoyo de la oposición de derecha.

Desde ese día, París y otras ciudades registran cada noche protestas, en las que manifestantes, en su mayoría jóvenes, queman contenedores y otros elementos.

“No toleraremos ningún desbordamiento”, advirtió Macron que calificó de “sediciosos” a estos manifestantes y los comparó con quienes asaltaron el Capitolio en Estados Unidos en 2021 y las instituciones en Brasil en enero.

“Somos una gran nación y un viejo pueblo que vota a sus responsables y les da legitimidad. Los sindicatos tienen la suya y cuando se manifiestan los respeto, es un derecho protegido por la Constitución”, aseguró Macron en una de sus entrevista.

“Pero cuando hay grupos que utilizan la violencia extrema para atacar a representantes democráticos, cuando usan la violencia sin reglas porque no están contentos, eso no es democracia”, agregó.

En una reunión con los legisladores oficialistas, el mandatario ya había advertido que la “muchedumbre” y los “disturbios” no tenían “legitimidad” sobre los representantes del pueblo, unas declaraciones criticadas incluso por sus aliados.

Las fuerzas de seguridad se encuentran no obstante en el punto de mira por los cientos de detenciones practicadas desde el jueves pasado, que en la gran mayoría de los casos saldan con una liberación sin cargos, y por los métodos usados para controlar las protestas.

Amnistía Internacional alertó este miércoles del “uso excesivo de la fuerza de forma generalizada” y de “las detenciones arbitrarias”, preocupaciones ya expresadas por la oposición de izquierdas, abogados, magistrados e incluso la defensora del pueblo.

Más allá de la reforma, Emmanuel Macron se juega poder aplicar el programa de su segundo mandato, por lo que su entrevista fue muy seguida para conocer sus intenciones y ver si admite algún error, como esperan los analistas.

El jefe de Estado reconoció que su único error fue “no conseguir convencer” sobre la reforma.

Macron fue reelegido hace casi un año, contra su rival ultraderechista Marine Le Pen, con un programa reformista y liberal.

El gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, activó este jueves un polémico procedimiento para adoptar su impopular reforma de pensiones, evitando así el voto de los diputados, en medio de una sesión caótica en la Asamblea Nacional.

“No podemos hacer apuestas sobre el futuro de nuestras pensiones”, dijo la primera ministra, Élisabeth Borne, al activar en la cámara baja el artículo 49.3 de la Constitución.

Rápidamente, varios diputados anunciaron la presentación de una moción de censura contra el gobierno, la única forma ahora de impedir la aplicación de la reforma.

El presidente Macron activó el polémico procedimiento para adoptar su impopular reforma de las pensiones sin el voto de los diputados, luego de que fracasara en su intento de asegurarse la mayoría necesaria.

La activación de esa herramienta legal, podría recrudecer la tensión con los sindicatos, que este jueves habían llamado a impedir esta reforma y que ya organizaron protestas masivas durante los últimos meses.

Apenas el pasado 7 de marzo, salieron a las calles cerca de 3.5 millones de personas, en la mayor protesta contra una reforma social en tres décadas.

Recordemos que Macron quiere retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, y no 42 como hasta ahora, para cobrar una pensión completa. Dos de cada tres franceses se oponen, según los sondeos.

Más allá del proyecto, el mandatario de 45 años, reelegido hace casi un año con la promesa de reformar la segunda economía de la Unión Europea (UE), se juega poder aplicar su programa durante su segundo mandato y amenazó con disolver la Asamblea en caso de revés.

A juicio del diario liberal L’Opinion, recurrir al artículo 49.3 “reforzaría la imagen de ‘brutalidad’ de su poder y alimentaría la crisis social”.

Los principales líderes sindicales se reunirán de nuevo tras el trámite parlamentario para analizar los próximos pasos.

En caso de adopción de la reforma, la oposición de izquierda prepara un recurso ante el Consejo Constitucional que retrasaría su promulgación y daría tiempo a los opositores para utilizar sus últimos cartuchos, como reclamar un referéndum.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó esta mañana un informe del acuerdo que se alcanzó para pagar jubilaciones pendientes de extrabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) tras el despido masivo que el gobierno federal emprendió en 2009 con la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

El gobierno federal indicó que a 13 años del injusto despido, que dijo se dio como parte de la política neoliberal y privatizador, la decisión de otorgar pensiones corresponde a un acto de justicia.

“Como sabemos, se desapareció la empresa, la compañía de Luz y Fuerza del Centro, y se despidieron más de 40 mil trabajadores y quedaron trabajadores que no cumplían para entonces la edad de jubilación, de 19 años de trabajo; ya son mayores muchos de ellos. (…) Se ha decidido apoyar a estos trabajadores”, explicó el mandatario.

El director general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Ernesto Prieto, explicó el Programa Especial de Compensación por Justicia Social, que se aplicará a todos aquellos extrabajadores que tenían por lo menos 19 años, 6 meses y 1 día de tiempo de servicio al 11 de octubre de 2009, fecha en que ocurrieron los hechos de extinción.

El funcionario explicó que se les otorgará un porcentaje de su salario con base en el tiempo de servicio que tenían en la empresa: por 20 años, corresponderá el 50%o; por 21, el 60%; por 22, el 70%, por 23, 80%o; con 24 años de servicio, 90% y finalmente, de 25 a 29 años, el 100%.

Además de cumplir con la antigüedad, para incorporarse al programa los extrabajadores deben desistirse en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de todos los juicios presentes y futuros en contra de LyFC, la Secretaría de Energía y el INDEP.

La compensación mensual será de un mínimo de 3 mil 200 pesos a un máximo de 67 mil pesos, con una media de 12 mil 500 pesos. El presupuesto estimado para el primer año es de mil 458.6 millones de pesos, recursos que aportará el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Se indicó que se verán beneficiadas hasta 8 mil 892 familias con un ingreso permanente y al mismo tiempo se liberará de 2 mil 118 juicios laborales con un pasivo contingente de 5 mil 892 millones de pesos. Este número de familias corresponde al número de extrabajadores que se ha identificado cumplen con los requisitos.

El titular del INDEP detalló que, de los 45 mil extrabajadores indemnizados, aproximadamente mil 700 contaban con 25 o más años de servicio antes del 11 de octubre de 2009 y alrededor de 7 mil 600 se encontraban en camino a la jubilación con un tiempo de servicio superior a 19 años, seis meses y un día.

En el diagnóstico se identificaron 9 mil 249 colaboradores con un tiempo de servicio de 19 años 6 meses 1 día o más, sin embargo, han fallecido 352 y cinco ya se encuentran jubilados, por lo que se tiene un universo de 8 mil 892 extrabajadores con una antigüedad laboral de 19 años, 6 meses, 1 día; 46 años como edad mínima y una máxima de 88 años.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este domingo una reducción en la edad para poder acceder a la pensión universal para adultos mayores cuyo monto también se incrementará gradualmente hasta duplicarse para el año 2024.

A poco más de tres meses de la elección más grande la historia de la historia, López Obrador dijo que el beneficio se entregará ahora a partir de los 65 años, tres años menos de los 68 que se establecen en la normativa vigente.

Asimismo, dijo que el incremento en el monto de las pensiones empezará desde julio próximo con un alza del 15% y proseguirá con aumentos anuales del 20% hasta 2024 cuando llegaría a 6,000 pesos bimestrales.

“De esta manera se beneficiará a 10 millones 300 mil adultos mayores. Estos recursos saldrán del presupuesto público sin aumentar la deuda ni los impuestos y sin ‘gasolinazos'”, dijo López Obrador durante un acto público en Oaxaca.

López Obrador destacó que esta pensión es un derecho constitucional “cuyos recursos no puede disminuir” al margen de quién se encuentre en el gobierno.

Con ello, el presupuesto anual del Gobierno de México para pensiones pasará de los 135,000 millones de pesos actuales a 240,000 millones en 2022; a 300,000 millones en 2023 y a 370,000 millones en 2024.

López Obrador aseguró que los recursos para el aumento de las pensiones se ayudarán de los ahorros obtenidos por su plan de “austeridad republicana”. “Se seguirá aplicando el criterio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y que la corrupción debe ser desterrada por completo”, expresó.

El presidente aseguró que su plan también contemplará “el incremento continuo del salario mínimo hasta que recupere todo lo perdido durante el periodo neoliberal”.

La Sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de este miércoles 09 de diciembre resultó muy ‘productiva’ para los legisladores, ya que en cerca de 13 horas, se aprobaron diversas reformas como la relativas al teletrabajo, la del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Ley de Seguridad Nacional, entre otras.

El Pleno del Senado aprobó, en lo general y particular, con 91 votos a favor, la minuta que reforma el artículo 311 y adiciona el capítulo XII BIS de la Ley Federal de Trabajo, en materia de teletrabajo.

El dictamen a la minuta que regula el teletrabajo, establece una nueva definición de trabajo a distancia, entendido como el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo.

Esta modalidad de trabajo, agrega el dictamen, es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón, que no requiere la presencia física de la persona trabajadora en el centro de trabajo y que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación.

Se establece que las relaciones laborales que se desarrollen más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, o en el domicilio elegido por ésta, se regirán por las disposiciones del Capítulo denominado Teletrabajo. Y señala que no será considerado teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica.

En el dictamen, también se señala que las condiciones de trabajo se harán constar por escrito mediante un contrato y cada una de las partes conservará un ejemplar. La modalidad de teletrabajo, agrega, formará parte del contrato colectivo de trabajo, que en su caso exista entre sindicatos y empresas, y deberá entregarse gratuitamente una copia de estos contratos a cada uno de las personas trabajadoras que desempeñen sus labores bajo esta modalidad.

Los Senadores también aprobaron un dictamen que modifica la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a efecto de que los concesionarios de radio y televisión puedan pagar, en anualidades, las contraprestaciones por prórrogas.

El proyecto de decreto fue avalado, en lo general y en lo particular, con 94 votos en pro y una abstención.

La reforma establece que, para el pago de la contraprestación por prórroga, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) podrá poner a la consideración del concesionario de radio y televisión, “si desea realizar el pago en anualidades durante el tiempo de vigencia de la concesión o en una sola exhibición”.

Se precisa que, en caso de que el pago sea en anualidades, se actualizará y se calcularán los importes conforme a las disposiciones fiscales, sin perjuicio del erario.

Por unanimidad, el Senado también aprobó la minuta que reforma las Leyes del Seguro Social y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, cuyo objetivo es garantizar el acceso efectivo a los seguros de invalidez, vejez y cesantía.

Según el texto, la minuta tiene como propósito mejorar la calidad de vida de los trabajadores sujetos al régimen pensionario de la Ley del Seguro Social, mediante el aumento de sus pensiones, incremento del porcentaje de trabajadores que perciban una pensión garantizada y un entorno más eficiente y competitivo en la administración de sus ahorros. Establece que las administradoras de fondos para el retiro deberán situar las comisiones que cobran por sus servicios en niveles similares a las mejores prácticas internacionales.

La minuta reduce, de mil 250 semanas a mil semanas, el número de semanas de cotización que se requieren para gozar de las prestaciones de los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez. Incrementa, a partir de 2023, la aportación total a la cuenta individual de los trabajadores de 6.5%, más cuota social a 15%. Asimismo, aumenta el monto de la pensión garantizada que se otorga a los trabajadores.

De igual forma se aprobó la minuta que establece que el trabajador o sus beneficiarios podrán exigir, dentro de un plazo de 10 años, los recursos de la subcuenta de vivienda. El dictamen reforma el artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se avaló con 90 votos a favor.

Precisa que dentro del año previo al que se cumpla dicho plazo, el Infonavit hará del conocimiento del trabajador y, en su caso, a sus beneficiarios, el tiempo que ha transcurrido desde que el derecho era exigible, de tal forma que puedan acudir a reclamar los recursos. También dispone que, al no ser ejercido este derecho, se podrán utilizar dichos recursos para constituir una reserva financiera que será administrada por el propio Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

El Pleno también aprobó en unanimidad, con 88 votos en favor, el proyecto de decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de crédito de vivienda.

El documento establece que los trabajadores podrán recibir directamente los créditos, sin intermediarios, para adquirir en propiedad suelo destinado a edificar su casa. Anteriormente, el crédito sólo podía ser usado para la compra de vivienda nueva o usada, construcción y remodelación de una residencia.

Se precisa que las y los trabajadores podrán elegir de qué forma usará su crédito, disponiendo de manera directa esos recursos para erogarlos en la adquisición, construcción, ampliación o reparación de vivienda. Asimismo, los trámites se reducirán, ya que no se encontrarán obligadas u obligados a actuar a través de un intermediario.

Una de las reformas que más llamó la atención fue la relativa a la Ley de Seguridad Nacional que envió el presiente y que apenas ayer se había aprobado en comisiones.

El Pleno aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto con 71 votos a favor, 20 en contra y una abstención; en lo particular se registraron 72 votos en favor y 14 en contra.

Se indicó que la modificación tiene el objetivo de regular las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas que desarrollan los agentes extranjeros en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional.

Establece la definición de agentes extranjeros, a fin de especificar que se trata de funcionarios extranjeros que en sus países de origen ejercen funciones policiales, de inspección o de supervisión de las leyes y otras disposiciones de carácter reglamentario o aquéllas de carácter técnico especializado.

Plantea que las embajadas y misiones extranjeras acreditadas en el país deberán informar a las autoridades correspondientes, los hechos de que tengan conocimiento en el desempeño de las funciones derivadas de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional.

Asimismo, los agentes extranjeros podrán ser autorizados para internarse temporalmente en territorio nacional para el intercambio de información, en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por nuestro país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, previo acuerdo con las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y la Defensa Nacional y de Marina (SEDENA), resolverá sobre la acreditación y la circunscripción territorial del agente extranjero de que se trate, aplicando para tales efectos, el principio de reciprocidad bilateral.

A fin de fortalecer el manejo de información e inteligencia, planeación y ejecución de operaciones, plantea que los servidores públicos de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, entreguen a las autoridades correspondientes, dentro de los tres días siguientes de la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con los agentes extranjeros, un informe por escrito de estas.

Tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a hacer detenciones, acciones tendientes a la privación de la libertad, allanar la propiedad privada o cualquiera otra conducta que resulte violatoria de la Constitución y las leyes nacionales aplicables, por lo que deberán abstenerse de realizar actividades que pongan en peligro su integridad física. Finalmente, se les autoriza portar las armas de fuego que, en su caso, les autorice la SEDENA.

En el caso de que se compruebe que un gobierno extranjero por conducto de sus agentes incite o promueva la comisión de los ilícitos consistentes en el cohecho, la privación ilegal de la libertad de las personas, así como la sustracción de los habitantes del territorio nacional para ser llevados a juicio ante otro Estado, nuestras autoridades suspenderán la ejecución de los convenios de cooperación bilateral y prohibirá la realización de actividades por parte de los agentes extranjeros en territorio nacional.

En materia de inmunidad, señala que los agentes extranjeros no tendrán ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones o por infringir las disposiciones normativas que prohíben a los extranjeros el ejercicio de funciones reservadas a las autoridades mexicanas.

Además de las reformas aprobadas, el Pleno del Senado de la Republica ratificó la designación de Graciela Márquez Colín como nueva integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) La ratificación se dio con 76 votos a favor, 17 en contra y una abstención..

En tanto, con 84 votos en favor y nueve en contra, el Pleno aprobó la designación hecha por AMLO, en favor de Galia Borja Gómez, como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), por un periodo de ocho años, contados a partir del 1 de enero de 2021.

Con 69 votos a favor y 25 en contra, el Pleno del Senado aprobó el nombramiento de Laura Itzel Castillo Juárez, como Consejera Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, por un periodo de cinco años. Castillo Juárez fue designada por el Ejecutivo Federal para cubrir la vacante que dejó Francisco José Garaicochea y Petrirena, con motivo de la conclusión del cargo, el pasado 19 de septiembre de 2020.

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde, en lo general, la reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió sobre el sistema de pensiones, la cual busca realizar modificaciones a las leyes del Seguro Social y del Sistema de Ahorro para el Retiro.

El Pleno de la Cámara aprobó el dictamen que, indica el documento, busca garantizar que las y los trabajadores reciban una pensión competitiva y con base en los estándares internacionales. El documento fue avalado con 441 votos a favor, 13 en contra y 6 abstenciones.

Según lo señalado, se reduce el número de semanas de cotización, incrementa gradualmente las aportaciones de los patrones, modifica la composición de la aportación del Estado y aumenta el monto de la pensión mínima garantizada.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la diputada Patricia Terrazas Baca del PAN, expresó que el propósito es mejorar la calidad de vida de todos los trabajadores, sujetos al régimen pensionario de Ley del Seguro Social, mediante el aumento de las pensiones, incremento del porcentaje de trabajadores que perciban una pensión garantizada y un entorno más eficiente y competitivo en la administración del ahorro de los trabajadores.

Terrazas Baca mencionó que se reduce el número de semanas de cotización que se requieren para gozar de las prestaciones de los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez, de mil 250 a mil; la disminución se refleja en la modificación que se propone en los artículos 154 y 162 de la Ley del Seguro Social.

Dicha disminución será paulatina e iniciará a la entrada en vigor del presente decreto, con un requisito de 750 semanas de cotización para obtener esos derechos. El número necesario de semanas de cotización se irá incrementando gradualmente hasta alcanzar un total de mil semanas en el año 2031, como se señala en el Artículo Cuarto Transitorio.

Se incrementa, a partir de 2023, la aportación total a la cuenta individual de los trabajadores, de 6.5% más cuota social, al 15%, incluyendo ya la cuota.

Con la propuesta, la aportación que realizan los trabajadores se mantiene en sus términos, la aportación patronal se eleva de 5.15 a 13.87 por ciento, y la aportación del Estado modifica su composición para beneficiar sólo a los trabajadores de menores ingresos, sin incrementar su monto total.

También se consideró importante que el incremento de la aportación patronal se realice gradualmente de 2023 a 2030, conforme a la tabla que se incorpora en el Artículo Segundo Transitorio y la recomposición de la aportación del Estado entrará en vigor en 2023.

El tercer cambio, explicó la diputada Patricia Terrazas, tiene por objeto aumentar el monto de la pensión garantizada que se otorga a los trabajadores que, cumpliendo con los requisitos para gozar de la prestación de cesantía y vejez, no tienen los recursos suficientes en su cuenta individual para obtener una pensión mayor a dicho monto.

Se propone además una reforma al artículo 193 de la Ley del Seguro Social, para que en caso de fallecimiento del trabajador o el pensionado, los beneficiarios designados no tengan que acudir a una instancia jurisdiccional para ejercer sus derechos respetando los que corresponden a éstos.

En el artículo 172 y 172-A de la Ley del Seguro Social, se establece un esquema para dar mayor agilidad al pago de pensiones a cargo del Gobierno Federal, a través de la Tesorería de la Federación.

En el Artículo Séptimo Transitorio, se plantea un mecanismo para la revisión periódica de la gestión de la reforma que se propone, de modo que la Consar deberá enviar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un análisis de los resultados obtenidos con la aplicación de la reforma, a fin de que ésta remita al Congreso de la Unión el informe correspondiente.

La Secretaría de Bienestar informó que mañana martes 3 de noviembre inicia el pago de las pensiones para el Bienestar a más de ocho millones de personas adultas mayores y 800 mil personas con discapacidad. 

El pago que iniciará mañana, es el correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

La dependencia detalló que mañana 3 de noviembre se realizará el depósito para quienes reciben el pago a través de tarjeta bancaria y durante todo el mes, hasta el 30 de noviembre, se llevará a cabo el operativo para quienes acuden a recibir la pensión directamente.

Para el cobro de las pensiones, se instalarán diez mil 753 puntos de pago en igual número de localidades de todo el país, de ellos, seis mil 897 se instalarán con apoyo del Banco del Bienestar, mientras que los otros tres mil 856 puntos se establecerán con respaldo de Telecomm y en sus sucursales.

Las pensiones del Bienestar equivalen a dos mil 620 pesos cada bimestre y en lo que va del año se agruparon en cuatro emisiones por los adelantos que se pagaron debido a la pandemia por el COVID-19.

Recordaron que uUn pago fue el del bimestre enero-febrero por dos mil 620 pesos; el segundo pago fue por cinco mil 240 pesos correspondientes a los bimestres marzo-abril y mayo-junio, mientras que el tercer pago fue también por cinco mil 240 pesos de los bimestres julio-agosto y septiembre-octubre. Con el pago que empieza mañana, cada beneficiario habrá recibido 15 mil 720 pesos.

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gusto de Hoyos, celebró la reforma al sistema de pensiones que presentó esta mañana el gobierno federal, la cual dijo, fue una iniciativa construida por las organizaciones de trabajadores y empleadores.

“Celebramos el consenso de trabajadores, gobierno y patrones, para reformar el sistema pensionario de México, un tema prioritario en la agenda nacional pues tiene que ver con el futuro de los trabajadores, con su vejez y su acceso a un retiro digno”, indicó la Coparmex.

Afirmó que durante varios meses se trabajó de cerca con los distintos organismos empresariales que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a fin de concretar un consenso en el sector privado que pudiera ser respaldado también por el sector obrero y por el gobierno Federal.

En ese sentido, hizo un reconocimiento especial a la apertura al diálogo que mostró el gobierno, y que permitió concretar el acuerdo que se plasmó en el proyecto de reforma.

“En el Sector Empresarial estamos convencidos de que uno de los principales patrimonios que tienen los trabajadores es su fondo de ahorro para el retiro, por ello la importancia de que lo fortalezcamos y lo cuidemos, todos”, precisó la Confederación.

Gustavo de Hoyos indicó que la nueva reforma al sistema de pensiones tiene como meta garantizar 4 principios básicos: que llegue a más mexicanos (alcance); que la pensión sea suficientemente parecida al último ingreso (suficiencia); que el sistema cuente con el recurso reservado y listo para destinarlo (solvencia); y que reconozca a todos los trabajadores con una vejez digna (justicia).

En ese sentido se pronunció Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, quien al participar en la conferencia del presidente López Obrador dijo que pensar en México, es pensar en sus trabajadores.

Afirmó que la reforma al sistema de pensiones es “verdaderamente trascendente”, pues se va a beneficiar a más de 20 millones de mexicanos.

Añadió que con la reforma propuesta, se permitirá aumentar los ahorros de los trabajadores mexicanos significativamente, y hará que México esté dentro los estándares internacionales. “Esta es una muestra clara del compromiso y de la dimensión social de los empresario”, dijo el dirigente empresarial.

El gobierno federal presentó esta mañana el proyecto de reforma al sistema de pensiones, con el que pretende aumentar en un 40% la prestación que recibirán los trabajadores al jubilarse, además de que reduciánr las semanas de cotización necesarias para obtener el retiro.

La propuesta, que debe ser aprobada por el Congreso, busca que la contraprestación que reciba el empleado se acerque “muchísimo” al último salario que recibió y fija un incremento en lo que deben aportar las empresas, explicó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

“Se va a elevar la tasa de reemplazo de los trabajadores en un promedio de 40 por ciento y los trabajadores que menos recibían, que tenían hasta cinco salarios mínimos, van a aumentar de un 31 por ciento a un 54 por ciento su tasa de reemplazo”, dijo el titular de Hacienda.

Otro de los cambios que habrá con al reforma, es el ajuste al límite inicial para recibir una pensión, pasando de 25 a 15 años. Es decir, reducir las semanas de cotización de 1,250 a 750.

El funcionario recordó que actualmente las pensiones se componen de la aportación de: los trabajadores, los empresarios y el gobierno federal.

En ese sentido, Arturo Herrera detalló que la forma en la que se va a obtener el incremento, es mediante un aumento en la aportación total de 6.5% al 15%, “la cual se va a elevar por un incremento paulatino de la aportación de los patrones de 5.15 por ciento hasta 13.87 por ciento. En un periodo de ocho años, los trabajadores van a incrementar en 2.7 veces lo que ellos aportan para el retiro de los trabajadores”.

En el acto estuvieron presentes también el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Aceves, y los presidentes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de las cámaras de Diputados, Mario Delgado, y Senadores, Ricardo Monreal.

Se señaló que también se busca bajar las comisiones que cobran las principales administradoras de fondos de pensiones.

El presidente López Obrador advirtió que si la actual reforma de pensiones no se corrige, los trabajadores recibirán menos de la mitad de su salario, lo cual se seguiría “agravando con el tiempo”.

Cargador Cargando...
Logotipo de EAD ¿Tarda demasiado?

Recargar Recargar el documento
| Abrir Abrir en una nueva pestaña

En sesión extraordinaria, el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ratificó por unanimidad el criterio que aplica el Instituto para determinar como límite superior de cotización 25 salarios mínimos para el pago de las pensiones, al amparo de la Ley del Seguro Social vigente al 30 de junio de 1997.

Ello, derivado de la Jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), publicada el viernes 24 de enero en el Semanario Judicial de la Federación, que fija en 10 salarios mínimos la base para cuantificar las pensiones.

Durante la sesión del órgano de dirección tripartita del Seguro Social, el Director Jurídico del IMSS, Antonio Pérez Fonticoba, presentó el proyecto que establece que las direcciones de Incorporación y Recaudación; de Prestaciones Económicas y Sociales; y Administración, llevarán a cabo las acciones normativas y administrativas necesarias para el cumplimiento de este acuerdo.

También se pidió a las direcciones normativas del Instituto Mexicano del Seguro Social que brinden el apoyo necesario para el cumplimiento de los objetivos de este criterio.

Recordemos que el pasado martes, el director General del IMSS, Zoé Robledo, explicó que aunque la Segunda Sala de la SCJN haya dado una resolución en la que determina el tope de 10 salarios mínimos para la pensión de trabajadores, solo aplicaría en el caso específico del amparo y sentencia que se resolvió en la Corte.

Incluso durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el titular del Seguro Social aseguró que “nadie corre riesgo en el monto de su pensión, no se rasura nada como ayer encabezó un medio, no hay recálculo, no hay disminución”.

Robledo dijo que el IMSS seguirá calculando las pensiones de las personas que están en el modelo de transición entre las leyes de 1973 y de 1997 en 25 salarios mínimos como se ha hecho durante los últimos años.

En medio de la controversia generada por el supuesto recorte de 25 a 10 salarios mínimos para la pensión de la llamada “generación de transición”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclaró que la jurisprudencia de la Segunda Sala es una reiteración de un criterio establecido desde 2010.

“No se trata de un criterio novedoso”, subrayó el máximo tribunal del país al tiempo que aclaró que su resolución de ninguna manera modifica las políticas públicas que decida tomar e implementar el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en materia de pensiones por jubilación.

En un comunicado, explicó que la jurisprudencia de la Segunda Sala en relación a las pensiones del IMSS correspondientes a los trabajadores sujetos al régimen de transición (de aquellos que entraron a trabajar antes de 1997), es reiteración de un criterio emitido desde el año 2010.

Derivado de dicha jurisprudencia, con base en la Ley del Seguro Social anterior y en la actualmente vigente, la Suprema Corte determinó que aquellos trabajadores que entraron a trabajar antes de 1997 deben decidir el régimen de pensión al cual van a sujetarse, al de la ley de 1973 o bien al de la nueva ley de 1997.

Detalló que de esa forma y de acuerdo con la ley en la materia, el trabajador podrá tener como opciones: acogerse al régimen de la ley de 1973, con lo que el tope aplicable es el de 10 veces el salario mínimo a su pensión que obtiene de manera vitalicia.

O podrá optar por el régimen de la ley de 1997, actualmente vigente, con lo que el tope aplicable es de 25 veces el salario mínimo a su pensión, hasta el límite de lo ahorrado en su cuenta individual, es decir, de lo acumulado en su Afore.

De lo anterior se desprende que la Suprema Corte, respetando la decisión tomada por el trabajador al momento de jubilarse, detalló las consecuencias que ya se encontraban contenidas en la ley correspondiente.

Ello sin que de manera alguna modifique las políticas públicas que decida tomar e implementar el Seguro Social en materia de pensiones por jubilación.

Al respecto, el director general del IMSS, Zoé Robledo, afirmó que la controversia de tesis que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el recálculo en las pensiones no es una sentencia para las instituciones de seguridad social, sino “un criterio para los juzgados y los tribunales colegiados de menor jerarquía”.

Durante la conferencia matutina que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el titular del Seguro Social aseguró que “nadie corre riesgo en el monto de su pensión, no se rasura nada como ayer encabezó un medio, no hay recálculo, no hay disminución”.

Robledo dijo que el IMSS seguirá calculando las pensiones de las personas que están en el modelo de transición entre las leyes de 1973 y de 1997 en 25 salarios mínimos como se ha hecho durante los últimos años.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró urgente replantear el sistema de pensiones y llevar a cabo una reforma, pues solo 25% de la generación de las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afore) alcanzará una pensión y ello equivale al 4.0% de la población.

Al señalar que sería irresponsable no actuar ante “la dimensión y gravedad del problema, la Confederación expone que el sistema vigente desde 1997 es adecuado, pero invitó a reconocer los problemas que hay en la materia y no postergar las acciones para evitar un colapso.

La Coparmex señaló respecto a la tasa de reemplazo en México, que se refiere al monto que se recibe de pensión como porcentaje del último sueldo, se encuentra entre 20 y 30 por ciento y es “la más baja entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Indicó que las cifras que se tienen reflejan el poco ahorro para el retiro que realizan los mexicanos; en ese sentido se recordó que la tasa de aportaciones en nuestro país es apenas de 6.5% del salario, mientras que el estándar internacional es entre dos y tres veces mayor.

La Coparmex estimó que sólo 25% de la “generación Afore, aquellos que cotizaron a partir de 1997, logrará cumplir el total de semanas para alcanzar una pensión mínima garantizada; es decir, apenas 4.0% de la población mexicana, además de que se debe considerar que el dinero que reciben los pensionados no es suficiente para solventar una vejez digna.

La Confederación indicó que el sistema de pensiones actual es costoso y representa fuertes presiones para las finanzas públicas, pues el gasto público total en pensiones para 2020 asciende a un billón de pesos, lo que representa un incremento de 6.0% con respecto a 2019.

Ante tal panorama, hizo un llamado a implementar una reforma de fondo, primero para que todos los mexicanos accedan al sistema de pensiones, aun los independientes, y que se garantice un ingreso suficiente, lo que implicará una mayor tasa de aportación por parte del trabajador, el patrón y el gobierno.

Propone además asegurarse de que el gobierno asigne recursos suficientes para cumplir con las obligaciones pensionarias. Finalmente dijo, se requiere por “justicia reconocer a todos los trabajadores, quienes en el día a día construyen el país con una vejez digna, añadió.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) garantizó a las y los trabajadores que sus ahorros estarán protegidos ante cualquier circunstancia, al tiempo que se comprometió a revisar el comportamiento de las pensiones y los rendimientos para que al momento de la jubilación reciban lo justo.

“Vamos, desde la Secretaría de Hacienda, a llevar a cabo una revisión de todo lo que tiene que ver con las pensiones, rendimientos y montos de jubilación para los trabajadores, qué han significado las Afores en todo este periodo y qué se puede hacer racionalmente en el marco de la ley”, indicó AMLO esta mañana en su conferencia de prensa matutina.

Señaló que aunque todavía no se inicia el estudio, es algo que tienen en la agenda.

López Obrador recordó que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) puso en marcha un programa para que los beneficiarios reestructuren sus créditos de vivienda.

“Se ha ido avanzando mucho y se ha ayudado a muchas familias”, indicó AMLO.

Agregó que los derechohabientes que han pagado el 90% de un crédito, acceden a la condonación del 10% restante de su deuda para recibir sus escrituras; “miles se están beneficiando con esta acción”.

Sostuvo que ya no se desaloja a familias que presentan adeudos a través de despachos de abogados que compraban carteras vencidas y revendían las casas y departamentos.

Luego del inicio de funciones del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el jefe del Ejecutivo hizo un nuevo llamado a los mexicanos para ayudar a erradicar la corrupción en el sector salud a partir de la denuncia de actos ilícitos.

“Entraban las medicinas a los almacenes y esa medicina luego aparecía hasta con la marca del ISSSTE en las farmacias. ¿Cómo controlamos esto? Con la gente, con los trabajadores; que nos ayuden, que desterremos la corrupción. Si no, va a costar más trabajo. No quiere decir que no se va a poder, pero si tenemos el apoyo de la gente, avanzamos más”, subrayó.