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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró este lunes que sí existe un acuerdo espacial entre MÉXICO y Rusia, el cual fue firmado desde septiembre del año pasado, aunque negó que este involucre acciones de espionaje.

“Se está haciendo un escándalo porque se habla que México está permitiendo que satélites rusos puedan ser utilizados para el espacio aéreo mexicano y América del norte. Lo cierto es que estos acuerdos se firman con todos los países y no tienen el propósito de espiar a nadie ni de afectar la soberanía de esta nación”, dijo AMLO.

López Obrador se refirió a los señalamientos que se hicieron respecto a la existencia de un documento publicado en el portal oficial de información legal del gobierno ruso, en donde el presidente Vladímir Putin ratificó el acuerdo intergubernamental entre Rusia y México sobre la cooperación en la investigación del espacio con fines pacíficos.

Según la información, el acuerdo prevé, en particular, la instalación de sistemas rusos Glonass y un sistema óptico electrónico de prevención de situaciones peligrosas espaciales en México.

Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó el fin de semana que si bien el acuerdo sí existe, este todavía no ha entrado en vigor y rechazó que se contemple la instalación de sistemas rusos de prevención de situaciones peligrosas espaciales en el país.

Además apuntó que este acuerdo se suma a otros suscritos con otras agencias espaciales de países como Argentina, Estados Unidos, Hungría, Italia, Ucrania y Venezuela, además de que están en proceso de negociación acuerdos con Japón, China y la Agencia Espacial Europea.

Así, López Obrador reiteró que México es neutral ante la guerra entre Rusia y Ucrania e incluso recordó que ha mandado una propuesta de paz a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el pasado mes de septiembre.

“A nosotros que no nos metan en sus asuntos México tiene una política de neutralidad y lo que queremos es una solución pacífica a esa controversia como lo establece nuestra constitución”, apuntó.

Según el mandatario, tras las próximas elecciones de Estados Unidos, la situación bélica entre Rusia y Ucrania mejorará.

“Yo creo que las cosas van a mejorar mucho una vez que pasen las elecciones en Estados Unidos, tengo esa confianza (…) ojalá y no escalen las agresiones y luego se serenen las cosas y se llegue a la paz”, remató.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desestimó que el supuesto acuerdo entre el gobernador de Zacatecas y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para que agencias de aquel país apoyen en la seguridad estatal sea válido pues la Constitución lo prohíbe.

“De acuerdo a la constitución la política exterior corresponde al Ejecutivo Federal, el titular del ejecutivo, de acuerdo al artículo 89, es el responsable de la política exterior y representa al Estado mexicano. Pero también en la constitución está expresamente prohibido que los gobiernos estatales suscriban convenios con gobiernos extranjeros”, sostuvo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Y es que la semana pasada, Salazar visitó Zacatecas, una de las entidades que se encuentran en la lista de alerta de viaje por la inseguridad, donde suscribió un acuerdo con el gobierno local de cooperación para combatir a las organizaciones del crimen organizado.

De acuerdo con lo firmado, se tiene prevista la actuación de diversas agencias de Estados Unidos como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID.

Según el embajador, con dicho pacto, las agencias estadounidenses donarían a Zacatecas equipo y software para indagar a cárteles como el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, así como capacitación de policías, funcionarios locales de las áreas de seguridad pública y personal de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

Recientemente, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para seis estados en los que se incrementó la violencia: Zacatecas, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.

Sin embargo, López Obrador dijo este lunes que ese acuerdo solo fue de palabra “no se suscribió, no está aceptado por las partes, no es un hecho”, enfatizó.

Pese a esta situación que ahora minimiza, el mandatario aseguró que existe confianza en el embajador Ken Salazar, además de que insistió en que hay una buena relación con el gobierno del presidente Joe Biden.

“Es que es muy claro, pero le tenemos confianza a Ken Salazar que está visitando los estados y hay buena relación con el gobierno de Estados Unidos”, remató.

Hasta el momento el gobernador de Zacatecas, David Monreal, no se ha pronunciado respecto a las declaraciones de esta mañana del presidente.

En el último mensaje del gobernador al respecto, agradecía al embajador Ken Salazar y su equipo de trabajo por la voluntad de colaborar “con respeto a la soberanía y autonomía de cada gobierno”.

“Será por el bien de Zacatecas. Compartimos la causa y compromiso de sacar adelante a nuestros pueblos”, indicó.

Los accionistas de Twitter aprobaron este martes la oferta de Elon Musk para comprar la red social por 44,000 millones de dólares, incluso mientras el multimillonario intenta romper el acuerdo, informó la compañía.

La votación se produjo en una junta de accionistas que duró unos minutos y en la que la mayoría de los votos se emitieron a distancia.

Recordemos que Twitter acudió a los tribunales para obligar que Musk cumpla su compromiso de adquirir la empresa. El inicio del juicio está programado para que de inicio el próximo mes.

Y mientras los accionistas aprobaron la oferta de compra, el exjefe de seguridad de la compañía, Peiter “Mudge” Zatko, compareció ante el Senado de Estados Unidos, en donde reiteró sus señalamientos de que Twitter es incapaz de proteger los datos de sus usuarios porque muchos trabajadores tienen acceso a esa información y no rastrea adecuadamente la posible infiltración de agentes extranjeros.

“Los fallos de seguridad de Twitter amenazan la seguridad nacional, comprometen la privacidad y la seguridad de los usuarios y, en ocasiones, amenazan el futuro de la empresa”, dijo Zatko durante su comparecencia ante el Comité Judicial de la Cámara Baja.

El exejecutivo, que trabajó para la red social desde noviembre de 2020 y hasta su despido en enero pasado, aseguró que avisó en reiteradas ocasiones a la dirección sobre los problemas de ciberseguridad, pero la empresa “rechazó hacer los cambios necesarios para crear una plataforma más segura”.

Las revelaciones de Zatko han sido utilizadas por Musk para justificar su decisión de cancelar la compra de la red social.

Twitter rechazó las acusaciones de su exjefe de seguridad, asegurando que son parte de una “falsa narrativa” contra la empresa y que están plagadas de “inconsistencias e imprecisiones”. Además, afirmó que Zatko fue despedido por “un liderazgo poco efectivo y “un desempeño pobre” en sus tareas.

Durante su comparecencia, el exdirectivo afirmó que la empresa “desconoce cuánta información tiene, dónde la tiene y de dónde viene, por lo que no puede protegerla”. Según un estudio interno citado por Zatko, la compañía solo sabe para qué utiliza el 20% de la información que recolecta de los usuarios, como correos, números de teléfono o geolocalización.

Zatko opinó que esta gestión insegura de la información supone un “riesgo” para la seguridad nacional y la democracia estadounidense, además de acusar a la empresa de “engañar deliberadamente” a las agencias reguladoras para esconder sus problemas.

Uno de los asuntos que llamó más la atención de los legisladores, fue el de la supuesta infiltración de agentes extranjeros de China o de la India dentro de la compañía.

Zatko aseguró que Twitter no tiene los mecanismos para identificar a los agentes extranjeros que se infiltran en la empresa, y que solo los descubre cuando lo alerta una agencia externa.

El director general de Twitter, Parag Agrawal, fue citado ante el Comité del Senado pero descartó su comparecencia para no comprometer el proceso judicial que tiene abierto la empresa con Elon Musk.

La legendaria ajedrecista georgiana Nona Gaprindashvili, cinco veces campeona mundial, cerró hoy un acuerdo por 5 millones de dólares con Netflix tras demandar a la plataforma por considerar que la miniserie “Gambito de Dama” contiene “información falsa”.

“Se cerró un acuerdo para retirar la demanda cuyos detalles son confidenciales”, declaró la firma BLB a la agencia Efe, representante legal de la octogenaria ajedrecista.

“La campeona mundial está satisfecha con el desenlace de la causa”, añadió el representante legal de Gaprindahsvili, al señalar que este proceso devino en otra partida ajedrecística legendaria más.

Gaprindashvili demandó a Netflix en septiembre el año pasado ante un tribunal de California, al señalar que en la miniserie, “dicen sobre ella que nunca jugó contra hombres y también la llaman ajedrecista rusa”.

Se indicó que estas afirmaciones no corresponde con la realidad, ya que en 1968, época en la que transcurre la acción de la miniserie, Gaprindashvili compitió contra casi 60 hombres, incluidos 10 grandes maestros.

“Siempre vale la pena luchar”, indicó el representante de la compañía jurídica. Según medios estadounidenses, Netflix expresó su satisfacción con la solución de este asunto.

En un principio, BLB propuso a la compañía estadounidense cambiar el capítulo de la serie y ofrecer disculpas a la ajedrecista. Ante la negativa de Neflix, Gaprindashvili interpuso una demanda legal contra la compañía.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer esta mañana que emitirá un acuerdo para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), saltándose así, gracias a las facultades que tiene, el camino legislativo que dicha adscripción requiere.

“Por acuerdo de la Presidencia, pasa la seguridad, que tiene que ver con la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Sedena, pero voy a emitir un acuerdo para que, ya por completo, la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma”, dijo López Obrador.

Rápidamente el presidente fue cuestionado sobre si dicho acuerdo no sería “brincarse al Legislativo” en un proceso que él mismo había planteado, que era enviar la iniciativa al Congreso.

Sí”, respondió el mandatario, aunque dijo que la iniciativa para la Reforma Constitucional si se presentaría, aunque lo que se busca era la forma de que se pudiera hacer en lo administrativo, pues si la reforma no pasa, por el rechazo de la oposición, se garantizaría que de todas maneras el cambio quede.

“Por si no pasa, de todas maneras, va a quedar así. Lo que quiero es que quede establecido constitucionalmente para que no le den marcha atrás”, explicó”, subrayó López Obrador. Defendió que el gobierno federal utilizará todos los recursos legales a fin de garantizar la operatividad de la Guardia Nacional en las acciones de seguridad y pacificación del país a largo plazo.

Añadió que su administración se enfoca en dar resultados positivos a la población en materia de seguridad, a pesar de los obstáculos de la oposición en el Congreso de la Unión. 

“Si no violo la Constitución, que no lo voy a hacer nunca, no hay ningún problema, pero tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar. (…) Tengo que entregar buenas cuentas al pueblo y tengo un bloque opositor que no ayuda en nada, (…) todo lo que beneficia al pueblo, lo rechazan”, apuntó. 

Recordó que la Guardia Nacional tiene más de 110 mil efectivos en campo, “todos formados, capacitados, distribuidos en el territorio”, e incluso señaló que hay estados de la República en donde son más los elementos de la Guardia Nacional que están cuidando al pueblo que los policías estatales y municipales.

Adicional, con el objetivo de acelerar los procesos de liberación, el jefe del Ejecutivo propuso reestructurar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para atender a la brevedad este asunto de justicia. Instruyó a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, revisar los casos de personas inocentes que están en prisión de forma injustificada.

Las acciones de Twitter comenzaron la sesión de este lunes con una caída de más del 7% después de que Elon Musk confirmase su intención de rescindir el acuerdo de compra de la red social al considerar que la compañía incumplió sus obligaciones, incluida la de informar sobre el número de cuentas falsas.

Las acciones de Twitter se hundían un 7.4%, hasta los 34.09 dólares, su precio más bajo desde mediados de marzo y muy lejos de los 54.20 dólares que contemplaba la propuesta de Musk.

De hecho, el precio de las acciones de la red social solo ha cotizado por encima del umbral de la oferta un día después de que el magnate confirmara a principios de abril que había adquirido un 9.2% de Twitter, y ni siquiera tras lanzar su oferta a mediados de abril las acciones de la compañía alcanzaron el precio contemplado en una potencial adquisición.

En una carta compartida por el equipo legal del multimillonario, Musk comunicó el pasado viernes a Twitter su intención de detener la compra de la red social, argumentando que en reiteradas ocasiones  solicitó formalmente información relacionada sobre el número de cuentas falsas que se encuentran en la plataforma, así como la manera de Twitter de auditar y suspender las mismas.

Musk llevaba semanas cuestionando públicamente las cifras de ‘bots’ de Twitter, lo que muchos analistas vieron como un intento de hacer caer el precio de las acciones del gigante tecnológico.

A mediados de mayo, el magnate ya había anunciado una suspensión temporal del proceso de compra, pactada a finales del pasado mes de abril por cerca de 44,000 millones de dólares, a la espera de detalles que respaldaran el cálculo de la compañía de que las cuentas falsas/spam representan menos del 5% de los usuarios.

Posteriormente, mediante una carta remitida a principios de junio por los abogados de Musk a la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos, el equipo legal del multimillonario consideraba la posición de Twitter un “incumplimiento sustancial” de sus obligaciones en virtud del acuerdo de fusión, por lo que advertían de que Elon Musk “se reserva todos los derechos resultantes, incluido su derecho a no consumar la transacción y su derecho a rescindir el acuerdo de fusión”.

Tan pronto se supo de las nuevas intenciones de Musk el viernes pasado, Twitter anunció su intención de iniciar acciones legales para hacer cumplir a Musk el acuerdo de compra.

“La Junta de Twitter se compromete a cerrar la transacción con el precio y los términos acordados con Musk y planea iniciar acciones legales para hacer cumplir el acuerdo de fusión. Confiamos en que prevaleceremos en el Tribunal de Cancillería de Delaware”, indicó el presidente del consejo de administración de Twitter, Bret Taylor.

Recordemos que en este acuerdo de compra, Musk y Twitter acordaron una penalización de 1,000 millones de dólares a pagar por cualquier parte que se retirara del acuerdo, aunque analistas han señalado que Twitter parece querer forzar la compra en los términos acordados, lo cual podría complicar las cosas para el magnatesudafricano.

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan amenazó de nuevo con bloquear la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, menos de 48 horas después del acuerdo entre los tres países.

Desde mediados de mayo, Ankara bloquea el proceso de ampliación a ambos países acusándolos de proteger a combatientes kurdos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y de las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), que clasifica entre los movimientos terroristas.

El martes por la noche, los gobiernos de Turquía, Suecia y Finlandia firmaron un memorando de entendimiento que abre el acceso de las dos naciones a la Alianza Atlántica.

Sin embargo este jueves, el presidente turco habló por primera vez desde la firma sorpresa, y estableció sus condiciones. “Si cumplen con su deber, presentaremos (el memorándum) al Parlamento” para su aprobación. “Si no lo hacen, es imposible para nosotros enviarlo al Parlamento”, advirtió.

Erdogan se refirió a una “promesa hecha por Suecia” relativa a la extradición de “73 terroristas”.

“Los devolverán, lo prometieron. Está en los documentos escritos. Cumplirán su promesa”, añadió el líder turco sin más detalles.

También instó a Finlandia y Suecia a “completar sus leyes” sobre la presencia en su territorio de miembros del PKK y de los YPG, que operan en las fronteras de Turquía en el norte de Irak y Siria. “Lo importante es que se cumplan las promesas hechas a Turquía”, insistió.

Yes que según el memorándum firmado el martes, Turquía levanta su veto a la adhesión de los dos países nórdicos a la OTAN a cambio de su cooperación contra los miembros de los movimientos kurdos afectados. Al día siguiente, Ankara exigió a Suecia y Finlandia la extradición de 33 “terroristas”.

Ante la polémica que se ha desatado a raíz del anuncio de la contratación de 500 médicos cubanos, como parte de un acuerdo que el gobierno de México firmó con el de la Isla, la administración de López Obrador dio a conocer los detalles de dicho entendimiento.

La Secretaría de Salud indicó que fue el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y su homólogo de Cuba, José Ángel Portal Miranda, quienes el 8 de mayo firmaron el Acuerdo de cooperación entre la Secretaría de Salud de México y el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba en el campo de la Salud, que tiene como objetivo establecer el marco jurídico de referencia mediante el cual ambas dependencias desarrollarán actividades de cooperación técnica, científica y académica.

El documento establece que ambas dependencias podrán enviar especialistas para prestar sus servicios en prevención, salud pública, atención y telementoría en unidades o instituciones de salud, y podrán proponer y poner a disposición espacios anuales para la formación de especialistas médicos.

Ambas naciones también sostendrán acuerdos en materia de medicinas y vacunas; investigación científica y cualquier otra área que acuerden por escrito.

Sobre las medicinas y vacunas, el documento precisa que conforme a sus necesidades y de acuerdo con los procedimientos jurídicos correspondientes, ambos países podrán adquirir medicamentos, vacunas y toda clase de equipo médico de manufactura.

En cuanto a investigación científica, refiere que las dos naciones constituirán un comité técnico-regulatorio para desarrollar acciones conjuntas.

Como parte del acuerdo, se detalla que se analiza la viabilidad de desarrollar un programa integral de atención a pacientes diabéticos, cuyas especificaciones se detallarán en el proyecto específico de cooperación correspondiente.

El acuerdo incluye una clausula que señala que la información que intercambien ambas naciones en el marco del acuerdo no podrá ser publicada o transferida sin la previa autorización por escrito, de quien la proporcionó.

Y aunque se habla de apartados específicos de financiamiento, solución de controversias, entre otras, estas no fueron reveladas. Finalmente se precisa que el acuerdo entró en vigor a partir de la fecha de su firma y tiene vigencia de dos años, aunque podrá modificarse por mutuo consentimiento o podrá darse por terminado en cualquier momento.

Una ruptura en un pacto entre el gobierno de El Salvador y la Mara Salvatrucha (MS13) habría desencadenado la ola de asesinatos a finales de marzo, que llevó al Congreso a declarar un régimen de excepción, según una investigación publicada por El Faro.

El medio reporta que entre el 25 y el 27 de marzo fueron asesinadas 87 personas en El Salvador y el día 26 se colocó como el más sangriento de la historia reciente salvadoreña con 62 homicidios. Según información de supuestos portavoces de la pandilla, se estableció una relación entre los asesinatos y el “pacto que mantenían desde hace al menos dos años y medio”.

De acuerdo con El Faro, la escalda de asesinatos se dio tras la captura de miembros de la pandilla que eran trasladados en un vehículo gubernamental.

Además publicó una serie de grabaciones que supuestamente fueron hechas a Carlos Marroquín, funcionario del gobierno de Bukele y quien fue sancionado por Estados Unidos bajo acusaciones de corrupción y de negociar con las pandillas.

“El Faro tiene en su poder una serie de grabaciones en las que se escucha a Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social y uno de los negociadores con las pandillas en representación del Ejecutivo, confesar a sus contrapartes en la MS13 sus esfuerzos personales por mantener vigente el acuerdo durante el repunte de homicidios”, añadió.

El texto consigna que en las grabaciones, el funcionario culpa de lo sucedido al ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, al que califica de “loco ministro”, y dice estar trasladando al presidente Bukele los mensajes de las pandillas.

“En cuatro de los siete archivos de audio, Marroquín hace alusión a Bukele y de lo dicho se infiere que el presidente estuvo todo el tiempo al tanto de las conversaciones de Marroquín con voceros de la Mara Salvatrucha. El director de Tejido Social incluso ofreció a un pandillero capturas de pantalla de sus conversaciones con el mandatario”, agregó El Faro.

Indicó que “ha verificado la autenticidad de los audios mediante un peritaje técnico, en el que se compara, a través de tres software, dos de audio forense y uno de uso comercial, la voz de Marroquín en algunas de sus intervenciones públicas con la voz que se escucha en las grabaciones”.

En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Marroquín y el director de Centros Penales, Osiris Luna, por las “negociaciones secretas” entre el Gobierno y la MS13.

En un comunicado, EUA señaló que Luna y Marroquín “dirigieron, facilitaron y organizaron” una serie de encuentros con líderes de la pandilla encarcelados, como parte de los esfuerzos del gobierno salvadoreño para negociar “una tregua secreta” con los jefes de la MS13.

Bajo el régimen de excepción, que cumplió su primer plazo de 30 días y fue ampliado por un período igual, se han detenido a más de 30,000 personas, de acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC).

Se aplazó este lunes la audiencia que se tenía programada para hoy en el proceso que se le sigue al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por lo que en las próximas semanas se conocerá si se logró un acuerdo reparatorio, según informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“La defensa solicitó el diferimiento de la audiencia intermedia, lo cual se acordó favorable, puesto que las partes tienen la intención de celebrar un acuerdo reparatorio”, informó el CJF en un breve comunicado a los medios.

El órgano judicial agregó que las partes manifestaron que van a comenzar a llevar a cabo pláticas para delimitar y concretar el acuerdo reparatorio, el cual se estime pueda tarde en concretarse “un par de semanas”.

El CJF indicó que estuvieron presentes los padres y el representante de una inmobiliaria para fungir como garantes de dicho acuerdo reparatorio.

Según informaron medios locales, hubo un inconformidad por parte de Pemex que impidió que este mismo lunes se cerrara el acuerdo reparatorio que se había planteado.

Al aplazar la audiencia, se descarta que Lozoya salga en las próximas horas del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde permanece desde el año pasado.

Recordemos que Lozoya tiene dos cargos abiertos por corrupción. El primero es sobre la compra-venta de la planta de Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.

Y también está en prisión preventiva por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht durante la campaña y la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Según informó el diario Reforma, Lozoya, extraditado a comienzos de 2020 desde España, habría llegado a un acuerdo para pagar una fuerte suma de dinero a cambio de su libertad, así como a entregar al menos cinco inmuebles que tiene en propiedad.

El trabajo firmado por Abel Barajas, colaborador del diario, señala que Pemex aceptó desde el mes pasado la oferta de Lozoya equivalente a 10.7 millones de dólares, que equivalen a más de 220 millones de pesos, para reparar los daños en los dos casos por los que es procesado el exfuncionario.

Al respecto, esta mañana, durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió que se analice el supuesto acuerdo al que habría llegado el funcionario federal con Pemex, y al cual se estaría dando seguimiento la Fiscalía General de la República (FGR). Pidió un monto “justo”.

Aunque dijo que no conocía los detalles de dicha negociación, agregó estar de acuerdo en que haya una reparación del daño y señaló que habrá que ver qué está planteando Pemex. “La fiscalía podría aceptar la reparación del daño y estamos de acuerdo con eso porque significa devolverle al pueblo lo robado”, dijo. Añadió que importa la reparación del daño, siempre y cuando sea justa.

Un juez determinó que la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, no cumplió con la disculpa pública a la que se comprometió con los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que la acusaban de los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.

El representante de la Fiscalía local solicitó al Juez que se revoque el acuerdo reparatorio y se reinicie el procedimiento penal contra Sandra Cuevas.

Sin embargo, el juez determino que la audiencia donde se definirá el futuro del proceso de la alcaldesa se aplazaría para el próximo jueves, a las 9:00 horas, en el reclusorio norte.

Los representantes del Ministerio Público explicó que la disculpa debe entender como un reconocimiento formal y público de los hechos de los que se le acusan, por lo que las declaraciones de Cuevas no correspondían a esto. Además, indicaron que la supuesta disculpa no se realizó en presencia de las víctimas, ni se mencionaron sus nombres o datos que los identificaran.

Incluso acusaron que Sandra Cuevas cuestionó y revictimizó a los policías, quienes dijeron sentirse burlados, menospreciados y humillados.

Recordemos que incluso la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, había denunciado que la disculpa que ofreció Cuevas era digna de una justicia “chapucera”.

Durante la audiencia, que duró poco más de dos horas, la Fiscalía capitalina argumentó que Sandra Cuevas incumplió, además de los términos de la disculpa pública, en no realizar manifestaciones relacionadas con el hecho, pues se reportó que aceptó entrevistas radiofónicas.

En la audiencia del próximo jueves 31 de marzo, ambas partes buscarán llegar a un consenso respecto a la suspensión condicional del proceso.

El periodista Víctor Hugo Michel de Milenio informó en redes sociales que Cuevas habría estallado en contra de si equipo legal, quien durante la audiencia no rechazó las acusaciones del Ministerio Público, y se limitó a decir que no se había especificado los alcances de la disculpa.

Michel asegura que pese a que ya se había alcanzado el acuerdo, tiene planes de rechazarlo e irse a juicio.

A su salida de los juzgados, la alcaldesa se limitó a decir que no podía hablar del tema, aunque señaló que sigue confiando en las instituciones, además de que confirmó que seguía siendo titular de la demarcación, donde tiene “mucho trabajo”.

El presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, juró hoy ante el Parlamento su reelección en el cargo por otros siete años, debido a la falta de acuerdo de los partidos políticos para encontrarle a un sucesor la semana pasada.

“Juro ser leal a la República y observar lealmente su Constitución”, proclamó Mattarella entre aplausos en la Cámara de los Diputados, que congregó a los más de mil “grandes electores” que participaron en la votación para su reelección, todos sometidos a pruebas contra el COVID-19.

La reelección de Mattarella, de 80 años de edad, se hizo necesaria el pasado sábado, aunque en distintas ocasiones había manifestado su deseo de ir a “descansar”; sin embargo, los partidos políticos fueron incapaces de ponerse de acuerdo para consensuar a un nuevo jefe de Estado.

Mattarella aseguró que aceptó el cargo para evitar cualquier incertidumbre que pusiera en riesgo la recuperación del país ante la crisis de la pandemia, aunque consideró que fue una semana complicada: “También para mi”, sostuvo ante el plenario.

“Mi pensamiento va a todas y todos los italianos de cualquier edad, religión u orientación política, y en particular a los más vulnerables, que esperan de las instituciones garantías de derecho y ayuda a su malestar”, instó entre continuos aplausos.

Esas “expectativas”, subrayó, se habrían visto fuertemente amenazadas por un escenario de incertidumbre política y tensión y habrían puesto en riesgo las perspectivas de impulso del país, comprometido a salir de una condición de gran dificultad. “Esa es la razón de mi ‘sí’ y estará en el centro de mi labor como presidente de nuestra República en este nuevo mandato”, añadió.

En el plano internacional, Mattarella volvió a defender el proyecto de la Unión Europea, aunque pidió que no “huya de sus retos”, como la paz en la zona del Mediterráneo, y animó a “no aceptar” que se alce de nuevo el viento del desencuentro en un continente como Europa, “que ha conocido tantas tragedias”.

El jefe del Estado italiano elogió también al primer ministro, Mario Draghi, a quien encargó el gobierno del país hace un año para hacer frente a la pandemia y que está apoyado por todos los partidos del Parlamento excepto por los ultras de Hermanos de Italia.

Argentina llegó a un nuevo acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que aliviará la carga de pagos por casi 45,000 millones de dólares que debía encarar entre 2022 y 2023, informó este viernes el presidente Alberto Fernández.

“Quiero anunciarles que el gobierno de Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, dijo el presidente en un mensaje. “Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones a través de nuestro crecimiento”, señaló el mandatario.

El acuerdo alcanzado en la madrugada de hoy alivia la carga de vencimientos de deuda que se concentró sobre este año (unos 19,000 millones de dólares) y el próximo (otros 20,000 millones). Además, había otro pago previsto en 2024 por más de 4,000 millones.

“Este entendimiento prevé sostener la recuperación económica ya iniciada. Prevé que no habrá caída del gasto real y sí un aumento en la inversión de obra pública del gobierno nacional. Tampoco dispone saltos devaluatorios”, añadió Fernández.

En concreto, Argentina se comprometió a reducir su déficit fiscal a 0.9% del Producto Interno Bruto en 2024, con metas de 1.9% en 2023 y de 2.5% en 2022, informó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una rueda de prensa.
El año pasado, con un crecimiento económico de 10%, el déficit fue de 3%.

El acuerdo también prevé un crecimiento en 2022 de 5,000 millones de dólares de las reservas internacionales, que actualmente ascienden a poco más de 38,000 millones.

El gobierno de Fernández comenzó formalmente sus conversaciones con el FMI en agosto de 2020, y ahora el acuerdo debe ser ratificado por el Congreso. Recordemos que en este proceso ha intervenido el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien apenas en recientes días pidió al FMI asumir su responsabilidad en el endeudamiento de Argentina.

Representantes de la caravana migrante, que recorre México con rumbo a Estados Unidos, llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob) para regularizar a sus cerca de 500 integrantes y permitir el paso hacia el norte a quienes deseen continuar su ruta.

“Nuestras exigencias se han cumplido al 100%”, señaló Irineo Mujica, activista de Pueblos Sin Fronteras que acompaña a la caravana y quien estuvo presente en la reunión.

En declaraciones a la prensa, el subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría Gobernación, Rabindranath Salazar, indicó que ahora toca a todos cumplir el acuerdo que está “basado en la ley”.

“Ahora toca a todos hacer realidad el acuerdo de ese documento, es a lo que nos estamos comprometiendo y, en el caso de Gobernación, a ser garante de que todas las partes cumplan lo que a cada quien corresponde. Es un buen acuerdo y, sobre todo, está basado en la ley”, afirmó Salazar Solorio.

Con eso, el gobierno federal enviará una comitiva para hacer un censo en la Casa del Peregrino, en la Ciudad de México, donde se encuentran los migrantes desde que llegaron a la capital el pasado domingo.

Según los participantes, se atenderá individualmente las necesidades de cada persona y le darán prioridad a los casi 100 niños que están en el albergue.

Además, las autoridades se han comprometido a reunirse nuevamente con la caravana el 17 de enero para supervisar el cumplimiento de los acuerdos.

La caravana, en su mayoría de personas provenientes de Centroamérica y Haití, llegó a las instalaciones de Segob  después de hacer una parada en Palacio Nacional y el Senado. Los integrantes han pedido constantemente que se les otorguen residencias permanentes y que se permita el paso a quienes deseen continuar su ruta hacia Estados Unidos.

El grupo partió el pasado 23 de octubre desde Tapachula, Chiapas, frontera con Guatemala. Cuando salieron de la localidad, la caravana se contaba en miles. Sin embargo, conforme fueron pasando los días el número se fue reduciendo.

Los agentes migratorios se han acercado durante las últimas semanas para ofrecer visados humanitarios, algo que ha hecho que muchos abandonaran la ruta.

Desde su arribo a Ciudad de México, la actividad de la caravana ha sido intensa. El pasado miércoles se reunieron con la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la Suprema Corte resolvió que es válido el acuerdo que publicó su gobierno en noviembre pasado, con el que pretendía blindar los diferentes proyectos de infraestructura al clasificarlos como de seguridad nacional.

Y aunque la Corte no resolvió la validez de dicho acuerdo, el mandatario abordó por ese lado el fallo emitido ayer.

“La otra buena noticia es que la Corte también resuelve que es válido el acuerdo que emití, que di a conocer, y que solamente tengo que y tenemos como gobierno que presentar los informes para que haya transparencia”, sostuvo en su rueda de prensa diaria.

Y es que ayer, uno de los ministros de la Corte, cuya identidad no fue revelada, prohibió reservar la información relacionada con las obras prioritarias impulsadas por el gobierno federal, tales como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, entre otras.

La Corte dijo que era procedente la suspensión de los efectos y las consecuencias del acuerdo que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional.

La decisión llega luego de que se admitiera a trámite una controversia constitucional promovida por el INAI, quien señaló que tras un análisis al acuerdo se advirtió que transgredía los principios de supremacía constitucional y legalidad, toda vez que realizaba una reserva anticipada y generalizada de la información relativa a los proyectos u obras, vulnerando el derecho a saber de la sociedad.

Pese al falló, el ministro se negó a suspender el resto de los puntos del acuerdo, por lo que seguirán surtiendo efecto, salvo aquellos que tengan que ver con el acceso a la información.

Recordemos que el presidente López Obrador ha defendió el acuerdo al señalar que lo que busca es agilizar los proyectos y evitar que amparos los puedan detener; y ha negado que detrás de la medida esté la intención de ocultar información.

El acuerdo clasifica como de seguridad nacional las obras del gobierno en diversos sectores, lo que implica que, si las instancias correspondientes no autorizan los proyectos en un máximo de 5 días hábiles, se entenderá que el permiso es concedido, mediante la figura de la afirmativa ficta.

El presidente aseguró este miércoles que su gobierno cumplirá con publicar los informes de transparencia. “Siempre dijimos que iba a ser así, que no era un asunto de transparencia, no era ocultar información, sino era para poder avanzar, simplificar los trámites, entonces fueron muy buenas decisiones de la Corte”, manifestó.

Enfatizó que el acuerdo queda vigente para no detenerse por trámites, incluso trámites impuestos por las mismas dependencias de gobierno. Dijo que el acuerdo lo firmó para que “camine el elefante y que no nos detengamos”.

El mandatario criticó sus “adversarios” por acusarlo de ocultar información e incluso de preparar un golpe de Estado. “No hay ningún problema, es que últimamente están magnificando las cosas en la desesperación, todos los que se dedicaban a aplaudirle al régimen”, afirmó.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó algunos de los efectos del acuerdo publicado por el gobierno federal el pasado 22 de noviembre, con el que pretendía blindar los diferentes proyectos de infraestructura federales al clasificarlos como de seguridad nacional.

Uno de los ministros de la Corte, cuya identidad no ha sido revelada, prohibió reservar la información relacionada con las obras prioritarias impulsadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tales como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, entre otras.

“Es procedente la suspensión para que se suspendan (…) todos los efectos y las consecuencias del Acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto”, señala el fallo de la Corte.

El revés dado a las acciones del gobierno llegan luego de que se admitiera a trámite una controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), quien dijo que tras un análisis al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se advirtió que transgredía los principios de supremacía constitucional y legalidad, toda vez que realiza una reserva anticipada y generalizada de la información relativa a los proyectos u obras, vulnerando el derecho a saber de la sociedad.

Pese al falló, el ministro se negó a suspender otros puntos del acuerdo, por lo que seguirán surtiendo efectos todos los puntos salvo aquellos que tengan que ver con el acceso a la información. Hasta ahora, el INAI es el único órgano publico que ha impugnado el acuerdo ante la Corte.

El presidente López Obrador ha defendió el acuerdo al señalar que lo que busca es agilizar los proyectos y evitar que amparos los puedan detener. Ha negado que detrás de la medida esté la intención de ocultar información.

Recordemos que el acuerdo presidencial clasifica como de seguridad nacional las obras del gobierno en sectores como comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, energético, puertos, aeropuertos, y cualquier otro que se considere estratégico, lo que implica que si las dependencias correspondientes no autorizan los proyectos en un máximo de 5 días hábiles, se entenderá que el permiso, licencia o dictamen favorables ya existen, mediante la figura de la afirmativa ficta.