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Ayer, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el acuerdo sobre el techo de endeudamiento acordado previamente entre el presidente, Joe Biden, y el líder del Partido Republicano en la cámara, Kevin McCarthy.

Con 314 votos a favor frente a 117 en contra, la Cámara de Representantes dio luz verde al acuerdo que busca evitar una gran crisis financiera en el país, y que ha resultado extremadamente difícil de negociar para el mandatario estadounidense, que incluso llegó a cancelar varios compromisos internacionales para poder atender este asunto.

Tan pronto como fue aprobado en la Cámara de Representantes, fue enviado al Senado donde también debe recibir el respaldo.

El Senado se dispone a dar tramitar este mismo jueves al proyecto de ley para suspender el límite de endeudamiento, que actualmente se encuentra en 31.4 billones de dólares.

De avanzar, se enviaría al presidente Biden para que lo firme, a cuatro días de que se venciera el límite y que con ello se cayera en incumplimiento de pagos.

El Departamento del Tesoro advirtió que no podrá pagar todas sus facturas el 5 de junio si el Congreso no actúa.

El proyecto de ley suspendería el límite de deuda hasta el 1 de enero de 2025, una vez pasadas las elecciones presidenciales, a cambio de limitar el gasto.

Los demócratas controlan el Senado por un estrecho margen de 51-49 votos. El reglamento de la cámara exige 60 votos para sacar adelante la mayor parte de la legislación, lo que significa que se necesitan al menos nueve votos republicanos para aprobar la mayoría de los proyectos de ley, incluido el acuerdo sobre el techo de deuda.

A través de un comunicado, Biden celebró el “crítico paso hacia adelante” que se logró tras la aprobación del proyecto en la Cámara de Representantes. Dijo que es “un compromiso bipartidista”. “Ninguno de los lados consiguió todo lo que quería”, añadió, “y esa es la responsabilidad que implica gobernar”.

La Casa Blanca y los negociadores del Congreso de Estados Unidos estarían acercándose a un acuerdo que podría anunciarse este mismo viernes, para elevar el limite de la deuda durante un periodo de dos años, según informan el diario ‘The New York Times’ y la cadena ‘CNBC’.

Según explicaron fuentes familiarizadas con la situación al diario neoyorquino, el compromiso, si finalmente se cierra y anuncia, elevaría el límite de endeudamiento del Gobierno durante dos años, más allá de las elecciones de 2024 a cambio de recortar algunos gastos federales.

A menos de una semana de que el país se enfrente al riesgo de ‘default’, los republicanos habrían logrado, a cambio de votar el aumento del techo de deuda, una reducción del gasto federal en 2024 en la mayoría de los programas discrecionales y un ajuste parcial de los 80,000 millones de dólares asignados para el Servicio de Impuestos Internos como parte de la Ley de Reducción de la Inflación.

De tal manera, el dinero revocado al IRS se usaría para cubrir gran parte del déficit en la financiación interna generado por el recorte de gastos del Partido Republicano, preservando los programas, aunque técnicamente recortando la cifra general, según fuentes conocedoras indicaron a la cadena CNBC.

El Pentágono y las prestaciones de salud de los veteranos se salvarían de cualquier recorte, y verían aumentar su financiación el próximo año.

Según señala la cadena estadounidense, subrayando el avance de las negociaciones, un acuerdo así podría ofrecer a ambas partes una victoria, ya que los republicanos podrían presentar un recorte del gasto público para el año fiscal 2024, mientras que los demócratas podrían defender que mantuvieron la gran mayoría de los programas de apoyo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuestionó el acuerdo reparatorio que ofrece el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para salir de prisión por sus acusaciones de corrupción, y así evitar los juicios que enfrenta.

López Obrador señaló que la cantidad del acuerdo reparatoria debería de ser mayor al que el ex funcionario ofrece, esto al recordar que Lozoya afronta dos procesos: uno por la compra que hizo Pemex a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados y otro por ser el principal acusado de la trama de corrupción de Odebrecht en el país.

“Eso lo tienen que ver los funcionarios, pero 10 millones (de dólares) se me hace muy poco. Es que 10 millones (de dólares) son 200 millones de pesos. ¿Cuánto entregó a los legisladores? Fue muchísimo más que eso. ¿Y de dónde salió ese dinero?”, manifestó el mandatario en su rueda de prensa diaria.

Recordemos que la propuesta que el equipo legal de Lozoya Austin ha puesto sobre la mesa es de 10.7 millones de dólares.

Las declaraciones del presidente se dan luego de que ayer, durante una audiencia, se informara autoridades como la Fiscalía General de la República (FGR), Pemex y la UIF, estuvieran de acuerdo en seguir las pláticas para alcanzar el acuerdo.

Aunque se mostró abierto a una negociación, el mandatario pidió “que hagan bien las cuentas”. “Si se llega a un acuerdo de reparación del daño, yo lo veo muy bien”, sostuvo López Obrador.

“Pero tiene que ser una cantidad considerable, de acuerdo a lo que se prueba que se sustrajo ilegalmente, que devuelvan el dinero, que se repare el daño, eso es lo principal. Lo demás, pues de acuerdo a las leyes pueden seguir el juicio en sus casas, pero que devuelvan el dinero”, añadió el presidente.

Lozoya fue arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a nuestro país a mediados de ese año.

Adicional, la defensa de Lozoya argumentó que tiene elementos para inculpar a Peña Nieto y extraditarlo desde España, al citar como ejemplo al expresidente peruano Alejandro Toledo, extraditado hace unos días desde Estados Unidos a Perú por el caso Odebrecht, acusado de haber recibido 35 millones de dólares.

La defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, principal acusado por la corrupción de la brasileña Odebrecht en México, aseguró este jueves que cuentan con las “pruebas suficientes” para responsabilizar y pedir la extradición del expresidente Enrique Peña Nieto por “operar un aparato de poder enfocado en la corrupción”.

El abogado del exfuncionario señaló que en México puede ocurrir la acusación contra Peña Nieto “tal y como sucedió en el caso del expresidente de Perú (Alejandro Toledo) hace unos días”, extraditado desde Estados Unidos a Perú por el caso Odebrecht, acusado de haber recibido 35 millones de dólares.

“En este caso hay suficientes condiciones para que el expresidente Enrique Peña Nieto sea extraditado desde España (…) para que responda en torno a las acusaciones formuladas por Emilio Lozoya Austin en la denuncia, que es pública”, sostuvo.

Lozoya, quien fue arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos casos abiertos ante la justicia, ambos por corrupción: Odebrecht y Agronitrogenados.

Hoy se llevó a cabo la audiencia intermedia en la que las partes informarían al juez si habían llegado a un acuerdo en relación con Agronitrogenados.

La defensa de Lozoya informó que mantiene un diálogo con la Fiscalía General de la República, Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo que el juez de control Gerardo Alarcón, difirió la audiencia para el próximo 18 de junio a las 12:30 horas.

El posible acuerdo, que implicaría que Lozoya no enfrente el juicio, tiene como único punto de desencuentro el monto de la reparación del daño.

Recordemos que el equipo legal de Emilio Lozoya ha ofrecido 10 millones 736 mil 351 dólares, con lo que pide beneficie a Lozoya tanto en el caso de Agronitrogenados como en el Odebrecht, además de que el beneficio se extienda a su mamá, Margarita Austin, a su hermana Gilda Margarita y su esposa Marielle Helene.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseveró que Santiago Creel Miranda, del PAN, con su rechazo a la reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está protegiendo al dirigente nacional de su partido, Marko Cortés.

A través de un comunicado, el Mier Velazco indicó que “en Morena se dijo que quedará establecida la paridad en la elección de las dirigencias de los partidos” algo con lo que Marko Cortés no estuvo de acuerdo.

Por ello, señaló que desde la presidencia de la Mesa Directiva, Creel Miranda saboteó la decisión colegiada que tenía la firma y el respaldo de todos los líderes de los distintos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados.

“Si la palabra no vale en la política y la firma menos, qué le podemos creer a Acción Nacional”, reclamó el morenista.

Mier Velazco pidió “revisar” en los partidos nacionales, qué mujer ha ocupado un cargo. “Ahí encontrarán la razón de Creel, ¿A quién está protegiendo Creel? En Acción Nacional nunca ha habido una dirigente mujer y en los otros partidos tampoco”, aseveró.

Recordó que los únicos partidos que han tenido mujeres como dirigentes son el PRI y el Morena.

De igual manera, refirió que el diputado panista tampoco quiso respaldar la decisión de que un porcentaje del 10% se establecieran para acciones afirmativas, es decir, de las 500 candidaturas de los partidos políticos para la Cámara de Diputados y de las 128 para el Senado de la República, fueran 50 y 12, respectivamente.

“Esto garantizaba las cinco acciones afirmativas reconocidas en México: discapacidad, grupos indígenas, migrantes, diversidad sexual y afromexicanos”, comentó.

Y aunque los coordinadores de los otros partidos no han querido revelar los puntos que llevaron a que no se alcanzara el acuerdo en torno a la reforma al TEPJF, Mier Velazco comentó que el PAN no quiso lo relativo a la acciones afirmativas.

El también presidente de la Junta de Coordinación Político (Jucopo) compartió el dictamen original con las “cosas” que el PAN no permitió, para que la sociedad conozca los términos en que estaba la propuesta.

“Morena se mantendrá si se aceptan las acciones afirmativas y la participación de la paridad expresada en la Constitución para elección de dirigencias”, añadió.

Los países miembros del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP, también conocido como TPP-11) acordaron aceptar la adhesión del Reino Unido.

El ministro de Recuperación Económica de Japón, Shigeyuki Goto, confirmó esta noticia a la prensa tras la reunión ministerial y dijo que “es muy significativa para promover el comercio libre y también un mercado abierto y competitivo”.

Los once países integrantes llegaron a esta decisión durante una reunión celebrada a distancia y a la espera de que sea aprobada formalmente durante un encuentro ministerial programado para el próximo 15 y 16 de julio.

Se trataría de la primera expansión del tratado a un país que no estaba entre sus miembros fundacionales.

Según un comunicado publicado por el grupo de trabajo encargado de la adhesión, Gran Bretaña “ha brindado ofertas de acceso al mercado comercialmente significativas del más alto nivel en bienes, servicios, inversiones, servicios financieros, adquisiciones gubernamentales, empresas estatales y entrada temporal para personas de negocios”.

El CPTPP, sellado en 2018, incluye a Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y México.

Contó en un principio con Estados Unidos, pero este país abandonó el proyecto en 2017 por decisión del expresidente Donald Trump, por lo que también es conocido como el TPP-11.

Reino Unido comenzó en 2021 el proceso para sumarse al tratado, convirtiéndose en una de sus estrategias comerciales clave tras su salida de la Unión Europea, y siendo el primer país no ubicado en el Pacífico en solicitar su adhesión.

China, Taiwán y Uruguay también han iniciado el proceso de adhesión al tratado transpacífico, que abarca un mercado de casi 500 millones de personas, el 13% del PIB mundial, y es uno de los mayores acuerdos de libre comercio del mundo.

Con la adhesión de Reino Unido, el TPP abarcaría un 15% del PIB mundial.

El presidente Joe Biden anunció este viernes un acuerdo con Canadá para frenar la migración ilegal en la frontera común, durante su primera visita a su vecino del norte destinada a marcar la renovada amistad entre los dos países.

“Estados Unidos y Canadá trabajarán juntos para desalentar los cruces ilegales por la frontera”, dijo Biden durante un discurso en el parlamento en Ottawa.

Biden saludó además el compromiso de Canadá de acoger a 15,000 migrantes provenientes del continente.

Detrás de este entendimiento, está “Roxham”, una vía de paso irregular por la cual unos 40,000 inmigrantes llegaron desde Estados Unidos a Quebec el año pasado, esquivando los puntos oficiales de entrada.

Estas llegadas detonaron un sin fin de reacciones en el campo político de Canadá, un país donde este problema es relativamente nuevo. Además, provocó cierta tensión con Washington.

La Casa Blanca asegura entender las preocupaciones canadienses pero señala que el tema también es de actualidad en Estados Unidos, en proporciones diferentes.

En enero, las autoridades estadounidenses realizaron más de 128,000 arrestos por intentos de ingresar ilegalmente a territorio nacional desde México, y la derecha republicana no pierde oportunidad de acusar a Biden de laxitud ante el fenómeno migratorio.

Reportes previos al encuentro indicaban que, a cambio del cierre de Roxham Road, Ottawa aceptaría recibir a unos 15,000 solicitantes de asilo de América Latina a través de canales legales como terminó de anunciarse. La medida aliviaría la presión en la frontera sur estadounidense.

“Es un gran placer tener a un gran amigo aquí”, lanzó el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, antes de una reunión bilateral en el propio Parlamento.

Biden fue aplaudido en el Legislativo, en particular cuando elogió el compromiso de los dos países de apoyar a Ucrania en su guerra con Rusia. Estados Unidos y Canadá, son “dos pueblos” que comparten un “mismo corazón”, y “en caso de desacuerdo” resuelven sus problemas “con amistad y buena voluntad”, añadió.

La relación entre Washington y Ottawa es infinitamente más cordial que durante la presidencia del republicano Donald Trump, pero hay algunos puntos conflictivos.

Otro tema de discusión fue Haití, un país azotado por la extrema violencia de las pandillas y una grave crisis humanitaria.

El gasto militar también estuvo en la agenda bilateral, en momentos en que Washington presiona por un esfuerzo de los miembros de la OTAN en medio de la guerra en Ucrania y las crecientes tensiones con China.

Y es que Ottawa está lejos de dedicar el 2% de su Producto Interior Bruto (PIB) al gasto militar, el umbral fijado para los países de la alianza atlántica.

Finalmente, la economía fue otro tema en este encuentro, debido a que los dos países están muy integrados , quienes son socios con nuestro país en el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC).

El Reino Unido y la Unión Europea proclamaron este lunes “un nuevo capítulo” en su relación bilateral, tras cerrar un esperado acuerdo sobre controles comerciales en la provincia británica de Irlanda del Norte.

Después de meses de tensión y de arduas negociaciones, el primer ministro británico, Rishi Sunak, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron el acuerdo en una conferencia de prensa en Windsor, al oeste de Londres.

“Es el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras relaciones”, dijo Sunak. “El Reino Unido y la UE han tenido tal vez sus diferencias en el pasado, pero somos aliados, socios comerciales y amigos”, enfatizó.

“Lo que hemos acordado hoy es histórico”, dijo por su parte Von der Leyen, quien habló también de un “nuevo capítulo” en la relación entre Bruselas y Londres antes de reunirse en Windsor con el rey Carlos III.

Rishi Sunak explicó que el nuevo acuerdo aligera notablemente la aduana que se había levantado de facto en el mar de Irlanda para proteger el mercado único europeo en la provincia británica después del Brexit.

En virtud del nuevo pacto, sólo las mercancías susceptibles de ir hasta la vecina República de Irlanda, es decir al mercado único de la UE, serán sometidas a controles. Para los productos destinados solamente a Irlanda del Norte habrá vía libre.

“Se suprimirá la pesada burocracia aduanera”, prometió Rishi Sunak.

El acuerdo anunciado este lunes modifica el llamado protocolo norirlandés, firmado en enero de 2020 como parte del Brexit.

El texto mantenía Irlanda del Norte dentro del mercado único europeo de bienes, y disponía controles aduaneros a los productos que llegaban a esta provincia británica procedentes del resto del Reino Unido. Su objetivo era evitar una frontera terrestre “dura” entre la provincia británica y la República de Irlanda, miembro de la UE.

El protocolo se consideraba también indispensable para la estabilización de Irlanda del Norte, todavía marcada por tres décadas de conflicto armado, que terminó con los Acuerdos de Viernes Santo de 1998.

Sin embargo, ese texto indignó a los unionistas, enfurecidos con los controles aduaneros en el mar de Irlanda y reacios a cualquier medida que cuestione la pertenencia de Irlanda del Norte al Reino Unido.

El gobierno británico llegó a amenazar con una reforma unilateral del protocolo, lo que enfrió la relación y amenazó con una guerra comercial.

Sunak debe ahora “vender” el acuerdo a los unionistas de Irlanda del Norte y a los elementos de su Partido Conservador más apegados al Brexit.

Entre los asuntos más espinosos está el hecho de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) mantiene su rol a la hora de administrar el acuerdo.

El primer ministro prometió que el nuevo acuerdo se someterá a la votación del Parlamento “en el momento oportuno, y que el resultado se respetará”.

Se venía hablando desde hace mucho tiempo de esta negociación, pero por fin se anunció. Por un periodo de diez años, el catálogo de juegos de Xbox también se podrá disfrutar en Nintendo Switch.

Esto luego de que Microsoft cerrara un nuevo acuerdo con Nvidia para llevar los títulos de Xbox para PC y los desarrollados por Activision Blizzard a su plataforma de videojuegos en la nube, Nvidia GeForce Now.
los próximos diez años.

En enero de 2022 el fabricante de Xbox anunció su intención de comprar la desarrolladora de videojuegos, movimiento que no gustó a su principal competidora, Sony, que planteó la posibilidad de que Microsoft monopolizara el universo ‘gaming’.

El presidente de Microsoft, Brad Smith, adelantó que su compañía había “negociado y firmado un acuerdo vinculante de diez años” para llevar el videojuego estrella de Activison Blizzard, Call of Duty, a los jugadores de Nintendo el mismo día que Xbox.

Tan solo unas horas después, Microsoft anunció que se había asociado con Nvidia, también durante un período de diez años, para llevar los juegos de Xbox para PC al servicio de juegos en la nube de Nvidia, GeForce Now.

Gracias a este acuerdo, Xbox llevará sus videojuegos también a macOS, Chromebooks, teléfonos inteligentes y otros dispositivos. También permitirá que los títulos de PC de Activision Blizzard se transmitan en este servicio ‘cloud’.

Microsoft ha comentado que comenzará a trabajar con Nvidia “de inmediato” para integrar sus títulos para PC de Xbox para su platadorma de juegos y que desde la web de GeForce Now se irán dando a conocer las fechas de lanzamiento de estos videojuegos de Microsoft en GeForce Now.

Foto: Twitter @NintendoES

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este miércoles que el gobierno llegó a un acuerdo con las empresas de transporte de carga para trasladar sus actividades al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El mandatario informó en enero que buscaba que los vuelos de carga se trasladaran del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)  a Felipe Ángeles, inaugurado en 2021, argumentando la falta de espacio en aeropuerto capitalino.

Y es que alrededor del 3% de los vuelos en el AICM el año pasado fueron de carga, según datos de las operaciones aéreas.

“Ya se logró ese acuerdo con las empresas que se dedican a la carga (…) ya me enviaron una carta asegurándome de que ellos van a apoyar”, afirmó López Obrador en su conferencia de hoy.

El mandatario anunció que el acuerdo implica que esas operaciones se transferirán al nuevo aeropuerto en unos cuatro meses, aunque después corrigió que el plazo sería de 56 días.

Sin embargo, la semana pasada se informó que el plazo sería de 108 días hábiles para que las aerolíneas que ofrecen el servicio exclusivo de carga abandonen el AICM.

La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) había planteado un plazo 360 días para dicho cambios, mientras que la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) había puesto sobre la mesa un plazo de 180 días.

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, con la unanimidad de 476 votos a favor, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de vacaciones.

El documento, que fue devuelto al Senado para los efectos correspondientes, precisa que las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a doce días laborales, y que aumentará en dos días laborales hasta llegar a veinte, por cada año subsecuente de servicios.

Además, a partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicios.

Tras un acuerdo que se logró entre bancadas, los diputados accedieron a eliminar la modificación que se había hecho en comisiones sobre recortar a seis días seguidos de vacaciones, mientras que los otros seis se tendrían que acordar con el empleador.

El Pleno aceptó la adenda al artículo 78, en la que se precisa que “del total del periodo que le corresponda conforme a lo previsto en el artículo 76 de esta Ley, la persona trabajadora disfrutará de doce días de vacaciones continuos, por lo menos. Dicho periodo, a potestad de la persona trabajadora podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera”.

El dictamen menciona que las modificaciones a Ley Federal del Trabajo se insertan adecuadamente en el sistema jurídico al mejorar considerablemente el derecho humano al periodo vacacional, de ahí el nombre que esta reforma recibió, ‘vacaciones dignas’.

Se añade que el cambio realizado considera vital permitir que las personas trabajadoras puedan disfrutar de su tiempo de vacaciones conforme a sus necesidades.

Por parte de la bancada de Morena, la diputada Yolis Jiménez Ramírez dijo que el dictamen recoge la necesidad de que los trabajadores aumenten sus días de vacaciones, porque es digno, justo, ayuda a mejorar la productividad, da tiempo de convivencia con la familia, pero sobre todo por su salud tanto física como mental.

Calificó la modificación como un acto de justicia, progresividad y conciencia laboral.

Por el PAN, la diputada Berenice Montes indicó que la reforma representa un acto de justicia laboral, ya que “los escasos días de vacaciones laborales han sido un reclamo social, durante muchos años.

Recordó que la OMS recomienda 18 días de vacaciones al año, y actualmente la legislación concede un tercio de lo recomendado.

A nombre de la bancada del PRI, el diputado Tereso Medina Ramírez, apuntó que el cambio aprobado refleja un paso de la sociedad hacia la optimización del trabajo y una garantía de los derechos de todas y todos. “Los datos confirman que en México se trabaja una cuarta parte más en promedio que los países integrantes de la OCDE”.

Finalmente, el diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera Sepúlveda, subrayó que en el dictamen está representada la voz de millones de trabajadores, sindicatos, empresarios y sociedad civil, para “saldar de una vez por todas una deuda histórica que se tiene con la clase trabajadora de este país”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, abordó y resolvió la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados, que presentó en contra del acuerdo por el que se dispone de las Fuerzas Armadas (FFAA) para llevar a cabo tareas de seguridad pública hasta 2024.

El Pleno de la Corte validó el acuerdo con el respaldo de ocho ministros, el cual fue presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que dispone de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria la actuación de las Fuerzas Armadas.

En primer lugar, se concluyó que el referido Acuerdo no vulnera el principio de división de poderes en relación con el principio de reserva de ley, tal como se había presentado en el recurso presentado por la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que en ese momento era presidido por Laura Rojas, diputada del PAN.

Ello en virtud de que el artículo Quinto Transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional de 26 de marzo de 2019, le otorgó una facultad excepcional al Presidente de la República de disponer de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública, facultad cuyo ejercicio no está supeditado a que el Congreso de la Unión ejerza su facultad legislativa en materia de seguridad pública.

El Pleno también resolvió que la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública no es una decisión unilateral del Presidente de la República, sino que emana directamente de la Constitución.

Asimismo, el Pleno sostuvo que el Acuerdo se encuentra fundado y motivado, pues cumple con lo establecido en el referido artículo Quinto Transitorio, en cuanto a que la intervención de la Fuerza Armada que contempla está sujeta a una temporalidad de cinco años y reviste el carácter de extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

La resolución también señala que el acuerdo respeta los estándares internacionales determinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso Alvarado Espinoza y otros contra México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este lunes que “hay voluntad” entre los diversos sectores para aumentar el salario mínimo un 20%, una decisión que se anunciaría el próximo jueves.

“En los próximos días se anunciará el aumento al salario mínimo para el año próximo, deseo que sea acordado por unanimidad, patrones, obreros y gobierno, y también deseo que ronde en el 20%, así llegaríamos al final del gobierno a un incremento de 100% en términos reales en todo el territorio nacional”, dijo.

El mandatario insistió en que sí hay voluntad para lograr un aumento de esta magnitud, y recordó que en las cuatro ocasiones en que se ha revisado el salario durante la presente administración, en tres ha sido por consenso. Señaló que solo en una ocasión se tuvo el voto del gobierno y los trabajadores, y no de los empresarios.

Sus declaraciones se producen mientras la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) debate el incremento que habrá para el próximo año, que en esta ocasión coincide con la inflación general más alta en dos décadas, que se alcanzó en septiembre con una tasa anual de 8.7%.

Y a pesar de que el presidente se ha manifestado por un aumento del 20%, el sector patronal ha propuesto públicamente un aumento del 15%.

“Acerca del salario, está en pláticas (conversaciones). Lo ideal es que se acuerde por consenso, que lo acepte el sector empresarial, el sector obrero y haya acuerdo con el gobierno. Y dije que (espero que) ronde en alrededor del 20%. Vamos a ver”, manifestó López Obrador.

AMLO recordó que desde su primer año completo de gobierno, en 2019, se ha incrementado el salario mínimo general en términos reales en 62% y en los municipios de la frontera con Estados Unidos el aumento ha sido del doble.

Antes de que López Obrador llegara al gobierno, había un salario mínimo de 88.36 pesos diarios en 2018, mientras que ahora es de 172.87 pesos. Sin embargo, el mandatario señaló que se puede mejorar.

“Aún así, todavía estamos abajo del salario mínimo de algunos países de Centroamérica y el Caribe, fue un crimen lo que hicieron durante 40 años, se redujo el salario mínimo en 70% o 75% en su poder de compra”, apuntó. Insistió en que un aumento al salario mínimo fortalecerá el mercado interno.

Y añadió que ya se ha terminado con “la mentira” y “el engaño” de que la subida del salario trae mayor inflación, como antes decían los gobiernos.

“Ya se rompió la creencia, el mito, de que si aumentaban los salarios había más inflación, eso fue un truco usado por la tecnocracia neoliberal, por eso cometieron la barbaridad de no aumentar los salarios en 40 años en términos reales”, recriminó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este martes no usar como “pretexto” la inflación para no aumentar el salario mínimo, en momentos en que se discute dicha alza para 2023 entre el gobierno, los sindicatos y otros involucrados.

“Si bien es cierto que tiene que ser cuidadoso por la situación de inflación que se vive, también no debe utilizarse la inflación como pretexto para no aumentar el salario porque es una gran mentira, o sea, nos engañaron durante todo el periodo neoliberal”, dijo el mandatario este martes.

Sus declaraciones se producen mientras la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) debate el incremento que habrá el próximo año en medio de la inflación general más alta en dos décadas, que alcanzó en septiembre una tasa anual de 8.7%.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propone un aumento de 15%, pero López Obrador reveló que la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), uno de los sindicatos más influyentes del país, desea un incremento mayor.

AMLO, quien adelantó que el resultado de la negociación se anunciará el 1 de diciembre, señaló que “lo ideal sería un acuerdo que fuese unánime”, al recordar que en cuatro años de su administración ha consensuado aumentos en tres ocasiones, con la única excepción en 2020, durante lo más álgido de la pandemia de COVID-19.

El presidente exhibió una gráfica que muestra que, antes de llegar al gobierno, había un salario mínimo de 88.36 pesos diarios en 2018, mientras que ahora es de 172.87 pesos. En términos reales, detalló el gobernante, ha habido un incremento de cerca del 60%.

Al defender el aumento del salario, López Obrador denunció que en lo que él llama “periodo neoliberal” hubo “una pérdida del poder adquisitivo del salario del 75%” en México, uno de los países son los sueldos más bajos de Latinoamérica.

“Eso es lo que quieren (los opositores), que regresemos a esto, la gente no quiere eso, pero bueno estamos trabajando para que aumente el salario, está demostrado además que, si aumenta el salario, no necesariamente aumenta la inflación”, remató.

La Sala Superior modificó el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en el que se ordenó a los partidos políticos nacionales adecuar sus documentos básicos para establecer los criterios mínimos, ordenados por la Sala Superior, sobre paridad de género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas.

PRI, MORENA y PRD interpusieron recursos de apelación en contra del acuerdo, al considerar que el INE no tenía competencia para dicho acuerdo, pues únicamente se le vinculó para supervisar el cumplimiento de lo ordenado previamente por la Sala Superior en las que se pronunció en materia de paridad sustantiva.

La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso propuso revocar lisa y llanamente el acuerdo emitido por el Consejo General del INE, dado que el INE no tiene competencia para emitir el acuerdo impugnado pues esa facultad está reservada a los Congresos de la Unión y locales, por lo que el INE se habría extralimitado en sus facultades.

Además, se indicó que ya se les había ordenado a los partidos políticos nacionales postular candidaturas de forma paritaria y se les impuso la obligación de establecer mecanismos de competitividad. En tanto, al INE solo e le vinculó exclusivamente para verificar el cumplimiento de lo mandatado.

Los magistrados Indalfer Infante Gonzales y José Luis Vargas Valdez estuvieron de acuerdo, en términos generales, con la propuesta presentada. Por su parte, los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y, el presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, consideraron que el INE sí tiene competencia para vincular a los partidos políticos a la modificación de sus documentos básicos, pues se trataba de una obligación que había adquirido como parte del cumplimiento de lo ordenado anteriormente por la Sala Superior.

No obstante, señalaron que no existe una omisión legislativa en materia de postulación paritaria en Coahuila y en el Estado de México, las dos entidades que tendrán elecciones el próximo año, porque los Congresos locales respectivos sí definieron medidas paritarias y los partidos políticos están obligados a su cumplimiento.

Finalmente, se confirmó el acuerdo del INE en relación con la obligación de los partidos políticos de realizar las modificaciones de sus documentos básicos, en cumplimiento con el principio de paridad, pero 90 días antes del siguiente proceso electoral federal.

Los magistrados sostuvieron que esta postura no elimina la posibilidad que la Sala Superior se pronuncie, más adelante, en casos concretos, frente a la aplicación de las reglas de paridad locales, sobre su efectividad.

Ante los señalamientos que surgieron luego de las declaraciones del secretario de Gobernación, respecrto a un presunto pacto entre Morena y el PRI para sacar adelante más reformas, como la electoral, el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, aseguró que sus legisladores jamás avalarán una reforma que vulnere a los árbitros electorales.

Alito Moreno anticipó que si la reforma electoral que propone el gobierno vulnera la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEJF), los legisladores priistas votarán en contra, aunque no cerró completamente la puerta a un eventual apoyo.

“La reforma electoral “tan discutida, tan anunciada, que se ha impulsado, y que se ha dado a conocer a los ciudadanos, es una reforma que el PRI jamás avalaría”, dijo el dirigente del PRI, al señalar que ni la Cámara de Diputados ni en el partido se ha presentado iniciativa alguna de reforma electoral, “porque para nosotros no es tema ahorita”.

Expresó que “lo que estamos haciendo nosotros es analizar, escuchar lo que venga” dejando ver que sí están dispuestos a revisar la propuesta de Morena, aunque matizó al decir que “nada de que el PRI abre la puerta. El PRI discute todos los temas, siempre”.

Fue enfático al señalar que los priistas “no vamos a avalar nada que dañe al INE, al Tribunal Electoral; que lastime la democracia, que es lo que todos estamos defendiendo. No vamos a aceptar nada que vulnere autonomía, fortaleza, transparencia de instituciones que son sólidas en nuestro país”.

Y es que ayer, durante una reunión con las y los diputados de Morena, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reveló que la iniciativa que el PRI presentó para ampliar la presencia del ejército en tareas de seguridad, tal como lo quería el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue resultado de un pacto entre Morena y el PRI, con la anuencia del inquilino de Palacio Nacional.

Contó que Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, “me llamó y me dijo: ‘oye, quiero platicar contigo’, y lo vine a ver. Yo sentía que me quería comentar algo. Hablamos del informe y al final me pregunta, ‘oye y no te han visto nuestros amigos?’ Y le digo ‘ay Nacho, ¿de qué amigos me hablas?’, ‘esos con los que platicábamos la reforma eléctrica'”, en referencia a los priístas.

Añadió que Mier le dijo “fíjate que me buscaron y nos invitan a construir un consenso” referente a la Guiardia Nacional y las Fuerzas Armadas.

Tras recibir el mensaje de Ignacio Mier, López Hernández acudió a Palacio Nacional para transmitirlo al Presidente López Obrador.