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Este martes se informó sobre la identificación de un tercer estudiante de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos hace más de seis años en Guerrero, informaron autoridades y el abogado de los familiares.

Los análisis realizados por la Universidad de Innsbruck, en Austria, demostraron que una vértebra hallada en una de las muchas búsquedas realizadas desde 2019 pertenecía a Jhosivani Guerrero de la Cruz.

El fiscal Omar Gómez Trejo, de la Fiscalía General de la República (FGR), explicó en un mensaje a medios que la vértebra «no presenta ninguna alteración térmica, es decir, una exposición alta a fuego» y que fue hallada en un lugar distinto a donde, según el gobierno de Enrique Peña Nieto, los estudiantes fueron incinerados.

El gobierno de Peña Nieto aseguró que los jóvenes que desaparecieron el 6 de septiembre de 2014 fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó e incineró en un basurero del municipio de  Cocula, además de que tiró los restos a un río cercano.

Sin embargo, esa versión, calificada entonces como «la verdad histórica», quedó descartada porque aunque en diciembre de 2014 se identificó al primer estudiante, Alexander Mora, a través de un hueso localizado en una bolsa que se halló junto al río, la actual fiscalía confirmó que ese hallazgo fue «un montaje».

Otra prueba que echó por tierra la «verdad histórica» fue que el hueso por el que se identificó a mediados de 2020 al segundo estudiante, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, se localizó en un lugar distinto del basurero de Cocula, llamado «La Carnicería», que es donde también se encontró la vértebra de Guerrero de la Cruz.

El fiscal Gómez Trejo agregó que en estos últimos análisis también se confirmó la identificación de Rodríguez Telumbre con un resto de su talón de Aquiles hallado en el mismo lugar.

Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó al poder en diciembre de 2018, las investigaciones se relanzaron, aunque aun con los avances y las identificaciones, todavía es una incógnita qué pasó esa noche y cuál fue el destino de los jóvenes.

Se creó una Comisión de la Verdad, se hicieron nuevas búsquedas y se iniciaron procesos clave contra dos funcionarios: el jefe de la policía ministerial federal por tortura y una detective por falsificación de documentos.

Uno de los avances más simbólicos fue la orden de captura de los presuntos autores materiales e intelectuales de los hechos, entre ellos policías federales y militares, dos fuerzas que hasta entonces habían sido intocables.

Pero parte de esas personas siguen prófugas, al igual que Tomás Zerón, quien dirigió el caso durante la administración de Peña Nieto, y considerado el principal responsable del encubrimiento de las desapariciones. La Fiscalíaha emitido varias órdenes de aprehensión contra Zerón, a quien ubica en Israel.

El fiscal Gómez Trejo indicó que se han vuelto a enviar más restos a Innsbruck para intentar nuevas identificaciones pero recordó que muchos de esos fragmentos óseos no son susceptibles de análisis genéticos porque están muy deteriorados. De los más de 180 recuperados desde noviembre de 2019, solo se logró hacer pruebas de ADN a seis, dijo.

En su nota especial «Navegando las elecciones intermedias de 2021», la dirección de estudios económicos de Citibanamex advierte que los riesgos ante las elecciones intermedias del próximo 6 de junio parecen estar aumentando.

Recordaron que en sus últimos análisis, han señalado que las elecciones podrían implicar cambios estructurales para el proceso de concentración del poder político por parte del Presidente López Obrador y Morena; reconocen que las próximas elecciones han generado una expectativa de que el resultado de esta elección podría ser un factor determinante de un mayor debilitamiento de las instituciones y la certeza jurídica en el país, si Morena lograra consolidar sus posiciones de poder.

El área de análisis del banco, indica que en los últimos meses, aproximadamente desde noviembre de 2020, el presidente López Obrador y sus aliados han presentado al Congreso una serie de controvertidas leyes que levantaron fuertes reacciones en el sector privado, entre analistas y la comunidad internacional.

Entre las iniciativas mencionaron la propuesta de reforma a la Ley de Banxico para obligar al banco central a comprar el efectivo “excedente” en dólares estadounidenses en el sistema financiero local; la eliminación del régimen de subcontratación de las leyes laborales; la revocación de las reformas energéticas en materia de electricidad e hidrocarburos aprobadas en 2013, que permitieron a los privados participar en la producción de electricidad a partir de fuentes renovables y en la distribución de gasolinas; una reforma del poder judicial que, entre otras cosas, podría renovar significativamente el actual sistema nacional de jueces.

«A nuestro juicio, varios de los cambios propuestos revelan una posición más radical en la determinación del Ejecutivo de transformar las perspectivas para el país. No solo desafían el status quo económico e institucional, sino que también ponen en peligro elementos centrales de la transición democrática y la estabilidad macrofinanciera de México», dijo Citibanamex advirtiendo que la radicalización de AMLO y Morena.

En ese sentido, recordaron que los pesos y contrapesos han venido funcionando hasta ahora. Aseguraron que bajo presión social e institucional, algunas de las iniciativas presentadas fueron desestimadas por el Congreso.

Entre los ejemplos más relevantes de funcionamiento reciente de contrapesos mencionó los fallos del INE y del TEPJF en contra del abuso de las leyes electorales que ayudaron a Morena a aumentar el tamaño de su bancada en 2018, y el hecho del retiro de la candidatura a gubernaturas en Michoacán y Guerrero a dos morenistas por no haber cumplido con la obligación de reportar informes financieros de precampaña.

«Las instituciones existentes, aun debilitadas como están, han soportado relativamente bien la presión  sostenida del gobierno actual. Los resultados de las elecciones legislativas de este año podrían cambiar esa situación», advierte el banco.

Citibanamex sostuvo que en las últimas semanas el balance de la contienda electoral ha seguido inclinándose a favor de la oposición, esto luego de que en las últimas semanas se observara que la coalición encabezada por Morena venía perdiendo competitividad. Destacó que dicha tendencia haría que disminuya el número de triunfos de gobernador para Morena, de 9 que proyectaron en un inicio, a únicamente 6.

En cuanto a la Cámara de Diputados, señalaron que mantienen su previsión de que la coalición morenista perderá márgenes de control y que podría pasar de su actual 66% de los asientos a algo entre 53 y 56%.

Finalmente, advirtieron que es poco probable que las elecciones culminen el 7 de junio, esto al recordar que a lo largo del año, el presidente López Obrador ha venido articulando mensajes de que las autoridades electorales están del lado de sus oponentes políticos, y que trabajan en conjunto para combatir a su gobierno, con lo que ha dejado ver que el discurso será que la única causa de un mal desempeño electoral de Morena sería por un sabotaje.

Advirtieron que Morena disputará múltiples derrotas ante el tribunal electoral, donde podrían pasar meses antes de que haya sentencias definitivas y, a partir de ellas, resultados oficiales.

Luego de que se diera a conocer el oficio emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a petición del magistrado presidente José Luis Vargas Valdez, en el que solicitaba a sus pares enviar por adelantado el sentido de sus votos sobre los temas que se discutiría en las sesiones públicas, los magistrados integrantes de la Sala Superior emitieron un posicionamiento en el que rechazaron dicha petición.

Indicaron que se trata de una petición que carece de fundamento legal y que atenta contra su independencia y autonomía, que como juzgadores y juzgadores tienen en lo individual y como integrantes de un órgano jurisdiccional colegiado, que la ley les otorga.

 

A través de un posicionamiento que se difundió en redes sociales, y que es firmado por los magistrados Felipe Fuentes Barrer, Reyes Rodríguez Mondragón, Janine Otálora Malassis, Indalfer Infante y Felipe de la Mata Pizaña, aseguran que la petición realizada pierde de vista que la deliberación es uno de los rasgos esenciales de un órgano jurisdiccional colegiado como lo es la Sala Superior del TEPJF.

Además, señalan que enviar el sentido de sus votos antes de la sesión pública de resolución supone un intento de desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional o bien que la deliberación judicial resulte irrelevante o  innecesaria en un Tribunal Constitucional.

La petición del magistrado presidente delimita «la oportunidad de que mediante la exposición y debate de los asuntos, se pueda reflexionar el sentido original de una posición respecto a un proyecto, lo que no es acorde a la finalidad de celebrar las sesiones públicas de resolución de asuntos».

Finalmente indicaron que la advertencia sobre suspender las sesiones públicas de no contar con la información solicitada que se señala en el oficio con fecha 18 de mayo, puede entorpecer el buen desarrollo de las mismas.

Remataron indicando que la solicitud no es atendible ya que, además de no contar con sustento legal, anula por completo la posibilidad del debate y la de liberación de los asuntos que se presentan y con ello llegar a la resolución de las controversias conforme a los principios que rigen a las jugadoras y juzgadores.

«Es por ello que la votación de los asuntos se debe llevar a cabo una vez que las propuestas de sentencia hayan sido expuesta y debatidas, sin que resulte válido remitir una votación previa».

La suspensión en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson continuará al menos una semana más después de que los miembros de un panel de expertos convocado por el gobierno dijeran este miércoles que necesitaban más tiempo para evaluar su posible relación con un trastorno de la coagulación.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) convocaron una reunión un día después de que las autoridades informaran de seis casos, uno de ellos mortal, de mujeres que desarrollaron coágulos cerebrales junto con un bajo recuento de plaquetas en la sangre, en las dos semanas posteriores a la administración de la vacuna de una sola dosis.

La vacuna se ha administrado a unos 7.2 millones de estadounidenses, y el miércoles se informó a los participantes en la reunión de que se ha identificado un séptimo caso de una mujer de 28 años.

En la reunión de hoy se podría haber decidido si se limitaba la vacuna a algunos subconjuntos de la población, pero la mayoría de los miembros dijeron que aún no se sentían cómodos para tomar esa decisión sin más datos.

«No quiero enviar el mensaje de que hay algo fundamentalmente erróneo en esta vacuna», dijo Beth Bell, presidenta del grupo de trabajo. «Pero quiero ser capaz de entender y defender la decisión que he tomado basándome en una cantidad razonable de datos», añadió.

La próxima reunión aún no se ha fijado, pero se espera que sea dentro de una semana o diez días.

La mayoría consideró que, dada la gravedad de los coágulos, que pueden tener consecuencias neurológicas devastadoras incluso sin ser mortales, y dada la abundancia en Estados Unidos de otras vacunas que no tienen el mismo riesgo de seguridad, era necesario realizar más estudios.

Previo a la reunión, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, dijo a la prensa que los síntomas son consistentes con los efectos secundarios raros derivados de la vacuna AstraZeneca que se registraron en Europa.

«Quiero compartir con ustedes mi confianza en el sistema que tenemos», expresó. «Conjuntamente, los CDC y la FDA pudieron identificar estos eventos raros y actuar rápidamente para alertar a los proveedores de atención médica, así como al público», subrayó.

Se pidió a las personas que recibieron la vacuna J&J a que informen si experimentan síntomas que incluyen dolor de cabeza intenso, dolor abdominal, dolor en las piernas o dificultad para respirar. Mientras tanto, se les ha dicho a los médicos que no traten esos coágulos con la heparina común porque esto podría empeorar la afección.

La vacuna contra el Covid-19 de la firma Johnson & Johnson, que se administra en una sola dosis, es efectiva contra los cuadros severos de la enfermedad, dijo este miércoles la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Esta evaluación se emitió a días de que se reúna una comisión independiente de la FDA para votar la autorización de la vacuna.

El coordinador de respuesta al coronavirus de La Casa Blanca, Jeff Zients, indicó que en caso de que se obtenga, Johnson & Johnson entregará entre tres a cuatro millones de dosis la próxima semana.

La FDA señaló que la vacuna ofrece protección, incluso frente a las cepas sudafricana y brasileña, y que en los ensayos clínicos en Estados Unidos mostró una eficacia contra los casos severos de 85.9%, con una tasa de 81.7% en Sudáfrica y de 87.6% en Brasil.

Si se analizan los datos totales, la vacuna es efectiva en un 85.4% frente a las formas severas de Covid-19, aunque su protección cae al 66.1% frente a los cuadros más moderados de la infección.

Considerado los distintos grupos demográficos, no se encontraron diferencias significativas respecto a edad, raza o en personas que tienen enfermedades subyacentes.

En general la vacuna fue bien tolerada y no hay reportes de reacciones alérgicas severas, como se han registrado en casos raros con las dosis de Pfizer y de Moderna.

El siguiente paso es una reunión este viernes de una comisión independiente de la FDA para analizar los resultados, que permitirán a las autoridades dar la autorización de uso de emergencia de este compuesto.

Si la vacuna de Johnson & Johnson es aprobada se convertiría en la tercera farmacéutica en recibir el visto bueno del regulador estadounidense para su uso en el país, después de de Pfizer/BioNTech y de Moderna.

La FDA estudió de forma independiente los resultados de los ensayos clínicos hechos a 40,000 personas en varios países. «Los análisis sostienen que hay un perfil de seguridad favorable, sin que haya inquietudes específicas sobre la seguridad que puedan impedir que se emita una autorización de uso de emergencia».

Según La Casa Blanca, Johnson & Johnson tiene como objetivo entregar un total de 20 millones de dosis para finales de marzo.

Hasta ahora 65 millones de personas han recibido al menos una dosis de las vacunas de Pfizer o de Moderna en Estados Unidos, pero a diferencia de esas, la vacuna de Johnson & Johnson tiene la ventaja de que requiere una sola dosis y puede ser almacenada en un refrigerador y no en un congelador.

Hay indicios, en base a datos preliminares, de que la vacuna puede ser efectiva frente a las infecciones asintomáticas.

La vacuna de «J&J» usa un vector viral debilitado para crear inmunidad, en este caso un adenovirus que provoca la gripe común, que fue modificado para que no se pueda replicar y para que lleve consigo una proteína clave del coronavirus. Esta tecnología por vector es la misma utilizada por las vacunas de AstraZeneca-Oxford y por la rusa Sputnik V.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que el próximo lunes tendrá una reunión con el gabinete ampliado, para hacerles la propuesta de la reforma administrativa que pretende presentar, para que el gobierno federal absorba las funciones de los organismos autónomos y estos desaparezcan, ya que dijo no han cumplido con las funciones para las que fueron creados.

«Vamos a hacer un análisis minucioso de lo que más conviene, desde luego, garantizando la transparencia, que es una regla de oro de la democracia», dijo AMLO.

Explicó que no significa tener transparencia el que haya un aparato burocrático creado con ese propósito, lo que según dijo, ha quedado demostrado con el paso de los años. Lamentó que se haya creado un aparato burocrático para la transparencia y se haya logrado garantizarla, pues se reservaban los asuntos que no les convenían a las dependencias que se supieran.

Como ejemplos dijo, se decidió mantener bajo reserva las condonaciones en los pagos de impuestos de las grandes empresas o el expediente del caso Odebrecht.

Celebró que ya se haya iniciado el debate sobre los organismos que se crearon durante el periodo neoliberal para aparentar que iba a haber transparencia, pues lo único que han hecho es servir de cortinas de humo para que se cometan ilícitos y haya ocultamiento de información.

El presidente se refirió a los organismos autónomos como «tapaderas y alcahuetes». «Así como hay intelectuales alcahuetes del régimen que justifican todo, pues así, para eso crearon y cuestan mucho. No sirven, no benefician al pueblo, pero sí cuesta mucho mantenerlos», lanzó AMLO.

Prometió que cuando se presente toda la estructura que tienen los organismos, se exhibirá lo que realmente cuesta mantenerlos.

López Obrador explicó que lo que se busca es ahorrar para que todo lo que se obtenga se le destine al pueblo y se utilice para el desarrollo del país. Indicó que para ahorrar es necesario actuar con eficiencia en el manejo de la administración pública.

AMLO aclaró que el desaparecer los organismos autónomos no significa que se van a quedar los trabajadores sin empleo, ya que a todos los trabajadores se les va a garantizar su trabajo.

El presidente dijo que de aprobarse que las funciones del INAI pasen al gobierno, se garantizará que la información que se solicite sea entregada en 72 horas, que no haya reservas y que se cumpla con una transparencia completa. Añadió que el funcionario que no entregue en tiempo la información será sancionado.

Sobre los señalamientos acerca de que algunos organismos, como el IFT, no se podían desaparecer porque sus funciones están incluidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el presidente dijo que se va a analizar pues no se hará nada violatorio de la ley.

López Obrador concluyó indicando que en la reunión del próximo lunes donde se discutirá el tema, se plantearán las opciones que se tienen, y se revisará qué modificaciones se tienen que hacer al marco legal, por ejemplo, se definirá si será una sola iniciativa para reformar distintas leyes o son varias.

Indicó que se busca que se tenga una estructura administrativa ajustada «a nuestra realidad, no un gobierno obeso, bueno para nada, costoso, que no le cueste más de la cuenta el gobierno al pueblo».

Luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará este lunes en análisis a la llamada ‘Ley Bonilla’, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se pronunció al respecto, e hizo un llamado a los ministros a anular la ley, pues dijo, es claramente inconstitucional.

A través de un comunicado, la Confederación dijo que aunque es un tema que surge en Baja California, tiene un impacto a nivel nacional debido a que tendrá repercusiones en los cimientos de la Constitución, específicamente en el principio básico de respeto al voto popular.

«Es de tal grado la relevancia de dicho fallo (…) que la SCJN tiene prácticamente en sus manos, el futuro de la democracia en México».

La Coparmex consideró que con la Ley Bonilla al menos se advierten múltiples violaciones de fondo: la del derecho a la seguridad jurídica, principio de legalidad; la irretroactividad de las leyes; y la vulneración de los derechos político-electorales de la ciudadanía en Baja California.

Recordó que permitir al Congreso local modificar el periodo de encargo de un gobernante electo, es contrario a la esencia del sistema democrático; además de que hay una prohibición expresa en el artículo 105 Constitucional, que indica que las leyes electorales no pueden modificarse 90 días antes al inicio del proceso electoral. 

«Esta prohibición expresa se introdujo en 1996, precisamente para evitar el tipo de fraude a la ley que se pretende con la ‘Ley Bonilla'».

Será el próximo lunes cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comience el análisis de las reformas que permiten la ampliación de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla, gobernador de Baja California.

El anuncio lo hizo el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien indicó que se comenzarán los trabajos en torno a la llamada ‘Ley Bonilla’

En la sesión del lunes 11 de mayo se discutirá la acción de inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumuladas, promovidas por los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Los partidos políticos y la CNDH solicitan la invalidez de la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución Política de Baja California, publicada en el periódico oficial el 17 de octubre 2019.

La ponencia está a cargo del ministro José Fernando Franco González Salas, y propone declarar inválida la reforma al artículo 8 de Baja California.

La discusión de la «Ley Bonilla» aparece como el primer asunto en la lista que se discutirá en el pleno, que sesiona de manera remota.

Las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores iniciaron este miércoles la discusión del dictamen para regular el uso lúdico, medicinal y científico de la marihuana.

Horas más tarde, los integrantes de las comisiones aprobaron en lo general el dictamen que expide la Ley para la regulación del cannabis.

En una primera intervención, la legisladora Antares Vázquez dijo que su voto estará a favor del dictamen, debido a que éste ha compilado diversas iniciativas presentadas en la materia.

“Es un avance que la regulación de la marihuana del uso del cannabis no significa la promoción de su uso, sólo es para quitar del mercado negro a las personas, comentó.

Por su parte, Damián Zepeda, senador del PAN, aseguró que su fracción parlamentaria votará en contra del dictamen, ya que éste no traerá ningún beneficio a México.

“Definitivamente estoy completamente encontra de la legalización de las drogas, porque no tiene nada de bueno el fácil acceso a jóvenes que usen una sustancia. Este debate está lleno de medias verdades y mitos, no se debe de hacer, es basar la decisión en mentiras, expresó.

Claudia Ruiz Massieu aseguró que el PRI aún no toma una postura sobre el dictamen, pues en lo general se presentan algunas deficiencias y esperarán que en una segunda reunión se discuta en lo particular el tema, para que puedan tomar una decisión.

“Los senadores del PRI están a favor de regular el uso de la cannabis, lo que no nos gusta es la aproximación que plantea el proyecto de dictamen, dijo.

Miguel Ángel Mancera, líder de los perredistas en el Senado, dijo que votaría a favor en lo general porque están convencidos de la regulación de las drogas. “Debemos revisar los plazos porque caeremos en desacato, salvo que cambiemos el 107 constitucional, agregó.

Ya en el momento de la votación, y tal como lo habían adelantado, el PAN votó en contra del dictamen, mientras que el PRI que estaba dudoso respecto al tema, se abstuvo.

Uno de los puntos que generaron controversia y desacuerdos entre los legisladores es que en el dictamen se establece incrementar de cinco a 28 gramos la cantidad permitida en la portación de marihuana y hasta 200 gramos con derecho a una multa.

Esto provocó que el senador Jorge Carlos Ramírez Marín presentara en la sesión, bolsas con orégano para simular la cantidad de marihuana que será permitida si se aprueba el dictamen.

Las comisiones seguirán la discusión en lo particular de este dictamen en una próxima sesión, adelantaron los legisladores.

Al respecto…
Por Alejandro Aguirre Guerrero

“Le han advertido que con el ritmo que lleva (y su edad) en cualquier momento podría desmayarse, situación que en el mejor de los casos pudiera ocurrir en privado, pero nos ocupa también que pase en público, en algún evento o trayecto”, me confió una persona cercana a AMLO.

La salud del Presidente es un tema que todos los mexicanos deberíamos conocer. De acuerdo a la consultora Spin, comandada por Luis Estrada, hace más de 170 días que el de Tabasco prometió, durante una conferencia mañanera, mostrar sus análisis y abundar sobre ellos. No ha ocurrido.

AMLO rebasa los 65 años de edad, y tomando en cuenta el ajetreo físico al que se somete, viajes, intensos calores, cambios de clima y aspectos propios de viajar casi todos los días de la semana, es válido detenerse a pensar por qué no se han dado a conocer detalles sobre su salud.

¿No deberíamos tener el derecho, como mexicanos, de conocer el estado físico que guarda el Ejecutivo Federal?, ¿debería ser suficiente un “estoy al cien por ciento” o un “tienen Presidente para rato”?, ¿será que no detallan sobre su salud porque hay algo que prefiere ocultarse, o porque no hay espacio para mostrarlo frágil?

Me han hecho saber que AMLO es tratado frecuentemente por temas cardiacos y de su columna vertebral. De hecho, en varias ocasiones sus médicos le han recomendado intervenirse de su espalda, buscando evitar que en algún momento, pudiera sufrir un dolor insoportable.

“El tema cardiaco del Presidente no es tan delicado como el de su columna, de hecho, tendría que haberse operado después de ganar las elecciones, pero fue tanta su euforia, que decidió postergarlo de nuevo”, me comentaron de manera frontal.

Me dicen que en el círculo cercano de AMLO están preocupados por la indebida atención a sus padecimientos. De hecho, temen que continúe espaciando las intervenciones quirúrgicas recomendadas, o decida enviarlas hasta después de las elecciones intermedias.

Siendo el Presidente de los mexicanos, ¿es su decisión hacer con su salud lo que le plazca?

www.alejandroaguirre.com.mx

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se mostró en favor de llevar a cabo una reforma al Poder Judicial de la Federación, siempre y cuando ésta permita hacer frente a los desafíos que tiene, sin comprometer la división y el equilibrio de poderes.

El organismo advirtió en un comunicado que es importante la renovación en el ámbito judicial, para que el acceso a la justicia y la aplicación de la ley tenga nuevos alcances, y garantice protección a más mexicanos, pero sin perder independencia y autonomía.

Destacó que el Poder Judicial de la Federación tiene importantes márgenes de mejora, sobre todo, para hacer frente a casos de corrupción y nepotismo que se han presentado en los últimos años. «Hoy la justicia es lenta y costosa», subrayó.

En este sentido, reconoció que es hora de llevar a cabo una transformación del Poder Judicial de la Federación, y celebró la iniciativa del senador Ricardo Monreal de Morena, para iniciar la discusión en la materia.

La Coparmex recordó que la semana pasada, con la presencia de los ministros de la Suprema Corte, los consejeros de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal Electoral, el consejero Jurídico de la Presidencia, el fiscal General de la República y legisladores federales, se dio el banderazo de salida a las mesas de trabajo que conducirán a la “Reforma con y para el Poder Judicial.

La confederación indicó que otro grave riesgo con la reforma sería el debilitamiento de la carrera judicial, al abrir desmedidamente la puerta a cargos de jueces, magistrados y ministros a profesionales que provengan de otros ámbitos del Derecho, ajenos a la materia judicial.

El Senado de la República recibió este lunes de la Cámara de Diputados las leyes secundarias de la reforma educativa que aprobó la Cámara baja el pasado jueves, informó la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa.

La morenista indicó que los senadores habrán de revisar con absoluta responsabilidad, apertura y diálogo.

Detalló que las comisiones de Educación y Estudios Legislativos analizarán las minutas recibidas las cuales posteriormente se presentarán ante el pleno del Senado de la República.

Aclaró que las y los senadores serán respetuosos de todas y cada una de las expresiones que pueden presentarse en el marco del análisis que se hará.

Adelantó que la Cámara Alta trabajará en las nuevas leyes para sustentar el mandato del Artículo 3º Constitucional, de garantizar una educación laica, gratuita y obligatoria, que ahora comprenderá desde la educación inicial hasta el nivel universitario, en cuyo proceso el centro son los maestros, los alumnos y los padres de familia.

Enfatizó que el objetivo es la mejora continua de la educación, como base para la construcción de un país acorde con las necesidades de las nuevas generaciones.

«La reforma educativa, y la emisión de las leyes secundarias que sustenten la reforma constitucional aprobada por el Congreso, es una de las prioridades de la actual Legislatura», sostuvo la legisladora.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer los resultados del estudio que realizó a la Cuenta Pública del gobierno federal correspondiente al 2013-2018, es decir, al sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

El análisis incluyó revisar cómo se presupuestaron ingresos, egresos y deuda en comparación con el monto ejercido.

El IMCO concluyó que, en seis años, Peña Nieto gastó en total 1 billón 823 mil millones de pesos adicionales a lo originalmente previsto en su Administración, es decir, una variación del 9%. Esto porque estimó gastar 20.7 billones de pesos cuando en realidad erogó 22.5 billones de pesos.

Señaló que, en el sexenio anterior, los presupuestos de egresos aprobados por la Cámara de Diputados no fueron confiables, pues las cuentas públicas no reflejan lo autorizado por los legisladores. Lamentó que no existió un contrapeso efectivo al Poder Ejecutivo que revisara las variaciones al presupuesto y las ampliaciones al gasto.

Advirtió que la administración pasada no cumplió con su presupuesto, pues subestimó sus ingresos y gastó más de lo presupuestado. Entre 2013-2018, la administración tuvo un total de ingresos excedentes de 2 billones 338 mil millones de pesos, en promedio, tuvo una variación en ingresos del 11% entre lo estimado y lo recaudado.

Durante el periodo 2013-2018, la Cámara de Diputados aprobó a las secretarías de Estado un gasto de 6 billones 94 mil millones de pesos, sin embargo, al final erogaron 7 billones 125 mil millones de pesos. En el mismo periodo, al Ramo 23, conformado por fondos destinados a cubrir funciones de gobierno, se le autorizaron 757 mil millones de pesos, este ramo ejerció en los hechos un gasto de 1 billón 371 mil millones de pesos, una variación del 81%.

El IMCO destacó que, a pesar de que el gasto excedente en la mayoría de los rubros fue una constante en el sexenio, el Poder Ejecutivo dejó de ejercer 149 mil millones de pesos en inversión pública, 25% menos de lo aprobado.

Finalizó indicando que la deuda adquirida por el gobierno de Peña Nieto fue de 2 billones 930 mil millones de pesos. Recordó que, en diciembre de 2012, el saldo de la deuda del gobierno federal era de 4 billones 452 mil 986.5 millones de pesos y representaba 27.8% del PIB. Para diciembre de 2018, ascendía a 8 billones 315 mil 863.8 millones de pesos, significando un 35.3% del PIB.

Al inicio del sexenio pasado cada mexicano debía 37,837 pesos, seis años después, la deuda fue de 66 mil pesos por persona.

Luego de que la Reforma Educativa no lograra ser ratificada en el Senado de la República, y regresara a la Cámara de Diputados para un nuevo análisis, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alertó sobre lo que consideró «retrocesos» que se deben cuidar.

«Observamos con profunda consternación retrocesos en temas críticos como son la supuesta gratuidad de la educación, la eliminación de la evaluación docente y la ausencia de un plan estratégico en materia educativa», dijo la Confederación.

Indicó que la Reforma Educativa decreta la gratuidad de la educación superior, incluyendo la obligación de garantizar que las universidades públicas cuenten con el presupuesto necesario, tal y como lo ha prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sin embargo, aclaró que el presupuesto público no está posibilitado para cumplir dicha propuesta. «De 2017 a 2019, la participación de los recursos federales destinados a la educación superior respecto a la inversión total en educación pasó de 72 a 66%. Además, en el PEF 2019, los recursos para educación superior disminuyeron 0.5% respecto a 2018. Actualmente, 56% de su presupuesto proviene de la federación, 29% de subsidios estatales y el restante 15% de recursos propios», explicó.

Como ejemplo recordó los graves problemas financieros que enfrentan diversas universidades públicas, y que se están multiplicando en todo el país.

Indicó que para alcanzar la gratuidad se debe comenzar por el establecimiento de reglas claras en la asignación de sus recursos, acompañadas de fórmulas, con base en indicadores de desempeño, transparencia y eficacia en el uso de los recursos.

Sobre el tema de la eliminación de la evaluación docente, lamentó que la Reforma que se pretendía aprobar dejaba un mensaje «claro y alarmante»: no habrá consecuencias para un mal desempeño de los docentes, pues no vincula la permanencia de los maestros al resultado de sus evaluaciones. Señaló que con ello, abre la puerta al regreso de prácticas perjudiciales para la enseñanza como la venta de plazas.

Además, subrayó que el sindicato de maestros podría tener el control de la mitad de las plazas de nueva creación, una medida contraria a la transparencia, y a la recompensa basada en el mérito. Llamó a consolidar la rectoría del Estado en materia educativa, es decir, mantener el control de las plazas, así como la capacitación y evaluación continua a docentes. Insistió en que se deben tener consecuencias a los bajos desempeños de los maestros.

Finalmente, enfatizó que es urgente que el gobierno presente una estrategia clara y coherente a nivel nacional. Dijo que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que se presentó hace unos días se hace un simple recuento de culpas sobre la situación educativa, pero no expone una estrategia puntual para superar los problemas. No se plantean objetivos ni estrategias claras que den certidumbre al rumbo que tomaremos en estos años.

«El regreso de la reforma educativa a la Cámara de Diputados debe abrir un espacio para la reflexión de estos temas y muchos más que expertos y organismos de la sociedad civil han expuesto. No permitamos que la calidad educativa, y los avances que hemos dado en la materia, sean secuestrados por quienes se empeñan en hacernos retroceder como país», remató la Coparmex.

El presidente del Senado de la República, Martí Batres, celebró la reforma laboral que aprobó la Cámara de Diputados el pasado jueves, misma que ahora se encuentra en el Senado para su análisis y eventual ratificación.

El morenista dijo que se trata de una decisión histórica, de fondo, que incrementa los derechos de los trabajadores.

«Se ha dado un paso importante en materia de justicia laboral, transparencia en los contratos colectivos, negociación colectiva y democracia sindical, así como en el derecho de la clase trabajadora a elegir a sus dirigentes mediante el voto libre y secreto», consideró el senador.

Indicó que aunque hace falta la labor de análisis y de trabajo en el Senado de la República, el proyecto que aprobó la colegisladora “es una reforma histórica”, progresiva, que beneficiará a empleados y empresarios.

Batres Guadarrama indicó que entre más pronto se avale la minuta en la Cámara de Senadores “es mejor” para el país, aunque reconoció que el trabajo legislativo lo determinarán las comisiones que se encargarán de dictaminar la minuta.

Dijo que aunque se generó un amplio consenso sobre la iniciativa entre los diferentes grupos parlamentarios, se tiene que escuchar a todos involucrados: empresarios, trabajadores, expertos y académicos. “Yo mismo voy a recibir a dirigentes de la CTM para escucharlos”.

Reconoció que en el respaldo que obtuvo la reforma laboral influyeron las negociaciones relativas al Tratado México-Estados Unidos y Canadá, T-MEC, pero también se dio por el cambio en la correlación de fuerzas políticas que ocurrió en el país y que ha permitido que se apruebe una reforma de esta naturaleza.