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El consultor jurídico de la cancillería, Alejandro Celorio, quien se encuentra detrás de la demanda contra empresas armamentísticas de Estados Unidos, denunció este miércoles que las compañías demandadas están intentando «politizar» el litigio mientras México se mantiene «respetuoso».

«El gobierno de México ha sido muy respetuoso e insiste que no es una demanda contra la segunda enmienda, el gobierno de Estados Unidos o los americanos. No obstante, las empresas quieren politizar el litigio hablando de que México es corrupto y tenemos mal las fronteras», explicó el funcionario en una entrevista con la agencia Efe.

Recordemos que el gobierno de nuestro país presentó en agosto pasado una demanda civil en una corte de Boston, Massachusetts, contra once empresas a las que acusa de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas a México, donde son usadas por el crimen organizado.

El lunes las empresas pidieron a la corte desechar la demanda alegando que las leyes estadounidenses les confieren inmunidad y que México no tiene capacidad para demandar en Estados Unidos.

Pero el consultor de la cancillería, que deberá responder a estos argumentos el 31 de enero, sostuvo que las leyes estadounidenses no tienen «efectos extraterritoriales», por lo que no tienen inmunidad por un daño que se produce en México.

Y es que el gobierno federal estima que medio millón de armas cruzan ilícitamente cada año la frontera, cerca del 2.2% de la producción total de Estados Unidos, y son responsables de miles de homicidios anuales.

Con la demanda, las autoridades mexicanas buscan que las empresas establezcan mayores controles en la venta de sus armas y también piden un resarcimiento económico por el costo que tiene la inseguridad en México, que oscilaría entre el 2% y el 6% del PIB.

«No es como si vendieran cucharas. Están vendiendo armas y deberían tener un nivel de cuidado mucho mayor. (…) Sabiendo que sus armas están causando tanta muerte en México, al menos deberían preguntarse ‘¿qué hacemos?», expresó Celorio.

El consultor explicó que el sur de Estados Unidos alberga la mayoría de tiendas de armas, las cuales venden a testaferros, fuera de inventario o varios fusiles a una misma persona. «Venden armas con oro, con joyas, las llaman ‘Jefe de jefes’, con símbolos aztecas. No podemos caer a pensar que es (un negocio) inocente», expresó Celorio.

Sobre que no es una demanda en contra del gobierno de Estados Unidos, Celorio destacó que la administración Biden no ha emitido «ningún pronunciamiento» sobre el litigio, pero que coopera con México en el combate al tráfico de armas.

Desde la matanza contra latinos perpetrada en 2019 en El Paso, Texas, el gobierno mexicano ha levantado la voz contra el tráfico de armas y es un asunto que abordaron la semana pasada los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden en Washington.

El gobierno de México pidió este lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU cooperación internacional para combatir el tráfico y desvío de armas tanto en «el destino como en el origen», un fenómeno que afecta de manera particular a América Latina.

El debate en el máximo foro de la ONU para el mantenimiento de la paz y la seguridad sobre «El impacto del desvío y tráfico de armas para la paz y la seguridad», coincide con el vencimiento, este lunes, del plazo judicial para que fabricantes de armas estadounidenses presenten su respuesta a una demanda que nuestro país presentó, por un presunto comercio «negligente e ilícito» que alienta el narcotráfico y la violencia en su territorio.

«El combate al tráfico y al desvío tanto en el lugar de su destino como en su origen, se trata de una responsabilidad compartida», dijo el canciller Marcelo Ebrard al intervenir en la sesión del Consejo de Seguridad. Recordemos que México ostenta actualmente la presidencia temporal de dicho Consejo.

Hay empresas que «siguen priorizando su beneficio económico» pese a que sus productos son «traficados y utilizados en actividades ilícitas en contra de población civil y autoridades en nuestro país», añadió el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Ebrard pidió colaboración de los sectores público y privado para acabar con el tráfico de las armas pequeñas, que causan alrededor de 500 muertos diarios y más de 2,000 heridos en el mundo, en particular en América Latina, donde la violencia y las muertes por armas de fuego son «aún mayores que las observadas en varias de las zonas en las que se reconoce un conflicto armado». Añadió que en cerca del 75% de los homicidios en la región está involucrada un arma de este tipo.

En México «creemos que los gobiernos y el sector privado deben de trabajar en conjunto» para frenar el tráfico de armas y sus efectos nocivos en las poblaciones, dijo el canciller en el debate.

Según el último informe sobre este sector presentado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en septiembre pasado, las armas pequeñas y las armas ligeras siguen teniendo un papel decisivo en los conflictos armados, la violencia generalizada, los actos delictivos y los atentados terroristas.

Entre 2015 y 2020 las armas pequeñas y ligeras respondieron por el 27% de las 176.095 bajas civiles en 12 de los conflictos armados más mortíferos del mundo. Solo en 2020, cinco de cada 100,000 personas fallecidas fueron civiles muertos en conflictos armados y de ellos, uno de cada siete eran mujeres o niños.

Para Guterres el «incesante aumento» del gasto militar mundial ha potenciado los ciclos de inseguridad y desconfianza. En 2020, se elevó a casi 2 billones de dólares pese a que el mundo estuvo prácticamente confinado debido a la pandemia del COVID-19.

Autoridades dijeron este miércoles que hubo «cierta autocomplacencia» en el modo en que se manipularon las armas en el set de rodaje donde el actor Alec Baldwin disparó y mató accidentalmente a una directora de fotografía e hirió al director, aunque señalaron que es demasiado pronto para determinar si se presentarán cargos.

El alguacil del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, señaló que se encontraron 500 balas de municiones, una mezcla de balas en blanco, balas ficticias y balas reales, durante la revisión al set de «Rust».

«Obviamente, creo que la industria ha tenido un historial reciente de seguridad. Creo que hubo cierta autocomplacencia en este set, y creo que hay algunos problemas de seguridad que deben ser abordados por la industria y posiblemente por el estado de Nuevo México», dijo Mendoza en una conferencia de prensa a casi una semana de que ocurriera el accidente durante un ensayo.

Las autoridades también confirmaron que no había imágenes del tiroteo, que ocurrió durante un ensayo.

Las investigaciones apuntan a que el arma de Baldwin disparó una sola bala que mató a la cinefotógrafa Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza.

Los detectives han recuperado un proyectil de plomo que creen que el actor disparó la semana pasada. Se están realizando pruebas para confirmar si el proyectil tomado del hombro de Souza fue disparado por el mismo revólver Colt largo que usó Baldwin.

Además, se incautaron otras dos armas, incluido un revólver de acción simple que pudo haber sido modificado y una pistola de plástico que se describió como un revólver, dijeron las autoridades.

«Sospechamos que hubo otras balas reales, pero eso depende de la prueba. Pero ahora mismo vamos a determinar cómo llegaron allí, por qué estaban allí, porque no deberían haber estado», señaló Mendoza.

La fiscal de distrito Mary Carmack-Altwies dijo que los investigadores aún no pueden decir si fue negligencia o por quién. Lo llamó un caso complejo que requerirá más investigación y análisis.

Los registros judiciales dicen que un asistente de dirección tomó el arma e indicó que era segura de usar al gritar «arma fría».

La armera de la película, Hannah Gutiérrez Reed, dijo que verificó las balas falsas el día del tiroteo para asegurarse de que ninguna fuera «caliente». También le dijo a un detective que, si bien las armas utilizadas para la filmación estaban guardadas durante la pausa del almuerzo del equipo, las municiones se dejaron en un carrito sin asegurar, según una orden de registro publicada este miércoles antes de la conferencia de prensa.

Gutiérrez Reed le dijo a un detective que nunca se guardaron municiones reales en el set.

El asistente de dirección David Halls, quien le entregó el arma a Baldwin antes del tiroteo, dijo que Gutiérrez Reed generalmente abría la escotilla del arma y hacía girar el tambor, aunque no recordaba si lo hizo antes del tiroteo. Dijo que sólo recordaba haber visto tres balas en el arma, según la orden.

Después del tiroteo, Halls le llevó el arma a Gutiérrez Reed y dijo que vio cinco balas en el arma, al menos cuatro de ellas «falsas» indicadas por un agujero en el costado y una tapa en la bala. Halls dijo que también había una carcasa en la pistola que no tenía la tapa y que no tenía el orificio que indicaba que era falsa, según la orden judicial.

«David indicó que el incidente no fue un acto deliberado», según una orden emitida el miércoles para registrar un camión utilizado en el set.

Es poco probable que Baldwin, en su papel de actor, sea responsabilizado penal o civilmente de la tragedia. Sin embargo, como productor, se encuentra entre una larga lista de asociados de la película que podrían enfrentarse algún tipo de responsabilidad.

Un juez federal de Estados Unidos concedió que las once empresas armamentísticas estadounidenses acudan y se defiendan en bloque en la demanda de reparación presentada por el gobierno de nuestro país, al considerar que han contribuido al clima de violencia y al tráfico ilegal con sus «prácticas negligentes».

«Los demandados creen que la referencia a un escrito compartido en apoyo de sus peticiones es la forma más eficiente de llevar estas cuestiones ante la Corte», señala el documento sellado por el Tribunal del estado de Massachusetts al que tuvo acceso Milenio.

Las autoridades estadounidenses, en un intento por aligerar la carga de trabajo de ambas partes, han fijado para el 22 de noviembre la fecha en la que estas once empresas pueden presentar sus alegaciones, mientras que el gobierno del presidente López Obrador tendrá derecho a replica el 31 de enero de 2022, que a su vez podrá ser respondida nuevamente por los acusados un mes después.

El tribunal permitirá, además de la defensa conjunta, réplicas individuales a lo largo del proceso judicial, en el que las empresas ya han comenzado a mostrar sus movimientos en bolsa e información sobre sus filiales.

Recordemos que a principios de agosto, el Gobierno de México anunció que había presentado una demanda civil de daños en Estados Unidos contra varias empresas de armamento por el comercio «negligente» que habrían estado cometiendo en territorio nacional, contribuyendo «al tráfico ilegal de armas» y ocasionando «daño directos» al país.

Además de una cantidad económica que será fijada en el juicio, las autoridades de nuestro país también reclaman a estas empresas que establezcan nuevos y refuercen sus protocolos de seguridad para evitar que se siga produciendo este mercado negro de armas de fuego que está «íntimamente vinculado con la violencia en México».

«Casi todas las armas recuperadas en la escena del crimen en México, del 70 al 90 por ciento de ellas, fueron objeto de tráfico de Estados Unidos», denunció recientemente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Entre lo demandados están los fabricantes Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock, Ruger y Barrett, cuyo «rifle de francotirador calibre 50 es un arma de guerra apreciada por los cárteles de la droga», señaló Ebrard.

Una corte federal de Massachusetts admitió la demanda del gobierno de nuestro país en contra empresas armamentísticas estadounidenses que presentó a inicios de mes, informó este viernes el canciller Marcelo Ebrard.

«La Corte Federal en Massachusetts aceptó el litigio presentado por el Gobierno de México contra diversas empresas responsables de comercio negligente de las armas que usa la delincuencia aquí», anunció el canciller en redes sociales.

En el mismo mensaje, Ebrard calificó la aceptación de la demanda como «un primer gran paso» y detalló que «ahora vienen la notificación y el proceso legal».

Recordemos que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, anunció el pasado 4 de agosto una histórica demanda contra una decena de empresas de armas de Estados Unidos a las que acusa de llevar a cabo prácticas negligentes que facilitan el tráfico de armas y la violencia en México.

Esta demanda, cuyo proceso se podía extender por años, se interpuso ante una corte federal en Boston, en Massachusetts, sede de dichas compañías.

El gobierno de la Cuarta Transformación aclaró que la demanda se presentó en contra de las empresas y no de la administración de Joe Biden.

Con ello, las autoridades de nuestro país buscan que aumente el control sobre las armas en Estados Unidos, pero también exigen una compensación económica, cuya cantidad todavía no han calculado. Se estima que más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México y son responsables de 17,000 homicidios anuales, con un costo de entre el 1.5% y el 2% del Producto Interno Bruto (PIB).

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) subrayó este jueves que la denuncia que el gobierno de México presentó en contra empresas de armas de Estados Unidos es «respetuosa» con el gobierno de su homólogo Joe Biden, y defendió que un mayor control en el comercio armamentístico «ayudaría mucho» a nuestro país.

«Nos apegamos a la legalidad. No es un gesto injerencista, no es contra el gobierno de Estados Unidos, es un procedimiento civil porque nos afecta que no haya control en las armas», respondió AMLO al ser cuestionado sobre el tema.

Y es que la cancillería dio a conocer ayer una histórica demanda contra un grupo de empresas armamentísticas de Estados Unidos a las que acusa de llevar a cabo prácticas negligentes que facilitan el tráfico de armas y la violencia en México.

«No es en contra de la enmienda que da derecho a los estadounidenses de portar armas, sino a la forma en que se fabrican y se venden estas armas que llegan a nuestro país y causan muertes porque no hay ninguna limitación ni control», añadió el presidente este jueves.

López Obrador criticó que en Estados Unidos las armas «se compren hasta por internet» y luego se introducen a México, donde acaban en manos de la delincuencia.

«Hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada y ellos lo saben que es para nuestro país el destino de esas armas», aseguró el mandatario.

López Obrador admitió que la demanda no es algo que se vaya a resolver pronto, pero defendió que «ayudaría mucho el control de las armas» en Estados Unidos. «Vamos a ver. Es la primera vez que se hace un planteamiento así, cuidadoso, con apego a la legalidad y respetuoso a las leyes de Estados Unidos», defendió.

Esta demanda se interpuso ante una corte federal en Boston, en Massachusetts, en contra del grupo de empresas y no en contra del gobierno estadounidense.

La meta de la medida legal es la reparación del daño y la no repetición de los hechos, aunque el gobierno no aclaró cuál será el monto exigido.

Según datos expuestos por la SRE, más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México y son responsables de 17,000 homicidios al año. Además, representan un costo de 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB), según sus estimaciones oficiales.

México demandó a un grupo de empresas de armas de Estados Unidos, acusándolas de llevar a cabo prácticas comerciales y negligencias que facilitan el tráfico ilícito que ha profundizado la violencia en nuestro país.

La cancillería informó que esta demanda se interpuso ante una corte federal en Boston, Massachusetts, y aclaró que la denuncia no es contra el Gobierno estadounidense.

Se estima que sea un proceso que podría durar años, y a través del cual el país también espera una compensación económica millonaria por parte de las empresas.

La demanda fue presentada contra algunos de los mayores fabricantes de armas como Smith & Wesson Brands, Inc.; Barret Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Colt’s Manufacturing Company LLC, y Glock Inc. Otro acusado es Interstate Arms, un mayorista de la zona de Boston que vende armas de todos menos uno de los fabricantes a tiendas minoristas de Estados Unidos.

El gobierno federal sostiene que las empresas saben que sus prácticas contribuyen al tráfico de armas a México y lo facilitan.

La demanda señala que su objetivo es «poner fin a los daños masivos que causan los acusados al facilitar activamente el tráfico ilegal de sus armas a los cárteles de la droga y otros criminales en México».

Además, refiere que la amplia mayoría de las armas decomisadas en escenas de crímenes en nuestro país provienen de Estados Unidos.

Se calcula que el 70% de las armas traficadas al país provienen de Estados Unidos, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 2019, según estimaciones de la cancillería, al menos 17,000 homicidios estuvieron vinculados con esas armas.

La Fundación Nacional de Tiro Deportivo (NSSF) rechazó en un comunicado que la industria realice prácticas comerciales «negligentes», como dice México. «Las acusaciones no tienen fundamento. El gobierno mexicano es responsable por el crimen rampante y la corrupción en sus fronteras», señaló Lawrence G. Keane, vicepresidente y consejero legal de la NSSF, la asociación que representa a la industria de las armas en Estados Unidos.

En tanto, el canciller Marcelo Ebrard dijo que la demanda es parte de la campaña del gobierno federal contra las armas. «La prioridad es que reduzcamos los homicidios», afirmó. «No buscamos alterar las leyes americanas».

Agregó que los dos gobiernos trabajan en estrategias para enfrentar el tráfico de armas y aseguró que no anticipa «ningún tipo de diferencia diplomática con los Estados Unidos».

Alejandro Celorio, consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que los daños provocados por las armas traficadas equivaldría a entre 1.7% y 2% del Producto Interno Bruto (PIB). Por ello, el gobierno pedirá una compensación de al menos 10,000 millones de dólares, dijo.

«No lo hacemos para meter presión a Estados Unidos», dijo Celorio. «Lo hacemos para que no haya muertos en México».

El funcionario añadió que México no buscó la asesoría del gobierno de Estados Unidos antes de interponer la denuncia y sólo informó a la embajada estadounidense en el país que presentaría la demanda.

Steve Shadowen, el abogado principal que representará a México ante la corte estadounidense, dijo que en los primeros años del siglo XXI una treintena de ciudades estadounidenses iniciaron juicios similares contra los fabricantes con el argumento de que eran responsables por el incremento de la presencia policial, las hospitalizaciones y otros costos asociados con la violencia por las armas de fuego.

Agregó que algunas ciudades comenzaron a ganar, por lo cual los fabricantes fueron al Congreso que les otorgó inmunidad a esas empresas. Sin embargo, Shadowen consideró que esa exención no aplica cuando las consecuencias del uso de sus armas ocurren fuera de Estados Unidos.

«Los méritos del caso están fuertemente a nuestro favor y entonces tenemos que sortear este estatuto de inmunidad, lo cual pensamos que vamos a ganar», dijo. «El estatuto simplemente no aplica; sólo aplica cuando estás en los Estados Unidos», detalló Shadowen en entrevista con la agencia AP.

Recordemos que la venta de armas de fuego está estrictamente limitada en nuestro país, y controlada por la Secretaría de la Defensa (Sedena). Sin embargo, desde hace años las autoridades sostienen que los cárteles de la droga introducen miles de armas de contrabando.

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, denunció este miércoles que un movimiento interno del partido formado por «infiltrados» perpetró un ataque armado contra la sede del partido en la Ciudad de México, dejando un saldo de una persona heridas de bala y diversos heridos.

«Un comando armado, que tiene secuestradas las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, se desplazó a la sede del PRI de la Ciudad de México para atacar sin piedad a militantes priistas», expresó Moreno a través de un video difundido en sus redes sociales.

Explicó que las personas que cometieron el ataque la tarde de ayer, eran personas «capacitadas en táctica de ataque» que agredieron a personas con palos, pistolas y petardos, dejando a un joven de 20 años hospitalizado por un balazo en la espalda.

Alejandro Moreno señaló como responsables de los hechos a Nallely Gutiérrez y a Ulises Ruiz, quienes junto a decenas de militantes mantienen «secuestradas» las instalaciones del partido para exigir su renuncia a la dirigencia nacional, tras los resultados de los comicios del 6 de julio.

«El supuesto movimiento que la señora Nallely Gutiérrez y el señor Ulises Ruiz encabezan es todo menos priista. La cabecilla es una infiltrada al servicio de Morena y sus aliados», expresó Morena, acusando directamente al partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

Por ello, el dirigente el tricolor pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue el caso de lo que «a todas luces fue un atentado político».

En redes sociales, Nallely Gutiérrez respondió que el ataque de ayer fue un «montaje y zafarrancho para desestabilizar» al movimiento que pide la renuncia de la dirección del partido y denunció haber recibido intimidaciones.

Mientras que Ulises Ruiz, quien fue gobernador de Oaxaca por el PRI entre 2004 y 2010, responsabilizó a Alejandro Moreno de «cualquier agresión que sufran los militantes que pacíficamente mantienen tomado el PRI». «Esto es un asunto de política, no de golpeadores y porros», dijo.

Recordemos que en las elecciones intermedias del pasado 6 de junio, el PRI quedó como tercera fuerza en la Cámara de Diputados en gran parte por la alianza que cerró con el PAN y el PRD, aunque perdió prácticamente todo su poder territorial al no ganar en ninguna de las 15 gubernaturas que estaban.

Redes Sociales Progresistas (RSP) presentó este martes a su grupo de «autodefensa electoral» llamado ‘Mastines’, que tendrá la misión de evitar fraudes en la elección del próximo domingo.E

El partido político aseguró que no habrá armas ni violencia en la actuación del este grupo, a pesar de su lema y declaraciones con tintes agresivos que se han hecho.

«Mastines se presenta como defensores de la democracia, no como grupo de choque, sino como grupo de autodefensa electoral que no va a permitir acciones ilícitas», dijo Pedro Pablo de Antuñano, líder de RSP en Ciudad de México en un breve encuentro con los medios de comunicación.

Detalló que tres grupos de alrededor de 50 militantes del partido cada uno estarán patrullando la capital del país esta semana, que concluye el domingo con la jornada electoral, en las elecciones más grandes de la historia de nuestro país.

Además de la violencia electoral que se vive en distintos puntos de la capital, el grupo Mastines asegura que detectaron varios puntos en la Ciudad de México en los que otros grupos políticos reparten despensas o tarjetas de apoyo con la intención de «comprar votos», por lo que se dedicarán a impedir estos actos.

«Hoy me acompaña un grupo de militantes cuyo objetivo será identificar, desarticular y denunciar ante las autoridades delitos electorales como reparto de despensas, reparto de tarjetas, reparto de dinero en efectivo y cualquier dádiva que influya de manera ilegal en el voto de los ciudadanos», añadió De Antuñano.

El dirigente político también detalló que, a pesar de la apariencia física que los integrantes de estos grupos de ‘autodefensa electoral’, se autodenominan un grupo de izquierdas.

«Muchas luchas pacíficas han usado como identidad perder la cabellera para llamar a un nuevo comienzo. (…) Si alguien tenía la duda también nos declaramos como un movimiento antifascista, no tenemos ninguna vinculación con grupos de ultraderecha», detalló.

Se indicó que desde el lunes comenzó a operar el grupo mediante sus tres contingentes, e incluso ayer por la noche denunciaron ante las autoridades a dos personas de Acción Nacional que quitaban propaganda de otros partidos.

Antuñano detalló que los miembros de este grupo van a retener a las personas que realicen actos ilegales relacionados con las elecciones «bajo la modalidad de arresto ciudadano» hasta que arriben las autoridades.

Recordemos que Redes Sociales Progresistas nació hace más de tres años como movimiento social y en 2018 apoyó la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mientras que en octubre del año pasado, la organización obtuvo su registro como partido político nacional.

El líder nacional del partido, José Fernando González, es yerno de la exlideresa sindical Elba Esther Gordillo, aunque González ha negado en repetidas ocasiones la vinculación de ésta con el partido e insistió en que buscan crear una «tercera vía» entre el gobierno y la oposición.

Foto: Twitter @Rivas_Juan

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó este martes al Congreso de su país a prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad y a cerrar las lagunas existentes en el sistema de verificación de antecedentes para adquirir armas de fuego.

En un discurso pronunciado desde La Casa Blanca, después de que un hombre armado matara a diez personas en un comercio en la localidad de Boulder, en Colorado, Biden ha hecho hincapié en que «no necesita esperar un minuto más y mucho menos una hora» para tomar medidas de sentido común que salvarán vidas en el futuro.

Así, ha reclamado al Senado que apruebe «inmediatamente» dos proyectos de ley, a los que la Cámara de Representantes ya ha dado luz verde, para ampliar los controles de antecedentes penales para la venta de armas de
fuego.

«Esto no es y no debería ser un asunto partidista, es un asunto estadounidense», reiteró el mandatario.

El llamado del demócrata llega luego de los hechos que tuvieron lugar ayer cerca de las 15:00 horas, cuando un hombre armado irrumpió en el centro comercial King Soopers de Bounder. Diez personas, incluido el agente de Policía Eric Talley, de 51 años, uno de los primeros en llegar al lugar de los hechos, fallecieron. El sospechoso de cometer el tiroteo, identificado como Ahmad al Aliwi Alissa, de 21 años, ha sido imputado con diez cargos de asesinato en primer grado.

Al respecto, el expresidente Barack Obama urgió también a superar «la oposición de los políticos cobardes» y aprobar medidas para reforzar el control de armas en Estados Unidos, al asegurar que el país «ya no puede permitirse» que sea «normal» experimentar regularmente tiroteos masivos.

«Ya es hora, desde hace mucho, de que aquellos que tienen poder combatan esta epidemia de violencia armada», subrayó Obama.

El exmandatario reconoció que no será fácil erradicar la «animosidad, el racismo y la misoginia que nutren muchos de estos actos de violencia sin sentido», pero sí es posible «dificultar que quienes tienen odio en sus corazones puedan comprar armas de guerra».

Obama reconoció hace años que su mayor frustración como presidente fue el fracaso de sus esfuerzos por lograr un mayor control de la venta y posesión de armas en el país, después de la matanza de 2012 en la escuela Sandy Hook de Newtown, Connecticut, donde fueron asesinados a tiros 20 niños y 6 mujeres.

El gobierno de Obama impulsó entonces un conjunto de medidas para reformar la legislación de control de armas, pero el Congreso no aprobó siquiera la que generaba más consenso: un sistema de verificación de antecedentes para impedir que las armas llegaran a los criminales o a las personas con problemas de salud mental.

Al reaccionar al tiroteo de Boulder, Obama aseguró que sentía, «además de pena, una indignación profunda y familiar» por el hecho de que Estados Unidos «siga tolerando estos actos aleatorios y sin sentido, día tras día, sin tomar medidas significativas».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este jueves que hubo una reunión entre el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, y el representante del departamento antidrogas del Gobierno estadounidense (DEA), Timothy J. Shea.

Indicó que el encuentro se dio como parte del intercambio de información entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico.

“Ya no hay acuerdos para introducir armas o que agentes extranjeros actúen en México. Hay intercambio de información entre esta agencia y otras agencias de Estados Unidos para atender el asunto del narcotráfico”, dijo el mandatario.

Dentro de ese intercambio de información, el representante de la DEA, Timothy J. Shea, se reunió esta semana con el fiscal, y con miembros del gabinete, añadió AMLO.

Insistió varias veces en la «muy buena relación» bilateral existente entre México y Estados Unidos, y en que el gobierno estadounidense ya «no se atreve» a operar en su territorio o calificar la actuación de México, como sucedía anteriormente.

Recordemos que a principios de septiembre, Estados Unidos había asegurado en un reporte interno que México «debe hacer más» en la lucha contra el narcotráfico, pues permanece como el origen de «casi todas» las metanfetaminas y heroína que confisca Estados Unidos.

Al respecto, AMLO defendió que están haciendo su «trabajo» y aseguró que no se darían entregas a la DEA de ningún capo mediático, ya que «esos actos espectaculares de que ya se detuvo a un gran personaje de la delincuencia» no resuelven nada si no se atienden las causas que provocan que «se puedan reproducir estas bandas delictivas».

Además, López Obrador destacó el trabajo hecho en las aduanas mexicanas, desde hace casi medio año a cargo de Horacio Duarte, quien ha logrado que los decomisos hayan «crecido muchísimo» en lo que a drogas y dinero se refiere.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó esta tarde que inició una investigación sobre una supuesta  amenaza en contra de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La dependencia informó que se recibió un mensaje a través del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) el pasado 13 de septiembre en el que se hablaba de un plan para atentar contra la mandataria capitalina.

Indicó que tras recibirse la denuncia, la FGJCDMX fue informada con el objetivo de que se realizaran las indagatorias correspondientes que permitan identificar, en su caso, el origen del mensaje y quien posiblemente lo haya difundido.

Fuente: Twitter @siete_letras

«Cabe señalar que una vez que se tuvo conocimiento del hecho, se dio vista a la Policía de Investigación (PDI), quien se coordina con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para llevar a cabo las indagatorias de gabinete y campo correspondientes», precisó la Fiscalía.

En la denuncia, se relata que una persona se comunicó desde el número 243 de la calle Durango en la colonia Condesa, quien señaló la presencia de un sujeto, identificado como «Neri», quien portaba armas de fuego.

«El sujeto (Neri) comentó que ejecutarían a la Jefa de Gobierno, a la Doctora Claudia Sheinbaum; el 15 de septiembre», se lee en el reporte del C5.

El denunciante añadió que denunciaría los hechos en redes sociales y con el periodista Óscar Mario Beteta, para que una vez que fuera ejecutada la Jefa de Gobierno, pudieran transmitir su llamada.

Ante la alerta, elementos de la Policía de Investigación (PDI) y un grupo élite de la secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron tareas de inspección en la zona desde donde se hizo la denuncia, aunque no se encontraron indicios del posible atentado. Las autoridades procedieron a reforzaron la seguridad en toda la zona.

México lamentó este viernes «la falta de voluntad concreta» de Estados Unidos en la lucha contra el tráfico ilegal de armas.

En entrevista concedida a la agencia EFE, al cierre de una reunión de Naciones Unidas en Viena, Fabián Medina, jefe de la oficina del canciller Marcelo Ebrard, reconoció que el «principal problema» que tiene México es la fragilidad en la larga frontera que comparte con Estados Unidos.

«Compartimos una frontera de más de 3,000 kilómetros. Por ahí pasan muchas cosas y el problema de México es que las armas con las que se surte la delincuencia organizada en México provienen de allí», señaló el funcionario.

Medina ejerció esta semana como presidente del grupo de trabajo sobre armas de fuego en la conferencia de la Convención de la ONU contra el crimen organizado.

«En México hay un estudio de la Secretaría de Defensa de que entre 2.5 y 3 millones de armas han entrado en el país en los últimos 10 años. Esto implica más o menos un flujo anual de 230,000 a 250,000 armas al año. Estamos hablando de 667 armas diarias, sin hablar de cartuchos. Eso es una barbaridad», añadió Medina.

La mayor parte de las armas ilegales que llegan a México proceden de Estados Unidos, el mayor fabricante y el mercado más grande del mundo que, además, tiene una normativa muy blanda a la hora de la compra y la posesión.

Detalló que a través de la frontera con EUA llega el 70 % de las armas del país, mientras que el resto procede en su mayoría de fabricantes de seis países europeos: Alemania, Austria, Bélgica, España, Italia y Rumanía.

Sin embargo, también los fabricantes europeos producen en Estados Unidos para ese lucrativo mercado, por lo que «prácticamente se convierte en un problema del 100 % proveniente de los EUA», señaló Medina.

Aunque reconoció cierta voluntad de diálogo por parte de Washington, afirma que cuesta mucho trabajo avanzar en las medidas que exige México, como un mayor control sobre la venta de armas y una mejor cooperación en diferentes campos.

«Nosotros queremos frenar al cien por cien el tráfico de armas. Nos va a costar trabajo, y más por la falta de voluntad concreta de EUA pero nosotros en México lo estamos haciendo», precisó el funcionario.

Indicó que si Estados Unidos está interesado en que México detenga el flujo ilícito de drogas hacia su país, deben estar interesados en que nuestro país desarticule las bandas criminales, y afirmó que las bandas criminales se desarticulan quitándoles capacidad de fuego.

«Lo que queremos ahí (en la frontera) es la participación de las fiscalías estatales, de las policías estatales de ambos lados de la frontera para sellar las rutas», indica.

Lamentó que el gobierno de Estados Unidos se ampare en la Segunda Enmienda de su Constitución para no atender el problema de la proliferación de cualquier tipo de armas.

«Estoy de acuerdo que se pueda adquirir un arma, una pistola, ¿pero necesitas un (fusil automático) R-15 que puede disparar 60 o 70 balas en 30 segundos?», pregunta Medina.

Sostuvo que el objetivo del gobierno mexicano es no es cambiar la Segunda Enmienda, sino que se venda con mejores prácticas.

Finalmenre, Medina mostró su preocupación porque en EUA se detectó un aumento en las ventas de armas durante la pandemia de COVID-19, con largas colas ante las armerías de algunas ciudades.

Entrevistado en las inmediaciones de La Casa Blanca, el embajador de México de Estados Unidos, Christopher Landau confirmó que ya se dio respuesta a la nota diplomática que México envió a EUA sobre el operativo ‘Rápido y Furioso’.

Informó la respuesta se dio apenas el lunes pasado, luego de casi dos meses de que la cancillería mexicana enviara la nota diplomática.

“Se contestó y hay, la respuesta está dentro de la respuesta, ‘speaks for it self (Habla por si misma)”, dijo Landau a la periodista Dolia Estéevez, en el marco del encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Donald Trump.

Recordemos que el 11 de mayo, el canciller Marcelo Ebrard solicitó formalmente al gobierno estadounidense, información relacionada al operativo que entre 2009 y 2011, permitió la introducción de más de 2 mil armas a nuestro país provenientes de EUA.

La nota diplomática se presentó por instrucciones de López Obrador, quien le pidió a Ebrard solicitar información, luego de que el expresidente Felipe Calderón asegura que no se le notificó sobre el operativo.

 

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) informó que las dos armas utilizadas por el menor de 11 años de edad en el tiroteo registrado el pasado viernes en el Colegio Cervantes de Torreón, pertenecían a su abuelo.

Al respecto, el fiscal general, Gerardo Márquez Guevara, puntualizó que las primeras indagaciones arrojan además que las dos pistolas que el menor empleó para disparar en nueve ocasiones contra una maestra y seis personas más, no contaban con permisos legales.

Esta información, agregó, la han obtenido luego de más de 20 entrevistas realizadas a testigos.

Asimismo, señaló que la Fiscalía aún no determina si abrirá una investigación sobre la responsabilidad de los abuelos en lo ocurrido, ya que ellos tenían la patria potestad del niño.

“Estamos esperando concluir en las próximas horas. El código prevé diversos tipos de conducta que son constitutivas de delito, pero tienen que ajustarse en los hechos a lo que prevé la ley», comentó Márquez Guevara.

Recordemos que el 10 de enero, un alumno se suicidó después de perpetrar un ataque con armas de fuego en el citado instituto, donde falleció una maestra y seis personas resultaron lesionadas, cinco alumnos de la institución y un maestro.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó hoy que el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, visitará México mañana jueves, e indicó que hablará con él sobre el tráfico ilegal de armas.

«Va a estar en México el procurador de Estados Unidos (…), son dos temas que se tienen que tratar. Es el de la introducción de armas y de dólares, las dos cosas; desde luego también la droga, pero se incluye armas y dólares», informó en su conferencia de prensa matutina.

Y aunque las reuniones de trabajo se sostendrán mañana jueves, el funcionario estadounidense arriba a la Ciudad de México esta noche.

Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard señaló que con William Barr se revisarán temas de la cooperación bilateral por la seguridad.

Indicó que además de la reunión con López Obrador y él, Barr se reunirá también con el Fiscal General y el Secretario de Seguridad.