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La candidata a la presidencia de la República de la coalición PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abrir las puertas de Palacio Nacional a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y decirles con total franqueza qué fue lo que pasó aquel 26 de septiembre de 2014.

“Lo único que pedían era un encuentro con el Presidente, lo único que pedían era ser escuchados y que el Presidente les diga la verdad. Tan fácil que es que el Presidente les diga ¿qué pasó? La verdad, él la sabe, pues creo que los papás la van a entender y en ese sentido pues, creo que sería lógico que el Presidente les abriera las puertas a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa”, dijo durante un acto político en Villahermosa, Tabasco.

La aspirante presidencial aprovechó para recordar que el año pasado, López Obrador también le cerró a ella la puerta de Palacio Nacional, cuando buscó hacer valer su derecho de réplica.

“Ustedes saben cuál fue mi caso: con un amparo en la mano fui a tocar la puerta de Palacio Nacional, no me la abrió, pero tampoco se la abrió a los papás de los niños con cáncer, tampoco se la abrió a las madres buscadoras, no se la abrió a las mujeres, al contrario, seguramente mañana va a poner las vallas para que las mujeres no se puedan acercar a Palacio Nacional”, sostuvo.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con el senador Emilio Álvarez Icaza, a quien el presidente señaló de ser quien manipula a los inconformes que ayer entraron por la fuerza a Palacio Nacional, exigiendo ser recibidos por el presidente para conocer los avances de la investigación sobre la desaparición de los normalistas.

Aprovechando su visita a Tabasco, Gálvez Ruiz afirmó que de llegar a la Presidencia investigará, auditará y castigará a los responsables del sobrecosto de la refinería de Dos Bocas que se construyó durante este sexenio.

Lamentó que esta obra, emblema del Gobierno Federal, contemplaba una inversión de 160 mil millones de pesos, pero ya costó más de 400 mil millones de pesos.

La hidalguense aseguró a los tabasqueños que van a tener a la Presidenta de la República más valiente que han tenido, que no le dará abrazos a los delincuentes.

Llamó la atención que como parte de su mensaje, la candidata presidencial dijo que “a alguien en el Palacio se le va a revolver el estómago hoy”, en referencia a López Obrador.

Y es que explicó que aunque le aconsejaron no visitar Tabasco, bajo el argumento de que “allá todos están con López Obrador”, ella decidió visitar el estado natal del presidente.

Pero miren, no les hice caso ¡Aquí estoy! Estoy caminando las calles, estoy convenciendo persona por persona, porque yo sé que muchos de ustedes dieron la confianza, muchos creían que le iba a ir bien a México. Muchos nos fuimos con la idea, ¿pero qué paso? Dividió, polarizo, convocó al odio y la inseguridad se apodero de Tabasco”, lamentó la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México.

Una jueza federal dictó formal prisión en contra de los ocho militares que se encuentra relacionados con el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa por el delito de delincuencia organizada

Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habían sido procesados previamente por desaparición forzada en el caso Ayotzinapa, pero habían alcanzado su libertad condicional con el pago de 50,000 pesos.

Sin embargo, desde el jueves pasado, cuatro de ellos fueron reaprehendidos mientras cumplían con su cita a firmar y reportarse en un juzgado, mientras que el resto se entregaron tras enterarse de la nueva imputación en su contra.

Raquel Duarte, titular del juzgado segundo de distrito en procesos penales federales con sede en Toluca, Estado de México, consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció indicios suficientes para someterlos a un nuevo juicio.

Esto implicará que los militares, presuntamente involucrados en el caso Ayotzinapa, permanezcan en calidad de detenidos en una prisión militar de Ciudad de México hasta que se resuelva su caso.

La decisión de la jueza se da luego de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtiera en una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las implicaciones de liberar a los militares, como “un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país”.

Incluso llevó a Alejandro Encinas, extitular de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa creada por López Obrador, a decir que abogados de la Sedena litigan contra la investigación.

Los abogados de los militares señalaron que presentarán denuncias contra las autoridades judiciales, incluso contra el extitular de Derechos Humanos del Gobierno federal, Alejandro Encinas, y aseguraron que defenderán la libertad de los elementos del Ejército, pues enfatizaron que se trata de “persecución política”.

La Comisión de la Verdad, que presidió Encinas hasta su renuncia como subsecretario de Derechos Humanos en octubre pasado, concluyó en 2022 que la desaparición de los jóvenes fue un crimen de Estado, con la participación de funcionarios de todos los niveles, incluyendo militares.

La investigación desacreditó la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto conocida como ‘verdad histórica’, sobre que policías corruptos detuvieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, los asesinaron e incineraron en un basurero.

A menos de dos semanas de que una jueza liberara a ocho militares acusados de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa para que siguieran su juicio en libertad, las autoridades volvieron a detenerlos.

Uno de ellos, miembro de la Secretaría de Defensa, informó que ayer por la tarde ya se habían cumplimentado las órdenes de aprehensión contra los ocho elementos por el cargo de delincuencia organizada.

Por su parte, un funcionario de la Fiscalía General de la República confirmó las detenciones, pero no los cargos. Ambos hablaron a condición de anonimato por no estar autorizados a comentar el tema públicamente.

La decisión de la jueza, con la que revocó la prisión preventiva a los militares por medio del pago de una fianza, la prohibición de salir del país y su presentación quincenal ante los juzgados, fue duramente criticada, no sólo por los abogados de las víctimas.

El gobierno y la fiscalía sorprendieron entonces con una fuerte condena al fallo de la magistrada, y la fiscalía anunció que lo impugnaría y que interpondría acciones jurídicas por conceder “ventajas indebidas a quienes no lo merecen”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo interpretó como un nuevo ejemplo de jueces que benefician a criminales, declaración que no sorprendió porque sus críticas al Poder Judicial son continuas.

La nueva detención suscita más preguntas que respuestas sobre cómo se investiga este caso, que aunque este Gobierno se ha referido a él como “un crimen de Estado”, ha tenido muchas irregularidades desde que comenzó.

No deja de sorprender que los ocho militares detenidos de nuevo forman parte del grupo cuya detención se pidió en 2022, luego se retiró, en teoría por carecer de elementos, pero posteriormente volvió a pedirse por el delito de desaparición forzada ante la presión de los abogados de los padres de los estudiantes.

La participación de las fuerzas armadas en el caso está confirmada por la Fiscalía General de la República, así como por la Comisión de la Verdad creada al principio de este Gobierno y por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investigaron el caso ocho años.

Expertos y los abogados de las víctimas aseguran que existen muchas evidencias de que la participación de los militares fue mucho mayor a la reconocida por las autoridades, ya que la Secretaría de la Defensa sigue ocultando unos 800 documentos de inteligencia que podrían contener datos clave para esclarecer los hechos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó este martes las acusaciones de Alejandro Encinas, extitular de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, sobre que abogados del Ejército interceden por los militares involucrados en la desaparición de los 43 jóvenes.

“No estoy de acuerdo con lo que dijo (Alejandro) Encinas”, expresó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Por el contrario, López Obrador argumentó que “lo lamentable es” que el Poder Judicial proteja a quienes participaron en la desaparición de los normalistas en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

AMLO respondió así a las declaraciones del exfuncionario federal, quien aseveró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) intervino a favor de ocho militares involucrados en el caso Ayotzinapa que una jueza liberó el pasado fin de semana por “falta de pruebas”.

La decisión permitió a los militares seguir su proceso en libertad condicional, al pagar 50,000 pesos.

Al respecto, López Obrador afirmó que envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, para advertirle sobre la liberación de los militares. Aseguró que estas acusaciones responden a dos cosas: opositores que buscan el desprestigio del Ejército porque “no quieren que haya una institución independiente” y también para hacerlo “quedar mal”.

López Obrador volvió a arremeter contra organizaciones de derechos humanos, en especial contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Desde el principio está politizando este asunto, desde que estaba de director ejecutivo de la CIDH (Emilio) Álvarez Icaza, y tengo pruebas para sostener que dejaron libres a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y las organizaciones, supuestamente de derechos humanos, se quedaron callados”, enfatizó.

No obstante, prometió que su Gobierno seguirá con la investigación al sostener que no está encubriendo a nadie.

Según la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto, conocida como ‘verdad histórica’, policías corruptos detuvieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, los asesinaron e incineraron en un basurero. Sin embargo, dicha versión quedó desacreditada.

En 2018, López Obrador reabrió las pesquisas y creó una Comisión de la Verdad, a cargo de Encinas, que en 2022 concluyó que fue un crimen de Estado con la participación de funcionarios de todos los niveles, incluyendo militares.

Sin embargo, las familias de los desaparecidos denuncian que persiste la falta de voluntad del Gobierno y que las presiones del Ejército han impedido nuevos avances.

El Gobierno federal aseguró que el Poder Judicial se ha dedicado a obstaculizar el caso de lo 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014.

“No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”, dijo en un comunicado el Gobierno federal.

La reacción emitida por la Secretaría de Gobernación llega luego de que el pasado viernes se diera la liberación de ocho militares relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes, tras lo cual el presidente López Obrador se reunió con el fiscal especial para el caso Rosendo Gómez.

La decisión de una jueza permitió a los militares seguir su proceso en libertad condicional, al pagar 50,000 pesos cada uno.

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) dijo el domingo pasado que iniciará un procedimiento legal en contra de la jueza Raquel Duarte que fue quien dio la libertad a los militares.

En el comunicado, el Gobierno dijo que “una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia” y dijo que previamente había liberado a 62 implicados en los hechos, al argumentar que “habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores, como es el caso de Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel”.

Dijo que también intentaron dejar en libertad al extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares.

“Ahora, sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército (…) todo ello, por razones estrictamente políticas”.

Además dijo que con este tipo de decisiones, el Poder Judicial “mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia”.

Finalmente, reiteraron que el caso Ayotzinapa “es un asunto de Estado” y por ello se pedirá a la FGR “solicite la revisión de las medidas cautelares tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto de 2023, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos.

Se “va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación”, indicó el Gobierno federal.

Según la desacreditada versión del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, conocida como ‘verdad histórica’, los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos en septiembre de 2014 por policías corruptos vinculados con el crimen organizado que los asesinaron e incineraron en un basurero.

En 2018, López Obrador reabrió las investigaciones, se ordenó la captura de militares vinculados al caso y ahora ha admitido la participación del Estado mexicano.

Sin embargo, las familias de los desaparecidos siguen apuntando hacia una falta de voluntad del Gobierno, en tanto que, las presiones del Ejército han impedido nuevos avances y han derivado en la renuncia del exfiscal especial del caso Omar Gómez Trejo y en la salida de los expertos de la CIDH del país.

Una jueza federal revocó la prisión preventiva impuesta a ocho militares acusados de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, permitiéndoles que sigan su juicio en libertad con el pago de una fianza, la prohibición de salir del país y su presentación quincenal ante los juzgados.

Santiago Aguirre, abogado de los padres de los desaparecidos, explicó que los beneficiados por el cambio de medida cautelar están acusados por el delito de desaparición forzada de personas, lo que supone un nuevo golpe al caso que después de nueve años sigue sin esclarecerse.

“Es la confirmación de que el caso se está cayendo por la intervención de Sedena”, agregó Aguirre. “En la defensa de estos acusados participan abogados militares”.

Con esta medida sólo quedarán en prisión cinco militares, entre ellos un general, que son los únicos cuya presunta responsabilidad habría reconocido el Ejército, agregó Aguirre. Tres de ellos también están acusados de delincuencia organizada. Presuntamente colaboraban con un cártel local que traficaba droga hacia Estados Unidos.

A nueve años del ataque del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, no está claro ni el móvil del crimen ni el destino de los estudiantes, aunque se encontraron restos calcinados de tres de ellos y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cártel que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, militares incluidos.

La participación de las Fuerzas Armadas está confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR), así como por la Comisión de la Verdad creada al principio de este gobierno y por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron el caso ocho años.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que ha dado cada vez más poder a los militares, insiste en que los involucrados son sólo de un puñado de elementos aunque durante su gobierno se calificó el ataque como un “crimen de Estado”.

Los expertos internacionales y los abogados de las víctimas aseguran que existen muchas evidencias de que la participación de las Fuerzas Armadas fue mucho mayor, no sólo en el ataque sino en la posterior obstrucción a la justicia.

El problema, denunciaron, es que la Secretaría de la Defensa sigue ocultando unos 800 documentos de inteligencia que podrían contener datos clave para el esclarecimiento de los hechos.

La excarcelación de los ochos militares llega poco más de una semana después que las familias de los 43 amenazaran el jueves con romper el diálogo con el gobierno si no les entregaban los documentos militares que faltan, que llevan exigiendo un año y que provocó que los expertos de la CIDH dejaran el país en julio por este motivo.

Hasta ahora el procesado de mayor rango es el exprocurador general Jesús Murillo Karam, acusado por obstrucción a la justicia, tortura y desaparición forzada y en prisión preventiva.

En noviembre, un juez federal le concedió el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria por cuestiones de salud pero sigue encarcelado porque tal decisión solo afectaba a uno de los varios casos que hay en su contra.

López Obrador se comprometió a esclarecer el caso antes del fin de su mandato, el próximo 1 de octubre, pero los padres de los desaparecidos confían cada vez menos en él.

En respuesta, la FGR anunció que impugnará la decisión de la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo que ordenó revocar la orden de prisión preventiva emitida contra los ocho militares al considerar que ya no existe riesgo de fuga para ninguno de los imputados.

Tras conocer la decisión, el organismo ha mostrado su rechazo “tajante” a la estipulación de la jueza y de los magistrados del tribunal: Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, de “desconocer las resoluciones” de los jueces que determinaron prisión preventiva y conceder “ventajas indebidas a quienes no lo merecen” a través de una “secuela procesal absolutamente cuestionable para los derechos y la protección de las víctimas”.

El Ministerio Público ha subrayado que estos procedimientos de amparo generan una “evidente situación de injusticia” que afecta a los desaparecidos, sus familias, su seguridad “y a la nación misma, dada la brutalidad de los abusos cometidos y del peligro de una libertad procesal para quienes cometieron el delito de desaparición forzada de personas”.

Asimismo, ha denunciado que “esta conducta procesal notoriamente injusta, que se repite constantemente en asuntos de trascendencia nacional o de importancia política, se utiliza por algunos medios (de comunicación) de manera parcial y engañosa”: “Esta distorsión mediática se ha venido repitiendo de manera constante y progresiva durante los últimos años”, indicó en un comunicado.

La Fiscalía denunció que este tipo de casos “vinculan con toda claridad despachos de abogados, relaciones
personales o familiares, autoridades judiciales de la más alta jerarquía y a extorsionadores mediáticos que han sido exhibidos públicamente y que se dedican a distorsionar la justicia, traficar influencias y a descalificar las tareas del Estado y de sus instituciones, todo ello por razones aviesas y de voracidad patrimonial”.

Las familias de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 amenazaron con romper el diálogo con el Gobierno si no les entregan los 800 documentos de inteligencia militar que llevan exigiendo por más de un año, que aseguran podrían tener información clave sobre la desaparición.

Según denunciaron los padres y sus abogados, desde que se presentó la exigencia, lo único que han conseguido son mentiras, intentos de las autoridades de dividir al grupo, ofertas engañosas de apertura de los archivos y un trato que les recuerda a la Gobierno anterior.

Después de meses de diferencias, los padres se salieron de una reunión de la Comisión de la Verdad a la que habían sido convocados y exigieron ser recibidos de nuevo por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aunque, afirmaron, su confianza en él ya casi no existe.

“Señor Presidente, no nos niegue el derecho a saber el paradero de nuestros hijos”, dijo Mario González, padre de uno de los 43 desaparecidos. “Firmó un decreto presidencial donde nos daba todas las facilidades y no cumplió absolutamente nada su palabra”. “¿Cuál es el cambio?”, preguntó en referencia a la administración de Enrique Peña Nieto.

Y es que recordemos que López Obrador se comprometió a resolver el caso nada más llegar al poder. Y pese a la creación de la Comisión de la Verdad, de haber calificado el ataque contra los jóvenes como un “crimen de Estado”, de que la Fiscalía General reconociera que la anterior administración armó toda una trama para obstruir el acceso a la justicia, de sumar pruebas, detenciones y procesos judiciales, el caso sigue sin esclarecerse.

Según las críticas de los padres, la principal traba sigue: las Fuerzas Armadas. Aunque más de una docena de militares están detenidos y procesados, lo que para el presidente es una muestra de que no habrá impunidad, los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  dejaron el país alegando que los militares seguían ocultando información clave.

Cuando falta menos de un año para el fin de la administración, padres, madres y abogados advirtieron un panorama desolador.

Tras abandonar la reunión, encabezaron una conferencia de prensa donde estaban los familiares de casi todos los desaparecidos incluidas un par de madres que denunciaron cómo sus exesposos se habían pasado al otro bando.

El Ejército estuvo al tanto del secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, según confirmó un adendum al segundo informe dado a conocer por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

“El Ejército tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo y acredita que los objetivos que estaban siendo investigados con anterioridad a los hechos contaban con información en tiempo real sobre los posibles destinos de los estudiantes desaparecidos”, dice el documento emitido por la Comisión para la Verdad (COVAJ), que indaga el caso.

Según el reporte, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), a la que pertenece el Ejército, hacía seguimiento a miembros del grupo armado que cometió el crimen con la complicidad de agentes del Estado.

“La Sedena tenía identificados y hacía seguimiento con anterioridad a los hechos, a diferentes objetivos prioritarios que eran parte de los grupos delictivos y cuya información es de interés para continuar con la investigación”, se lee en el documento.

Recordemos que un informe previo de la COVAJ presentado el pasado 27 de septiembre, justo cuando se cumplieron 9 años de la desaparición, señalaba que la participación por acción u omisión de autoridades federales, estatales y municipales en el caso constituyó un “crimen de Estado”.

Los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecieron entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, uno de los más violentos del país debido a enfrentamientos entre cárteles del narcotráfico.

Los jóvenes habían llegado a Iguala para hacerse de autobuses y utilizarlos para trasladarse a Ciudad de México en donde participarían de una manifestación, cuando fueron perseguidos y atacados por miembros del cártel Guerreros Unidos.

Dicho grupo es acusado de haber perpetrado el crimen en colusión con policías y ante la pasividad de autoridades y oficiales de las Fuerzas Armadas de México.

Durante los últimos años, los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa habían reclamado que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) entregó información incompleta sobre el caso, en particular sobre la participación del Ejército.

Hasta el momento hay 132 detenidos por el crimen, entre ellos 14 miembros del Ejército y el exprocurador general Jesús Murillo Karam, quien en un inicio estuvo a cargo de las investigaciones.

Entre las causales que han manejado las autoridades por la desaparición de los estudiantes están que fueron confundidos como miembros de un cártel rival o que fueron víctimas de un “escarmiento” por parte del entonces alcalde de Iguala y de Guerreros Unidos.

También se ha planteado que la presencia de drogas, armas o dinero en los autobuses que tomaron pudo provocar su persecución y muerte. El gobierno fue enfático en señalar que dichas hipótesis “no son necesariamente excluyentes”.

Hasta la fecha han sido hallados e identificados los restos de solo tres de los 43 estudiantes desaparecidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió este jueves al extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, acusado en Estados Unidos de presuntos vínculos con el crimen organizado, luego de la condecoración que le entregó ayer.

“La inconformidad en el fondo es porque intervenimos ante una actuación que consideramos violatoria de nuestra soberanía por parte de la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos) y se demostró que le fabricaron delitos al secretario de la Defensa del Gobierno anterior, pudimos constatar que era una venganza y que no habían elementos”, señaló AMLO.

El mandatario respondió a las críticas sobre la condecoración que entregó a Cienfuegos, con motivo de los 200 años de la creación del Colegio Militar. Aclaró que el reconocimiento “se les entregó a todos los que fueron directores”.

“Ese fue el motivo, entonces, sin decir el marco en que se da la ceremonia se lanzan todos los que están en contra de nosotros”, reprochó.

Recodemos que el exsecretario fue detenido en octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles por una investigación de la DEA que lo acusó de tener vínculos con el crimen organizado durante su periodo frente a la Sedena.

Tras su detención, López Obrador primero expresó que el arresto era “una muestra inequívoca de la descomposición del régimen”, pero días después acusó a la DEA de “fabricar” los delitos contra Cienfuegos.

En noviembre de 2020, López Obrador gestionó con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la entrega de Cienfuegos a México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo exoneró en enero de 2021 tras revisar en menos de dos meses el expediente que la DEA armó desde 2017.

“Los de la DEA, sus representantes, porque están metidos en todos lados, se quedaron muy enojados, quisieran tener un Ejército mexicano, Fuerzas Armadas de México, debilitadas, sentadas en el banquillo de los acusados para que ellos puedan hacer y deshacer en México como se los permitía Calderón”, acusó ahora el mandatario.

López Obrador también defendió a Cienfuegos sobre su posible participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.

“Él va a empezar a responder sobre esto, no hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos de Ayotzinapa, para que también quede claro”, apuntó.

Todo esto se da cuando las Fuerzas Armadas han cobrado un papel preponderante en el Gobierno de López Obrador, quien les ha otorgado mayores facultares en tareas de seguridad pública, construcción de infraestructura, control migratorio y administración de aduanas y aeropuertos, entre otras.

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, confió en que el Gobierno de Israel dé pronta respuesta a la solicitud de extradición de Tomás Zerón, implicado en el caso Ayotzinapa.

“Pues esperemos que el Gobierno de Israel dé una respuesta pronto. Se ha ido cumpliendo con todos los requisitos que han planteado, y esperemos la autoridad judicial dé una resolución favorable para la extradición”, señaló.

Al visitar la Cámara de Diputados, acompañando a la titular de Gobernación en su comparecencia en el marco de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno del Presidente de la República, el funcionario recordó que la extradición no se ha logrado ya que no existe un convenio para ello entre Israel y México.

Sin embargo, dijo que en comparación al caso del escritor Andrés Roemer, quien próximamente será extraditado a México luego de su arresto a inicios de semana, “son delitos de distinta naturaleza, y por eso la diferencia del trato que da la autoridad judicial en Israel” al caso Zerón.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha referido en reiteradas ocasiones al caso de la extradición de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a quien se le atribuyen delitos de tortura en relación al caso Ayotzinapa.

Ha señalado que Israel no puede ser refugio de torturadores. “Ningún país, pero Israel menos, es un asunto de su historia, es un asunto moral, no se puede proteger a torturadores”.

Además, la semana pasada, en el marco del noveno aniversario de la desaparición de los normalistas, se reveló que Tomás Zerón ganó un amparo para que las autoridades federales no se refieran a él como torturador o como autor de la llamada Verdad Histórica.

Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa exigieron este jueves investigar penalmente a todos los involucrados en los hechos, incluyendo al entonces presidente Enrique Peña Nieto.

“En virtud que hubo una junta de autoridades en la cual participó el expresidente Enrique Peña Nieto y otras autoridades de más alto nivel, estamos pidiendo que se abra una investigación penal exhaustiva, que se procese y se sancione a las personas que aparecen ahí, incluido el presidente”, señaló el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, en un mensaje a medios.

Desde el plantón que mantiene afuera del Campo Militar 1, reiteraron su exigencia al Gobierno federal para que sea entregada la información que, aseguran, tiene el Ejército y que ayudará a seguir con la investigación.

“No sabemos qué contienen esos folios de la información que está en los archivos militares, pero estamos seguros que está relacionada con el paradero (de los 43)”, dijo Rosales.

Los familiares pidieron indagar a quienes aparecen en los archivos presentados hasta ahora, incluido el actual aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por Morena, Omar García Harfuch.

Según ellos, García Harfuch también participó en la creación de la llamada “Verdad Histórica”, la polémica versión con la que el gobierno de Peña Nieto buscó dar por terminada la investigación.

Además, denunciaron que el exprocurador Jesús Murilllo Karam, ahora detenido, no pudo actuar sin una orden directa de Peña Nieto.

“Ellos materializaron la verdad histórica, pero hubo otras autoridades alrededor que participaron en su construcción, debe investigarse a todas esas autoridades que participaron en la construcción”, insistió el abogado.

Los padres pidieron que López Obrador cumpla con la promesa de entregar la verdad, pues afirmaron que no les han dado ninguna razón sobre el paradero de los jóvenes, como prometió el mandatario desde su campaña en 2018.

Los padres anunciaron el levantamiento del plantón, pero recalcaron que regresarán si no reciben la información necesaria.

Las familias, que en un inicio respaldaron al presidente en su aspiración presidencial en 2018, ahora lo acusan de proteger al Ejército, por lo que también anunciaron que evaluarán en próximos meses el encubrimiento del Gobierno.

Miles de personas marcharon ayer en la Ciudad de México, en el marco del noveno aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El lunes, los padres de los jóvenes acusaron al Presidente López Obrador, en una reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob), de encubrir al Ejército, quien aseguran no ha entregado toda la información del caso, tal como denunció en julio pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Ese día, Rosales dijo a medios al salir de la reunión que la Secretaría de Gobernación de México está ofreciendo una narrativa similar a la llamada “Verdad Histórica” que quiso imponer el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, respecto al caso de los estudiantes desparecidos de Ayotzinapa en 2014.

Ayer, el abogado volvió a detallar que la declaración presentada el lunes a los padres y que hoy se presentará a medios de comunicación recurre a pruebas que ya se desestimaron y no avanza en el objetivo principal de los familiares, que es saber qué sucedió y conocer el paradero de los jóvenes.

Recordemos que el 20 de septiembre, los padres se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien insistió en que ya está toda la información en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Es la (información) que tenemos hasta ahora, no hay más, si ellos consideran que existe información que estamos ocultando, yo les digo: no es cierto. Así de claro”, respondió el presidente ayer.

La marcha, la más multitudinaria de los últimos años, salió la tarde de ayer desde el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, hasta el Zócalo, donde Palacio Nacional fue resguardado con vallas metálicas.

Los padres, visiblemente agotados después de una semana de actividades de protesta en la Ciudad de México, y nueve años en la lucha, marcharon al frente de la movilización y se pararon frente al antimonumento de los 43 estudiantes, donde realizaron un conteo como recordatorio ante la larga ausencia de sus hijos.

Al llegar al Zócalo hicieron un mitin donde recordaron que su prioridad es conocer el paradero de sus hijos y exigieron una vez más que se continúen las investigaciones de manera rigorosa y seria, alejándose de la Verdad Histórica, además de insistir en la necesidad de que el Ejército libere la información faltante.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) Admitió tener “diferencias” sobre el rol del Ejército con las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, hecho que cumple 9 años sin resolverse en medio de señalamientos contra las Fuerzas Armadas por obstruir la investigación.

“Tenemos diferencias, ellos insisten en que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso, porque el Ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho en esclarecer el lamentable caso de Ayotzinapa”, dijo el mandatario.

Los padres de los desaparecidos acusaron ayer al presidente, en una reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob), de encubrir al Ejército, quien aseguran, no ha entregado toda la información del caso, como denunció también en julio pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Es la (información) que tenemos hasta ahora, no hay más, si ellos consideran que existe información que estamos ocultando, yo les digo: no es cierto. Así de claro”, añadió López Obrador.

Según el mandatario, los padres se negaron la tarde de ayer a recibir un informe que él les envió en el que prometió un reporte del Ejército sobre cuántas fojas y expedientes se han entregado, el compromiso de buscar más documentos, y la publicación de las grabaciones que compartió Estados Unidos sobre el caso.

López Obrador prometió publicar toda la información este martes, y atribuyó a la “desesperación” y a la “mala información de los abogados y asesores” de los padres su insistencia de cuestionar a las Fuerzas Armadas.

“Podemos lograr lo más importante, encontrar a los muchachos, porque ahora todo parece estar enfocado a culpar al Ejército de que no ha dado información, cuando lo que tenemos que tener como prioridad es encontrar a los muchachos”, sostuvo López Obrador.

En ese sentido, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió al Gobierno federal “colaborar efectivamente y entregar toda la información” sobre la desaparición de los 43 estudiantes.

“La ONU-DH sostiene que los esfuerzos y avances solo alcanzarán la verdad y la justicia que las víctimas merecen si las distintas corporaciones de seguridad e inteligencia, civiles y militares, colaboran efectivamente y entregan toda la información que está a su alcance de forma diligente y completa”, expuso en un comunicado.

Al presidente López Obrador se le acaba el tiempo para que cumpla con su promesa de resolver el caso como se comprometió, en su último año de mandato, pues su administración terminará en octubre de 2024.

El organismo reconoció que el trabajo de la Comisión de la Verdad y la unidad especial de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) han permitido identificar a 434 actores relevantes, y detener a 132 presuntos responsables, incluyendo a 14 militares.

Pero matizó que “lo sucedido en el caso Ayotzinapa precisa no solo sanciones penales, sino también políticas y administrativas, a quienes hayan obstaculizado, desde sus diversos puestos de responsabilidad, el acceso a información, alterado evidencias o sostenido vínculos con el crimen organizado”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió esta mañana que el Ejército “ha entregado toda la información” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, esto luego de su reunión con los padres, quienes lo acusaron de proteger a las Fuerzas Armadas.

“Nosotros hemos estado entregando toda la información, la Secretaría de la Defensa ha entregado toda la información, pero los padres insisten en que falta información”, afirmó el mandatario.

Ayer el mandatario se reunió con los familiares de los jóvenes, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, en el que los padres le exigieron que deje de encubrir al Ejército porque, según ellos, faltan documentos sobre el caso.

Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, afirmó a la salida de la reunión que “el presidente ha protegido mucho al Ejército desde hace tiempo”. López Obrador defendió el actuar de las Fuerzas Armadas, aunque prometió una revisión.

“Ellos sostienen eso, pero la Defensa sostiene que ya entregó toda la información, y lo que estoy planteando desde ayer es una revisión de todo para que no quede ninguna duda y se pueda decir: ya entregamos toda la información, eso es lo que se tenía. O, en efecto, faltaba entregar otra información, o ya no hay más”, explicó.

El encuentro llegó a días de que se cumpla el noveno aniversario de la desaparición de los estudiantes, mientras crece la presión para que López Obrador cumpla su promesa de aclarar el caso y conocer el paradero de los normalistas, antes de que termine su mandato, el 1 de octubre de 2024.

“Yo me comprometí con los padres a que íbamos a llegar al fondo y lo vamos a hacer, y me falta un año y estoy trabajando en esto, y por eso quería también la reunión ayer con ellos, para informarles, y quiero entregarles el lunes a cada uno, cada madre y cada padre, un expediente”, añadió.

Y es que explicó que luego del encuentro de ayer, se acordó volverse a reunir el próximo lunes donde darán respuesta a los planteamientos que hicieron ayer. Aclaró que no estará presente en la nueva reunión pues tiene “otras cosas” que atender.

El mandatario prometió que la Secretaría de Gobernación entregará “un acopio” de lo que se ha entregado “para no seguir ahondando diferencias” con los padres y “para que no haya desinformación”. Se comprometió a que los documentos no están “testados o con renglones tachados”.

Cuestionado sobre si se dará a conocer la información que se intercambie con los familiares, López Obrador dijo que una vez que lo tengan, los padres serán libres de hacerlo público.

AMLO argumentó que “esto no es nada más un asunto social, profundamente humanitario”, pues recordó que sus “adversarios” han usado el tema para “dañar” a su Gobierno.

“No queremos que estos falsarios, pseudodefensores de derechos humanos, estén utilizando este lamentable asunto para afectar al Gobierno y en especial al Ejército”, defendió una vez el presidente.

López Obrador defendió los resultados al señalar que hay decenas de militares detenidos, incluyendo dos generales. En ese sentido, se revelaron dos cartas dirigidas al titular de Sedena, donde se le instruye procesar a elementos del Ejército involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes.

Recordemos que la Comisión de la Verdad, creada por el actual gobierno, concluyó el año pasado que el hecho fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas, desmintiendo así la llamada Verdad Histórica de la administración pasada.

Organizaciones civiles acusaron al General Rafael Hernández Nieto de recibir “tratamiento preferencial” para seguir fuera de prisión su proceso judicial relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El General “recibió un inusual beneficio para enfrentar su proceso en prisión domiciliaria”, denunciaron en un posicionamiento el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Fundar, Serapaz, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

“La determinación adoptada por la Juez Segundo de Distrito muestra un innegable sesgo a favor del Ejército. Las organizaciones que acompañamos a las familias no hemos conocido de otros casos de delincuencia organizada donde se otorguen esta clase de beneficios”, indica un pronunciamiento conjunto.

Las organizaciones atribuyeron la medida a “la identidad militar del acusado y por el enorme poder que se ha otorgado a las Fuerzas Armadas” en el actual sexenio.

El General está detenido por presunta delincuencia organizada desde del mes pasado, implicado en la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 en Iguala, Guerrero, donde él era el comandante del 41 batallón de Infantería.

Las asociaciones recordaron que su nombre “es expresamente mencionado en los mensajes de textos intercambiados por narcotraficantes del grupo involucrado en la desaparición de los normalistas con menciones que muestran que este tenía un trato asiduo de connivencia con la delincuencia organizada”.

“No es la primera vez que dicho general recibe un tratamiento preferencial. En agosto de 2022 fue acusado de delincuencia organizada y la orden de aprehensión librada en su contra se suspendió de forma ilegal”, señalaron.

El hecho ocurre mientras crece la polémica desde que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso, abandonó México en julio pasado al denunciar la obstrucción de las Fuerzas Armadas en la investigación.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha negado proteger al Ejército al señalar que hay 115 detenidos, incluyendo dos generales y el entonces titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.

Sin embargo, las ONG señalaron que el trato del general acusado “es otro fuerte golpe de impunidad que acredita, como lo hizo la negativa castrense a entregar los documentos requeridos por el GIEI, que el Ejército mexicano se ha convertido en este sexenio en un poder sin contrapesos”.

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó el año pasado que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas.

Autoridades detuvieron a Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), involucrado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informó este lunes sobre la detención del exfuncionario.

“La madrugada del 25 de junio, la Fiscalía General de la República detuvo a Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO, durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa”, dijo Encinas.

Además, recordó que Ramírez Gutiérrez está acusado de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos.

El exfuncionario cuenta con dos órdenes de aprehensión y una de reaprehensión, pero hasta ahora la FGR no ha revelado los cargos por los que fue detenido.

En julio de 2019, Ramírez Gutiérrez renunció a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro de la SEIDO.

Como encargado de esta unidad, participó en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, así como en diversas averiguaciones sobre delincuencia organizada.

Recordemos que la investigación oficial del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en la que participó el funcionario, apuntó como “verdad histórica” que los estudiantes fueron detenidos por policías del municipio de Iguala y los entregaron a criminales que los asesinaron y quemaron en un vertedero de basura.

Sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisó el caso y echó abajo la versión oficial, además de denunciar el uso de tortura en las investigaciones de este caso.

La semana pasada, 8 militares adscritos al 27 Batallón de Infantería de Iguala fueron detenidos por su posible implicación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Estas detenciones se suman a las del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirota Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel, quienes desde septiembre pasado se encuentran en una cárcel militar acusados del mismo delito.