A menos de dos semanas de que una jueza liberara a ocho militares acusados de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa para que siguieran su juicio en libertad, las autoridades volvieron a detenerlos.
Uno de ellos, miembro de la Secretaría de Defensa, informó que ayer por la tarde ya se habían cumplimentado las órdenes de aprehensión contra los ocho elementos por el cargo de delincuencia organizada.
Por su parte, un funcionario de la Fiscalía General de la República confirmó las detenciones, pero no los cargos. Ambos hablaron a condición de anonimato por no estar autorizados a comentar el tema públicamente.
La decisión de la jueza, con la que revocó la prisión preventiva a los militares por medio del pago de una fianza, la prohibición de salir del país y su presentación quincenal ante los juzgados, fue duramente criticada, no sólo por los abogados de las víctimas.
El gobierno y la fiscalía sorprendieron entonces con una fuerte condena al fallo de la magistrada, y la fiscalía anunció que lo impugnaría y que interpondría acciones jurídicas por conceder “ventajas indebidas a quienes no lo merecen”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo interpretó como un nuevo ejemplo de jueces que benefician a criminales, declaración que no sorprendió porque sus críticas al Poder Judicial son continuas.
La nueva detención suscita más preguntas que respuestas sobre cómo se investiga este caso, que aunque este Gobierno se ha referido a él como “un crimen de Estado”, ha tenido muchas irregularidades desde que comenzó.
No deja de sorprender que los ocho militares detenidos de nuevo forman parte del grupo cuya detención se pidió en 2022, luego se retiró, en teoría por carecer de elementos, pero posteriormente volvió a pedirse por el delito de desaparición forzada ante la presión de los abogados de los padres de los estudiantes.
La participación de las fuerzas armadas en el caso está confirmada por la Fiscalía General de la República, así como por la Comisión de la Verdad creada al principio de este Gobierno y por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investigaron el caso ocho años.
Expertos y los abogados de las víctimas aseguran que existen muchas evidencias de que la participación de los militares fue mucho mayor a la reconocida por las autoridades, ya que la Secretaría de la Defensa sigue ocultando unos 800 documentos de inteligencia que podrían contener datos clave para esclarecer los hechos.
